Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 31.176-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 295/07, 296/07 y 297/07, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
A. Por el Expediente N° 31.176-I, en las sumas de $14.138 por la representación procesal y $35.347 por el patrocinio letrado.
B. Por el Expediente N° 31.177-I, en las sumas de $235.021 por la representación procesal y $587.552 por el patrocinio letrado.
C. Por el Expediente N° 31.184-I, en las sumas de $157.008 por la representación procesal y $392.521 por el patrocinio letrado.
3Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423: a. Por el Expediente N° 31.176-I, en las sumas de $59.222 equivalente a 0,78 UMA por la representación procesal y $148.056 equivalente a 1,95 UMA por el patrocinio letrado. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-115624968-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 17 de Octubre de 2025 Jorge S.A.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 31.176-I (y sus acumulados Nros. 31.177-I y 31.184-I) caratulado “Barraca San Jorge S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. Barraca San Jorge S.A. interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Comodoro Rivadavia de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a.- la Resolución N° 295/07, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2002 y 2003, y se lo intimó a ingresar $3.933.518,87, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). En dicho acto, además, se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional de los responsables de la contribuyente, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b.- la Resolución N°296/07, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 08/2001 a 06/2003 y se lo intimó a ingresar $220.089,26, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Aquí también se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional por los periodos fiscales 10/2002 a 6/2003, por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
c.- por último, la Resolución N°297/07, en la que se intimó a Barraca San Jorge S.A. a ingresar el impuesto a las salidas no documentadas por las erogaciones entre los periodos fiscales 1/2002 a 7/2003, y se lo intimó a ingresar $2.397.189,80, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Aquí también se hizo reserva de juzgar la conducta infraccional por aplicación de la misma normativa.
En sus presentaciones ante este Tribunal, Barraca San Jorge S.A. informa que su actividad principal es la intermediación en la compraventa de lanas, cueros y productos afines de terceros y se agravia de la impugnación de las operaciones de compra de lana sucia a las empresas Nolink S.A., Cereader S.A., La Bahia S.A. y Real Cueros S.A. por encontrarse debidamente documentadas y contabilizadas en la forma prevista en la normativa vigente. Agrega que la mercadería se entregó y que la pagó con los medios autorizados por la ley, previa consulta en la página web de la Administración Tributaria para verificar la validez de los comprobantes. Destaca que Nolik S.A. y Cereader S.A. contaban con certificados de exclusión de retención de I.V.A e impuesto a las ganancias al 100%, lo que implicó verificar previamente el domicilio del contribuyente, su existencia, actividad, etc.
Sostiene que aún en el supuesto que los comprobantes fueran falsos, constituyen instrumentos verdaderos para el receptor, que actuó de buena fe y que no estaba en condiciones de conocer la diversidad entre la apariencia y la realidad usando la diligencia razonablemente exigible.
Se agravia también que las Resoluciones son arbitrarias, contradictorias y que carecen de motivación y que en la instancia administrativa se le cercenó la posibilidad de producir la prueba ofrecida y, con ello, se afectó su derecho de defensa. Sostiene, por último, que la fiscalización se excedió ya que se incluyeron períodos fiscales que no estaban incluidos en la Orden de Intervención.
Se queja, adicionalmente, del ajuste practicado en la Resolución N° 295/07 en concepto de intereses presuntos devengados en ambos períodos fiscales (conf. art. 73, ley 20.628 y modif.) por los retiros efectuados por el Sr. Alberto Abdala, accionista de Barraca San Jorge S.A. Para ello, alega que a la Resolución le faltan planillas del período fiscal 2002 y que no surge con claridad la metodología usada por el juez administrativo en la liquidación del período fiscal 2003. Dice también que la tasa de interés del art. 73 tiene componentes inflacionarios que en su aplicación generó un enriquecimiento sin causa del Fisco Nacional.
Aporta abundante prueba documental y ofrece la producción de prueba testimonial, informativa y pericial contable, y solicita, en consecuencia, que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A fs. 110/119, 240/249 y fs. 404/414 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 421 está el auto de apertura a prueba en el que se hace lugar parcialmente a la prueba pericial contable y a la prueba informativa y documental en poder de terceros, librándose los oficios dirigidos a la Dirección Regional Comodoro Rivadavia, a las firmas Nolink S.A., Cereader S.A., La Bahia S.A. y Real Cueros S.A., a la Dirección de Comercio Exterior de la Provincia de Chubut y a la Administración Nacional de Aduanas —aduanas operativas de Puerto Madryn y Puerto Deseado—. Respecto a la prueba testimonial, se intimó a Barraca San Jorge S.A. a adecuar la misma a lo dispuesto por el art. 429 de CPCCN, bajo apercibimiento de tenerla por desistida de la misma. Ante el incumplimiento, a fs. 426 y 456 se la tuvo por desistida de la prueba testimonial y de la prueba informativa, respectivamente.
A fs.429/441 obra agregado el informe pericial contable. Allí lo expertos informan que Barraca San Jorge S.A. lleva los libros y registraciones contables en legal forma y en Anexo adjunto detallan la fecha y el número de cada factura, kilos y descripción de mercadería, modalidad de pago etc. En cuanto a la existencia de comprobantes de la entrega de la mercadería, medios de pago, regularidad de la situación fiscal del emisor; manifiestan que dichos puntos deben ser objeto de prueba informativa al ente fiscal (punto e).
A fs. 448 obra la acumulación por Tribunal en Pleno de los Expedientes Nros. 31.177-I y 31.184-I al N° 31.176-I, de igual carátula.
Por medio de la PV-2024-72202298-APN-VOCXI#TFN se declara el cierre del período probatorio, a fs. 483 se eleva el Expediente a la Sala, mientras que a fs. 488 se pone a disposición de las partes para alegar, ejerciendo su derecho únicamente el Fisco Nacional a fs. 495/497.
Por último, a fs. 500 quedan en estado para dictar sentencia.
IV. Corresponde analizar, en primer término, si como dice Barraca San Jorge S.A. las Resoluciones recurridas son arbitrarias, contradictorias y si en su dictado se ha cercenado su derecho de defensa, ya que como ella misma señala en sus recursos, se trata de su principal agravio. De la lectura de sus Considerandos, así como también de las actuaciones administrativas que preceden a su emisión, se advierte que se trata de actos administrativos debidamente motivados y que se han respetado los procedimientos reglados, tanto en la ley 11.683 como en la ley 19.549 y sus reglamentaciones, de aplicación supletoria al procedimiento tributario.
Las Resoluciones, además, no se presentan arbitrarias ni contradictorias, sino que son el producto de las tareas de fiscalización ejercidas respecto de los proveedores cuyas operaciones se impugnan.
Por su parte, debe recordarse que en el procedimiento tributario, los jueces administrativos tienen la facultad de rechazar las pruebas ofrecidas por los contribuyentes en la medida que no sean conducentes ni superfluas o con fines meramente dilatorios, conforme a lo dispuesto en el art. 46 del decreto 1759/72 (t.v.). En el caso, no se advierte que dicha facultad haya sido ejercida indebidamente ya que al dictar sus actos el juez administrativo dio las razones por las cuales rechazó la prueba ofrecida en el caso, concretamente que eran ineficaces para demostrar la veracidad de las operaciones y de la real existencia de los proveedores, dando cumplimiento así a la manda legal.
A ello debe agregarse que Barraca San Jorge S.A. no identifica las defensas que se vio impedida de oponer, ni en qué medida las mismas hubieran incidido en la decisión del juez administrativo.
Por último, como señala la representación fiscal al contestar los recursos, los períodos fiscales comprendidos en las determinaciones de oficio se ajustan a los incluidos en las Ordenes de Intervención notificadas al inicio del procedimiento, ya que no alcanzan a períodos posteriores a los allí referidos. El formulario de inicio de la inspección incluye el periodo fiscal 2003 en el impuesto a las ganancias y hasta agosto 2003 en el impuesto al valor agregado —sin que existan operaciones impugnadas de fecha posterior a ese período—, por lo que no se advierten en este caso tampoco razones para descalificar la validez de los actos recurridos, ni de los previamente dictados.
No se advierte, entonces, violación alguna, ni tampoco afectación a la garantía constitucional de defensa en juicio invocada, prueba de ello es que Barraca San Jorge S.A. tuvo la posibilidad de ejercerla en la instancia administrativa previa y ahora ante este Tribunal, instancia en la que se admitieron las pruebas ofrecidas, mas no fueron producidas en su totalidad.
Por ello, corresponde rechazar el planteo de nulidad, sin costas (Fallos 336:70, “Bolland”).
V. Respecto a la legitimidad de los ajustes practicados en las Resoluciones, los mismos son consecuencia de la fiscalización llevada a cabo en la que se impugnaron las operaciones con proveedores que, luego de una exhaustiva investigación realizada a cada uno de ellos, fueron calificados de apócrifos: Nolink S.A., Cereader S.A., La Bahia S.A. y Real Cueros S.A.
Para ello se tuvo en cuenta aspectos tales como que no tenían bienes registrables y no tenían tampoco personal en nómina (vgr; Nolik S.A., Cereader S.A., La Bahía S.A.) y con ello que no podían acreditar capacidad económica ni operativa para llevar a cabo las ventas de las lanas; que a ninguno de ellos se los pudo localizar en sus domicilios declarados; que algunos tenían sus domicilios fiscales constituidos en estudios de contadores que cuando fueron consultados dijeron que lo habían prestado para que recibieran las notificaciones; que los CAI en los comprobantes fiscales eran inexistentes o la fecha de solicitud de las facturas era posterior a las mismas (vgr. Nolik S.A.); además, los proveedores compartían el apoderado designado para actuar en su nombre (vgr. Nolik S.A. y Cereader S.A.). En el caso de Nolink S.A., además, se circularizó a sus propios proveedores, que la desconocieron y dijeron no haber operado con ella. En el caso de La Bahía S.A. la fiscalización constató que del monto total facturado solo se habían emitido cheques por $35.000 y que en la contabilidad estaba pendiente de pago la suma de $565.352,17.
En relación a los pagos, tuvieron en cuenta también que se hicieron con lecop y en efectivo. En los casos de pagos con cheques, el Sr. Luis Morand —apoderado de las empresas Nolik S.A y Cereader S.A.— indicó a la fiscalización que su tarea consistía únicamente en endosar cheques emitidos por Barraca San Jorge S.A. para que luego el personal de ésta depositara dichos cheques en las cuentas de Nolik S.A. y Cereader S.A., además, de efectuar los retiros de los fondos, los que volvían a Barraca San Jorge S.A., metodología que permite afirmar que no fueron las empresas designadas en los comprobantes las reales beneficiarias de los pagos.
Por otro lado, no hay documentación sobre la forma en que fueron transportadas las mercaderías adquiridas a los proveedores, sumado a que resulta llamativo que varios de los proveedores tuvieran su domicilio fiscal y legal en estudios contables de la Ciudad de Buenos Aires, cuando Barraca San Jorge S.A. operaba legal y comercialmente en la ciudad de Trelew, Provincia de Chubut (vgr. Nolik S.A. y Cereader S.A.). En el caso de La Bahia S.A. la fiscalización dejó constancia que en el domicilio legal había una casa muy precaria, con una cerradura con cadena como candado, lo que permite inferir también que allí no operaba una empresa con capacidad de facturar los montos involucrados en las determinaciones recurridas.
Todo ello tuvo como resultado la impugnación de los créditos fiscales en el impuesto al valor agregado al desconocerse la realidad de las compras y la impugnación de los gastos deducidos en el impuesto a las ganancias; así como también la intimación de pago a las salidas no documentadas, por la imposibilidad de identificar a los reales beneficiarios de los pagos.
Correspondía a Barraca San Jorge S.A. probar en contrario, esto es demostrar la realidad de las operaciones con los proveedores objetados.
Tiene dicho la Cámara al respecto que “… la carga probatoria es el imperativo que tienen las partes de activar adecuadamente las fuentes de prueba para que demuestren los hechos que les corresponda probar a través de los medios probatorios, y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante (cfr. esta Sala, in re, “De Simini, Vito (TF 25889-I) c/D.G.I.”, citado y sus citas)” —conf. “Cashmere S.A.”, sentencia del 28.6.2024—.
Dijo allí, asimismo, que “… resulta de aplicación lo establecido en el artículo 377 del C.P.C.C.N. (supletoriamente por conducto del artículo 197 de la L.P.T.), en cuanto allí se plasma normativamente el adagio: “onus probandi incumbit ei qui dicit”. La norma y el principio han sido vinculados de un modo inescindible por la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En razón de lo cual, ante un acto que no esté afectado por un vicio grave y manifiesto, es necesario para quien propone su nulidad, alegarla y probarla dado el principio de legitimidad que fluye de todo acto administrativo (cfr. Fallos: 310:234, del dictamen del Procurador General al que el Tribunal adhirió)”.
En esta instancia, la única prueba producida de las muchas que Barraca San Jorge S.A. ofreció en sus recursos y que le fue admitida por la entonces Vocal Instructora, fue la pericial contable, ya que por las restantes —informativa y testimonial— se la tuvo por desistida ante la falta de impulso procesal y con ello su desinterés en conocer sus resultados. El informe pericial contable, que obra agregado a fs. 429/441 da cuenta que Barraca San Jorge S.A. llevaba los libros y registraciones contables en legal forma. En Anexo adjunto, los expertos detallan la fecha y el número de cada factura, los kilos y la descripción de mercadería comercializada, la modalidad de pago utilizada, es decir, aspectos vinculados a la documentación y registración de las operaciones que no fueron motivo de reparo, sino su propósito de simular operaciones y generar créditos fiscales en el impuesto al valor agregado y deducciones en el impuesto a las ganancias que son, precisamente, las que el Organismo Fiscal a partir de las tareas de fiscalización objetó.
a. - Ajustes en el impuesto a las ganancias - Res. N°295/07.
El juez administrativo impugnó los gastos deducidos en los periodos fiscales 2002 y 2003, respecto de los proveedores: Nolink S.A., Cereader S.A., La Bahia S.A. y Real Cueros S.A. Lo que la recurrente tenía que demostrar era que los gastos efectivamente existieron y que fueron necesarios para el ejercicio de su actividad, que en el caso era la venta de los distintos tipos de lana, para luego recién analizar su necesidad en los términos previstos en los arts. 17 y 80 de la ley del gravamen.
Sin embargo, no existe ningún elemento en las actuaciones administrativas de la efectiva existencia de las compras. Tampoco en esta instancia se rindió prueba alguna con dicho propósito. Como ya se dijo, el informe pericial contable, que hubiera sido idóneo con dicho propósito, no aporta elementos para considerar la realidad económica de las transacciones objetadas, quedando de este modo sin demostrar la procedencia de las deducciones practicadas en las declaraciones juradas.
Por ende, deben confirmarse los ajustes notificados por este concepto en la Resolución N° 295/07.
b.- Ajustes en el impuesto al valor agregado - Res. N°296/07.
Respecto a la impugnación de los créditos fiscales del impuesto al valor agregado computados en las declaraciones juradas de los períodos fiscales 08/2001 a 06/2003 por las compras efectuadas a los mismos proveedores, contrariamente a lo que invoca Barraca San Jorge S.A. en sus recursos de apelación, era a ella la que le correspondía demostrar su efectiva realización por así disponerse en la ley 11.683. En efecto, le correspondía a la recurrente, en el derecho de contradicción que la ley procesal le acuerda ejercer, demostrar las adquisiciones a los proveedores calificados de apócrifos a partir de razones que tienen entidad suficiente para poner seriamente en duda su real existencia. Ello así, toda vez que ante ajustes como el que aquí se analiza resulta de aplicación la interpretación realizada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las disposiciones del art. 12 de la ley del gravamen en la causa “Feretti, Félix Eduardo (TF 22.752-I) c/ DGI”, del 10 de marzo de 2015, entre muchas otras, al sostener: "Que el último párrafo del art. 12 de la ley de impuesto al valor agregado (t.o. 1997 y sus modificaciones), sobre cuya base el organismo recaudador fundó la determinación apelada dispone, en lo que aquí interesa, que: "[e]n todos los casos, el cómputo del crédito fiscal será procedente cuando la compra o importación definitiva de bienes, locaciones y prestaciones de servicios, gravadas, hubieren perfeccionado, respecto del vendedor, importador, locador o prestador de servicios, los respectivos hechos imponibles …”.
Similares consideraciones hizo en “ADM Argentina S.A.” del 10 de marzo de 2015 y en “Molinos Río de la Plata S.A.” del 25 de agosto de 2015, entre muchas otras.
Lo explica la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal cuando dice que “… el contribuyente debe acreditar fehacientemente la real existencia de las operaciones realizadas y a su vez, para que se pueda computar el crédito fiscal, es necesaria la existencia de la generación de un débito fiscal en la etapa anterior por esa misma operación para el vendedor, locador o prestador, pues se supone que el contribuyente puede tomar en cuenta el crédito así constituido por haber abonado el Impuesto al Valor Agregado en la etapa anterior (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de La Plata SA c/ EN- AFIP DGI- Resol. 227/06 39/06 (GC) s/ Dirección General Impositiva”, sent. del 14/08/12)” —conf. “Avital S.A.”, del 24.2.2022 y “L Guillón S.A.”, del 27.6.2024, entre otras—.
Resulta así claro que el art. 12 de la ley del gravamen subordina el derecho al cómputo del crédito fiscal, a la circunstancia de que el hecho imponible se haya perfeccionado respecto del prestador del servicio o del vendedor de los bienes, extremo que es el que corresponde analizar aquí, en orden a determinar si fueron realmente los proveedores impugnados los que efectivamente vendieron las lanas; por ende, si le asiste a la recurrente el derecho a computar el crédito fiscal de los comprobantes fiscales extendidos por éstos, a pesar de las múltiples irregularidades invocadas por el juez administrativo a partir de las tareas de fiscalización llevadas a cabo a cada uno de ellos.
Entre ellas, que no pudieron ser localizados o que tenían sus domicilios fiscales en estudios de contadores que se lo prestaban para ese propósito y que no tenían bienes registrables ni personal en nómina (vrg; Nolik S.A., Cereader S.A., La Bahía S.A.); además, la persona que actuaba como apoderado en varias de las empresas expresamente reconoció que su rol era endosar los cheques y que se los entregaba al personal de Barraca San Jorge S.A. para que los cobraran. Estas anomalías deben ser analizadas junto con la importancia de los volúmenes de mercadería operada por cada uno de los proveedores, que surgen del informe pericial contable, que ponen en seria duda que sin acreditarse su capacidad fueran ellos los que realmente intervinieron en las operaciones.
Tales consideraciones, ante la falta de otras pruebas que las refuten, demuestran a las claras la inexistencia de las operaciones y con ello la improcedencia de las deducciones practicadas.
Lo expuesto es suficiente para confirmar íntegramente la pretensión fiscal notificada en la Res. N° 296/07. c.- Intimación por impuesto a las salidas no documentadas - Res. N° 297/07.
De los Considerandos de la propia Resolución N° 297/07 surge que las operaciones se cancelaron con Lecop, en efectivo, por transferencia datanet y con cheques. De ello da cuenta también el Anexo adjunto al informe pericial contable obrante a fs. 429/441.
La recurrente no rindió prueba sobre el efectivo pago realizado a los proveedores, por el contrario, obran en las actuaciones administrativos, como el testimonio del apoderado de dos de las empresas proveedoras que dijo que los cheques los cobraba personal de la empresa, elementos que dan cuenta que los pagos no llegaron a los proveedores, sino que fueron cobrados por Barraca San Jorge S.A., indicio grave de la inexistencia de las operaciones que no fue refutado. Además, del informe pericial contable surge una importante cantidad de cheques que fueron devueltos lo que también permite presumir que los fondos no llegaron a manos de sus beneficiarios.
Por ello, resulta aplicable el impuesto que prevé el art. 37 de la ley del impuesto a las ganancias (t.v.), conforme a la jurisprudencia que en la materia ha adoptado la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 323:3376 y 326:2987, entre otros, al decir que “… aquella previsión ha sido adoptada por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual ante la falta de individualización de los beneficiarios a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio …”, que es precisamente el supuesto comprobado en estos autos, por lo que corresponde confirmar la Res. N°297/070.
d.- Intereses Presuntos - Res. N° 295/07.
Queda referirse por último a los ajustes por intereses presuntos practicados en la Resolución N° 295/07 a la luz de los agravios formulados por Barraca San Jorge S.A. que se vinculan, esencialmente, a deficiencias en la documentación de respaldo y en las liquidaciones adjuntas a dicha Resolución por cada uno de los períodos.
Sin embargo, contrariamente a lo invocado, del Anexo III de la misma se desprende la liquidación y la metodología empleada en la misma para cada uno de los períodos en los que se hicieron las erogaciones, por lo que no tiene las deficiencias que se le imputan. Respecto de las restantes alegaciones, debe decirse que Barraca San Jorge S.A. no ha ofrecido prueba alguna en sustento a sus agravios, ni documental ni tampoco ha incluido un punto en la pericial contable ofrecida y producida en esta instancia que se vincule con este ajuste; ello, sin perjuicio de señalar que la tasa de interés aplicable es la establecida en la ley, sin que corresponda apartarse de la misma en honor al principio de legalidad que con especial énfasis rige en materia tributaria por mandato constitucional.
Por último, no se encuentra en discusión que los intereses se devengaron sobre los retiros del accionista y director que para la empresa es un tercero, por lo que no puede presumirse el interés en hacer la disposición, ni tampoco se trata de una operación que pueda calificar como propia de su actividad comercial, razones que llevan a encuadrar la operatoria en el régimen legal (art. 73, ley del gravamen y art. 103 de su reglamentación entonces vigente) y de ese modo a confirmar este ajuste también.
Por tales motivos, corresponde confirmar las Resoluciones recurridas en todas sus partes, tanto en cuanto al capital, como los intereses intimados en ellas que se devengan en forma automática por la demora en el pago (art. 37, ley 11.683), con costas.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere a la decisión propiciada por la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 295/07, 296/07 y 297/07, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la primera y segunda etapa, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432:
a. Por el Expediente N° 31.176-I, en las sumas de $14.138 por la representación procesal y $35.347 por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 31.177-I, en las sumas de $235.021 por la representación procesal y $587.552 por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N° 31.184-I, en las sumas de $157.008 por la representación procesal y $392.521 por el patrocinio letrado.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo de la recurrente, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas en la tercera etapa, de acuerdo con lo dispuesto por lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423: a. Por el Expediente N° 31.176-I, en las sumas de $59.222 equivalente a 0,78 UMA por la representación procesal y $148.056 equivalente a 1,95 UMA por el patrocinio letrado.
b. Por el Expediente N° 31.177-I, en las sumas de $615.304 equivalente a 8,12 UMA por la representación procesal y $ 1.538.260 equivalente a 20,30 UMA por el patrocinio letrado.
c. Por el Expediente N° 31.184-I, en las sumas de $746.984 equivalente a 9,86 UMA por la representación procesal y $1.867.459 equivalente a 24,64 UMA por el patrocinio letrado.
4. Regular los honorarios del CP Juan José Cogorno, a cargo de la recurrente, en la suma de $415.400 por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decretoley 16.638/57.
Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese.
Date: 2025.10.16 17:49:23 -03:00 Date: 2025.10.17 09:32:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.10.17 10:47:50 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.10.17 10:47:51 -03:00
Fin de la sentencia