Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2410/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por las codemandadas Sras. Silvia Mónica Fernández y Ana María Prieto a fs. 245/257 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2410/20-TSJ Interlocutorio N°: 3658 Actor: BANCO TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR Demandada: COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA Y OTROS Objeto: EJECUCIÓN HIPOTECARIA S. INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO Fecha: 23-03-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3658 FOLIO Nº 6416/6419 PROT. ELECT. TSS1 007 I.221
Río Gallegos, 23 de marzo de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “BANCO TERRITORIO NACIONAL DE LA TIERRA DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLANTICO SUR c/ COOPERATIVA AGROPECUARIA SANTA CRUZ LIMITADA Y OTROS s/ EJECUCIÓN HIPOTECARIA S. INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO”, Expte. Nº B-17.861/IL/00 (B-2410/20-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación formulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, quien en PE243562-2021 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal de alzada que dictó la resolución interlocutoria que luce a fs. 1774 y vta. de los autos caratulados "Banco Territorio Nacional de la tierra del Fuego Antártida e Islas del Atlántico Sur c/Cooperativa Agropecuaria Santa Cruz Limitada y otros s/ejecución hipotecaria", Expte. Nº 17.861/00.”, expediente adjunto a los presentes autos.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magistrada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo vienen los presentes en virtud del recurso de casación articulado por las codemandadas, Sras. Silvia Mónica Fernández y Ana María Prieto (cfr. fs. 245/257), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 230/240 vta.; la cual rechaza la apelación interpuesta por las incidentistas, confirmando la resolución dictada en la anterior instancia (cfr. fs. 101/104). En concreto, en ambas instancia, se desestimó el pedido de levantamiento de embargo formulado por las ahora casacionistas.- El recurso de casación fue declarado admisible por el Tribunal de grado (cfr. fs. 259/260).-
En PE81923-2021, se ordena el pase al Acuerdo.-
III. La parte incidentista recurre el fallo de Segunda Instancia aduciendo errónea aplicación de la ley (cfr. art. 3° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15) y arbitrariedad (cfr. foja 245).-
En el sub judice, las demandadas (ya nombradas) en una ejecución hipotecaria apelaron el pronunciamiento de grado que desestimó su solicitud de levantamiento del embargo decretado sobre tres establecimientos ganaderos de su propiedad (denominados: Flora, Silvi Aike y Coronel Guarumba) por hallarse alcanzados, según las peticionarias, en la excepción prevista en el artículo 69 de la Constitución Provincial. La Alzada confirmó el decisorio recurrido y contra este último fallo opusieron el recurso de casación bajo análisis.-
En primer lugar se agravia contra al fallo de Cámara acusando errónea aplicación de la ley, concretamente de los artículos 68 y 69 de la Constitución Provincial y de los artículos 14 bis y 17 de la Constitución Nacional. Según dice, “Esta aplicación errónea surge de la interpretación inadecuada que realizan los señores Jueces de la Alzada del texto constitucional como así de la prueba producida en estas actuaciones…” (cfr. foja 251 vta.). Argumenta que se ha probado en autos que los establecimientos mencionados conforman una unidad de producción y este es el único requisito que exige la Constitución para su inembargabilidad, y no obstante ello, la Cámara agrega otro recaudo para que proceda la protección constitucional que debe ser el único ingreso de la familiar, el cual no existe en la norma constitucional (cfr. fs. 251 vta./252).- Con respecto a los artículos de la Constitución Nacional, dice: “Se aplica en forma errónea en consecuencia el art. 14 bis de la Constitución Nacional, toda vez que la protección constitucional de inembargabilidad de los establecimientos ganaderos se equipara jurídicamente a la inembargabilidad de los bienes de familia y en consecuencia ello trae aparejado una clara violación al derecho de propiedad consagrado por el art. 17 de la CN.” (cfr. fs. 247 vta./248).-
Asimismo, contra la aplicación de la teoría de los propios actos en la que la Cámara, también, sustenta su decisión, alega que no se aplica a su parte pues si bien fueron garantes del crédito hipotecario que se debate en los autos principales, no constituyeron los establecimientos en cuestión como garantía sino que brindaron garantía personal (cfr. fs. 254 y vta.).
Luego ataca, tachando de arbitraria la resolución recurrida. Señala que: “La doctrina de la arbitrariedad ha ido avanzando también para sentencias injustas y de falta de equidad, condiciones que sin lugar a duda reúne la sentencia en análisis.” (cfr. foja 255).-
Dice que la sentencia es injusta porque se aparta del texto de los artículos 68 y 69 de la Constitución Provincial para beneficiar al banco acreedor que liberó gratuitamente la garantía real otorgada por el deudor principal y por ello tuvo que accionar contra los garantes. “…Si hemos de evaluar la buena fe y los propios actos que la misma Cámara invoca, es precisamente en beneficio de nuestra parte, pues el banco Acreedor contaba con una garantía hipotecaria por parte del deudor principal, que no solo no ejecutó, sino que no defendió la garantía, valiéndose de su desidia, para hoy pretender la ejecución de bienes de los garantes personales claramente inejecutables…” (cfr. fs. 254 vta./255).- Continua diciendo que: “Es también arbitraria la sentencia en virtud de que lesiona el derecho de defensa en juicio al aplicar la teoría de los actos propios como consecuencia de una valoración parcial de los hechos, de la prueba y del Derecho” (cfr. foja 255). Explica que, a su entender, la Alzada considera que las incidentistas garantizaron la deuda con los bienes objeto de este incidente, sin embargo, asegura que “…jamás se consintió el embargo de los establecimientos. La aplicación seria (sic) a todo evento valida (sic) si se hubieren dado en garantía los establecimientos rurales y ahora se pretendiera su inembargabilidad. En el caso su aplicación implica una lesión al Derecho de Defensa que se traduce en arbitrariedad y por ende descalifica la sentencia como acto judicial válido. Es también arbitraria la sentencia en crisis por realizar una interpretación irrazonable del texto constitucional al poner como condición “sine qua non” que la unidad económica debe ser el único sustento.” (cfr. foja 256).-
IV. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio.-
Nuestro más Alto Tribunal Nacional sostiene que: “Las resoluciones referentes a medidas cautelares no constituyen sentencia definitiva o equiparable a ésta, a los fines de habilitar la instancia extraordinaria” (cfr. “Camus Ramón Gregorio c/ Lang Luciano Guillermo Pío y otro s/ pago a terceros”, del 6/02/03; “Universidad de Buenos Aires c/ Federación Argentina de Trabajadores de las Universidades Nacionales”, del 24/08/03). “Las resoluciones referentes a medidas cautelares, sea que las decreten, levanten o modifiquen, no constituyen sentencias definitivas en los términos del artículo 14 de la Ley 48 y son, como principio, insusceptibles del recurso extraordinario” (cfr. “National Lead Company S.A. c/ Ernesto Manuel Viñes y otro s/ Quiebra - Incidente de levantamiento de medidas”, del 6/10/92; “Díaz Lynch César c/ Estado Nacional s/ Recurso de Hecho”, del 19/02/90).- Para que esta vía extraordinaria tenga andamiento resulta imperativo que el recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que no refuta adecuadamente los fundamentos sobre los que se asienta el decisorio recurrido, a la par que debe demostrar el error que le atribuye al fallo que ataca.-
V. A la luz de estas premisas señaladas en el Considerando IV, ingresando al análisis del recurso, podemos anticipar que la pieza recursiva no satisface los recaudos reseñados, lo que conduce, indefectiblemente, a declarar su inadmisibilidad.-
Los argumentos desplegados en la impugnación bajo estudio remiten a materias, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria.-
Ello así pues determinar si los inmuebles embargados en autos pueden ser alcanzados por la protección que contempla el art. 69 de la Constitución Provincial, requiere que se cumplan ciertos recaudos enumerados en el art. 68 de la misma norma y que el peticionario debe acreditar que se cumplen a su respecto, para hacer viable la defensa que esgrime. Esto es que cada predio constituya una unidad de producción, entendiéndose por esta a todo predio que por su superficie y demás condiciones de explotación tenga una capacidad productiva que permita al propietario y su familia llevar una vida digna, atender a sus necesidades materiales, morales y culturales y que facilite la evolución favorable de la empresa. Se trata, entonces, de una cuestión de hecho y prueba que queda excluida del estrecho margen cognoscitivo que permite el recurso extraordinario de casación, salvo absurdo en la valoración de los hechos y/o violación de las reglas que gobiernan la evaluación de la prueba.- Conteste con tal criterio se ha expresado: “Las circunstancias de necesariedad o indispensabilidad que hacen a la inembargabilidad de los bienes, debe ser objeto de prueba en el caso concreto, correspondiendo a quien los invoca y pretende el levantamiento de la medida la carga de su acreditación. Son cuestiones de hecho que el juzgador debe realizar, conforme las probanzas aportadas y la situación de cada caso en particular.” (cfr. C2ªCC Sala 1, Paraná, Entre Ríos del 19/03/1996, “Ríos, Luis A. vs. Wainer, Mario E. y otro s. Ejecutivo - Incidente de levantamiento de embargo”, publicado en Rubinzal on line, cita: RC J 2880/08).- Constatar que los inmuebles cumplen con los fines que justifican el otorgamiento del beneficio previsto en el artículo 69 de la Constitución Provincial es una cuestión fáctica que debe demostrarse, quedando a criterio de los jueces de grado la evaluación de las pruebas aportadas para decidir si se encuentran reunidos los extremos fácticos que justifiquen la aplicación al supuesto de autos de la inembargabilidad pretendida por las incidentistas.-
Las quejas de la recurrente contra la sentencia de Cámara giran en torno a cuestiones fácticas cuya dilucidación implica adentrarse a analizar y meritar las pruebas obrantes en autos, cuestiones que, como reiteradamente hemos sostenido, son ajenas a esta instancia recursiva, y reservadas al ámbito de los jueces de grado. Excepcionalmente, si se invoca y demuestra el vicio del absurdo sería plausible su apertura, empero dichas circunstancias no han acontecido en autos.-
Sobre la materia, reiteradamente ha señalado este Tribunal Superior de Justicia que el magistrado es soberano en la apreciación de la prueba, analizada como se hizo conforme las reglas de la sana crítica (art. 364 Cód. Procesal), motivo éste que no puede ser objeto de apelación extraordinaria, como pretenden las recurrentes (cfr. Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984). En igual sentido, que es tesis de este Tribunal que en principio no procede por vía del recurso de casación provocar un nuevo examen crítico de los medios probatorios en que se apoya la sentencia, por cuanto el valor de las pruebas no está prefijado o predeterminado de antemano y corresponde, la apreciación de las mismas al tribunal de juicio. Así se ha resuelto que “...Resulta improcedente el recurso extraordinario que se intenta para lograr una reconsideración de la prueba y una nueva revaloración y debate de los hechos definitivamente prefigurados en la causa, en tanto esta normativa resulta ajena a la instancia extraordinaria y privativa de los jueces de grado (cfr. Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389).-
VI. Con relación al absurdo en la valoración de la prueba, extremo que no se evidencia en el sub lite, cabe apuntar que este déficit hace referencia a la existencia de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica en el razonamiento efectuado por el juzgador, o una grosera desinterpretación material de la prueba producida. No cualquier error, ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones, alcanzan para configurarlo. Es necesario, en cambio, que se demuestre un importante desarreglo en la base del pensamiento, un desajuste manifiesto e inconciliable con los elementos objetivos de la causa, que requiere ser eficazmente denunciado y demostrado por quien lo invoca (cfr.
SCBA, “Vivas, José A. v. Oreans S.A”, causa LP L 89391 del 03/09/2008; ídem TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VII, Reg. 254, Folio 1383/1389; Reg. 255, Folio 1390/1394 e Interlocutorio, Tomo XX, Reg. 2644, Folio 3980/3984). Es decir que no basta la alegación del absurdo sin el respaldo de una demostración contundente de los elementos que lo configuran, así es que las consideraciones vertidas resultan aplicables al presente al no haber demostrado la recurrente, en este sentido, faltas en el fallo que permitan tenerlo por configurado en la valoración de la prueba realizada por la Cámara.- Sobre el particular hemos señalado: “…si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, que como se ha expresado no se acreditan ni se evidencian.
Por otra parte, corresponde a la impugnante demostrar la existencia del absurdo y no al Superior Tribunal explicar por qué no se ha configurado (conf. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los recursos extraordinarios y de casación”, 2ª. edición, Librería Editora Platense S.R.L., La Plata, 1998, págs. 452/471). Máxime cuando, como en la especie, las argumentaciones vertidas por el recurrente no van más allá de la exposición de su propia interpretación de lo sucedido, constituyendo meras reflexiones personales y disentimientos, que no logran evidenciar el absurdo de la decisión, ni demuestran que la sentencia no constituya una derivación razonada del derecho vigente” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3370, Folio 5629/5633).- En este caso las recurrentes circunscriben su ataque recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar acabadamente la incorrección de la evaluación llevada a cabo por la Excma.
Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado. La casacionista pretende lograr la revisión de las circunstancias fácticas ante esta instancia extraordinaria sin hacerse cargo de los argumentos brindados por el tribunal a quo y así no logra demostrar, puntualmente, que el razonamiento empleado por el tribunal de alzada fue afectado por un error grave y manifiesto que ha derivado en conclusiones contradictorias e incoherentes, por lo que los agravios esgrimidos en este sentido resultan a todas luces insuficientes.- Los Jueces de Cámara han brindado las explicaciones en base a las cuales conformaron su criterio y analizado, en concreto, los antecedentes de la causa, justificando, de ese modo, la decisión adoptada, la cual puede no ser compartida por las recurrentes, pero satisface el recaudo de una sentencia fundada en ley, basada en las circunstancias probadas de la causa.
Razón por la cual no se advierte una equivocación grosera o un desvío lógico que pudiera dar cabida al planteo de absurdo.-
VII. En cuanto a la tacha de arbitrariedad con la cual la recurrente, también, se agravia del fallo de Cámara, vale la pena acotar que no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, como alega. Arbitraria, se considera a aquéllas sentencias que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padecen de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (cfr. Bidart Campos, Germán J.: “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”. Nueva Edición ampliada y actualizada, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441). Falencias que no posee el fallo bajo análisis.- A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “‘...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación’. Por lo tanto ‘debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas’…” (cfr. SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/ Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/ Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54 citado por Hitters, Juan Carlos, en su obra “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación” Segunda edición, L.E.P. SRL, pág. 479/480).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “…‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’…” (cfr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
IX. En resumen, del libelo recursivo surge que los agravios de las recurrentes se basan en cuestiones fácticas y procesales, propias de los jueces de grado; sin lograr demostrar que el fallo impugnado sea arbitrario, o se hubiera apartado de la solución normativa prevista para el caso o careciera de fundamentación; tampoco la concurrencia de un yerro jurídico patente, o un desvío lógico susceptible de ser reparado en esta instancia extraordinaria. Razón por la cual, el recurso de casación articulado (cfr. fs. 245/257) no logra abrir la presente vía; por lo que deberá declarárselo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260, de conformidad con lo establecido en los artículos 7 y ccs. del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -De-creto Nº 2228/15-.
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por las codemandadas Sras. Silvia Mónica Fernández y Ana María Prieto a fs. 245/257 y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 259/260.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3658 Folio N°: 6416/6419 Secretaría: 1
Fin de la sentencia