Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Azul · Causa 63.975
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada de fs.206/215vta., en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha sido vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Causa nº: 2-63975-2018 "BARBARROJA CRISTINA Y OTRO C/ GAUNA MAURICIO S/ COBRO SUMARIO DE PESOS "
JUZGADO DE PAZ - BOLIVAR
Sentencia Registro nº: 74 Folio: .............
En la ciudad de Azul, a los once días del mes de Junio del año Dos Mil Diecinueve, reunidos en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial Departamental, Sala II, Doctores María Inés Longobardi, Víctor Mario Peralta Reyes y Jorge Mario Galdós, para dictar sentencia en los autos caratulados “Barbarroja Cristina y otro c/ Gauna Mauricio s/ Cobro Sumario de Pesos” (Causa N° 63.975), habiéndose procedido oportunamente a practicar la desinsaculación prescripta por los arts. 168 de la Constitución Provincial, 263 y 266 del C.P.C.C., resultando de ella que debían votar en el siguiente orden: Dr. Peralta Reyes- Dr Galdós - Dra. Longobardi - .
Estudiados los autos, el Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
-C U E S T I O N E S-
1era. ¿Es justa la sentencia apelada de fs.206/215vta.?
2da. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
-V O T A C I O N-
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
I. Cristina Barbarroja y Graciela Barbarroja -en su carácter de arrendadoras- promovieron demanda contra Héctor Mauricio Gauna -en su calidad de arrendatario-, reclamándole diversos conceptos derivados del contrato accidental por cosechas celebrado entre las partes con fecha 10 de junio de 2013, con relación a la fracción de campo ubicada en las afueras de la ciudad de Bolívar, cuya nomenclatura catastral es: circunscripción II, sección A, chacra 48, fracción 1, partida n° 299, con una superficie de 34 has., 96 as., 29 cas. Señalaron las actoras que el plazo de duración del contrato era de dos años, desde el día 15 de junio de 2013 hasta el día 15 de junio de 2015, mientras que su objeto era el de “ser destinado exclusivamente al cultivo agrícola y pastoreo de ganado vacuno, no pudiendo las actividades exceder el plazo establecido para este contrato”. En lo que respecta al pago del precio del contrato, puntualizaron que correspondía un pago por cada semestre, o sea cuatro en total, los cuales deberían realizarse en forma adelantada de la siguiente forma: en junio y diciembre de 2013 para el primer y segundo semestre, respectivamente, y en junio y diciembre de 2014 para el tercer y cuarto semestre, respectivamente. Asimismo, en el primer y segundo semestre el monto a abonar ascendía al equivalente en pesos de 12.500 kg. de soja, mientras que en el tercer y cuarto semestre el monto a pagar se elevaba al equivalente en pesos de 14.600 kg. de soja (fs.55/56). A modo de colofón precisaron las accionantes que el contrato referido no era el primero que vinculó a las partes, pues en el mes de diciembre de 2011 habían celebrado un contrato de similares características en relación al mismo predio (fs.56/56vta.).
Sostuvieron las actoras que el contrato se cumplió y desarrolló con normalidad hasta que en el mes de junio de 2014, cuando correspondía abonar el tercer semestre, el demandado incumplió con la obligación a su cargo y no realizó pago alguno. Dijeron que luego continuó ocupando y utilizando el predio para su propio provecho, pero tampoco abonó el precio correspondiente al cuarto semestre en el mes de diciembre de 2014. Y agregaron que el accionar antijurídico del accionado no acabó allí, pues aunque el plazo contractual finalizaba el día 15 de junio de 2015, continuó ocupando el inmueble en forma absolutamente ilegítima y lo seguía haciendo hasta el momento de interposición de la demanda de autos, el día 21 de junio de 2016 (ver cargo de fs.63vta.). Asimismo, aseveraron las actoras que el demandado provocó daños en el inmueble e incumplió su obligación de mantenimiento, mencionando los faltantes y deterioros que se constataron en tranqueras, alambrados, molino y tanque australiano. Por último señalaron otros incumplimientos, afirmando que el accionado sembró avena luego de finalizado el plazo de la locación y a través de siembra convencional, lo que estaba prohibido en el contrato; y puntualizaron que en el predio se encontraron inmensas montañas de guano de aves, lo cual evidencia la conducta ilegítima y desaprensiva que adoptó el demandado hacia los derechos de las actoras (fs.56vta./57vta.).
Precisando el objeto de su pretensión, solicitaron las actoras que la condena al demandado abarque los siguientes conceptos:
1. Pago del precio del arrendamiento del tercer y cuarto semestre, con más intereses a tasa activa, aplicación de cláusula penal y costas del proceso; 2) Pago de los daños y perjuicios producidos por la ocupación indebida del predio rural, con más intereses y costas del proceso, al señalar que pese a que el plazo contractual finalizó el día 15 de junio de 2015, el demandado continuó ocupando el campo en forma ilegítima hasta la interposición de la demanda de autos (fs.56vta.); 3) Pago de la suma de $ 326.346,33, o la que en más o en menos surja de la prueba, por los daños y perjuicios ocasionados a raíz de la rotura y falta de mantenimiento del campo, con más intereses a tasa activa y costas del proceso (fs.55/55vta.).
II. En la sentencia apelada se consideró aplicable el Código Civil, en atención a que la situación fáctica se consolidó durante la vigencia de este cuerpo normativo. Ésta cuestión no ha merecido discusión en el proceso y aparece evidente que los hechos de autos se consumaron durante la vigencia del Código Civil, siendo ésta la normativa aplicable al caso, sin perjuicio de la valiosa directriz hermenéutica que confiere el vigente Código Civil y Comercial de la Nación (art.7 del C.C.y C.).
En dicho pronunciamiento se consideró que la relación contractual entre las partes tuvo inicio en el año 2011, por lo que el contrato sobre el que se asienta la pretensión de las actoras no puede calificarse como accidental por cosechas y/o pastoreo, debiendo quedar incluido en las disposiciones de la ley de arrendamientos rurales n° 13.246. En la sentencia recurrida se condenó al demandado a pagar a las actoras las respectivas sumas de $ 38.179 y $ 34.310, por los arriendos del tercer y cuarto semestre del contrato de arrendamiento, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, al puntualizarse que no resulta verosímil ni acreditada la afirmación del demandado de que restituyó el predio rural en el mes de mayo de 2014. También se condenó al demandado a pagar los arrendamientos correspondientes al período que corre desde el vencimiento del contrato y hasta el momento de interposición de la demanda ($ 41.610 y $ 41.610), con más los intereses mencionados, aseverándose que el demandado siguió ocupando y explotando el campo. Se rechazó la cláusula penal pretendida por las actoras (en decisión que no ha sido impugnada), y se hizo lugar al reclamo por daños materiales causados al inmueble, condenándose por éste concepto al demandado a pagar la suma de $ 246.050 por reparaciones de molino, tanque australiano, tranqueras, tranquerón, alambres y accesorios, con más intereses a la tasa referida. Se estableció la fecha de mora y se impusieron las costas del juicio al demandado que resultó vencido (fs.206/215vta.). El monto total de la condena ascendió a la suma de $ 401.759 (fs.215).
III. La aludida sentencia fue apelada por el demandado, quien expresó sus agravios mediante la pieza que obra a fs.224/228vta. Sostuvo que el vínculo que unió a las partes fue un contrato accidental por cosechas y no se puede hablar de arrendamiento. Afirmó haber restituido el predio rural en el año 2014, e insistió en la actitud pasiva asumida por las actoras, quienes nunca le enviaron una intimación a pagar, a restituir el campo o a resolver el contrato, y directamente lo demandaron luego de años de finalizado el contrato. Señaló la relevancia de la prueba testimonial y dijo que la misma no fue correctamente evaluada en el decisorio de grado. Se explayó en consideraciones sobre los daños materiales que integran la condena, afirmando –entre otras cosas- que los elementos existentes en el campo tienen mucha antigüedad, y precisando que “ninguno de esos daños puede ser lógicamente atribuido a una persona que ocupó solo y a lo sumo por dos años un campo” (fs.224/228vta.). La expresión de agravios fue contestada por la parte actora, quien en la primera parte de su escrito planteó la deserción del recurso de apelación al aseverar que no contiene una crítica concreta y razonada del fallo. Con respecto a esta alegación debe señalarse que en su primera parte el escrito recursivo satisface el umbral de fundamentación requerido por este tribunal de alzada, debiendo tenerse por cumplimentada la carga técnica exigida por el art.260 del código de rito; razón por la cual corresponde desestimar el planteo de deserción en análisis. Sin embargo, con respecto al reclamo atinente a los daños materiales causados al inmueble rural, considero que el recurso de apelación se muestra carente de la exigible fundamentación (art.260 del Cód. Proc.), tal como lo habré de destacar en el apartado V. Me remito a lo que explicaré en esa parcela del presente voto.
Posteriormente, se llamaron autos para sentencia (fs.230) y se practicó el sorteo de rigor (fs.231), habiendo quedado los actuados en condiciones de ser abordados a los fines del dictado de este decisorio.
IV. Comenzó precisando el anterior magistrado que no obstante la calificación dada por los contratantes como contrato accidental por cosechas, el vínculo objeto de autos debe ser calificado como contrato de arrendamiento rural en virtud de haberse excedido el plazo establecido en el art.39 inciso a) de la ley 13.246. Así señaló que ambas partes son contestes en que la relación contractual tuvo inicio entre ellas y por el mismo predio en el año 2011, por lo que el contrato motivo del litigio y suscripto en el año 2013, en modo alguno puede calificarse como accidental y/o de pastoreo (art.39, último párrafo, de la ley citada). Dijo, en consecuencia, que de acuerdo a lo normado por el art.41 de la ley 13.246, resultan de aplicación en el orden que seguidamente se detallan: a) Las disposiciones de dicha ley 13.246; b) Los convenios de las partes; c) Las normas del Código Civil, en especial las relativas a la locación; d) Los usos y costumbres locales (fs.209vta./210vta.).
1. Con respecto a la primera temática debatida en este proceso, se centró el juzgador en el reclamo de las actoras del precio pactado contractualmente para los semestres junio 2014/diciembre 2014 y enero 2015/ junio 2015, concluyendo en que estos arrendamientos no fueron cancelados por el arrendatario. Y así sostuvo que “este último no aportó al proceso prueba documental alguna que acredite la cancelación de dichos períodos, como asimismo y a mi juicio, no resulta verosímil ni acreditado que en el mes de mayo de 2014 hubiere restituido el predio rural arrendado. Ello por cuanto, no deja de ser una mera manifestación unilateral de su parte no acreditada ni respaldada por ningún medio de prueba, que se hubiere efectuado notificación fehaciente de la restitución de la tenencia del predio y/o consignado sus llaves, etc.” (lo destacado en negrita me pertenece). Seguidamente procedió el juzgador a valorar la prueba testimonial rendida en el proceso y el acta de constatación notarial realizada en el mes de junio de 2015, y como corolario de ello resolvió condenar al demandado a pagar la suma de $ 38.179 por el semestre junio 2014/diciembre 2014 con vencimiento el día 20/6/2014, y la suma de $ 34.310 por el semestre enero 2015/junio 2015 con vencimiento el día 20/1/2015 (fs.210vta./211).
El demandado se agravió de esta parcela de la sentencia afirmando que restituyó el predio en el año 2014 (más propiamente, a fines de mayo de ese año, como lo apunta en su responde), y señalando que ello no pudo haber sido de otro modo porque las actoras nunca le enviaron una intimación de pago o una intimación a restituir el campo, ni resolvieron el contrato; no habiendo un solo indicio que haga suponer que las actoras estuvieran privadas de la tenencia del inmueble sin cobrar nada. Adujo que las arrendatarias recién lo demandaron luego de años de finalizado el contrato y de haber recibido el campo, y puntualizó que en la confianza no les hizo firmar ningún papel (fs.226vta.). A continuación se extendió en consideraciones sobre las constancias de autos que a su juicio deben servir para la revocación de esta parte del decisorio, y destacó la importancia que reviste la conducta de las partes previa al inicio del juicio, insistiendo en la incomprensible actitud de las actoras “cuando ninguna persona que posee un campo hubiera estado tan pasiva años y años sin cobrar y sin el campo”. Hizo referencia también a las declaraciones testimoniales que a su entender validan su postura, pero que han sido desestimadas en la sentencia apelada. Remarcó que restituyó el inmueble en el año 2014 y desmereció la mencionada acta notarial porque el sembrado en ella constatado no es ni fue de su propiedad (fs.226vta./227vta.).
O sea que desde su escrito de contestación de demanda viene planteando el accionado que restituyó el campo a las actoras a fines del mes de mayo de 2014, por lo que no tiene obligación de pagar cánones locativos a partir del mes de junio de ese año (fs.91 y 93/93vta.). Este es el planteo medular de su defensa y sustenta el mismo - básicamente- en la circunstancia de que nunca mediaron reclamos de las actoras, quienes recién promovieron la demanda de autos el día 21 de junio de 2016 (ver cargo de fs.63vta.).
2. En el denominado contrato accidental por cosechas que vinculó a las partes, se estableció que el plazo de duración del mismo era de dos años, habiéndose precisado que “el término del arrendamiento se conviene a contar del día 15 de junio de 2013 al 15 de junio de 2015” (ver cláusula segunda del instrumento de fs.50/51vta.). De manera tal que lo que el demandado ha alegado en su contestación de demanda, es una rescisión anticipada del contrato que él habría concretado de manera unilateral en el mes de mayo de 2014, cuando aún restaba un año para la expiración del plazo expresamente convenido por las partes (art.1197 del Cód. Civil). Así manifestó el demandado en su escrito de responde que “la contraria pretendía el cumplimiento de los dos años cuando en sí las dos cosechas ya se habían efectivizado durante el año, hecho por el cual me negué a pagar el precio del alquiler e hice entrega voluntaria del predio, es decir di por finalizado el contrato tal como lo manda la ley y devolví la posesión. Mi verdad no solo se escribe con los hechos y la prueba documental que obra en autos, también surgirá de los testimonios de las personas propuestas” (fs.93; lo destacado me pertenece).
Pero lo que resulta evidente es que no consta en autos la prueba documental invocada en el párrafo precedentemente transcripto, ya que no hay ningún instrumento que pueda reflejar la alegada rescisión anticipada y unilateral del contrato de arrendamiento. Esto fue claramente advertido por el sentenciante de la anterior instancia, quien no consideró verosímil ni acreditado que, en el mes de mayo de 2014, el demandado hubiera restituido el predio rural arrendado, tras lo cual puntualizó lo siguiente: “Ello por cuanto, no deja de ser una mera manifestación unilateral de su parte no acreditada ni respaldada por ningún medio de prueba, que se hubiere efectuado notificación fehaciente de la restitución de la tenencia del predio y/o consignado sus llaves, etc.” (fs.210vta.).
Se ha conceptualizado a la rescisión como un “acto jurídico unilateral con efectos extintivos. Funciona principalmente en los contratos de duración y su fundamento es que una de las partes, o las dos, pueden decidir que no continúe más. Es un modo de arrepentimiento sobreviniente, que la ley admite y regla según los casos y los intereses en juego” (conf. Lorenzetti, Tratado de los contratos, parte general, pág.567). Es oportuno señalar que la facultad de rescindir anticipada y unilateralmente el contrato de arrendamiento rural, no se encuentra contemplada en las disposiciones de la ley 13.246, ni tampoco fue acordada por las partes en el contrato motivo del presente juicio (fs.50/51vta.). Por ser una figura que guarda similitud, cabe mencionar que en el contrato de locación de cosas con destino a vivienda regulado por la ley 23.091 (actualmente derogada por la ley 26.994), se admitía el derecho a la rescisión unilateral incausada a favor del locatario, pero este ejercicio se encontraba reglamentado, al imponerse un plazo mínimo de seis meses iniciales para poder ejercerlo, la notificación de un preaviso de sesenta días y el pago de una indemnización de un mes y medio si era antes del primer año, y de un mes si transcurría dicho plazo (art.8 ley 23.091, conf. Lorenzetti, ob. cit. pág.568). Finalmente cabe acotar que el art.1221 del vigente Código Civil y Comercial recepta esta facultad del locatario, pero también exige que hayan transcurrido seis meses de contrato y le impone al locatario la obligación de notificar en forma fehaciente su decisión al locador; previéndose una indemnización similar a la que contemplaba el régimen legal actualmente derogado.
Pero más allá de analizarse si la rescisión unilateral y anticipada del contrato invocada por el demandado, pudo o no encontrarse ajustada a derecho (temática en la que no incursionaré por no ser necesario), lo cierto y concluyente es que la misma ni siquiera ha quedado acreditada en el presente proceso (art.375 del Cód. Proc.). En efecto, de lo señalado en el párrafo precedente se desprende que una decisión de esta naturaleza del arrendatario debía, cuanto menos, ser notificada en forma fehaciente a las arrendadoras, lo que no ha sucedido en la especie. Y como bien se puntualiza en la sentencia apelada, de las constancias de autos no surge ninguna prueba de que se hubiera efectuado notificación fehaciente de la restitución de la tenencia del predio o de que se hayan consignado las llaves (fs.210vta., in fine). Sobre esta base destaca más adelante el juzgador, que “no puede saltarse el valladar legal de cómo debe instrumentarse o acreditarse una rescisión contractual y/o restitución anticipada de la tenencia” (fs.211).
3. En conclusión, las arrendadoras accionantes reclaman el pago de los arrendamientos correspondientes a los semestres junio 2014/diciembre 2014 y enero 2015/junio 2015, pero el demandado intentó enervar este reclamo afirmando que no tiene obligación de realizar esos pagos, porque restituyó el predio rural a las actoras a fines del mes de mayo de 2014. Planteados de este modo los términos de la litis, pesaba sobre el demandado la carga de acreditar los hechos impeditivos o extintivos que sustentarían su oposición, esto es, la invocada restitución del campo en el mes de mayo de 2014, lo que implicaría – como se vio- una rescisión unilateral y anticipada del contrato de arrendamiento. Más, sin embargo, esta faena probatoria no ha sido cumplimentada en modo alguno (art.330, 354 y 375 del Cód. Proc.). Ha sostenido este tribunal en precedentes aplicables en la especie, que “el demandado ha introducido circunstancias impeditivas o extintivas tendientes a desvirtuar el efecto jurídico perseguido por las afirmaciones del actor; siendo consecuencia fundamental de este tipo de oposición, que le incumbe al demandado la carga de la prueba respecto de esos nuevos datos que incorpora al proceso como motivo de debate (conf. Palacio, Derecho Procesal Civil, tomo I, pág.480; Carlo Carli, Extensión y alcance de la negativa genérica de los hechos constitutivos en la litis contestatio, L.L. 1984-C-816; Morello, Sosa, Berizonce, Códigos Procesales, tomo V-A, págs.26, 27 y 28; esta Sala, causa n° 55.147, “Metalúrgica Gobel S.A., sentencia del 27-9-11).
En un mismo orden de ideas, la Suprema Corte de Justicia Provincial ha resuelto que "la carga de la prueba no atiende tanto al carácter de actor o de demandado sino a la naturaleza de los hechos según sea la función que desempeñan respecto de la pretensión, de manera que mientras el actor debe probar el acto constitutivo de su derecho, el demandado debe probar los hechos contrapuestos que le son favorables por ser impeditivos o extintivos" (S.C.B.A., Ac.47.610 del 27-12-91, Ac.48.852 del 10-8-93, Ac.52.441 del 4-4-95, Ac.76.760 del 2-10-02, Ac.87.123 del 3-8- 05, L.97.385 del 4-11-09, C 92790 del 18-5-11; en un mismo sentido, esta Sala, causa n° 54.800, "Seillant", sentencia del 14-7-11, voto del Dr. Galdós; causa n°60.842, “Ríos”, sentencia del 14-7-16).
4. Habiéndose definido, entonces, la forma en que quedó distribuida la carga probatoria a partir de la postura procesal asumida por el demandado, no pueden caber dudas de que éste último no ha probado los extremos fácticos que le hubieran permitido enervar la acción incoada. No pueden alterar esta conclusión las declaraciones testimoniales obrantes en autos, pues le asiste razón al primer magistrado cuando expone lo siguiente con respecto a estos testimonios: “Y amen que tal como supra se explicitara, no puede saltarse el valladar legal de cómo debe instrumentarse o acreditarse una rescisión contractual y/o restitución anticipada de la tenencia, a mi criterio y en orden a lo normado por el artículo 456 del CPCC, no resultan idóneos y creíbles a partir que ambos manifiestan ser amigo y muy amigo del demandado y lo que declaran y afirman no se encuentra corroborado por ningún otro medio probatorio” (fs.211). A ello debe añadirse que estos testigos indican el momento de finalización de la relación contractual (años 2013 o 2014 el testigo La Casa y año 2014 el testigo Petrosi), pero sin brindar ningún tipo de detalles o aclaraciones sobre la forma en que habría sucedido esa extinción contractual, ni explicar -con algún basamento- los motivos por los cuales conocerían, con tal exactitud, la circunstancia apuntada (arts.384, 456 y ccs. del Cód. Proc.).
Atento a que con lo antedicho ha quedado suficientemente abastecida la solución que debe darse a la cuestión planteada, no es menester adentrarse –a estos fines- en la ponderación del acta notarial de exposición y constatación formalizada con fecha 12 de junio de 2015 (fs.53/54), como se hace en la sentencia apelada (fs.211, tercer párrafo). Por lo demás, los agravios del accionado no pueden conmover las consideraciones hasta aquí expuestas, ya que se encuentran basadas –esencialmente- en que las actoras nunca habrían formulado ningún reclamo de pago de arriendos, de restitución del predio rural o de resolución del contrato de arrendamiento (fs.226vta./227). Este planteo carece de asidero, pues la mera circunstancia de que las actoras no hayan asumido ninguna actitud activa hasta el momento en que procedieron a otorgar el acta notarial de fecha 12 de junio de 2015 (fs.53/54), no puede implicar –en modo alguno- que el demandado haya restituido el inmueble en la fecha por él afirmada (mayo del año 2014). De dicha actitud de las actoras no puede extraerse la conclusión que pretende el demandado apelante. El art.919 del Código Civil, sienta categóricamente el principio general de que “el silencio opuesto a actos, o a una interrogación, no es considerado como manifestación de voluntad, conforme al acto o a la interrogación…..”. Y tal como lo puntualiza Brebbia, de un modo claro, “esta regla, que es la que predomina en general en todos los órdenes de las relaciones humanas y no sólo en las jurídicas, tiene su razón de ser en el derecho que posee todo sujeto a no exteriorizar su voluntad o sus sentimientos más que cuando él considere conveniente hacerlo (derecho de intimidad), y también, se funda en consideraciones que hacen a la seguridad y certeza que deben primar en la vida de relación. Si se tuviera obligación de contestar todas las preguntas que se formulen o pronunciarse sobre los actos realizados por extraños so pena de que se considere que ha habido asentimiento con el interrogante o conformidad con el acto, sería en verdad arriesgado desplegar cualquier actividad lícita por los compromisos que tácitamente pudieran contraerse en el curso de la jornada sin haberlos en realidad querido” (Hechos y Actos Jurídicos, tomo 1, págs.252 y 253; ver también Cifuentes, Negocio Jurídico, págs.72 a 75).
Sólo resta señalar, brevemente, que en la mencionada acta notarial otorgada con fecha 12 de junio de 2015, la coactora Cristina Barbarroja manifestó que el tercer contrato accidental por cosecha celebrado con el demandado se extendió desde el 15 de junio de 2013 al 15 de junio de 2015, y expuso que “habiendo concluido el plazo del mencionado contrato y debiendo el arrendatario la cantidad de dos semestres de alquiler, todo de acuerdo a lo pactado libremente entre las partes en el mencionado contrato, es que decide proceder a la inspección del inmueble rural arrendado” (ver fs.53vta., puntos tercero y cuarto). Esta manifestación resulta absolutamente congruente con la postura asumida por las actoras en el presente juicio.
Como natural corolario de todo lo expuesto, corresponde y así propongo, confirmar la sentencia apelada en cuanto se condena al demandado a pagarle a las actoras la suma de $ 38.179 por arriendos del semestre junio 2014/diciembre 2014, con vencimiento en fecha 20/6/2014, y la suma de $ 34.310 por el semestre enero 2015/junio 2015, con vencimiento en fecha 20/1/2015, con más los intereses allí establecidos (fs.211/212).
5. En otro orden de cosas, también corresponde confirmar la sentencia apelada en cuanto condenó a pagar los arrendamientos devengados desde el vencimiento del plazo contractual (15 de junio de 2015) y hasta el momento de interposición de la demanda de autos (21 de junio de 2016). De este modo se acogió el reclamo de las actoras por la ocupación indebida del predio rural por parte del demandado con posterioridad al vencimiento del plazo del contrato (ver apartado I de este voto, tercer párrafo).
Reiterando conceptos anteriores, sostuvo el magistrado que “el demandado no probó la restitución del predio rural, ni que hubiere notificado fehacientemente al menos a las actoras sobre dicha decisión y/o la consignación de las llaves, por lo que entiendo debe prosperar el reclamo por los semestres junio 2015/diciembre 2015 $ 41.610,00, con vencimiento en fecha 20/06/2015, y enero 2016/junio 2016 $ 41.610,00, con vencimiento en fecha 20/01/2016, y de acuerdo al informe de fs.153/156. Y no más que ello, dado que por su parte las accionantes tampoco acreditaron que con posterioridad a dicho hito temporal el demandado hubiere seguido ostentando la tenencia del predio rural”. En cuanto a los intereses, se dispuso aplicar los mismos que en el reclamo anterior (fs.212/212vta.).
La confirmación de esta parte de la sentencia no admite dudas, pues los argumentos dados en la expresión de agravios siempre giran en torno a la no demostrada restitución del inmueble rural en el mes de mayo de 2014. No habiéndose acreditado este aspecto basal de la oposición, también procede la condena a pagar los arriendos posteriores al vencimiento del plazo contractual, pues surge evidente la ocupación indebida del predio por parte del accionado y la consecuente obligación de éste de resarcir los daños causados (arts.506, 508, 509, 511 y ccs. del Cód. Civil; arts.375, 384 y ccs. del Cód. Proc.).
Sólo resta precisar que en la sentencia apelada se desestimó la cláusula penal reclamada por las actoras (fs.212vta./213), sin que hubiera mediado agravio sobre el particular (art.260 del Cód. Proc.).
V. A esta altura del desarrollo argumental sólo quedan pendientes de tratamiento los daños y perjuicios demandados a raíz de las roturas y falta de mantenimiento del establecimiento rural, los que fueron admitidos en la sentencia apelada de la anterior instancia (fs.213/214vta.).
1. Sobre estos daños materiales reclamados en la demanda, adujo el juzgador que los mismos fueron constatados mediante acta notarial confeccionada por la Escribana Ferreyra en el mes de junio de 2015 (instrumento de fs.53/54), respecto del faltante, rotura o deterioro de tranqueras, tranquerones, tanque australiano, molino y alambres perimetrales e internos. Y recordó el a quo que estos daños materiales no han sido negados por el demandado al contestar la acción, quien se limitó a afirmar –pero sin acreditar- que al serle entregada la tenencia del predio rural en el año 2011, lo detallado ya se encontraba en el estado constatado por el notario; habiendo sostenido, también, que en el contrato nada se detalló sobre el estado en que se recibió la cosa arrendada ni se realizó un inventario (ver sentencia apelada a fs.213, y contestación de demanda a fs.93vta./94vta.).
Y luego de aludir a estas constancias de la causa, sentó el magistrado la conclusión medular de su razonamiento, puntualizando que si bien es cierto lo afirmado por el demandado en cuanto a que nada dice el contrato de arrendamiento sobre el estado del predio al momento de la entrega, dada esa circunstancia se torna operativa la presunción del art.1616 del Código Civil (aplicable al caso de autos), el cual establecía que: “Si el locatario recibió la cosa sin descripción de su estado, se presume que la recibió en buen estado, salvo la prueba en contrario”. Así terminó sus motivaciones poniendo de resalto que estando acreditado el estado del inmueble al mes de junio de 2015 (por medio de la referida acta notarial), y no habiéndose probado –siquiera indiciariamenteel estado en que se hallaba el predio a la fecha de inicio de la relación contractual, se torna operativa la presunción establecida en dicha norma legal, siendo responsable el demandado de las reparaciones (fs.213vta./214).
Luego de establecer la solución antedicha, procedió el juzgador a analizar cada uno de los daños materiales, los que tuvo por acreditados fehacientemente con el acta notarial de fs.53/54, con las fotografías de fs.29/41 y con el informe pericial de fs.153/156. Sobre esta base acogió los reclamos por reparaciones del molino, tanque australiano, cuatro tranqueras y un tranquerón por los montos resultantes de los presupuestos obrantes en autos; mientras que con respecto a los alambres y accesorios, en función de la antigüedad de los mismos, consideró justo y equitativo receptar el sesenta por ciento del monto emergente del presupuesto agregado a la causa. En consecuencia, se condenó al demandado a pagar por los daños materiales causados la suma de $ 246.050, con más intereses a la tasa pasiva digital del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de mora que determinó en el día 22/3/17, coincidente con la fecha de expedición del presupuesto de fs.116, el cual se ha tomado en consideración para establecer o mensurar los daños (fs.214/215).
2. Como ya lo puse de resalto, el argumento central del decisorio radica en la aplicación de la presunción contenida en el art.1616 del Código Civil, que rige el sub caso en virtud del momento de consumación de los hechos (art.7 del C.C. y C.). Esta presunción legal es en rigor una presunción iuris tantum de que si la cosa locada fue recibida sin descripción de su estado, ese estado era bueno y en igual situación la cosa debe ser reintegrada. Se parte de la premisa que se relaciona con el fin del contrato de locación, que es el uso y goce de la cosa, ya que para que ella sea utilizada su estado debe permitirlo y ser bueno al efecto. Si el arrendatario pretendiese probar lo contrario, puede utilizar cualquiera de los medios de prueba admitidos, incluso la prueba testimonial y la de presunción, ya que la presunción no es iure et de iure (conf. Zago y Cifuentes en Código Civil de Belluscio-Zannoni, tomo 7, pág.598). En el mismo sentido se ha expresado que lo dispuesto en esta norma de que debe presumirse iuris tantum el buen estado de conservación de la cosa, resulta de toda lógica, pues quien la alquila lo hace para usarla y gozarla, y ello sólo se puede lograr cuando la cosa es apta para tal fin y, para tener tal aptitud, es indudable que debe estar en buen estado de conservación (conf. Borda, en Código Civil de Bueres-Highton, tomo 4 A, pág.433). Esta es, por otra parte, la misma solución receptada en el vigente Código Civil y Comercial de la Nación, que en el caso de autos sirve como valioso parámetro hermenéutico, pues según el art.1200 de este cuerpo legal, a falta de previsión contractual el locador debe entregar la cosa en el estado apropiado para su destino, excepto los defectos que el locatario conoció o pudo haber conocido. A su vez, cuando regula lo atinente a la restitución de la cosa una vez concluido el contrato, dispone el art.1210 de este mismo ordenamiento, que el locatario debe restituirla en el estado en que la recibió, excepto los deterioros provenientes del mero transcurso del tiempo y el uso regular. En comentario a estas normas se señala que “si el locatario recibió la cosa sin descripción de su estado, se presume que la recibió en estado apropiado para su destino (art.1200). Es decir, el locatario cumple su obligación en tanto y en cuanto restituya la cosa en condiciones aptas para el cumplimiento del destino acordado” (conf. Moeremans, en Código Civil y Comercial de la Nación comentado, Lorenzetti director, tomo VI, págs.629 a 634).
La solución dada en el fallo apelado se muestra aún más atinada si se aprecia la considerable extensión de la relación locativa, que tuvo su inicio en junio del año 2011, tal como lo admitió el propio demandado en su responde (fs.92), y recién expiró con la demanda de autos interpuesta en junio de 2016, la cual –según dijo el a quo en decisión no cuestionada- puso fin a la ocupación indebida por parte del arrendatario. Ello acentúa la presunción de que el predio rural fue recibido por el arrendatario en un estado apropiado para su destino, el que – evidentemente- no coincide con la constatación realizada en la mencionada acta notarial. De allí que el arrendatario sea responsable de las reparaciones que es menester concretar en el predio a efectos de que el mismo sea restituido en el estado en que se recibió, con excepción, claro está, de los deterioros provenientes del transcurso del tiempo y del uso regular; a cuyo fin el a quo ponderó la antigüedad de los alambrados y accesorios y redujo –equitativamente- la suma a pagar por este concepto (arts.163 inciso 5, 330, 354, 375, 384, 474 y ccs. del Cód. Proc.).
Pero lo verdaderamente gravitante es que el escrito portador de los agravios no contiene una crítica idónea sobre esta parcela del litigio, pues en ningún tramo del mismo se impugna la motivación basal del pronunciamiento apelado, consistente, como lo señalé, en la aplicación al caso de la presunción iuris tantum establecida en el examinado art.1616 del Código Civil. En efecto, si se observa el escrito recursivo puede apreciarse que el mismo discurre en torno a la antigüedad de los elementos habidos en la finca, y señala de un modo equívoco que “ninguno de esos daños puede ser lógicamente atribuido a una persona que ocupó solo y a lo sumo dos años un campo” (fs.228), siendo que, como se dijo, la relación contractual se inició en el mes de junio de 2011 y se extendió hasta el momento de interposición de la demanda (junio de 2016), cuando –según la sentencia apelada- habría concluido la ocupación indebida del inmueble por parte del accionado. Tampoco es de recibo la alegación del recurrente de que el predio se alquiló para siembra y, por ende, no era relevante el estado de alambres y molinos (fs.227vta.), pues según la pertinente previsión contractual, el destino del predio arrendado era para cultivo agrícola y pastoreo de ganado vacuno (fs.50vta., cláusula cuarta del contrato).
Quiere ello decir que ante la carencia de impugnación a esta motivación central de la sentencia apelada, consistente en la aplicación al caso de la analizada presunción legal emergente del art.1616 del Código Civil, el escrito de expresión de agravios se muestra carente de la exigible fundamentación, motivo por el cual debe ser desestimado (art.260 del Cód. Proc.).
VI. Como natural derivación de las consideraciones hasta aquí expuestas, propicio al acuerdo la confirmación de la sentencia apelada de fs.206/215vta., en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio; con imposición de las costas de alzada al demandado apelante que ha sido vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). La regulación de honorarios deberá diferirse para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Doctor Peralta Reyes, dijo:
Atento a lo que resulta del tratamiento de la cuestión anterior se resuelve: Confirmar la sentencia apelada de fs.206/215vta., en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha sido vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967).
Así lo voto.
A la misma cuestión, los Dres. Galdós y Longobardi, por los mismos fundamentos, adhieren al voto que antecede, votando en igual sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente:
Azul, 11 Junio de 2019. –
Por todo lo expuesto, atento lo acordado al tratar las cuestiones anteriores, demás fundamentos del acuerdo, citas legales, doctrina y jurisprudencia referenciada, y lo dispuesto por los arts.266, 267 y concs. del C.P.C.C., se resuelve: Confirmar la sentencia apelada de fs.206/215vta., en todo cuanto decide y ha sido materia de agravio; imponiéndose las costas de alzada al demandado apelante que ha sido vencido en esta instancia recursiva (art.68 del Cód. Proc.). Difiérese la regulación de honorarios para su oportunidad (arts.31 y 51 de la ley 14.967). Regístrese, notifíquese por Secretaría y devuélvase a su Juzgado de origen.
MARÍA INÉS LONGOBARDI PRESIDENTE CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II VICTOR MARIO PERALTA REYES JORGE MARIO GALDÓS JUEZ JUEZ CAMARA CIVIL Y COMERCIAL CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II SALA II ANTE MÍ CLAUDIO MARCELO CAMINO SECRETARIO CAMARA CIVIL Y COMERCIAL SALA II
Fin de la sentencia