Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala I de Mar del Plata · Causa 134.675
Lo que resolvió el tribunal
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Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se revoca la parcela del decisorio de fs. 889/900 que rechaza la acción de determinación de honorarios extrajudiciales impetrada por Dr. Andrés Barbieri contra la Asociación Civil Trabajar y regula estipendios a los profesionales aquí intervinientes, admitiéndose por el contrario dicha demanda, fijándose en consecuencia los estipendios profesionales del primero por las tareas realizadas en beneficio de la segunda en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 781.624), sujetos a los respectivos aportes de ley e ingresos; imponiéndose las costas de ambas instancias a la Asociación Civil Trabajar, dada su condición de vencida (arts 68 y 274 del CPC). II) Se confirma por los fundamentos aquí expuestos la parcela del decisorio dictado a fs. 889/900 que admite la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado César Alfredo Trujillo y que consecuentemente rechaza la acción impetrada en su contra e impone las costas al accionante, imponiéndose las costas de esta instancia a este último dada su condición de vencido (arts 68 y 274 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
REGISTRO Nº 1.S FOLIO Nº1
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 134675.-
Autos: "BARBIERI ANDRES C/ ASOCIACION CIVIL TRABAJADORES S/ FIJACION DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES (ART. 55 LEY 8904/77)".-
En la ciudad de Mar del Plata, a los 02 días de febrero de 2017, habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación:
1. Dra. NELIDA ISABEL ZAMPINI y 2º) Dr. RICARDO DOMINGO MONTERISI, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "BARBIERI ANDRES C/ ASOCIACION CIVIL TRABAJADORES S/ FIJACION DE HONORARIOS EXTRAJUDICIALES (ART. 55 LEY 8904/77)".-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
Sentencia de Primera Instancia El Sr. Juez de Primera Instancia dicta sentencia a fs. 889/900, rechazando la demanda que persigue la determinación de honorarios por trabajos extrajudiciales, la cual fuera deducida por el Dr. Andrés Barbieri contra la Asociación Civil Trabajar y el Sr. Cesar Alfredo Trujillo, imponiendo las costas al actor, dada su condición de vencido. Asimismo procede a regular honorarios de los profesionales intervinientes por su actuación en estos actuados, integrándose a fs. 909 la fijación estipendial. Para así decidir, considera que la confección de pliegos y contratos a cambio de un precio en dinero consiste en un contrato de locación de obra, y entiende que el mismo no llegó a concluirse en el sub lite, dado que no ha superado la etapa de una oferta no receptada por los contratistas, por lo que concluye que el reclamo de determinación de honorarios no es viable.
Valora a tal efecto que la Asociación no contaba con fondos propios para la contratación profesional reclamada y que estos fondos que recibía del Instituto Provincial de la Vivienda estaban destinados a las empresas contratistas según el avance de las obras, teniendo como objeto el pago de materiales y mano de obra y no de honorarios profesionales, y así también pondera que la Asociación debía ser asesorada por el Instituto, que en los proyectos de contratos se consignó que el obligado al pago de los honorarios eran los contratistas y no la asociación y que estas cláusulas no figuran en los contratos suscriptos definitivamente, y es por ello que entiende que los contratistas no aceptaron la intervención del demandante y que la asociación no asumió en la declaración jurada el costo de la intervención del demandante.
Concluye en base a ello que la Asociación nunca se obligó al pago del precio de la obra y que no hay exceso del mandato por parte del co-demandado Trujillo, dado que ninguno de ellos resultaron obligados al pago del precio de la obra, en base a lo cual concluye que no pueden ser legitimados pasivos de esta acción.
Luego expone que igual solución cabe adoptar si se encuadra la relación como una locación de servicios, y además especifica que tampoco corresponde aceptar la acción con base en un enriquecimiento sin causa, en atención a que considera que ha sido un planteo tangencial, donde incluso no se han justificado los extremos que permitan su procedencia. (enriquecimiento de una parte y el empobrecimiento de la otra, relación de causalidad entre ambos, ausencia de una causa lícita que justifique el enriquecimiento de uno y el correlativo empobrecimiento del otro).
b. Recurso interpuesto por la parte actora Contra dicho pronunciamiento el actor interpone recurso de apelación a fs. 901, expresando agravios a fs. 941/948, con argumentos que merecieron réplica de los accionados a fs. 955-957.
c. Agravios de la parte actora Agravia a la parte actora la interpretación de la relación y los hechos que ha plasmado el a quo, y a tal efecto sostiene inicialmente que este último no repara en la diferencia entre la inexistencia de un contrato y la imposibilidad de oponer sus efectos a un tercero. Señala que lo determinante es el análisis de la relación jurídica que lo unió con la Asociación y el señor Trujillo, así como también saber si éstos le encomendaron tareas que se presumen onerosas y si fueron realizadas, no siendo determinante que se hayan obligado a su pago.
Luego afirma que ha probado el requerimiento de actividad profesional, en base a lo cual expresa que si alguien encargó trabajos que fueron satisfechos, es éste el obligado al pago, más allá que pueda haberse indicado que un tercero correría con el pago, e indica que la retribución de su desempeño está establecida en el decreto ley 8904/77, que resulta de orden público y no requiere acuerdo de partes para su existencia.
Arguye que mediante la declaración jurada firmada por el Presidente de la Asociación, se encuentra acreditado que los servicios profesionales fueron solicitados por éste, en ese carácter, y no actuando como intermediario entre otras partes, no viéndose ello alterado por cuestiones relativas al pago.
Afirma también que está acreditada la realización de la actividad profesional requerida, y detalla la prueba en que apoya sus dichos, y luego sostiene que surge como una derivación de ello el nacimiento del derecho a percibir los emolumentos por dicha tarea profesional.
Indica que la determinación de quien realizaría el pago no altera el carácter legal y/o contractual que obliga a la Asociación respecto al actor, y destaca el contenido de la declaración jurada acompañada, para justificar el acuerdo de partes respecto del trabajo profesional.
Con carácter subsidiario requiere que se admita el reclamo desde la óptica del enriquecimiento sin causa, y a tal efecto afirma que se lo ha privado de un bien al no abonársele su labor y que no existe causa lícita para el enriquecimiento correlativo de la otra parte.
Refiere que la onerosidad del trabajo profesional es irrenunciable y que cualquier manifestación en ese sentido debe ser apreciado con criterio restrictivo, y finalmente indica que se pretende afectar derechos adquiridos al no abonársele su desempeño profesional.
d. Sentencia de Segunda Instancia La Alzada dicta sentencia a fs. 980-983, estableciendo que nos encontramos ante una relación de naturaliza iusadministrativa, donde el proceso de selección del contratista y confección de los contratos fueron realizados en nombre del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires, por lo que entiende que los accionados carecen de legitimación pasiva. En base a ello confirma el decisorio recurrido, imponiendo las costas de la Instancia al apelante, dada su condición de vencido. e. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley agregado a fs. A fs. 993/1001 la parte actora interpone Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fuera respondido por los accionados a fs. 1019/1020. f. Sentencia de la Suprema Corte de Justicia Provincial obrante a fs. 1024/1041.
En el pronunciamiento obrante a fs. 1024/1041 el Máximo Tribunal de Justicia Provincial resuelve, por mayoría, hacer lugar al Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley interpuesto a fs. 993/1001 y, en consecuencia, revocar la sentencia impugnada, mandando las actuaciones a este Tribunal para que debidamente integrado dicte un nuevo pronunciamiento, determinando si medió labor profesional del actor, quién la encomendó y en su caso, probada la misma, se la justiprecie. Para así decidir, ha determinado que la relación jurídica o vínculo que denuncia el reclamante Andrés Barbieri con los accionados, en su condición de requirentes del asesoramiento de aquél, no revistió el carácter público, hallándonos en el campo propio del derecho privado.
Ha expuesto además que aún cuando la Asociación se haya desenvuelto en la ocasión por cuenta del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (fs. 24), ello no supone desconocer sin más la posibilidad de que el letrado desempeñara su gestión en directo beneficio de la entidad demandada.
En virtud de ello, ha determinado que debe valorarse si el profesional ha acreditado la efectiva prestación del servicio, y una vez demostrado tal extremo, corresponde fijar prudentemente los estipendios que se piden, atento a los intereses comprometidos, el mérito de la labor profesional apreciada por su calidad, eficacia y extensión; mientras que en caso contrario (es decir, no demostrada la realización del servicio o probado que el cometido respondió a la encomienda de persona distinta a los accionados) ningún reproche cabrá efectuarle a los demandados.
En base a los antecedentes descriptos, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S:
1. ¿Es justa la sentencia de fs. 889/900?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA. NÉLIDA ISABEL ZAMPINI DIJO:
I. Ingresando a dar respuesta a los agravios planteados, corresponde destacar liminarmente que nuestro máximo Tribunal Provincial ha determinado que la presente controversia se ubica en el campo del derecho privado, por lo que -en este estado- se encuentra fuera del debate que dentro de ese ámbito ha de resolverse esta instancia recursiva (v. en especial fs. 1032vta./1033).
Asimismo el Superior Tribunal ha dejado establecido el orden metodológico que corresponde adoptar en el presente resolutorio, pues ha remitido los autos a esta Instancia a los efectos que se “determine si medió labor profesional del actor, quién la encomendó y en su caso -probada la misma- se la justiprecie” (v. fs. 1033, del voto del Dr. Genoud, al que adhieran la mayoría), laborío que desarrollaré a continuación según el modo predispuesto en la instancia superior.
Para ello, debo aclarar que para el estudio de la constitución y/o extinción y/o efectos ya producidos -y en cuanto resulten materia de agravio-, me apoyaré en las normas del Código Civil [ley 340] y no el vigente Código Civil y Comercial de la República Argentina -ley 26.994- ya que éste no es de aplicación retroactiva (art. 7 del último cuerpo normativo citado; Kemelmajer de Carlucci, “El artículo 7 del Código Civil y Comercial y los expedientes en trámite en los que no existe sentencia firme”, La Ley, 22/04/2015, AR/DOC/1330/2015; Junyent Bas, Francisco A., “El derecho transitorio. A propósito del artículo 7 del Código Civil y Comercial”, La Ley, 27/04/2015, AR/DOC/1360/2015).
II)
Determinación de si ha mediado labor profesional del actor:
Adelanto que las constancias existentes en autos demuestran de manera clara que el actor de autos ha desplegado labor profesional en la operatoria de marras, por lo que el primer interrogante propuesto debe responderse de manera positiva. Para arribar a tal solución, comenzaré señalando que el término labor profesional comprende todo aquel quehacer profesional desplegado en defensa de los intereses del cliente, el cual puede vincularse a una consulta, asesoramiento, redacción de contratos o actas, ciertos diligenciamientos o bien una intervención en un expediente administrativo, entre otras posibilidades (v. Passarón-Pesaresi, “Honorarios Judiciales”, Ed. Astrea, T. 2, Bs. As. 2008, pág. 464; v. Juan Manuel Hitters - Silvina Cairo, “Honorarios de Abogados y Procuradores”, Ed. LexisNexis, Bs. As., 2007, pág. 617).
Siendo que en el sub lite se afirma que la aludida labor profesional ha sido desplegada fuera del ámbito judicial, corresponde aplicar al art. 55 de la ley arancelaria (decreto-ley 8904/77), el cual contempla el supuesto de regulación judicial de honorarios por labores extrajudiciales.
Dentro de este marco legal, le incumbe a cada parte acreditar los presupuestos de hecho de los cuales pretende derivar un efecto jurídico favorable a su posición, a cuyo fin, reconociendo el trato especial que se crea entre abogado y cliente, basado en la probidad y la franqueza, es lógico que a esos efectos y con un criterio “amplio y liberal” deba admitirse toda clase de prueba (incluyendo presunciones y testimonial, es decir, sin sujeción al art. 1193 del Cód. Civil), ya que la valoración debe ser efectuada con un “criterio realista”, pues -por las razones expuestas- es muy probable que dicha tarea pueda resultar una empresa dificultosa (conf. Passarón-Pesaresi, ob. cit., pág. 470).
Según tales lineamientos corresponde analizar el plexo probatorio producido, resultando a tal efecto ineludible acudir liminarmente a la declaración jurada glosada en copia certificada a fs. 58/9, cuya autenticidad material e ideológica no ha sido cuestionada (v. fs. 417/421 y 424/427; arts. 354 inc. 1, 375, 384, 385 y ss., 423 y ccdtes. del CPC), en donde el Sr. Alfredo Cesar Trujillo admite, en su calidad de Presidente de la Asociación demandada, que “fueron requeridos los servicios profesionales del Dr. Andrés Barbieri, para que asesore a las partes sobre los pasos administrativos y legales, redacte y confecciones los pliegos del concurso de precios, lleve adelante una auditoría jurídica del acto de selección y finalmente confeccione e instrumente los contratos con quienes resulten adjudicatarios de la obra” (sic). Asimismo ha especificado que “fue acordado con el profesional actuante que sus honorarios se fijarán de conformidad a la escala arancelaria y las pautas del artículo 16 y artículo 9 apartado 2do., parágrafo 9no de la ley 8904, y que el pago se efectivizará al momento de liquidarse el anticipo financiero por parte de las autoridades que financian el programa de viviendas, imputándose por parte de los adjudicatarios como un gasto resultante de la ejecución de obra” (sic), y que “posteriormente fue requerida la intervención del Dr. Andrés Barbieri para confeccionar los nuevos contratos de readecuación de precios o valores de obra. Estos instrumentos fueron redactados y protocolizados por el profesional actuante, habiéndose establecido que el pago de los honorarios profesionales sería de acuerdo a los plazos, modalidades y formas convenidas precedentemente” (sic). Como puede observarse, el mentado instrumento despeja toda controversia sobre el punto, pues es el propio Sr. Alfredo C. Trujillo (hoy co-demandado) quien, en su carácter de representante legal de la Asociación reconoce que el Dr. Andrés Barbieri ha desplegado actividad profesional en cumplimiento del encargo habido, el cual se ha efectuado en virtud del convenio firmado por la Asociación con el Instituto de la Vivienda Prov. en el marco del Programa “Dignidad” (art. 423 del CPC).
Pero no sólo ello permite tener por comprobada la existencia de trabajos profesionales efectuados por el Dr. Andrés Barbieri, sino que además existen variados elementos probatorios que en todos los casos se dirigen a igual determinación. En efecto, del pliego de bases y condiciones glosado en copia autenticada a fs. 20/45 emerge que se ha predispuesto asesoramiento profesional para los interesados, quienes han podido formular consultas hasta 48 hs. antes de la fecha prevista para el acto de apertura, fijándose a tal efecto las oficinas del Depto. Jurídico de la Asociación Civil Trabajar, ubicado en calle Carlos María de Alvear 2492 de este medio (v. clausula 4.1 obrante a fs. 26). Y este no resulta ser un dato menor, en atención a que en ese domicilio se ubica el estudio jurídico del Dr. Andrés Barbieri, conforme emerge de la constitución efectuada en autos por el nombrado (v. a modo de ejemplo fs. 148vta., 167, entre otros), y de la testimonial producida a fs. 873/4.
Concordante con lo anterior, se observa del acta de apertura de sobre nro. 2 (glosada a fs. 46/7) que el Dr. Andrés Barbieri ha intervenido en dicho acto en calidad de “asesor” de la asociación, y además puede advertirse que se fijó el estudio jurídico del nombrado (sito en calle Alvear nro. 2492 de esta ciudad) como lugar de suscripción del contrato. En iguales condiciones, no puede obviarse que el Dr. Barbieri ha intervenido en la protocolización de los contratos relacionados con la adecuación de los valores para la finalización de la construcción de las viviendas (v. copia autenticada de acta notarial obrante a fs. 61/76 y de facturas de fs. 60), todo lo cual confirma la solución que se viene pregonando (arts. 375, 384, 385 y ss. del CPC).
Luego, cabe valorar además la prueba testimonial producida, a través de la cual los testigos de fs. 826/8, 873/7, 877 y 879 corroboran que el Dr. Andrés Barbieri ha desplegado labores profesionales relacionadas con la contratación de empresas para la construcción de las viviendas correspondientes al programa “Dignidad”.
En tal sentido, el testigo Rubén Manuel Guridi (v. fs. 873/874), quien ha declarado estar contratado por la Asociación, expuso que el Dr. Barbieri “estuvo en la mesa de apertura de la licitación y después las consultas había que hacércelas a él” (respuesta a la interrogación segunda), declarando luego que el letrado nombrado estuvo en la apertura de sobres de ofertas “por la asociación trabajar” (respuesta a la interrogación tercera), y especificando que a los fines de evacuar las consultas jurídicas en relación a los términos y alcances de la contratación del Plan Dignidad “estaba puesto en el pliego la dirección del Dr. Barbieri creo que era Alvear y Gascón o Falucho…” (respuesta a la interrogación quinta). Ha detallado además que los contratos se firmaron en el estudio del hoy accionante (respuesta a la interrogación sexta) y que los contratos y sus modificaciones fueron coordinadas con el mismo (v. respuestas a las interrogaciones novena y décima). Por su parte, el deponente de fs. 877 (Sr. Andrés Croti, escribano contratado para labrar las actas del acto de apertura de ofertas; v. respuesta séptima), ha explicado que el Dr. Barbieri estuvo en la instrumentación del denominado Plan Dignidad y que intervino en el acto de apertura de sobres de ofertas en calidad de abogado de la asociación civil trabajar, asesorando a los presentes y a los oferentes (v. respuestas a las interrogaciones segunda, tercera, cuarta y décimo primera), agregando luego que las consultas jurídicas relacionadas con el Plan debían realizarse en el estudio del Dr. Barbieri (respuesta a la interrogación quinta), que los contratos los confeccionó el nombrado y que este último contrató los servicios profesionales del declarante (respuesta séptima).
Así también, el testigo Gastón Chicatun, quien ha declarado a fs. 879 que trabaja como contador para la Asociación demandada y que es yerno del Sr. Trujillo (respuesta primera), ha referido que el Dr. Barbieri intervino como abogado en la instrumentación del Plan Dignidad (respuesta segunda) y que en tal carácter participó en el acto de apertura de sobres de ofertas (respuesta tercera), y ha agregado asimismo que supone que los contratos con las empresas fueron adaptados por el hoy accionante (respuesta cuarta) y que éste cumplía funciones de abogado en la Asociación demandada (respuesta décimo primera).
Incluso los propios integrantes de la Asociación demandada admiten que el Dr. Barbieri ha desplegado tareas profesionales en la operatoria en cuestión, lo cual puede observarse a partir de la declaración producida a fs. 826, en donde el testigo Mauricio Lacuadra refiere que “se dio como una circunstancia natural que el Dr. Barbieri en este caso nos acercara algún tipo de asesoramiento e incluso se utilizó su estudio para algunas reuniones” (respuesta a la repregunta quinta), agregando luego -al ser preguntado por el lugar donde se firmaron los contratos- que “Posiblemente se hallan firmado en el estudio del Dr. Barbieri por las circunstancias descriptas anteriormente” (respuesta a la repregunta séptima). Como puede advertirse, si bien en las declaraciones ut supra transcriptas se observan ciertas discrepancias en orden a los alcances de la labor -en tanto algunos limitan su accionar a las tareas de asesoramiento y consultas, mientras que otros incluyen la confección y o adecuación de los contratos-, no puede desconocerse que en todos los casos los testigos afirman que han existido tareas profesionales desarrolladas por el accionante.
Así pues y en definitiva, luego de valorar los elementos probatorios existentes en la causa, según las reglas de la sana crítica (art. 384 del CPC), considero que ha quedado plenamente demostrado que el letrado accionante ha intervenido en la operatoria de referencia, desplegando tareas profesionales, por lo que cabe concluir que se encuentra dilucidado el primer interrogante propuesto por la Suprema Corte de Justicia provincial (arts Decreto-Ley 8904/77; arts. 499, 1627 y ccdtes. del CC). Sentado ello, se encuentra allanado el camino para abordar el segundo punto de análisis propuesto (esto es, determinar quién ha encomendado la labor profesional desplegada), laborío que desarrollaré en el acápite subsiguiente.
III)
Determinación de quién encomendó la labor profesional:
En este aspecto, debo nuevamente acudir a la declaración jurada de la que da cuenta el instrumento glosado a fs. 58, en tanto allí el representante legal de la Asociación Civil Trabajar admite que este última fue quien requirió los servicios profesionales que ha desarrollado el Dr. Andrés Barbieri.
También tengo en cuenta en este apartado el pliego de bases y condiciones glosado en copia autenticada a fs. 20/45, pues conforme se especificara ut supra, se observa que la Asociación ha estipulado asesoramiento para los interesados, fijando a tal efecto el estudio del Dr. Barbieri como departamento jurídico de la entidad. En iguales condiciones, cabe destacar que en los actos de apertura de sobre el Dr. Andrés Barbieri ha sido presentado como “asesor” de la Asociación (v. 46/7), estableciéndose incluso que la firma del contrato se realizaría en calle Alvear 2492 de este medio, lugar de ubicación del estudio jurídico del accionante.
A igual destino se arriba luego de analizar la prueba testimonial producida y que fuera delineada en el acápite precedente (v. fs. 826/8, 873/7, 877 y 879), pues de las citas textuales ut supra efectuadas surge que el Dr. Barbieri ha actuado por encargo de la Asociación demandada.
Así pues, considero que las probanzas de mención han clareado la realidad habida, en tanto las mismas me convencen de que los servicios profesionales prestados por el Dr. Andrés Barbieri han sido encomendados por la Asociación, habiendo actuado el letrado en beneficio de esta última.
En base a ello, se impone concluir que la Asociación resulta obligada al pago de los estipendios a determinarse, dado que los honorarios por las labores extrajudiciales desarrolladas por un letrado deben ser abonadas por el cliente en cuyo beneficio se efectuaron (argto. doct. Juan Manuel Hitters – Silvina Cairo “Honorarios de abogados y procuradores”, 1era. edición, Ed. Lexis Nexis, Bs. As., 2007, pág. 619; CC0103, MP, causa 149.690, RSD-250-14, 28/11/2014, in re “Scarímbolo, Fernando Martin c/ San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros Generales s/ Fijación de honorarios extrajudiciales”). De allí que me permito disentir de la decisión volcada por el Juez de grado, en tanto éste ha desligado a la Asociación de la relación profesional-cliente, dirigiendo el foco de atención hacia los contratistas e interpretando que la contratación no superó la etapa de una oferta de locación de servicio y/o de obra no aceptada por estos últimos. Es que en el sub lite no se presenta el supuesto de oferta no aceptada -que se configuraría ante una proposición unilateral de contratación no adherida por el destinatario-, dado que medió un encargo por parte de la Asociación y trabajos profesionales efectivizados en su consecuencia (arts. 1, 10, 55 y ccdtes. del Dec.-Ley 8904/77, art. 1627 del Cód. Civil).
No obsta a tal inteligencia que -tal como advirtió el a quo-, se ha preestablecido en el convenio que el Instituto y la Municipalidad brindarían apoyo técnico, administrativo y legal a la Asociación (v. artículo 12° del convenio). Es que si esta última contrató los servicios del Dr. Barbieri, aún teniendo asesoramiento del Instituto, será a todo evento reprochable a los que han decidido tal contratación, pero en modo alguno puede ser ello utilizado para desligarse de un encargo profesional que ha sido efectuado por la Asociación y en beneficio de esta última.
Tampoco incide en lo expuesto que la Asociación tenga o no fondos propios, o que haya trasladado la remuneración a terceros (contratistas) o estipulado su pago a través con fondos destinados al anticipo financiero de estas últimas, pues ello no incide en la responsabilidad legal emergente de la ley arancelaria. Es que amén de la modalidad de pago acordada, existe una responsabilidad legal del beneficio de los trabajos profesionales por los estipendios que se fijen en su consecuencia, lo que ha sido plasmado por el legislador en los arts. 17 y 58 de la ley arancelaria local, hallándose ello conteste con el régimen reglado por el art. 1627 del CC (arts. 1, 10, 17, 58 y ccdtes. del Decreto-Ley 8904/77; arts. 1627 y ccdtes. del CC).
He de dejar establecido, además, que no puede considerarse a la Asociación como un mero intermediario entre el letrado y el Instituto, en tanto -como explicara- las probanzas rendidas demuestran plenamente que los servicios profesionales han sido contratados por la primera en su propio derecho y beneficio, a los fines de cumplimentar funciones asignadas a la entidad relacionadas al Plan Dignidad. Cabe señalar que nuestro máximo Tribunal provincial ha admitido esta línea de interpretación en el decisorio volcado en la instancia extraordinaria, en tanto ha remarcado que “aún cuando la Asociación se haya desenvuelto en la ocasión por cuenta del Instituto de la Vivienda de la Provincia de Buenos Aires (fs. 24), ello no supone desconocer sin más la posibilidad de que el letrado desempeñara su gestión en directo beneficio de la entidad demandada…” (textual; v. fs. 1031vta.). En definitiva, las pruebas producidas han permitido determinar que las tareas profesionales han sido encomendadas por la Asociación demandada y en su propio beneficio, debiendo -por ende- responder dicha entidad por los estipendios que se fijen en su consecuencia, según lo hasta aquí argumentado (arts, 1, 10, 58 y ccdtes. del Decreto-Ley 8904/77 y art. 1627 del CC).
Distinta solución ha de brindarse en relación a la acción impetrada contra el Sr. Cesar Alfredo Trujillo, pues se impone confirmar la parcela del decisorio recurrido que ha admitido su falta de legitimación pasiva, aunque por distintos fundamentos (art. 345 inc. 3 del CPC).
Ello es así, dado no existen elementos que permitan interpretar que el nombrado actuó fuera del ámbito de sus funciones como Presidente de la Asociación Civil Trabajar (arts. 34, 40 y ccdtes. del CC; v. a tal efecto acta de designación de autoridades glosada a fs. 403/4, estatuto agregado a fs. 406/415 y acta de Asamblea de aprobación de gestión y autorización obrante a fs. 609vta./610). Tampoco puede entenderse que el nombrado haya actuado como gestor de negocios, ni que se apliquen las normas de empleo útil o enriquecimiento sin causa, como ha pretendido el accionante, dado que -conforme lo ut supra expuesto- ha mediado encargo de los trabajos profesionales por parte de la Asociación, quien además se ha beneficiado con la labor, en tanto le ha permitido desarrollar las funciones asignadas por convenio (art. 2305 a contrario y arts. 2306/2310 del CC).
Así pues y en virtud de estas apreciaciones, se ha dilucidado el segundo interrogante propuesto por la Suprema Corte de Justicia provincial, por lo que corresponde ingresar al tercer punto de análisis, que consiste en la justipreciación económica de los trabajos efectuados.
IV)
Justipreciación de las tareas profesionales efectuadas:
Nuevamente en este punto es menester acudir inicialmente al contenido de la declaración jurada glosada a fs. 58, pues a través de la misma el Presidente de la Asociación claramente señala -con el carácter de confesión extrajudicial (art. 423 del CPC)- las tareas profesionales encomendadas y efectuadas por el Dr. Andrés Barbieri, dado que ha especificado que fue requerido “...para que asesore a las partes sobre los pasos administrativos y legales, redacte y confecciones los pliegos del concurso de precios, lleve adelante una auditoría jurídica del acto de selección y finalmente confeccione e instrumente los contratos con quienes resulten adjudicatarios de la obra” (sic; v. fs. 58), agregando luego que “posteriormente fue requerida la intervención del Dr. Andrés Barbieri para confeccionar los nuevos contratos de readecuación de precios o valores de obra. Estos instrumentos fueron redactados y protocolizados por el profesional actuante…” (sic; v. fs. 58vta.).
Conjugado con lo anterior, extraigo del intercambio de comunicaciones electrónicas de las que dan cuenta las constancias glosadas en copia a fs. 8/19 que el hoy accionante ha intervenido en las negociaciones previas a la contratación, mientras que del pliego de bases y condiciones glosado en copia autenticada a fs. 20/45 emerge que el Dr. Barbieri ha asesorado profesionalmente a los interesados en la contratación, utilizando a tal efecto su estudio jurídico, sito en calle Carlos María de Alvear 2492 de este medio (v. claúsula 4.1 obrante a fs. 26 y lo ya argumentado en el acápite II en relación a este elemento de valoración).
También resulta conducente sopesar aquí la prueba testimonial, en atención a que el deponente de fs. 826/8 (Sr. Mauricio Lacuadra, integrante de la Asociación demandada) reconoce que el Dr. Barbieri le brindó a la mentada entidad “algún tipo de asesoramiento” y que incluso se utilizó su estudio para algunas reuniones (repregunta a la ampliación quinta) y además ha declarado que posiblemente los contratos con las empresas adjudicatarias se hallan firmado en el estudio del nombrado (respuesta séptima de las ampliaciones). No obstante ello, ha especificado que los pliegos de bases y condiciones y los contratos los provee el Instituto Provincial de la Vivienda, quien tiene asesoría legal jurídica que supervisa la tramitación, y que dichos instrumentos se adaptan a cada lugar (respuestas sexta y ampliación quinta).
Con iguales alcances han declarado los testigos Pablo O. Roda y Gastón Chicatún a fs. 831/833 y 879, en tanto el primero ha expuesto que “los pliegos esos vienen del instituto de la vivienda que es un pliego madre que lo pueden usar las entidades, los contratos es una copia del pliego lo marca el Instituto de la Viviendas, la entidad se supone que lo redactó” (respuesta sexta), mientras que el segundo ha declarado que los pliegos “eran modelos que se adaptaron a los contratos con las empresas, supongo que los redacto el instituto de la provincia, los adaptó el Dr. Barbieri” (respuesta cuarta).
Por su parte, los testigos que han depuesto a fs. 873/874 y 877 (Sres. Ruben Manuel Guridi y Andrés Croti respectivamente) describen las labores desplegadas por el Dr. Barbieri, en tanto ha manifestado que el nombrado estuvo en la mesa de apertura de licitación, intervino en las tratativas a la confección definitiva de los contratos, brindaba asesoramiento, utilizándose además su estudio jurídico para la firma de contratos. No puede obviarse además que ha intervenido en la protocolización de los contratos de adecuación de precios (conf. surge de las actas notariales no negadas obrantes a fs. 61/70 y 71/76 y de las facturas glosadas a fs. 60), y así también que participó en calidad de asesor de la Asociación en el acto de apertura de sobre nro. 2, fijándose allí su estudio jurídico como lugar de suscripción del contrato. (v. acta glosada a fs. 46/7; arts. 354 inc. 1, 375, 384, 385 y ss. y ccdtes. del CPC). Las pruebas descriptas demuestran que el Dr. Barbieri ha intervenido en la instrumentación de los pliegos del concurso de precios, contratos y su readecuación, desplegado tareas de asesoramiento, auditando el acto de selección e interviniendo además en la protocolización de estos últimos.
En cuanto a los referidos pliegos, contratos y readecuaciones, se evidencia que los testimonios producidos demuestran que la actividad del letrado se ha limitado a la adaptación de modelos tipo provistos por el Instituto de la Vivienda Provincial, lo que sin dudas tiene incidencia directa en la determinación del quantum de honorarios a establecerse.
Ahora bien, en este punto, en donde se ha determinado la naturaleza y extensión de las tareas desplegadas por el accionante, corresponde proceder a su valuación económica.
En tal sentido, resultan contestes la ley arancelaria local (art. 55 del Decreto-Ley 8904/77) y lo acordado oportunamente por las partes (conf. emerge de la ya aludida declaración jurada), dado que en ambos casos remiten a los efectos de la determinación judicial de los honorarios por trabajos extrajudiciales a los arts. 9 y 16 del citado cuerpo legal. El primer precepto conteniendo una tarifación de los honorarios mínimos y el segundo tomando pautas como el valor, motivo y calidad jurídica de la labor desarrollada, trascendencia económica y moral para el interesado y resultado obtenido.
Puede decirse en tal sentido que el valor del asunto constituye la base regulatoria, y de allí que en el sub lite ésta debe ser equivalente al monto de la contratación habida, pues allí se ubica el interés comprometido por la actuación profesional (v. Passarón-Pesaresi, ob. cit, pág. 471).
Así pues, a los fines de determinar el valor del negocio habido y -por endeel valor computable como base estipendial, corresponde advertir que la contratación inicial se ha efectuado por un valor total de $ 19.701.442,32 (v. 2 del expte. administrativo aportado en calidad de prueba instrumental, identificado con el nro. 2416-12734/03 Alcance nro. 9), habiéndose luego instrumentado nuevos contratos, adecuándose su valor hasta la cantidad total de $ 32.406.862 (conf. emerge de la protocolización de contratos de las que dan cuenta las constancias obrantes a fs. 60/76). En tal sentido, considero que el interés comprometido de la actuación profesional radica en la sumatoria de ambas contrataciones ($ 52.108.304,32), debiéndose valorar además que con tales alcances ha sido instaurada la pretensión (v. punto IV de la demanda, obrante a fs. 363/363vta), no habiendo -en contrapartida- la parte contraria rebatido este punto del reclamo.
En base a ello, juzgo que dicha cantidad ($ 52.108.304,32) es la que debe adoptarse como base para determinar los honorarios profesionales por la totalidad de las tareas desplegadas por el Dr. Barbieri, es decir, por las tareas de adecuación de pliegos y de contratos, negociaciones, auditorías en actos, asesoramiento, reuniones, tratativas, etc.
Debo aclarar a tal efecto que corresponde efectuar una única determinación comprensiva de la totalidad de los trabajos, pues la inescindibilidad que media entre todas esas gestiones y tratativas llevadas a cabo por el profesional conllevan a que no deban ser apreciados los contratos en modo aislado al de ese conjunto de actividades, desde que ello importaría instaurar una multiplicidad de bases y de honorarios, respecto de una tarea que debe ser valorada en su totalidad y con un único objeto, interés y resultado.
Ahora bien, habiéndose determinado en este acápite la naturaleza y extensión de las tareas profesionales desarrolladas, así como también la base regulatoria que resulta de aplicación, resta sólo establecer el quantum estipendial.
A tal efecto, la ley arancelaria no prevé porcentajes sobre la base, dejando librado al prudente arbitrio judicial la regulación, según los patrones mínimos del art. 9° y las disposiciones de carácter general contenidas en el art. 16 de la ley de honorarios profesionales.
En tal sentido, siendo que este acápite debe resolverse tomando las pautas que brindan los arts. 9, 16 y 55 del Decreto-Ley 8904/77, procedo a valorar la naturaleza y la complejidad del asunto, así como también su calidad, eficacia, extensión -todo lo cual ha sido delineado párrafos atrás-, y de allí que entiendo razonable y prudente fijar los estipendios profesionales del Dr. Andrés Barbieri por las tareas realizadas en beneficio de la Asociación Civil Trabajar en la operatoria analizada en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 781.624), sujetos a los respectivos aportes de ley e ingresos brutos (art. 21 ley 6.716 t.o.; arts. 9, 16, 55 y ccdtes. de la ley 8904, 1627 y ccdtes. del Cód. Civil).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO DOMINGO MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DRA. NÉLIDA ISABEL ZAMPINI DIJO:
Corresponde: I) Revocar la parcela del decisorio de fs. 889/900 que rechaza la acción de determinación de honorarios extrajudiciales impetrada por Dr. Andrés Barbieri contra la Asociación Civil Trabajar y regula estipendios a los profesionales aquí intervinientes y, por el contrario, admitir dicha demanda, fijándose en consecuencia los estipendios profesionales del primero por las tareas realizadas en beneficio de la segunda en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 781.624), sujetos a los respectivos aportes de ley e ingresos; imponiendo las costas de ambas instancias a la Asociación Civil Trabajar, dada su condición de vencida (arts 68 y 274 del CPC). II) Confirmar por los fundamentos aquí expuestos la parcela del decisorio dictado a fs. 889/900 que admite la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado César Alfredo Trujillo y que consecuentemente rechaza la acción impetrada en su contra e impone las costas al accionante, imponiéndose las costas de esta instancia a este último dada su condición de vencido (arts 68 y 274 del CPC). III) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904).
ASÍ LO VOTO.
EL SEÑOR JUEZ DR. RICARDO DOMINGO MONTERISI VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
En consecuencia se dicta la siguiente:
S E N T E N C I A.
Por los fundamentos dados en el precedente acuerdo: I) Se revoca la parcela del decisorio de fs. 889/900 que rechaza la acción de determinación de honorarios extrajudiciales impetrada por Dr. Andrés Barbieri contra la Asociación Civil Trabajar y regula estipendios a los profesionales aquí intervinientes, admitiéndose por el contrario dicha demanda, fijándose en consecuencia los estipendios profesionales del primero por las tareas realizadas en beneficio de la segunda en la suma de PESOS SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO ($ 781.624), sujetos a los respectivos aportes de ley e ingresos; imponiéndose las costas de ambas instancias a la Asociación Civil Trabajar, dada su condición de vencida (arts 68 y 274 del CPC). II) Se confirma por los fundamentos aquí expuestos la parcela del decisorio dictado a fs. 889/900 que admite la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado César Alfredo Trujillo y que consecuentemente rechaza la acción impetrada en su contra e impone las costas al accionante, imponiéndose las costas de esta instancia a este último dada su condición de vencido (arts 68 y 274 del CPC). III) Se difiere la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 de la ley 8904). Notifíquese personalmente o por cédula y con transcripción del art. 54 del Decreto-Ley 8904/77 (art. 135 inc. 12 del CPC). Devuélvase.-
NÉLIDA I. ZAMPINI RICARDO D. MONTERISI JOSÉ GUTIÉRREZ
- Secretario-
Fin de la sentencia