Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-880/24-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Dr. Eduardo Salvador Barcesat.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: B-880/24-IMC-TSJ Sentencia N°: 1175 Actor: BARCESAT EDUARDO SALVADOR Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 30/05/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1175 FOLIO Nº 3873/3876 PROT. ELECT. TSS1 032 C.251
Río Gallegos, 30 de mayo de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BARCESAT EDUARDO SALVADOR C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. N° B-880/24-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que en los autos principales se presenta el Dr. Eduardo Salvador Barcesat, con el patrocinio letrado del Dr. Matías Ezequiel Solano y de la Dra. Laura Bárbara Goñi, interponiendo demanda contencioso administrativa contra el Estado Provincial, impugnando el Decreto Provincial Nº 0191/2024, del 29 de febrero del 2024, respecto del cual requiere su nulidad. Solicita se ordene al Poder Ejecutivo Provincial restablecer su estabilidad y permanencia laboral; y que se le abonen los salarios caídos desde el 1º de febrero de 2024. Para el hipotético caso que se rechace la petición principal, solicita una indemnización por despido incausado en los términos que prescribe el Convenio Colectivo para el Sector Público de la Provincia de Santa Cruz (cfr. PE1431526-2024, de los autos principales, págs. 1/2).- En el acápite VII de su demanda solicita el dictado de una medida cautelar a fin de que se lo reponga en el cargo de Consultor Jurídico y Procurador Letrado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la órbita de la Fiscalía de Estado de la Provincia de Santa Cruz (cfr. PE cit., pág. 15).-
Plantea que el objeto de la medida solicitada es procurar asegurar la eficacia de la sentencia, en función del transcurso irremediable del tiempo (cfr. PE y pág. cits.).-
Argumenta que conoce la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo; pero sostiene que la presunción legal es relativa, provisoria, transitoria, calificada como presunción iuris tantum y que puede desvirtuarla el interesado al demostrar que el acto controvierte el orden jurídico (cfr. PE y pág. cits.).-
Explica que la ilegalidad del despido resulta manifiesta ya que no medió acto administrativo que establezca en forma fundada tal decisión (cfr. PE cit., pág. 16).-
También invoca los derechos de las personas mayores, en particular la Convención Interamericana para la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores e informa que cuenta con 84 años de edad (cfr. PE y pág. cits.).-
Afirma que la promoción de la medida solicitada busca garantizar el interés público con perspectiva de ancianidad que se encuentra establecido en el bloque normativo internacional incorporado a nuestra Constitución Nacional (cfr. PE cit., pág. 17).-
El presente incidente se forma en cumplimiento a lo ordenado en la providencia PE878286-2024 de los autos principales (cfr. PE1444669-2024).-
Corrido el traslado a la demandada, es contestado por sus letrados apoderados Dres. Ramiro Esteban Castillo y Juan Lucio R. de la Vega. Allí sostienen, por las razones que esgrimen, que el planteo debe rechazarse (cfr. PE1480326-2024, pág. 1).-
Para sustentar su oposición, indican que: “…corresponde destacar que el Decreto 191/2024 cumplió su objeto y sus efectos se extinguieron hace tiempo. La norma, como el actor menciona, autorizaba a la Fiscalía de Estado a renovar el Contrato de Locación de Servicios del aquel entre el 1° (sic) y el 31 de enero de 2024. En consecuencia, al vencimiento de ese plazo cesaron los efectos del Decreto 191/2024, por lo que el pedido de suspensión de ejecutoriedad a su respecto es improcedente.” (cfr. PE y pág. cits.).- Destacan que las sucesivas renovaciones se limitaron a autorizar la renovación del Contrato de Locación de Servicios original (cfr. PE cit., pág. 2).-
Sostienen que el actor no puede desconocer los términos en los que se vinculó al Estado Provincial (cfr. PE cit., pág. 3).-
Dicen que según la doctrina del Máximo Tribunal de la Nación, el empleado público enrolado en un régimen sin estabilidad no tiene derecho a ella, si no se modificó expresamente tal situación (cfr. PE cit., pág. 4.).-
Plantean que no se verifica la existencia de los requisitos para la procedencia de una medida cautelar según el artículo 33 de la Ley Nº 2600. Siguen diciendo que a esos requisitos debe agregarse -con las particularidades exigidas que una cautelar contra el Estado requiere- que exista verosimilitud en el derecho y peligro en la demora (cfr. PE y pág. cits.).-
Señalan el criterio estricto de admisibilidad de medidas cautelares contra actos administrativos (cfr. PE y pág. cits.).-
Observan que el criterio restrictivo para la procedencia de la cautelar se intensifica cuanto su objeto es idéntico a la pretensión principal de la demanda, pues concederla implicaría: “…anticipar el resultado del proceso principal…” (cfr. PE cit., pág. 6).-
Afirman que la verosimilitud en el derecho tiene que ser tan evidente que permita derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, y que en el caso de autos está ausente. Dicen que la inexistencia de estabilidad del cargo que ostentaba el actor resulta de los contratos que firmó y en especial del Decreto Nº 2996/2003, que veda la posibilidad de reclamar la reincorporación tras el fin del vínculo de acuerdo a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. PE cit., pág. 7).- Observan que tampoco puede pasar desapercibido que la parte actora no ha ofrecido contracautela, omitiendo cumplimentar con uno de los presupuestos exigidos por la ley para conceder la medida peticionada (cfr. PE cit., pág. 9).-
Plantean que la aceptación de la medida cautelar solicitada implicaría la afectación del interés público, pues la reincorporación del actor obligaría a la Provincia a desviar recursos destinados a atender necesidades colectivas (salud, educación, seguridad, etc.) (cfr. PE y pág. cits.).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo dictamina que no debe hacerse lugar a la medida cautela peticionada (cfr. PE1500664-2024).-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver (cfr. PE912185-2024).-
II. A los fines de dar respuesta a la cuestión planteada, debe analizarse si se encuentran acreditados los presupuestos genéricos para la procedencia de toda medida cautelar, en orden a lo normado por el artículo 25 y s.s. del CPCA, Ley Nº 2600, esto es, verosimilitud del derecho y peligro en la demora.-
Para ello conviene precisar que el juzgamiento de este tipo de pretensiones se despacha con una cognición mucho más expeditiva y superficial que la ordinaria, de modo tal que puede ser modificado en la sentencia definitiva, por lo que ni el otorgamiento de la medida prejuzga sobre el mérito de la causa, ni el consentimiento de aquélla implica aceptación de la procedencia del derecho a juzgar en la sentencia definitiva (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVIII, Reg. 1079, Folio 3445/3447).- Todo razonamiento a efectuarse en la materia que nos ocupa debe hacerse teniendo especialmente en cuenta que los actos administrativos se presumen legítimos (cfr. art. 12 de la Ley Nº 1260).-
En este terreno también debe observarse una mayor prudencia en la apreciación de los recaudos que hacen a su admisión porque la decisión es netamente excepcional, habida cuenta que configura un anticipo de jurisdicción favorable (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813, entre otros).-
Conforme se ha manifestado en doctrina, debemos destacar que la medida cautelar innovativa también es de carácter extraordinaria pues, además de los recaudos propios de toda pretensión cautelar, exige uno que le es específico y característico: la irreparabilidad del daño infligido por la situación de hecho o de derecho que se pretende innovar (cfr. Gallegos Fedriani Pablo O., “Las Medidas Cautelares contra la Administración Pública”, 2° Edición actualizada, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, 2006, pág. 135).- Teniendo en cuenta las pautas reseñadas, se puede adelantar que en el caso bajo examen no aparecen cumplidos los extremos que tornarían procedente la medida cautelar requerida.-
III. En cuanto al primero de los presupuestos, es decir, el de la verosimilitud del derecho, resulta oportuno considerar que para derrumbar la presunción de legitimidad de la actuación administrativa, aquella debe emerger con indiscutible nitidez (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1058, Folio 3332/3335). Es indispensable que el derecho sobre el que se pretende la cognición cautelar aparezca como probable, con una probabilidad cualificada, lo cual no se avizora -en principio- en el caso de autos.- En esta línea, se ha dicho reiteradamente que la procedencia de toda medida precautoria cuyo objeto sea obtener la suspensión de la ejecución de un acto administrativo exige un severo examen en cuanto a la verosimilitud del derecho y la existencia de peligro en la demora, en atención a la presunción de legitimidad y ejecutividad de la que aquéllos gozan (CSJN, Fallos: 319:1069 y 323:3326; SCBA “Ale, Alejandro Ahmed c/ Instituto de Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires s/ Demanda Contencioso Administrativa”, Causa B. 65.312, 19/10/2011).- La referida presunción de legitimidad y fuerza ejecutoria de los actos administrativos se encuentra consagrada en el precitado artículo 12 de la Ley N° 1260, en cuanto dispone que: “El acto administrativo goza de presunción de legitimidad; su fuerza ejecutoria faculta a la Administración a ponerlo en práctica por sus propios medios… e impide que los recursos que interpongan los administrados suspendan su ejecución y efectos, salvo que una norma expresa establezca lo contrario…”.- Si el acto se presume legítimo, quien lo está impugnando y, además, peticionando que se suspenda su ejecución, debe destruir la apariencia de aquella legitimidad.
Ergo, debe alegar y dar a entender, con cierta verosimilitud, que el acto no es legítimo. No debe examinarse, para acreditar la “apariencia de buen derecho”, la mera probabilidad de que asista razón al demandante, sino que también deben examinarse las razones de la Administración, las que, por lo común, surgirán de la motivación del acto administrativo (cfr. Hutchinson, Tomás “Derecho Procesal Administrativo”, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2009, Tomo III, págs. 572 y 574).- Es decir, si bien para la procedencia de una medida cautelar no se requiere un conocimiento exhaustivo y profundo de la materia controvertida, sino tan solo uno periférico o superficial encaminado a obtener un pronunciamiento de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido, es necesario comprobar al menos la apariencia o verosimilitud del derecho invocado por el actor de forma tal que, de conformidad con un cálculo de probabilidades, sea factible prever que en la cuestión principal pueda declararse la certeza de ese derecho (cfr.
CNCiv., Sala A: “Barrese, Carlos A. c/ Bacone, Daniel A y otros” 1/06/1998 citado por Aurelio Ammirato y Pablo A. Temponi en “Medidas Cautelares contra el Estado” en la obra de Claudio M. Kiper -Director- “Medidas Cautelares”, 2da. edición actualizada y ampliada, Tomo II, CABA, La Ley, 2014, nota al pie Nº 32, pág. 15).- Este Alto Cuerpo ha sostenido que: “Cuando se trata de actos emanados de la Administración Pública, se acentúa el criterio restrictivo a partir de la presunción de legitimidad de que gozan sus actos y de la que deriva su ejecutoriedad. ‘...De allí que el primer requisito condicionante de la medida cautelar respecto de aquellos consista en la acreditación de su manifiesta arbitrariedad o ilegalidad, pues sólo concurriendo esta circunstancia resulta quebrada la mencionada presunción…’” (cfr.
Contencioso Administrativo, Tomos XV, Reg. 946, Folio 2845/2847 y XX, Reg. 1173, Folio 3864/3867). Este supuesto se configura cuando el vicio que afecta al acto administrativo surge palmariamente del propio acto, sin necesidad de efectuar una investigación de hecho; y la ilegitimidad o la arbitrariedad aparecen de la mera confrontación con el orden jurídico positivo.- En el caso en estudio se observa que el acto administrativo que se pretende se suspenda (Decreto Nº 0191/24 emanado del Sr. Gobernador de la Provincia de Santa Cruz) autoriza a la Fiscalía de Estado a renovar el contrato de locación de servicios con el actor, a partir del “1 de enero y hasta el 31 de enero de 2024” (cfr. PE1431526-2024, de los autos principales).
En efecto, el acto atacado emanado del Poder Ejecutivo Provincial goza -en principio- de la presunción de legitimidad, sin vislumbrarse prima facie arbitrariedad o ilegalidad manifiesta. Además de aparecer, al menos en un examen inicial, como suficientemente motivado. Ello, sin perjuicio del oportuno mérito que pueda realizar este Alto Cuerpo al momento de dictar sentencia definitiva en el proceso principal (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813 citado, entre otros).- Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, podemos decir que otro aspecto que obsta a la procedencia de la medida solicitada es que en autos se encuentra controvertida la garantía de estabilidad en el empleo público que aduce el actor.
Ello es así, toda vez que la demandada entiende que el accionante no gozaba de estabilidad en su cargo, por ser personal contratado a término conforme el Decreto Nº 2996/2003. Sobre estas bases el Estado Provincial estima que el demandante no exhibe un derecho verosímil.- Es en virtud de los antecedentes citados, las constancias de autos y de la presunción de legitimidad de la que goza el acto administrativo objeto del proceso que se entiende que no se encuentra configurado -en los presentes- la apariencia de buen derecho para el otorgamiento de la medida preventiva peticionada.-
IV. En lo que respecta al análisis del presupuesto cautelar del peligro en la demora, también se observa que no concurren en el caso bajo estudio los elementos de urgencia que habiliten el otorgamiento de una medida de este tipo. Ello es así toda vez que, en consonancia con lo expuesto por la demandada y analizadas las constancias de autos, no se evidencia con claridad suficiente un peligro inminente de magnitud tal que amerite el dictado de la cautelar que se peticiona, y mucho menos que el mismo asome como irreparable ulteriormente. (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 937, Folio 2811/2813 citado). Ciertamente, no basta para ello alegar genéricamente un perjuicio económico o un proceder injusto de la Administración. Ello así, puesto que tales manifestaciones no resultan habilitantes, sin más, para acreditar el carácter irreparable de los agravios que ocasionaría a los interesados la resolución administrativa cuestionada.- Este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que las afirmaciones que no pasan de ser una mera opinión personal, carente de sustentación objetiva ante la ausencia del más mínimo elemento de prueba que la respalde resultan insuficientes para satisfacer el requisito bajo estudio (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211).-
Por otra parte y atendiendo a los perjuicios que el acto impugnado causare o pudiere causar al actor, este Alto Cuerpo también ha expresado que: “…no debe dejar de ponderarse la necesidad de distinguir las cuestiones de naturaleza estrictamente patrimonial de aquéllas que no lo son; destacando que en las primeras, la carga de acreditación del peligro que acarrea la ejecución del acto impugnado será mayor que cuando se trate de las segundas (confr. De Lazzari, Eduardo N., ‘Medidas Cautelares’, T.2., Librería Editora Platense, ed. 2000, pág. 341)…” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XI, Reg. 743, Folio 2096/2098).- Desde este cuadrante, cabe advertir que las argumentaciones esbozadas por el peticionante no logran demostrar con éxito una situación de peligro real de entidad inminente. Amén de ello, nada impediría que, en caso de obtener una sentencia definitiva favorable, logre una justa reparación integral de los daños y perjuicios que les hubiere ocasionado el acto (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XI, Reg. 722, Folio 2036/2037; Reg. 743, Folio 2096/2098; XV, Reg. 978, Folio 2984/2986 y XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467).- Sosteniendo este criterio se ha expresado que: “…La apreciación sobre la concurrencia de los extremos de verosimilitud en el derecho y peligro en la demora, se torna aún más rígida cuando se trata de medidas cautelares vinculadas a actos administrativos… las que en principio no proceden. Ello así, habida cuenta de la presunción de validez que los mismos ostentan; doctrina que según ha expresado el máximo Tribunal de la Nación, sólo debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles. Es que en mérito a la presunción de legitimidad de que gozan los actos emanados de los órganos del Estado, hace que su ejecutoriedad no pueda ser detenida por la justicia, sino mediando graves circunstancias. Para tales supuestos, debe el peticionante demostrar prima facie, la arbitrariedad del acto o la violación de la ley pues mientras no se destruya tal presunción no se configura la necesaria verosimilitud del derecho que torna viable la protección cautelar, como asimismo el perjuicio irreparable que le ocasiona, requisitos que derivan tanto de la naturaleza de la institución como de la aplicación de los principios generales que imperan la materia (art. 230 del CPCC).” (cfr. SCBA: Sum. “Transportes Unidos de Merlo S.A.C.I. e I. c/Municipalidad de Morón y otro s/Amparo”, CC0002 SM 55127 RSI-158-4 I 03/05/2004).-
V. Resta indicar que el hecho de que no se encuentren configurados los presupuestos a los que se hizo referencia en los considerandos, exime a este Alto Cuerpo de ponderar la afectación del interés público, puesto que tales requisitos deben hallarse siempre presentes, ya que no funcionan de forma alternativa sino complementaria (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomos XVII, Reg. 1031, Folio 3208/3211 y XVIII, Reg. 1085, Folio 3464/3467 cits.).-
VI. Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión a debatirse en el proceso principal.-
Por ello, y considerando que no se han acreditado, dentro del estrecho margen de conocimiento del presente incidente, la verosimilitud del derecho y el peligro en la demora, corresponde no hacer lugar a la medida cautelar peticionada, imponiendo las costas en el orden causado en virtud de lo estipulado por al artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a lo expuesto y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No hacer lugar a la medida cautelar peticionada por el Dr. Eduardo Salvador Barcesat.-
3. Regístrese y notifíquese. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1032C.251 Tomo: XX Sentencia: 1175 Folio N°: 3873/3876 Secretaría: 1
Fin de la sentencia