Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 792/806 vta. por quebrantamiento de las formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 744/763 y de todo lo actuado a partir de la foja 741, por los fundamentos desarrollados en las presentes actuaciones; reenviando los autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se de cumplimiento con lo estatuido en el artículo 258 del CPCyC en relación a la actora -para que exprese agravios- y se continúe el procedimiento conforme a derecho.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N° B-2487/21-TSJ:
Sentencia Nº: 737 Actor: BARRIONUEVO JOSÉ ROBERTO Demandada: MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA Objeto: SUMARIO Fecha: 11/08/2023 Texto: TOMO XXIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 737 FOLIO Nº 4465/4470 PROT. ELECT. TSS1 012 S.231
Río Gallegos, 11 de agosto de 2023.-
Los presentes autos caratulados: “BARRIONUEVO JOSÉ ROBERTO C/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA S/ SUMARIO”, Expte. Nº B-10.768/07 (B-2487/21-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado Dr. Walter Esquivel (cfr. fs. 792/806 vta.), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 744/763. Esta última, en lo que aquí interesa, declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el actor a foja 685, por no haber expresado agravios oportunamente; admitió el primer agravio de ASOCIART S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo y limitó su responsabilidad al monto cubierto por el seguro de riesgos del trabajo; impuso las costas en el orden causado; confirmó los honorarios regulados a los profesionales, pero limitando la responsabilidad por su pago y el de las costas (cfr. arts. 730 del CCyC y 277 de la LCT); rechazó los demás agravios de los recurrentes y confirmó la sentencia en cuanto no fue materia de agravio procedente, con costas en Segunda Instancia a las vencidas. Por último se regularon honorarios (cfr. fs. 762 y vta.).- A su turno, la sentencia de Primera Instancia había declarado la inconstitucionalidad de los artículos 1º, 2º, 6º, 21, 22, 39, 40, 46 y 49 de la Ley Nº 24.557; admitido parcialmente la demanda entablada por el Sr. José Roberto Barrionuevo en concepto de indemnización por daños y perjuicios sufridos por accidente de trabajo en contra de la Municipalidad de Caleta Olivia y ASOCIART S.A. ART, condenando a las accionadas, en forma solidaria, a pagar al actor daño material y moral, más intereses calculados en base a la tasa activa del Banco de la Nación Argentina, rechazando los rubros lucro cesante y pérdida de chance, con costas a las demandadas vencidas. Asimismo había regulado los honorarios (cfr. fs. 672/681vta.).-
II. Que el recurrente sustenta su recurso en la violación de la ley adjetiva y sustantiva; y quebrantamiento de forma, señalando que de mantenerse la sentencia impugnada, ratificará una situación de violación de las garantías y principios constitucionales consagrados, pactos y tratados internacionales y la normativa procesal, que afectan esencialmente los principios y garantías del debido proceso, igualdad ante la ley, derechos adquiridos, derecho de indemnidad, propiedad y más gravemente la defensa en juicio del actor (cfr. arts. 16, 17, 18, 19 y 75, inc. 22 de la CN) (cfr. foja 792 vta.).- Expresa que: “El carácter de parte (solidaria), no puede ser desconocido, ni desacreditado en esta instancia del proceso por una supuesta afectación del Derecho de Defensa de la citada en garantía -ART-, quien ha tenido la posibilidad de desvirtuar su responsabilidad durante todo el trámite del proceso mediante las pruebas ofrecidas y producidas...y objetivamente nunca argumento (sic) ni invoco (sic) esta situación, resultando la interpretación del Tribunal de Alzada, una conclusión extra petita, sin la fundamentación fáctica o jurídica fehaciente que violenta al art. 164 inc. 6° y 276 del CPCC, y en contradicción con las pruebas acreditadas en los presentes por la actora, habiendo sido reconocido por la Excma. Alzada, la existencia de un contrato de la ART con la demandada MCO que genera responsabilidad directa sobre todos los daños que su accionar provocara en los términos del (sic) arts. 1109, 1113 CC y conc., y la violación de la normativa de la LRT 24557, habiéndose dictado una Sentencia de 1° instancia ajustada a derecho respecto del alcance de responsabilidad...la Sentencia de 2da instancia...que solo (sic) acusa de negligencia en el obrar como dependiente al actor- pero sin aportar pruebas que le eximan de responsabilidad de los arts. 1074, 1113 y conc. del Cod. Civ.,...lo cual violenta directamente, en primer término el principio de congruencia, y los derechos adquiridos del actor, el debido proceso, la igualdad ante la ley, el derecho de indemnidad (arts. 16, 17, 18, 19 CN), teniendo como consecuencia un enriquecimiento ilícito para ASOCIART ART S.A., cuando limita su responsa-bilidad.” (cfr. foja 793).- Sostiene que se ha logrado acreditar en autos el nexo de causalidad entre el hecho generador y el resultado lesivo, enumerando la prueba que la Alzada no meritó (cfr. fs. 793 y vta.).-
Señala que: “El desconocimiento de los elementos probatorios y la relación de causalidad establecida entre el hecho generador de responsabilidad y el resultado lesivo para el actor, en los términos expuestos por el Excmo. Tribunal de Alzada, ataca directamente el art. 14 bis CN...existiendo contradicción entre lo expresado en el memorial de demanda por el actor, y las pruebas comprobadas oportunamente, recayendo en el Absurdo Procesal por descartar pruebas esenciales para la resolución de los presentes vulnerando garantías constitucionales, y modificar la Sentencia de 1° instancia perjudicialmente contra el crédito y los derechos del actor.” (cfr. foja 793 vta.).- Dice que la responsabilidad entre el damnificado directo y la ART no puede limitarse mediante un análisis arbitrario de la sentencia de Primera Instancia (cfr. foja 794).-
Destaca que no se aportaron elementos que permitan inferir que se ha cumplido con los cursos y materiales didácticos respectivos para cada área de trabajo comprendida dentro de la estructura de la Municipalidad de Caleta Olivia (cfr. foja 795).-
Califica a los montos correspondientes a la indemnización por daño material y moral como irrisorio a fin de compensar económicamente el daño físico padecido por el actor, y en relación a los sufrimientos que tuvo como consecuencia directa del siniestro laboral (cfr. foja 794).-
Entendió que se atentó contra el derecho de defensa del actor y el debido proceso, por efectuar un análisis superficial de las pruebas aportadas, arribando a un monto de sentencia en total contradicción con la doctrina y jurisprudencia imperante en la Corte Suprema de Justicia de la Nación (cfr. foja 796).-
Además, deja aclarado que la ART no dio cumplimiento a la presentación de la documental requerida correspondiente al expediente administrativo de la Comisión Médica, “...como tampoco acreditó el pago de las prestaciones de ley (unica (sic) forma de desvirtuar su responsabilidad por cumplimiento de los extremos exigidos por la LRT 24557). Situación expuesta por la Excma. Alzada, pero desconocida al merituar (sic) la vinculación de responsabilidad objetiva en los términos del art. 1113 CC invocada por el actor, y acreditada su extensión hasta la citada en garantía, invocando la supuesta violación del derecho de defensa, lo cual que resulta, atento las pruebas y elementos agregados a los presentes, un[a] conclusión arbitraria y contradictoria a lo fehacientemente acreditado por el actor y las pruebas de cargo producidas y comprobadas durante el trámite de los presentes, y que coloca al actor en una posición de perdida (sic) crediticia y ataca directamente sus derechos constitucionales.” (cfr. foja cit.).- Observa que: “Contra la Sentencia del Juez de Primera instancia, el actor, interpone en plazo el recurso de apelación en los términos del art. 243, 244 y ssgtes. del CPCC, teniendo como antecedente los planteos de los autos 'Brizuela...'; donde se concedió recurso y posteriormente en virtud de lo previsto por el art. 258 del CPCC se expresó agravios en la Alzada, en este caso se procedió declarar (sic) desierto el recurso interpuesto en iguales términos que la causa citada -vulnerado (sic) el debido proceso e igualdad ante la ley-, sin tener en cuenta que, como inicialmente lo expuesto (sic) el a quo del Juzgado Civil N° 2, esta cuestión se debía resolver en los términos de la normativa del Código Civil como expone SS en el punto 'cuestion (sic) de fondo'.
Afectando con esto el debido proceso y derecho de defensa del actor, que se vio impedido de fundamentar sus agravios en los términos procesales indicados.” (cfr. foja 794 vta.).- Añade que no se le debió haber rechazado y declarado desierto su recurso de apelación. Señala que se le impuso el plazo de la Ley Nº 1444 para la fundamentación del recurso conjuntamente con los agravios, sin tener en cuenta que se habría planteado en los términos de la ley civil y que inclusive la sentencia de Primera Instancia postuló que no serían de aplicación las presunciones de la ley laboral. Considera que la situación descripta vulnera su derecho de defensa y el debido proceso. Concluye en este punto, que la Cámara debió haber analizado su recurso de apelación (cfr. fs. 797 y vta.).- En cuanto a los honorarios, argumenta que las sumas reguladas resultan irrisorias y un total menosprecio a la labor profesional invertida en el expediente, teniendo en cuenta el tiempo trabajado, calidad, extensión y complejidad de la labor realizada, resultando un criterio insostenible, carente de sentido fáctico y jurídico, la pretensión de reducción de los honorarios fijados, habiendo obtenido una sentencia donde los profesionales vencidos han obtenido montos superiores.
Esta situación expresa que se agrava en razón de la condena en costas de la demandada, teniendo presente que los integrantes del Tribunal del Alzada poseen pleno conocimiento de la vigencia de la Ley Nº 3109 (cfr. fs. 796 y vta.).- Dice que las cuestiones sobre las cuales se ha expedido la Excma. Cámara de Apelaciones y en las que su parte solicita la intervención de este Tribunal para su correspondiente análisis y consideración, encuentran su fundamento en los artículos 2º y 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, todo ello amparado en la normativa contenida en la Ley Nº 24.557 (declarada inconstitucional por el Tribunal) y en los arts. 1109, 1113, 1074, 1078 del Código Civil.-
Argumenta que ASOCIART S.A. ART no ha cuestionado, ni planteado, ni expuesto como agravio su condición de parte demandada en autos; resultando una grosera violación al principio de congruencia establecido en el artículo 164, inciso 6° del CPCyC, debiendo ser declarada nula la sentencia arribada por la Alzada (cfr. foja 797 vta.).-
Manifiesta que: “...la Sentencia de la Excma. Cámara de Caleta Olivia, a fs. 753 primer párrafo, establece una postura, que sin haber sido cuestionado por la contraria, ni expuesto como agravio por la citada en garantia (sic) -codemandada de autos en su fundamentación en su expresión de agravios- (vulnerando arbitrariamente el deber de congruencia de las sentencias, y el debido proceso, derecho de defensa del actor) -plantea el 'rechazo' del carácter de parte-codemandada que debe otorgarse a la citada en garantía ASOCIART ART SA, que consecuentemente genera la vinculación al proceso en relación a la responsabilidad, desarrollado por el Honorable Juez - Dr. Monelos, en contradicción con la doctrina de litisconsorcio facultativo (art. 88 CPCC), e incluso el alcance otorgado por los arts. 94 a 96 del CPCC.'...En todos los supuestos, la sentencia dictada después de la intervención del tercero, o de su citación, en su caso, tendrá efectos contra el tercero...'. transcribiendo en forma escueta, partes del memorial de demanda, sin ingresar al análisis completo del planteo elaborado por el actor en su punto fundamentos de accion (sic) intentada donde objetivamente describió las conductas que tipificaban en el art. 1074, 1078 y responsabilidad objetiva del art. 1113 y conc. del Cod.
Civ. y se detallaron las violaciones diversas a la LRT 24557...” (cfr. fs. 797 vta./798).- Destaca que resulta “...innegable y reconocida por el Excmo. Tribunal de Alzada, la existencia de un contrato entre las partes - contrato de afiliación N° 110.631, que vincula no solo (sic) a la demandada y la ART en cumplimiento de su obligación de brindar un seguro para sus beneficiarios dependientes, sino que posteriormente, el actor ha obtenido la presunción del art. 366 del CPCC, que conjuntamente con las constancias acreditadas por mi parte en el desarrollo del proceso, logran una postura compacta que fuera reconocida por el Sr. Juez de 1° instancia, pero vulnerada mediante la fundamentación impuesta por la Alzada que - resuelve sobre un agravio no planteado violentando el art. 164 inc. 6 CPCC (extra petita)...” .
Sobre esta cuestión añade que surge notoria y grosera la violación del debido proceso y de defensa en juicio como garantías constitucionales; y que se encuentra en directa contradicción con la jurisprudencia imperante citada, por lo que concluye que se deberá declarar nula la sentencia (cfr. fs. 798 y vta.).- Expresa que ante la ratificación de la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos del Trabajo (arts. 1º, 2º, 6º, 21, 22, 39, 40, 46, 49 y cláusulas adicionales), deviene contradictoria la posterior limitación de responsabilidad dispuesta por el Tribunal de Alzada que fija la condena solidaria hasta el monto que debió afrontar y abonar al actor; ello, por aplicación justamente de la Ley de Riesgos del Trabajo, como dispone a foja 757, que declara inconstitucional a fs. 756, lo que -dice- “...-vulnera el principio de contradicción, y debido proceso- resultando notorio y grosero el erro (sic) del Tribunal, dado que por aplicación del art. 39 LRT, habilita la vía del derecho común, y se da prioridad a los montos dispuestos por la Sentencia de 1ra.
Instancia, resultando inexplicable la posterior aplicación de lo previsto por los ats. (sic) 14 y 15 de LRT 24557 -atenta directamente el principio alterum non laedere, derecho patrimonial del actor, y el principio de congruencia que debe primar en las Sentencia (sic) en relación a las peticiones de las partes- dado que nuevamente como fuera expresado supra -no surge de los agravios vertidos que la co demandada ASOCIART ART ha requerido la limitación de responsabilidad en relación a los montos que deberia (sic) abonar al actor- resultando el análisis del magistrado una violación directa al proceso, por incumplimiento de lo previsto por el art. 164 inc. 6° CPCC, debiendo ser declarado nulo por el Excmo.
Tribunal Superior.” (cfr. foja 798 vta.).- Añade que la Cámara consideró que ASOCIART S.A. ART no cumplió con sus obligaciones de prevención y control, pero luego entendió que no le fue achacada por ninguna de las partes cual sería la omisión concreta de su parte que hubiera evitado el accidente. Considera que lo expuesto es una grosera y notoria contradicción fáctica y jurídica entre los elementos de la causa y el derecho invocado, lo cual torna a dicho punto nulo debiendo ser casado (cfr. foja 799). Insiste en que: “...se otorgó el beneficio de la certeza respecto del cumplimiento de normas que resultan claramente violentadas, habiendo acreditado el actor el incumplimiento de la citada en garantía de sus obligaciones y responsabilidades dispuestas en la LRT 24557.” (cfr. foja 800 vta.).- Plantea que la decisión de la Alzada genera a favor de las vencidas un enriquecimiento ilícito que torna el crédito del acto incobrable e imposible de efectivizarse (cfr. foja cit.) y que el Juzgador le exige la comprobación de situaciones imposibles que superan la carga imponible procesalmente pero otorga el beneficio de la duda a favor de la incumplidora (cfr. foja 801).-
Argumenta que se ha acreditado fehacientemente la responsa-bilidad directa de la Municipalidad de Caleta Olivia y solidaria de la ART, por incumplimiento de la normativa de seguridad -Dec. 351/79 y 911/96-, resultando el único eximente de responsabilidad: la culpa de la víctima (cfr. foja 801 vta.).-
Entiende que se le provoca un perjuicio directo por tornar su crédito incobrable e imperceptible atento la condición de insolvente de la Municipalidad de Caleta Olivia y la vigencia de la Ley Nº 3109 que impide cualquier medida cautelar contra los organismos del Estado por tanto resulta irrisorio lo expuesto en relación a la “...'solvencia de la empleadora como persona del derecho público'...”, conculcando con su resolución el debido proceso y su derecho patrimonial (cfr. fs. 801 vta./802).-
Agrega que la Alzada expone que se ha afectado el derecho de defensa por no detallar ni haber imputado -según el Magistrado- en el escrito de inicio, ni en la citación de garantía, las conductas de incumplimiento de la citada en garantía, lo cual considera que ha sido desvirtuado por su parte. Al respecto destaca el carácter de parte de la ART y que ésta nunca argumentó ni invocó su violación del derecho de defensa. Reitera que esta situación constituye una interpretación y resolución extra petita sin la fundamentación fáctica o jurídica que violenta el artículo 164, inciso 6° y el artículo 276 del CPCyC y vulnerando el debido proceso y el derecho de defensa (cfr. foja 802).- Manifiesta que no se debe aplicar a los honorarios la limitación prevista en el artículo 730 del CCyC y transcribe parte de los fundamentos de la causa “Cucci”, que avalaría su postura, pero no aclara ni el tribunal emisor ni la fecha en que se dictó (cfr. foja 802 vta.).-
Hace un resumen de sus agravios: “...1- falta de tratamiento del planteo procesal en relación al recurso de la actora en atención a la naturaleza del proceso y su fundamentación; 2- Expresarse sobre un agravio inexistente de las partes que no invocaron afectación alguna por el carácter de 'parte' asignado a la citada en garantía en los términos de la responsabilidad; 3- Violación del principio de congruencia en relación al desconocimiento del carácter de 'parte' de la ART; 4- Limitación de responsabilidad en los términos de la LRT que posteriormente resulta declarada inconstitucionalidad (sic) abriendo paso al tratamiento mediante el derecho común; 5- Limitación de responsabilidad por falta de imputación en contradicción con las constancias de la demanda y pruebas obrantes en autos; 6- Exigencia de una carga probatoria superior al CPCC y que transgrede la normativa constitucional; 7- Imputación de conductas negligentes al actor víctima del siniestro en contra de las pruebas obrantes en la causa; 8- Supuesta violación del derecho de defensa de la citada en garantía; 9- Violación de los arts. 31 y 121 CN haciendo lugar a la limitación del art. 730 del CC, en contra de la regulación de honorarios dispuesta a los profesionales mediante la aplicación de una reducción del 25% a favor de los condenados en costas, en contra de la jurisprudencia imperante actualizada, y 10- Pretensión de limitación del derecho a percibir la indemnización el actor limitando a la ART en los términos de la LRT (declarada inconstitucionalidad (sic)) y obligando al actor ir contra la patronal en contradicción con lo dispuesto por Ley 3109 (inembargabilidad de los recursos pbcos.).” (cfr. foja 803 vta.).- En PE270275-2021 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto (cfr. PE748356-2022). A su turno este Tribunal lo declara bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes, de conformidad con el artículo 8° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, sin que ninguna de las partes haya hecho uso de ese derecho (cfr. certificación de PE784522-2023).-
El Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo, dictamina, por las razones que allí esgrime y a las cuales nos remitimos en razón de la brevedad, que: “...en la sentencia de Cámara se han violado las formas por carecer de fundamentación y por haberse omitido tratar algunos agravios, por lo cual debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto por quebrantamiento de formas, por haberse incurrido en la violación del derecho de defensa del casacionista por un excesivo ritualismo, por lo cual debe declararse la nulidad de la misma.” (cfr. PE845612-2023, pág. 8).-
En PE865767-2023 se llaman a autos para dictar sentencia y en PE886431-2023 pasan los presentes a estudio.-
III. Que conforme ha quedado planteada la cuestión extraordinaria provincial articulada por el actor, ésta se desarrolla en el ámbito de los carriles impugnativos previstos en los artículos 2º y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, por cuanto la impugnación del recurrente se fundamenta en el quebrantamiento de forma, violación de la ley y doctrina legal; y arbitrariedad (cfr. foja 792 vta.).-
Siendo alegadas distintas causales del recurso de casación, corresponde tratar primero la configuración del quebrantamiento de forma ya que si se presentara este caso, se debería anular la sentencia y reenviarse la causa a la instancia de grado para una nueva decisión, lo cual tornaría -en principio- abstracto el tratamiento de los fundamentos invocados en el resto de los agravios.-
En este contexto, adelantamos que debe prosperar el agravio del actor en cuanto se ha declarado erróneamente desierto el recurso de apelación interpuesto a foja 685.-
A este Tribunal Superior de Justicia le corresponde el control, inclusive de oficio, del desarrollo del procedimiento y del cumplimiento de los lineamientos que hacen de la sentencia un acto jurisdiccional válido, toda vez que la eventual existencia de un vicio capaz de provocar una nulidad y afectar una garantía constitucional no puede ser confirmada.-
Si la lectura del expediente pone al descubierto una trasgresión a los recaudos formales y sustanciales que el proceso debe reunir y de esta manera se pudieran afectar garantías constitucionales como la defensa en juicio y el debido proceso, ello tiene entidad como para afectar la validez misma del pronunciamiento. De observar el juzgador el acaecimiento de tal circunstancia, ésta debe ser atendida y declarada con antelación a cualquier otra cuestión que se hubiera planteado (Fallos 331:1583).-
Así las cosas, surge de las constancias obrantes en autos irregularidades que impiden considerar a la sentencia de Segunda Instancia como un acto procesalmente válido.-
El Juez de Primera Instancia resolvió tener por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación articulado por el actor a foja 685, en contra de la sentencia definitiva dictada a fs. 672/681 vta., concediéndolo libremente y con efecto suspensivo (cfr. foja 707).-
A foja 724 se ordena remitir las actuaciones a la Excma. Cámara de Apelaciones y a foja 727 consta la certificación de la elevación de los autos, donde se aclara que apeló el actor a foja 685, la citada en garantía a foja 686 y la demandada a fs. 687/691.-
A foja 741 son recepcionadas en la Cámara las presentes actuaciones, pasando los autos a sentencia y a estudio a foja 742, dictando pronunciamiento a fs. 744/763.-
Del análisis de las actuaciones se advierte que habiéndose dictado sentencia definitiva en un proceso ordinario, en cuyo supuesto los recursos se conceden libremente y con efecto suspensivo, la Excma. Cámara de Apelaciones omitió dictar y notificar personalmente o por cédula la providencia que dispone el artículo 258 del CPCyC, a los fines que las partes expresen agravios.-
Al respecto se ha dicho en doctrina que: “Cuando los actuados llegan a la cámara y luego de que el secretario da cuenta, se debe disponer que los mismos sean puestos en la oficina. Esta providencia se notifica a las partes personalmente o por cédula (art. 259 del Código Procesal de la Nación).” (cfr. Hitters, Juan Carlos: “Técnica de los recursos ordinarios”, Ed. Librería Editora Platense, La Plata, 2000, pág. 438).-
Esta notificación es de suma importancia para la debida sustanciación del recurso de apelación, ya que a partir de la misma la parte cuenta con diez (10) días para expresar agravios. Al respecto nos ilustra la doctrina, al comentar el artículo 259 del Código Procesal Civil y Comercial de Nación (de redacción similar a la primera parte del art. 258 del CPCyC): “...Esta providencia tiene por objeto posibilitar al apelante la fundamentación del recurso concedido libremente, toda vez que en nuestro ritual no está permitido hacerlo junto con su interposición (conf. art. 245, párr. 2°, Cód. citado)...” (cfr. Highton, Elena I. y Areán, Beatriz A. -Dirección-: “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Concordado con los códigos provinciales. Análisis doctrinal y jurisprudencial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 2006, Tomo 5, pág. 190).- La omisión apuntada ha impedido al actor expresar los agravios para fundamentar su apelación, lo que ha significado una vulneración de su garantía de defensa en juicio y debido proceso (tutelado en el art. 18 de la CN). Por lo tanto, la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones que tiene por desierto su recurso deviene nula por la señalada irregularidad procedimental, tal nulidad se irradia a todo dispositivo sentencial.-
Así, se ha vulnerado el principio de bilateralidad o contradicción. Recordemos que: “...'El principio de bilateralidad '...implica la prohibición de que los jueces dicten alguna resolución o dispongan la ejecución de alguna diligencia procesal sin que, previamente, hayan tenido oportunidad de ser oídos quienes pudieran verse directamente afectados por tales actos' (cfr. Palacio, Lino Enrique, Derecho Procesal Civil, Abeledo-Perrot, Buenos Aires, 1986, Tomo I, pág. 263). El mismo deriva directamente del artículo 18 C.N., manda que dispone la inviolabilidad de la defensa en juicio de las personas y de los derechos. Sobre la base de aquél principio, en todo el desarrollo del proceso, se estructuran actos de trasmisión, como son, entre otros, las notificaciones, las que colocan a las partes en condición de expedirse sobre distintos actos procesales. De este modo la decisión judicial puede ser el fruto de un proceso dialéctico de debate entre las partes ante el Juez como un tercero imparcial. Asimismo, el principio de bilateralidad es una exigencia del respeto al debido proceso legal y del principio de igualdad entre las partes (cfr. Loutayf Ranea, Roberto G., 'Principio de bilateralidad o contradicción', La Ley 16/02/2011. Cita Online: AR/DOC/313/2011)'...” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVII, Reg. 3247, Folio 5383/5385).- Por su parte a foja 707 el Juez de Primera Instancia dispuso correr traslado de las expresiones de agravios de los recursos interpuestos por la demandada, Municipalidad de Caleta Olivia a fs. 687/691 vta. y por ASOCIART S.A. ART a fs. 695/702 vta., contestando la actora a fs. 708/714 vta y 712/714.-
Se observa que dichos recursos se habían concedido libremente y con efecto suspensivo y que el a quo omitió darle el debido tratamiento a las presentaciones que no se limitaron a la mera interposición, violando lo prescripto por el artículo 246 del CPCyC, habida cuenta que no devolvió las mismas, tal como lo dispone dicha norma. Al contrario, confirió traslado a la actora quien los contestó.-
A fin de evitar un mayor dispendio jurisdiccional generado a partir de la tramitación irregular de las presentes actuaciones en las instancias de grado, sin perjuicio de lo advertido precedentemente y a los efectos de no incurrir en un excesivo rigor formal, excepcionalmente se convalida lo actuado, habida cuenta que no se ha vulnerado el derecho de defensa de las partes.-
En conclusión, a la luz de los argumentos aquí vertidos, cabe concluir que la irregularidad sindicada, esto es que se ha impedido al actor expresar los agravios para fundamentar su apelación, resulta de una gravedad tal que conlleva la nulidad de lo actuado a partir de la foja 741, debiendo la Cámara cumplir con el debido trámite previsto en el artículo 258 del CPCyC en relación a la parte actora.-
IV. Que por todo lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 792/806 vta. por quebrantamiento de las formas sustanciales (cfr. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 744/763 y de todo lo actuado a partir de la foja 741, por los fundamentos desarrollados en las presentes actuaciones; reenviando los autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se de cumplimiento con lo estatuido en el artículo 258 del CPCyC en relación a la actora -para que exprese agravios- y se continúe el procedimiento conforme a derecho. Atento la forma en que se resuelve, las costas deberán imponerse por su orden (cfr. art. 68 del CPCyC.).- En virtud del resultado al que se arriba no corresponde pronunciarse en relación al resto de los agravios del recurrente.-
Como consecuencia de lo aquí decidido, es necesario advertir que lo resuelto no implica pronunciamiento alguno sobre la solución que, en definitiva, merezca el litigio (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 589, Folio 3377/3382).-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 792/806 vta. por quebrantamiento de las formas sustanciales y, en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 744/763 y de todo lo actuado a partir de la foja 741, por los fundamentos desarrollados en las presentes actuaciones; reenviando los autos a la misma para que, con nuevos Jueces hábiles, se de cumplimiento con lo estatuido en el artículo 258 del CPCyC en relación a la actora -para que exprese agravios- y se continúe el procedimiento conforme a derecho.-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-; Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-;, Dra. Reneé Guadalupe Fernández –Vocal-; Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1012S.231 Tomo: XXIII Sentencia: 737 Folio N°: 4465/4470 Secretaría: 1
Fin de la sentencia