Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor lo expuesto opino admitir parcialmente el tercer agravio de la recurrente. Asi lo propongo al acuerdo.
Por último, la apelante cuestiona que se haya dispuesto la aplicación de la tasa activa. Señala en ese sentido que no se advierten articulaciones manifiestamente dilatorias o improcedentes de los demandados y que al momento de dictarse el fallo se lo debe hacer a valores actuales y reales y después llevar intereses, ya que de lo contrario se genera un enriquecimiento sin causa. Agrega que en el supuesto daño material reconocido se fijan intereses antes de que la obligación nazca, es decir, antes de la mora. Pide entonces se revoque la tasa activa que aplica el juez de grado en su sentencia porque desnaturaliza la indemnización y se aplique la tasa pasiva pura la que no debe ser superior al 6 % anual.
Que en primer lugar, destaco que la obligación de resarcir un daño, es una deuda de valor en los términos del art. 772 del CCYC, el que señala en su primer párrafo: “Si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda”. En la hipótesis, vemos que el monto de la condena impuesta deriva en parte de gastos que el actor ya realizo, pues, en el caso del daño material la magistrada tomo los pagos que surgen de las facturas acompañadas con la demanda de fecha 3/4/2023. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9124/25 Sentencia: Definitiva Actor: Barría Lidia C.
Demandada: Ramos Marcos y Otra Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 01-07-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los 1° del mes de Julio de 2026, se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “BARRIA, LIDIA C/RAMOS, MARCOS Y OTRA S/DAÑOS Y PERJUICIOS" Expte. Nº 23.512/2.024 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nro. Uno en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad de Caleta Olivia, que ingresó en esta instancia bajo el Nº 9124/2025. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Horacio Fernández; Griselda I. Bard y Humberto Monelos para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
I. Que por PE 1234249-2024 se presenta la Sra. Lidia Mabel Barria con el patrocinio letrado del Dr. Fabricio Carbone Miele y promueve demanda por daños y perjuicios contra Marcos Tomás Ramos y Karina Mabel Borges y/o contra quien resulte propietario, titular, poseedor, responsable o usufructuario del vehículo Volkwagen modelo gol trend 1.6 dominio OUH192 causante del siniestro de fecha 3/9/2.022 a fin de que se lo condene a hacer integro pago de los daños reclamados por la suma de $2.558.650 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse con más la actualización monetaria o intereses correspondientes y condenación en costas. Solicita la citación de la CAJA DE SEGUROS S.A.
Relata los hechos, fundamenta la responsabilidad de los demandados en el evento dañoso, indica y liquida los daños reclamados, ofrece prueba, funda en derecho y hace su petición final.
II. Que por PE 835384-2024 se presenta el Dr. Rubén Alejandro Gomez invocando el carácter de apoderado de la CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA y contesta la citación en garantía. Denuncia la póliza, formula una negativa pormenorizada de hechos, relata la realidad de los hechos e invoca la improcedencia del reclamo indemnizatorio formulado, en particular de los rubros daño material, pérdida del valor venal y privación de uso. Solicita que en caso de proceder la condena no se aplique la tasa activa y se opone a la actualización por depreciación monetaria. Solicita que los honorarios del letrado de los actores sean abonados por ellos, pide la aplicación del tope legal del art. 730 del CCYC y el prorrateo del art. 119, 110 y 111 de la ley 17.418. Se opone a prueba, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y hace su petición final.
III. Mediante PE 827701-2024, ante la incomparecencia de los demandados RAMOS y BORGES, se declara su rebeldía y se dispone que las sucesivas providencias se notifiquen ministerio de la ley. IV.- Que por PE 1983893-2025 se dicta sentencia definitiva en fecha 1 de Septiembre de 2.025, inscripta al Libro: XII, Registro: 14, Folio: 20/23 mediante la cual se admite la demanda articulada por Lidia Mabel Barría contra Marcos Tomas Ramos, Karina Mabel Borges y Caja de Seguros S.A. condenándolos a abonar a la actora en el plazo de 15 (quince) días la suma de $ 1.970.575 (pesos un millón novecientos setenta mil quinientos setenta y cinco) en concepto de daño material, privación de uso del rodado y pérdida de valor venal por no uso del automotor Chevrolet Astra dominio JAH 818, con más intereses que se calcularán desde la fecha del hecho dañoso (3 de septiembre de 2.022) hasta el efectivo pago, aplicándose la tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Asimismo impone las costas a los demandados y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta tanto obre en autos liquidación final.
V. Contra el fallo dictado la citada en garantía Caja de Seguros S.A. a PE 1994874-2025 interpone recurso de apelación y lo funda por PE 2014879-2025. Señala preliminarmente de que el juez de grado al fijar las indemnizaciones a favor del actor, se fundamentó en argumentaciones dogmáticas y no comprobadas en el expediente, sin considerar elementos objetivos y reales existentes para determinar una indemnización justa.
Desarrolla luego los agravios que le ocasiona la sentencia de grado quejándose primero porque la indemnización por daño material es desproporcionada e infundada. Destaca en ese sentido que para establecer la cuantía del daño material de un vehículo, el juez debe poder determinar que repuestos y servicios requiere la reparación y sin embargo aquí ha tenido en cuenta presupuestos y tareas que no fueron debidamente constatados por la pericia mecánica correspondiente, apartándose de lo dispuesto por el art. 1726 y 1716 del CCCN. Señala que su parte está obligada solo a reparar en su caso, las consecuencias inmediatas y no aquellas extrañas o inexistentes y que de no hacerse lugar al agravio se produciría un enriquecimiento sin causa a favor del actor. Concluye en que el magistrado de grado no explico cómo arribo al monto de condena y que el actor no acredito los daños y su monto por los medios probatorios idóneos sino que de manera dogmática lo fundo en presupuestos de repuestos y trabajos innecesarios que no tienen autenticidad acreditada y sin que exista dictamen pericial que determine los daños en el vehículo ni tampoco su cuantía.
En su segundo agravio cuestiona el rubro privación de uso, advirtiendo que los daños sufridos por el automóvil del actor no han sido estructurales y de relevancia y que el periodo de 7 meses de indisponibilidad no es la justa medida de un plazo de reparación razonable. Sostiene que el hecho de que se extiendan los días en el taller por motivos ajenos al accionar del demandado no puede llevar a agravar su obligación resarcitoria porque solo responde como lo establecen los arts. 1726 y 1727 del CCYC. Entiende que su parte no debe indemnizar la imposibilidad del taller de realizar prontamente el trabajo o que exista demora en la entrega de repuestos como así tampoco la demora de conseguir repuestos importados o que el actor no cuente con los recursos económicos para afrontarlos. Dice que tampoco fue acreditado que el vehículo estuvo 7 meses inutilizado siendo que los daños no son de una magnitud tal que requiera ese plazo de reparación. Concluye en que se debe rechazar este punto porque el actor no acredito haberse perjudicado con la privación de uso ni acreditado el tiempo que efectivamente demando la reparación. Por último señala que la jueza de grado omite deducir a dicho rubro lo que la actora hubiere gastado en combustible, estacionamiento, aceite etc. en caso de tener la disposición de su vehículo.
En el tercer agravio la queja recae sobre el rubro pérdida del valor venal. Manifiesta que el punto es arbitrario y le causa gravamen irreparable que la magistrada en base a un razonamiento errado concluya que el vehículo del actor haya sufrido una disminución de su valor de reventa. Entiende que el fallo se basa en meras conjeturas ya que es imposible verificar mediante fotos o el acta policial de choque la existencia de daños estructurales que hagan procedente el rubro siendo inválidas las conclusiones en cuanto a la supuesta desvalorización y menos establecerlas arbitrariamente en el 15 %. Agrega que la jueza en base a una fundamentación dogmática hace lugar a la indemnización por éste rubro sin que el mismo se encuentre acreditado, al tomar erradamente como válido el dictamen del perito mecánico que carece de valor probatorio. Dice que el rubro genera un enriquecimiento sin causa a favor del actor y que la jueza omite considerar que el vehículo cuenta con una antiguedad mayor a 10 años con lo cual el valor de reventa es casi nulo por estar amortizado. Concluye en que la indemnización es exorbitante más teniendo en cuenta que se adicionan intereses desde la fecha del siniestro y que por tales razones se afecta el derecho de propiedad de su parte.
Por último y en subsidio, solicita se revoque el fallo en lo relativo a la tasa de interés fijada. Expresa que esta Excma. Cámara de Apelaciones no puede dejar de ponderar, en oportunidad de fijar valores objeto de reparación, el adicional por intereses que importan un sustancial incremento de la indemnización como ocurre en el caso. Señala que no se advierten articulaciones manifiestamente dilatorias o improcedentes de los demandados y que al momento de dictarse el fallo se lo debe hacer a valores actuales y reales y después llevar intereses, ya que de lo contrario se genera un enriquecimiento sin causa. Más en el supuesto daño material reconocido al que se fijan intereses antes de que la obligación nazca, es decir, antes de la mora. Pide entonces se revoque la tasa activa que aplica el juez de grado en su sentencia porque desnaturaliza la indemnización y se aplique la tasa pasiva pura la que no debe ser superior al 6 % anual. Subsidiariamente pide se morigeren los intereses conforme al art. 772 del CCYC ya que con la tasa que se determinó en la sentencia se produciría un abuso de derecho.
VI. Que lo agravios formulados por la citada en garantía reciben réplica de la contraparte mediante PE 2028094-2025.
Inicia su responde alegando que los agravios expresados por la aseguradora son una reiteración de argumentaciones vertidas en la instancia anterior que ya han sido correctamente valoradas y rechazadas por el juez de la instancia anterior, no constituyendo una crítica concreta ni razonada en los términos del art. 264 del CPCC ni logran desvirtuar los fundamentos del fallo sino que se limitan a cuestionar de manera genérica la valoración probatoria. Luego de esa introducción, contesta el primer agravio relativo al daño material, argumentando que la sentencia de grado valoró de manera correcta y ajustada a derecho el rubro ya que fue acreditado en forma suficiente. Señala que no solo se acompañaron desde el inicio las fotografías del vehículo dañado sino que además declaro en autos el testigo Ricardo González, chapista y mecánico, quien detallo con precisión los trabajos realizados así como los repuestos sustituidos, confirmando que fue la actora quien abonó la totalidad de los arreglos y que el monto asciende a $1.375.000 la que fue ratificada posteriormente con las contestaciones de oficio a las razones sociales Ricardo González y María Belén Bahamonde que corroboraron la autenticidad de las facturas acompañadas en la demanda. Indica que la producción de la pericia mecánica quedó condicionada a la diligencia procesal de la propia aseguradora pero jamás la impulsó y esa inactividad procesal explica el por qué la prueba no se llevó a cabo, quedando claro porque el monto reconocido no es arbitrario ni dogmático sino el producto de una valoración razonada de las pruebas incorporadas tales como testimonios, informes, facturas reconocidas, fotografías y pericia accidentológica. Concluye que no existe aquí enriquecimiento sin causa.
En relación al cuestionamiento formulados sobre la privación de uso, expresa que el apelante omite reconocer que la jurisprudencia mayoritaria y la doctrina uniforme considera que la sola privación forzada del vehículo constituye un daño indemnizable, aun cuando no se acredite específicamente el gasto de transporte alternativo. Señala que en el caso se ha probado, la ocurrencia del siniestro, los daños reales sufridos por el automotor, la culpa exclusiva de los demandados y la cobertura vigente de la citada en garantía, siendo ello suficiente para tener por configurado el daño resarcible. Cita jurisprudencia que entiende aplicable y remarca que los demandados fueron declarados rebeldes y que la única defensa la ejerció la aseguradora, siendo que ésta última no aporto prueba que respaldara su posición negatoria, resaltando que la única medida que había ofrecido (pericia mecánica) nunca fue impulsada. Destaca que la magistrada de grado no acogió de manera automática la cifra reclamada sino que ejerció la facultad del art. 166 del CPCC y redujo el monto a $ 210.000 considerando el periodo estimado de indisponibilidad y la índole de las reparaciones. Que en cuanto a la supuesta excesiva duración de la reparación, dice que la aseguradora no produjo prueba alguna que acreditara un lapso menor ni que demostrara que los 7 meses resultaron irrazonables y que de trasladarse esa carga al damnificado importaría invertir el principio de responsabilidad y hace caer sobre el inocente las consecuencias del hecho ilícito. Respecto de los ahorros en combustible, seguros o estacionamiento entiende que el argumento carece de sustento ya que se trata de gastos variables y ordinarios cuya prueba le correspondía a la aseguradora. Concluye en que la sentencia aplicó un criterio prudente y razonable.
En cuanto al rubro pérdida del valor venal expresa que se resolvió correctamente admitirlo parcialmente fijando la suma de $ 385.575 equivalente al 15 % del valor de mercado del automotor según el informe de DNRPA frente al 30 % que reclamaron. Sostiene que se trata de un daño cierto derivado de la circunstancia de que un rodado con antecedentes de siniestro se cotiza menos que otro y que la sentencia no se fundó en meras conjeturas sino que valoró las constancias de autos tales como fotografías, informe pericial accidentológico que confirmo la mecánica del hecho y su correspondencia con los daños visibles y la valuación oficial del automotor. Agrega que conforme a la mecánica del accidente se comprometieron elementos esenciales para la seguridad y el normal funcionamiento del rodado. Dice que además esa circunstancia se corrobora con la declaración del testigo Ricardo González y que en consecuencia quedó demostrado que el siniestro impactó sobre partes vitales y no sobre simples accesorios. Destaca que la antigüedad del rodado no excluye la procedencia del rubro ya que pretender lo contrario implicaría negar la realidad del mercado automotor y desconocer la finalidad resarcitoria de la indemnización. Cita jurisprudencia en apoyo de su postura, hace hincapié en que la aseguradora no aportó prueba que desvirtúe la depreciación reconocida, reitera que fue esa parte la que ofreció la prueba pericial mecánica y que no la impulsó y concluye que lejos de configurarse un enriquecimiento sin causa, la suma fijada constituye un resarcimiento proporcional y prudente.
Por último y en cuanto a la aplicación de intereses, señala que la jueza de grado aplicó correctamente la tasa activa conforme jurisprudencia consolidada en materia de daños tanto en el juzgado de primera instancia como de esta Excma. Cámara de Apelaciones. Expresa que la magistrada reconoce que el crédito nace al momento mismo del hecho dañoso configurándose en ese momento la mora del deudor y que la finalidad de los intereses no es generar un plus patrimonial sino mantener incólumne el valor resarcitorio del crédito frente al transcurso del tiempo y la depreciación monetaria. Invoca los datos oficiales del INDEC en materia inflacionaria y razona que esos datos muestran que incluso aplicando la tasa activa el capital indemnizatorio no alcanza a mantener el valor real frente a la escalada inflacionaria. Agrega que fue la aseguradora la que dilato el proceso con una postura negatoria y sin aportar prueba. Remarca por último que la jueza de grado no incurrió en doble actualización ni en una duplicación de conceptos ya que los rubros indemnizatorios fueron fijados a valores históricos y recién a partir de allí se adicionaron los intereses, solicitando se rechace el agravio.
Pide por último se impongan costas a la aseguradora.
VII. Que desarrollados los agravios propuestos por la quejosa y la réplica que le dedico la contraparte, inicio el estudio del presente advirtiendo que en el supuesto no está controvertida ni la ocurrencia del siniestro ni la responsabilidad achacada a los demandados, pues, el eje del cuestionamiento de la citada en garantía está centrado en los rubros indemnizatorios reconocidos al actor en grado.
Así las cosas, y en relación al primer rubro que se cuestiona, esto es el daño material, observo que la crítica desarrollada tiene que ver con la tarea valorativa de la prueba que llevo a cabo la magistrada para reconocerle al actor el derecho a ser reparado de dicho daño, pues, señala el apelante que aquella no explicó cómo arribo al monto de condena siendo que el actor no acredito los daños y su monto por los medios probatorios idóneos. Adelanto desde ya que no comparto dicha postura en virtud de que por un lado, los elementos probatorios incorporados son suficientes para avalar la procedencia del rubro y por el otro, fueron valorados correctamente por la jueza de grado. Reparo en éste aspecto que aquella apoyó su decisión en las facturas de repuestos y de mano de obra agregadas a la causa, las que se tienen por auténticas en virtud de que fueron reconocidas por quien llevo a cabo las reparaciones del caso, es decir, el testigo Ricardo Gonzalez quien declaro a PE 1583138-2024. Concretamente, con la demanda se acompañaron sendas facturas de pago de las que surgen desembolsos por un total de $ 1.375.000. De la primera de ellas, emitida por el nombrado, surge la compra de una caja de dirección de rodado Astra por el importe de $ 438000 más la mano de obra por $ 398000, lo que totaliza la suma de $ 836000. A ella se suma la factura emitida por la razón social “María Belén Bahamonde” por el importe de $ 539000 correspondiente a la compra de puerta izquierda, guardabarro izquierdo, maquina l/v, paragolpe delantero, faro auxiliar, amortiguador y óptica.
La documental en cuestión, se corresponde con las fotografías adjuntadas y fundamentalmente con los dichos del nombrado testigo Ricardo Gonzalez. Fue así que éste reconoció haber reparado el automotor perteneciente a la actora y dijo que las partes que arreglo fueron una puerta, tren delantero, guardabarro, zócalos, riel superior, parante central y bisagras de la puerta, expresando que fueron abonados por la Sra. Lidia Barria.
Como señale párrafos antes la prueba citada le da sustento suficiente a la decisión en crisis, la que no se debilita por la ausencia de pericia mecánica tal como invoca la quejosa. En éste sentido, tengo presente que si bien dicha medida de prueba es de suma relevancia para determinar la relación de causalidad entre el accidente y el daño, de lo que se trata en el punto es determinar el menoscabo que experimento el actor en su patrimonio y de allí que la evidencia probatoria invocada por la magistrada en su sentencia, es eficiente e idónea para acreditar y cuantificar económicamente el rubro.
Se ha dicho que “En materia de accidentes de tránsito, el daño emergente está compuesto por el costo de reparación del daño causado y por los gastos que se hayan ocasionado o que se vayan a ocasionar debido al detrimento. Es decir, el ítem indemnizatorio será el reintegro del dinero abonado o el necesario para hacer frente a los arreglos de los daños del automóvil sufridos a raíz del siniestro -que es el perjuicio concreto-. Esa suma debe ser suficiente para poner al vehículo en las condiciones que se encontraba antes del accidente” (Danesi, Celeste C. “Accidentes de Tránsito”, 1ª ed. Buenos Aires, Hammurabi, 2019, p. 173).
Que por lo expuesto este primer agravio debe ser rechazado y así lo propongo al acuerdo.
A través del segundo agravio el apelante ataca el rubro privación de uso, sosteniendo que no se acreditaron daños estructurales y de relevancia y que el periodo de 7 meses de indisponibilidad no es la justa medida de un plazo de reparación razonable. Debo inicialmente señalar, que el rubro en cuestión se encuadra dentro del lucro cesante y que su procedencia deriva del hecho en sí de no poder su propietario disponer de su vehículo, el que por cierto, se presume que está destinado a satisfacer necesidades tanto propias como de su familia. También es relevante destacar, que tal como se dijo antes, en el caso no se discute ni el siniestro ni la culpa y conforme a lo expuesto al tratar el punto anterior, ha quedado aquí acreditado la existencia del daño material y su magnitud. Estos elementos dan por hecho que el rodado quedó necesariamente inmovilizado y que por tanto irrogó lógicamente una pérdida económica a su propietario. Se dijo sobre el particular que: “La privación de uso constituye un daño "per se" toda vez que un automotor se tiene para ser usado, con todos los beneficios que reporta a su dueño y a su grupo familiar. La privación de uso constituye un daño que se presume. Su resarcimiento debe contemplar todas las erogaciones que el propietario, impedido del goce, hace al acudir a medios de transporte sustitutivos durante el lapso que insumió la privación.” (Expte. N° 44894 - AMORES, BERNARDO ADOLFO C/ SUPERMERCADOS MAYORISTAS MAKRO S.A. P/ DAÑOS Y PERJUICIOS. Fecha: 21/02/2014. PRIMERA CÁMARA EN LO CIVIL - LS 187) de www2.jus.mendoza.gov.ar.
Siendo entonces que la privación de uso es un daño indemnizable que se presume per se, considero acertado el razonamiento de la jueza de grado al fundamentar el reconocimiento del rubro. En este sentido tengo en cuenta que no solo se limitó al periodo de indisponibilidad sino que se fundó en la índole de las reparaciones que fueron necesarias realizar. Así es que está acreditado que el propietario del vehículo en cuestión para garantizar su correcto funcionamiento, producto del impacto recibido y del daño que éste le ocasiono, tuvo que reemplazar diversos autopartes y repuestos. Este recambio de piezas requiere lógicamente del ingreso a un taller mecánico para su efectiva reparación. No se puede desconocer, que éstas tareas conllevan tiempos de espera, tanto para la realización de los trabajos como para la compra de los repuestos necesarios, lo que da por hecho que el rodado del actor quedo durante todo ese periodo fuera de la posibilidad de uso y disposición, siendo razonable el tiempo de indisponibilidad que se estipula en grado. Ello así en tanto si tomamos en cuenta la fecha de accidente, esto es el 3/09/2.022 y la fecha en que se pagó la reparación del vehículo conforme a la factura emitida por el Sr. Ricardo Gonzalez, 3/04/2.023, han transcurrido efectivamente 7 meses, periodo en el cual, el automóvil no tuvo en condiciones técnicas de funcionar.
Por otra parte comparto el argumento invocado por la parte actora en su responde en cuanto a que los gastos que invoca el apelante y que según su postura deben deducirse, son gastos variables. También comparto que efectivamente la magistrada tuvo en cuenta la ausencia de prueba respecto de la importancia de esa privación y de allí fue que razonablemente redujo el monto en un 50 % de lo peticionado.
Es por tales razones que opino acertada la decisión en crisis en cuanto reconoce el rubro privación de uso, pues, los argumentos invocados para confrontarla lucen insuficiente y por ende no alcanzan para dejarla sin efecto. Con ese entendimiento el agravio que aquí se trata debe ser rechazado. Así lo propongo al acuerdo.
En cuanto a la queja relativa a la pérdida del valor venal, se señala en agravios que la jueza en base a un razonamiento errado concluye que el vehículo sufrió una disminución de su valor de reventa. Le achaca el recurrente que se basa en meras conjeturas ya que es imposible verificar mediante fotos o el acta policial de choque la existencia de daños estructurales que hagan procedente el rubro y menos establecerlo en el 15 %. Sobre éste aspecto, observo que aquella ante la inexistencia de prueba sobre la desvalorización del vehículo, concluyó que es un hecho cierto de experiencia que un accidente lo desvaloriza en el mercado automotor de usados. Con ese argumento dispuso la procedencia del rubro y el valor lo fijó en un 15 % del valor del bien según valuación de la DNRPA que se acompañó a PE 1234249-2.024.
Sobre éste punto tengo en cuenta primero que la disminución del precio de un automóvil reparado es, efectivamente como se señala, un hecho de la realidad, pues, las concesionarias cotizan con menor valor un auto reparado en comparación con otro que no tuvo un episodio de siniestralidad. En el caso, vemos que el daño que tuvo el vehículo no fue meramente estético, ya que como surge de la prueba incorporada, en particular la factura de compra y el testimonio del mecánico Ricardo Gonzalez ya referido, se afectó el tren delantero del vehículo. No es discutible que esa pieza es parte vital, puesto que tiene que ver con el control y seguridad de circulación.
De allí que su procedencia está aquí justificada, pero no en los términos y alcances que pretende la actora, pues, la índole de esa afectación no puede nunca importar una disminución del 30 % de la cotización del rodado. Recordemos que estamos ante un rubro que no se presume como en el caso anterior, sino que debe ser acreditado y es bajo esa premisa que voy a darle la razón parcialmente a la quejosa, pues, si bien en grado no fue receptado el rubro con los alcances pretendidos, interpreto que el porcentaje reconocido tampoco es proporcional a la afectación acreditada. Por ésta razón, estimo justo reducir el importe reconocido por éste rubro a la suma de $ 257.050 equivalente a un 10 % del valor del bien tomando como parámetro la valuación informada por la DNRPA de $ 2.570.500 en PE 1234249-2.024.
Por lo expuesto opino admitir parcialmente el tercer agravio de la recurrente. Asi lo propongo al acuerdo.
Por último, la apelante cuestiona que se haya dispuesto la aplicación de la tasa activa. Señala en ese sentido que no se advierten articulaciones manifiestamente dilatorias o improcedentes de los demandados y que al momento de dictarse el fallo se lo debe hacer a valores actuales y reales y después llevar intereses, ya que de lo contrario se genera un enriquecimiento sin causa. Agrega que en el supuesto daño material reconocido se fijan intereses antes de que la obligación nazca, es decir, antes de la mora. Pide entonces se revoque la tasa activa que aplica el juez de grado en su sentencia porque desnaturaliza la indemnización y se aplique la tasa pasiva pura la que no debe ser superior al 6 % anual.
Que en primer lugar, destaco que la obligación de resarcir un daño, es una deuda de valor en los términos del art. 772 del CCYC, el que señala en su primer párrafo: “Si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda”. En la hipótesis, vemos que el monto de la condena impuesta deriva en parte de gastos que el actor ya realizo, pues, en el caso del daño material la magistrada tomo los pagos que surgen de las facturas acompañadas con la demanda de fecha 3/4/2023. En el caso de la pérdida del valor venal, tomo un porcentaje de la cotización informada por la DNRPA cuyo informe tiene vigencia al 22/11/2023. En el supuesto del rubro privación de uso, el importe de condena equivale a un porcentaje del monto del daño material, con lo cual se entiende que se debe tomar la fecha de pago de los gastos que se tuvieron en cuenta. Es decir, la jueza de grado determino el monto de la condena sobre la base de valores históricos y no actuales como se pretende en agravios. Así las cosas, considero que determinar el monto de condena tomando valores históricos, es una modalidad plenamente válida, máxime cuando en el caso, la jueza tomo como parámetro gastos que ya fueron realizados previamente a la promoción de la demanda. De allí que no es acertada la apreciación que formula la parte recurrente.
No obstante, cierto es que la actualización correspondiente, debe tomar esas fechas históricas y no la fecha del hecho, pues, de ser efectivamente así se configuraría una doble actualización. Así tenemos que los montos pertinentes a los rubros daño material y privación de uso deben actualizarse desde el 3/4/2.023 y la pérdida de valor venal desde el 22/11/2.023. En este sentido debe tenerse en cuenta que si bien la sentencia condena a un único monto de $ 1.970.575, ese importe es el resultante de la sumatoria de $ 1.375.000 de daño material, de $ 210.000 de privación de uso y de $ 385.575 de pérdida del valor venal.
Que en cuanto a los intereses que corresponde aplicar, teniendo presente la doctrina Casatoria del Excmo. Tribunal Superior de Justicia y los procedentes de ésta Excma. Cámara de Apelaciones, corresponde actualizar los montos de los rubros reconocidos desde la fecha del siniestro y hasta la fecha en la que se abonaron los gastos de reparación y la que se tomó para determinar el rubro privación de uso, esto es 3/4/2.023 y 22/11/2.023 conforme a la tasa pasiva pura del 6 % anual y desde esa fecha hasta el efectivo pago, se deberá actualizar conforme a la tasa pasiva del Banco Central.
Que por tanto y a la luz de los argumentos desarrollados, se debe admitir parcialmente este último agravio propuesto en subsidio, modificando la tasa de interés aplicable y la fecha desde que se deben actualizar los créditos en cuestión. Así lo propongo al acuerdo.
Por todo lo expuesto y con el alcance establecido en mis consideraciones, entiendo que la sentencia es justa, y en virtud al resultado del presente las costas en ésta instancia deben aplicarse a la parte recurrente. Así lo propongo al acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
VIII. Que coincido con el análisis de los agravios que formula el primer votante.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Horacio Fernández dijo:
IX. En función de lo expresado propongo que se dicte el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar los agravios formulados por la citada en garantía con excepción del tercer agravio relativo al rubro pérdida del valor venal y el cuarto agravio propuesto en subsidio vinculado a la tasa de interés aplicable, que se admiten parcialmente, confirmando en todo lo demas la sentencia de grado en cuanto condena a las demandadas TOMAS RAMOS, KARINA MABEL BORGES y CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA por los rubros daño material, privación de uso y pérdida de valor venal, reduciendo la suma correspondiente a éste último rubro a $ 257.050 equivalente al 10 % de la cotización del automóvil del actor según el informe de DNRPA. Los intereses se calcularán desde las fechas indicadas en el considerando respectivo, conforme a la tasa pasiva pura del 6 % anual y luego conforme tasa pasiva del Banco Central. 2°) Imponer las costas en ésta instancia a la citada en garantía CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (art. 68 C.P.C.). 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 01 de Julio de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar los agravios formulados por la citada en garantía con excepción del tercer agravio relativo al rubro pérdida del valor venal y el cuarto agravio propuesto en subsidio vinculado a la tasa de interés aplicable, que se admiten parcialmente, confirmando en todo lo demas la sentencia de grado en cuanto condena a las demandadas TOMAS RAMOS, KARINA MABEL BORGES y CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA por los rubros daño material, privación de uso y pérdida de valor venal, reduciendo la suma correspondiente a éste último rubro a $ 257.050 equivalente al 10 % de la cotización del automóvil del actor según el informe de DNRPA. Los intereses se calcularán desde las fechas indicadas en el considerando respectivo, conforme a la tasa pasiva pura del 6 % anual y luego conforme tasa pasiva del Banco Central. 2°) Imponer las costas en ésta instancia a la citada en garantía CAJA DE SEGUROS SOCIEDAD ANONIMA (art. 68 C.P.C.). 3) Diferir la regulación de honorarios hasta tanto se encuentren regulados en la instancia de grado.- 4°) Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvase a la instancia de grado. El Dr. Humberto Monelos no suscribe la presente por no existir disidencia entre los abajo firmantes y en encontrarse en uso de licencia.- Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara; Griselda I. Bard– Jueza de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 042 S.261 Tomo: CVI Sentencia: 3213 Folio Nº: 076/083 Secretaria: 1
Fin de la sentencia