Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2579/23-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1095779-2023 (MAN00009379.pdf) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1189964-2023.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2579/23-TSJ Interlocutorio N°: 3850 Actor: BARNETCHE MARCELO ENRIQUE Y OTRO Demandada: PETROBRAS ARGENTINA S.A Objeto: LABORAL Fecha: 12-02-2025 Texto: TOMO XXXVI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3850 FOLIO Nº 7064/7067 PROT. ELECT. TSS1 001 I.251
Río Gallegos, 12 de febrero de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BARNETCHE MARCELO ENRIQUE Y OTRO c/ PETROBRAS ARGENTINA S.A s/ LABORAL”, Expte. Nº B-27.447/16 (B-2579/23-TSJ) venidos al Acuerdo para resolver; y:
I. Que llega la presente causa a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte demandada, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Alejandro Angel García en PE1095779-2023 (MAN00009379.pdf), contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que revocó el pronunciamiento emitido en Primera Instancia y, en consecuencia, admitió parcialmente la demanda incoada por los señores Pedro Jacobo Hammond y Marcelo Enrique Barnetche, condenando a la demandada a abonarles la suma de $1.168.187,42 y $481.996,11 respectivamente, con más los intereses computados a la tasa pasiva que publica el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha del cese y hasta el efectivo pago (cfr. PE1076883-2023).-
II. La casacionista recurre el fallo de Segunda Instancia en los términos de los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, acusando quebrantamiento de forma, violación de la ley o doctrina legal y arbitrariedad (cfr. PE1095779-2023, MAN00009379.pdf, págs. 2/3).- Alega la infracción de las garantías constitucionales consagradas en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, del principio de congruencia y postula que se ha realizado una incorrecta interpretación de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley N° 2450 (cfr. PE, pdf. y págs. cit.).-
Sostiene que la Cámara de Apelaciones ha incurrido en arbitrariedad al apreciar los hechos debatidos, violando la defensa en juicio y el debido proceso. En punto a ello, expresa que la arbitrariedad se magnifica al prescindir de los hechos y disponer la invalidez de los acuerdos suscriptos de plena conformidad por los actores ante notario público (cfr. PE y pdf. cits., pág. 4).- Enumera distintas causales de arbitrariedad, entre las cuales se encuentran: la errónea aplicación de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley N° 2450; el uso de fundamentos solo aparentes; haber incurrido en un exceso ritual manifiesto; y la falta de análisis respecto de la conducta de los actores (cfr. PE y pdf. cits., págs. 4/5).-
Indica que la Corte Suprema de Justicia de la Nación clarificó la cuestión en la causa “Ocampo, Alessio Matías Yair c/ BGH S.A. s/ despido” (cfr. PE y pdf. cits., pág. 5).-
Asevera que de los acuerdos celebrados con los trabajadores no se observa transacción ni conciliación de obligaciones litigiosas o dudosas, de modo tal que la homologación exigida en la decisión impugnada no constituye un requisito legal para otorgarles validez (cfr. PE y pdf. cits., pág. 6).-
Afirma que la visión interpretativa adoptada en torno al artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo impacta en la seguridad jurídica así como en la dinámica de las relaciones laborales (cfr. PE y pdf. cits., pág. 7).-
Por último, dice que la Cámara ha efectuado una aplicación excesiva de los principios protectorios del trabajo, sin ponderar las circunstancias fácticas y las cualidades de los trabajadores, quienes ostentan una posición de solvencia suficiente como para evitar cualquier fraude en su contra (cfr. PE y pdf. cits., pág. 8).-
La Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación (cfr. PE1189964-2023).-
Pasan los presentes al Acuerdo en PE739570-2023.-
III. En oportunidad de efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del C.P.C.yC., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se advierte que el mismo no alcanza a cumplimentar los requisitos formales que se interponen en el acceso a esta instancia extraordinaria.-
No debe perderse de vista que -tal como lo ha sostenido inveteradamente este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXV, Reg. 3795, Folio 6885/6888).-
Para que esta vía tenga andamiento resulta imperativo que la recurrente despliegue una técnica impugnativa adecuada, de modo que el escrito portador de su recurso formule una crítica concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento jurisdiccional, sin que reúna tal condición aquélla que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos básicos, determinaciones o fundamentos sobre los que se asienta.-
En este análisis previo, se detectan falencias en la fundamentación del recurso que obstan a su concesión.-
Las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras, como lo son aquellas vinculadas a desentrañar las circunstancias fácticas bajo las cuáles las partes disolvieron el vínculo laboral por mutuo acuerdo, formalizados mediante escritura pública. Únicamente cabe hacer excepción ante la denuncia idónea y efectiva de la existencia de absurdo o arbitrariedad, extremos que no se avizoran en el caso bajo estudio.-
Recordemos que la revocación de una sentencia por absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946, entre otros).-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “…para que se configure el extremo del absurdo o arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr. Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788; XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003 y XXX, Reg. 3480, Folio 5942/5946).-
Debemos decir que, de la atenta lectura del instrumento recursivo, surge que las críticas del impugnante sólo traducen meras diferencias de opinión con el Tribunal de Alzada y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta.-
En ese marco no se demuestra ni se advierte falta de fundamentación en lo sentenciado, girando las cuestiones propuestas en torno a materias propias del ámbito reservado a los jueces ordinarios de la causa. Ello es así en tanto, con sus genéricas alegaciones, y dadas las insuficiencias habidas en la presentación intentada, la impugnante no logra demostrar un supuesto de arbitrariedad o de omisión de valoración de cuestiones planteadas.- El fallo impugnado efectuó un pormenorizado escrutinio de las circunstancias que rodearon la extinción de las relaciones laborales que mantuvieron los trabajadores con la empresa Petrobras.-
La Cámara de Apelaciones resolvió revocar la sentencia de Primera Instancia, al considerar que el acuerdo de extinción de la relación laboral, formalizado ante escribano público, encubría un verdadero despido sin causa. Fundamentó su decisión en los principios protectorio y de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador, resaltando la preeminencia del orden público laboral y la hiposuficiencia que caracteriza al trabajador en su relación con el empleador. Para la Cámara, estos principios exigen una especial cautela en la interpretación y validez de los acuerdos de desvinculación, particularmente cuando se pretende prescindir de la homologación judicial o administrativa que asegure la justa composición de intereses.-
En su análisis, el Tribunal de Alzada puso especial énfasis en la gratuidad propia de las extinciones por mutuo acuerdo, notando que, en el caso bajo estudio, el acuerdo incluía una “gratificación” de carácter extraordinario. A su juicio, esta gratificación, dispuesta en reconocimiento de los servicios prestados, implicaba una compensación que escapaba al esquema típico de una desvinculación consensuada y libre de obligaciones indemnizatorias. La existencia de dicha gratificación constituiría un ardid para eludir el pago de la indemnización que correspondería en un despido directo.-
El órgano judicial concluyó que el acta notarial, lejos de responder a un genuino acuerdo entre partes iguales, reflejaba una situación de presión y coacción en la que los trabajadores, sin asesoramiento legal y ante el retiro de la empresa, se vieron compelidos a aceptar términos desfavorables. En este contexto, la Cámara juzgó inoponible el acuerdo, estimando que la falta de intervención de la autoridad laboral compromete la protección del trabajador y permite a la empresa sustraerse de su obligación indemnizatoria, en abierta vulneración al orden público laboral y al principio de irrenunciabilidad.-
Teniendo en consideración los fundamentos del fallo de la Cámara así reseñados, y sin juzgar sobre el acierto o el error de lo allí decidido, se advierte que el recurso extraordinario en tratamiento no ataca eficazmente los argumentos que sustentan la decisión en crisis, sino que, por el contrario, se desentiende notoriamente de ellos, lo que conduce indefectiblemente a su desestimación.-
Los argumentos de la recurrente se dirigen, en definitiva, a brindar su punto de vista sobre la forma en la que deben interpretarse los acuerdos celebrados con los trabajadores; pero en relación a este asunto tan sólo se pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada, por lo que deviene inadmisible el recurso (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorios, Tomos XI, Reg. 1504, Folio 2103/2104 y XII, Reg. 1655, Folio 2385/2387, entre otros).-
Desde otro cuadrante, tampoco debe prosperar la denunciada violación de las garantías y derechos reconocidos en la Constitución Nacional; ya que la sola mención de disposiciones y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIV, Reg. 3745, Folio 6713/6717).- Por otro lado, las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de formas tampoco logran evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial. La recurrente no ha intentado demostrar que el Tribunal de Alzada haya infringido las reglas básicas del razonamiento sentencial o incurrido en alguna omisión susceptible de configurar una transgresión al principio de congruencia, surgiendo evidente el ayuno de fundamentación, lo que torna inhábil al recurso en análisis para ser considerado admisible.-
Tampoco es de recibo la denuncia de violación de doctrina legal. En su pieza recursiva, la casacionista invoca el fallo “Ocampo, Alessio Matias Yair c/ BGH S.A. s/ despido” emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 343:947), del cual se habría apartado la Cámara al pronunciar su decisión.-
Resulta pertinente precisar que la doctrina legal que hace viable el recurso de casación es sólo aquella que emana de este Tribunal Superior de Justicia (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594) y no la que deriva de la jurisprudencia de otro tribunal. En este sentido, se ha sostenido que es este Alto Cuerpo el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (cfr. Interlocutorio, Tomo XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049).-
Por este motivo, devienen inatendibles los agravios sustentados sobre la base de fallos dictados por otros tribunales, en franca contradicción con lo dispuesto por los artículos 3°, inciso a) y el 4°, inciso b) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Sin perjuicio de ello, conviene puntualizar que la recurrente tampoco ha aportado argumentos sólidos para demostrar que el fallo “Ocampo” es pertinente para el caso. En aquel precedente, las instancias inferiores entendieron que la voluntad del trabajador no se encontraba viciada, a diferencia de lo que ocurre en esta causa, donde la Cámara observó que la desvinculación estuvo marcada por una situación de intimidación. Además, en “Ocampo” no se otorgó al trabajador una gratificación adicional, elemento que sí se encuentra en el acuerdo actual y que, a criterio de la Cámara, apunta a un despido encubierto.-
En síntesis, se debe concluir que las críticas de la recurrente no resultan suficientes para ingresar al análisis de las consideraciones expuestas en el pronunciamiento impugnado, en especial frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Máxime cuando la interpretación sustentada por la Cámara de Apelaciones resulta suficientemente motivada, lo que avienta la posibilidad de su descalificación como acto jurisdiccional válido.-
IV. Que, en virtud de todo lo expuesto y jurisprudencia citada, el recurso de casación articulado por la parte demandada en PE1095779-2023 (MAN00009379.pdf), no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1189964-2023, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte demandada en PE1095779-2023 (MAN00009379.pdf) y, en consecuencia, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante en PE1189964-2023.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia las Sras. Vocales, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau y la Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1001I.251 Tomo: XXXVI Interlocutorio: 3850 Folio N°: 7064/7067 Secretaría: 1
Fin de la sentencia