Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 35.025-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto, accesorios y aplica multa, con costas.
2Intimar a la parte actora para que, en el término de cinco (5) días de notificada la presente, ingrese la suma de $2.685,62 en concepto de tasa de actuación y bajo apercibimiento de ley.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-50574409-APN-VOCVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Mayo de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la 4° Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la 5° Nominación), y Pablo Alejandro Porporatto (Vocal Titular de la 6° Nominación), para resolver en la causa N° 46.797-I, caratulada: “BAR, JOSÉ MARTÍN S/ RECURSO DE APELACIÓN – Impuesto al Valor Agregado”.
I. Que, a fs. 26/34 vta. la actora interpone recurso de apelación contra la resolución N° 68/16 (DV RPOS) de la A.F.I.P. -Dirección General Impositiva- de fecha 29 de Abril de 2016, suscripta por el Jefe (Int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Posadas, mediante la cual se determina de oficio la obligación impositiva de la recurrente en el Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los períodos fiscales 05, 06, 11 y 12 de 2011, 07, 08, 09 y 12 de 2012, 01, 03, 05, 06 y 07 de 2013, imponiéndole la obligación de ingresar en concepto de impuesto la suma de $25.019,57-, con más la suma de $32.366,26- en concepto de intereses resarcitorios, y aplicándose multa equivalente a dos tantos del gravamen presuntamente evadido por la suma de $50.039,14- con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la norma procedimental.
De modo preliminar, debe destacarse que el apelante ensaya un argumento defensivo tendiente a que este Tribunal declare la nulidad del acto apelado, para lo cual alega la falta de causa o bien su fundamentación en una causa falsa, bien la nulidad de la resolución de vista que iniciara el procedimiento determinativo, arbitrariedad y contradicción, y violación del debido proceso (cfr. fs. 16 vta., fs. 29 vta., fs. 31 y fs. 33 vta.). Expresa que la única causa por la cual fueron impugnados los créditos fiscales de su vinculación comercial con la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda. radica en el hecho de que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) sancionó el 18/06/2013 a dicha entidad con el retiro de la autorización para funcionar con motivo de un supuesto fraude cooperativo.
Vale decir, desde su punto de vista, el retiro de autorización para funcionar a la Cooperativa anteriormente mencionada fue “la única causa invocada por la AFIP para considerar improcedente los créditos fiscales computados por los usuarios del servicio cooperativo” (cfr. fs. 29), lo que invalida o vicia la totalidad del procedimiento ya que la causa de ajuste invocada por el organismo recaudador no existía al momento de los hechos que se cuestionan. A su vez, destaca la veracidad y legitimidad de las facturas que respaldan las operaciones celebradas con la referida Cooperativa (cfr. fs. 29).
Por último, ofrece como prueba la totalidad de los antecedentes administrativos confeccionados durante las instancias de inspección y determinación de oficio, plantea el caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas al Fisco Nacional.
II. Que, a fs. 41/52 vta. el Fisco Nacional contesta el traslado del recurso, desestima los agravios de la recurrente y ratifica en todas sus partes la resolución determinativa de oficio que motiva las presentes actuaciones, solicitando el rechazo del recurso impetrado por las razones de hecho y de derecho que expone, y acompaña las actuaciones administrativas.
Asimismo, señala que en todo momento del procedimiento administrativo se respetaron las pautas establecidas en la norma ritual, destaca que el acto apelado expresa en forma concreta las razones que motivaron su emisión, los hechos, antecedentes y el derecho aplicable, en razón de lo que rechaza categóricamente las manifestaciones de la quejosa en cuanto reclama la nulidad de las actuaciones por falta de causa, a lo que agrega “sin mayores precisiones que indiquen con minuciosidad la vulneración o cercenamiento de los derechos que alega” (cfr. fs. 45). Por su parte, pone de manifiesto que, no obstante señalar la actora la conculcación del derecho a la contradicción y la garantía de la defensa en juicio, no ofreció durante la etapa administrativa ni tampoco ante esta instancia jurisdiccional prueba alguna que sustente su pretensión (cfr. fs. 46).
Por su parte, puntualiza que fuera del cuestionamiento nulificante de lo que la apelante identifica como única causa del ajuste efectuado -retiro de la autorización para funcionar a la Cooperativa por el INAES-, en rigor de verdad la recurrente no plantea ningún agravio concreto respecto del ajuste efectuado en sede administrativa, ni en relación al gravamen, tampoco sus accesorios y mucho menos la sanción enrostrada, lo que resume las presentes actuaciones en una cuestión de hecho y prueba -en concreto se refiere a la prueba ya producida en sede administrativa- (cfr. fs. 46 vta.).
Por último, acompaña los antecedentes administrativos, plantea el caso federal, y solicita se confirma la resolución apelada con costas a la actora.
III. Que, a fs. 62 se elevan los autos a consideración de la Sala “B” y a fs. 63 se ponen los mismos para sentencia.
IV. Que, corresponde así a este Tribunal evaluar si la resolución determinativa de oficio N° 68/16 dictada el 29 de abril de 2016 se ajusta a derecho en cuanto determina impuesto, accesorios y aplica multa.
Conforme surge del Informe Final Actuaciones No Conformadas, se trata la recurrente de un contribuyente persona física cuya actividad principal es la venta al por menor de maderas y artículos de madera y corcho - excepto muebles- que fuera identificada como usuaria de los servicios de la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda y que por tal razón se le practicara un ajuste específico en el marco de una verificación rápida -a instancias de la orden emitida por un juez federal en el marco de una causa penal- respecto de los créditos fiscales computados con motivo de los supuestos servicios abonados a dicha Cooperativa (cfr. fs. 121/125 AA, Cuerpo IVA).
Tal como se señaló en los relatos, los argumentos expuestos por la actora radican fundamentalmente en planteos nulificantes. Ello así, en primer lugar, cabe señalar que la resolución recurrida en autos, aparece satisfaciendo los requisitos establecidos por el artículo 7 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos. La misma efectúa un tratamiento y análisis de los hechos constatados por la fiscalización actuante y el derecho aplicable al caso, no advirtiéndose elementos que hagan suponer que carece de justificación ni se observa que se haya violado el debido proceso legal.
Es de destacar que para la procedencia de una nulidad interesa que exista un vicio o violación de una forma procesal o la omisión de un acto que origina el incumplimiento del propósito perseguido por la ley y que pueda dar lugar a la indefensión, por lo que las nulidades procesales son inadmisibles cuando no se indican las defensas de las que se habría visto privado de oponer el impugnante, debiendo además ser fundadas en un interés jurídico, ya que no pueden invocarse por la nulidad misma, razón por la cual deben ofrecerse elementos que acrediten, en principio, el perjuicio sufrido, si se quiere que la anulación de lo actuado pueda tener lugar (ver en tal sentido “Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica - AMET. c/ Buenos Aires, Provincia de y otro s/ amparo”, CSJN, 5/10/95, T. 318 , P. 1798; “Aguirres, Mirta Ramona c/ La Rioja, Provincia de y otros s/ daños y perjuicios”, CSJN, 6/02/01, T. 324 , P. 151; “Simijosky Juan c/ E.N. (E.M.G.E.) s/ personal militar y Expte. N° 35.025-I 4 civil de las FFAA. y de Seg. Causa: 31.321/94”, C.NAC.CONT.ADM.FED., SALA II , 9/10/96, entre otros).
En el caso particular, no se advierte la afectación de los principios y derechos constitucionales que denuncia la actora. En efecto, en el acto atacado se exponen claramente los hechos y elementos tenidos en cuenta por el Fisco Nacional para sostener la postura fiscal, actuando el organismo recaudador en el marco de las normas que reglamentan su función de fiscalización y de determinación de oficio.
Para que prospere la pretensión de la recurrente, la nulidad impetrada debe estar sustentada en un interés jurídico concreto, por lo que resulta necesario que el vicio respectivo haya colocado al recurrente en un verdadero estado de indefensión, ocasionándole un agravio no subsanable, lo que no se verifica en el caso de marras. En ese sentido, el objeto de las nulidades procesales radica en el resguardo de la garantía constitucional de la defensa en juicio, debiendo acreditarse en cada caso el perjuicio concreto de esa garantía y que la misma ha sido conculcada.
Por otra parte, según el recurso presentado el recurrente se ha limitado a plantear la nulidad de la resolución recurrida por lo que la presentación efectuada carece de los requisitos mínimos que permitan la consideración del remedio articulado, debiendo recordarse que en la instancia de este Tribunal no hay recurso de nulidad autónomo, es decir, que por involucrar o comprender el recurso de apelación al de nulidad, este último no prospera o es improcedente si los agravios se limitan a poner en tela de juicio la validez del acto recurrido sin impugnar lo que éste decide como inadecuado a derecho (ver en igual sentido, el pronunciamiento recaído in re “Kowzef S.A.”, sentencia de la Sala “B” del 29/11/2006).
Ahora bien, no obstante lo señalado, conviene dejar sentado que la causa fuente u origen de los cargos formulados, conforme las constancias de autos no resulta susceptible de impugnación.
Conforme surge de los antecedentes administrativos, el 18/06/2013 y luego de un largo procedimiento sumarial iniciado en el año 2009, mediante Resolución N° 1225 el INAES sancionó a la Cooperativa de Trabajo Tierra Colorada Ltda. con la máxima sanción prevista por la Ley N° 20.337, el retiro de la autorización para funcionar prevista en el inciso 3° del art. 101 del referido cuerpo normativo. Para así decidir, consideró que se encontraba debidamente probado que la operatoria habitual de la mencionada entidad consistía en el suministro de personal a terceros, constituyéndose así el ente cooperativo en un mero intermediario en la provisión de mano de obra. Dicho de otro modo, la entidad desarrolló un esquema de fraude cooperativo, el cual tiene su correlato en el marco del Derecho del Trabajo como fraude laboral por parte de aquellos usuarios -verdaderos empleadores no declarados- que contratan los servicios de la cooperativa.
En ese sentido, el esquema mencionado desnaturaliza la figura de la entidad cooperativa, aspecto que vulnera la prohibición contenida en el último párrafo del artículo 40 de la Ley N° 25.877, sobre Régimen Laboral -su ordenamiento-, en cuanto establece que “(l)as cooperativas de trabajo no podrán actuar como empresas de provisión de servicios eventuales, ni de temporada, ni de cualquier otro modo brindar servicios propios de las agencias de colocación”.
Entre aquellos argumentos expuestos por el INAES en la mencionada resolución se verificó que los asociados cooperativos no participaban efectivamente en la toma de decisiones, tampoco se realizaban las asambleas para designar a los delegados correspondientes, además del hecho de que jamás fueron declarados dichos delegados en nómina alguna (cfr. fs. 106/111, Cuerpo IVA, AA). Dicha resolución, una vez firme, fue comunicada por el INAES a la Administración Federal de Ingresos Públicos en fecha 23/07/2013 (cfr. fs. 104/105, Cuerpo IVA, AA).
Tiempo más tarde, AFIP recepciona en fecha 29/05/2015 un oficio judicial proveniente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Eldorado, Provincia de Misiones, en el marco de la causa FPO 9654/2014 caratulada “NN s/Infracción Ley 24.769 -Dra. Sienra, Rossana Beatriz s/ Denuncia” por medio del cual el magistrado actuante ordena a la Dirección Regional Posadas la realización de una serie de medidas a efectos de secuestrar, inventariar y desintervenir determinados elementos que posteriormente deberán ser utilizados por dicha dependencia para “efectuar la fiscalización a las respectivas usuarias para la impugnación del crédito fiscal indebidamente computado y la determinación de su calidad de empleadores, con la correspondiente liquidación de aportes y contribuciones no ingresados...”, todo ello conforme -en lo que aquí interesa- con lo dispuesto por el artículo 21 de la norma penal tributaria (cfr. fs. 113, Cuerpo IVA, AA).
Así ello, este Tribunal no observa que el ente recaudador haya incumplido norma procedimental alguna u obrado en exceso de la manda judicial; la orden del juez penal resulta clara e indubitable, impugnar los créditos fiscales de las usuarias y determinar la calidad de empleador de cada usuaria. En materia de Seguridad Social, ello dio origen posteriormente a una Orden de Intervención bajo el N° 1411886 para liquidar los aportes y contribuyentes omitidos por el aquí apelante como usuario de la Cooperativa mencionada (cfr. fs. 104/105, y fs. 123, Cuerpo IVA, AA).
En materia netamente tributaria, ello dio origen a la Orden de Intervención N° 1367675 que iniciara toda la actuación impositiva en sede administrativa y culminara con el dictado de la resolución determinativa de oficio aquí apelada. Se tomaron los créditos fiscales computados por la apelante, previo chequeo en las bases informáticas del organismo, se le solicitó las copias del Libro IVA Compras para su cotejo y se procedió finalmente a impugnar los mismos en un todo conforme a lo ordenado por el magistrado en sede penal (cfr. fs. 4, fs. 100/102, Cuerpo IVA, AA).
En ese contexto, la recurrente no ha presentado las respectivas facturas en sede administrativa, tampoco ofreció prueba alguna ante este Tribunal Fiscal tendiente a dilucidar el supuesto “vínculo comercial” con la referida cooperativa ni explicó de forma exacta en qué consistió dicho vínculo.
Asimismo, debe destacarse que la recurrente en todo momento tuvo la posibilidad de comprender el origen y el tenor de los ajustes propuestos por la fiscalización actuante en referencia al impuesto bajo fiscalización, posteriormente reiterados durante el procedimiento de determinación de oficio, de defenderse y aportar prueba. Sin embargo, habida cuenta del cúmulo de pruebas arrimadas a esta causa por el Fisco Nacional, resulta lógico concluir que el denominado “vínculo comercial” entre las partes no refleja la verdadera naturaleza de la operatoria o la realidad económica del negocio subyacente tal como sostiene el Fisco Nacional.
Es por ello que la impugnación del crédito fiscal en el acto apelado, debe examinarse desde la perspectiva que autoriza específicamente el artículo 2 de la ley 11.683. Cabe destacar que del análisis de los antecedentes administrativos se observa que las objeciones del organismo recaudador se asientan en una serie de indicios comprobados, graves y precisos que justifican los serios reparos formulados.
Como se destacó, la actora en las presentes actuaciones no exhibió medios probatorios. No hubo servicio provisto por la cooperativa y al no haberse producido el hecho imponible en el IVA resulta impugnable el crédito fiscal facturado.
En ese sentido, tal como ha expuesto numerosa jurisprudencia “ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal” (conf. Sala III, causa nro. 43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; nro. 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, nro. 32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/DGI”, del 29/11/2012).
Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la determinación, con costas.
V. Que, no existiendo agravios concretos en materia de los intereses resarcitorios, sólo cabe su confirmación, recordándose que los mismos constituyen una indemnización debida al Fisco Nacional, como resarcimiento por la mora en que ha incurrido el contribuyente o responsable en la cancelación de sus obligaciones tributarias. (conforme “Citibank NA c/ DGI” CSJN, 01/06/200).
VI. Que, finalmente, corresponde a este Tribunal resolver si se ajusta a derecho la multa aplicada referente al Impuesto al Valor Agregado períodos fiscales 05, 06, 11 y 12 de 2011, 07, 08, 09 y 12 de 2012, 01, 03, 05, 06 y 07 de 2013, con sustento en los artículos 46 y 47 incisos a) y b) de la Ley N° 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones).
Debe dejarse sentado que cuando se pretende aplicar la sanción prevista en el artículo 46 de la Ley de Procedimiento, ello exige del Ente Recaudador acreditar no sólo la conducta omisiva del gravamen, sino, también, el proceder engañoso o malicioso mediante hechos externos y concretos.
Tal como lo ha sostenido la Sala V de la Alzada in re “Vadelux SRL c/ DGI s/ recurso directo” del 5/06/2014 “la figura de la defraudación -tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683- requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (conf. esta Sala en las causas: “Casino del Litoral S.A.” del 08/02/99; “Carlos Romero Hijos y Cía. S.A.” del 02/05/05; “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI” del 15/09/10).
Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum”, por las cuales se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI” del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI” del 15/04/09; Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-I9) c/ DGI” del 30/07/09). En el mismo sentido, se ha expedido la Sala I, en el fallo “Consultora Borlenghi SA c/DGI s/recurso directo de organismo externo” de fecha 13/07/2017.
A ese efecto, debe tenerse presente que en el caso concreto se trató -tal como ya se ha expresado- de un contribuyente que resultó ser usuario de servicios de una Cooperativa de Trabajo dedicada al suministro de mano de obra a terceros, aspecto prohibido de forma expresa por la mencionada normativa aplicable al fraude cooperativo.
Vale decir, en el caso de marras se verifica tanto la presentación de declaraciones engañosas como la voluntad de presentarlas en la forma efectuada y el resultado está claro, un ingreso a las arcas fiscales menor al que debiera haberse ingresado, motivo por el cual la calificación de la conducta infraccional en su faz dolosa habrá de ser mantenida.
En ese orden de ideas, es importante resaltar que, en el caso de autos, se alcanzan a evidenciar las razones que indujeron al ente fiscal a hacer mérito de las presunciones del art. 47 de la ley ritual –incisos a y b-. Estos elementos sustentan la pretensión fiscal y hacen adecuado el encuadre infraccional de la conducta de la actora, y su graduación, a quien le correspondía la prueba de que su accionar no estaba dirigido a defraudar a la hacienda pública, situación que no se produjo en el presente expediente.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Confirmar la resolución apelada en cuanto determina impuesto, accesorios y aplica multa, con costas.
2. Intimar a la parte actora para que, en el término de cinco (5) días de notificada la presente, ingrese la suma de $2.685,62 en concepto de tasa de actuación y bajo apercibimiento de ley. Regístrese, notifíquese la sentencia a la Dra. María Julia Chiesa al CUIT 27-22851812-9 en representación del Fisco Nacional mientras que la actora deberá ser notificada mediante cédula en soporte papel al domicilio de la calle Jean Jaurés 747 PB (CABA). Fecho, procédase a la impresión e incorporación de la presente al expediente papel y, oportunamente, archívese.
Date: 2022.05.20 08:27:04 ART Date: 2022.05.20 12:46:23 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Jose Luis Perez Vocal Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.20 13:34:19 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.20 13:34:48 -03:00
Fin de la sentencia