Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 39642-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI.
Desestimar el acuse de caducidad formulado por la parte actora. ii. Desestimar los agravios del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 344/348. iii. Fijar las costas del proceso en los términos del considerando IX.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
28370/2019 BARBUY TEAM SA (TF 39642-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de octubre de 2020.-RR Y vistos; considerando:
I. Que la parte actora interpuso recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación contra los siguientes actos administrativos dictados por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Río Cuarto de la AFIP-DGI:
i. La resolución nº 19/2014, mediante la cual determinó de oficio el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2002 —con un saldo a favor de la firma contribuyente de $582.782,21 y un quebranto impositivo de $2.382.453,03 (confr. el expediente nº 39.642-I).
ii. La resolución nº 93/2014, por la que determinó de oficio el impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2003 —con saldo a favor del Fisco Nacional—, liquidó intereses resarcitorios y aplicó una sanción de multa en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 (confr. el expediente nº 40.464-I).
Los referidos expedientes fueron acumulados por la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación (fs. 316).
En ambos recursos, la parte actora planteó —como cuestión de previo y especial pronunciamiento— la prescripción de las acciones y de los poderes del Fisco Nacional para efectuar dichas determinaciones de oficio y exigir el pago de las obligaciones tributarias, en los términos del artículo 56 y siguientes de la ley 11.683.
II. Que la Sala B del Tribunal Fiscal de la Nación, hizo lugar a las excepciones de prescripción opuestas por la parte actora y declaró abstracto el tratamiento de la cuestión de fondo, con costas (confr. el pronunciamiento de fs. 344/348).
El Fisco Nacional interpuso recurso (fs. 349) y expresó agravios (fs. 354/358), que fueron replicados (fs. 366/388).
III. Que, encontrándose la causa en trámite ante esta sala, la parte actora acusó la caducidad de instancia en los términos del artículo 310, inciso 1º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (ver el escrito digital del 13 de agosto de 2020).
Señaló que su contraria “no ha presentado en legal forma el texto del Recurso Directo de Organismo Externo deducido” y que la última fecha en que el expediente tuvo actividad fue el 17 de julio de 2019, oportunidad en que esta sala efectuó un “cambio de estado del expediente”.
El Fisco Nacional contestó el traslado conferido (ver el escrito digital del 26 de agosto de 2020).
Sostuvo que cumplió con sus obligaciones procesales, que el trámite del recurso que dedujo contra la sentencia del Tribunal Fiscal se realizó según lo dispuesto en el artículo 195 de la ley 11.683 y que, por ende, la parte actora se equivocó al manifestar que el Fisco Nacional debía presentar la copia del recurso de apelación, pues “no se encontraba legalmente obligada a dar cumplimiento a lo pretendido por la actora, ni tampoco existió intimación alguna”.
Añadió que cumplió con la intimación notificada por esta sala el 21 de junio 2019, al acompañar el bono de derecho fijo y la liquidación de tasa, respecto de la cual solicitó el diferimiento previsto en la Acordada nº 66/90 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
IV. Que la caducidad de la instancia debe responder a las particularidades de cada caso, y que por ser un modo anormal de terminación del proceso y de interpretación restrictiva, la aplicación que de ella se haga debe adecuarse a ese carácter sin llevar mediante un exceso ritual el criterio que la preside más allá del ámbito que le es propio (Corte Suprema de Justicia de la Nación, causa FRE 31000709/2006/1/RH1 “Banco de la Nación Argentina c/ Sandoval, Braulio y otros s/ ejecución CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 28370/2019 BARBUY TEAM SA (TF 39642-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO hipotecaria”, pronunciamiento del 22 de agosto de 2019, y sus citas; esta sala, causa “Oscar Hernández e Hijos SRL c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 29 de octubre de 2019).
A su vez, el artículo 313, inciso 3º, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación establece que “[n]o se producirá la caducidad (…) cuando los procesos estuvieren pendientes de alguna resolución y la demora en dictarla fuere imputable al tribunal, o la prosecución del trámite dependiere de una actividad que este Código o las reglamentaciones de superintendencia imponen al secretario o al oficial primero…”.
Asimismo, esta sala ha sostenido que todas las cuestiones atinentes a la tasa de justicia no deben suspender la prosecución del trámite de las actuaciones (artículo 11, último párrafo, de la ley 23.898; causas “Sadesa SA (TF 32042-A) c/ DGA s/ Aduana Tribunal Fiscal”, “Plan Ovalo SA de ahorro para fines determinados c/ DNCI s/ lealtad comercial - ley 22802 - art 22” y “Cambio Santiago SA y otros c/ Banco Central de la República Argentina s/ entidades financieras - ley 21526 – art. 42”, pronunciamientos del 4 de diciembre de 2014, del 13 de septiembre de 2016 y del 11 de febrero de 2020, respectivamente).
A partir de lo expuesto, luego del dictado de la providencia de fs. 407 se debió disponer el llamamiento de autos al acuerdo para dictar sentencia respecto del recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional contra la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal.
Por tanto, corresponde rechazar el acuse de caducidad formulado por la parte actora.
V. Que, resuelta la incidencia planteada y por razones de economía procesal, corresponde abordar el tratamiento de los agravios del Fisco Nacional dirigidos contra el pronunciamiento que admitió las excepciones de prescripción opuesta por la parte actora.
VI. Que para hacer lugar a las excepciones de prescripción opuestas por la parte actora, la Sala B del Tribunal Fiscal:
i. Sostuvo que como la parte actora es un “contribuyente inscripto”, el plazo de prescripción aplicable es el de cinco años previsto en el artículo 56 de la ley 11.683, cuyo cómputo comenzó a correr desde el 1º de enero del año siguiente al que se produzca el vencimiento del plazo para la presentación de la declaración jurada e ingreso del gravamen (artículo 57).
Agregó que a los efectos del cómputo de la prescripción debía considerarse la suspensión de plazos de un año establecida por la ley 26.476.
ii. Destacó las siguientes circunstancias ocurridas en el marco del proceso judicial que la parte actora inició ante el Juzgado Federal de Bell Ville tendiente a que se declare aplicable el método de “ajuste por inflación” para el ejercicio fiscal del 1º de julio de 2001 al 30 de junio de 2002 del impuesto a las ganancias:
—El 5 de noviembre de 2003 obtuvo una medida cautelar a su favor en la que se ordenó al Fisco Nacional abstenerse de emitir boleta de deuda alguna respecto del impuesto a las ganancias de ese período (fs. 63). —El 25 de junio de 2004 dicho juzgado hizo lugar a la acción judicial de la parte actora y declaró la inconstitucionalidad de las normas que impedían la aplicación del “ajuste por inflación” (fs. 64/68). —Dicha decisión fue revocada el 25 de junio de 2009 por la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba y notificada el 13 de octubre de ese año (ver fs. 69/72).
—La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pronunciamiento de la referida cámara el 19 de abril de 2011.
iii. Delimitó que la cuestión a resolver radicaba en la aplicación al caso de lo previsto en el artículo 3980 del Código Civil, vigente al momento de los hechos.
Afirmó que el principio “agere non valenti non currit precriptio” contenido en dicha norma e invocado por el Fisco Nacional para extender el CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 28370/2019 BARBUY TEAM SA (TF 39642-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO cómputo de la prescripción, se sustentaba en la existencia de un impedimento real para el ejercicio de la acción, en virtud de cual se otorga al acreedor un término adicional para su ejercicio.
iv. Recordó diversos precedentes jurisprudenciales sobre la materia y afirmó que el artículo 3980 del Código Civil no contemplaba un supuesto de suspensión del plazo de prescripción —la que se produce ipso iure por una causa legal, cuya existencia el juez sólo se limita a comprobar —, sino de una dispensa que el juez puede conceder en virtud de una imposibilidad de obrar.
Añadió que el referido impedimento no detiene el curso de la prescripción cumplida, sino que sólo extiende el plazo para interponer la acción por el término de tres meses.
Indicó que la imposibilidad de obrar puede ser anterior o sobreviniente al nacimiento de la acción, pero debe existir al momento en que opere el vencimiento del plazo de prescripción, pues la norma refiere a “la prescripción cumplida durante el impedimento”.
v. Citó el precedente de esta sala “Durán, Juan Bautista c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamiento del 20 de diciembre de 2016.
En este sentido, sostuvo que “si bien es cierto que en virtud de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia el organismo recaudador se vio imposibilitado de iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo y/o judicial con relación a los conceptos del tributo que integraban la cuestión de fondo, también es cierto que no es posible concluir (…) que dicho impedimento sólo fue superado con la sentencia dictada por la Corte Suprema que puso fin a la controversia”.
vi. Relativamente al período fiscal 2002, señaló que:
—El plazo de prescripción comenzó a correr el 1° de enero de 2003, “existiendo una dispensa de la prescripción en virtud de la medida cautelar otorgada a la contribuyente, hasta la fecha en que la cámara revocara la pretensión de la actora”.
—A partir de la notificación del pronunciamiento de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 13 de octubre de 2009 y por aplicación del artículo 3980 del Código Civil, el Fisco Nacional contaba con tres meses para iniciar las acciones tendientes a la determinación y a la exigencia de pago del tributo, así como su potestad para aplicar sanciones. —De los antecedentes administrativos, surge que la vista que dio inicio al procedimiento fiscal (artículo 17 de la ley 11.683) tuvo lugar el 4 de junio de 2013 (fs. 7) y que la resolución de determinación de oficio se dictó el 8 de abril de 2014.
—El Fisco Nacional inició sus acciones con posterioridad al plazo acordado en el artículo 3980 del Código Civil, encontrándose impedido de hacer valer la dispensa que esa norma le otorga.
—El organismo fiscal debió seguir los lineamientos del dictamen nº 47/2007 (DI ALIR) de la AFIP-DGI, del que se desprende que “en cuya virtud se encontraba obligado a iniciar las acciones dentro del plazo de tres meses consagrado en el artículo 3980 del Código Civil”.
Concluyó que las acciones y los poderes del Fisco Nacional para determinar y exigir el pago del impuesto —teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 56 y 57 de la ley 11.683 y la suspensión de plazos prevista en la ley 26.476— se encontraban fenecidas al momento del dictado de la resolución de determinación de oficio. Destacó que “idéntico desenlace habría de contemplar, para el caso en que se interpretara que el plazo de tres meses debe contarse desde la notificación de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dictada el 19/04/2011”.
vii. Acerca del ejercicio fiscal 2003, señaló que las acciones y los poderes del Fisco Nacional también se hallaban prescriptos, pues: —El plazo de prescripción corrió a partir del 1º de enero de 2004 y finalizó el 1º de enero de 2010, en virtud de la suspensión dispuesta por la ley 26.476.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
28370/2019 BARBUY TEAM SA (TF 39642-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO —La medida cautelar que la parte actora obtuvo en sede judicial no tenía efectos sobre el ejercicio fiscal 2003.
—Aún en el entendimiento de que el quebranto generado en el ejercicio fiscal de 2002 “arrastra sus efectos al período de 2003 y en virtud de ello pueda interpretarse como un impedimento para el Fisco Nacional para a ver determinado ese último período, las conclusiones serían las mismas a las del período 2002”.
VII. Que las críticas que ofreció la AFIP pueden ser sintetizadas de la siguiente manera:
i. En casos como el presente, en los que se dictan medidas cautelares que ordenan al Fisco Nacional abstenerse de proseguir con los procedimientos de fiscalización y determinación de gravámenes hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, quedan suspendidas sus facultades para obrar en atención a la existencia de una imposibilidad jurídica, por aplicación del artículo 3980 del Código Civil. Este principio se mantiene en el artículo 2550 Código Civil y Comercial, ampliándose el plazo de dispensa de tres a seis meses.
El supuesto contemplado en el artículo 3980 del Código Civil “no se trata de una dispensa sino de una suspensión del plazo de prescripción”.
ii. El cumplimiento de una orden judicial resulta inexcusable, en tanto la medida cautelar se encuentre vigente y mantenga sus efectos. Durante la vigencia de las medidas cautelares, el plazo de prescripción no se encuentra en curso. Esa circunstancia opera como una causal suspensiva y, ante la falta de una acción susceptible de ser ejercida, no puede computarse como tiempo útil para el cómputo de la prescripción el lapso que insumió tal impedimento.
iii. En el caso, el curso del plazo de prescripción se inició el 1º de enero de 2003, pero “se vio interrumpido el 15/12/2003 ante la notificación al Fisco del otorgamiento de la medida cautelar”.
Consecuentemente, para el ejercicio fiscal de 2002, el término de la prescripción comenzó a correr desde el 4 de mayo de 2011, momento en el que tuvo lugar la notificación al Fisco Nacional de la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y “hasta el límite de transcurridos los seis (6) años totales” establecidos en las normas aplicables (artículos 56 y 57 de la ley 11.683, y la suspensión de plazos prevista en la ley 26.476).
Por ende, el plazo de prescripción de las acciones y los poderes del Fisco Nacional “se encontraba corriendo a la fecha del dictado de los actos aquí apelados, y hubiera operado recién en el año 2016”.
iv. La imposición de costas debe ser revocada. En subsidio, de confirmarse la sentencia recurrida, deben ser distribuidas en el orden causado, dada la complejidad de las normas en juego.
VIII. Que los agravios del Fisco Nacional encuentran una adecuada respuesta en lo resuelto por esta sala en las causas “Durán, Juan Bautista c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo” y “Lapenta, María Elena (TF 36345-I) y otro c/ Dirección General Impositiva s/ recurso directo de organismo externo”, pronunciamientos del 20 de diciembre de 2016 y 6 del julio de 2020. Correctamente, y con apoyo en el primero de los referidos precedentes, el Tribunal Fiscal sostuvo que el artículo 3980 del Código Civil no dispuso una causal de suspensión de las facultades del Fisco Nacional para determinar y exigir los gravámenes cuya recaudación le compete, sino que estableció una excepción ante el impedimento real y grave del ejercicio de la acción en el término legal por parte del acreedor; dispensa que corresponde ser aplicada con criterio prudencial por el juzgador. Si bien se advierte que en virtud de la medida cautelar ordenada por el Juzgado Federal de Río Cuarto el 5 de noviembre de 2003 en el marco de la causa “Barbuy Team c/ Poder Ejecutivo Nacional y otros – Acción declarativa de certeza” (expte. nº 157-B-03), el Fisco Nacional se vio imposibilitado de iniciar cualquier tipo de reclamo administrativo y/o CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 28370/2019 BARBUY TEAM SA (TF 39642-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO judicial con relación al impuesto a las ganancias del ejercicio fiscal 2002, no es posible concluir, como interpreta la demandada, que dicho impedimento sólo fue superado con la notificación de la sentencia que de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del 19 de abril de 2011, que puso fin a la cuestión de fondo debatida en aquel proceso.
En efecto, en los referidos precedentes esta sala sostuvo que las medidas cautelares tienen carácter provisional y subsisten mientras duren las circunstancias que las determinaron; es decir, que aquéllas caducan con motivo de la sentencia que desestima la pretensión deducida por quien las obtuvo.
Por tanto, con el dictado de la sentencia de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba el 25 de junio de 2009, que revocó la decisión del juez de primera instancia y rechazó la acción deducida por la parte actora, desapareció todo obstáculo para que el Fisco Nacional ejerza las facultades que la ley 11.683 le otorga a fin de determinar y exigir el pago de las obligaciones fiscales.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta lo previsto en los artículos 56 y 57 de la ley 11.683, y la suspensión de plazos de un año prevista en la ley 26.476, al momento de emitirse las resoluciones nºs 19 y 93 (el 8 de abril y 8 de agosto de 2014, respectivamente) las atribuciones del Fisco Nacional para determinar y exigir el impuesto a las ganancias por los ejercicios 2002 y 2003 se encontraban prescriptas.
En suma, el pronunciamiento recurrido resulta ajustado a derecho.
IX. Que corresponde fijar el régimen causídico del presente proceso.
Las costas relativas a la incidencia examinada en los considerandos III y IV deben ser distribuidas en el orden causado, dado que el planteo de caducidad formulado por la parte actora fue resuelto junto con el plano sustancial de la controversia, lo que no habilita una imposición de costas autónoma (artículo 68, segunda parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación; esta sala, causas “Riasa S.A.”, “Casa Fuentes S.A.C.I.F.I.” y “Petrolera Villa Gobernador Gálvez”, pronunciamientos del 15 de septiembre de 2011, del 26 de agosto de 2014 y del 22 de febrero de 2016, respectivamente; y “Oscar Hernández e Hijos SRL”, ya citada). Las costas correspondientes a las excepciones de prescripción cuya procedencia aquí se confirma, deben imponerse —en ambas instancias — al Fisco Nacional, pues no se advierten motivos que persuadan al tribunal de modificar el modo en que fueron impuestas por el Tribunal Fiscal, dado el principio general previsto normativamente (artículo 68, primera parte, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En mérito de las razones expuestas, el tribunal RESUELVE: i.
Desestimar el acuse de caducidad formulado por la parte actora. ii. Desestimar los agravios del Fisco Nacional y confirmar el pronunciamiento de fs. 344/348. iii. Fijar las costas del proceso en los términos del considerando IX.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
Fin de la sentencia