Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 8.354/23
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 8.354/23 Sentencia: Definitiva Actor: Barría Jonathan Augusto Demandada: Experta A.R.T S.A Objeto: Laboral Fecha: 15-04-2.024 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los quince días del mes de abril de 2024, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “BARRIA JONATHAN AUGUSTO C/EXPERTA ART S.A S/ LABORAL" Expte. N°37544 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº Uno, de esta ciudad, que ingresara en esta instancia, bajo el Nº8354/23. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Griselda Isabel Bard, Humberto E. Monelos y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar?. A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. Se presenta a fs. 1/38 Jonathan Augusto Barría con el patrocinio letrado del Dr. Arturo Raúl Sabatella y demanda a Experta ART SA por la suma de $406.965,17 en concepto de diferencia de indemnización de pago único. Refiere que trabajaba para San Antonio Internacional S.A. como enganchador cuando sufrió un accidente laboral por el cual percibió una indemnización conforme lo dictaminado por la Comisión Médica y ART. Agrega que disiente con la incapacidad determinada y el monto otorgado por lo cual reclama la diferencia que entiende ajustada a derecho. Funda la acción, ofrece prueba y solicita inconstitucionalidades de la ley especial.
II. Corrido el traslado comparece la Dra. Mariana Clement en representación de Experta ART S.A. contesta la acción, da su postura sobre las pretensiones del actor, ofrece prueba y funda en derecho. -
III. A fs. 91 se ordena la producción de prueba y finalizada la misma se dicta sentencia. En el fallo de PE966409-2023 el juez declara la inconstitucionalidad de diversos artículos de la LRT 24.577 y del DNU 669/19; desestima el planteo de inconstitucionalidad del art. 9 de la ley 26773, y de los arts. 7 y 10 de la Ley 23928 y art. 4 de la Ley 25561; admite parcialmente la demanda por la suma de $96.424,43 más intereses; impone las costas a la demandada y regula los honorarios profesionales. - En documento PE980892-2023 Jonathan Barría con patrocinio letrado apela y expresa agravios los que son contestados por la demandada en PE998613-2023.-
IV. Los autos se elevan a esta instancia con la certificación de estilo, se dicta el llamado de autos a sentencia y se dispone el pase a estudio de los mismos estableciendo el orden para ello.
Se agravia en primer término el actor por la falta de aplicación del art. 770 inc. b y c del CCC. Reitera los argumentos expuestos en la sentencia y la forma en que el juez de grado llega al resultado de la indemnización debida. Entiende que en atención a lo normado por el inc. b del art. 770 del código de fondo corresponde disponer una capitalización de intereses desde la fecha de notificación de la demanda. Cita doctrina y analiza el supuesto de interpretación para su procedencia, lo que se tiene presente, recordando que la notificación de la acción fue el 3/06/2020. Refiere que el siniestro que originó esta causa ocurrió el 07/05/2018 y desde esa fecha hasta el pago en la Comisión Médica correspondería aplicación de la tasa activa, sobre el saldo resultante del pago parcial se debería seguir con el cómputo de intereses hasta la fecha de notificación de la demanda. Desde dicha oportunidad se produciría la capitalización de intereses, y posteriormente hasta la cancelación la aplicación de un interés correspondiente a la tasa activa que publica el Banco de la Nación Argentina. Realiza un cuadro comparativo entre lo que propone y lo que indica el fallo, donde la diferencia resultante sería de $492.024,25. Afirma que el error importa la afectación del derecho de propiedad del trabajador y a recibir una indemnización justa. Hace la comparación del monto de una canasta básica con relación al momento del accidente, del pago y de la sentencia. Solicita se modifique la sentencia en cuanto al cálculo en la forma requerida. - En segundo término, solicita se realice una nueva regulación de honorarios en atención al monto de capital de condena que arrojaría una nueva liquidación. -
Hace reserva del caso federal. -
En documento PE998613-2023 contesta la representante de Experta ART S.A. Sostiene que lo pretendido por Barría en esta instancia violenta el principio de congruencia procesal; ya que la demanda se inició con posterioridad a la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, y sin embargo Barría no formuló petición alguna en este sentido en su escrito de demanda. Sumado a ello agrega que la mora para el pago de las prestaciones dinerarias sistémicas opera a los 15 días de notificada la determinación de incapacidad laboral. Afirma que en el caso la mayor incapacidad aquí reconocida la mora se produciría pasados los 15 días de encontrarse notificada y firme la sentencia judicial. Concluye por ello que no resulta aplicable el inc. b del Art. 770 CCyCN puesto que no existía una deuda líquida y exigible. Se explaya sobre consideraciones sobre el instituto en cuestión lo que se tiene presente. Recuerda que es una institución de aplicación excepcional, cita antecedentes jurisprudenciales conforme a su postura. En otro aspecto entiende que carece de fundamento la pretensión de capitalizar los intereses semestralmente, como reclama el actor remitiéndose al inc. a del Art. 770, a todas luces inaplicable ya que hace referencia a una fuente contractual y expresa lo que no se configura en el caso. También impugna la liquidación practicada en la tasa aplicable, ya que sostiene, no es la tasa activa directa del Banco Nación, sino el promedio de la tasa activa cartera general nominal anual vencida a treinta (30) días del Banco de la Nación Argentina, en virtud de lo dispuesto por ley especial -Art. 11, Ley 27.348, modificatoria del Art. 12 LRT-, de prevalencia frente a la supletoria potestad judicial que autoriza el código de fondo. En relación al segundo agravio entiende que Barría no es legitimado para recurrir la regulación de honorarios sino su letrado por su propio derecho y sostiene que además es extemporáneo.
Mantiene la reserva del caso federal. -
V. Ingresando al estudio de los agravios propuestos debo decir que ya me he pronunciado sobre el tema aquí propuesto, en el expediente "PEREA, VICENTE RAMÓN C/ SWISS MEDICAL ART S.A. S/ LABORAL" Expte. N° 37369 (T: XCIX SENTENCIAS, REG.3034, F.137/139, Prot. Elec.- A201 046 S.231). En dicho trámite se configuraba igual situación que en éstos por lo que que me permito reiterar lo analizado. El primer agravio consiste en la admisión de la aplicación del art. 770 inc. b del CCC desde la notificación de la demanda, es decir sobre la posibilidad de capitalizar intereses en forma semestral. En verdad el recurrente refiere que la liquidación propuesta por el Juzgador se encontraría realizada en forma errónea por carecer de este tipo de condena.
Ahora bien, entiendo que la sentencia no se expide sobre el punto pues la posibilidad de capitalizar intereses desde la notificación de la demanda no fue un capítulo propuesto el Juez de grado en la demanda. Al momento de iniciar la causa en sede judicial ya se encontraba vigente el actual Código Civil y Comercial. El art. 90 de la ley 1444 de similar redacción que el art. 264 del CPCC señala que los agravios deben contener una crítica concreta y razonada de la sentencia; y no se puede en dicha oportunidad procesal introducir capítulos nuevos sin riesgo de transgredir el principio de congruencia de raigambre constitucional (art. 18 CN). En el caso entiendo que la propuesta de condenar a la capitalización de los intereses desde la notificación de la demanda es un planteo sorpresivo en este estadio y por lo tanto extemporáneo, ya que la demandada no tuvo conocimiento de ello oportunamente.- No obstante ello tratándose de una causa de naturaleza laboral, donde existen principios de orden público que tutelan al trabajador se impone la revisión de la condena (arts. 14 bis Constitución Nacional, 9, 11, 12 y ccs.
LCT). En la sentencia de grado el Juez hace lugar a la diferencia de incapacidad, detalla la utilización de las pautas para recomponer el crédito del trabajador conforme los índices actualizados y la forma requerida en el escrito de demanda y ordena la utilización de Tasa activa sobre los montos de condena. Tal como se menciona en forma reiterada la liquidación de los rubros de condena es la traducción de la sentencia en términos económicos. Es decir debe reflejar la realidad en cuanto a los fundamentos brindados en el fallo. La suma que arroja el cálculo propuesto en la sentencia de grado luce acorde con la realidad económica y a la diferencia reconocida al trabajador por su lesión. Tengo presente además que la depreciación de la moneda y la inflación existente no es un fenómeno que afecta sólo a Jonathan Barría, sino que también los empleadores se ven inmersos en este fenómeno y la sociedad toda y que desde el poder judicial también debe velarse por el equilibrio de los intereses en juego.
Debo agregar que la aplicación del instituto que aquí se pretende (anatocismo)es una excepción al principio general de que no se adeudan intereses sobre los intereses y por tal razón su aplicación es de interpretación restrictiva. Por estos fundamentos entiendo que el agravio no puede prosperar. (arts. 276 LCT, 90 y ccs. ley 1444).-
VI. En atención a la forma en que me pronuncié con relación al primer agravio entiendo que los honorarios regulados en la instancia de grado se encuentran ajustados a los parámetros legales, ya que el Juez de grado tuvo en cuenta el monto por el que progresa la acción actualizado y los emolumentos fijados se encuentran dentro de los porcentuales establecidos por la ley arancelaria. Sumado además que el recurso se interpuso por derecho propio del trabajador con patrocinio y no lo hizo su letrado por su propio derecho, afectando la legitimación para el caso (arts. 13, 18, y cc. ley 3330).- Las costas en la instancia deben ser soportadas por el recurrente en atención al principio de derrota (art. 68 CPCC por remisión de la ley 1444). -
Corresponde regular honorarios en esta instancia a favor del Dr. Arturo Raúl Sabatella en la suma de $30.000 y de la Dra. Mariana Clement en la suma de $35000 por la labor y resultado obtenido en esta instancia (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). -
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Humberto E. Monelos dijo:
VII. Que comparto la solución propuesta por la Dra. Bard en cuanto a la improcedencia del anatocismo en el caso del crédito de autos, como así también al monto regulados de los honorarios.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN LA Dra. Griselda Bard dijo:
VIII. En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Desestimar los agravios formulados por la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes. 2º) Costas a la parte actora en esta instancia (art. 68 CPCC). 3º) Regular honorarios en esta instancia a favor del Dr. Arturo Raúl Sabatella en la suma de $30.000 y de la Dra. Mariana Clement en la suma de $35000 por la labor y resultado obtenido en esta instancia (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330) 4º) Tener presente la reserva del caso federal. 5º) Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Humberto Monelos dijo:
IX. Que coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 15 de abril de dos mil veintitrés.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
F A L LA:
1. Desestimar los agravios formulados por la parte actora y confirmar la sentencia en todas sus partes. -
2. Costas a la parte actora en esta instancia (art. 68 CPCC). -
3. Regular honorarios en esta instancia a favor del Dr. Arturo Raúl Sabatella en la suma de $30.000 y de la Dra. Mariana Clement en la suma de $35000 por la labor y resultado obtenido en esta instancia (arts. 13, 24 y ccs. ley 3330). -
4. Tener presente la reserva del caso federal.
5. Registrar, notificar y oportunamente devolver los autos al Juzgado de origen.
El Dr. Mario A. Albarrán no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y constituir mayoría. - FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara Presidente-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-, Ante Mi: Rocío Fornés- Jefa de Despacho a cargo de Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201009S.241 Tomo: C Sentencia: 3049 Folio Nº: 054/057 Secretaria: 1
Fin de la sentencia