Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mercedes, Sala I · Causa SI-123132
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaQue en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada parcialmente POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1∞.- Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto tiene por aprobadas totalmente las cuentas rendidas por la demandada a fs. 894/1907.
2∞.- Imponer las costas de la segunda etapa del juicio, en ambas instancias a la demandada, por los puntos por los que prosperÛ la impugnaciÛn.
3∞.- Confirmar lo dem·s que la sentencia decide.
SI - 123132 - BARBUTO PABLO ARMANDO Y OTROS C/ M Y N FIDUCIARIA S.A. S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO)
Expte: SI-123132 Juzgado de origen: Juzg Civ y Com N∞ 9 Dptal Juicio: BARBUTO PABLO ARMANDO Y OTROS C/ M Y N FIDUCIARIA S.A. S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM. ORDINARIO)
En la ciudad de Mercedes, Provincia de Buenos Aires, en la fecha de la firma digital (Ac. 3971 de la Excma. SCBA) se re˙nen en Acuerdo telem·tico continuo los seÒores Jueces de la Sala I de la C·mara de ApelaciÛn en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mercedes, Dres. EMILIO ARMANDO IBARLUCIA Y GABRIELA ANDREA ROSSELLO, (designada por decreto del Poder Ejecutivo Provincial nro. 1709 del 29/07/25 y Ac. extraordinario de esta C·mara del 19/09/25), con la intervenciÛn del Funcionario Letrado actuante, para dictar sentencia en el Expte. N∫ SI- 123132 , en los autos: “BARBUTO PABLO ARMANDO Y OTROS C/ M Y N FIDUCIARIA S.A. S/ RENDICION DE CUENTAS (TRAM.
ORDINARIO)”.
La C·mara resolviÛ votar las siguientes cuestiones esenciales de acuerdo con los arts. 168 de la ConstituciÛn Provincial y 266 del C.P.C.C..
1™) øEs justa la sentencia apelada?
2™) øQuÈ pronunciamiento corresponde dictar?
Practicado el sorteo de ley dio el siguiente resultado para la votaciÛn: Dres. Emilio Armando IbarlucÌa y Gabriela Andrea Rossello.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
I. La sentencia de fecha 10/06/25 es apelada por la parte actora, que expresa agravios el 8/07/25, los que son contestados el 12/08/25-
II. Antecedentes.
1. El Dr. Mauricio AndrÈs Vitale, en representaciÛn de Pablo Armando Barbuto, Karina Angela Fabiano, Florencia Masci, Diego MartÌn Deccico, HÈctor Germ·n CairÛ, Claudio Daniel Collados, Jimena Sol Verd˙, DarÌo Javier Mollo, Humberto Zucchini, Julieta Cogorno, Julieta SofÌa Verdu y Alicia Beatriz Gonz·lez, promoviÛ demanda contra M y N Fiduciaria S.A. por rendiciÛn de cuentas.
Dijo que la empresa demandada fue constituida en 2006 e inscripta el 13 de marzo de ese aÒo en el libro de sociedades anÛnimas, siendo su objeto social el ejercicio de representaciones o mandatos fiduciarios, en particular de administraciÛn, en garantÌa o financieros, de conformidad con la legislaciÛn general y la ley 24.441. SiguiÛ diciendo que, en tal car·cter, se constituyó en fiduciaria del “Fideicomiso Ordinario, Privado, Inmobiliario y de Administración Club de Campo La Elina”, suscripto el 5/09/2008, con firmas certificadas, formando parte de un fideicomiso mayor conocido como “Comarcas de Luján”, conglomerado de barrios cerrados o clubes de campo (entre ellos “La Elina”), cada uno con caracterÌsticas distintas, sobre un total de 550 hect·reas ubicadas en el partido de Luj·n.
ManifestÛ que sus mandantes adhirieron al fideicomiso con posterioridad mediante contrato de adhesiÛn - fiduciantes Clase B – con el fin de obtener la asignaciÛn de lotes (identificados provisoriamente), encuadr·ndose la relaciÛn contractual en la ley 24.441 y el C.C., y, en cuanto al desarrollo inmobiliario, en el decreto ley 8.912/77, reglamentario del uso del suelo en la provincia, y en el decreto 9.484/86, regulatorio de los clubes de campo. ExpresÛ que la fiduciaria incumpliÛ al no finalizar a tiempo las obras y no haber subdividido el barrio. Dijo que el plazo para ello era de 4 aÒos desde la constituciÛn del fideicomiso, que habÌan transcurrido 7 aÒos a la fecha de la demanda sin que la demandada hubiera respondido a los reclamos. Dijo que la accionada habÌa asumido el rol de administradora de los gastos comunes del fideicomiso.
DescribiÛ que las obligaciones del fiduciario eran: la recaudaciÛn de fondos para el desarrollo del barrio y su infraestructura, mediante la venta de lotes y el ingreso de aportes fideicomitidos, la subdivisiÛn del campo de acuerdo al decr. ley 8.912/77 y el dec. 9.484/86, la escrituraciÛn y adjudicaciÛn de los lotes a los beneficiarios y la entrega de los bienes remanentes al fideicomisario.
Dijo cu·l era el destino de los aportes de los fiduciantes y del producido de las ventas, y las obligaciones del fiduciario. Especialmente se refiriÛ a la obligaciÛn de rendir cuentas a los beneficiarios y fiduciantes, quienes se hallaban habilitados a pedir aclaraciones. DescribiÛ quÈ comprendÌa la rendiciÛn de cuentas, la que debÌa realizarse por semestre calendario.
ContinuÛ narrando que, ante la omisiÛn de rendir cuentas, sus mandantes intimaron al fiduciario para que lo hiciera en el tÈrmino de diez dÌas detallando una serie de puntos, constituyÈndolo en mora por no haberlo hecho desde la adhesiÛn al fideicomiso, y tambiÈn a hacerlo respecto de la administraciÛn del barrio.
Dijo que el sr. Alfonso Naveira, en nombre de la demandada, enviÛ a algunos fiduciantes cartas documento y a otros correos electrÛnicos, donde puso a disposiciÛn cierta informaciÛn, negÛ otras con distintas excusas, y reconociÛ hallarse en mora respecto de las obras que debÌa realizar. ExpresÛ que la fiduciaria se negÛ a rendir cuentas acerca de los fondos del fideicomiso, negando el derecho de los beneficiarios a que se les exhibieran los extractos bancarios de la cuenta del fideicomiso. SeÒalÛ que la fiduciaria intentÛ, mediante la respuesta, mutar la naturaleza del contrato, diciendo que era un “fideicomiso a precio fijo”, y que lo que unía a los fiduciantes beneficiarios no era un contrato de fideicomiso sino una “transacción”, y que la carta documento no implicaba constituciÛn en mora.
Luego de algunas consideraciones sobre la naturaleza del contrato y el objeto del pleito, pidiÛ que, admitida la obligaciÛn de rendir cuentas, se incluyeran una serie de obligaciones, que enumerÛ detalladamente.
2. ContestÛ la demanda el Dr. Pablo MartÌn Buela en nombre de M Y N Fiduciaria S.A., y planteÛ la extemporaneidad del pedido de rendiciÛn de cuentas, conforme al contrato, por no haber sido observados los informes mensuales dentro del plazo de treinta dÌas.
A continuaciÛn contestÛ la acciÛn, negando la totalidad de los hechos expuestos, excepto alguna documentaciÛn. NegÛ la demora en la realizaciÛn de las obras. TranscribiÛ la CD con la que contestÛ a los actores, NegÛ haber dicho que se trataba de un fideicomiso a precio fijo o de una transacciÛn en lugar de un contrato de adhesiÛn. NegÛ incumplimientos. Dijo que el sr. Barbuto vivÌa en el barrio y que las obras de infraestructura se terminaron en el tÈrmino razonablemente previsto, y que la demora posterior de la subdivisiÛn se debÌa a la lentitud de los tr·mites ante los entes de control. AlegÛ que no tenÌan derecho los actores a pedir rendiciÛn de cuentas sobre hechos ajenos al fideicomiso y que lo pretendido no se ajustaba a los intereses de los fiduciantes clase B. Posteriormente, adjuntÛ documentaciÛn diciendo que resultaba precisa acerca del estado del fideicomiso, y dijo que surgÌa de la misma que los actores tenÌan conocimiento de lo que pedÌan, lo que se les habÌa informado mensualmente y por CD. En su caso, pidiÛ que se designara perito contador.
3. Se ordenÛ traslado de la documentaciÛn a la actora, quien dijo que era extempor·nea, adem·s de parcial, incompleta y carente de respaldo documental (fs. 680/87). ExpresÛ que la demandada no ofrecÌa prueba de haber rendido las cuentas, que debÌa hacerse semestralmente y no con balances anuales y otras consideraciones al respecto.
4. El juez desestimÛ el planteo de extemporaneidad de la rendiciÛn de cuentas, lo que fue confirmado por esta C·mara (fs. 696/97 y 729/30).
5. Se celebrÛ una audiencia en la que la accionada se allanÛ a rendir cuentas en un plazo no superior al 15/03/08 (fs. 868). La actora ajustÛ el reclamo a la rendiciÛn de cuentas del fideicomiso, excluyendo lo relativo a la administraciÛn de lo recaudado para gastos comunes o expensas.
6. La demandada presentÛ la rendiciÛn de cuentas (fs. 872/92), de la que se corriÛ traslado a la actora que la impugnÛ por varios motivos (fs. 1965/75).
La accionada contestÛ la impugnaciÛn (EE del 25/06/18). Luego agregÛ documental (fs. 2059), del que se corriÛ traslado a la actora, quien contestÛ (EE del 9/08/18).
7. A fs. 2075 se abrieron los autos a prueba.
8. El 20/10/20 mediante cuatro presentaciones se rindieron nuevas cuentas a fin de informar los avances desde el 15/03/18. Se corriÛ traslado a la actora, quien los impugnÛ (EE del 18/11/21), de lo que se dio traslado a la accionada, quien contestÛ (EE del 11/12/22), aportando documental. De esta se dio nuevo traslado a la actora, quien tambiÈn contestÛ (EE 23/12/21).
III. Sentencia.
Vencido el tÈrmino probatorio y llamados los autos, se dicta sentencia.
Luego de efectuar consideraciones sobre el contrato de fideicomiso, la jueza dice que, habiÈndose allanado la demandada, corresponde imponerle las costas de la primera etapa del juicio, y se aboca a tratar la rendiciÛn de cuentas propiamente dicha (segunda etapa).
AsÌ las cosas, dice que la cuestiÛn se circunscribe a determinar si corresponde tener por aprobadas las cuentas rendidas por la demandada en sus diversas presentaciones a partir del allanamiento.
Dice que la documental aportada por la accionada no ha sido desconocida m·s all· de las impugnaciones efectuadas respecto de la rendiciÛn de cuentas en sÌ misma. Expresa que la documental fue relevada por la perito contadora sin que mereciera objeciÛn.
Manifiesta que la pericial contable y sus anexos (EE del 12/05/21), sin perjuicio de no haberse contestado algunos puntos ofrecidos, sea por falta de elementos o por no comprender el alcance de los mismos, dan cuenta de que las deudas impositivas se hallan regularizadas y que no se observan errores o inconsistencias groseras. SeÒala que el peritaje no ha sido objetado por la actora.
En cuanto a las obras, dice que el peritaje de arquitectura informa sobre el estado de avance seg˙n el proyecto, dando cuenta del porcentaje de realizaciÛn. SeÒala que el informe fue observado por la demandada, que la experta actualizÛ el mismo (EE del 4/07/22 y 22/08/22), y que la actora no ha probado que lo expresado por el demandado en cuanto a la realizaciÛn de las obras en sus rendiciones de cuentas constituyeran afirmaciones falsas o inexactas, m·s all· de los tiempos en que se hubieran llevado a cabo y el cumplimiento de las etapas, lo que excede el marco de este proceso. Concluye la jueza que la documental aportada en las diversas presentaciones por la accionada y la prueba pericial contable en cuanto a que no existen inconsistencias en los balances efectuados, sumado a que no se ha probado la inexactitud de las cuentas rendidas, conduce a que deben ser aprobadas por ajustarse a los recaudos legales, por lo que rechaza las impugnaciones de la actora, con costas.
IV. Agravios.
1. La parte actora se agravia sosteniendo que la sentencia adolece de grave deficiencia de fundamentaciÛn atribuible a la falta de comprensiÛn de la relaciÛn contractual y de los principales actos del proceso.
Dice que confunde la rendiciÛn de cuentas con la pericia contable, la que se propuso para clarificar algunas dudas. Afirma que la pericial contable no reemplaza la rendiciÛn de cuentas, que fuera impugnada por su parte.
Expresa que su pretensiÛn fue que se rindieran cuentas sobre cuestiones concretas definidas en 11 puntos. Dice que al rendir la accionada las cuentas, su parte lo impugnÛ porque no basta con adjuntar m·s de mil fojas sin ning˙n tipo de orden o explicaciÛn, y que una de las cosas que se objetÛ fue la falta de extractos bancarios de 4 aÒos completa, lo que no fue resuelto por la pericial contable. Agrega que no est·n justificados los gastos pagados al Banco Bisel.
Otro punto impugnado – contin˙a – fue que en el balance del ejercicio econÛmico finalizado el 31/12/09, la fiduciaria reconociÛ haber prestado la suma de $ 1.430.000 al fideicomiso Santa Irene, que equivalÌan a u$s 380.319,14. Dice que, adem·s de no acompaÒar el contrato de mutuo, ello estaba prohibido en el contrato de fideicomiso seg˙n cl·usula 6.2.3, y la perito contadora dijo que no le aportaron documentaciÛn al respecto SeÒala que el planteo de su parte no es sÛlo en relaciÛn a lo contable sino tambiÈn respecto de las obras comprometidas. Expresa que la jueza no puede decir que son objeto de otro reclamo cuando quedaron firmes los puntos 7 y 8 de los requerimientos de rendiciÛn de cuentas.
Expresa que no puede justificarse el incumplimiento de la demandada de las obras en los plazos previstos por la supuesta cesiÛn del terreno para la implantaciÛn de una planta de tratamiento de aguas cloacales dado que ello fue desmentido por el informe de ADA del 27/11/19. Asimismo, dice que del informe del Departamento de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios del 4/10/19 se desprende que a esa fecha no habÌa ingresado el tr·mite. Por otro lado dice que en la rendiciÛn de cuentas la demandada dijo que las obras de urbanizaciÛn del barrio estaban totalmente realizadas con excepciÛn del club house adicional a la dependencia existente, y que ello no es asÌ dado que lo desmiente la pericia de arquitectura, de donde surge que no estaban terminadas, como tampoco las necesarias para la subdivisiÛn. Al efecto, referencia lo informado por la perito.
Expresa que la accionada en octubre de 2021 presentÛ una nueva rendiciÛn de cuentas cuando la oportunidad procesal ya habÌa precluido, agregando documentaciÛn de fecha anterior a marzo de 2018. De esto deduce que la presentada el 15/03/18 no fue completa.
Insiste en que la rendiciÛn de cuentas, conforme a la pericia contable, no fue completa, y que la pericial de arquitecto demuestra que al momento de presentarse las obras y tr·mites no estaban avanzados, como que la accionada presentÛ im·genes e impugnÛ la pericia aÒos despuÈs para generar confusiÛn. Con respecto a la “parte vencida” dice que la demandada no dijo cu·l serÌa el saldo de la rendiciÛn de cuentas, y tampoco lo hizo la pericial contable ni la sentencia.
Sostiene que nada impide que la rendiciÛn de cuentas se haga sobre obligaciones de hacer, y que su parte no pretendÌa que se expidiera sobre incumplimientos sino que la demandada estableciera un cuadro de situaciÛn de sus obligaciones. Expresa que la contraparte se allanÛ a rendir cuentas, por lo que no puede la sentencia no considerar el estado y avance de las obras ya que es inescindible de la resoluciÛn final. En tal sentido seÒala que surge de autos que no sÛlo faltaba el club house sino tambiÈn una serie de obras necesarias para la subdivisiÛn.
Termina diciendo que el resultado da la apertura a prueba ha demostrado que la rendiciÛn de cuentas fue incompleta y falsa. Por todo ello pide que se impongan las costas a la accionada.
2. En la contestaciÛn, la demandada dice que la actora, disconforme con las cuentas rendidas, debiÛ ella haber presentado las cuentas que a su criterio eran procedentes.
Dice que todas las impugnaciones hechas por la actora fueron respondidas por su parte, destacando que la documentaciÛn aportada no fue desconocida, y sobre la misma basÛ su informe la perito contadora.
Respecto de la “parte vencida” manifiesta que es claramente la actora.
V.- 1.- RÈgimen legal aplicable.
La fecha del contrato de fideicomiso es del 5/09/08 (fs. 410) y los contratos de adhesiÛn de los actores se firmaron entre 2009 y 2013. La demanda se interpuso el 3/12/15 (fs. 347vta.), pero las intimaciones a rendir cuentas por cartas documento son anteriores al 1/08/15. Por lo tanto el rÈgimen legal aplicable es la ley 24.441 (anterior a las reformas de las ley 26.994) y el art. 2662 del CÛdigo Civil (ref. por ley 24.41), conforme art. 7 del CÛdigo Civil y Comercial, y en cuanto al procedimiento el tema se rige por los arts. 649 a 653 del CPCC.
En este marco legal, es dable destacar - ya que es en funciÛn de ello que se analizar· el recurso interpuesto - que la rendiciÛn de cuentas constituye una obligaciÛn de fundamental importancia en el contrato de fideicomiso, que de acuerdo con su art. 7∞ de la ley 24.441, no puede ser dispensada.
2. Las etapas del juicio de rendiciÛn de cuentas.
Por otra parte, La jurisprudencia pacÌficamente sostiene que consta, en principio, de dos etapas: la primera consiste en determinar si el demandado tiene obligaciÛn o no de rendir cuentas; la segunda, en caso afirmativo a lo anterior, la rendiciÛn propiamente dicha, donde se resuelve, en el caso de que haya impugnaciones, si se aprueban o no. En caso de que se resuelva esto ˙ltimo puede existir, una tercera etapa (asimilada a la ejecuciÛn de sentencia), en la que se ejecuta el saldo deudor, que el obligado debe abonar o depositar a quien corresponda (SCBA LP C 116929 S 08/04/2015; CC0202 LP 127876 RSD 210/20 S 18/11/2020; CC0100 SN 3074 I 25/06/2019; C.N.Civ. Sala A, expte. 15.361/20134 del 4/05/17 (referido a un caso de fideicomiso), entre varios; tambiÈn: esta Sala, causas n∞ 114.154 del 9/08/12 y 122.525 del 19/05/25). Como se ha referenciado, la sentencia apelada da por cumplida la primera etapa con el allanamiento formulado en la audiencia del 25/10/17 (imponiendo las costas a la accionada), y resuelve lo atinente a la segunda etapa con la soluciÛn ya referida.
Pese a que, en rigor, al contestar la demanda, subsidiariamente la accionada rindiÛ cuentas (fs. 668/69), y la actora contestÛ impugn·ndolas, momento en el que quedÛ trabada la litis, luego en la audiencia del 25/10/17 (fs. 868), la parte actora aceptÛ que la demandada rindiera nuevamente las cuentas (otorg·ndosele plazo hasta el 15/03/18).
AsÌ las cosas, la sentencia toma las cuentas rendidas en esta fecha (fs. 876 y 894/1907), como comienzo de la segunda etapa, y por ende confronta la impugnaciÛn de la actora (fs. 1965/75) con la prueba producida, para decidir si las cuentas han sido bien rendidas. Llega a una conclusiÛn afirmativa, e impone las costas de esta segunda etapa del juicio a la actora.
Ahora bien, esto no quiere decir que deban evaluarse las ampliaciones posteriores de la rendiciÛn de cuentas ni lo informado por los peritos como realizado con posterioridad. De ahÌ que es erróneo que la sentencia hable de “las rendidas por el demandado en sus diversas presentaciones a partir del allanamiento” (en plural). Ello asÌ porque lo que debe resolverse es sÛlo si las cuentas rendidas a fs. 894/1907 fueron bien impugnadas a fs. 1965/75 o no.
Esta aclaraciÛn que comienzo por hacer no es un tema menor porque tiene incidencia, naturalmente, en la imposiciÛn de costas de la segunda etapa del juicio, de lo que la actora se agravia expresamente.
3. DelimitaciÛn del objeto del recurso.
La jurisdicciÛn de esta Sala est· delimitada a lo que es motivo de agravios debiÈndose respetar el principio de congruencia (arts. 163 inc. 6, 254, 260, 266, 272 y cctes. CPCC). Al respecto cabe recordar que, si bien el tribunal de alzada tiene amplitud de conocimiento al tratarse de una instancia ordinaria ello es siempre dentro de los lÌmites que marcan la apelaciÛn y los agravios. Por lo tanto, si se apela la totalidad de la sentencia en grado, todas las cuestiones que han sido materia del litigio pasan al tribunal ad quem con la misma extensiÛn y amplitud con que fueron sometidas al magistrado de grado. Y si se apela solamente una parte de la sentencia, o si habiÈndose apelado la totalidad sÛlo se expresa agravios con relaciÛn a una parte de ella, el tribunal de apelaciones tiene la amplitud de conocimiento para revisar ˙nicamente lo que ha sido materia de apelaciÛn o de agravio (conf. Roberto G. Loutayf Ranea y Ernesto Solá “LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA”. https://www.acaderc.org.ar/2018/02/05/la-sentencia-de-segunda-instancia/). Por lo tanto, en relaciÛn a la impugnaciÛn de fs. 1965/75, para decidir si las cuentas fueron bien rendidas o no a fs. 894/1907, sÛlo debe abordarse en esta instancia las cuestiones puntuales seÒaladas en la expresiÛn de agravios.
Ahora bien, en el caso de que se decida que la rendiciÛn de cuentas ha sido incompleta no podr· este tribunal ordenar que en una tercera etapa se agregue lo faltante porque no es pedido en la expresiÛn de agravios. Ello, sin perjuicio de lo que pueda pedirse, si correspondiere, en la instancia de origen.
AsÌ, la actora en su punto IV titulado “SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE” solicita: “1. Se revoque el fallo, en cuanto considera vencedora de la segunda parte del proceso a la demandada, y se considere vencedora a esta parte, por no haber aquella rendido cuentas en la forma que la ley establece; 2.Se impongan las costas a la actora; 3. Subsidiariamente, se impongan las costas del proceso con cargo al fideicomiso (no a la fiduciaria) por ser esta la doctrina pacÌfica respecto del art. 858 del CCyC._ Por ˙ltimo, se abordar· la imposiciÛn de costas.
4. La cuestiÛn acerca de la falta de impugnaciÛn de la pericial contable.
Se queja la actora de que la sentencia se sustente en que la pericial contable no fue impugnada u objeto de pedido de explicaciones por su parte. Alega que tal prueba pericial no es la rendiciÛn de cuentas, sino sÛlo una prueba ofrecida con el objeto de verificar si fueron bien rendidas o no.
Entiendo que le asiste razÛn. Como ha sido seÒalado en el apartado anterior, luego de la audiencia de fs. 868, el objeto del juicio quedÛ circunscripto a que la demandada rindiera cuentas de los puntos pedidos por la actora en el cap. VIII de la demanda, y luego de la impugnaciÛn se abrieron los autos a prueba para resolver la correcciÛn o no de la rendiciÛn de cuentas. La pericial contable - lo mismo que la pericial de arquitecto y las otras ofrecidas – es sÛlo una prueba, pero no la rendiciÛn en sÌ misma, m·s all· de que la falta de pedido de explicaciones al experto pueda valorarse al momento de resolver cada impugnaciÛn en particular (arts. 473 y 474 CPCC).
5. Las impugnaciones a la rendiciÛn de cuentas.
Aclaradas las cuestiones precedentes, analizarÈ a continuaciÛn, como anticipÈ, las cuestiones puntuales de la rendiciÛn de cuentas que son objeto de agravios.
5.1. La falta de extractos bancarios.
En el cap. VIII de la demanda (fs. 345) en el p. 3) la actora, al enumerar los puntos de la rendiciÛn de cuentas ofreció, entre otros: “exhiba extractos bancarios de la cuenta fiduciaria desde la constituciÛn del fideicomiso”, Est· claro que ello no fue debidamente cumplido por la obligada a rendir cuentas. Ello surge del dictamen pericial que refiere que relevÛ los libros de la accionada (puntos 1 y 2) y al contestar la preg. 12 dice: “La rendición de cuentas entre otras cosas consiste en una exposiciÛn ordenada de los ingresos y egresos con sus comprobantes respectivos. La informaciÛn aportada a la fecha es la que surge de los registros del fideicomiso, sin emitir juicio de valor al respecto.”
La falta de la documentaciÛn respaldatoria no se encuentra adecuadamente justificada. Solamente la perito dijo “…se relevó los libros de IVA Ventas e IVA Compras y se compulsó con la documentaciÛn que se respaldaba en la misma con las siguientes observaciones que la mayorÌa de los pagos se realizan por Caja, hay escasa utilizaciÛn de bancos para la cancelaciÛn de compras, gastos, sueldos aportes etc.”.
Esta forma de actuar debÌa ser explicada por la demandada, lo que no hizo.
5.2. PrÈstamo al Fideicomiso Santa Irene.
En el p. B.5 de la impugnaciÛn a la rendiciÛn de cuentas, la actora dijo que en el balance del ejercicio econÛmico finalizado el 31/12/09 la fiduciaria reconociÛ haber prestado $ 1.430.000 al fideicomiso Santa Irene (u$s 380.319,14 al tipo de cambio de ese momento), y objetÛ que, adem·s de no haberse acompaÒado el contrato de mutuo, la operaciÛn estaba prohibida en el contrato de fideicomiso, conforme cl·usulas 6.2.3 y 4.7. (fs. 1970vta.). La demandada, al contestar la impugnaciÛn, nada dijo al respecto. El tema fue objeto del punto de pericia e) (fs. 1973vta.). La perito contadora contestÛ que en relaciÛn a los prÈstamos entre los distintos barrios no habÌa sido aportada ninguna documentaciÛn que respaldara ni su otorgamiento ni su cancelaciÛn, ni los intereses pactados, y solamente un resumen general desde el aÒo 2008 hasta el 2020. A diferencia de lo dicho en el apartado anterior, entiendo que la omisiÛn sobre el tema en la pericial contable no podÌa subsanarse por vÌa del art. 473 del CPCC porque se trata de algo sobre lo cual la experta dijo ninguna informaciÛn tenÌa.
A ello se suma que, a contestar la expresiÛn de agravios, la demandada nada dice sobre particular.
La cl·usula 6.2.3 del contrato de fideicomiso dice expresamente que “en relaciÛn al patrimonio fideicomitido, el fiduciario no podr· tomar ni otorgar prÈstamos ni constituir ning˙n tipo de grav·menes (especialmente hipotecas) ni otros derechos personales o reales que los previstos en el presente contrato” (fs. 404). Es de seÒalar que, aunque la adhesiÛn de los actores al fideicomiso hubiese sido “a precio fijo” y no “al costo” – como aduce la demandada al contestar los agravios -, no por ello dejan de tener interÈs en que se cumpla esa cl·usula del contrato porque, obviamente, si el dinero del fideicomiso (aportes de los fiduciantes) no se destina a la realizaciÛn de las obras prometidas para el barrio (que incluye todos los espacios comunes), las mismas se demoran en su ejecuciÛn y m·s tiempo van a tardar aquellos (beneficiarios o no) en poder usufructuar los lotes para vivienda propia o en ver concretada su inversiÛn. Como dijo la perito arquitecta el avance parcial de las obras (desvÌo en los plazos proyectados) incide en la valorizaciÛn de los lotes y en su comercializaciÛn (inf. pericial del 13/02/20). Es de advertir que no surge del contrato de fideicomiso ni de los contratos de adhesiÛn que los fiduciantes estÈn impedidos de ceder onerosamente sus aportes (futuras unidades funcionales) en el momento que lo deseen. Antes bien, ello est· implÌcito en el contrato de fideicomiso, que distingue la persona del fiduciante tanto de la del beneficiario como de la del fideicomisario (arts. 1 y 2 de la ley 24.441; aclaro que tambiÈn est· claro en los arts. 1666 a 1707 del C.C.C., que ha recogido la opiniÛn de la doctrina y de la jurisprudencia en la materia). Destaco que en la contestaciÛn de los agravios, la accionada alega que si la actora no estaba conforme con la rendiciÛn de cuentas presentada deberÌa haberlas presentado. El planteo es inadmisible en lo que a este punto se refiere. Es obvio que si la actora no tiene la documentaciÛn a su disposiciÛn ni se la proporciona el perito, no le cabe a su parte presentar la rendiciÛn respectiva.
Por lo tanto, la rendiciÛn de cuentas ha sido incompleta en este aspecto, por lo que el agravio debe ser acogido (arts. 6 y 7 ley 24.441)
5.3. Estado de avance de las obras comprometidas.
Sobre el particular la sentencia apelada dice que los tiempos en que se debÌan llevar a cabo y el cumplimiento de las obras excede el marco del presente proceso. La apelante se agravia diciendo que la obligaciÛn de la demandada incluye el desarrollo y el estado de las obras del fideicomiso, y, adem·s, que fue objeto de los puntos 7 y 8 de su impugnaciÛn a la rendiciÛn de cuentas.
Le asiste razÛn. Entre las obligaciones del fiduciario, el contrato contempla “suscribir los contratos, asumir los gastos y realizar los actos y las obras necesarias para la organizaciÛn, para la organizaciÛn, puesta en marcha y realizaciÛn del emprendimiento” (cl·usula 6.1.4, p. 401). A su vez, el capÌtulo X del contrato (art. 10) contempla expresamente que el fiduciario debe rendir cuentas por escrito de su gestiÛn a los beneficiarios y fiduciantes, quienes pueden solicitarle las aclaraciones que estimen pertinentes. A continuaciÛn enumera lo que comprende la rendiciÛn de cuenta; entre otras, adem·s del estado de resultados con el detalle de las operaciones realizadas y los costos devengados, el estado de origen y aplicación de fondos del fideicomiso, el “informe descriptivo de las cuestiones relativas a las obras y a la comercializaciÛn del emprendimiento” (fs. 406).
Esto ˙ltimo fue lo expresamente pedido en la demanda (puntos 8 y 9). No solo no fue objetado por la accionada sino que lo contestÛ (cap. B.8 de la rendiciÛn de cuentas, fs. 1784/1875), sin decir en parte alguna que era ajeno a su funciÛn de fiduciaria el cumplimiento de los plazos para terminaciÛn de las obras. Por otro lado, al contestar los agravios, la demandada dice que en su escrito del 26/08/18 dijo que el agravio de los actores sólo podía “transitar en la escrituraciÛn del inmueble y la realizaciÛn de las obras de infraestructura, careciendo de interÈs procesal el resultado de las cuentas”.
Por otro lado, si bien el contrato distingue las partes “fiduciario” (la demandada) y “desarrollador” (“Desarrolladora del Nuevo Luján S.A.”), en el capítulo XIV – titulado “Desarrollador” - consta que éste tiene a su cargo “la AdministraciÛn de la obra y la procuraciÛn del capital suficiente para financiarla; a fin de que lleve a cabo las funciones que m·s adelante en forman general se enuncian, delegadas por el Fiduciario, y que se plasmar·n en el contrato de AdministraciÛn, que suscribirá el Fiduciario y el Desarrollador…”. A continuaciÛn enumera las actividades que delega el Fiduciario al Desarrollador” (v.g. realizar contratos con proveedores a que sean necesarios para el emprendimiento, etc.). Las adhesiones al contrato de fideicomiso firmadas por todos los actores no excluyen dicha cláusula. Por lo tanto, si el mencionado “Desarrollador” actúa por delegaciÛn del fiduciario es obvio que est· comprendido en las cuentas que debe rendir lo relativo al avance de las obras.
Por consiguiente, tiene razÛn la apelante en cuanto a que ning˙n impedimento existe para que la rendiciÛn de cuentas incluya el estado de avance de las obras. Reitero las consideraciones hechas en el apartado precedente sobre el interÈs de los fiduciantes en el avance y terminaciÛn de las obras.
Debe tenerse en cuenta tambiÈn que, conforme a la cl·usula 4.8 del contrato de fideicomiso, el plazo de duración “para la finalizaciÛn del emprendimiento y su total terminaciÛn” fue estimado en 4 aÒos (fs. 399). Es decir, siendo la fecha del contrato el 5/09/08, debÌa estar todo terminado el 5/09/12. Esto fue ratificado en los contratos de adhesión, agregándose “… o el transcurrido hasta la fecha de otorgamiento de los instrumentos de transferencia de dominio definitivo de la Unidad Funcional al Beneficiario referidos en la cl·usula SÈptima del presente, lo que ocurra primero” (cl·usula novena, ver fs. 62vta.). A la fecha de presentaciÛn del informe de la perito arquitecta (EE del 13/02/20), el plazo estaba excedido en casi ocho aÒos, o sea triplicado el plazo original previsto. Es obvio, entonces, el interÈs de los actores en la rendiciÛn de cuentas sobre el tema.
La pericial de arquitectura dio cuenta, entre otras cuestiones, de lo siguiente: a) red de circulaciÛn interna, 2 sectores sin terminar, estado de avance: 75 %; b) cerramiento perimetral: 80 %; c) cerco verde perimetral pegado al tejado con arbustos: 20 %; d) forestaciÛn: 100 %; e) ·rea de recreaciÛn, paseo y desarrollo social, sector de arroyo: 100%, sector de canchas y de polo: 0 %, salvo nivelaciÛn del suelo y mantenimiento; e) club house: 0 % (EE del 13/02/20).
Sobre el desvÌo de los plazos proyectadas, dijo que el mismo existÌa en relaciÛn al club house y anexos, las vÌas de circulaciÛn principal y las secundarias en sector prÛximo al club house y el arroyo. TambiÈn respecto de los cercos perimetrales, todo lo cual incidÌa en forma negativa en la valorizaciÛn de los terrenos y viviendas. AgregÛ la perito que por el dec.ley 8912/77 hacÌa falta equipamiento deportivo, social y cultural, lo que estaba pendiente, que faltaba pavimiento para acceso al club house con capa asf·ltica de 500 kg. por eje, y que el cerramiento verde perimetral estaba sin terminar. La demandada pidiÛ explicaciones a la perito arquitecta en relaciÛn a las obras que, a su criterio estaban terminadas, agregando en algunos casos documentaciÛn para acreditarlo (EE del 6/12/21).
La experta contestÛ el 4/07/22 aclarando que, atento al tiempo transcurrido desde el informe pericial y la impugnaciÛn, luego de realizada una segunda inspecciÛn, se advertÌan avances de obra y modificaciones en el predio, que detallÛ. Dio cuenta de obras finalizadas (red de suministros, la base estructural de la calle principal, la cancha de polo), otras al 80 % (capa de rodamiento de asfalto), al 95 % (tejidos divisorios de los barrios y cerco vivo), al 35 % (capa de asfalto), parcialmente (club house y anexos). Agrega que la demora por parte de los propietarios de la tierra en formalizar la transferencia influyÛ en los plazos en forma directa, como tambiÈn que la inundaciÛn ocurrida en 2016 pudo influir en la consolidaciÛn.
Lo primero que se advierte es que a la fecha del primer informe de la perito arquitecta (13/02/20), la mayor parte de las obras comprometidas no estaban terminadas, a contrario de lo que adujo la demandada al rendir cuentas. En efecto, dijo que las obras de infraestructura habÌan sido terminadas en un plazo razonable, como la presentaciÛn del proyecto y la obtenciÛn de la prefactibilidad tÈcnica. El primer informe pericial demuestra que no era asÌ.
TambiÈn dijo la accionada al rendir las cuentas que la dificultad del cumplimiento del plazo inicial comprometido en emprendimientos de este tipo (clubes de campo) depende de la oportuna aprobaciÛn y autorizaciones que deben dar los organismos municipales y provinciales pertinentes y que, complicaciones burocr·ticas mediante, hacen que se demoren mucho m·s de lo previsible. M·s all· de que no puede ignorarse que ello ocurre habitualmente con este tipo de emprendimientos, lo que debe resolverse es si las cuentas fueron bien rendidas o no, y surge de la pericial de arquitectura que no fue asÌ.
Esto es suficiente para hacer lugar al agravio toda vez que fue luego de m·s de dos aÒos del primer informe pericial de arquitectura que la demandada fue completando (aunque no Ìntegramente) la terminaciÛn de las obras (conf. cont. a pedido de explicaciones del 4/07/22).
Con respecto a lo que dice la apelante en relaciÛn a las excusas alegadas por la fiduciaria para justificar la no terminaciÛn de las obras (lo que estarÌa desmentido por la ADA en el informe del 27/11/19) o en relaciÛn a que la convalidaciÛn tÈcnica y la subdivisiÛn parcelaria estaban gestionadas y a la espera de novedades en el corto plazo (desmentido, seg˙n la apelante, por la contestaciÛn del oficio por el Departamento de Propiedad Horizontal y Conjuntos Inmobiliarios de la DirecciÛn Provincial de Geodesia del 4/10/19), de acuerdo a cÛmo se resuelve el agravio tratado en este apartado es abstracto expedirse sobre el particular.
5.4. En definitiva, la rendiciÛn de cuentas no fue exacta ni suficiente (arts. 6 y 7 ley 24.441).
Como se dijo antes, la rendiciÛn de cuentas es la descripciÛn de los antecedentes, hechos y resultado pecuniario de un negocio y debe contener - conf. lo establecen los arts. 858 y 859 del CÛdigo Civil y Comercial que es muy ˙til como pauta interpretativa - un detalle de las operaciones de un modo descriptivo y documentado, incluir las referencias y explicaciones razonablemente necesarias para su comprensiÛn, acompaÒar los comprobantes de los ingresos y egresos (excepto que sea de uso no extenderlos), y concordar con los libros que lleve quien las rinda.
VI. Costas.
De acuerdo a lo dicho en el considerando precedente, la impugnaciÛn de la rendiciÛn de cuentas debe prosperar en relaciÛn a los puntos mantenidos en la expresiÛn de agravios. Ahora bien, no prospera la impugnaciÛn de la rendiciÛn de cuentas en su totalidad. Por lo tanto, entiendo que lo justo es que las costas de la segunda etapa del juicio en ambas instancias se impongan a la demandada pero con relaciÛn a los puntos antes indicados (arts. 68, 71 y 274 CPCC).
Con el alcance propuesto, VOTO POR LA NEGATIVA.
La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA,
el seÒor juez Dr. Emilio A. IbarlucÌa dijo:
De acuerdo a la forma en que ha quedado votada la cuestiÛn anterior, el pronunciamiento que corresponde dictar es:
1∞.- Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto tiene por aprobadas totalmente las cuentas rendidas por la demandada a fs. 894/1907.
2∞.- Imponer las costas de la segunda etapa del juicio, en ambas instancias a la demandada, por los puntos por los que prospera la impugnaciÛn.
3∞.- Confirmar lo dem·s que la sentencia decide.
ASI LO VOTO.
La seÒora jueza Dra. Gabriela A. Rossello, por iguales fundamentos y consideraciones a los expuestos por el seÒor juez preopinante, emite su voto en el mismo sentido.
Con lo que se dio por terminado el acuerdo, dict·ndose la siguiente:
Que en el Acuerdo que precede y en virtud de las citas legales, jurisprudenciales y doctrinales, ha quedado resuelto que la sentencia apelada debe ser revocada parcialmente POR ELLO y dem·s fundamentos consignados en el acuerdo que precede, SE RESUELVE:
1∞.- Revocar parcialmente la sentencia apelada en cuanto tiene por aprobadas totalmente las cuentas rendidas por la demandada a fs. 894/1907.
2∞.- Imponer las costas de la segunda etapa del juicio, en ambas instancias a la demandada, por los puntos por los que prosperÛ la impugnaciÛn.
3∞.- Confirmar lo dem·s que la sentencia decide.
NOTIFIQUESE por medios electrÛnicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-
).Y DEVUELVASE.
Fin de la sentencia