Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Morón, Sala III · Causa MO-5465-2023
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se modifica el fallo apelado, debiendo reducir el rubro daño psicológico a la suma de $10.000.000; confirmándose todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas a la parte demandada y la citada en garantías vencida (arts. 68, C.P.C.C.).
Causa nro. : mo-5465-2023
En la ciudad de Morón, Provincia de Buenos Aires, reunidos los jueces de esta Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Morón, doctores Mirta Susana Collados y Roberto Camilo Jordá, ambos integrantes de esta Sala III, con la presencia del Sr. Secretario, proceden a celebrar Acuerdo digital, abocándose a pronunciar sentencia definitiva en los autos caratulados: " BARRERA MAXIMILIANO DANIEL C/ VIDAL MELISA Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO) " Causa nro.: mo-5465-2023 , habiéndose practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, 263 y 266, C.P.C.C., Ley 5827), resultó que debía observarse el siguiente orden: COLLADOS - JORDA, resolviéndose plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es ajustada a derecho la sentencia de fecha 23/09/2025?
2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION : la señora Jueza Doctora COLLADOS, dijo:
I. ANTECEDENTES:
1. Apelan la sentencia dictada en autos con fecha 24/09/2025 la parte actora y con fecha 01/10/2025 la parte demandada y la citada en garantías mediante sus apoderados respectivamente.
Formularon sus agravios a través de las presentaciones electrónicas de fechas 29/05/2026 (actor) y del 03/06/2026 la contraria respectivamente.
La réplica fue enviada a través del mismo medio el día 12/06/2026 por la parte actora, sin merecer réplica de la contraria.
2. La sentencia impugnada hizo lugar a la demanda interpuesta por BARRERA MAXIMILIANO DANIEL contra VIDAL MELISA y, en consecuencia, condenó a pagar a favor del actor la suma de PESOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO CON 11/100 ($21.924.134,11), con más los intereses establecidos en la sentencia, dentro de los diez días de quedar firme la presente y bajo apercibimiento de ejecución.
Hizo extensiva la condena a "LA SEGUNDA COOPERATIVA LIMITADA DE SEGUROS GENERALES" en los términos del art. 118 de la Ley de Seguros y del Considerando VI e impuso las costas a los demandados.
II. LOS AGRAVIOS:
Apelada la sentencia por ambas partes contendientes, expresaron agravios ante esta Alzada.
a.- La parte actora se agravia en cuanto considera exiguos los montos indemnizatorios fijados en primera instancia por el rubro daño psicológico y su tratamiento, el daño moral y los gastos de medicamentos y traslados.
Asimismo, entiende que es procedente el rubro daño físico, remitiéndome a la expresión de agravios en honor a la brevedad.
Por último, entiende que la tasa de interés establecida no se condice con una reparación integral plena, considera que debería fijarse la tasa pasiva más alta desde la fecha del hecho hasta el efectivo pago. Asimismo, en caso de que no proceda lo anterior, manifiesta que debería aplicarse al presente la doctrina emanada del fallo de SCBA "Barrios".
b.- La parte demandada y su citada en garantías, considera elevadas las sumas otorgadas por el juez a quo por los conceptos incapacidad psicológica y su tratamiento psíquico y el daño moral.
III.- A.- INCAPACIDAD SOBREVINIENTE :
En primer lugar, comenzando el tránsito hacia el abordaje de los agravios debemos resaltar liminarmente que el Sr. Juez de Grado abordó la cuestión a la luz de la normativa vigente al momento de acontecer los hechos (06/12/2022, CCCN), asumiendo idéntica postura a la que esta Sala ha sostenido (causa MO-23.280-09, R.S. 257/15, entre muchísimas otras).
En efecto, claro está que los jueces no están obligados a analizar todas y cada una de las argumentaciones de las partes, sino tan sólo aquéllas que sean conducentes y posean relevancia para decidir el caso (ver CSJN, "Fallos": 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; Fassi Yáñez, "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado, Anotado y Concordado", T° I, pág. 825; Fenochietto - Arazi. "Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado", T 1, pág. 620).
En sentido análogo, tampoco es obligación del juzgador ponderar todas las pruebas agregadas, sino únicamente las que estime apropiadas para resolver el conflicto (art. 386, in fine, del ritual; CSJN, " Fallos": 274:113; 280:3201; 144:611).
El encuadre jurídico, establecido en la sentencia de primera instancia, no ha sido cuestionado por los apelantes, por lo cual, el artículo 1769 del C.C y C. -aplicable al caso en análisis por reclamarse daños y perjuicios que se habrían ocasionado por un accidente de tránsito-, remite al régimen establecido por los arts. 1.757 a 1.759 C.C y C. para la responsabilidad derivada de la intervención de cosas y ciertas actividades riesgosas.
En las presentes, el actor a través de su apoderado manifiesta que, el día 6 de diciembre de 2022, aprox. a las 10:45Hs., se encontraba circulando con el ciclomotor MAVERICK de 150 CC (dominio 643-JQN), por calle Los Incas, la cual resulta ser de único sentido de circulación desde arteria Guido Spano hacia Don Bosco.
Al llegar e intentar cruzar la intersección con la calle Bouchardo, la cual carece de semáforos y poseía prioridad de paso de la derecha, es embestido desde su izquierda por el vehículo RENAULT, Modelo NUEVO LOGAN, (dominio AC-373-GK) conducido por la Sra. VIDAL Melisa, que apareció por calle Bouchardo con sentido orientativo de circulación desde calle La Porteña hacia Colonia, siendo imposible evitar el ser embestido con el frente del vehículo automotor en el lateral izquierdo del ciclomotor, provocando las lesiones por las que se reclama.
Por su parte, la parte demandada y su aseguradora niegan la ocurrencia del hecho.
No habiendo sido apelada la responsabilidad atribuida, voy a ocuparme de los rubros indemnizatorios.
LOS DAÑOS:
DAÑO FÍSICO:
La indemnización por incapacidad física tiene por finalidad cubrir no sólo las limitaciones de orden laborativo, sino también la proyección que aquélla tiene con relación a todas las esferas de su personalidad, es decir, la disminución de su seguridad, la reducción de su capacidad vital, el empobrecimiento de sus perspectivas futuras, etc.
En suma, el resarcimiento por incapacidad comprende, con excepción del daño moral, todos los supuestos susceptibles de reparación patrimonial, incluidos los daños de salud y a la integridad física y psíquica (A. Abrevaya, El Daño y Su Cuantificación, ed. Abeledo-Perrot, pág. 55/57; año 2008 y jurisp. allí citada).
La integridad personal cuenta con la protección del orden jurídico todo (conf. arg. arts. 33, 75 inc. 22 y cc. Const. Nac., 89 del C. Penal, 1086 y ccs. del Código Civil -hoy art. 1746 y ccs. del nuevo CCyCN-).
Resulta de fundamental importancia apreciar con criterio estricto el cúmulo de pruebas adunadas tanto a las presentes actuaciones como a la causa penal que se acompaña para poder determinar las potenciales secuelas que pudo haber padecido la reclamante a raíz del siniestro vial, ponderando sólo aquellas que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa (cfr. arts. 375 y 384, CPCC).
Y la pericia médica resulta ser la prueba por excelencia para analizar las afecciones padecidas en plano físico.
En el caso, la perito médica realizó su informe y fue presentado con fecha 28/11/2024, en el cual indica que:
"De acuerdo a las constancias obrantes en el expediente surge que el Sr. Barrera Maximiliano Daniel en fecha 06/12/22 sufrió un accidente de tránsito (moto vs auto) por lo que padeció politraumatismos .".
Agrega que: "Dado que no presenta alteraciones al examen físico, que según historia clínica obrante fue asistido por presentar politraumatismos, no hallándose estudios complementarios que se hubiesen realizado a partir de las dolencias referidas en la demanda, ni tampoco requirió evaluaciones medicas ni tratamientos posteriormente al siniestro y a lo largo del tiempo, por lo cual se infiere que los mismos curaron sin secuelas que generen incapacidad permanente en el actor .". (lo resaltado me pertenece).
Concluyendo que: "Según surge de las constancias obrantes en el expediente, el Sr. Barrera Maximiliano Daniel en fecha 06/12/22 padeció un accidente de tránsito (moto vs auto), por el cual sufrió politraumatismos. De acuerdo a lo antes expuesto no se determina incapacidad física relacionada con el motivo de litis .".
Ahora bien, analizada esta situación, entiendo que -a la luz de los precedentes ya evocados- no existen en el caso elementos de convicción (objetivos) que nos lleven a apartarnos de las conclusiones de la perito: las mismas emanan de una profesional competente y se apoyan en estudios complementarios, aluden a las constancias médicas contemporáneas al hecho, es por ello que comparto lo manifestado por el Sr. Juez a quo, habiendo rechazado el mentado rubro, toda vez que, si bien el hecho generó en el actor lesiones que se constataron con los informes de atención médica (ver P.E. de fecha 12/06/2023 y 17/07/2023 del Hospital Paroissien y del Centro Médico Arqueros de fecha 07/08/2023) las cuales fueron producidas contemporáneamente al evento de marras, pudieron haber curado sin dejar secuelas permanentes (arts. 384 y 474, C.P.C.C.).
Atento a lo expuesto , se deberá confirmar lo decidido por el a quo, rechazando el recurso de la parte actora.
Atento a lo expuesto, pasemos ahora al daño psicológico :
Respecto al daño en la esfera psíquica, el mismo se configura mediante la "...perturbación patológica de la personalidad, que altera el equilibrio básico o agrava algún desequilibrio precedente del damnificado" (ZAVALA DE GÓNZALEZ, "Daños a las personas...", T.2, p.231).
Este daño comprende tanto las enfermedades mentales como los desequilibrios pasajeros, sea como situación estable o bien accidental y transitoria que implica en todo caso una faceta morbosa, que perturba la normalidad del sujeto y trasciende en su vida individual y de relación (JORGE GALDOS, Acerca del daño psicológico), JA 2005-1, fas. n°10).
Según Mariano Castex y M. Ciruzzi "... puede hablarse de la existencia de daño psíquico en un determinado sujeto, cuando éste presente un deterioro, disfunción, disturbio o trastorno, o desarrollo psico-orgánico que, afectando sus esferas afectiva y/o intelectiva y/o social y/o recreativa, limita su capacidad de goce individual, familiar, laboral, social y/o recreativa" ("El daño psíquico en la Medicina y Psicología Forense" por Mariano Castex y María Ciruzzi 1989/1990").
Resulta innegable que la integridad psíquica de las personas es objeto de protección jurídica, de modo tal que toda lesión a la psique debe ser resarcida sin perjuicio de las lesiones corporales que el afectado haya sufrido o no, ya que el cuerpo y psique son una unidad inescindible (KRAUT, Alfredo, "Los derechos de los pacientes").
La prueba esencial, en este caso también, es la pericial, la cual se presenta en autos el 15/09/2024 manifestando que:
"El conjunto de las técnicas utilizadas permiten concluir que el Sr. Barrera Maximiliano presenta indicadores concurrentes y recurrentes de una Organización Límite De Personalidad . Su modo de funcionamiento es tendiente a esta estructura de base.".
Agregando que: "A partir del análisis realizado sobre el conjunto de la batería diagnóstica implementada se puede inferir que el Sr. Barrera presenta Daño Psíquico compatible con los criterios que definen el Trastorno adaptativo crónico mixto con ansiedad y estado de ánimo depresivo (F43.22), perteneciente al apartado de los trastornos adaptativos de la clasificación internacional DSM-IV-TR.". Concluyendo: "A los fines de su determinación se procedió a utilizar el Baremo para Daño Neurológico y Psíquico de los Dres. Castex y Silva, concluyendo que el Sr. Barrera presenta un Desarrollo Reactivo Moderado (2.6.5) Los autores mencionados determinan un porcentual entre 10% y 25%. Estimo un 15% de incapacidad psíquica parcial y permanente, atendiendo a la merma del Valor Psíquico Global (VPG) o Valor Psíquico Integral (VPI), atribuible en exclusividad al accidente que motiva la presente litis.".
Y recomienda que : "A los fines de no agravar la sintomatología del trastorno referido "ut supra" se recomienda realizar tratamiento psicoterapéutico. El mismo consistirá en una sesión semanal por un período no menor a un año y medio de duración. Los aranceles actuales poseen un valor de $ 13000 a $ 20000 por sesión dependiendo éstos del tipo de asistencia que se solicite.".
No encuentro mérito alguno en este punto que me incline a apartarme del informe técnico pericial (art. 384 y 474, C.P.C.C.).
Atento a lo expuesto, la procedencia del rubro resulta innegable; adentrándome en el análisis de la tarifación del mismo.
Ahora bien, para la cuantificación del daño, como lo expliqué anteriormente, considero que no puede fijarse en función de rígidos porcentajes extraídos sobre la base de cálculos actuariales que puede ser meras pautas indicativas y sugeridas, como así tampoco por el conocido parámetro del "calcula u point", sino que debe adoptarse un criterio que, en cada caso, contemple las específicas circunstancias de la víctima, especialmente las referidas a la edad, estado familiar, preparación intelectual o capacitación para el trabajo, el grado de disfunción y la incidencia que ésta tiene para el cumplimiento de las tareas que desarrollaba, inclusive en su vida de relación, como también el nivel socioeconómico en que se desenvolvía (art. 165, C.P.C.C.; conf. SCBA, causa L, fallo del 7/4/2010).
La fuerza probatoria de los dictámenes periciales es de meritación exclusiva del magistrado, quien, teniendo en consideración la competencia de las personas que efectúan los mismos, los principios en que puedan fundarlos y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y demás pruebas y elementos de convicción que la causa ofrece, tomará su propia convicción, adjudicándole el valor que estime apropiado para la solución de la litis (S.C.B.A., D.J.B.A. v. 134 p. 345, L.L. 1988-D-100; Morello, "Códigos...", t. V-B, pág. 439).
También que si bien es cierto que probado el daño, el monto de la indemnización ha sido deferido por la ley al soberano criterio del Juez, y éste -a falta de pautas concretas resultantes de las constancias de autos- ha de remitirse a sus propias máximas de experiencia (conf. S.C.B.A., Ac. y Sent. 1972, t. I, pág. 99; 1974 t. I, pág. 315; 1975 pág. 187), siendo cierto también que tales facultades deben ser ejercidas con prudencia y sin crear en un caso particular determinaciones de monto que excedan razonablemente las otorgadas en otros casos análogos -prudencia y equidad son preferibles a cálculos matemáticos y fríos, ello sin abandonar las ideas rectoras de realismo y el principio de integralidad, debiéndose estar a las circunstancias de cada caso- (art. 1740, C.C.C.; conf. Morello-Berizonce, "Códigos Procesales", T. II, pág. 137).
Por lo antes expuesto, habiendo merituado las circunstancias personales de la víctima, su edad a la fecha del ilícito (29 años), sus condiciones socioeconómicas que surgen del BLSG Expte. Nro.: MO-16.814/2023, las secuelas en su vida de relación, la proyección en sus actividades futuras y los importes acordados por este Tribunal en casos similares, considero que las sumas fijadas se encuentran elevadas y entiendo prudente reducir el rubro daño psicológico en análisis a la suma de $10.000.000 (arts. 375, 384, 474, 165 y ccs., C.P.C.C.).
TRATAMIENTO PSICOLÓGICO:
Con relación al tratamiento y sus gastos, en el caso de autos la perito experta sugiere su realización a los fines de no agravar la sintomatología del trastorno, precisando frecuencia de una vez por semana por un período estimado de por lo menos 1 año y medio (ver pericial psicológica, P.E. 15/09/2024).
Frente al panorama fáctico descripto, a la luz de las directrices efectuadas, se impone desestimar las objeciones de la parte actora y de la parte demandada y su aseguradora (arg. artículos 375, 474 y concordantes del Código Procesal).
Así las cosas, considero que la suma fijada por el rubro objeto de análisis se perfila adecuada, proponiendo su confirmación en la suma de $1.200.000 (art. 165, C.P.C.C.).
B.- DAÑO MORAL:
Se entiende por daño moral, la lesión en los sentimientos que determina dolor o sufrimientos físicos, inquietud espiritual, o agravio a las afecciones legítimas y, en general, toda clase de padecimientos insusceptibles de apreciación pecuniaria. Su traducción en dinero se debe a que no es más que el medio de enjugar, de un modo imperfecto pero entendido subjetivamente como eficaz por el reclamante, un detrimento que de otro modo quedaría sin resarcir. Siendo eso así, de lo que se trata es de reconocer una compensación pecuniaria que haga asequibles algunas satisfacciones equivalentes al dolor moral sufrido (arts. 1068 y 1078, C.C.).
El daño moral es de carácter resarcitorio y no de naturaleza punitiva, es decir, no se trata de reprochar la conducta del ofensor, sino de resarcir económicamente a la víctima, que no debe guardar necesaria relación con el daño de carácter patrimonial.
Tiene entendido nuestro Superior Tribunal que el reconocimiento y resarcimiento del daño moral depende -en principio- del arbitrio judicial, para lo cual basta la certeza de que haya existido, sin que sea necesaria otra precisión y no requiere prueba específica alguna cuando ha de tenérselo por demostrado por el sólo hecho de la acción antijurídica -daño in re ipsa- (conf. entre otros: S.C.B.A., Ac. y Sent., 1992, t. I., pág. 99; 1974, t. I., pág. 315; 1975, pág. 187; Ac.51.179 del 02/11/93).
Por todo lo expuesto, considerando la índole de los padecimientos sufridos por el actor, las lesiones que le provocaron y la incapacidad psicológica que le ha quedado, teniendo en cuenta asimismo sus ya reseñadas circunstancias personales y la indefectible afección que el hecho les ocasiona en su tranquilidad espiritual, entiendo que el rubro se perfila adecuado y propongo confirmarlo en la suma de $3.000.000 (arts. 1738 y 1741, CCCN; 375, 165, CPCC).
C.- GASTOS DE ATENCIÓN MÉDICA Y MEDICAMENTOS:
El resarcimiento en concepto de gastos médicos, farmacéuticos y viáticos por traslado apuntan a restituirle a la víctima del ilícito el importe de las erogaciones que, con motivo de éste, se vio obligado a sufragar, o bien aquellas que adeuda; motivo por el que constituye un auténtico menoscabo patrimonial y, por ende, resarcible.
Si bien estos gastos deben ser probados por el reclamante (conf. art. 375 C.P.C.C.), no es menester una prueba concluyente y son presumidos (art.1746 del CCCN), en razón de la absoluta necesidad de los mismos y de la dificultad de obtener los medios probatorios, aunque es necesario que guarden relación de causalidad con la naturaleza del daño sufrido, sin que el hecho de que el damnificado se encuentre afiliado a una obra social o se atienda en un establecimiento asistencial público sea óbice para su viabilidad, ya que es notorio que determinados desembolsos son sufragados por el propio paciente.
Asimismo, es menester referir que "...corresponde presumir las erogaciones por tal concepto a cargo de la víctima aunque no esté demostrado cabalmente su importe..." (S.C.B.A., T° 117, pág. 127). Conforme las circunstancias comprobadas de la causa, los daños sufridos, considero que el rubro en tratamiento deberá confirmarse en la suma de $150.000 (arts. 375, 473, 384, 165 y ccs, C.P.C.C.).
D.- TASA DE INTERES:
El fallo fija los intereses de manera diferenciada; al 6% desde la fecha del hecho y hasta la fecha del fallo que determine su cuantía y a partir de allí a la tasa pasiva digital hasta el efectivo pago, salvo en lo que se refiere a tratamientos futuros.
La parte actora objeta este temperamento.
Recientemente la SCJBA se ha expedido en la causa C 123.090, "Paredes Roberto Gabriel Horacio c/ Transporte La Perlita S.A. s/ Ds. y Pj." (fallo del 18-09-2020) considerando aplicable la doctrina sentada en materia de cálculo de intereses en casos de evaluaciones de deudas realizadas a valor real en las causas C.120.536 "Vera", sent. de 18-04-2018 y C.121.134, "Nidera", sent. de 3-05-2018 a un supuesto análogo presente.
Asimismo, la solución esbozada se ha tornado imperativa a raíz de que la Excma. Cámara de Apelación, en pleno, la ha receptado mediante el dictado del Acuerdo Extraordinario 839/20 (arg. artículo 37, inciso f) de la ley 5827).
Así las cosas, más allá de los antecedentes que invoca la parte actora, la postura de la SCBA es clara y entiendo que la tasa de interés fijada en el fallo en crisis, ha de confirmarse .
IV. DECISIÓN:
Si mi propuesta es compartida se deberá modificar el fallo apelado, debiendo reducir el rubro daño psicológico a la suma de $10.000.000; confirmándose todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas a la parte demandada y la citada en garantías vencida (arts. 68, C.P.C.C.).
Voto, en consecuencia, PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión el señor Juez Doctor JORDA , por iguales fundamentos, votó también PARCIALMENTE por la AFIRMATIVA .
A LA SEGUNDA CUESTION: la señora Jueza Doctora COLLADOS , dijo:
Conforme se ha votado en la cuestión anterior, se modifica el fallo apelado, debiendo reducir el rubro daño psicológico a la suma de $10.000.000; confirmándose todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas a la parte demandada y la citada en garantías vencida (arts. 68, C.P.C.C.).
ASI LO VOTO.
El señor Juez Doctor JORDA , por los mismos fundamentos, votó en análogo sentido.
Con lo que terminó el Acuerdo, dictándose la siguiente
AUTOS Y VISTOS: De conformidad al resultado que arroja la votación que instruye el Acuerdo que antecede, por unanimidad, se modifica el fallo apelado, debiendo reducir el rubro daño psicológico a la suma de $10.000.000; confirmándose todo lo demás que ha sido materia de agravios.
Las costas de Alzada deberán quedar impuestas a la parte demandada y la citada en garantías vencida (arts. 68, C.P.C.C.).
REGISTRESE y NOTIFIQUESE (conf. Ac. 4013, SCBA).
Firman digitalmente la presente los señores Jueces Dres. Collados y Jordá, por ante el Sr. Secretario, en la fecha y hora según la referencia. Notifíquese conforme Ac. 4013, SCBA.
Firmas
Funcionario firmante: JORDA Roberto Camilo - JUEZ
Funcionario firmante: COLLADOS Mirta Susana - JUEZ
Funcionario firmante: PILI Damian Ignacio - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 363-2026
Fin de la sentencia