Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 49509-I
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
15839/2019 BANCO DE VALORES SA (TF 49509-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de de 2019.- ID Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La actora interpuso recurso de amparo por mora, en los términos del art. 182 de la ley 11683 (t.o. 1998 y modif.), con el objeto de requerir a la Dirección Nacional Grandes Contribuyentes de la AFIP – DGI se expida con relación al recurso de apelación, presentado conforme con lo dispuesto en el art. 74 del decreto nº 1397/79, contra la intimación cursada por la División Recaudación de dicho organismo (v. fs. 31/37 vta.).
II. El Tribunal Fiscal de la Nación declaró improcedente el recurso interpuesto, con costas. Asimismo, reguló los honorarios correspondientes a los profesionales que ejercieron la representación fiscal (v. fs. 61/63).
Sostuvo que no existía un “tramite o diligencia” a cargo del ente recaudador que habilite la procedencia de la vía preventiva intentada, de conformidad con los requisitos exigidos en el art. 182 de la ley de procedimiento fiscal. Resaltó que, en atención a la vía procesal adoptada por la actora, es la propia regulación contenida en el art. 74 del decreto nº 1379/97 la que, remitiendo a la ley 19.549, crea el iter recursivo para que la pretensión de la contribuyente resulte satisfecha ante el silencio emanado de la administración y, por ello, no resulta vulnerado su derecho a un pronunciamiento.
En consecuencia, concluyó, no se advierte un perjuicio, ya que la pretensión que hizo valer la actora prevé los mecanismos para obtener una decisión administrativa o judicial.
Alta en sistema: 06/05/2019 III.- Disconforme, la actora interpuso y fundó su recurso a fs. 69/72 vta., el que fue contestado a fs. 78/80 vta. Manifestó que el Tribunal Fiscal al cuestionar la vía intentada confundió dos institutos —amparo por mora y silencio de la administración— que, sin perjuicio de proceder ante circunstancias similares, tienen consecuencias y finalidades diferentes. Ambos actúan de forma complementaria, a opción del particular, y en la ley 11.683 no se prevé ni en forma expresa ni en forma implícita que la figura del silencio resulte un obstáculo para la procedencia formal del recurso de amparo.
Indicó que el instituto del amparo tiene como finalidad resguardar el derecho de peticionar ante las autoridades, consagrado en el art. 14 de la Constitución Nacional, frente al cual existe un deber de la administración de decidir en el caso concreto, cuya omisión o extemporaneidad en resolver constituye conductas irregulares que perjudican al particular y atentan contra el accionar eficaz de aquélla.
Señaló que la demora excesiva e injustificada en resolver el recurso administrativo constituye per se un perjuicio, deja expedito el reclamo judicial de la presunta deuda intimada y atenta contra la seguridad jurídica que debe prevalecer en la relación Fisco – contribuyente.
IV. A fs. 65 la demandada apeló los honorarios regulados a su favor, por considerarlos “bajos”.
V. En primer término cabe recordar que la ley de procedimiento fiscal dispone que cuando la persona individual o colectiva se ve perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Alta en sistema: 06/05/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15839/2019 BANCO DE VALORES SA (TF 49509-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO administración fiscal, podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal mediante recurso de amparo (art. 182).
La primordial finalidad perseguida por el recurso en examen es la de permitir la obtención de un pronunciamiento expreso del órgano administrativo demandado, guardando similitud en tal aspecto con el remedio previsto en el art. 28 de la ley 19.549 de procedimientos administrativos.
Evidentemente, cuando un interesado interpone un recurso o formula una petición, la administración tiene el deber de resolver expresamente la cuestión planteada. Dicha obligación surge de la propia ley de procedimientos administrativos. En efecto, allí se indica que el ejercicio de la competencia de los órganos administrativos constituye una obligación de la autoridad correspondiente y es improrrogable (art. 3º), son requisitos del procedimiento administrativo la celeridad, la economía, la sencillez y la eficacia en los trámites, y los interesados tienen derecho a una resolución fundada (art. 1º).
Resta señalar que la administración no sólo debe pronunciarse, sino que debe hacerlo en el plazo legal previsto.
Ciertamente, el silencio de la administración carece, siempre, de justificación. Se trata de una abstención administrativa frente a una pretensión que está obligada a resolver. No caben dudas, pues, de que en tales casos más que de silencio de la administración habría que hablar de retardo (Guillermo Andrés Muñoz, “Silencio de la Administración y plazos de caducidad”, Ed. Astrea, Buenos Aires, 1982, pág. 67).
El incumplimiento de dicho deber de acción habilita al interesado a esperar que la administración se Alta en sistema: 06/05/2019 pronuncie, o, si lo estimas más conveniente, accionar administrativa o judicialmente.
VI. No se encuentra controvertido que con fecha 12 de diciembre de 2017 la actora interpuso recurso de apelación, en los términos del art. 74 del decreto 1397/79, contra la resolución del organismo recaudador que rechazó la compensación de una auto-retención practicada en el impuesto a las ganancias, dentro del marco previsto en el art. 4º de la resolución general 3818 (v. fs. 8/19).
Vencido el plazo legal —60 días— para resolver el recurso, la actora se presentó el 25 de julio de 2018 ante la administración y solicitó “pronto despacho” de las actuaciones (v. fs. 7).
Transcurridos 6 meses desde la fecha en que se instó a la administración sin que haya procedido a resolver su pretensión, el 28 de diciembre de 2018 la actora interpuso recurso de amparo por mora, en los términos del art. 182 de la ley 11.683, ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. fs. 31/37 vta.)
VII. De este modo, se observa que si bien asiste razón al tribunal de origen, en cuanto a que el recurso previsto en el art. 74 del decreto 1397/79 constituye un procedimiento reglado que prevé su propio iter recursivo para que la pretensión de la recurrente resulte satisfecha, incluso ante el silencio de la administración, “pareciera que éste ha confundido dos institutos (el amparo por mora y el silencio de la Administración) que, sin perjuicio de proceder ante circunstancias similares, tiene consecuencias y finalidades enteramente diferenciables” (Sala III, causa “Hacienda San Miguel SA”, pronunciamiento del 2 de febrero de 2017).
Así pues, como ya se señaló, la finalidad del recurso de amparo por mora es obtener un Alta en sistema: 06/05/2019 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 15839/2019 BANCO DE VALORES SA (TF 49509-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO pronunciamiento expreso de la administración ante una petición formulada y, por ende, el incumplimiento a dicho deber de acción constituye una conducta irregular que habilita su viabilidad, entre otros remedios, ya que resulta facultativo de los particulares optar por la vía que consideren más beneficiosa a sus intereses.
En virtud de lo expuesto, y toda vez que no se advierten impedimentos formales a la admisibilidad del recurso de amparo por mora interpuesto, corresponde hacer lugar a los agravios de la actora, revocar el pronunciamiento apelado y fijar un plazo de veinte (20) días hábiles administrativos para que la Administración Federal de Ingresos Públicos dicte resolución en el presente trámite. Las costas, de ambas instancias, se imponen a la parte demandada vencida. ASÍ SE RESUELVE.
VIII. De conformidad con lo decidido en el punto que antecede, deviene inoficioso pronunciarse con relación al recurso de apelación interpuesto por la representación fiscal a fs. 65 contra la regulación de honorarios de fs. 61/63. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase a los fines dispuestos.
Alta en sistema: 06/05/2019
Fin de la sentencia