Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-897/25-IMC-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1729809-2025.-
2Mantener la vigencia de la medida cautelar dictada oportunamente por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Tres de esta ciudad, en virtud de la cual se dispuso la suspensión provisoria de la vigencia de los artículos 6, inciso 3°, 12 y concordantes de la Ley N° 3910, así como también de toda actuación administrativa llevada adelante por el Consejo de la Magistratura sobre la base de dicha normativa, y se restableció, correlativamente, la vigencia provisoria de los artículos 6, inciso 4°, 8 y concordantes de la Ley N° 2552. Ello, hasta tanto recaiga sentencia definitiva firme en los autos principales y con el alcance delineado en los considerandos.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: B-897/25-IMC-TSJ Sentencia N°: 1171 Actor: BARRETO MARIA JULIA Demandado: PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA Objeto: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR- Fecha: 23/04/25 TOMO XX -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J.-
REGISTRO Nº 1171 FOLIO Nº 3853/3859 PROT. ELECT. TSS1 028 C.251
Río Gallegos, 23 de abril de 2025.-
Los presentes autos caratulados: “BARRETO MARIA JULIA C/ PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y OTRA S/ ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD -INCIDENTE DE MEDIDA CAUTELAR-”, Expte. Nº B-897/25-IMC-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia a fin de resolver, en primer término, la excusación deducida por el Sr. Presidente de este Alto Cuerpo, Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1729809-2025.-
El Dr. Mariani expresa: “…me excusaré de entender en el presente expediente por razones de decoro y delicadeza (cfr. art. 30 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia), toda vez que actualmente integro el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz en representación de este Tribunal Superior de Justicia. Esta circunstancia hace que sea aconsejable apartarme del conocimiento de la causa, a los fines de aventar cualquier sospecha sobre la ecuanimidad del decisorio que se pronuncie en este proceso.” (cfr. PE1729809-2025).- En razón del escrúpulo fundado en las circunstancias explicitadas, que demuestran que la inhibición responde a causales avaladas en serios fundamentos y en virtud de lo normado en el artículo 30, segundo párrafo del CPCyC, corresponde hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Daniel Mauricio Mariani.-
II. En PE1728417-2025 de los autos principales se presenta la Dra. María Julia Barreto, con el patrocinio letrado del Dr. Juan Miguel Litvachkes, e interpone acción de inconstitucionalidad contra la Provincia de Santa Cruz y el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad de la Ley Provincial N° 3910, invalidando su aplicación, y se ponga en vigencia la Ley Provincial N° 2552. Asimismo, peticiona la declaración de nulidad de cualquier actuación administrativa que designe nuevas autoridades (cfr. pág. 1).- Sostiene que, en el marco del Concurso N° 105/23 seguido por ante el Consejo de la Magistratura de la Provincia de Santa Cruz, cumplió con los requisitos constitucionales y legales para postularse al cargo de Jueza de Instrucción Penal de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en la ciudad de El Calafate y que, en ese contexto, rindió el examen de oposición el 6 de diciembre de 2024, encontrándose a la espera de su evaluación por el jurado designado a tales efectos. Afirma que dicho llamado a concurso se realizó bajo el siguiente marco normativo: artículo 128 bis de la Constitución Provincial, la Ley N° 2552, el Reglamento del Consejo de la Magistratura Provincial y el Acuerdo 04-TC-2024 de dicho organismo (cfr. PE cit., págs. 1/2).- Refiere que el 9 de enero de 2025 se publicó en el Boletín Oficial la Ley Provincial N° 3910, la cual introdujo modificaciones sustanciales en la estructura y funcionamiento del Consejo de la Magistratura. En tal sentido, alega que esta norma modifica la estructura, funcionamiento y dinámicas de ese organismo, contraviniendo la norma constitucional, al transformar el diseño de un ente que debe mantenerse dentro del Poder Judicial, en un organismo político, sin criterio técnico (cfr. PE cit., págs. 2/3).-
Denuncia la interposición de una medida cautelar en los autos caratulados como “Barreto María Julia c/ Estado Provincial de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Medida cautelar”, Expte. N° 6648/2025 tramitada ante el Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 3, con asiento en la ciudad de Río Gallegos. Dicha medida, según afirma, conllevó que la magistrada de primera instancia suspendiera la aplicación de los artículos 6°, inciso 3° y 12 de la Ley N° 3910, restableciendo de forma provisional la vigencia de la Ley N° 2552.-
En PE1739188-2025 de los autos principales, el Sr. Agente Fiscal se pronunció positivamente, concluyendo que este Excmo. Tribunal es competente para intervenir en la acción de inconstitucionalidad y en la medida cautelar. Asimismo, en PE1045238-2025 de los autos de mención, se ordenó formar el incidente con las piezas pertinentes, dándose inicio a los presentes en PE1740319-2025.-
En PE1739320-2025, la Dra. María Cristina Riera comparece y expone que permanecen pendientes de resolución las revocatorias y apelaciones en subsidio oportunamente interpuestas, tanto por su parte en representación del Consejo de la Magistratura como por el Sr. Fiscal de Estado Provincial. Señala que el Consejo mencionado atraviesa una crisis institucional derivada de la indeterminación respecto del alcance de la medida cautelar dictada. Afirma que dicha medida tiene un efecto particular circunscrito a la actora y al concurso Nº 105, sin que resulte jurídicamente procedente conferirle un alcance erga omnes.- Argumenta que esta situación genera un estado de incertidumbre que compromete la aplicación efectiva del ordenamiento jurídico vigente, especialmente en lo que atañe a la convocatoria de nuevos concursos, afectando con ello la seguridad jurídica y la regular operatividad del Poder Judicial. Sostiene, además, que las determinaciones adoptadas en el ámbito del Consejo de la Magistratura deben revestir un grado de certeza suficiente que garantice a los postulantes la participación en los procesos de selección sin exposición a riesgos relativos a la validez del procedimiento.- A su turno, en PE1740685-2025 se presenta el Estado Provincial, representado por el Sr. Fiscal de Estado, Dr. Ramiro Esteban Castillo, por la Dra. Fernanda A. Loncón Paredes y el Dr. Juan Lucio R. de la Vega. Solicita que se disponga la sustanciación del recurso que interpuso su parte en los autos “Barreto María Julia c/ Estado Provincial de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Medida cautelar”, Expte. N° 897/2025-AXC, agregado por cuerda al presente incidente. De manera subsidiaria, sostiene que, en atención a los fundamentos expuestos en su anterior presentación y ante la gravedad institucional configurada, resulta imperioso que se deje sin efecto la medida cautelar dictada.- En PE1747194-2025 dictamina el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, quien considera oportuno mantener la vigencia de la medida cautelar decretada por la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 3 de esta ciudad capital hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el marco de los autos principales.-
Pasan las presentes actuaciones al Acuerdo para resolver en PE1771183-2025.-
III. Inicialmente, corresponde a este Excmo. Tribunal Superior de Justicia expedirse respecto a la medida cautelar dispuesta por la jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia N° 3 de esta ciudad capital, quien el 14 de febrero del corriente año decidió suspender provisionalmente la vigencia de los artículos 6 inciso 3° y 12 y concordantes de la Ley N° 3910, así como también cualquier tipo de actuación que haya llevado adelante el Consejo de la Magistratura con sustento en esa norma, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso judicial que tenga por objeto dilucidar el fondo del asunto. Esta resolución fue adoptada en PE1031558-2025 de los autos caratulados: “Barreto María Julia c/ Estado Provincial de la Provincia de Santa Cruz y otro s/ Medida Cautelar”, Expte.
Nº 6648/2025, los cuales actualmente se encuentran agregados por cuerda y forman parte del presente incidente (cfr. PE1740319-2025).- La resolución cautelar tuvo su origen en la petición de la actora, quien alegó que la vigencia de la Ley N° 3910, en particular los artículos 6, inciso 3°, y 12, afectaba su derecho a ser evaluada en el Concurso N° 105/23 según las reglas vigentes al momento de su postulación. Sostuvo que las modificaciones impuestas vulneraban disposiciones constitucionales nacionales y provinciales, especialmente el artículo 128 bis de la Constitución Provincial, que regula la composición y atribuciones del Consejo de la Magistratura. También argumentó que la aplicación inmediata de la norma impugnada generaba un riesgo cierto e irreparable, afectando la estabilidad del proceso de selección de magistrados.- En este marco, la magistrada de grado resolvió admitir parcialmente la medida cautelar innovativa peticionada y, en consecuencia, disponer la suspensión de los preceptos normativos anteriormente enunciados.
Fundamentó su decisión en la concurrencia de los requisitos exigidos para la viabilidad de la tutela urgente, destacando que la verosimilitud del derecho de la actora resultaba acreditada y que la prosecución de los trámites administrativos bajo el esquema normativo cuestionado podría acarrear alteraciones irreversibles en el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, comprometiendo no solo el desarrollo de los concursos en trámite, sino también la transparencia e idoneidad en el procedimiento de designación de jueces.- En virtud de ello, dispuso que la medida cautelar mantendría su vigencia hasta tanto se dicte pronunciamiento definitivo en la causa de fondo, fijándose un plazo de veinte (20) días para que la actora promueva la acción principal (cfr.
PE1031558-2025 del Expte. Nº 6648/25 cit.).-
Con posterioridad, la Magistrada dictó una aclaratoria en la que dejó establecido que correspondía restablecer la vigencia de los artículos 6 inciso 4° y 8 y concordantes de la Ley N° 2552 (cfr. PE1033444-2025 del Expte. cit.).-
Consecuentemente, corresponde a este Tribunal abocarse al análisis de los presupuestos de procedencia de la medida cautelar dispuesta y evaluar, en su caso, la razonabilidad de su mantenimiento, dentro del marco de control jurisdiccional que le es propio.-
Para lograr tal cometido, es pertinente recordar que el artículo 197 del CPCyC -aplicable en virtud de lo dispuesto por el art. 32 del CPCA, Ley N° 2600- preceptúa, en su parte pertinente, que “…la medida ordenada por un juez incompetente será válida siempre que haya sido dispuesta de conformidad con las prescripciones de este capítulo, pero no prorrogará su competencia. El Juez que decretó la medida, inmediatamente después de requerido remitirá las actuaciones al que sea competente.”.-
En ciertos casos, un juez incompetente para conocer en el fondo del litigio puede excepcionalmente disponer medidas precautorias cuando la urgencia del caso y el peligro de un perjuicio irreparable así lo exijan. Esta atribución encuentra sustento en la necesidad de preservar la eficacia de la tutela judicial, priorizando la salvaguarda de los derechos comprometidos. La validez de tales decisiones no se supedita exclusivamente a la competencia del magistrado que las dicta, sino a la concurrencia de los requisitos normativos que legitiman su adopción. Esta excepcionalidad no comporta una prórroga de competencia, sino la necesidad de garantizar una respuesta judicial oportuna.- En esta dirección, se ha sostenido que: “En determinadas situaciones el juez puede encontrarse frente al requerimiento de una medida cautelar que se relaciona con una causa o controversia que puede no ser de su competencia, pero que en atención a la urgencia del caso y al peligro de un daño o perjuicio irreparable, exige garantizar sin demora la tutela efectiva del derecho o interés jurídico que se hace valer en el proceso.
Por esa razón…las medidas precautorias ordenadas por éste antes de la promoción de la demanda serán válidas y de eficacia inmediata, siempre que se hubiera cumplido con las prescripciones legales previstas en cada caso, pero ello no importará prorrogar la competencia…En tal caso, decretada la medida cautelar, el juez incompetente debe remitir sin demoras las actuaciones al juez que se considere competente quien…deberá pronunciarse en forma expresa sobre el alcance y vigencia de la medida que se hubiese concedido…” (cfr. Padrós, Ramiro Simón, en “Legislación usual: Derecho Administrativo”, dirigido por Cicero, Nidia Karina, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2015, Tomo II, págs. 1009/1011) (TSJ Santa Cruz, Contencioso Administrativo, Tomo XIX, Reg. 1154, Folio 3766/3772).- En sentido coincidente, se han expresado Roland Arazi y Jorge A.
Rojas en su obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación” al indicar que: “…la medida cautelar dictada por un juez incompetente es válida, pues debe darse preeminencia a la urgencia que la justifica por sobre las normas rituales que imponen al juez abstenerse de emitir pronunciamientos en juicios que no corresponden a su órbita jurisdiccional,…” (cfr. aut. y ob. cits., 2º Ed, Santa Fé, Rubinzal Culzoni, 2007, Tomo I, pág. 768) (cfr. TSJ Santa Cruz, fallo cit.).- En el presente caso, habiéndose expedido el Sr. Agente Fiscal en sentido favorable a la competencia de este Tribunal para conocer en autos, y constatándose en las actuaciones que la medida cautelar en cuestión fue dispuesta por una magistrada sin atribuciones para intervenir en el proceso principal, se requirieron las actuaciones en PE1040010-2025 con el objeto de determinar la extensión y subsistencia de la tutela precautoria concedida.-
IV. Abordando el análisis de la cuestión en debate y considerando la naturaleza cautelar de la medida solicitada, resulta imprescindible examinar la concurrencia de los presupuestos generales de toda medida precautoria, así como los específicos del caso, conforme a lo dispuesto en los artículos 25 y siguientes del CPCA, Ley N° 2600, a efectos de determinar su admisibilidad y razonabilidad.-
En esta línea, corresponde recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha señalado que “… la sola circunstancia de tratarse de una acción declarativa no excluye la procedencia de medidas precautorias. En efecto, éstas tienen por finalidad evitar el riesgo de que, durante el transcurso del proceso, el pronunciamiento que pudiera reconocer o actuar el derecho, pierda virtualidad. Y ese riesgo puede existir no sólo en el supuesto de las acciones de condena sino también en las declarativas de certezas, en la medida en que se afecte de cualquier manera aquel cuyo reconocimiento persigue.” (cfr. Fallos 313:1152).- Por su parte, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal ha señalado que la procedencia de medidas cautelares de esta naturaleza demanda la concurrencia ineludible de dos requisitos esenciales, a saber: la verosimilitud del derecho invocado y el peligro de un daño irreparable en la demora. A tales presupuestos debe sumarse la contracautela establecida de modo genérico. Añadiendo además que: “…la jurisprudencia y la doctrina han agregado que los requisitos antes citados se encuentran de tal modo relacionados que a mayor verosimilitud del derecho, cabe no ser tan exigente en la apreciación del peligro en la demora y -viceversa- cuando existe el riesgo de un daño extremo irreparable el rigor en la ponderación del primero se puede atenuar (Sala II, ‘Pesquera del Atlántico S.A. c/ B.C.R.A.’, del 14-10-85; Sala V, ‘Ribereña de Río Negro S.A. c/ D.G.I.’, del 8-11-96; esta Sala, ‘Gibaut Hermanos’, del 8-9-83; ‘Siderca SA’, voto del Dr. Grecco, del 19/11/04, entre otros) (cfr. Sala III, “Insugra S.A. c. Estado Nacional”, 15/05/2007; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online AR/JUR/4908/2007).- Sobre esta base, resulta imperativo examinar los presupuestos que condicionan la viabilidad del remedio cautelar en cuestión.-
V. En relación al primero de los requerimientos, esto es, la verosimilitud del derecho, se ha dicho que el despacho de una cautelar no exige un examen de certeza sino sólo su verosimilitud, ya que el juicio de verdad se encuentra en oposición a la finalidad del instituto (conf. Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán, in re: “Rejas, Alejandra Felisa c/ Estado Nacional Minis. Just. Seguridad y DD.HH. P.F.A. s/ inconstitucionalidad”, sentencia del 11/06/2012; www.informacionlegal.com.ar. Cita Online: AR/JUR/30916/2012).-
Si bien es cierto que por vía de principio, medidas como las requeridas no proceden respecto de actos administrativos o legislativos habida cuenta de la presunción de validez que ostentan, tal doctrina debe ceder cuando se los impugna sobre bases prima facie verosímiles (Fallos: 250:154; 251:336; 307:1702; 314:695) y como resulta de la naturaleza de las medidas cautelares, ellas no exigen de los magistrados el examen de la certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino sólo de su verosimilitud. Es más, el juicio de verdad en esta materia se encuentra en oposición a la finalidad del instituto cautelar, que no es otra que atender a aquello que no excede del marco de lo hipotético, dentro del cual, asimismo, agota su virtualidad (cfr.
Fallos: 317:243).- En el caso bajo estudio, la presentante postula que la Ley N° 3910 se encuentra en contradicción: “…con diversos preceptos de la Constitución de la Provincia de Santa Cruz, principalmente en lo atinente a la alteración que introduce respecto de la presidencia del Consejo de la Magistratura. El artículo 128 bis, al ubicar dicho Consejo en la Sección VII referida al Poder Judicial, impone la presencia y tutela del Tribunal Superior de Justicia como cabeza de ese poder, lo que cobra especial relevancia al tratarse de un cuerpo técnico destinado a promover la imparcialidad y la selección idónea de magistrados.”. Además, expresa que “El cambio normativo, al permitir la elección rotativa de la presidencia y asignar un voto doble al titular que resulte designado, vulnera la finalidad expresa de evitar hegemonías políticas o partidarias que el artículo 128 bis de la Ley Fundamental buscaba sortear, pues coloca en riesgo la primacía de la lógica técnica y judicial requerida en todo proceso de selección de magistrados” (cfr.
PE1712732-2025, pág. 15 del Expte. Nº 6648/25 cit.).- Se advierte, en consecuencia, que el presente caso exhibe particularidades que lo diferencian de aquellos en los que este Alto Tribunal ha considerado improcedente la adopción de medidas cautelares, habida cuenta del escrutinio reforzado que impone la verificación de sus presupuestos de admisibilidad. Dentro del marco cognoscitivo propio de esta instancia y a la luz de las circunstancias excepcionales que concurren, se configura con la debida nitidez que la perpetuación de la situación alegada por la Dra. Barreto podría derivar en perjuicios de difícil o imposible reparación, cuya evitación se erige en una exigencia primordial del orden jurídico.- El núcleo central de la demanda de inconstitucionalidad se encuentra intrínsecamente vinculado con el artículo 128 bis de la Constitución Provincial, cuyo contenido normativo resulta determinante en el análisis de la pretensión cautelar deducida.
En el marco cognitivo restringido propio de esta instancia, corresponde efectuar un juicio de probabilidad y no de certeza, lo que permite concluir en la configuración de un derecho verosímil, sin que ello implique prejuzgamiento sobre la cuestión de fondo.-
La división de poderes exige que cada rama del Estado conserve su autonomía funcional, sin renunciar a los mecanismos de control y equilibrio mutuos. El Consejo de la Magistratura fue concebido precisamente como un instrumento de contrapeso, destinado a evitar que la designación de jueces quede exclusivamente en manos del Poder Ejecutivo o Legislativo. Al incorporar la participación de diversos estamentos se procura que las decisiones se funden en criterios técnicos y de mérito, reforzando la independencia judicial.-
Resulta razonable entender que, en aras de preservar el equilibrio institucional, la presidencia del Consejo de la Magistratura se sitúe en un miembro del Poder Judicial. La ubicación del Consejo dentro del Capítulo I titulado “Organización” de la Sección Séptima “Poder Judicial” de la Constitución Provincial podría entenderse, a primera vista, como una manifiesta intención de conferirle un rol esencial en la administración interna de la judicatura. Bajo esta premisa, la dirección del organismo en cuestión por un ministro del máximo tribunal provincial se perfila como un mecanismo que, en su ámbito de aplicación cautelar, contribuiría a orientar el proceso de selección de magistrados hacia criterios técnicos y éticos, evitando interpretaciones que pudieran sugerir una influencia política indebida.- Asimismo, una conducción ejercida por un juez de este alto tribunal provincial puede, en términos cautelares, ser considerada como un elemento que facilita la coordinación institucional y la coherencia con la visión y misión del Poder Judicial. En este sentido, el ejercicio de la presidencia por un integrante del Tribunal Superior parecería reforzar, de manera preliminar, la percepción de que la selección de jueces se efectúa en función de la experiencia y el mérito profesional, sin que ello -desde luego- implique un pronunciamiento definitivo sobre la estructura o el funcionamiento del Consejo.- Por lo tanto, dentro del marco estrecho y provisional propio de este incipiente estadio procesal, parece razonable entender que nuestro ordenamiento constitucional, al ubicar al Consejo en la órbita del Poder Judicial, procura la conducción del mismo por un miembro del Máximo Tribunal.-
En consecuencia, se concluye que la verosimilitud del derecho invocado se encuentra razonablemente sustentada en la premisa de que la dirección del Consejo de la Magistratura, al estar concebida como parte integrante del Poder Judicial, corresponde a un integrante de este Tribunal Superior de Justicia. Esta interpretación, adoptada de manera provisional, se orienta a salvaguardar la independencia judicial y a preservar la coherencia institucional, sin prejuzgar sobre la cuestión de fondo.-
VI. Otro requisito específico es el probable peligro de que la tutela jurídica que surgirá de la sentencia, no pueda efectivizarse en los hechos (cfr. Hutchinson, Tomás, “Derecho Procesal Administrativo”, 1ª ed., Santa Fe, Rubinzal Culzoni, 2009, tomo III, pág. 510). No existe medida cautelar que no se dé para disipar un temor de daño inminente; constituye la razón de ser jurídica y de hecho de las medidas cautelares que sustancia con ellas (cfr. Gallegos Fedriani, Pablo Oscar, “Control judicial de la Administración. Medidas Cautelares”, en Derecho Procesal Administrativo, dirigido por Juan Carlos Cassagne, 1ª ed., Buenos Aires, Hammurabi, 2004, Tomo 1, pág. 749). En lo que atañe a la materia en tratamiento, se ha sostenido: “Cuando la PDI [pretensión declarativa de inconstitucionalidad] tiene finalidades preventivas, la posibilidad de evitar la consumación del daño hace a su propia esencia, de otro modo, el planteo declarativo perdería rápidamente sentido si no pudiera evitarse el daño. La eficacia preventiva de la PDI se esfumaría si no se contara con la posibilidad de evitar la consumación de los perjuicios durante el proceso. La falta de aseguramiento provisional del objeto que se pretende obtener en la sentencia definitiva podría convertir en inútil a la actividad jurisdiccional.” (cfr. Laplacette, Carlos José, “Acciones declarativas de inconstitucionalidad”, 1ª ed., Ciudad Autónoma de Buenos Aires, La Ley, 2020, pág. 236).- El peligro en la demora debe juzgarse de acuerdo con un juicio objetivo, o derivar de hechos que puedan ser apreciados incluso por terceros (cfr. Fallos: 326:3658, 1248, 1289; 325: 367, 1873; 314:711).-
La presentante explica que: “La entrada en vigor de la Ley Nº 3910, y específicamente la modificación introducida en cuanto a la designación de la Presidencia del Consejo de la Magistratura, engendra un riesgo institucional inmediato que justifica la adopción urgente de una medida cautelar para suspender sus efectos hasta tanto se dilucide en sede judicial la constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas.” (cfr. PE1712732-2025, pág. 16, del Expte. cit.).-
El Máximo Tribunal de la Nación, ha sostenido que es dable recordar que la garantía constitucional de la defensa en juicio, así como incluye el derecho a obtener un pronunciamiento rápido dentro de un plazo razonable, pues la dilación injustificada de la solución de los litigios implica que los derechos puedan quedar indefinidamente sin su debida aplicación con grave e irreparable perjuicio de quienes lo invocan (Fallos 324:1944), exige que frente a una intensa verosimilitud en el derecho y un claro peligro en la demora, se consagre dicha garantía constitucional adoptándose las decisiones jurisdiccionales previas y provisionales que atemperen o impidan, en la medida de lo posible, las consecuencias que puede generar la razonable espera de una decisión definitiva (cfr. fallos cit.).- En consecuencia, se observa que la configuración del requisito del peligro en la demora resulta debidamente acreditada, en tanto la operatividad inmediata de la norma impugnada menoscabaría la tutela judicial efectiva, comprometiendo la eficacia del proceso y generando perjuicios de difícil reparación.-
VII. El análisis de los antecedentes del caso, sumada a la contracautela juratoria ya prestada por la parte actora (cfr. PE1712732-2025 del Expte. cit.) revelan, por lo tanto, la imperiosa necesidad de mantener la vigencia de la medida cautelar dictada oportunamente por la jueza de grado (cfr. PE1031558-2025 y PE1033444-2025 del Expte. cit.) a fin de garantizar la tutela efectiva de los derechos invocados, evitando así la consolidación de una situación de hecho que pudiera tornar ilusoria la eventual satisfacción de la pretensión principal. Ello, hasta tanto se dicte sentencia definitiva firme en los autos principales.- En este punto resulta necesario abordar un aspecto relevante para la adecuada interpretación y ejecución de la medida cautelar adoptada, vinculado con sus efectos jurídicos. Es decir, corresponde analizar si la misma debe circunscribirse únicamente a la situación individual de la Dra. Barreto o si, por el contrario, su eficacia proyecta efectos expansivos susceptibles de irradiarse a sujetos y supuestos que no fueron expresamente comprendidos en su formulación.-
Resulta imprescindible reconocer que, en el presente caso, la medida cautelar no puede circunscribirse a los efectos particulares de la postulante en el Concurso N° 105/23, sino que debe extenderse de manera integral a todos los concursos en trámite y a los que se celebren en el futuro, hasta tanto recaiga sentencia definitiva en el proceso principal.-
Limitar la suspensión únicamente de ciertos artículos de la Ley N° 3910 para una sola concursante resultaría inviable y atentaría contra los principios de igualdad y seguridad jurídica, al generar un trato diferenciado que afectaría de manera dispar a otros postulantes y procedimientos en curso.-
En este contexto, es ineludible enfatizar que la suspensión cautelar de los artículos 6, inciso 3°, y 12 de la Ley N° 3910, así como el restablecimiento de los artículos 6, inciso 4°, y 8 y concordantes de la Ley N° 2552, no pueden aplicarse de manera restrictiva a la sola situación de la Dra. Barreto o al exclusivo marco del Concurso N° 105/23. Tal suspensión afecta directamente el régimen de selección y la estructura del Consejo de la Magistratura, cuyo diseño y funcionamiento tienen efectos generales en toda la administración de justicia.- Resulta relevante recordar que el artículo 6, inciso 3° de la Ley N° 3910 establece: “Designar anualmente entre sus integrantes a un/a Presidente/a que tendrá los mismos derechos y responsabilidades que lo/as demás miembros y en caso de empate en una votación su voto se computará doble.”, y el artículo 12 dispone: “Se designará entre quienes integren el Consejo de la Magistratura a un/a Presidente/a que tendrá los mismos derechos y responsabilidades que lo/as demás miembros y en caso de empate en una votación su voto se computará doble.
Le corresponden las siguientes atribuciones: a) ejercer la representación legal e institucional del Consejo de la Magistratura; b) convocar y presidir las sesiones ordinarias, extraordinarias, así como las audiencias y entrevistas que se convoquen; c) ejercer toda otra atribución determinada por ley o los reglamentos.”.- La naturaleza de estas disposiciones es de carácter general y de trascendencia institucional, por lo que cualquier medida que afecte su aplicación debe tener un alcance erga omnes. Limitar la suspensión únicamente a la situación particular de la postulante en el Concurso N° 105/23 implicaría generar un tratamiento diferenciado y arbitrario que -tal como se anticipó- quebrantaría los principios de igualdad y seguridad jurídica, ya que otros concursos en curso o futuros se verían sometidos a una interpretación disímil del régimen normativo aplicable.- En apoyo de esta tesis, resulta imprescindible la aplicación conjunta de los artículos 39 y 88 del CPCA, Ley N° 2600.
En efecto, el artículo 39 dispone que: “La suspensión de la vigencia de disposiciones o actos administrativos de carácter general, deberá ser publicada con arreglo a lo dispuesto en el artículo 88, con cargo a la incidentada.”, lo que implica que cualquier medida cautelar que afecte a normas de alcance general debe difundirse de manera que alcance a todos los administrados. De igual modo, el artículo 88 establece que: “La sentencia sólo tendrá efectos entre las partes, salvo cuando se hubiese impugnado un acto de alcance general, supuesto en el que la sentencia declarará la extensión del acto impugnado, mandando a notificar su anulación a la autoridad que lo dictó, teniendo aquélla efecto erga omnes y pudiendo ser invocada por terceros.
En este caso se ordenará su publicación en el Boletín Oficial en el plazo de diez (10) días a contar desde la firmeza de la sentencia y por el término de tres (3) días. El rechazo de la acción, en el último supuesto, no producirá efectos de cosa juzgada para quienes no tuvieron intervención en el proceso.” Esta articulación normativa obliga a que la suspensión cautelar se extienda plenamente, garantizando que la modificación de la norma impugnada no se aplique de forma parcial, sino que se preserve la uniformidad y seguridad jurídica en el proceso de selección de los magistrados y magistradas.- Por lo tanto, extender la suspensión cautelar a todos los concursos en trámite y a los que se celebren en el futuro es la única vía que permite asegurar la preeminencia del control jurisdiccional, prevenir daños irreparables y preservar la integridad del proceso de selección de las magistradas y magistrados.
Esta solución, además, impide que se generen interpretaciones dispares y que la aplicación de la norma impugnada dé lugar a situaciones de hecho de difícil o imposible reparación.-
En consecuencia, resulta procedente que la presente resolución cautelar extienda sus efectos erga omnes, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 39 y 88 del CPCA, Ley N° 2600, y en consonancia con los principios constitucionales de igualdad y seguridad jurídica, hasta tanto se dicte sentencia definitiva en el proceso principal.-
VIII. Por último, corresponde efectuar una observación adicional derivada de los pedidos introducidos en PE1739320-2025 y PE1740685-2025. En la primera de ellas, la Dra. Riera manifiesta que permanecen pendientes de resolución las revocatorias y apelaciones en subsidio oportunamente interpuestas. Con semejante tenor, en la segunda de las presentaciones aludidas, el Estado Provincial peticiona que se disponga la sustanciación del recurso que interpuso su parte.-
Cabe rememorar que tras el dictado de la medida cautelar por parte de la magistrada de primera instancia, tanto la Dra. Riera como el Estado Provincial incoaron sendos recursos de reposición con apelación en subsidio (cfr. PE1719658-2025, PE1721922-2025 y PE1722978-2025 glosados en el Expte. N° 6648/25 cit.). Dichos recursos no obtuvieron resolución por parte de la magistrada interviniente en primera instancia, como lógica derivación de la inmediata remisión de las actuaciones a este Tribunal Superior de Justicia en virtud de la incompetencia advertida.- En este contexto, es apropiado advertir que dichos planteos, si bien constituyen intentos de cuestionar la procedencia y extensión de la medida, no se ajustan al esquema procesal que rige en esta instancia originaria y exclusiva.-
En efecto, en virtud de lo dispuesto por el artículo 132, inciso 3° de la Constitución Provincial, es este Alto Cuerpo el órgano competente para conocer y resolver en la acción de inconstitucionalidad incoada por la Dra. Barreto. Frente a la ausencia de un régimen procesal expreso aplicable a las acciones de inconstitucionalidad, este Tribunal, en congruencia con sus precedentes jurisprudenciales, dispuso aplicar en forma supletoria las disposiciones previstas en el Código de Procedimiento en lo Contencioso Administrativo, Ley N° 2600, por resultar estas las normas que más adecuadamente aseguran la tutela efectiva del derecho invocado (cfr. PE1040010-2025 de los autos principales).- De consuno con ello, resulta evidente que en el presente caso los recursos de revocatoria con apelación en subsidio no se ajustan al régimen procesal aplicable en esta instancia originaria y exclusiva del Tribunal Superior de Justicia. De considerarse pertinente, las impugnaciones deberían canalizarse con ajuste a lo dispuesto en los artículos 91 y 92 del CPCA, Ley N° 2600.-
En consecuencia, se concluye que los recursos individualizados pierden virtualidad en esta instancia, debido a que la específica naturaleza originaria y exclusiva de esta instancia excluye toda posibilidad de revocatoria con apelación en subsidio contra las decisiones adoptadas por la magistrada de primera instancia.-
IX. En virtud de todo lo expuesto, corresponde mantener la vigencia de la medida cautelar dictada oportunamente por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Tres de esta ciudad (cfr. PE1031558-2025 y su aclaratoria PE1033444-2025 del Expte. N° 6648/25 cit.), en virtud de la cual se dispuso la suspensión provisoria de la vigencia de los artículos 6, inciso 3°, 12 y concordantes de la Ley N° 3910, así como también de toda actuación administrativa llevada adelante por el Consejo de la Magistratura sobre la base de dicha normativa, y se restableció, correlativamente, la vigencia provisoria de los artículos 6, inciso 4°, 8 y concordantes de la Ley N° 2552. Dicha medida precautoria deberá mantener plena eficacia hasta tanto recaiga sentencia definitiva firme en el proceso principal y con el alcance delineado en los considerandos.- Finalmente, cabe poner de resalto que la decisión a la que se arriba es provisoria y no implica prejuzgamiento alguno sobre el fondo de la cuestión debatida en los autos principales, la cual será analizada al momento de dictarse sentencia definitiva.-
Las costas se imponen en el orden causado en virtud de lo estipulado por el artículo 90 del CPCA, Ley Nº 2600.-
Que, en atención a las consideraciones expuestas y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Dr. Daniel Mauricio Mariani en PE1729809-2025.-
2. Mantener la vigencia de la medida cautelar dictada oportunamente por la Sra. Jueza titular del Juzgado de Primera Instancia de la Familia Nº Tres de esta ciudad, en virtud de la cual se dispuso la suspensión provisoria de la vigencia de los artículos 6, inciso 3°, 12 y concordantes de la Ley N° 3910, así como también de toda actuación administrativa llevada adelante por el Consejo de la Magistratura sobre la base de dicha normativa, y se restableció, correlativamente, la vigencia provisoria de los artículos 6, inciso 4°, 8 y concordantes de la Ley N° 2552. Ello, hasta tanto recaiga sentencia definitiva firme en los autos principales y con el alcance delineado en los considerandos.-
4. Regístrese y notifíquese con habilitación de día y hora inhábil. Oportunamente, acumúlense las presentes actuaciones al principal.-
Fdo. Dra Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal a/c de Presidencia-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-, Dra. Romina Vanessa Saul -Vocal Subrogante- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1028C.251 Tomo: XX Sentencia: 1171 Folio N°: 3853/3859 Secretaría: 1
Fin de la sentencia