Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.978/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por los demandados a fs. 54/70.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.978/15-TSJ Otros Recursos N°: 368.-
Actor: BARRÍA BARRÍA JORGE DAVID Demandado: ALMONACID MARIA Y OTROS Objeto: DESALOJO S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 16-12-15 Texto TOMO VII –OTROS RECURSOS– T.S.J..-
REGISTRO Nº 368 FOLIO Nº 1392/1396 PROT. ELECT. TSS1 014 O.151
Río Gallegos, 16 de diciembre de 2015.-
Los presentes autos caratulados: “BARRÍA BARRÍA JORGE DAVID c/ ALMONACID MARIA Y OTRO s/ DESALOJO s/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº B-1.978/14-TSJ, venidos al Acuerdo para resolver; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso extraordinario federal articulado por los demandados a fs. 54/70 ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, contra el interlocutorio dictado por este Alto Cuerpo a fs. 47/51, que rechaza su recurso de queja y declara bien denegado el recurso de casación por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial (conf. fs. 50 vta.).- Los recurrentes suscitan la instancia extraordinaria nacional alegando arbitrariedad, falta de razonabilidad, y la violación del debido proceso y de la tutela judicial efectiva, de la sentencia dictada a fs. 47/51.
Dicha sentencia rechazó el recurso de queja que habían planteado -a raíz de la denegación de la casación obrante en copia a fs. 18/26 y confirmó el interlocutorio de Cámara obrante en copia a fs. 27/31. Este pronunciamiento había declarado inadmisible el recurso de casación que atacaba la sentencia de Cámara que hizo lugar a la demanda.- Argumentan que los vicios mencionados se configuran porque “La sentencia recurrida viola la garantía de razonabilidad y el debido proceso legal consagrados en los arts. 14, 16, 18, 28, 75 inc. 22 y conc. de la C.N.; así como la Declaración Universal de Derechos Humanos, art. 20.1; Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, art. XXII; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, art. 22.1; Convención Americana de Derechos Humanos Asimismo, vulnera los derechos de debido proceso legal, a una decisión razonada y fundada y de tutela judicial efectiva reconocidos en los Art.
(sic) 1.1, 8 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos” (cfr. fs. 57 y vta.). Agregan que la sentencia de Cámara no tuvo en cuenta que la acción de desalojo era inconducente ya que plantearon su derecho a la posesión de manera verosímil (conf. fs. 58 vta.). Plantean que la Alzada reconoce que el juicio de desalojo no es el carril procesal para dar curso a una discusión sobre derechos reales o el derecho a la posesión; pero, a pesar de esto, hace lugar a la apelación resolviendo sobre el derecho a poseer (conf. fs. cit.). Por este motivo manifiestan que la sentencia de Cámara es contradictoria (conf. fs. 66). Sostienen que ha existido una grave violación de las reglas del debido proceso (art. 18 CN), pues la Cámara desvirtuó por completo el objeto legal del juicio de desalojo, al apartarse de la ley que regiría el proceso, los arts. 671 y cctes. del CPC y C (conf. fs. 66).
Además, sostienen que, al analizar sobre derechos reales o el derecho a la posesión, la Cámara descartó toda la prueba producida por los recurrentes sin ingresar a su análisis (conf. fs. 58 vta./59). Plantean que la Alzada “…se apartó con grave vicio lógico de las reglas de prueba prescriptas por la ley de fondo (el art. 1191 del Cód. Civ.) pues la Cámara exige para que cobre virtualidad como prueba la acreditación del principio de ejecución del contrato la existencia de prueba por escrito, lo que constituye absurdo y violación de norma de fondo sobre prueba, pues, precisamente la acreditación del principio de ejecución del contrato releva de la prueba por escrito. Esta arbitrariedad, también hacía procedente el recurso de casación…” (cfr. fs. 66).
Manifiestan que la postura arbitraria e inconstitucional de la Cámara al declarar inadmisible el recurso de casación es confirmada por este Alto Tribunal al rechazar la queja (conf. fs. 66 vta.). Además, le enrostran arbitrariedad a la resolución de este Alto Cuerpo que rechaza el recurso de queja (conf. fs. 69 vta./70).- A fs. 71, se ordena correr vista al Sr. Agente Fiscal ante este Cuerpo quien dictamina a fs. 72/73. Allí expresa -sobre la base de los argumentos que esgrime y a los cuales nos remitimos brevitatis causae- que debe declararse inadmisible el recurso impetrado.-
II. Que, corresponde entonces que este Tribunal verifique si se cumplen los requisitos de admisibilidad formales y sustanciales del recurso articulado por la parte demandada, tal y como lo dispone el artículo 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, los artículos 14 y 15 de la Ley Nº 48 y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011 (conf. TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 351, Folio 1331/1335).- En ese orden, lo primero que se debe destacar es que el presente recurso se articuló ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal y por quienes tienen capacidad para recurrir, por lo que, el recaudo exigido por el artículo 257 de CPC y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido.-
En segundo término, se observa que los recurrentes dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011 al presentar los recursos deducidos en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la materia, corresponde entonces, su análisis a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º inciso d) de la Acordada N° 3/12, que regula los requisitos que debe cumplir el escrito de interposición de un recurso extraordinario federal.-
En este análisis se advierte que la presentación no supera las 40 páginas, cada página no sobrepasa los 26 renglones y ha sido escrita con letra claramente legible (art. 1). Cuenta, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.-
Asimismo, se advierte que los recurrentes constituyeron domicilio en la Capital Federal (conf. artículo 2º, inciso d), de la Acordada Nº 4/2007) y que consignaron el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012.-
Analizando los recaudos exigidos por el articulo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida, tiene el carácter de sentencia definitiva en los términos que exigen el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y la jurisprudencia del Máximo Tribunal elaborada en la materia. Fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales.-
Es criterio sentado en la materia, que la procedencia del recurso extraordinario, requiere que la decisión apelada revista el carácter de sentencia definitiva, entendiéndose por tal aquella que pone fin al pleito o hace imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633).- En consecuencia, en el presente el recaudo en examen se encuentra debidamente cumplimentado.-
Con respecto a las exigencias establecidas en el artículo 3º, el escrito recursivo logra poner de manifiesto parcialmente y de manera deficiente la observancia de los requerimientos del inciso b). Los demandados indicaron el momento en el que se presentó, a su entender, por primera vez la cuestión federal, explicaron cómo introdujeron dicho planteo y como lo mantuvieron con posterioridad; pero lo hicieron en la carátula del recurso, no en el cuerpo del mismo, como lo manda el artículo 3º inciso b) de la Acordada 7/2007 (conf. fs. 54 vta.).- Esta falencia habilita la denegación del recurso, en tal inteligencia la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho: “Que en el reglamento aprobado por la acordada 4/2007 se ha señalado con claridad cuáles son los datos que deben consignarse en la carátula en hoja aparte (art. 2º) y cuáles las circunstancias que deben exponerse en las páginas siguientes del escrito del recurso extraordinario (art. 3º); y no surge de tal reglamento que esa modalidad pudiese quedar a criterio discrecional del recurrente.
Además, y como puede advertirse, la exigencia procura inducir a una exposición precisa de la pretensión recursiva y que al mismo tiempo facilite al juez o a esta Corte el examen de la presentación.” (cfr. “Leal, Ricardo Jorge c/ SBA Empresa Subterráneos de Buenos Aires S.E.”,7/10/2008, publicado en La Ley On line, cita online: AR/JUR/33980/2008).- Luego realizaron un relato de todas las circunstancias relevantes del caso, dividiéndolas en las distintas etapas procesales por los cuales discurrió (demanda, contestación de demanda, sentencias, agravios y contestaciones de agravios), sin embargo, ello no resulta suficiente para considerar cumplido el mencionado inciso debido a que se omitió precisar la vinculación existente -en cada una de las etapas- con la cuestión constitucional y convencional planteada (conf. fs. 57 vta./65 vta.).- Carlos R.
Tribiño en su obra “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema” ha sostenido que “… la formulación correcta del planteo debe reunir los siguientes caracteres: ser explícita, categórica y circustanciada … que resulta manifiestamente inapropiado el empleo de la expresión “reserva del caso federal”. Es quien utiliza esa expresión parece pensar que el punto federal sólo puede debatirse ante el Alto Tribunal y se encuentra excluído, en cambio, de la jurisdicción de los jueces ordinarios. (Confr. “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 123), situación que no se encuentra contemplada en los presentes.- Por otra parte, los recurrentes no logran demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado le ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar una serie de derechos que emanan de la Carta Magna y que, dicen, han sido menoscabados (conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007).-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia del artículo 3º, incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Seguidamente se procederá a su tratamiento a la luz de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal Nacional (conf. autos: “Reynoso, Edgardo R. c. Borzi, Celia T.”, publicado en E.D. 126- 170 y 171; y por este Alto Cuerpo, conf. Tomo I, Otros Recursos, Reg. 34, Folio 100/103, entre otros), en cuanto obliga a resolver circunstanciadamente, por el Tribunal Superior de la causa, si el recurso cuenta, respecto de cada uno de los agravios que la originan, con fundamentación suficiente para dar sustento a la cuestión federal que se invoca.- Para la admisibilidad del recurso extraordinario se exige que se haya debatido en el pleito una cuestión federal (conf. Fallos 101:70 y sum. Fallos: 148:62; 307:129). Siendo ello así, la impugnación resulta improcedente ya que las cuestiones traídas a juzgamiento de este tribunal atañen exclusivamente al orden local, de modo que se agotan en el ámbito de la jurisdicción provincial, sin posibilidad de ser revisadas por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuya competencia apelada ha sido creada en resguardo exclusivo de las instituciones federales, las que en el caso no se encuentran comprometidas.- Así las cosas, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema sea uno de los previstos en los tres incisos del artículo 14 de la Ley 48. Es decir, la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. Según la doctrina la cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales (conf. Carlos R. Tribiño “El Recurso Extraordinario ante la Corte Suprema”, Ed. Ábaco de Rodolfo Depalma, página 104).- La parte demandada funda el presente recurso extraordinario en el artículo 14º de la ley 48 sin especificar en cuál de sus incisos y sin indicar de qué forma fueron vulneradas las normas que considera vulneradas (conf. fs. 56 vta. y 57 vta.).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48) y tampoco se resolvió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitu-ción Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- En ese orden, tampoco se advierte en el escrito “la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas” (conf. inciso d) del art. 3º), como así tampoco la “fundamentación autónoma” a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que el recurrente debe rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en el recurso en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (conf. sum. Fallos: 323:1261; 331:809).- Por último no se advierte “la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso, y de que la decisión impugnada es contraria al derecho invocado por el apelante con fundamento en aquéllas” (cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)).-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (conf. Palacio de Caeiro, Silvia B. “Recurso Extraordinario Federal”, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432) (conf. Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).- Un incumplimiento que también debe ser señalado es la carencia del anexo con las leyes que se citan o, en su defecto, la transcripción de las mismas en el cuerpo del libelo, requeridos por el artículo 8º, por estar en juego la interpretación de normativa provincial que no fue publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina.-
III. Que respecto del otro carril por el que pretenden encauzar los recurrentes su recurso, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la “sentencia fundada en ley” a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Conteste con lo señalado ut supra, en materia de sentencias arbitrarias ha establecido reiteradamente que ella no tiene por objeto la corrección en tercera instancia de decisiones que a criterio de los recurrentes se estimen equivocadas (conf. sum. Fallos 245:327), sino que, por el contrario, está dirigida a la revisión de los pronunciamientos en los que se advierta la inexistencia de las calidades mínimas para que el acto impugnado constituya una sentencia judicial (conf. sum. Fallos 237:74). Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (conf. sum. Fallos 261:209; 297:100; y Fallos: 274:135; 279:355; 284:119).- La tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (conf. sum. Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139).-
Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.-
IV. Que en otro nivel de tratamiento, corresponde decir que las cuestiones relacionadas con la concesión o denegación de los recursos locales -por su carácter netamente procesal- tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado. A ello cabe agregar que, el sendero que habilita la tacha de arbitrariedad es particularmente restringido respecto de pronunciamientos de Superiores Tribunales de provincia cuando deciden, como en el caso, recursos extraordinarios de orden local (Fallos 324:3612; 325:798; 326:621 -del Dictamen del Procurador General, al que remitió la Corte Suprema- y 3334; entre muchos otros).- Asimismo, este Alto Cuerpo ha sostenido que: “…la apertura de la instancia que se suscita deviene improcedente en la medida que las cuestiones planteadas, en esta causa, remiten a la consideración de normas de derecho común y público provincial, que son propias de los jueces de la causa y ajenas, como regla, a la instancia extraordinaria (doctr. Fallos: junio 19-984, ‘Martín, Marcelo E.’ L.L. 1986-B, 633, Sec. Jurisp. Agrup., caso 5629; C.S. marzo 5-985, ‘Lascano, José E., suc.’, L.L., 1986-D, 6787, Sec. Jurisp. Agrup., caso 5727; C.S., junio 14-984, ‘Kenny, Américo P’, L.L. 1986-B, 635, Sec. Jurisp. Agrup., caso 5645; C.S., mayo 20-982, ‘Scaffa, María R.’, CSN, 304-720; C.S., noviembre 23-982, ‘Usandizaga, Jorge A.’, L.L., 1983-D, 659, Sec. Jurisp. Agrup., caso 5014; C.S., febrero 23-982, ‘Romero, Justiciano, suc.’, DT.982, 899; C.S., abril 9-981, ‘Martínez, España T.E.’, CSN, 303-540; C.S., marzo 21-978 ‘J.B. de B., A.M.’ CSN.300-251). Vale recordar, también, que, en principio, ‘…la interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria…’ (Fallos 312:2110) y tampoco constituyen materia federal que habiliten el recurso intentado” (cfr. Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 317, Folio 1218/1220).-
V. Que, por otro lado, cabe destacar que la alegada violación de garantías y derechos que provienen de manera directa de la Constitución Nacional (arts. 14, 16, 18, 28, 75 inc. 22 y cctes. CN), como así también de tratados de derechos humanos incorporados al bloque de constitucionalidad (arts. 20.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; XXII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 22.1 del Parto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y 1.1. y 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos) (conf. fs. 57), constituyen una enunciación de principios y normas supuestamente vulnerados que no logran demostrar la configuración de la cuestión federal o la excepcional arbitrariedad en el caso.- Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (conf. sum Fallos: 165:62; 266:135 y Fallos 310:2306; entre otros). No basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (conf. sum Fallos: 310:2306).- En autos, los recurrentes sólo se han limitado a enumerar derechos constitucionales que consideran menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
VI. Que en consecuencia, los planteos efectuados resultan inhábiles para alcanzar la apertura del remedio federal, toda vez que carecen de debida fundamentación, soslayan los argumentos del resolutorio y sólo consisten en una mera disconformidad con el criterio jurídico aplicado en la solución dada a la causa.-
Por ello y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. No conceder el recurso extraordinario federal interpuesto por los demandados a fs. 54/70.-
2. Regístrese y notifíquese. Agréguese copia certificada de la presente resolución a los autos principales y oportunamente devuélvanse.-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal A/C Presidencia, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1014O.151 Tomo: VII Otros Recursos: 368.-
Folio N°: 1.392/1.396 Secretaría: 1
Fin de la sentencia