Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa EX-2023-29534383-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar a la prescripción planteada por la apelante, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2024-28971943-APN-VOCVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Marzo de 2024
En el día de la fecha, se reunen los miembros de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudio Esteban Luis (Vocal Titular de la 8° Nominación) y Viviana Marmillon (Vocal Titular de la 7° Nominación), para resolver el expediente EX-2023-29534383-APN-SGAI#TFN, caratulado: “BARBUTH SIMONA s/ recurso de apelación”:
El Dr. Luis dijo:
I. Que mediante RE-2023-29529729-APN-SGAI#TFN se interpuso recurso de apelación contra la Res. 17/2023 que aplicó una multa equivalente a 3 veces el Impuesto sobre los Bienes Personales (en adelante ISBP) defraudado por el período fiscal 2006 (cfrme. arts. 46 y 47, incs. “a” y “c”, ley 11.683).
La actora opuso la excepción de prescripción de las facultades del fisco para aplicar y exigir la multa apelada. Sostuvo la inaplicabilidad de la suspensión por el término de un año del curso corrido de la prescripción dispuesta por los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860, ya que, a su entender, en este último caso, la suspensión sólo alcanzó a aquellos sujetos que adhirieron al régimen que estableció.
Manifestó que agregarle a las suspensiones ya contenidas en la ley 11.683 las contempladas en las leyes especiales, implicaría ejercer una facultad persecutoria y contraria al principio de razonabilidad. Finalmente, en virtud de los argumentos de hecho y derecho que expuso, ofreció prueba y solicitó que se haga lugar al recurso interpuesto, con costas.
II. Que a través del IF-2023-64006747-APN-DTD#JGM el fisco contestó el traslado del recurso, solicitó que se rechace la prescripción interpuesta y oportunamente se dicte sentencia confirmando el acto apelado, con costas.
III. Que mediante PV-2024-23700198-APN-VOCVIII#TFN se elevaron las actuaciones a la Sala “C” y mediante IF-2024-24379057-APN-VOCVIII#TFN se llamaron autos para dictar sentencia.
IV. Que la ley 11.683 dispone que las acciones y poderes del fisco para aplicar y hacer efectivas las multas y clausuras en ella previstas, prescriben por el transcurso de cinco (5) años en el caso de contribuyentes inscriptos y que su término comenzará a correr desde el 1º de enero del año siguiente en que haya cometido la infracción, es decir, que haya tenido lugar la violación de los deberes formales o materiales legalmente considerada como hecho u omisión punible (cfme. arts. 56 y 58 de la ley citada).
Ello así, el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2008, debiendo analizarse si -tal como lo pretende el ente fiscal- corresponde la aplicación de las leyes 26.476 (BO 24/12/2008) y 26.860 (3/6/2013), que dispusieron en sus arts. 44 y 17, respectivamente, la suspensión por el término de un año de la acción para determinar o exigir el pago de los tributos y para aplicar las multas con relación a los mismos y si resultan aplicables -tal como también lo sostiene el fisco- las causales del último párrafo del art. 65 -y del artículo agregado a su continuaciónde la ley 11.683.
V. Que en relación a la aplicación de las causales suspensivas introducidas por los arts. 44 de la ley 26.476 y 17 de la ley 26.860 debo adelantar que no corresponde su aplicación, como lo pretende el fisco.
Ello, porque en estas actuaciones se discute la aplicación de una sanción de naturaleza penal -por defraudación (cfme. arts. 46 y 47, incs. “a” y “c”, ley 11.683)-, y por ende, corresponde recordar que el derecho penal tributario se conforma: a) con el derecho penal infraccional –con las figuras punitivas previstas en la ley 11.683- y b) el derecho penal delictual –con las figuras del actual régimen penal tributario creado por el art. 279 de la ley 27.430- , aplicándose, respecto de ambos, no sólo la garantía consagrada en el art. 18 de la Constitución Nacional (CN), sino también los principios propios del derecho penal y, por ende, aquél que veda la aplicación retroactiva de la ley penal más gravosa. Sobre la naturaleza “penal” de las infracciones tributarias –y más allá de la vasta doctrina y jurisprudencia existente sobre la materia- es inveterada y pacífica la doctrina de la CSJN desde el precedente de Fallos 271:297.
Entendido ello, resulta palmariamente violatorio de nuestra Constitución, cualquier intento de aplicar una norma - aún legal- que resulte más gravosa para el imputado (infractor); tal como claramente lo expuso la Corte en el precedente “Guillermo Mirás SACIF” (Fallos 287:76), al señalar que “...la aplicación en este caso del decretoley 17.074/66 [que suspendió el curso corrido de la prescripción del art. 122 1° párrafo de la entonces vigente Ley de Aduana] importaría juzgarlo por una norma posterior más gravosa, con transgresión del principio constitucional que impide tal retroactividad (art. 18 de la Constitución Nacional) y del principio general del art. 2° del Código Penal, aplicable en materia aduanera..”.
Asimismo, sostuvo que “...es jurisprudencia de esta Corte que esta garantía comprende la exclusión de disposiciones penales posteriores al hecho infractor -leyes ex post facto- que impliquen empeorar las condiciones de los encausados, según ha quedado establecido como una invariable doctrina (Fallos: 17:22; 31:82; 117:22; 48 y 222; 133:216; 140:34; 156:48; 160:114; 169:309; 184:531; 197:569; 254:116, consid. 19°)”, aclarando que “...el instituto de la prescripción cabe sin duda alguna en el concepto de “ley penal”, desde que ésta comprende no sólo el precepto, la sanción, la noción del delito y la culpabilidad, sino todo el complejo de las disposiciones ordenadoras del régimen de extinción de la pretensión punitiva”.
El precedente invocado, guarda estricta similitud de hechos con el aquí analizado, y el criterio allí expuesto -que comparto- resulta plenamente aplicable en autos, concluyéndose que no resultan aplicables las suspensiones dispuestas tanto por el art. 44 de la ley 26.476 como por el art. 17 de la ley 26.860 por violar la garantía consagrada en el art. 18 de la CN, en los términos expuestos por la Corte.
Ello así, y teniendo en cuenta que el plazo de prescripción comenzó a correr el 01/01/2008, las acciones y poderes del fisco para aplicar la sanción apelada prescribieron el 01/01/2013, mucho tiempo antes de que el fisco formule la denuncia penal (26/11/2014), o se notifique la instrucción del sumario de autos (9/12/2014) -tal como surge de la propia resolución apelada-, por lo que corresponde hacer lugar a la prescripción opuesta por la recurrente, con costas.
Por la forma en la que se resuelve, deviene inoficioso analizar los restantes agravios planteados por el fisco, relativos a las causales de suspensión contempladas en los arts. 65 y su agregado sin número, de la ley 11.683. La Dra. Marmillon dijo:
Que adhiero en lo sustancial al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
Hacer lugar a la prescripción planteada por la apelante, con costas.
Se deja constancia de que este pronunciamiento se dicta con el voto coincidente de dos Vocales Titulares de la Sala “C”, conforme a lo previsto por el artículo 184 de la ley 11.683, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9° Nominación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2024.03.15 16:01:51 -03:00 Date: 2024.03.19 15:27:16 -03:00 Viviana Marmillon Claudio Esteban Luis Vocal Vocal Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.19 15:27:16 -03:00
Fin de la sentencia