Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 34785-A
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
666/2025 BARON PATRICIA DEOLINDA (TF 34785-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 11 de abril de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 33/35, el Tribunal Fiscal de la Nación, confirmó la resolución AD MEND 979/13, recaída en la actuación SIGEA 12181-3220-2012/2, en cuanto había condenado a Patricia D. Barón de Yumma al pago de una multa de $40.153,67 por la comisión de la infracción prevista por el artículo 970 del Código Aduanero; con costas a su cargo.
Para resolver como lo hizo, explicó que el sumario se había iniciado porque la recurrente -de nacionalidad argentina-, con motivo de su regreso al país, importó temporariamente un vehículo marca “Dodge” y una motocicleta marca “Honda”, de origen estadounidense. En atención a ello, suscribió dos declaraciones juradas —una por cada vehículo— con el carácter de “admisión temporaria de vehículos de turistas”, por el que se le permitía la circulación dentro del territorio nacional por un plazo de 10 días, debiendo a su vencimiento tener por regularizada la situación de los vehículos, sea mediante su reexportación o importación para consumo.
Señaló que, al contestar la vista en sede aduanera, la actora manifestó haber cumplido con el régimen especial de la circular télex 561/94, toda vez que había presentado las solicitudes de retiro de los vehículos en la aduana de destino (Mendoza), 2 días antes del vencimiento del plazo de 10 días establecido por la norma; mientras que, la División Aduana Mendoza, mediante la nota 68/11, informó que no existía ninguna constancia presentada por la actora ni relacionada con la mercadería involucrada en esta actuación.
En ese contexto, el tribunal precisó que la cuestión pasaba por determinar si, de acuerdo con la normativa vigente y a la luz de la documentación presentada en la causa, se podía tener por acreditada la regularización de los vehículos. Indicó que, a los efectos de posibilitar el registro de la importación para consumo de automotores usados en el marco de la resolución ANA 1568/92 -para ciudadanos argentinos que retornasen del exterior-, y siempre que ingresaren vehículos por una aduana que no fuera la del domicilio de los interesados, la circular télex 561/94 permitía el tránsito de los automotores a través de su admisión temporal por un plazo de 10 días, al único efecto de posibilitar su arribo a la aduana de destino.
Especificó que, aquel plazo, “permitía el tránsito de los vehículos de un argentino que retorna al país hacia la aduana de destino, a los fines de que en esta última se afecten tales bienes a una Declaración Particular de Importación” (fs. 34). Indicó que, en el caso, la recurrente había justificado su proceder en el entendimiento de que esa normativa solo le exigía la presentación de los formularios de solicitud de retiro de automotores, motocicletas y velocípedos usados, regulados por la resolución ANA 1568/92; exigencia que se encontraba cumplida, de acuerdo con las constancias de fs. 22/25 de los antecedentes.
Sin embargo, el tribunal interpretó que los aludidos formularios no la eximían “al vencimiento del plazo acordado para el tránsito, de cumplir con las obligaciones a las cuales se comprometió al momento de suscribir los documentos de ingreso de los vehículos”. Y agregó que en las declaraciones juradas de admisión temporaria acompañadas a fs. 16/17 de los antecedentes se había establecido el plazo del 13/8/10 al 23/08/10 “para el egreso” de los vehículos, comprometiéndose en las mismas declaraciones la recurrente “a retornar al exterior con el vehículo (…) dentro del plazo acordado, o en su defecto a pagar los derechos y gravámenes que correspondan”, como así también, a “cumplir con las instrucciones que figuran al dorso”; dándose por notificada de que “la salida fuera de término constituye una infracción penada por…[el] art. 970”, y que, en caso de inconvenientes, debería solicitar una prórroga ante la aduana más próxima, con anterioridad al vencimiento” (fs. 34).
Ratificó que, al 23/8/10, los vehículos en trato no habían sido reexportados ni importados para consumo, y que tampoco se había solicitado una prórroga, por lo que, en definitiva, confirmó la atribución del ilícito.
2. Que, disconforme, a fs. 44 interpuso apelación la parte actora, que se concedió a fs. 45, se fundó a fs. 49/52vta. y fue replicada a fs. 67/68vta. En sustancia, planteó que se había efectuado una errónea interpretación de los hechos y el régimen particular de la circular télex 561/94.
Tras reproducir los términos de la citada circular, insistió en que se trataba de un régimen particular para ciudadanos argentinos que retornan del exterior, y que no debía confundirse con otros regímenes de importación temporal, que sí imponen someter los vehículos al debido control por parte del servicio aduanero, ingresándolos antes del vencimiento del plazo a una zona primaria aduanera hasta la autorización de su solicitud de nacionalización, o bien, de reexportación de la mercadería. En línea con lo expuesto, cuestionó que el Tribunal Fiscal de la Nación hubiese dado preeminencia a los términos del formulario OM 1867-A por sobre lo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 666/2025 BARON PATRICIA DEOLINDA (TF 34785-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO que requiere la citada circular télex 561/94. Insistió en que el deber de reexportar dentro del plazo -cuyo incumplimiento le achacan- figura en formulario preimpreso OM 1867-A, para la admisión de vehículos de turistas (arg. art. 2° y anexo III, res. ANA 308/84), mientras que el régimen particular para argentinos que retornan al país, establecido mediante la circular en cuestión, únicamente exige que el interesado arribe con el vehículo a la aduana de destino y que efectúe dentro del plazo “el registro del OM 1871-A”; añadiendo, en lo que interesa, que “el propietario se constituirá en depositario fiel y sin derecho a uso, hasta que quede finalizado el trámite de importación mediante la entrega del automotor por la aduana de destino….las aduanas de destino comunicarán el registro del OM 1871-A a la aduana de entrada, en su defecto, la aduana de entrada iniciará trámite por infracción al art. 970 del Código Aduanero” (fs. 49vta./50). Insistió en que la mencionada circular no le imponía el deber de ingresar los vehículos a zona primaria, sino que reemplazaba el depósito fiscal por la guarda en su domicilio. Y agregó que la interpretación analógica estaba prohibida en materia infraccional (art. 895, CA).
También sostuvo que, ante la petición de que se le otorgara el libramiento y certificado de nacionalización de los vehículos, debidamente expresada en los formularios OM 1871-A presentados, la Aduana debió impulsar el procedimiento hasta su finalización. Es decir que, a su entender, el único incumplimiento del caso recaía sobre la parte demandada, que aún no se había pronunciado sobre su pedido de importación para consumo de los vehículos (v. fs. 51 vta.).
Finalmente, planteó que no se había afectado la finalidad del régimen especial, que era trasladar los vehículos y presentar el OM 1871-A, por lo que concluyó que la resolución aduanera apelada resultaba nula, de nulidad absoluta por falta de causa y violación de la ley aplicable.
3. Que el artículo 970 del Código Aduanero —al que remite la normativa al amparo del cual ingresaron los vehículos del caso— establece: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería" (énfasis añadido).
Corresponde destacar que, en términos generales, el beneficio de la importación temporaria lo es a condición de que la mercadería se reexporte en término o, eventualmente, se convierta su importación en “definitiva”, para lo cual la solicitud pertinente debe efectuarse dentro de los plazos acordados para su permanencia por la reglamentación (arg. arts. 250 y 271, CA).
Es decir que la configuración de esta infracción depende, en parte, de circunstancias de hecho y prueba que, como principio, se encuentran marginadas del examen que corresponde realizar en esta instancia, atento a la limitación con que ha sido previsto el recurso que se intenta (art. 1180, ap. b, CA); y se adelanta que no surge de las actuaciones que hubiera mediado un error de magnitud suficiente como para apartarse de la decisión tomada por el Tribunal Fiscal de la Nación en ejercicio de sus facultades propias para apreciar los hechos de la causa (doctr. esta Sala, causas 2708/12 “Maritime Shipping Agency SRL”, sent. 26/6/12 y 7625/19 “Abbot Laboratories Argentina SA”, sent. del 29/8/19, entre otras).
4. Que de los antecedentes administrativos surgen, como relevantes, las siguientes circunstancias:
-El 12/8/10 la actora registró ante la Aduana de Buenos Aires la solicitud de retiro de equipaje no acompañado, y declaró los dos vehículos en cuestión (ver fs. 1, act. 12181-3220-2010).
-A fs. 14/16 de la citada actuación obran las constancias de la admisión temporal de los rodados, por el término de 10 días y para ser nacionalizados ante la Aduana de Mendoza. En especial, en los formularios preimpresos OM 1867-A, de fs. 15/16, consta el compromiso de retorno al exterior o nacionalización dentro del plazo conferido, tal como fue transcripto por el tribunal de origen.
-A fs. 21 la Aduana de Mendoza hizo saber que las admisiones temporales estaban vencidas y no existían constancias de nacionalización de los vehículos en los términos de la resolución ANA 1568/92; norma, ésta, que establece un régimen excepcional de importación de automotores, motociclos y velocípedos usados, entre otros supuestos, para “ciudadanos argentinos con una residencia en el exterior no menor a un (1) año que retornen para residir definitivamente en el país”, previéndose que la solicitud de destinación debía efectuarse mediante la presentación del formulario OM 1871-A (anexo III A, puntos 2.a, 4.a y 17).
-A fs. 26 obra el acta del secuestro de los dos rodados, el cual se llevó a cabo en febrero de 2011 en el domicilio denunciado por la actora en la ciudad de Mendoza, debido a que habían ingresado mediante admisión temporal y se hallaba CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 666/2025 BARON PATRICIA DEOLINDA (TF 34785-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO vencido el plazo acordado para su permanencia, sin que se hubiese llevado a cabo su nacionalización y patentamiento.
-Al contestar la vista del sumario, la actora manifestó que el 12/8/10 había formalizado la solicitud de importación temporaria de los automotores, y agregó que esa situación temporal fue “ulteriormente regularizada con la presentación de las solicitudes de retiro formalizadas mediante las actuaciones SIGEA 13289-21631- 2010 y 13289-21632-2010 de fecha 20 de agosto de 2010” (fs. 50/vta.), en el marco de la circular télex 561/94; actuaciones, aquellas, cuya agregación ofreció como prueba (fs. 52).
-A fs. 53 se tuvo por producida y agregada la prueba ofrecida “conforme constancias de fs. 22/25”.
-A fs. 23/vta y 25/vta. consta que dichos trámites de nacionalización, referidos a los vehículos en trato, fueron remitidos a la Aduana de Mendoza y posteriormente devueltos a la sección EMBA y Fluvial SUD, lo que la propia Aduana de Mendoza luego reconoció que fue producto de un “error” en el dictamen 781/13 (v. fs. 60, act. adm.).
-Finalmente, la resolución AD MEND 979/13, sustentándose en aquel dictamen, concluyó que se había configurado la infracción al artículo 970 del Código Aduanero, pues, tanto de los términos de la circular télex 561/94 -invocada por la actora- como de la resolución ANA 1568/92, se desprendía que no bastaba con que el administrado hubiese iniciado el trámite de nacionalización dentro del plazo de 10 días de admisión temporal, sino que además debía poner los vehículos a disposición de la aduana de destino, para que ésta procediese a su verificación y aforo. Y agregó que, sin esos trámites, no resultaba posible determinar la carga tributaria correspondiente a los efectos de su nacionalización. En ese sentido, remarcó que, independientemente de la presentación en término de las solicitudes de nacionalización y del error en el lugar de su presentación (que, con posterioridad, fue subsanado por la Aduana; v. fs. 68/vta. act. 12181-3220-2010/1), los vehículos fueron secuestrados 4 meses después del vencimiento del plazo otorgado para su permanencia temporal, sin que hubiesen sido puestos a disposición del servicio aduanero con relación a la nacionalización solicitada. Finalmente, indicó que el artículo 269 del Código Aduanero reafirmaba la necesidad de cumplir con dos condiciones independientes dentro del plazo de permanencia de la mercadería: el ingreso de la mercadería a zona primaria aduanera y la pertinente solicitud de destinación (v. esp. fs. 61/62 y 64/70, act. adm.).
De esta reseña surge que no está en discusión que los vehículos fueron admitidos temporalmente con arreglo al régimen de la resolución ANA 1568/92 y la circular télex 561/94. Tampoco se discute que la actora presentó, dentro del plazo de permanencia concedido, las correspondientes solicitudes de destinación de importación para consumo (ver formularios OM 1871-A, a fs. 22/25, act. adm.). Finalmente, no se cuestiona que los vehículos no fueron puestos a disposición de la Aduana de Mendoza antes del 23/8/10. De hecho, desde su primera presentación, la recurrente ha sostenido que no estaba obligada a hacerlo, lo cual constituye la cuestión jurídica a resolver.
5. Que se adelanta que aquella cuestión debe resolverse de modo favorable a la actora, pues, si bien es cierto que el texto de la circular télex 561/94 dispone que se permitirá la importación temporaria del automotor “al solo y único efecto de posibilitar el arribo del mismo a la aduana de destino” no es menos cierto que, al individualizar lo que deben hacer los interesados “dentro” del plazo de permanencia acordado, únicamente menciona “efectuar el registro del OM 1871-A” (obligación cuyo cumplimiento se encuentra fuera de discusión en el caso). A su vez, señala que el propietario se constituirá en depositario fiel y sin derecho a uso, hasta que quede finalizado el trámite de importación mediante la entrega del automotor por la Aduana de destino (v. fs. 94).
Por lo demás, esta disposición debe interpretarse en armonía con lo que establece la resolución ANA 1568/92, que prevé que los automotores y motociclos importados en las condiciones previstas en los puntos 2.a y 4.a quedan sujetos al régimen de comprobación de destino (anexo III A, pto. 18) —que no se transgredió en el caso, en tanto los vehículos fueron secuestrados en el domicilio que la actora había denunciado en los formularios OM 1871-A (v. fs. 22/26, act. 12181-3220- 2010/1)—.
En este punto, corresponde estar a la pauta hermenéutica conforme a la cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto legal, y en esa tarea es deber de los magistrados conciliar el alcance de las normas aplicables, dejándolas con valor y efecto, evitando darles un sentido que ponga en pugna las disposiciones destruyendo las unas por las otras (Fallos: 345:1044, voto del Dr. Rosatti; 347:579 y 1191; entre otros).
6. Que, en adición a que el régimen especial al amparo del cual ingresaron temporalmente los vehículos no establecía expresamente el deber de ponerlos a CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV 666/2025 BARON PATRICIA DEOLINDA (TF 34785-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO disposición de la aduana de destino dentro del plazo de 10 días, inciden en la solución del caso: el reconocimiento del servicio aduanero acerca de su error en la gestión inicial de las solicitudes de destinación definitiva -que la actora había presentado en forma oportuna-, lo actuado con posterioridad por la Aduana de Mendoza para reencausar tales trámites (v. fs. 68 y ss., act. 12181-3220-2010/1), y el artículo 898 del Código Aduanero, en cuanto establece que, en caso de duda, debe prevalecer la interpretación más favorable al imputado.
7. Que, por todo lo expuesto, e independientemente de lo que deba resolver la Aduana sobre la solicitud de nacionalización de los vehículos, corresponde hacer lugar al recurso interpuesto, revocar la decisión apelada y dejar sin efecto la multa impuesta a la actora en la resolución AD MEND 979/13 en los términos del artículo 970 del Código Aduanero.
Las costas ambas instancias se imponen al vencido, al no advertirse motivos para la dispensa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).
ASÍ SE RESUELVE.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia