Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.861/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 489/502 vta. por el actor y, en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 479/485 vta., reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, produzca y sustancie la prueba peticionada por el actor a fs. 68 -punto V c-, y dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda, con arreglo a lo establecido en el presente.-
2Imponer las costas, respecto de la anterior instancia y por este recurso, a los demandados.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.861/12-TSJ Sentencia N°: 577.-
Actor: BARRIA MILLAPANI, MANUEL ARTURO Demandado: ORGANIZACIÓN GUER AIKE S.R.L. Y OTROS Objeto: LABORAL Fecha: 22-08-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 577.-
FOLIO Nº 3.289/3.295.-
PROT. ELECT. TSS1 016 S.141
Río Gallegos, 22 de agosto de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “BARRÍA MILLAPANI, MANUEL ARTURO c/ ORGANIZACIÓN GUER AIKE S.R.L. Y OTROS s/ LABORAL”, Expte. Nº B-9.567/05 (B-1.861/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de dar tratamiento al recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 489/502 vta., contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 479/485 vta.. Allí se desestiman los agravios relativos a la apelación diferida de la resolución interlocutoria de fs. 285/286 (la cual rechaza el hecho nuevo denunciado por el actor); se rechazan los demás agravios de la parte actora; se confirma la sentencia de primera instancia, que hace lugar a la prescripción -deducida por los demandados- de los créditos reclamados (confr. fs. 438/440 vta.), a excepción de la regulación de honorarios; y se condena en costas al actor (confr. fs. 485 vta.).-
II. Que, sucintamente en lo que interesa en esta etapa, el caso se presenta en los siguientes términos: el Sr. Manuel Arturo Barria Millapani -por intermedio de sus apoderados- promueve demanda laboral contra el Club Social y Deportivo Cañadón Seco, la Organización Guer Aike S.R.L. y Ariel Estay (confr. fs. 65/68 vta.). Reclama los siguientes rubros indemnizatorios: haberes de los meses de febrero, marzo y abril de 2002; por antigüedad del art. 245 LCT; por omisión del preaviso del art. 232 de la LCT; sueldo anual complementario del año 2002; sueldo anual complementario proporcional primer semestre/02; vacaciones proporcionales del año 2002; e indemnización duplicada de la ley 25561 (confr. fs. 67 vta.).
Rubros que estima ascienden a un monto de $ 25.000 (confr. fs. 65 vta.). Asimismo solicita intereses desde que cada suma fue exigible y hasta su efectivo pago; y la entrega del certificado del artículo 80 LCT (confr. fs. 68 vta.). Relatan, en la demanda, que: “?El actor ingresó a prestar servicios para la firma CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CAÑADÓN SECO concesionaria del servicio de gastronomía del llamado ‘Comedor -Club’ Cañadón Seco sito en esa localidad, con fecha 4 de Septiembre de 1975.- El actor comenzó a cumplir tareas en la fecha indicada como MOZO PROFESIONAL según reglas del C.C.T. del Sindicato de Obreros y Empleados Gastronómicos de la R. Argentina n 125/90 que desde? ya se invoca como norma aplicable al sub-lite.- A principios del año 2002 el CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CAÑADÓN SECO transfirió o cedió la explotación del comedor y club para el cual prestaba servicios el actor, a favor de la firma ORGANIZACIÓN GUER AIKE y de su propietario el Sr.
ARIEL ESTAY… La relación laboral de nuestro mandante se mantuvo relativamente normal hasta el mes de Marzo de 2002 en tanto que hasta esa fecha, la demandada ORGANIZACIÓN GUER AIKE y el Sr. ARIEL ESTAY, no habían abonado sus haberes del mes de Febrero/02.- Esta situación se mantuvo durante todo Marzo del 2002 pese a múltiples reclamos del actor.- Pasó todo Marzo/02 y tampoco se le abonaron al actor los sueldos de ese período?” (confr. fs. 65 vta.). Luego describen los intercambios epistolares que el actor habría mantenido con los demandados (confr. fs. 66/67). Añaden que: “?Los codemandados resultan responsables frente al reclamo creditorio del actor en los siguientes términos: a) CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO CAÑADÓN SECO.
Responde como principal y empleador originario del trabajador antes de la transferencia del establecimiento comercial a favor de la firma GUER AIKE SRL.- b) GUER AIKE SRL responde en los términos del art. 225 de la L.C.T. por resultar beneficiario o cesionario del establecimiento gastronómico para el cual trabajaba el actor… c) ARIEL ESTAY, responde en su calidad de mandatario aparente, asumiendo por sí y para sí, las obligaciones salariales contraídas frente a el (sic) actor.- Los tres codemandados son solidariamente responsables frente a la pretensión del actor y la condena debe serles extensiva en forma ilimitada?” (confr. fs. 67 vta.).- Por su parte, los demandados Ariel Eugenio Estay Boza; Organización Guer Aike S.R.L.; y el Club Social y Deportivo Cañadón Seco -por intermedio de sus apoderados- contestan demanda a fs. 107/111.
Formulan negativas a hechos afirmados y documental acompañada por el actor (confr. fs. 107/108); y oponen excepción de prescripción como de previo y especial pronunciamiento. Sobre el particular afirman que: “…siendo que los créditos supuestamente emergente del distracto operaban su prescripción con fecha 8 de Mayo de 2004 y aditando (sic) a tal extremo los seis meses que como plazo máximo otorga la ley en carácter de interrupción a los reclamos efectuados ante la autoridad administrativa por imperio de los Arts. 256 y 257 LCT, antes mencionados, la prescripción de los créditos reclamados operó con fecha 5 de Diciembre de 2004 toda vez que el reclamo administrativo fue interpuesto con fecha 5 de Junio de 2002 ante la S.S.T. y S.?” (confr. fs. 108 vta.).
Añaden que: “…la parte actora hubo de incurrir en abandono de tareas luego del goce de su licencia ordinaria anual, circunstancia que motivó por parte de una de las codemandadas el envío de la Carta Documento de fecha 7 de Mayo de 2002 intimándole a retomar las mismas. Con el envío de tal intimación se configura el tipo del Art., 244 de la LCT… En respuesta a dicha intimación… el actor pretendió maliciosamente colocarse en situación de despido indirecto… mencionando en la misma un supuesto Telegrama Ley jamás recibido por nuestros conferentes, extremo que no se aprecia pueda caer en duda a la luz de la documental aportada por la demandante?” (confr. fs. 109 y vta.). Agregan que: “…el actor cobró en tiempo y forma lo reclamado en la presente demanda, tal y como luce de los recibos de sueldo firmados de puño y letra por el accionante y del certificado de depósito de los haberes no firmados en el recibo del mes de Abril de 2002, piezas que en original se aduna a la documental?” (confr. fs. 110).- A fs. 151/152, el actor contesta el traslado de la excepción de prescripción, aduciendo que su acción no se encontraba prescripta al momento de interposición de la demanda, ya que mediante interpelación fehaciente a los demandados (por telegrama del 4/5/02) se había suspendido el plazo de prescripción (confr. art. 3986, CC) y por intermedio de la demanda administrativa del 5/6/02 se había interrumpido dicho plazo (art. 257 LCT).
En el mismo escrito solicita que se ordene prueba informativa y se oficie al Correo Argentino, Sucursal Caleta Olivia, a fin de que informe si registra el envío de un telegrama para la Organización Guer Aike S.R.L. y/o el Club Cañadón Seco, el 4 de mayo de 2002.-
A fs. 203 se abrió la causa a prueba y se dispuso que previo a ordenar el libramiento del oficio al Correo Argentino (solicitado a fs. 151/152) el actor debería acompañar la pieza telegráfica pertinente en el término de tres días, bajo apercibimiento de tener por desistida de la prueba. Esta intimación fue notificada el 29 de agosto de 2005 (confr. fs. 216 vta.).-
El 31 de agosto de 2005, la Subsecretaría de Trabajo de Zona Norte remite, para su agregación a autos, el expediente administrativo caratulado “Barría Millapan Arturo s/ Reclamo Laboral c/ Organización Guer Aike y otros”, N° 7.244/02. En estas actuaciones administrativas se encuentran incorporados los telegramas de marras -no sería un telegrama como informó el actor sino dos - (al Club Cañadón Seco y a la Organización Guer Aike-Ariel Estay; cfr. fs. 5 y 6 del Expte. Admin.).-
A fs. 243 se tiene por desistida la prueba informativa (respecto de los dos telegramas).-
Luego, a fs. 275/276, el actor incorpora fotocopia (certificada por el Correo Argentino) de uno de los telegramas mencionados, aduciendo que se trataba de un hecho nuevo. A fs. 285/286 se rechaza el hecho nuevo, sin embargo el Juez de Primera Instancia sostiene que: “…sin perjuicio de no admitirse la agregación del documento por la vía intentada, no se descarta, como bien lo señala la parte, que de considerarse trascendente su agregación se materialice la misma a través de una medida para mejor proveer. Por todo lo expuesto, RESUELVO: 1) RECHAZAR el hecho nuevo denunciado a fs. 275/276, con costas a la actora y dejándose a salvo lo expuesto en los considerandos en relación a la eventual medida para mejor proveer?” (confr. fs. 285 vta./286). Esta medida para mejor proveer nunca fue ordenada.- A fs. 306 vta. se tiene por desistida la prueba informativa de marras.-
La sentencia de primera instancia hace lugar a la excepción de prescripción deducida por los demandados, en relación a los créditos reclamados consistentes en haberes de los meses de febrero a abril de 2002, indemnización por antigüedad, por omisión de preaviso, SAC, SAC proporcional año 2002, vacaciones proporcionales, indemnización duplicada de la ley 25561; todo ello con costas, y se regulan honorarios a los letrados intervinientes.-
La sentencia de Cámara rechaza todos los agravios de la parte actora confirmando la de primera instancia, a excepción de la regulación de honorarios e impone las costas a la actora perdidosa.-
III. Que, contra la sentencia de Cámara, la parte actora interpone recurso de casación a fs. 489/502 vta. en el que sostiene que: “?El Aquo, mediante un criterio de excesivo rigor procesal manifiesto, rayano en el ritualismo, desestima los argumentos del actor que han sostenido la existencia de un acto de interpelación fehaciente generador de la suspensión del art. 3986 del C. Civil, decretando el desistimiento de su prueba INFORMATIVA SUPLETORIA dirigida a CORREO ARGENTINO SA – CORREO OFICIAL por la cual debía corroborar la autenticidad de las piezas postales acompañadas en la demanda ante la negativa de la contraria.- Este criterio ritualista, violó al mismo tiempo la regla esencial del Art. 30 de la Ley 1.444, imponiéndole al actor una sanción de Negligencia Probatoria no admitida por la mencionada norma especial adjetiva?” (confr. fs. 490).
Sigue diciendo que: “?Se cuestiona esencialmente el fallo del tribunal de II Instancia por su apartamiento de la doctrina sentada por el Superior en cuanto considera nulas las sentencias afectadas por el vicio del absurdo en la interpretación de la prueba, que ha conducido a una interpretación errónea de los hechos de autos en perjuicio de la parte Actora?” (confr. fs. 491). Añade: “?Al mismo tiempo, nuestro Recurso se entabla por la causal de VIOLACIÓN DE LA LEY ADJETIVA Y SUSTANTIVA E INCORRECTA APLICACIÓN de los arts. 30 y 57 de la Ley 1.444, 343 del CPCC y Arts. 58, 256 y 257 de la L.C.T…. Entendemos que en el fallo de Cámara Aquo, se ha aplicado en forma incorrecta el art. 57 de la Ley 1.444 a partir de una interpretación contraria a la letra y principios del rito laboral y de la L.C.T….
No se ha establecido requisito alguno vinculado con el tiempo del anoticiamiento o conocimiento que de tal documento o hecho poseyeran los litigantes.- Basta para las mentadas reglas procesales, que la pieza o hecho se vincule con el litigio y que esa adquisición material o intelectual llegue al ámbito de control de la parte, luego de producida la contestación demanda (sic) y hasta antes de pasados tres días de convocada la audiencia del art. 70 de la Ley 1.444…. el documento legalizado, llega a conocimiento de BARRIA y este lo denuncia en autos en forma oportuna.- La legalización del instrumento, la obtiene el actor luego del responde de la demanda, luego a partir de contar con esa pieza, el demandante pretende incorporarla al proceso.- La Cámara aquo, nos dice que para el trabajador BARRIA, precluyó toda posibilidad de acompañar a la litis la mencionada pieza postal, puesto que se lo intimó a acompañar copias de ese emplazamiento sin resultado positivo, siendo por ende sancionado con la pérdida por caducidad o negligencia de dicha posibilidad probatoria.- Se advierte pues un comportamiento procesal contradictorio tanto del Juez de la Primera Instancia como de la Cámara.- Tal contradicción evidente, se constata porque primariamente se conmina al actor para que incorpore al expediente el telegrama de fecha 4/5/02 otorgándosele un plazo perentorio y sobre un apercibimiento ajeno a la ley 1.444 (caducidad).
Luego el actor obtiene una copia autenticada de la misma pieza que fue intimado a incorporar a la litis, se le dice: ‘…bien, es cierto, consiguió el telegrama pero ahora no le permitimos que lo agregue pues su oportunidad procesal para hacerlo ya terminó…’ Este criterio expuesto en la primera Instancia y en el voto de la Dra. RUATA DE LEONE en Cámara, es ni más ni menos que EXCESO RITUAL MANIFIESTO CUYO EFECTO HA SIDO EL DE CONCULCARLE EL DERECHO A LA DEFENSA EN JUICIO DEL ACTOR?” (confr. fs. 492/493). Luego manifiesta: “?El excesivo rigorismo formal manifiesto, que contradice a las pruebas de autos, también está encadenado a una gruesa violación del principio general del Art. 30º de la Ley 1.444 [impulso de oficio]?” (confr. fs. 496 vta.), ya que “…no existía obstáculo alguno para que la mencionada prueba de informes, tendiente a demostrar el envío de la pieza postal fechada el 4/5/02 se otorgara por el Aquo en forma de oficio como el resto de las demás pruebas.- En igual rumbo, agravia a mi parte el fallo en crisis, desde que resuelve tener por no probada la interpelación fehaciente del 4/5/02 generadora de la suspensión de plazos del art. 3986 del C.
Civil, a partir de una violación del procedimiento en perjuicio del trabajador?” (confr. fs. 497 y vta.); y “?Peticionamos por lo expuesto, que el Superior CASE el fallo de fecha 8 de Junio de 2012, y componiendo positivamente la litis declare incorrectamente aplicado al caso de autos, el régimen de negligencia y caducidad probatoria de los arts. 361 y 362 del CPCC por opuesto al sistema impulsorio dispositivo del art. 30 de la Ley 1.444 en relación al telegrama de fecha 4 de Mayo de 2002, cuya agregación a la causa fuera desestimada en las instancias Inferiores mediante violación de la ley adjetiva y en el caso concreto resuelva la procedencia y viabilidad de la interpelación epistolar enviada por BARRIA con efecto suficientes como para lograr la suspensión de los plazos de prescripción opuestos por los accionados?” (confr. fs. 498).
Continuando con su argumentación dice: “?La Cámara Aquo entiende, ratificando el contenido del fallo de la Primera Instancia, que el actor no ha probado haber interpelado a su empleadora con fecha 4 de Mayo de 2002 y que hubo de desistir de su reclamo en sede administrativa, operando el mecanismo del art. 3987 del C. Civil.- Reiterando y ampliando nuestras quejas desestimadas por la Cámara Aquo, entendemos, que el emplazamiento cursado por el demandante al abrir el trámite administrativo, que le fue notificado a la empleadora en el mes de Junio de 2002, ello tal como surge de los autos ‘BARRIA MILLAPANI, ARTURO S/ RECLAMO LABORAL C/ ORGANIZACIÓN GUER AIKE Y OTROS’ Expte. 7244/02, tuvo plena eficacia para obtener la suspensión anual del plazo liberatorio?” (confr. fs. 498 y vta.).
Además manifiesta que: “?La Cámara Aquo contraviniendo las reglas de la Ley 2.450/96 entiende que existió CADUCIDAD DE LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA, evento que no surge del expediente originado por el actor ante la Sub-Secretaría de Trabajo y Seguridad de la Pcia. de Santa Cruz con asiento en Caleta Olivia.- Este criterio incorrecto del Aquo choca contra la letra del Art. 257 de la L.C.T. y pretende incorporar ‘contra-legem’ el Instituto de la Caducidad o Perención de Instancia al ámbito administrativo.- Va de suyo que no existe desistimiento alguno del trabajador en sede administrativa dentro del expediente de la SubSecretaría, desistimiento el cual solo (sic) pudo tenerse por válido en base al previo cumplimiento de los recaudos sustantivos?” (confr. fs. 499 vta.).
Seguidamente expresa que: “…el fallo de Cámara confirma el decisorio de la Primera Instancia rechazando el reclamo del actor por haberes impagos de los meses de Marzo y Abril de 2002 y el pago de las indemnizaciones ordinarias y especiales de la L.C.T. por su despido generado por injuria del patrón (despido indirecto).- Como se expuso en los puntos anteriores que convocan al análisis de V.E. como motivos suficientes de la Casación solicitada que, computándose la interpelación fehaciente de fecha 4/5/02 y la reclamación en sede administrativa, mi mandante pudo demandar por el cobro de ambos meses de sueldo impagos.- No han probado las demandadas, haber cancelado los haberes de Marzo y Abril de 2002… En incorrecto análisis de la prueba recolectada en autos, el Aquo considera que el actor percibió en tiempo oportuno los haberes que reclamara fehacientemente en Mayo de 2002…” (confr. fs. 500 vta./501); y que: “…entendemos que surgió en autos, acreditada la injuria a los intereses del dependiente que no consentía la continuidad del vinculo y de allí, la procedencia de las indemnizaciones forfatarias de la L.C.T. en su favor como se indicara en la demanda… Incumbía a la demandada probar el abandono de trabajo del dependiente y acreditar de qué manera y en qué fecha quedó rescindida la relación laboral.- En el fallo de Cámara se produce una inversión del onus probando ilegal en perjuicio del actor.- Por ende el actor es acreedor a las reparaciones tarifadas de los arts. 232, 245 y ccs. de la L.C.T. con motivo del despido por culpa del patrón?” (confr. fs. 501 vta.).
Solicita a este Alto Tribunal se case el fallo recurrido y se componga positivamente la litis (confr. fs. 502/503). Por último peticiona que se impongan las costas del proceso a la demandada (confr. 502).- Declarado admisible el recurso por la Cámara de Apelaciones, a fs. 504 y vta., y bien concedido por este Tribunal, a fs. 513 y vta., las partes no hacen uso del derecho que les confiere el artículo 8 de la ley 1687.-
A fs. 517/522 vta. se encuentra agregado el dictamen del Agente Fiscal, en el cual sostiene que: “?Yendo al estudio de la cuestión traída a dictamen voy adelantar mi opinión favorable al acogimiento del recurso de casación interpuesto y por ende a la falta de eficacia de la sentencia de cámara… Explica [el recurrente] que la copia autenticada del telegrama de fecha 04 de mayo de 2005 fue otorgada por la repartición postal con posterioridad a la contestación de la demanda, denunciándola en autos en forma oportuna y que pretende incorporarla al proceso como hecho nuevo, resolviendo la Cámara – que toda posibilidad de acompañar al proceso la pieza postal precluyó, poniendo de esta manera de manifiesto un exceso ritual y demostrando que es más importante la forma procesal que la verdad material alegada por el trabajador… Asimismo y de acuerdo a los principios del Orden Público Laboral, el excesivo rigorismo formal no encuentra cabida y la interpretación del material probatorio debe adecuarse a la máxima de la primacía de la realidad y la buena fe, no olvidando la fuente tuitiva del Derecho Laboral cuyo fundamento señero es la desigualdad entre partes?” (confr. fs. 519 vta./520 vta.). Por último afirma que: “?Lo hasta aquí expuesto me lleva a concluir que el recurso de casación interpuesto por la actora es procedente?” (confr. fs. 522 vta.).-
IV. Que antes de ingresar al análisis puntual de las impugnaciones del recurrente es conveniente efectuar algunas reflexiones.-
El derecho laboral tiene un carácter tuitivo para el trabajador, a fin de contrarrestar la desigualdad entre los contratantes (confr. ACKERMAN, Mario, TOSCA, Diego y MAZA, Miguel, “Los principios del derecho del trabajo”, en la obra colectiva: Tratado del derecho del trabajo, Director: ACKERMAN, Mario, Coordinador: TOSCA, Diego, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2005, T. I, p. 319/320). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: “…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados?” (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el art. 14 bis C.N. reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…”. Sobre el particular Vazquez Vialard afirma: “…de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo…” (confr. VAZQUEZ VIALARD, Antonio, Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Astrea, Buenos Aires, 2008, t. 1, p. 111).- Con estas premisas se resolverá el sub lite.-
Por razones metodológicas, se tratará en primer término el agravio relativo al alegado absurdo y violación de la ley en cuanto a la decisión de tener por desistida la prueba informativa dirigida al Correo Argentino (confr. fs. 68, 203, 243 y 271/274). Pues una solución positiva sobre este particular nos eximirá del examen de las restantes críticas ya que, eventualmente, correspondería la producción y sustanciación de la prueba de marras; y el dictado de una nueva sentencia por parte de la Alzada.-
El actor, por intermedio de su apoderado, solicitó a la Cámara que se le tuviera por “…acreditado que con fecha 4/5/02 el demandante intimó fehacientemente por vía postal a su empleadora al pago de las indemnizaciones forfatarias de la L.C.T. y el pago de diferencias salariales impagas por incorrecta liquidación de sus sueldos?” (confr. fs. 448).-
De las actuaciones surge que si los telegramas (agregados a fs. 5 y 6 del expediente administrativo incorporado a autos: “BARRIA MILLAPAN, ARTURO S/ RECLAMO LABORAL C/ ORGANIZACIÓN GUER AIKE Y OTROS”) efectivamente hubiesen llegado al conocimiento de los demandados, y reunieran los recaudos establecidos en el artículo 3986 del CC, para suspender el plazo bienal del artículo 256 de la LCT, las consideraciones sobre la prescripción de los créditos laborales reclamados podrían haber arribado a otra solución, constituyendo los telegramas referidos, en consecuencia, prueba esencial a los fines de ponderar la procedencia o no de la prescripción opuesta. Además es esencial determinar si los telegramas llegaron a conocimiento de los demandados y en qué fecha ya que esta circunstancia aunada a otras constancias probatorias de autos podrían determinar la causa del distracto laboral..- Ahora bien, corresponde establecer las consecuencias de esta carencia probatoria que nos conducen a la incertidumbre sobre si los demandados recibieron o no la intimación por los créditos laborales reclamados. Sobre este particular debemos recordar lo dispuesto por el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Laboral que determina que: “El procedimiento será impulsado de oficio por los jueces, deber que cesará después de la oportunidad prevista en el artículo. 99° [es decir, luego de adquirir firmeza la sentencia definitiva]”.-
Esta manda se dirige a los jueces e imponen a los mismos una conducta que excede al de meros árbitros entre dos partes enfrentadas en el proceso. La razón de ser de la norma se vincula con principios directrices del derecho laboral, como es la desigualdad entre las partes de la relación laboral, el carácter alimentario de los créditos laborales y la naturaleza protectoria de la legislación del trabajo. El juez laboral debe efectuar el adecuado control del proceso para evitar que el desistimiento de pruebas implique la renuncia a derechos inalienables del trabajador en atención a lo dispuesto en el art. 12 LCT (confr. ALLOCATI, Amadeo, Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Ley 18.345 y modificatorias.
Comentada, anotada y concordada, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 285). En el mismo sentido se ha dicho en doctrina que: “?Los créditos que se discuten en el fuero del trabajo correspondientes al trabajador o a sus derechohabientes tienen, aunque se encuentren en estado litigioso (art. 15 LCT), un contenido centralmente alimentario e irrenunciable (arts. 7°, 12 y concordantes LCT). Esta protección se manifiesta, en el ámbito procesal, en el denominado impulso de oficio… que ordena a los jueces adoptar todas las medidas tendientes a la prosecución de la causa, más allá del interés o de la actividad de la parte iniciadora…” (confr. GUIBOURG, Ricardo A., RODRIGUEZ FERNANDEZ, Liliana y TOSCA, Diego Martín, Procedimiento Laboral.
Ley 18.345. Comentada y anotada, La Ley, Buenos Aires, 2008, p. 135).- Allocati, al comentar el artículo 46 de la Ley de Organización y Procedimiento de la Justicia del Trabajo, similar al artículo 30 de la ley 1444, sostiene que: “?El énfasis puesto por la ley ratifica la transmisión de los principios sustanciales al ámbito adjetivo; es decir, el procedimiento no debe ser sino el instrumento que permita la efectivización del derecho de fondo, lo que implica la lógica subordinación de los ejes de disponibilidad de las partes e igualdad de ellas en el proceso a la valoración, en cada caso concreto, sobre la conveniencia del desistimiento de pruebas por parte del trabajador, juicio que se efectuará en orden a su eventual incidencia en cuanto signifiquen un desistimiento total o parcial de su derecho sustancial.
Por tal razón, el juez dirige el proceso aplicando la normativa laboral. Por tanto, las reglas de los arts. 11 y 12 de la LCT son el necesario correlato del impulso de oficio, como paralelamente y para todos los fueros, lo es la búsqueda de la verdad material?” (confr. ALLOCATI, Amadeo, Ley de organización y procedimiento de la Justicia Nacional del Trabajo, Ley 18.345 y modificatorias. Comentada, anotada y concordada, Astrea, Buenos Aires, 1990, p. 286).- Abonando las posturas que anteceden, en el ámbito del Sistema Americano de Protección de los Derechos Humanos, del cual Argentina es parte (conf. art. 75 inc. 22 C.N.), se ha sostenido: “?La verdadera igualdad ante la ley no se cifra solamente en la declaración igualitaria que ésta pudiera contener, sin miramiento para las condiciones reales en que se encuentran las personas sujetas a ella.
No hay igualdad cuando pactan -para formar, por ejemplo, una relación de trabajo- el empleador que cuenta con suficientes recursos y se sabe apoyado por las leyes, y el trabajador que sólo dispone de sus brazos e intuye -o conoce perfectamente- que las leyes no le ofrecerán el apoyo que brindan a su contraparte. Tampoco hay auténtica igualdad cuando comparecen ante el tribunal un contendiente poderoso, bien provisto de medios de defensa, y un litigante débil, que carece de los instrumentos para probar y alegar en su defensa, independientemente de las buenas razones y los derechos que sustenten sus respectivas pretensiones? En esos casos, la ley debe introducir factores de compensación o corrección -y así lo sostuvo la Corte Interamericana cuando examinó, para los fines de la Opinión Consultiva OC-16/99, el concepto de debido proceso- que favorezcan la igualación de quienes son desiguales por otros motivos, y permitan alcanzar soluciones justas tanto en la relación material como en la procesal… el debido proceso es el medio consecuente con el más avanzado concepto de los derechos humanos para asegurar la efectiva realización de esos derechos: un método o factor para la eficacia del derecho en su conjunto y de los derechos subjetivos en casos concretos.
El debido proceso, concepto dinámico guiado y desarrollado bajo un modelo garantista que sirve a los intereses y derechos individuales y sociales, así como al supremo interés de la justicia, constituye un principio rector para la debida solución de los litigios y un derecho primordial de todas las personas. Se aplica a la solución de controversias de cualquier naturaleza -entre ellas, obviamente, las laborales- y a las peticiones y reclamaciones que se plantean ante cualesquiera autoridades: judiciales o administrativas? si bien el derecho al trabajo no se confunde con el derecho a la vida, el trabajo es condición de una vida digna, e incluso de la vida misma: factor de subsistencia. Si se niega el acceso al trabajo, o se impide al obrero la recepción de sus frutos, o se obstruye la vía jurisdiccional o administrativa por la que éste reclama sus derechos, podría quedar en riesgo la vida, y en todo caso sufrirá menoscabo la calidad de la vida, que es un punto básico tanto de los derechos económicos, sociales y culturales como de los civiles y políticos?” (confr.
Voto concurrente del Juez Sergio García Ramírez a la Opinión Consultiva OC-18/03, sobre “Condición jurídica y derecho de los migrantes indocumentados”, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos).- En el sub lite se advierte que tanto el Juez de Primera Instancia, como la Cámara han omitido aplicar el artículo 30 de la Ley de Procedimiento Laboral en toda su extensión, ya que se dio por desistida una prueba esencial para determinar el alcance de los derechos del trabajador (particularmente si su crédito estaba prescripto o no). La Cámara al no sustanciar la prueba informativa en cuestión, ha renunciado a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Esta tarea es un deber primordial de los jueces en pos de brindar un adecuado servicio de justicia garantizado por el art. 18 CN.
Sobre el particular, la Corte Suprema, en autos “Domingo Colalillo v. Compañía de Seguros España y Río de la Plata”, Fallos: 238:550, del 18 de septiembre de 1957, sostuvo que: “…la ley procesal vigente dispone que los jueces tendrán, en cualquier estado del juicio, la facultad de disponer las medidas necesarias para esclarecer los hechos debatidos. Y tal facultad no puede ser renunciada, en circunstancias en que su eficacia para la determinación de la verdad sea indudable. En caso contrario la sentencia no sería aplicación de la ley a los hechos del caso, sino precisamente la frustración ritual de la aplicación del derecho?”. Este criterio también fue sostenido posteriormente en Fallos 304:1915; 315:672.- La Suprema Corte bonaerense también reconoce la obligación de los jueces de buscar la verdad jurídica objetiva, en este sentido se ha afirmado: “?Muchas veces ha declarado este Tribunal a través de sus pronunciamientos que la búsqueda de la verdad jurídica objetiva constituye el deber primordial de un adecuado servicio de justicia, en la inteligencia de que debe acordársele primacía impidiendo su ocultamiento ritual (conf. doctrina causa L. 33.959, sent. del 9–XI–84)?” (confr.
SCBA, Acuerdo 2078, del 30 de abril de 1991, causa L. 43.755, “Quintana de Ansalde, Eduvige c. Gatic S.A I.C.F.I.A. Accidente de trabajo”).-
En consonancia con los precedentes citados, este Cimero Tribunal Provincial ha recomendado a los Magistrados con competencia en materia laboral, a fin de resguardar un adecuado servicio de justicia, que den estricto cumplimiento a las disposiciones procedimentales establecidas en la Ley Provincial 1444 y que asuman plenamente la dirección del proceso (Acuerdo N° 2550, Pto. Décimo).-
Sobre el imperativo de buscar la verdad jurídica objetiva en el ámbito del fuero laboral también se ha expedido este Alto Tribunal, a saber: “?La función primordial que compete al Juez es brindar la solución justa a un caso concreto, ésta no sería tal si ante un hecho como el de marras se tuviera en cuenta la mera forma sin analizar las circunstancias que lo rodearon. La búsqueda de la verdad real es el norte que guía al juzgador en su tarea. Así pues, para arribar a un resultado justo de la controversia (misión fundamental del Poder Judicial) debemos ir más allá de las cuestiones formales y analizar las demás circunstancias en que se produjeron los acontecimientos, sin perder de vista que además de las normas específicas también deben aplicarse los principios fundamentales del derecho laboral y las garantías con las que la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos (art. 75, inc. 22, CN) amparan a los trabajadores.- En la medida en que el trabajo es considerado como actividad básica para satisfacer las necesidades espirituales y materiales de la persona humana y de su familia y en la construcción del bien común, merece, en nuestro país, una protección privilegiada?” (confr. Tomo XIV, Sentencia, Reg. 487, Folio 2649/2656).- En atención a lo expuesto, se debe concluir que la sentencia de Cámara ha renunciado a la búsqueda de la verdad jurídica objetiva e inaplicado -en el aspecto analizado- el artículo 30 de la ley 1444, ya que se desinteresó de la producción de una prueba esencial que hubiese servido para determinar si el crédito del actor se encontraba prescripto o no y para valorar adecuadamente el motivo del distracto laboral, lo que, eventualmente, podría haber cambiado la suerte del proceso.-
Por todo lo dicho corresponde hacer lugar -con el alcance señalado- al recurso de casación y declarar la nulidad de la sentencia de Cámara, obrante a fs. 479/485 vta., por quebrantamiento de forma, todo ello sin perjuicio del mérito que puede realizarse de la cuestión de fondo en el momento procesal oportuno, correspondiendo imponer las costas de la anterior instancia a la demandada que insistió en la confirmación del fallo en el tópico que aquí se trata (art. 68, CPC y C, de aplicación supletoria de conformidad con el art. 121 de la ley 1444). Consecuentemente se deben reenviar las actuaciones a la Cámara de origen a fin de que con nuevos jueces hábiles produzca y sustancie la prueba peticionada por el actor a fs. 68 -punto V c- (informativa dirigida al Correo Argentino para que informe si las cartas documento y telegramas -en particular los agregados a fs. 5/6 del expediente administrativo “BARRIA MILLAPAN, ARTURO S/ RECLAMO LABORAL C/ ORGANIZACIÓN GUER AIKE Y OTROS”- incorporadas en autos por el actor son auténticas, si han sido recibidas por sus destinatarios y, en su caso, en qué fecha) (conf. arts. 30 y cctes. Ley de Procedimiento Laboral y 18, CN) y dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda.- Respecto al presente recurso de casación, corresponde que se impongan las costas a las demandadas en orden al resultado del presente (art. 68, CPC y C, de aplicación supletoria de conformidad con el art. 121, ley 1444).-
Por todo ello, lo dispuesto por los artículos 2, 13, 14 y cctes. de la ley 1687; 30 y cctes. de la ley 1444; 3986 y cctes. C.C.; y 18 C.N., y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 489/502 vta. por el actor y, en consecuencia declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 479/485 vta., reenviando los presentes autos a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, produzca y sustancie la prueba peticionada por el actor a fs. 68 -punto V c-, y dicte sentencia conforme a derecho y según corresponda, con arreglo a lo establecido en el presente.-
2. Imponer las costas, respecto de la anterior instancia y por este recurso, a los demandados.-
La presente sentencia se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, 2º párrafo, de la ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1016S.141 Tomo: XVII Sentencia: 577.-
Folio N°: 3.289/3.295.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia