Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2580/24-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1309967-2024.-
2Rechazar el recurso de queja articulado por la parte codemandada, Trans Bahía S.A. en PE1232922-2024 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1206295-2023 de los autos citados, con costas.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2580/24-TSJ Interlocutorio N°: 3799 Actor: BARGAS JUAN CARLOS Y OTRA Demandada: ARCE DIAZ CESAR RAMIRO Y OTROS Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA TRANS BAHIA S.A Fecha: 25 de abril de 2024.-
Texto: TOMO XXXV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3799 FOLIO Nº 6897/6899 PROT. ELECT. TSS1 013 I.241
Río Gallegos, 25 de abril de 2024.-
Los presentes autos caratulados: “BARGAS JUAN CARLOS Y OTRA c/ ARCE DIAZ CESAR RAMIRO Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS s/ RECURSO DE QUEJA -PARTE DEMANDADA TRANS BAHIA S.A.”, Expte. Nº B-2580/24-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por el Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1309967-2024.- El Magistrado expresa que: “En virtud de lo dispuesto por el art. 30 del CPC y C, excúsome de intervenir en los presentes por encontrarme comprendido en la causal del art. 17 -inc. 1°- del citado texto legal, respecto del Dr. Mauricio B. Mariani, apoderado de la parte actora en los autos principales.”. (cfr. PE cit.).- Encuadrándose la causal invocada en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 1º del CPCyC, y en virtud de lo normado en el artículo 30 de la citada norma, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Que, asimismo, vienen en virtud del recurso de queja articulado por la parte codemandada Trans Bahía S.A., por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Facundo González Figueroa (cfr. PE1232922-2024), contra la resolución dictada el 12 de diciembre de 2023 por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial que declaró formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE cit., INT00051329.pdf).- Este último fue incoado contra la Sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones que declaró la nulidad absoluta de la sentencia de Primera Instancia, compuso positivamente la litis y, en consecuencia, admitió la demanda promovida por la parte actora condenando al Sr. César Ramiro Arce Díaz y Trans Bahía S.A. a abonar la suma de pesos setenta y tres millones novecientos seis mil cuatrocientos cinco con ochenta y dos centavos ($ 73.906.405,82) , con costas en ambas instancias a cargo de los demandados (cfr. PE cit., INT00051330.pdf).-
III. Liminarmente, advertimos que la quejosa, a lo largo de su escrito, denomina incorrectamente su presentación como “Recurso de Queja por Apelación Denegada”, cuando en realidad se trata de un recurso de queja por casación denegada.- Sin perjuicio del mencionado yerro del que deberá tomar nota el letrado apoderado para futuras presentaciones y a fin de no incurrir en un excesivo rigor formal que atente contra el acceso a la jurisdicción, más abajo analizaremos el recurso directo impetrado.-
IV. Ahora bien, en su recurso directo la quejosa sostiene que la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones adolece de nulidades absolutas y manifiestas vinculadas a elementos esenciales del debido proceso, tales como su causa y motivación, al encuadrar en forma irregular sus determinaciones, aplicando artículos del código procesal que nada tienen que ver con el proceso que se ventila en autos. (cfr. PE cit., pág. 8).- Agrega, que la gravedad y el carácter palmario de los vicios enrostrados no necesitan mayores indagaciones que la lectura detenida de la resolución en crisis y la compulsa del expediente en cuyo marco fue emitida, donde se omiten, según indica la recurrente, las mínimas consideraciones para determinar la deserción del recuso oportunamente intentado, en franca violación a garantías constitucionales. (cfr. PE y pág., cits.).- Bajo el rótulo de fundamentos de hecho y derecho, la quejosa discurre libremente sobre distintos tópicos abordados en la sentencia de segunda instancia como la influencia de la sentencia penal en sede civil, la responsabilidad civil, la cuantificación de los daños, el daño moral y, por último, la regulación de los honorarios (cfr. PE cit., págs. 2/5).- También, plantea la parte recurrente que la resolución denegatoria atacada viola la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y las garantías constitucionales y convencionales, citando al efecto distintos preceptos de la Carta Magna Nacional y numerosas convenciones internacionales con jerarquía supralegal (cfr. PE cit., págs. 5/8).- Pasan los presentes al Acuerdo en PE1272949-2024.-
V. Que, como paso previo a revisar el mérito del presente recurso y de conformidad a lo sostenido en forma reiterada por este Alto Cuerpo en precedentes de similares características (cfr. Interlocutorio, Tomos II, Reg. 230, Folio 390; Reg. 231, Folio 391; IX, Reg. 1276, Folio 1689; XIII, Reg. 1690, Folio 2452/2453; XV, Reg. 1952, Folio 2892, entre otros), corresponde remarcar que de acuerdo a la preceptiva que regula este medio de impugnación (cfr. art. 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) se impone, preliminarmente, verificar si la presentación efectuada reúne ciertas pautas adjetivas que la doctrina en general denomina “condiciones formales” por oposición a las sustanciales del derecho de impugnación (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, Ed. L.E.P. S.R.L., 2da. ed., pág. 243), toda vez que dicha técnica procesal es rigurosa y de imperativo cumplimiento, con el objeto que la queja bastándose a sí misma, haga posible que el Tribunal pueda imponerse del planteo en forma integral.-
Examinados los términos de la impugnación, debemos adelantar que la queja no habrá de tener favorable recepción, toda vez que la parte recurrente no ataca eficazmente los fundamentos de la declaración de inadmisibilidad. Asimismo, tal como se explicará, el asunto traído ante estos estrados resulta ajeno a esta instancia extraordinaria.- Es que, en rigor, el escrito impugnativo carece del fundamento necesario para sostener una crítica concreta y razonada contra el interlocutorio que con este recurso pretende derribar. Se constata que las conclusiones de la Excma.
Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia el decisivo error o arbitrariedad que torne operativa la queja a los fines de revocar la declaración de inadmisibilidad del recurso de casación. En esta línea argumental, se debe recordar lo dicho por este cimero Tribunal: “…que como todo escrito recursivo, el de interposición de una queja debe autoabastecerse, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la agregación de los recaudos necesarios para su examen, sino también la fundamentación de su pretensión, demostrando por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover, circunstancia que no aconteció en autos.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXV, Reg. 3011, Folio 4861/4863). Afirmación extrapolable al caso de marras.-
En efecto, las críticas expuestas por la parte recurrente sólo traducen diferencias de criterio con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3172, Folio 5215/5218). Es que para impugnar eficazmente una resolución judicial a través de un recurso extraordinario no se debe presentar el caso y analizarlo con criterio subjetivo, sino demostrar -con un razonamiento detallado y preciso- la incorrecta subsunción en el derecho o lo impropio de los hechos valorados y por qué deben ser cambiados por los que el quejoso pretende.-
También, se verifica que los planteos de la recurrente remiten, ineludiblemente, al examen de cuestiones de hecho y prueba (v. g. la influencia de la sentencia penal en sede civil, la responsabilidad civil, la cuantificación de los daños, el daño moral y los honorarios regulados) que resultan, en principio, ajenas a esta instancia extraordinaria; salvo que se demuestre arbitrariedad o absurdo, circunstancia que no se vislumbra en la especie. Al respecto, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que el recurso considerado se limita a mencionar circunstancias de hecho y prueba que son ajenas a esta instancia casatoria, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr.
TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo II, Registro 183, Folio 303/305, entre otros).- Por su parte, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido, resulta preciso señalar que dicha normativa se refiere a la doctrina legal “…sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.- Sobre el particular, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const.
Prov.)...’…” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVIII, Registro 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Registro 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Registro 3222, Folio 5320/5324 y Registro 3241, Folio 5370).- Por lo expuesto, los precedentes del máximo Tribunal Nacional citados por la recurrente, amén que no intenta demostrar su conexión lógica con las circunstancias verificadas en esta causa, no configuran por si solos doctrina legal obligatoria para este cimero Tribunal Provincial.- Queda claro en base a los antecedentes normativos y jurisprudenciales enunciados que la queja propuesta es inviable. Esto, en tanto y en cuanto los requisitos exigidos por el Código Procesal Civil y Comercial respecto de los recursos extraordinarios ante este Alto Tribunal no son solemnidades sacramentales que hubieren perdido su justificación procesal, sino que responden a la necesidad siempre actualizada de no quitar a los recursos ante este Tribunal Superior de Justicia su carácter de medios de impugnación verdaderamente extraordinarios, que supone por eso mismo, el cumplimiento de cargas inexcusables para evitar que, en la práctica, se concluya en desvirtuarlas (cfr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XIII, Interlocutorio, Reg. 1722, Folio 2502/2504).-
VI. En cuanto a la alegada violación de principios y garantías que emanan de la Constitución Nacional y tratado internacionales de igual jerarquía, no podemos soslayar que la quejosa sólo se ha limitado a mencionar algunos de los artículos, principios y garantías que considera quebrantados, así como también cita genéricamente precedentes de la Corte Suprema de Justicia Nacional, sin explicar de qué manera la resolución de Cámara produjo esa violación.- En síntesis, como reiteradamente ha sostenido este Excmo. Tribunal Superior no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar un planteo en tal sentido: “...la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio...” (cfr. TSJ, Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVI, Registro 3143, Folio 5153/5156, entre otros).-
VII. Que por lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 18 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, corresponde rechazar el recurso de queja articulado por la parte demandada Trans Bahía S.A. en PE1232922-2024 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1206295-2023 de los autos principales, en cuanto declaró formalmente inadmisible el recurso de casación interpuesto en PE1021130-2023 de los autos citados; con costas a la recurrente, de acuerdo a lo normado en la última parte del citado artículo.- Por todo lo expuesto, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1309967-2024.-
2. Rechazar el recurso de queja articulado por la parte codemandada, Trans Bahía S.A. en PE1232922-2024 y, en consecuencia, confirmar la resolución dictada por la Excma. Cámara en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1206295-2023 de los autos citados, con costas.-
3. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvase. Cumplido archívese la presente queja.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptadas las excusaciones de la Sra. Vocal, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).- Fdo: Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal A/C de presidencia-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.- Protocolización: TSS1013I.241 Tomo: XXXV Interlocutorio: 3799 Folio N°: 6897/6899 Secretaría: 1
Fin de la sentencia