Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se rechaza íntegramente el recurso de apelación de la citada en garantía y de la demandada.
II. Se hace lugar al recurso de la actora en lo que respecta a su agravio principal (punto II.a. del memorial), y se modifica la sentencia de primera instancia disponiendo que, al momento de liquidar el crédito en etapa de ejecución, la magistrada de primera instancia realice nuevamente el cálculo del rubro “incapacidad sobreviniente” utilizando las mismas variables ya aplicadas en la sentencia con excepción de la variable ingresos, para la cual deberá computar el valor actualizado —vigente a ese momento— del Salario Mínimo Vital y Móvil. El resto de las variables y operaciones del cálculo serán exactamente las mismas, incluyendo el cálculo separado por períodos pasados y el porcentaje representativo del valor económico de restantes aptitudes vitales y genéricas (art. 1746 del CCyC).
III. Las costas de ambos recursos se imponen a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art.68 del CPC).
IV. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967.
V. Al escrito de fecha 23.5.2024, estése a lo resuelto en el día de la fecha (arts. 263 y 482 del CPCC).
Expediente nº 179.507 Juzgado n.° 6 En la ciudad de Mar del Plata reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “BARRAGÁN, Marcos Ezequiel c. PORZIO, Sebastián Ariel y Otros s. Daños y perjuicios”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D.Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
I: En la sentencia del 16 de febrero de 2023, la Sra. Jueza de primera instancia hizo lugar a la demanda de daños y perjuicios contra Sebastián A. Porzio, y Juan Carlos Blumetti y los condenó solidariamente, y en forma conjunta con La Nueva Sociedad Cooperativa de Seguros Limitada, a pagar a la actora la suma de diez millones ochocientos noventa mil ochocientos cuarenta y ocho pesos ($ 10.890.848), con más intereses y costas.
Apelaron las partes, y los recursos que les fueron concedidos libremente, han sido fundados y solo respondió la citada en garantía.
II: El recurso de la actora contiene un agravio principal referido al momento en que debe cuantificarse una obligación de valor como lo es la de reparar el daño, y tres agravios subsidiarios que, para despejar toda duda sobre el sentido que debe atribuirse al calificativo, se expresan diciendo que este Tribunal solo deberá adentrarse en ellos de no progresar el principal.
En estos últimos se critica la decisión en cuanto al cómputo de los ingresos de la víctima, a la omisión de prever algún aumento posible de esas entradas en la fórmula usada, y la valoración de las restantes aptitudes productivas en un 20% del resultado de la fórmula Acciarri.
En la crítica principal, el apelante señala que la Sra. Jueza no advirtió que al fijar una suma a la fecha de la sentencia por la incapacidad sobreviniente, consagró la desnaturalización de la obligación de valor en el marco de un agudo proceso inflacionario, pues aún la tasa activa no repone el poder adquisitivo perdido por el “recrudecimiento del proceso inflacionario”, lo que se pone en evidencia al revisar los índices que van desde el 17,1% en 2015 al 211,4% en 2023.
En particular, indica que la inflación habida desde la sentencia hasta la expresión de agravios es del 301%; la evolución del salario mínimo, vital y móvil del orden del 198%, y que, aun computando la tasa activa por descubierto en cuenta corriente, en ese mismo período apenas se estaría alcanzando a acumular al capital un 95,33%, conforme la calculadora de intereses de la SCBA.
Así el capital más los intereses arrojaría a la fecha del recurso (15.3.24) un total de condena de $ 11.916.695,07, mientras que tomando el SMVyM de marzo de 2024 ($ 219.700) con fundamento en la cuantificación del valor a la fecha más cercana al pago, el resultado es un monto total de condena de $ 18.263.584,17, constatándose de este modo un desmedro del 35%, a lo que hay que agregarle la continuidad de la licuación hasta que se produzca el pago.
Con cita del antecedente “Ruiz Díaz, José Aurelio c. Kreimeyer, Ivan y otra s. Daños” , causa 161.169 de este Tribunal, pide que se modifique la decisión apelada y se determine que la indemnización por incapacidad sobreviniente será el resultado matemático de la fórmula Acciarri que en la ejecución de sentencia se efectúe, teniendo en cuenta los “insumos” “identificados y decididos” (ingreso: SMVyM; 35% de incapacidad,33 años de edad y 4% la tasa de descuento) y el valor del SMVyM al momento de la liquidación respectiva, o en su defecto al tiempo del pronunciamiento de esta Cámara.
Pide que los ingresos pasados caídos entre la fecha del hecho (no de la curación) y la que tenga la sentencia, sufran “por arrastre” una modificación equivalente, y por “carácter transitivo” se extienda a la reparación de las restantes aptitudes vitales y genéricas que la sentencia fija en un 20% del producto de la fórmula Acciarri.
III: Los agravios de la demandada y la citada en garantía son los siguientes:
a) Critica la admisión de la incapacidad sobreviniente que califica como “daño a la salud” y “a la integridad física”. Considera que con independencia de la prueba de la incapacidad, el actor no ha probado las consecuencias de esa disminución, ni de qué modo ella afecta su vida.
b) Considera “elevadísima” la suma de $ 900.000 para reparar el daño moral, destacando que no hay un informe pericial psicológico del que surja un desorden emocional como producto del accidente, y que el actor “no padece ningún padecimiento” que pueda justificar esa suma.
c) Finalmente se queja de la tasa activa para los intereses moratorios que fijo la decisión apelada. Reclama el seguimiento de la doctrina legal de la SCBA en cuanto corresponde aplicar el 6% anual sobre los valores actualizados, y la tasa pasiva para el período posterior a la fecha de la sentencia.
IV: El recurso de la actora prospera.
La sentencia dictada por la SCBA en el caso “Barrios, Héctor c. Lascano, Silvia Beatríz s. Saños y perjuicios” (C. nro. 124.096), ha establecido doctrina legal conforme la cual es necesario que los jueces, en congruencia con la petición que se haya formulado oportunamente, agotemos todas las vías posibles para mantener el poder adquisitivo de la suma de condena antes de recurrir a la declaración de inconstitucionalidad del sistema nominalista contenido en los arts.7 y 10 de la ley 23.928 (t.o. ley 25.561).
Cualquiera sea el camino que se elija para reajustar, el resultado debe ser respetuoso de la garantía de reparación plena o integral que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado incluida en el art.19 de nuestra Constitución Nacional (CSJN Fallos: 308:1160; 308:1118; 308:1119; 327:3753; 344:2256 voto de los Dres. Maqueda y Rosatti). Las soluciones que aparecen como alternativas al reajuste por índices, son el uso de la tasa de interés activa con alguna capitalización, o la postergación de la cuantificación de la deuda de valor al momento más cercano al cumplimiento, bien sea cuando la sentencia haya quedado firme y se proceda a ejecutarla, o difiriendo la determinación de la cantidad de unidades monetarias hasta el momento del efectivo pago. IV.1: El apelante ha pedido expresamente que se difiera la fijación del capital de condena a la etapa de ejecución de sentencia, por lo que la congruencia (art.163 inc. 5to. del CPC) me impide entrar a analizar una modificación de la tasa de interés que ha sido consentida sin capitalización, o extender el diferimiento de la cuantificación hasta el efectivo pago.
Esa propuesta de diferir a la etapa de ejecución de sentencia la cuantificación de las deudas de valor, si bien limitada al daño moral, ha sido sostenida por mi colega de Sala, Dr. Ricardo Monterisi, en diversos antecedentes en los que - hasta aquí- no había obtenido mayoría con la actual composición del Tribunal (causas nro: 176.408 y 175.944). En esos casos prevaleció el criterio conforme al cual la oportunidad “procesal” para cuantificar el daño es la sentencia definitiva (SCBA “Martínez Emir c. Boito, Alfredo Alberto” c. 119.088 del 21.02.2018 punto II.3.b 2do.párrafo, y II.4. (III) del voto del Dr. Petiggiani que hizo mayoría; en igual sentido “Barrios…” ya citado, considerando V.6.d entre otros), dejando a salvo aquellos supuestos en los cuales resulte necesaria la producción de alguna prueba, o haya que practicar liquidaciones especiales (art. 514 del CPC), para saber cuál es la suma de dinero con que se pagaría la deuda de valor.
Una nueva revisión de las vías posibles para obtener soluciones, ante la prohibición de indexar, me permite advertir que esa oportunidad “procesal” no coincide con el derecho “sustancial” ( y constitucionalmente garantizado) del damnificado a una reparación íntegra o plena, en tanto el alongamiento del proceso por vía de recurso extraordinario, o aún por el propio trámite de liquidación, perjudica gravemente al acreedor tal como lo argumentara el Dr. Monterisi en aquellos precedentes y lo ha dejado demostrado el actor en su recurso.
Han señalado las recientes XXIX Jornadas Nacionales de Derecho Civil (Universidad Austral, Bs.As. septiembre de 2024 conclusiones comisión nro.2): “La prohibición de indexar, en épocas de elevada inflación, es inconstitucional en tanto importa una degradación sustancial del derecho del acreedor (art. 28 CN), o “cuando vulnera el principio de plenitud de la reparación” (mayoría y minoría respectivamente), modificando además la postura sostenida en 2015 en Bahía Blanca, al decir ahora —y por unanimidad— que “El momento correspondiente para evaluar una obligación de valor puede ser diferido por el juez para la etapa ejecutoria, mediante una sentencia que fije bases objetivas y precisas para la liquidación”.
Me inclino entonces por la única vía alternativa que — en el caso— consiste en disponer que en la sentencia se brinden las pautas detalladas para que los valores implicados en la restitución del damnificado al estado anterior al hecho dañoso (art.1740 CCyC), puedan liquidarse en el momento más cercano al efectivo pago.
Lo dicho en párrafos precedentes me lleva a darle la razón a la actora en lo que postula en su agravio principal: mediando una aguda inflación que deprecia ferozmente el crédito de la víctima, cuantificar la deuda de valor en la sentencia de primera instancia constituye una opción que no permite cumplir con el postulado de la reparación plena.
Desde esa decisión, y hasta el momento del efectivo pago transcurre demasiado tiempo y la condena queda expuesta a una depreciación que ninguna tasa de interés moratoria simple puede contrarrestar, limitando la razón de ser de la categoría “deuda de valor”, que es precisamente proteger al crédito de la coyuntura inflacionaria. IV.2: Conforme lo pedido por la apelante en su memorial, propondré al acuerdo que la cuantificación del rubro incapacidad sobreviniente sea postergada para la etapa ejecutoria, en tanto constituye el momento procesal más cercano al efectivo pago (en este sentido, y con idéntica solución, véase Cám. Cont. Adm., causa C-4939-BB1 Tuccio, Liliana y ot. c/ Aguas Bonaerenses S.A. s/ Pretensión indemnizatoria; del 04/07/2024)
El agravio principal de la apelante, por fuera de una aislada excepción a la que me referiré más abajo, no plantea crítica alguna a las decisiones metodológicas subyacentes al uso de la fórmula en la sentencia, sino que apunta exclusivamente a la oportunidad en la que es realizado el cálculo, tanto de períodos futuros (mediante el algoritmo diseñado por el profesor Acciarri) como de períodos pasados (estimados como simples deudas en mora).
Creo importante destacar lo anterior porque idealmente, el uso de fórmulas —Vuoto, Méndez, Acciarri o cualquier otra— permite calcular un descuento sobre todos los detrimentos patrimoniales futuros. Ese descuento representa el precio que paga la víctima por cobrar en el presente lo que debiera recibir en un futuro, recién cuando el ingreso se vea efectivamente frustrado por la incapacidad laboral o cuando se generen las erogaciones que componen el daño emergente derivado de la incapacidad vital.
Si el daño patrimonial es pasado con relación al momento en que el juez cuantifica el daño, no hay descuento alguno que deba realizarse y por lo tanto no hay otro cálculo que no sea una simple suma.
De allí que la postergación de la cuantificación del rubro debiera motivar también el cambio de la edad utilizada como referencia para distinguir tramos pasados (deudas en mora) de los futuros (calculados mediante la fórmula de valor presente de rentas futuras), para que la víctima no termine pagando un precio (el descuento) por períodos que ya dejaron de ser futuros con relación al momento del cálculo o cuantificación, y pasaron a ser deudas en mora.
Pero tal modificación, si bien técnica y matemáticamente adecuada, puede resultar compleja y no fue reclamada por el apelante, quien pide replicar todas las variables incluyendo explícitamente la edad de referencia (33 años, que era la que tenía la víctima al momento de la sentencia apelada). Una vez más, razones de congruencia impiden alterar este aspecto del cálculo.
IV.3: Por lo demás, no tiene razón la actora cuando reclama que el rubro sea resarcido desde el día del hecho. La decisión de la jueza ha sido la correcta: la incapacidad sobreviniente que el art. 1746 del CCyC manda a resarcir es aquella que es definitiva, exigencia que se verifica una vez que la víctima ya ha finalizado todas las etapas de curación y tratamiento (esta Sala, c. 161169, “Ruiz Díaz, J.A. c/ Kreymeyer, I. s/ Daños, del 18/08/2016; en igual sentido c. 165105, “Vizgarra, María Celsa c/ Corcino, Rubén s/ Daños y Perjuicios”, del 05/04/2018, c. 166475 “Lallement, Matías N. c/ Campos, Horacio D. y ot. s/ Daños y perjuicios” del 21/12/2021). IV.4: Los gastos de atención psicológica de la víctima ya habían sido diferidos en la sentencia apelada para que su cálculo se haga en la misma etapa de ejecución, y nada ha dicho el apelante sobre el daño moral, o el daño patrimonial derivado de los gastos médicos y farmacéuticos, y gastos conexos que fueron fijados en dinero.
V: El recurso de la demandada y de la citada en garantía no prospera.
a) El agravio que contiene un reclamo de aplicación de una tasa de interés moratoria “pura” sobre los montos a valores actuales, es inadmisible.
En el punto VIII 3er. párrafo de la decisión apelada la Sra. Jueza fijó esa misma tasa del 6% sobre los rubros que fueron avaluados al tiempo de la sentencia, siguiendo la doctrina fijada por la SCBA en las causas "Vera, Juan Carlos" (C. 120.536, sentencia del 18 de abril de 2018) y "Nidera S.A." (C. 121.134, sentencia del 03 de mayo de 2018) para el primer tramo de los intereses moratorios. Es la misma tasa que la recurrente denuncia omitida.
No hay una crítica concreta y razonada de la sentencia en la argumentación que desconoce los fundamentos del fallo atribuyéndole decir lo que no dice o, como ocurre en el caso, omitiendo la consideración de lo que efectivamente dice (esta Cámara y sala causas n° 160205 -"Heredia..." del 14/04/2016, 165386 -"Sadaic.." del 06/04/2018, 143781 -"Patalagoyti..." del 11/10/2018, 167768 -"Alende..." del 07/11/2019, entre otros).
b) La doctrina legal que establecía la tasa pasiva y que aquí es invocada por la apelante, ha perdido vigencia luego de la sentencia dictada por la SCBA en la causa “Barrios…”, ya citada. En el considerando V.12 de esa trascendente decisión de la SCBA expresamente se dice: “En este estado de cosas, la doctrina legal del Tribunal ha devenido inadecuada en cuanto mantiene como única respuesta el reconocimiento de los intereses calculados a la tasa pasiva sobre el capital de origen. Debe ser revisada, juntamente con la revisión de la aplicabilidad a ultranza de la regla del nominalismo”. Tiempo antes de “Barrios…”, en el caso "Melegari" (c. 167.589, -"Melegari, Bernardo...” del 16/4/2020), esta Sala expuso las razones por las cuales debía escogerse una tasa que asegure la reparación plena del daño moratorio, propósito que no se cumple satisfactoriamente al utilizar una tasa pasiva prevista para operaciones bancarias de bajo riesgo. Se sostuvo allí que «no es posible indemnizar el daño moratorio si el resultado que se sigue de liquidar el capital con una cierta tasa de interés arroja un rendimiento negativo”. Esto es, que el poder adquisitivo de la suma resultante es inferior al que tenía originalmente el capital de condena a la fecha de la mora. Una tasa que genera resultados negativos no conlleva reparación alguna y, peor aún, asegura la pérdida parcial del poder adquisitivo del capital al cual accede y genera incentivos sumamente negativos en el proceso.
“Como consecuencia de lo anterior, en contextos inflacionarios como los que rodean al proceso civil bonaerense desde hace casi dos décadas, el juez debe escoger una tasa activa que asegure en el mediano y largo plazo un rendimiento positivo” (esta Sala II causa 167.589 ya cit.). c) Tampoco puede admitirse el agravio vinculado a la presunta falta de prueba de la incidencia concreta que la incapacidad tiene, y ha de tener, sobre la vida del actor.
Aún en el supuesto en el que no se tenga certeza sobre una disminución de los ingresos de la víctima, el resarcimiento igualmente es procedente en la medida en que se haya demostrado una incapacidad psicofísica permanente, sea total o parcial, lo que así ha ocurrido en el caso.
“Cuando la víctima resulta disminuida en sus aptitudes físicas o psíquicas de manera permanente, esta incapacidad debe ser objeto de reparación al margen de que desempeñe o no una actividad productiva pues la integridad física tiene en sí misma un valor indemnizable y su lesión afecta diversos aspectos de la personalidad que hacen al ámbito doméstico, social, cultural y deportivo, con la consiguiente frustración del desarrollo pleno de la vida.” (Fallos: 344:2256 “Grippo” (voto del Juez Lorenzetti); 340:1038 “Ontiveros” (voto del Juez Lorenzetti); 334:376; 329:4944; 326:847; 325:1156; 322:2658; 322:2002; 322:1792; 321:1124; 320:1361; 318:1715; 316:2774; 315:2834; 312:2412; 312:752) En lugar de analizar el valor potencial de la actividad futura como daño cierto (lucro cesante), el juez lo apreció como la frustración de una chance, disponiendo que se repare el cercenamiento de la oportunidad o probabilidad de obtener o aumentar ganancias (Esta Cámara y Sala entre otros, c. 171996 -“Valenzuela Bernal, Ovidio del Carmen”- del 02/09/2021; c. 168.803, -“Mangiaruga, Matías Damián...”-, sentencia del 07/05/2020; c. 167.312 -“Bertocchini, Dora del Carmen...”- sentencia del 10/05/2019, c. 166.500 -Del Hoyo, Andrés...”, sentencia del 27/11/2018). Es que aun cuando no se especifique la consecuencia laboral específica de la incapacidad ocasionada, la víctima tiene igualmente derecho a ser resarcida por la frustración de la posibilidad de poder realizar algún tipo de actividad lucrativa futura.
Esa aptitud total o parcialmente frustrada de obtener ingresos económicos futuro constituye, a criterio de este Tribunal, un daño patrimonial indemnizable.
d) En relación a la avaluación del daño moral, entiendo que la Sra. Jueza apreció correctamente las pautas cualitativas del daño moral, pues remitió a lo que surge de la HC y de la pericia médica que describió en detalle al fundar la reparación de la incapacidad.
Allí expuso las características de la lesión sufrida (fractura de fémur izquierdo), como la internación de más de un mes, el tratamiento (operación, colocación de clavo endomedular, tracción), la convalecencia por más de dos meses, con antibióticos y analgésicos, una incapacidad del 35% con el indudable trastocamiento de las actividades habituales, y de la vida diaria del actor. Tanto el peligro corrido, como los padecimientos y las molestias inherentes al tratamiento, a la etapa de curación y recuperación y a la incapacidad sufrida han sido considerados para valorar el daño, establecer donde recae, en qué consiste y qué intensidad tiene (Zavala de González, M. “Cuánto por daño moral”, Hammurabi, Bs.As.2005, p.80).
La Corte Suprema ha dicho que, al juzgar prudencialmente sobre la fijación del resarcimiento, no deben desatenderse las reglas de la propia experiencia y del conocimiento de la realidad" (CS, 10/11/92, JA, 1994-I-159). De tal modo, se impone al tribunal el deber de examinar las pretensiones deducidas y verificar si se han producido los perjuicios que se reclaman, evitando cuidadosamente no otorgar reparaciones que puedan derivar en soluciones manifiestamente irrazonables" (CS, 24/9/96, JA, 1997-III-142), pues las sentencias “no han de ofender el sentido de justicia de la sociedad, cuya vigencia debe ser afianzada” (CSJN “Santa Coloma, Luis c. E.F.A.” consid. 7º).
Tales recaudos han sido observados en la sentencia apelada, y considerando también que “como la intimidad no es accesible, necesariamente debe acudirse a parámetros sociales de evaluación, en el sentido de percibir el daño moral según lo experimentaría el común de las personas en similar situación lesiva” (Zavala de González, Matilde “Resarcimiento de daños” editorial Hammurabbi tº 5 A “¿Cuánto por daño moral? Página 106 y siguientes), en tanto “los daños morales son perceptibles por el Juez”, pues “el juzgador como hombre común, debe subrogarse mentalmente en la situación de la víctima para determinar con equidad si él, colocado en un caso análogo, hubiese padecido con intensidad suficiente como para reclamar una reparación” (obra citada p. 107).
Poniéndome en el lugar del actor, y tomando en cuenta los fundamentos utilizados en la sentencia apelada entiendo que el monto admitido resulta apenas suficiente, pues ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que puede procurar, la suma de novecientos mil pesos ($ 900.000) parece ciertamente escasa nueve años después del hecho (arg.art.1741 Código Civil y Comercial).
Por las razones y citas legales expuestas a la primera cuestión VOTO POR LA NEGATIVA.
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Ricardo D.
Monterisi dijo:
I: Adhiero al voto de mi colega de Sala, con la sola excepción de los párrafos segundo y cuarto del apartado “IV” y el párrafo quinto del apartado “IV.1”, exclusión que no modifica ni altera la sustancia de la solución y los fundamentos que propone y acompaño.
ASÍ LO VOTO
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J. Loustaunau dijo:
Corresponde:
I. Rechazar el recurso de apelación de la citada en garantía y de la demandada.
II. Hacer lugar al recurso de la actora en lo que respecta a su agravio principal (punto II.a. del memorial), y modificar la sentencia de primera instancia disponiendo que, al momento de liquidar el crédito en etapa de ejecución, la magistrada de primera instancia realice nuevamente el cálculo del rubro “incapacidad sobreviniente” utilizando las mismas variables ya aplicadas en la sentencia con excepción de la variable ingresos, para la cual deberá computar el valor actualizado —vigente a ese momento— del Salario Mínimo Vital y Móvil. El resto de las variables y operaciones del cálculo serán exactamente las mismas, incluyendo el cálculo separado por períodos pasados y el porcentaje representativo del valor económico de restantes aptitudes vitales y genéricas (art. 1746 del CCyC).
III. Imponer las costas por ambos recursos a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art. 68 del CPC).
IV. Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
V. Al escrito de fecha 23.5.2024, deberá estarse a lo resuelto en el día de la fecha (arts. 263 y 482 del CPCC).
ASI LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Con fundamento en el acuerdo precedente se dicta la siguiente sentencia: I) Se rechaza íntegramente el recurso de apelación de la citada en garantía y de la demandada. II) Se hace lugar al recurso de la actora en lo que respecta a su agravio principal (punto II.a. del memorial), y se modifica la sentencia de primera instancia disponiendo que, al momento de liquidar el crédito en etapa de ejecución, la magistrada de primera instancia realice nuevamente el cálculo del rubro “incapacidad sobreviniente” utilizando las mismas variables ya aplicadas en la sentencia con excepción de la variable ingresos, para la cual deberá computar el valor actualizado —vigente a ese momento— del Salario Mínimo Vital y Móvil. El resto de las variables y operaciones del cálculo serán exactamente las mismas, incluyendo el cálculo separado por períodos pasados y el porcentaje representativo del valor económico de restantes aptitudes vitales y genéricas (art. 1746 del CCyC).
III. Las costas de ambos recursos se imponen a la demandada y a la citada en garantía vencidas (art.68 del CPC). IV) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art.31 de la ley 14.967. V) Al escrito de fecha 23.5.2024, estése a lo resuelto en el día de la fecha (arts. 263 y 482 del CPCC). Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase.
Fin de la sentencia