Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7183
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7183 Sentencia: 2795 Actor: Barrionuevo, José Roberto Demandada: Municipalidad de Caleta Olivia Objeto: Sumario Fecha: 11/07/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los once días del mes de julio de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “BARRIONUEVO, José Roberto c/ MUNICIPALIDAD DE CALETA OLIVIA s/ Sumario”, Expte. Nº 10.768 del año 2007 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7183. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Corresponde declarar oficiosamente la deserción del recurso de fs. 685 y decretar la caducidad de la instancia acusada? SEGUNDA: En su caso ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que el Dr. Walter Esquivel conforme instrucciones de su mandante interpone a fs. 685 recurso de apelación contra la sentencia y lo mismo realiza el apoderado de la ART a fs. 686, ambos el 22 de noviembre de 2017 mientras el expediente se encontraba en préstamo (conforme constancia de fs. 684) lo que limita sus acciones a la mera interposición del recurso al no poder consultar el expediente. El apoderado de la Municipalidad de Caleta Olivia apela y funda el recurso con la pieza de fs. 687/691. Los recursos se tienen por interpuestos en tiempo y forma por providencia de fs.707. El apoderado de la ART funda el recurso con la pieza de fs. 695/702. El actor nunca sostiene el recurso con la expresión de agravios correspondiente. Pretende quejarse del quantum de la indemnización y de los honorarios al contestar agravios. Ello es inadmisible por extemporáneo y por afectar el principio de la bilateralidad toda vez que no se ha dado oportunidad a la demandada y tercera a rebatir. Sobre el particular podemos leer en “Técnica de los recursos ordinarios” de Juan Carlos Hitters sobre el tema: “Hemos destacado, hasta el hartazgo del lector, que la cámara solamente puede dar apertura a su competencia en la medida del recurso arrimado por el quejoso. Parece obvio aclarar que la fundamentación del embate debe ser cumplimentada en tiempo idóneo esto es al basamentar la apelación y nunca posteriormente. Por lo que 'La potestad decisoria de la Alzada se halla circunscripta a las cuestiones sometidas por las partes, por lo que no puede –en modo alguno- modificar la sentencia en sentido desfavorable a la apelante sin mediar ataque preciso de la contraria sobre el punto, ya que no basta el pedido inserto en el responde a la expresión de agravios, del cual ni siquiera cabe dar traslado a la afectada por tal solicitud.54 SCBA causa L 20.938 'Etcheto P. c/ Cooperativa Agropecuaria de Juan Bautista Alberdi .daños y perjuicios.9-XI-82 –DJJBA 18-V-83 v-124p.289. (obra citada 2ª reimpresión inalterada páginas 409/410)
Por ello, y toda vez que no estamos en un caso del efecto extensivo de los recursos, se impone declarar desierto el recurso que se interpusiera a fs. 685. Propongo que así se declare.
II. Que a fs. 716 el apoderado de la parte actora solicita se declare desiertos los recursos de la demandada y a ART teniendo a estas partes por desistidas de la apelación interpuesto por no haber impulsado el procedimiento de elevación dentro del plazo del art. 252 del CPCC teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde el dictado de la sentencia de primera instancia. El magistrado tiene por formulado planteo de caducidad en los términos del art. 288 inc. 2º del CPCC corriendo traslado. Únicamente contesta el traslado el Dr. Carlos Enrique Linares apoderado de la ART quien solicita el rechazo después de enumerar los actos procesales que impulsaron el procedimiento. So pretexto de solicitar la resolución del acuse de caducidad la parte actora trata de fundamentar extemporáneamente el planteo argumentos que por no haber sido expuestos temporalmente no serán tenidos en cuenta. El magistrado con buen criterio dispone la elevación de los autos toda vez que corresponde a este tribunal resolver lo que sería la caducidad de segunda instancia. Hay error en el planteo a fs. 716 toda vez que se pretende comenzar el computo desde el dictado de la sentencia de 1ª instancia y se confunde la deserción del recurso con la caducidad. Deserción del recurso no existe desde que los recursos fueron fundados. Y para el progreso de la caducidad de la instancia los plazos se computan desde la fecha de la última petición de las partes, o resolución o actuación del juez, secretario u oficial primero que tenga por efecto impulsar el procedimiento como dispone el art. 289 del CPCC. La ART por medio de su apoderado en el escrito de fs. 721 enumera las actuaciones que tuvieron por efecto impulsar el procedimiento. Y surge del examen de autos que la última actuación que tuvo por efecto impulsar el procedimiento es la providencia de fs. 715 que tuvo por contestados los traslados de los agravios de los recurrentes con fecha 16 de febrero de 2.018 siendo que la petición en consideración se presenta 9 de abril de 2018 (ver cargo de fs.716). En tales condiciones, ya sea como deserción pues los recursos fueron fundados, o como caducidad de la instancia, la pretensión del actor debe ser rechazada con costas (art. 68 del CPCC), toda vez que no corresponde computar el plazo de caducidad desde la sentencia como se pretende, desde que como se señalara hubieron actos de impulso procesal posteriores. Así lo propongo al Acuerdo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
III. Que coincido con las propuestas formuladas por el primer votante al compartir sus argumentos. Adhiero pues a su voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
IV. Que el Dr. Amaya en representación de José Roberto Barrionuevo promueve formal demanda por daños y perjuicios e inconstitucionalidad de la ley nacional 24.557 contra la Municipalidad de Caleta Olivia, aunque a renglón seguido pide se condene en forma solidaria e indistinta a los codemandados (y posteriormente aclara que solo demanda a la Municipalidad) por daño material lucro cesante, pérdida de chance y agravio moral. Da cuenta de su desempeño como dependiente de la demandada a cuyas órdenes ingresó el 20 de enero de 1988 en el sector mantenimiento. Relata que el 6 de diciembre de 2004 fueron convocados a reparar los techos del edificio de cultura municipal y al negárseles la provisión de un andamio para un trabajo cómodo y funcional al trabajar a 5 metros de altura, debieron realizar el trabajo subiendo a una escalera de dos hojas tipo tijera de madera, de diez peldaños con una base en metal y maderas clavadas.
Relata que el 9 de diciembre siendo las 10hs 45' mientras su representado trabajaba arriba de la escalera ésta se rompe y se abre arrojando al actor al vacío desde 5 metros. Éste se cubre el rostro pero el golpe lo absorbe con la mano derecha y se desvanece y es trasladado al Hospital Zonal Padre Tardivo. Describe los vicios y defectos de la escalera provista y el detalle de las fractura sufridas que motivaron una compleja intervención quirúrgica con implantación de elementos metálicos en su mano derecha y las secuelas de fractura de muñeca con limitaciones en la “motilidad” activa del antebrazo, muñeca y dedos con limitación de movimientos de hombro y afirma que pese a los tratamientos y ejercicios realizados por el trabajador las secuelas continúan y sufre a la fecha de una incapacidad parcial y permanente que le impiden las tareas normales y afectada la función de pinza.
Dice desconocer si la demandada cumplió con la ley 24.557 y afirma que la demandada reconoció la mecánica del hecho pero le niega la cobertura médico asistencial. Describe los impedimentos en tareas de esfuerzo del actor. Funda la responsabilidad por el vicio de la cosa y el peligro de la actividad en altura en la responsabilidad objetiva y subjetiva en términos que tengo presentes. Transcribe los telegramas remitidos y el dictamen del Dr. Vera Maidan. Enumera las normas de seguridad incumplidas, los fundamentos de la acción la formula cuya aplicación pretende a los fines del cálculo de la indemnización y afirma no haber podido siquiera verificar la existencia del contrato de seguros con una ART o que se reconozca como contingencia indemnizable su caída.
Cita doctrina y las expectativas dentro de la ley de Riesgos de Trabajo, si se acredita la vigencia de un contrato al momento del siniestro, motivo por el que recurre a la vía del art. 1113 del Código Civil. Se extiende en fundamentos de su acción en términos que se tienen presente, y cita doctrina y jurisprudencia aplicables respecto de la inconstitucionalidad de la ley y la responsabilidad de la ART. Transcribe una sentencia del Tribunal de Trabajo nº 2 de Lanús, Provincia de Buenos Aires con voto del Dr. Bosso y del Dr. Candis al resolver el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.557 que se tiene presente. Funda la responsabilidad de la Municipalidad de Caleta Olivia. Describe el daño material cuya reparación mediante la aplicación de una formula matemática financiera, el lucro cesante, la pérdida de chance y el daño moral y psicológico.
Ofrece la prueba de la que intentará valerse. A fs. 64 se corre traslado de la demanda que tramitará según las normas del proceso sumario.
V. Que corrido traslado de la demanda se presenta con el escrito de fs.70/78 el Dr. José A. González en representación de la Municipalidad de Caleta Olivia y opone la excepción de incompetencia en razón de la materia, toda vez que entiende le corresponde al Juzgado Laboral. Lo funda con una referencia a diversos hechos y consideración de derecho con cita de jurisprudencia y manifestando que se trate como de puro derecho.
Por imperativo procesal en el mismo escrito contesta demanda. Niega la autenticidad de documental acompañada por el actor y la veracidad de una serie de hechos afirmados en la demanda y afirma que su representada denunció ante ASOCIART el accidente aludido por el actor. Contesta el planteo de inconstitucionalidad pidiendo su rechazo.
Como defensa de fondo opone la falta de legitimación pasiva en función del seguro contratado de ART a favor del actor entre otros agentes municipales. Afirma que la firma ASOCIART SA a través del contrato de afiliación nº 110.631 y que la ART brindó las prestaciones dinerarias y en especie al actor conforme expediente 013-L 99914/05 que tramitó en la Comisión médica nº 19 de Comodoro Rivadavia y el dictamen producido, la incapacidad otorgada y el alta médica que descarta la imposibilidad de reintegrarse a sus tareas por parte del actor. Por ello afirma que cumplió con las prescripciones legales y que denunció el siniestro y controló que la ART brindara la prestaciones. Por ello plantea la falta de legitimación con sustento en la normativa de la ley 24.557. Pide la citación de tercero de ASOCIART ART SA y ofrece prueba de la cobertura del seguro y sobre el fondo del juicio. Reserva el caso federal.
VI. Que corrido traslado de las excepciones y del pedido de citación de tercero, el actor contesta el traslado de las excepciones con el escrito de fs. 80/81 donde se allana a la de incompetencia y resiste la de falta de legitimación pasiva, con referencia al planteo de inconstitucionalidad y con cita de jurisprudencia. Oído el señor Agente Fiscal con la interlocutoria de fs. 86 se admite la excepción de incompetencia. Apelado por la imposición de costas a fs. 93 se concede en relación y con efecto diferido. A fs. 94 el Dr. Isla se avoca al conocimiento de estos autos. Una serie de incidencias sobre a quien correspondía la citación del tercero que recién se ordena a fs. 106, y la ART se presenta recién después de más de un año con la documental y escrito de fs. 170/193.
VII. Que ASOCIART S.A. ART se presenta oponiendo la excepción de falta de legitimación pasiva y defensa de no seguro y si bien reconoce que celebró el 1/02/04 con la demandada un contrato de afiliación con el alcance establecido en la ley 24.557 que se encuentra vigente. Manifiesta que conforme el derecho aplicable no se encuentra obligada a otorgar prestaciones derivadas de planteos relacionados con supuestas violaciones a las normas del Código Civil. Afirma que brinda exclusivamente las coberturas previstas por la ley 24.557 y por ello no corresponde extender la responsabilidad más allá de las que asumiera por imperio de la ley 24.557. Da fundamentos de derecho de su posición con cita de jurisprudencia. Opone la defensa de falta de acción ante el procedimiento incoado como defensa de fondo por no haber recurrido al procedimiento que señala la ley. En subsidio contesta la citación de tercero propiamente dicha. Formula una negativa de hechos que no le constan y da su versión de la realidad de los hechos. Reconoce haber recibido una denuncia del accidente sufrido por el actor el 9/12/05 mientras desempeñaba sus áreas habituales al caerse de una escalera. Afirma haber aceptado el siniestro y haber brindado las prestaciones correspondientes a la afección padecida y que en la Comisión Médica se fijó una incapacidad del 21,44% poniendo a disposición del actor la suma de $ 15.184 que nunca fue retirada por el accionante. Cita jurisprudencia e invoca la teoría de los actos propios con fundamento en que el actor recurrió en diversas oportunidades ante la Comisión Médica 013 y que el conflicto quedó subsanado en esa comisión con el acuerdo homologado en dictamen con autoridad de cosa Juzgada. Sostiene la improcedencia del reclamo fundado en el art. 1113 del Código Civil al descartar la aplicación de responsabilidad objetiva respecto de ASOCIART S.A. ART atento a que aún cuando se pruebe la existencia de riesgo o vicio de la actividad ella es imputable solo al empleador y cita precedentes jurisprudenciales. Afirma que la actora no enuncia mínimamente cual fue el riesgo o vicio de la cosa ni enuncia cual fue el factor de atribución en el caso y lo entiende suficiente para rechazar la demanda.
Se refiere a la improcedencia del art. 1074 del Código Civil, a cual es la obligación del empleador de cumplir con las normas de seguridad e higiene. Recuerda que la ley 24.557 impone al empleador cumplir las normas de higiene y seguridad en el trabajo y las consecuencias. Sostiene que el eventual incumplimiento de esas normas jamás puede generar responsabilidad alguna en cabeza de la aseguradora ya que el único responsable del incumplimiento de las normas de seguridad e higiene es el empleador. Da cuenta que su parte realizó una visita de índole técnica después del accidente y realizó recomendaciones y asesoramiento en materia de seguridad e higiene y recuerda que la empleadora es quien tiene la responsabilidad de adoptar y poner en práctica las medidas de seguridad e higiene y que la ART no tiene poder de policía conforme jurisprudencia y legislación que cita. Reitera no tener responsabilidad por las consecuencias supuestamente sufridas por la parte actora ni le corresponde abonar ninguna indemnización. Alega que el actor tenia la carga de explicar claramente los hechos en que funde su pretensión. Cita doctrina. Califica de extremadamente alta la suma de $40.000 reclamada por daño material o físico y carente de sustento legal aparte de incurrir en oscuro libelo. Expresa que el lucro cesante no tiene cabida al no demostrarse la pérdida que habría sufrido el actor como consecuencia de las patologías invocadas. Impugna la liquidación y ofrece prueba y desconoce la totalidad de la prueba documental. Contesta el planteo de inconstitucionalidad de la ley 24.557 con argumentos que se tienen presente. Formula reserva del caso federal, funda el derecho aplicable y pide en conclusión que se rechace la demanda instaurada en todas sus partes con costas. Contestado el traslado de las excepciones por ambas partes a fs. 233 se difiere la resolución de las mismas para el momento de la sentencia definitiva.
A fs. 262 se abre la causa a prueba por el término de 40 días (aunque hasta la fijación de la audiencia del art. 70 de la ley 1444 –fs. 655 vta.- transcurrieron más de siete años lo que atenta con el principio de celeridad) y se provee la prueba pertinente. Producida la obrante en autos de la que ilustran las certificaciones de la actuaria a fs. 655 vta. se declara clausurado el período probatorio y se ponen los autos a disposición de las partes a los fines que aleguen sobre el mérito de la prueba. El actor lo hace con la pieza agregada en sobre cerrado de fs. 658. Previa certificación del Actuario se ordena agregar el alegato y se ponen a fs. 671 los autos a despacho. La sentencia obra a fs. 672/681 y declara la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2, 6, 22, 39, 46 y 49 de la ley 24.557; declara abstracto el tratamiento de las excepciones de falta de legitimación pasiva y de incompetencia. Admite parcialmente la demanda entablada por José Roberto Barrionuevo por indemnización de daños y perjuicios por accidente de trabajo en contra de la Municipalidad de la Caleta Olivia y ASOCIART ART S.A. y condena a las demandas en forma solidaria a pagar al actor por daño material $ 37.261,63 recompuesto a la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago conforme las pautas del considerando respectivo y $ 60.000 en concepto de daño moral que deberá recomponerse desde la fecha de la sentencia hasta el efectivo pago, dentro de los diez días de notificada y firma le sentencia con costas a las demandadas. Rechaza parcialmente la demanda respecto de los rubros lucro cesante y pérdida de chance. Regula los honorarios de los profesionales en atención al monto de la condena recompuesto estimativamente a la fecha del fallo en la suma de $195.000 y aclara porqué no le regula a los Dres. Stobbia y Carrasco. Determina la tasa de justicia en $ 4.945.
VIII. Que en los primeros considerandos se detallaron los recursos y su fundamentación y para no reiterar remito a ese resumen del que surge rechazada la caducidad de instancia acusada y la declaración de deserción. Quedan a tratar los recursos de la demandada y de la Aseguradora de Riesgos del Trabajo, además del interpuesto por la Municipalidad de Caleta Olivia a fs.86 vta. en actuación, concedido en relación y con efecto suspensivo y que al aclararse se limitaban a las costas que a su entender se debían imponer a la vencida (fs. 92) se concede en relación y con efecto diferido (fs. 93). El recurso se refería pues al tema de las costas en la excepción de incompetencia resuelta a fs. 86. Desde antiguo la jurisprudencia ha establecido que al no contener una resolución condena en costas se debe entender impuestas en el orden causado.
Ello es coherente con el allanamiento del actor de fs.80 al desplazamiento de la competencia y el art. 70 del CPCC. La demandada por otro lado debió entender que debían entenderse impuestas en el orden causado al apelar o pedir aclaratoria. Pero el recurso concedido en relación y con efecto diferido a fs. 93 se debe rechazar habida cuenta que no se lo fundó en la oportunidad del art. 256 del CPCC como lo establece en forma expresa el art. 248 del mismo cuerpo legal IX.- Que el Dr. Villalón Lescano al fundar el recurso interpuesto en representación de la Municipalidad de Caleta Olivia se agravia por que no se hiciera lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva. Argumenta que su parte ha dado cumplimiento a todas las prescripciones de la ley a fin de no verse involucrada en conflictos como el que nos ocupa.
Sostiene que contrató a una ART, denunció el siniestro, se ocupó de vigilar que la ART brindara las prestaciones dinerarias y en especie y se queja por haber sido condenada como responsable solidaria. Razona que se la condena por no haber sido acreditado el pago realizado lo que a contrario sensu, y según su entender entiende que si se hubiera acreditado el pago se la hubiera eximido de lo que extrae una injusticia para la Municipalidad quien cumplió todas las prescripciones y luego es condenada a reparar. En un segundo agravio ataca los valores otorgados como indemnización del daño material y del daño moral. Respecto del primero critica la utilización de una fórmula sin la debida adecuación al caso y condena al pago de una cuantiosa suma desproporcionada sin considerar la prueba aportada y el pago realizado por la ART y cita jurisprudencia.
Afirma que la aplicación de fórmulas conllevan (sic) a injusticias y que debe aplicarse las reglas de la sana crítica. Afirma que no se considera aspectos que dan cuenta de un actuar regular por parte de la empleadora y cita un sumario de jurisprudencia.
Imputa falta de fundamentación en el monto del daño moral condenado sin dar parámetros de donde surge el monto de $60000 por dicho concepto. Sostiene que se falló ultra petita toda vez que la demandada peticionó como justo el 30% del daño material que se supera en la sentencia.
En otro agravio se agravia por el monto de los honorarios regulados que violan la limitación del art. 730 del Código Civil y Comercial (antes 505 del Código Civil) y señala que la suma de $ 113.500 determinados se ha superado el 25% de la supuesta obligación.
Se agravia por la imposición de costas invocando el art. 68 del CPCC y 71 del mismo cuerpo legal. Afirma que existiendo triunfos y fracasos parciales la imposición de costas debió ser proporcional al éxito obtenido conforme el art. 71 del CPCC y realiza cálculos para graficar el error de la sentencia. Cita jurisprudencia y doctrina sobre el punto que se tiene presentes.
X. Que la codemandada ASOCIART S.A. ART expresa cinco agravios. En el primero de ellos se agravia por la valoración de la sentencia respecto de la responsabilidad fundada en el art. 1113 del Código Civil. Para ello se refiere al relato de la demanda respecto de una orden dada por el arquitecto Garrido que ordena al actor realizar las tareas de pintura de la forma que sea tuviera o no elementos adecuados para su gestión bajo apercibimiento de sanciones y cita el decreto 13338/96 que atribuye responsabilidad en la prevención al “conjunto de la organización” o sea la responsabilidad del empleador. Sostiene que la aseguradora puso a disposición del empleador cursos de capacitación y material didáctico de prevención pero no es dueña ni tiene poder en la empresa para prevenir lesiones y enfermedades profesionales.
Concluye que es responsabilidad del empleador. Sostiene que el magistrado al aplicar el art. 1113 del Código Civil debió tener en cuenta las eximentes que la normativa civil prevé, pues estamos frente a una acción de naturaleza civil que debe ser juzgada en tales términos. Recuerda que el actor sostiene su negligencia cuando decide subirse a una escalera que según el mismo dice no estaba en condiciones. Critica que por mera ideología y conjeturas consideró responsable al empleador y la ART. Sostiene que aún cuando el Sr. Juez entendiera que la ART no hubiera acreditado la realización de acciones preventivas, imputa al actor no haber actuado como un buen trabajador, ni señala cuales fueron los incumplimientos de la ART que generó el accidente.
Califica de absurdo que en cada obra debe existir un “policía de trabajo” detrás de cada empleado para advertir que está por realizar una maniobra incorrecta para evitar un accidente. Se refiere a negligencias del actor que dice no pueden conectarse causalmente con una supuesta omisión de mero carácter genérico ya sea del empleador o de la ART. Hace hincapié en que no surge de la sentencia la omisión concreta en que su mandante incurrió por la cual se hubiera evitado el accidente. Afirma que no hay nada que hubiera efectuado la ART que hubiera evitado el accidente. Dice que el actor se sintió confiado al subir a una escalera que podía romperse. Dice que hay un yerro de la sentencia pues quien tiene la carga de la prueba del incumplimiento de las medidas de prevención no son las codemandadas.
Recuerda que la sola existencia de un daño no acredita el incumplimiento del deber de prevención y sostiene que la obligación del art. 75 de la LCT es de medios no de resultados. Hace notar que la sentencia en definitiva pretende que la ART hubiera evitado a como ha lugar el accidente. Deduce que no existe elemento fáctico que permita aducir falta de control y de actividad preventiva imputable a la ART y por ello se deberá modificar la condena solitaria a su parte. Insiste en la culpa del actor al no acreditarse el nexo causal. Critica que el magistrado entendiera equivocadamente que ASOCIART S.A. ART detentaba un poder de policía respecto del cumplimiento de la normativa de seguridad e higiene de trabajo por parte del empleador y que no controló adecuadamente a la municipalidad de Caleta Olivia incurriendo en el supuesto de responsabilidad del art. 1074 del Código Civil.
Para rebatirlo sostiene que la normativa que rige su actividad, especialmente el art. 4º no permite sostener que las ART serán solidariamente responsables por las violaciones de la normativa de seguridad e higiene ni puede sostenerse que el Estado Nacional le haya delegado el poder de policía, que corresponde al estado. La ART no tiene facultad para obligar al empleador a llevar adelante una determinada conducta y su función es de asesoramiento, recomendación y evaluación que no pueden genera responsabilidad solidaria. Cita precedente de la CSJN in re “Rivero Mónica Elvira c/ Techo Técnica SRL” que entiende no fue dejada de lado por el precedente Torrillo (del que cita el voto del Dr. Lorenzetti), y otros precedentes de los que cita sumarios.
Pide se revoque la condena en forma solidaria contra su parte. En un segundo agravio critica el quantum indemnizatorio y sostiene que únicamente podría resultar condenada a abonar la tarifa prevista en la ley 24.557 y ningún otro más por ser extra sistémica. Critica que su mandante ha sido condenada a cumplir una obligación a la que jamás se obligó y carece de causa violando el derecho de propiedad por cuanto no percibió cuotas de afiliación más allá de las prestaciones a que se había comprometido y que abonó al actor y cita jurisprudencia. Hace notar que la empleadora no contrató una póliza de responsabilidad civil que lo mantuviera indemne de las consecuencias dañosas que genera su actividad sino un servicio en los términos de la ley 24.557.
Califica de yerro en la interpretación de la normativa aplicable al caso al condenarla en exceso de tal contratación. Destaca que los daños extrapatrimoniales no alcanza la obligación de su mandante en los términos de la ley 24.557. Critica que no se explique la fijación del quantum indemnizatorio. En subsidio pide se reduzca la sentencia en cuanto al monto a sus justos límites, teniendo en cuenta la real incapacidad y se descuente lo percibido en concepto de prestaciones dinerarias.
En un tercer agravio critica la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557 por cuanto se ignoró las consideraciones vertidas en “Gorosito” y que sin conocer la cuantía del daño no se puede realizar comparación alguna y cita jurisprudencia que se tiene presente para calificar de inconsistente la sentencia al no esta violada la garantía de la igualdad y sin explicar como se produce la afectación y se refiere a las demás prestaciones en especie. Pide se revoque la declaración de inconstitucionalidad.
En un cuarto agravio critica la imposición de intereses a la tasa activa desde el 9/12/04 hasta el efectivo pago por cuanto tales intereses implican una actualización monetaria vedada por la ley 25.561 que mantuvo la prohibición de indexar créditos regulado por la ley 23.928.
En un quinto agravio se queja por la imposición de costas y sostiene que más allá del principio objetivo de la derrota su parte cumplimentó debidamente los recaudos de la ley 24.557 y sus reglamentaciones . En subsidio se agravia por los montos regulados a los profesionales de la parte actora, demandada y peritos por considerarlos altos y sobredimensionados. Critica los honorarios de los peritos sosteniendo que se debe aplicar el Decreto 1813 /92 ratificado por ley 24.307 y pide se reduzcan las costas impuestas a su mandante. En cuanto a las costas de las demandadas deberán ser declaradas en el orden causado.
Reserva el planteo del caso federal por violar la sentencia la LRT y los arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional y ser arbitraria la sentencia. Pide se revoque la sentencia en todo lo que fuera materia de agravios y en el sentido peticionado.
XI. Que el apoderado del actor contesta el traslado de los agravios de los recurrentes. Con relación a los expresados por la Municipalidad de Caleta Olivia pide el rechazo por no aplicables jurídicamente a los hachos probados siendo la patronal quien a través de sus superiores impartió las órdenes de los trabajos en las condiciones expuestas que causaron el siniestro. Sostiene que los agravios están en contradicción con las pruebas cumplidas. Respecto del alegado cumplimiento de las prestaciones sostiene que probó que la municipalidad nunca dio cumplimiento a los preceptos de la ley 19.587 y su decreto reglamentario en lo que hace a elementos de seguridad, renovación de los mismos y condiciones de seguridad en especial escaleras condiciones consideradas por el magistrado en la sentencia.
Pide se rechacen los agravios respecto del monto de la condena y la califica de vergonzosa que no comprende el daño moral real, formulando consideraciones que importan agravios contra la sentencia que no se expresaron oportunamente, para concluir que mal pueden sentirse agraviados de una irrisoria sentencia casi favorable a la amortización del tiempo de litigio y pide el rechazo. Respecto de los agravios contra el monto de los honorarios sostiene que por el tiempo trabajado, calidad y extensión y complejidad mal puede sentirse agraviada y tras indicar los montos regulados pide se tenga presente que si se divide por el tiempo de litigio es casi absurdo calcular el costo de abonar los honorarios solidariamente con la ART y califica de poco ética dicha conducta.
Entiende que atentan contra la “LABORAL PROFESIONAL INDEPENDIENTE” y que son un MENOSPRECIO TOTAL a su labor como hombres de derecho y sumando los honorarios regulados considera una situación inexplicable y carente de sentido jurídico y fáctico pidiendo se rechace el agravio. Pide el rechazo del agravio con relación a la condena en costas y cita jurisprudencia de la Corte Suprema y de otros tribunales aunque no identifica los autos ni donde consultarlos para finalizar con consideraciones sobre la industria del juicio, conductas dilatorias lamentando que existen Tribunales o Alzadas que hacen lugar a sus presentaciones y los eximen de abonar las costas como corresponde. Pide se rechace la pretensión de la demandada de rechazo de la demanda y que la Cámara “en una medida ajustada a derecho, corregir las sumas determinadas por el Juez laboral e incrementar un monto que guarde mayor relación con el porcentaje de incapacidad determinada por el gabinete forense y la incapacidad psicológica concluida por el gabinete Psicológico”.
Contestando los agravios vertidos por la Codemandada ASOCIAR S.A. ART entiende deben ser rechazados en todos los puntos y por intentar eludir su responsabilidad directa por incumplimiento de la ley 19.587 y su Decreto Reglamentario 351/79 y lo previsto por el art. 1113 del Código Civil y la declaración de inconstitucionalidad de la ley 24.557 conforme el planteo del actor aun cuando se acreditó el incumplimiento de sus obligaciones de control, prevención y capacitación en relación a la actividad desarrollada por el actor con la patronal. Repite el punto 2 del traslado a los agravios de la Municipalidad agregando que se encuentran probadas las aseveraciones expuestas en la demanda respecto de las condiciones, capacitación, elementos de seguridad y de trabajo no pudiendo ser desconocidos por la ART la cual incumplió su deber de control.
También repite el punto 3 de los agravios de la empleadora pero ingresa a considerar el incumplimiento de la ASRT de sus efectivo deber de control y señala que no existen informes aportados por la misma en relación a elementos de seguridad condiciones de seguridad de escaleras reclamos de los trabajadores y ser instada por la ART para pretender eximir su responsabilidad solidaria y que la queja no se suficiente para revertir lo acreditado por el actor, Sostiene que no se aportó prueba de que hubiera puesto a disposición los cursos y materiales didácticos para cada área de trabajo y recuerda que tiene el deber de realizar informes porque su servicio es pago y recuerda que la ART cuenta con especialistas en seguridad e higiene cuya tarea es prevenir siniestros y que no debe pedir permiso.
Cita jurisprudencia que se tiene presente. En los mismos términos que utilizados para responder los agravios de la Municipalidad contesta los expuestos por la ART con relación al quantum de la condena y al monto de los honorarios. Reclama que se rechace lo pedido en el punto 4 del petitorio de agravios respecto del pretendido rechazo de la demanda. Solicita el rechazo de los agravios pero pide se modifiquen los montos de la sentencia y los honorarios aunque no sostuvo su apelación.
XII. Que entiendo que se han introducido lo que puede considerarse como broza que dificulta tener claro la cuestión a decidir. Por ello debe ser identificada y eliminada antes de ingresar al examen de los agravios de la empleadora y la ART. En primer lugar debe quedar claro que no se demandó a la ART, y si bien la parte actora planteó la inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley 24.557, manifiesta no haber podido verificar la existencia de un seguro vigente con una ART (ver fs. 41), aunque en el telegrama del 24 de octubre de 2005 menciona al ente ASOCIART. Es la demandada quien a fs. 76 vta. pide la citación como tercero de ASOCIART ART S.A. sin que la actora conteste el traslado del pedido de citación de tercero.
Ello se aclara con el proveído de fs. 106 en que se dispone la citación de ASOCIART ART S.A. en calidad de tercero (art. 94 del CPCC) es decir no como codemandada. Es más, a fs. 221 al contestar el traslado de las excepciones de ASOCIART S.A. ART en el capítulo 1.1. sostiene expresamente: “… En primer término, debe analizar V.S. que como claramente surge del objeto de la demanda del actor, éste no ha demandado a la Asegurador de Riesgos de Trabajo, limitando su pretensión judicial resarcitoria al sujeto directamente obligado que es el Municipio de Caleta Olivia. Esto es así por cuanto el reclamo patrimonial del actor surge dirigido al Municipio local por la existencia de un evento dañoso generado por el vicio o riesgo de la las cosas (art. 1113 del C.
Civil) y por su condición de propietario o guardián de la cosa peligrosa o riesgosa causante del daño. La citación a juicio de ASOCIART S.A. ART no ha sido requerida por mi parte y por ende, entendemos que las defensas que la misma opone, deben ser sustanciadas y resueltas en relación con la parte interesada en su concurrencia a juicio. Finalmente las costas por la participación de la ART deben serles opuestas al Municipio, en caso de prosperar las defensas articuladas en su concurrencia a este juicio.” El actor al contestar los agravios de las condenadas formula consideraciones sobre lo que considera errores de la sentencia en lo relativo al quantum y los honorarios pero hay que tener en cuenta que, si bien interpuso recurso de apelación, nunca expresó agravios motivos por el cual se lo tuvo por desierto (considerando I de esta sentencia) y mal pueden tratarse estas consideraciones sin violar el principio de congruencia y afectar el debido proceso, toda vez que serian pretensiones impugnativas de las que no se corrió traslado, y por ello con grave afectación al principio de bilateralidad.
En efecto, nuestro ámbito de conocimiento como tribunal de apelación está constituido, en principio, por las pretensiones de los escritos de inicio y de responde y, en segundo lugar, por el alcance que las partes han dado con la medida de los agravios o cuestiones apeladas descripto en la frase latina tantum devolutum quantum apellatum. Tiene su fundamento en el principio dispositivo o de iniciativa de parte como una derivación del principio de congruencia. Por otro lado cabe recordar que en nuestro ordenamiento procesal no existe una amplitud en la apelación como la “zweite erstinstanz” (segunda primera instancia) del antiguo derecho procesal alemán que permitía una completa revisión de la instancia anterior.
La disconformidad con el quantum de la indemnización puede expresarla, pero ella no tendrá nunca como efecto que pueda aumentar la condena habida cuenta que no se ha mantenido el recurso y en el caso se choca contra la prohibición de la reformatio in peius o sea perjudicar al apelante sin recurso de la contraria. Comentando un fallo de la Corte Suprema de Justicia in re “Lupo, Estrella” Fernando de la Rua explicaba:
“El proceso civil o penal, resume un sistema de garantías. No es posible olvidarlo sin descuidar su perspectiva fundamental. La norma básica es el art. 18 de la Constitución Nacional y la inviolabilidad de la defensa que él consagra… Una manifestación de esos derechos es el principio de correlación o congruencia, según el cual la sentencia debe limitarse a las pretensiones que forman el objeto del proceso: sententia debet esse conformis libelo”. La jurisdicción, pues, está relacionada con la acción: “ne ex iudex ultra petita partium”. Sin embargo, formulada la pretensión básica, hay casos en que el juez tiene amplitud para resolver: … ultra petita en materia laboral. Esa amplitud se da en la primera instancia.
Pero en segunda instancia el principio de congruencia tiene manifestaciones específicas; más limitantes y rigurosas, porque el juicio de apelación tiene un objeto propio, que son las pretensiones impugnativas de los recurrentes, y la voluntad de estos limita o condiciona más al juez del recurso. Sus agravios constituyen el ámbito exclusivo sobre el cual debe resolver: “tantum devolutum quantum apellatum”. Su competencia funcional está determinada por los motivos invocados por el recurrente en función de los agravios por el perjuicio ocasionado por el fallo. Debe considerarlos a todos y no puede apartarse de lo pedido (con todo, hay casos de anulación de oficio, cuestiones implícitas y puntos accesorios, que habrá que ver si hacen excepción o confirman la regla).
Esto significa que para habilitar al tribunal de alzada debe existir un recurso válido deducido por parte legítima que padezca un perjuicio e invoque un agravio, lo mantenga y no lo desista, y verse sobre cuestiones propuestas en la instancia inferior…” Respecto de la reformatio in peius señalaba: “En materia civil ya sido ampliamente reconocido, pese a alguna reticencia. Lo explicaron en su tiempo Chiovenda, Carnelutti y Calamandrei. En España, Jaime Guasp lo explicaba por “la diferenciación de objetos entre proceso de primera instancia y proceso de apelación”: la pretensión procesal en este último es distinta de la originaria, y consiste en la específica pretensión de impugnación… Entre nosotros pueden verse las referencias de Carlos J.
Colombo y Manuel Ibáñez Frocham, entre otros. La prohibición de “reformatio in peius” institución universalmente reconocida para todo proceso, que en nuestro derecho reviste jerarquía constitucional, significa que con motivo del recurso y a falta de recurso contrario no se puede agravar, perjudicar o empeorar la situación obtenida por el recurrente, de modo que se contraríe el objeto defensivo del recurso y se lo prive de su finalidad específica de obtener una ventaja o un resultado más favorable del proceso.”(ver en Revista La Ley t. 1982 B pág. 102)
XIII. Que por una cuestión de lógica ingresaré en primer término al tercer agravio de la ART (citada como tercero) en que ataca a la declaración de inconstitucionalidad de una serie de artículos de la ley 24.557 realizada en la sentencia en el punto 1 del fallo.
Sobre el tema recuerdo que me pronuncié en el mismo sentido que la sentencia en crisis, en disidencia con la Dra. Ruata de Leone que llevó la responsabilidad del primer voto in re “Novoa, Luis Alejandro c/ Municipalidad de Puerto Deseado s/ ordinario” en diciembre de 2010 y entiendo que los agravios no conmueven la inconstitucionalidad decretada por el magistrado de primera instancia. En aquellos autos me pronuncié por la inconstitucionalidad de la ley que reiteré en otros autos (y mantengo el criterio, demás está decirlo) sosteniendo, en aquella oportunidad, en lo principal:
“… toda vez que antes de examinar las demás cuestiones propuestas, debe decidirse si es admisible el agravio contra la declaración de la inconstitucionalidad de los artículos 1, 2, 6, 36 y 49 de la ley 24.577 que vedan la acción civil. … y la inconstitucionalidad del art. 39 de la LRT lo cierto es que la declaración de la inconstitucionalidad de los artículos 1,2,6 y 49 es una consecuencia de la declaración de la invalidez del art. 39 en cuanto impone una limitación en lo que hace a la responsabilidad civil y a la legitimación pasiva… En la sentencia dictada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “AQUINO, Isacio c/ CARGO SERVICIOS INDUSTRIALES SA.” dictada el 21 de septiembre de 2004, se expidió por el voto de seis de sus miembros.
Tres de ellos, los Dres. Petracchi, Zaffaroni e Highton de Nolasco determinan que el art. 39 inc. 1 es inconstitucional, mientras que los tres restantes expresan que en el caso concreto la norma es inconstitucional. Comulgo con la opinión sostenida por los Dres. Petracchi y Zaffaroni en su voto conjunto y por su voto por la Dra. Highton de Nolasco, toda vez que, aún siguiendo a los Dres. Belluscio, Maqueda o Boggiano advertimos sin dificultad que el sistema de la ley 24.557 excluye la indemnización del daño moral, perdida chance, el daño a la integridad física o estética. Coincido con los primeros en que como ya lo venía sosteniendo la Corte (Fallos 308:1118 “Gunther…” considerando 14), el art. 19 de la Constitución Nacional establece el principio que prohíbe a los hombres perjudicar a otros, el “alterum non lædere” de los romanos; que el hombre es eje y centro del sistema jurídico y en tanto fin en si mismo; que por sus características el trabajo humano debe ser considerado con criterios propios que exceden el mero mercado económico y que se apoya en principios de cooperación, solidaridad y justicia con cita de otros precedentes (considerando 3º).
Se hace hincapié y lo comparto que, en este voto conjunto de los Dres. Petracchi y Zaffaroni recordaran (Fallos 268:112,114) que es inconstitucional una indemnización que no sea justa mientras no se exima de todo daño y perjuicio (criterio establecido en materia de expropiaciones in re “Provincia de Santa Fe c/ Niccchi”) propósito que no se logra si el perjuicio subsiste en cualquier medida no solo en materia patrimonial sino en la protección de la integridad física, psíquica o moral y advierten acertadamente que la eximición de responsabilidad impugnada beneficia a un empleador que no ha sabido respetar al “alterum non lædere” por lo que la reparación de un infortunio laboral merece mayor protección y que la Corte reconoció la aplicación del art. 21 inc. 2º de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en casos de violaciones al derecho a la vida.
Llegan a la conclusión que el propósito perseguido por el legislador mediante el art. 39 inc. 1 no fue otro que consagrar un marco reparatorio de los infortunios laborales de menores alcances que los derivados del Código Civil, y en consecuencia se aparta de la concepción reparadora integral al no permitir indemnizaciones por ningún otro daño que no sea la perdida de la capacidad de ganancias que resulta conmensurable en forma restringida recordando los encendidos debates en las dos Cámaras del Congreso en torno de su constitucionalidad. Hacen notar estos magistrados que el ingreso base del art. 12 inc. 1º solo toma en cuenta los ingresos del damnificado derivados del trabajo en relación de dependencia, limitados solo a los de carácter remuneratorio, sujetos a cotización y con un quantum máximo, es decir que sólo se indemnizan daños materiales y dentro de estos únicamente el lucro cesante: perdidas de ganancias que evalúa menguadamente.
Se invoca en este voto común el art. 14 bis de la Constitución Nacional que manifiestamente no ha tenido otra finalidad que hacer de todo hombre y mujer trabajadores sujetos de preferente tutela Constitucional, manda constitucional de 47 años cumplidos, agigantada y fortalecida por la singular protección reconocida a todo trabajador en textos internacionales de derechos humanos (que hoy tienen jerarquía constitucional) enumerándolos, así como opiniones consultivas. Se hace notar que los estados tienen el deber de garantizar el ejercicio y disfrute de los derechos de los individuos en relación con el poder y con la actuación de terceros particulares. Recuerda que las víctimas de infortunios laborables entran en el terreno de las personas con discapacidad por lo que frente a un grupo vulnerable los gobiernos deben hacer mucho más que abstenerse de adoptar medidas que pudiera tener repercusiones negativas de allí la obligación de adoptar medidas positivas para disminuir las desventajas estructurales, que no condice con retacear la indemnización o eximir de responsabilidad explicando que el deber del Congreso al establecer reglamentaciones en el ámbito de la protección de los trabajadores dañados por un infortunio laboral es “hacerlo en el sentido de conferir al principio “alterum non lædere” toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva implican 'alterar' los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28).
De tal manera, el proceder legislativo resultaría, además acorde con los postulados seguidos por las jurisdicciones internacionales en materia de derechos humanos.” (considerando 9). Ponen estos juristas en su voto de resalto que es notorio que al excluir la LRT la vía reparadora del Código Civil eliminó, para los accidentes y enfermedades laborales un instituto tan antiguo como este último, calificándolo de retroceso legislativo en el marco de protección y el principio de progresividad por el cual el Estado se compromete a adoptar medidas,… para lograr progresivamente… la plena efectividad de los derechos aquí reconocidos (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales art. 2.1) tendiente a la mejora continua de las condiciones de existencia (art. 11).
El principio de progresividad se enuncia también en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. (considerando 10). Se invoca además la Declaración Universal de Derechos Humanos. Con este fundamento del Bloque Constitucional establecen que “el hecho que los menoscabos a la integridad psíquica, física y moral del trabajador prohibidos por el principio “alterum non lædere” deban ser indemnizados sólo en los términos que han sido indicados (supra considerando 6º) vuelve al artículo 39 inciso 1º de la LRT contrario a la dignidad humana ya que ello entraña una suerte de pretensión de ratificar a la persona, por vía de considerarla no más que un factor de la producción, un sujeto del mercado del trabajo…” (considerando 11).
En el considerando siguiente se invoca la falta de armonía contra otro principio señero de nuestra Constitución Nacional y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos tal la justicia social citando el caso Berçaitz en Fallos 289:430 donde en 1974 la Corte se expide en un caso de reajuste de la jubilación municipal el caso Mazza sobre la misma materia en Fallos 293:26 y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirmando que la LRT agravó la desigualdad de las partes que regularmente supone la relación de trabajo formulando lo que califica de preferencia legal (considerando 12). Los Ministros Belluscio y Maqueda llegan a la conclusión de que el art. 39 inc. 1º deviene inconstitucional en el sub examine en cuanto exime al empleador de responsabilidad civil por cuanto se había determinado que en el caso se había afectado la obligación de reparar y por esta conclusión establecen que se torna inoficioso que el tribunal se pronuncie a la luz de otros principios, valores y preceptos de la Constitución Nacional.
La Sra. Ministro Highton de Nolasco, como los ministros Petracchi y Zaffaroni entiende por los mismos motivos que cabe conferir al principio “alterum non lædere” toda la amplitud que éste amerita, y evitar la fijación de limitaciones que, en definitiva implican 'alterar' los derechos reconocidos por la Constitución Nacional (art. 28) y que al vedar la ley de riesgos del trabajo la promoción de toda acción judicial tendiente a poder demostrar la real existencia y dimensión de los daños sufridos por el trabajador y disponer la exención de responsabilidad civil para el empleador cercena de manera inconciliable con los principios constitucionales, el derecho a una reparación íntegra. Ello implica la frustración de la finalidad esencial del resarcimiento de los daños sufridos a la integridad psicofísica del trabajador al admitir solamente la indemnización de la pérdida de ganancias del trabajador, mensurada de manera restringida.
Explica que esta discriminación no tiene apoyo razonable en el texto constitucional y que la exención de responsabilidad del empleador constituye un elemento distorsionante de la relación laboral constituyendo un retroceso en la concepción humanista desarticulando un sistema construido a través de los años. Afirma que es contrario a las normas constitucionales y principios generales del derecho que el causante de un daño se exima de las consecuencias de su accionar ilícito, defecto no superado por la automática asignación de una prestación dineraria a la víctima desvincula de la realidad del perjuicio. No obstante el título del trabajo de Vázquez Vialard citado por mi distinguida colega en el Acuerdo me permito recordar que al final del trabajo expresa el nombrado que: “Estimamos que, de acuerdo con la doctrina que surge del caso Aquino, los criterios que se establezcan a fin de determinar el monto de la reparación del daño deben contemplar, entre otros, el de carácter moral que ha sufrido la víctima; que no sólo corresponde compensar el lucro cesante (por lo común, vinculado con la capacidad de ganancia); que la integridad física que pudo ser afectada “en si misma tiene un valor indemnizable”; considerar la “chance” perdida en cuanto a la mejora de sus posibilidades profesionales, por parte del trabajador víctima del daño.
Dichos factores pueden calcularse por separado, o incluirse en tarifa total con expresa aclaración de ello.” Es decir que en este último párrafo se está reconociendo que existen rubros que la propia LRT excluye por lo que no existe obstáculo para determinar en abstracto que la ley 24.557 agravia principios del bloque constitucional como se señala en los votos que en lo principal enumeré. A continuación del trabajo de Vázquez Vialard existe en la “Revista de Derecho Laboral –Fallos recientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” del año 2004, citado en el primer voto, en la página 155 un excelente trabajo de Eduardo Álvarez quien aplaude el “esperado retorno a la seriedad científica a la Argentina” quien destaca la transgresión por la LRT de los principios de igualdad y de progresividad al calificar como retroceso legislativo expresando como colofón a la pregunta ¿Después de Aquino que?
Con una respuesta concreta: Después de Aquino el Derecho. Disiento con mi distinguida colega respecto de que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Aquino, amplió el sendero abierto en “Gorosito…” de manera tal que no sería necesario demostrar que la aplicación al caso concreto comporte postergación o frustración de los derechos de la reparación. Ello desde el momento que la LRT no otorga una reparación justa desde que niega rubros que otorga el principio civil y exime de responsabilidad a quien no ha respetado el “alterum non lædere”. Por ello me pronuncio por confirmar la sentencia en cuanto declara la inconstitucionalidad del art 39 inc. 1 de la ley 24.557…”
Por ello entiendo que la sentencia en crisis es justa en este aspecto y debe ser confirmado el punto 1 de la sentencia toda vez que la ART en sus agravios no conmueven los fundamentos del magistrado. Así lo voto.
Y establecido ello se llega a la conclusión que el agravio de la demandada por el rechazo de la falta de legitimación pasiva debe ser rechazado desde el momento que se apoya en el cumplimiento por su parte de las prescripciones de la ley (se entiende ley 24.557. Ello habida cuenta la declaración de inconstitucionalidad (no cuestionada por su parte) de algunos de los artículos de la ley 24.557 especialmente el art. 39 inc. 1, motivo por el cual su pretensión de no ser responsable de las consecuencias del accidente por haber cumplido con las prescripción de la ley carecen de fundamento y no rebaten los argumentos de la sentencia. En efecto no debemos olvidar que el magistrado imputa responsabilidad y nexo causal al establecer que: “…el infortunio obedeció al riesgo propio de la actividad impuesta por el empleador al ordenar al trabajador la realización de tareas sin protección adecuada…” y que el accidente se habría producido con motivo de la rotura de la escalera…” argumentos que no fueron rebatidos en agravios. Debe ser rechazado este agravio.
La lógica impone ingresar en el primer agravio de ASOCIART ART S.A. es decir si existe responsabilidad de esta aseguradora extra sistema. Al contestar los agravios el actor invoca que la ART no efectuó el control debido a través de sus funcionarios. Por cédula 590/10 se requirió de la demandada la remisión entre otros elementos de las constancias de supervisión o fiscalización periódicas de las condiciones de trabajo por parte de la ART durante el tiempo de la relación laboral anteriores a su cese según las reglas de la ley 24.557, en el expediente 2010-3144-1 donde se agregaron recibos de sueldo, contrato de afiliación (fs. 28/31 ) Cartas documento emitidas por el actor (fs. 35/38)y constancia de visita de Asociart de asesoramiento técnico (fs.39/44) pero fechada el 8 de marzo de 2005, es decir con posterioridad al accidente ocurrido el 9/12/2004, a estar a las constancias de la causa (fs. 20, 21, y reconocimiento de fs. 74 punto 17) por lo que se estima un error del año en la fecha consignada a fs. 37 vta. párrafo 5º.
No surge de autos constancia de actividad preventiva de la Aseguradora antes del accidente. En el escrito de demanda se dirige la acción únicamente contra la Municipalidad de Caleta Olivia y a fs. 221 se aclara que no se ha demandado a la aseguradora de riesgos de trabajo y que la pretensión resarcitoria está limitada a la Municipalidad de Caleta Olivia. No se alegó en el inicio incumplimientos de la ART. Cuando la demandada a fs. 76 vta. capítulo VIII ya había opuesto como defensa de fondo la contratación de un seguro de ART a favor del actor entre otros agentes y la funda en el art. 94 del CPCC y art. 118 de la ley Nacional de Seguros. No existe en la demandada, cuando pide la citación, imputación de incumplimiento de su deber de contralor respecto del cumplimiento del plan de mejoramiento de cada empresa que deben calificar el nivel de riesgo de sus clientes y la elaboración de un plan de mejoramiento dispuesto y el control del cumplimiento integro y seguro, como aparece como fundamento en la sentencia mediante la cita en negrita de un fallo de la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo ( ver fs. 680 vta.).
Le asiste razón a la quejosa en que en el texto de la sentencia no se expresa cual fue la omisión concreta de su parte por la que se hubiera evitado el lamentable accidente. Para evitar el accidente la ART debió examinar el día del hecho la escalera utilizada marcando las deficiencias que impedían su uso seguro y denunciando su uso si no se atendía a sus recomendaciones. Y digo el día del accidente toda vez que una semana antes la escalera pudo haber estado en condiciones de uso. Ello sin perjuicio que es más seguro para trabajos en altura el uso de andamios con arneses y que por otro lado no hay que ser experto en seguridad para que un oficial pintor pueda advertir que una escalera no está en condiciones de uso seguro.
No se achaca por ninguna de las partes ese incumplimiento a ASOCIART S.A. ART ni en el escrito de inicio, ni en la citación como tercero es decir no se le dio la posibilidad de defensa. Se ha violado el principio de congruencia y el de defensa en juicio. Considero que al no surgir de autos la relación de causalidad entre el daño y la conducta de la ART es que debe admitirse el primer agravio de ASOCIART S.A. ART. y limitarse el monto de la condena solidaria al monto que debió afrontar y abonar al actor y que no obstante sus manifestaciones no acreditó haber abonado. Tomo esta decisión después de una evaluación cuidadosa y teniendo en cuenta que su derecho se encuentra asegurado por la solvencia que tiene la empleadora, como persona de derecho público.
Esta solución si es compartida en el Acuerdo vuelve abstracto (sin perjuicio de los agravios de la Municipalidad demandada) el segundo y cuarto agravio de la citada en garantía, y propongo que así se declare.
Se observa que el agravio de la Municipalidad de Caleta Olivia respecto del daño material no se señala donde se encuentra el error del magistrado al utilizar la denominada “formula Vuotto para lo cual tomó en cuenta como factores preponderantes la edad del actor la remuneración percibida fecha del accidente y el grado de incapacidad. Aparte de esa falta de crítica concreta y no surgiendo de los fallos que se transcribe en agravios un error en la sentencia, no debemos olvidar que desde mas de tres décadas el Excmo. Tribunal Superior de Justicia promueve el uso de fórmulas matemáticas financieras como forma de llegar a una cuantificación del daño ponderando la disminución de ganancias por la incapacidad, en abstracto, toda vez que aunque hubiera seguido percibiendo el mismo ingreso con el mismo empleador no quita que la incapacidad pudo frustrarle la posibilidad de mejoras.
Respecto del uso de la fórmula matemática financiera, recordé en un voto que: “...es bueno recordar que en la eterna búsqueda de la mas justa indemnización, nuestro Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “siendo que en definitiva se impone con mayor vigor el criterio de instrumentar las técnicas matemáticas financiera para el cálculo del lucro cesante, sin perjuicio de que el prudente arbitrio judicial sirva para llenar las incógnitas que contenga la fórmula, inclusive, aunque el resultado obtenido luego aumente o disminuya a raíz de determinadas circunstancias concurrentes en el caso. Se debe arribar, por lo expuesto, de tal manera a una coalición entre lo objetivo y lo particular, siendo así y debiendo prevalecer tales elementos para fijar la indemnización...” in re “GARCIA, Alicia del Carmen c/ EMPRESA PARENTI MAI S.A. s/ laboral” Tomo II TSJ registro 87 folio 383/92, y tras reconocer que en épocas de gran inflación podría haber distorsiones por cuanto la inflación “impedía una precisión resarcitoria” (in re “Jara Osvaldino c/ EMPRESA VARONE s/ laboral” tomo I TSJ Sentencia, registro 50 folio 203/6).
La casuística jurisprudencial sobre el tema muestra la inquietud por llegar a un resultado justo, corrigiendo los errores y desajustes a los que puede llevar la aplicación a ultranza y sin razonamiento de la fórmula. Es por ello que la llamada fórmula matemática financiera no debe ser seguida a rajatabla, sinó que se la debe usar como una pauta mas para llegar a un resultado justo, para lo cual se recurre a factores correctivos, para lo cual se comenzó por descontar lo que la propia víctima consumía o utilizaba en su propio provecho en los casos de muerte, toda vez que en caso contrario los herederos recibirían una renta superior al aporte que recibían de la víctima. Después se advirtió que debía tomarse un promedio y no la mejor remuneración, ponderando el grado de parentesco y la asistencia que ésta le brindaba (Tomo II TSJ registro 80, folio 340/51) tomándose el ingreso bruto con la deducción del 15% en concepto de retenciones de ley, dándose precisiones en fallos posteriores a la forma de practicar el descuento de los haberes abonados con posterioridad al accidente en proporción a la incapacidad laboral (tomo IV TSJ sentencia, registros 129 y 135, folios 612/6 y 653/6).
Como se advierte de este resumen nuestro Tribunal Superior de Justicia se encuentra en la búsqueda de una constante superación de los factores de error, para obtener mayor exactitud resarcitoria, tónica a la que no permanece indiferente esta Cámara y que demuestra que el ataque a la aplicación de la fórmula matemática financiera es inaceptable por el rango casasorio de los fallos citados” (Conf. mi voto en los autos registrados al tomo XXVI sentencias, reg. 952, fº 5249/60). Como se advierte no se trata del empleo automático de la formula sino que se ha propiciado la aplicación de diversos factores de corrección para evitar distorsiones según las características del caso. Pero, en caso de autos estimo que se ha llegado a un resultado justo y equitativo, teniendo en cuenta la edad del actor, sus haberes, edad y porcentaje de incapacidad.
Los agravios de la citada como tercera ataca el punto desde otro ángulo centrado en el monto de su responsabilidad como aseguradora y ya establecí que resulta abstracto. Me pronuncio por el rechazo del agravio.
Al agraviarse del quantum del monto otorgado por daño moral estima que se ha fallado ultra petita tomando en cuenta lo reclamado en el inicio donde unificó el daño moral y el daño psicológico (fs. 61 vta.) aunque luego considera al psicológico como diferenciado pero accesorio del daño moral y entiende que se debe valorar las lesiones estéticas y pidió que se “debe fijarlo en un monto no inferior al 30% del monto total que resulte del capital de condena”. Es decir que el agravio no se ajusta a lo peticionado por el actor que estimó el rubro no en un 30% cuando se pidió se lo fijara en un monto no inferior al 30% que es distinto.
He dicho, en repetidas oportunidades, que el daño moral no tiene porque ser una proporción del daño material, toda vez que, hay hechos que producen solo daño material y no daño moral: Un camión destroza mi automóvil que estaba estacionado, sin nadie en su interior. Tengo daño material y sufro molestias, pero no puede decirse que se me haya ocasionado daño moral, salvo muy especiales circunstancias que se deben probar. Y, hay casos en que, el daño moral, es el único que se produce: muerte de un padre o una madre valetudinarios, sin ningún ingreso ni patrimonio, de quienes no se recibe ningún tipo de ayuda, supuestos en que, el principal daño es moral, y, el daño material, está circunscrito a los gastos de sepelio o de atención médica.
Valga como ejemplo por cuanto estamos en el caso de incapacidad donde el ejemplo puede variar en la edad de la víctima: una persona fuera de la actividad, jubilado sin ejercicio de trabajo rentado puede no tener daño material pero si ser mayor el daño moral, que ahora se lo denomina consecuencias no patrimoniales. Ergo: No hay irrazonable aplicación, en este caso, del art.1078 del Código Civil, en cuanto establece que, la obligación de resarcir el daño causado por los actos ilícitos comprende, además de la indemnización de pérdidas e intereses, la reparación del agravio moral ocasionado a la víctima. Por daño moral se debe entender toda lesión que ocasiona a la víctima, sufrimientos, padecimientos, dolores, molestias, atacando sus afecciones legítimas.
Se ha distinguido, en doctrina, entre el daño moral, que es el género, que comprende toda lesión a las afecciones legítimas, y el “agravio” que, es, específicamente, la lesión a esas afecciones provocada intencionalmente por el responsable. Esta distinción nace, en doctrina, según la posición que se adopte, considerando que la indemnización tenga, o bien carácter resarcitorio, o bien punitorio o sancionatorio. Quienes apoyan a la primera posición, parten del lesionado y los segundos, parten del victimario. El actor sufrió un accidente que le provocaron fracturas que obligaron a tratamientos médicos y operaciones, con el consiguiente dolor, molestias e inseguridad sobre el resultado final. El criterio actual que surge del Código Civil y Comercial en su art. 1741 en su último párrafo opta por denominarlo más técnicamente como consecuencias no patrimoniales y establece que se debe fijar la indemnización ponderando las satisfacciones sustitutivas y compensatorias que pueden procurar las sumas reconocidas.
El magistrado lo estimó en la suma de $ 60.000 a la fecha de la sentencia y dentro de esa suma tuvo presente el tratamiento psicoterapéutico de 32 sesiones sugerido por el Licenciado Diego Gaitán. No encuentro elementos para admitir este agravio y propongo confirmar el rubro. Ingresaré en el tratamiento del agravio de ambas partes relativo a la imposición de costas, que aunque común a mi entender debe tener distinta solución.
Con respecto del agravio relativo a las costas formulado por la Municipalidad de Caleta Olivia debo adelantar que como vencida debe soportar el total de las costas. En ese sentido, me he pronunciado en repetidas oportunidades. Este tribunal, ya desde su anterior composición se encuentra adherido a la posición que hace jugar el principio objetivo de la derrota, y comparte la jurisprudencia que estableció que:
“La noción de vencido (la cual indica que debe soportar las costas) ha de ser fijada con una visión sincrética del juicio; y no por análisis aritméticos de las pretensiones y los resultados. Con tal base es notorio que las costas deben ser impuestas íntegramente a la parte que se opuso negando la procedencia de la pretensión, pues aunque el pedido fuera exagerado cuantitativamente, la litis resultó igualmente necesaria al no haber la demandada pagado aquello procedente.” (Cámara Nacional Comercial, Sala D del 30-7-82 en autos Carrizo de Orieta C. W. c/ Pagano A. en La Ley 1982-D-465)
es decir que, el hecho objetivo de la derrota, no sufre menoscabo con la sola circunstancia que la acción no prospere en su totalidad, toda vez que, el actor, se vio forzado a litigar, ante la negativa de la contraparte de reconocer sus derechos, y que, al responder, no se allanó a pagar los rubros finalmente admitidos. Se debe confirmar la imposición de costas, contenida en la sentencia, que fuera materia de agravios por el empleador.
Respecto de las costas irrogadas por ASOCIART S.A. ART como citada como tercero, entiendo que ellas deben ser soportadas en principio por la demandada en su condición de vencida, por el principio objetivo de la derrota (art. 68 del CPCC), como también se resolvió en antecedentes al resolver el agravio relativo a la solidaridad. Pero entiendo que en este caso Por ello en el caso de la citada como tercero, si mi propuesta es aceptada por el Acuerdo, al ser modificada la condena solidaria entre ellas, debe imponerse en el orden causado como lo pide expresamente y con negrita la representación de la citada ASOCIART S.A. ART a fs. 702, apartándonos de lo que corresponde (que debería cargar con ellas la demandada que solicitó su citación) en razón del principio dispositivo y lo solicitado expresamente. Finalmente respecto del agravio relativo al monto de los honorarios que habrían violado la limitación del art. 730 del Código Civil y Comercial que los establece en el 25% del total de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Debemos recordar que establece el Código que “si las regulaciones de honorarios practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales correspondientes a todas las profesiones y especialidades, superan dicho porcentaje, el juez debe proceder a prorratear los montos entre los beneficiarios. Para el computo del porcentaje indicado no se debe tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que han representado, patrocinado o asistido a la parte condenada en costas.” Este último párrafo no es tenido en cuenta por el recurrente quién a fs. 689 vta. primer párrafo toma en consideración el total de honorarios de todos los profesionales. A los fines del agravio debe hacerse una aclaración respecto de los porcentajes de la ley 3330 y la limitación del art. 730 del Código Civil y Comercial que como dije pone un tope del 25% del valor del total de la sentencia aparecen como enfrentados y chocan también contra lo dispuesto por el art. 277 de la LCT en el mismo sentido. Es una cuestión interesante, con dos soluciones posibles, y que fue resuelto por este tribunal, in re “ALVAREZ SAAVEDRA, Claudia Raquel c/ VALENTE, Oscar y FUENTES, Rosa s/ Laboral-cobro de pesos”, Expte. Nº 14.709 del año 2011, dictada el 11 de mayo de 2018,(ver Tomo LXXXIX, registro 2719, fº 167/170, donde nos apartamos de la sencilla solución empleada hasta ese momento.
Para ello debimos recordar que el art. 90 de la ley 3330 dispone que “esta ley no modifica disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes.”
Cabe preguntarse si el art. 22 de la ley 1444, el art. 277 ultima parte conforme ley 24.432 o el art. 730 del Código Civil y Comercial se encuentran derogado en el primer caso por el art. 91 de la ley 3330 o limitado en el ámbito provincial. Y para desentrañar el interrogante se debe resolver si se trata o no de una disposición arancelaria especial. Respondo que, a mi entender, el art. 22 de la ley 1444 se encuentra alcanzado por la derogación dispuesta por el art. 91 de la ley 3330 habida cuenta que establece un tope a las regulaciones de letrados y apoderados de la parte vencedora, mientras que el art. 90 de la misma ley se refiere a disposiciones arancelarias especiales contenidas en otras leyes.
(verbigracia ley de concursos y quiebras). Establecido ello cabe establecer como juega la norma del art.730 del Código Civil y Comercial. De conformidad con el art. 2 del Código Civil y Comercial creo que la interpretación de esta norma se debe realizar teniendo en cuenta sus palabras, sus finalidades, las leyes análogas y las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos, de modo coherente con todo el ordenamiento. Ello quiere decir que para ser coherentes con todo el ordenamiento, debemos entender, analizando las palabras, que el art. 730 del Código Civil y Comercial y 277 de la LCT no pone un tope al porcentaje sobre el monto juicio para el cálculo del honorario, sino a la responsabilidad que cabe al derrotado por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales, de tal modo que el vencido sólo responde por las costas de primera o única instancia hasta el 25% del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo.
Es decir son de aplicación las normas y porcentajes de la ley de arancel local, pero el vencido sólo responde hasta el porcentaje del 25% referido, previo prorrateo entre los beneficiarios. Queda claro que conforme el art. 730 del Código Civil y Comercial establece que la responsabilidad por el pago de las costas procesales, incluidos los honorarios profesionales de todo tipo allí devengados y correspondientes a la primera o única instancia, no excederán del 25% por ciento del monto de la sentencia, laudo, transacción o instrumento que ponga fin al diferendo. Y cuando las regulaciones practicadas conforme a las leyes arancelarias o usos locales exceden ese porcentaje, sin tomar en cuenta el monto de los honorarios de los honorarios de los profesionales que patrocinaron o representaron a los vencidos, se deberá prorratear para determinar hasta cuanto responde el vencido.
Ello sin perjuicio del derecho del profesional a reclamar a su cliente las diferencias (art. 69, 73, 74 y concordantes de la ley 3330). Las regulaciones efectuadas en la sentencia resultan acordes con las tareas realizadas como letrados y apoderados por los profesionales beneficiarios de las mismas y deben ser confirmadas. Debe, eso sí, rechazarse la pretensión de fs. 701 vta. in fine de aplicación de la ley 24.307 en su art. 33 para los peritos habida cuenta que en la provincia rige la ley 3276 y no se indicó error en la regulación. Así lo propongo al Acuerdo.
XIV. Que en función de lo expuesto entiendo que la sentencia en algunos aspectos parciales no es justa. Así debe admitir parcialmente el primer agravio de la citada como tercero limitando su responsabilidad a la que surge del aseguramiento otorgado, modificar la imposición de costas a las demandadas entre ellas debiendo cada una soportar sus costas como se pide a fs. 702 por el principio dispositivo, y limitar la responsabilidad por las costas de los demandados frente al actor con el alcance indicado en el art. 730 del Código Civil y Comercial sin perjuicio del reclamo al cliente que puede realizar el profesional. Corresponde declarar abstracto el segundo y cuarto agravio expresados por ASOCIART S.A. ART y rechazar los restantes expresados por las partes. A LA SEGUNDA CUESTION la Dra. Bard dijo:
XV. Coincido con el voto que formula el anterior votante y por sus mismos fundamentos. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XVI. Que en función de los argumentos desarrollados en mi voto propongo dictar el siguiente pronunciamiento que pongo a consideración del siguiente pronunciamiento: 1º) Declárase desierto el recurso interpuesto a fs.685 por no haberse expresado agravios oportunamente. 2º) Rechácese el recurso con efecto diferido de fs. 93. 3º) Rechácese el planteo de deserción de fs. 716 tenido como planteo de caducidad en los términos del art 288 inc. 2º por el Juzgado a fs. 717. 4º) Admítase el primer agravio de ASOCIART S.A. ART y limitar su responsabilidad al monto cubierto por el seguro de riesgos de trabajo. 5º) Modifíquese la responsabilidad por las costas entre la demandada y la citada como tercero imponiéndolas en el orden causado como se propuso a fs. 702 y rechácese la pretensión de aplicarse la ley nacional 24307 habida cuenta que rige la ley 3276 de esta provincia. 6º)Confírmense los honorarios regulados a los profesionales, pero limitando al 25% del monto de la sentencia la responsabilidad por el pago de las costas incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera instancia, sin tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que representaron o patrocinaron a las condenadas en costas (art. 730 Código Civil y Comercial y art.277 LCT). 7º) Declárense abstractos el segundo y cuarto agravio de los expresados por ASOCIART S.A. ART. 8º) Rechácense los demás agravios de los recurrentes y confírmese la sentencia en cuanto no fue materia de agravio procedente, y los honorarios regulados en ella, con costas en la instancia a las vencidas por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 9º) Regúlese el honorario del Dr. Walter Esquivel como letrado apoderado de la parte actora en la suma de trece mil doscientos pesos, el correspondiente al Dr. Carlos Enrique Linares como letrado apoderado de ASOCIART S.A. ART en la suma de Diez mil quinientos pesos y el correspondiente al Dr. Franco Matías Villalón Lescano como letrado apoderado de la Municipalidad de Caleta Olivia en la suma de nueve mil quinientos (arts. 1, 2, 3, 13, 18, 24, 29 y concordantes de la ley 3330). 10º) Téngase presente la reserva del caso federal formalizada a fs. 702. 11º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XV. Considero justa y equitativa la propuesta formulada precedentemente. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia.
Caleta Olivia, 11 de Julio de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales, doctrinarias y jurisprudenciales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Declárase desierto el recurso interpuesto a fs.685 por no haberse expresado agravios oportunamente.
2. Rechácese el recurso con efecto diferido de fs. 93.
3. Rechácese el planteo de deserción de fs. 716 tenido como planteo de caducidad en los términos del art 288 inc. 2º por el Juzgado a fs. 717.
4. Admítase el primer agravio de ASOCIART S.A. ART y limitar su responsabilidad al monto cubierto por el seguro de riesgos de trabajo.
5. Modifíquese la responsabilidad por las costas entre la demandada y la citada como tercero imponiéndolas en el orden causado como se propuso a fs. 702 y rechácese la pretensión de aplicarse la ley nacional 24307 habida cuenta que rige la ley 3276 de esta provincia.
6º)Confírmense los honorarios regulados a los profesionales, pero limitando al 25% del monto de la sentencia la responsabilidad por el pago de las costas incluidos los honorarios profesionales, de todo tipo, allí devengados y correspondientes a la primera instancia, sin tener en cuenta el monto de los honorarios de los profesionales que representaron o patrocinaron a las condenadas en costas (art. 730 Código Civil y Comercial y art.277 LCT).
7. Declárense abstractos el segundo y cuarto agravio de los expresados por ASOCIART S.A. ART. 8º) Rechácense los demás agravios de los recurrentes y confírmese la sentencia en cuanto no fue materia de agravio procedente, y los honorarios regulados en ella, con costas en la instancia a las vencidas por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC.
9. Regúlese el honorario del Dr. Walter Esquivel como letrado apoderado de la parte actora en la suma de trece mil doscientos pesos, el correspondiente al Dr. Carlos Enrique Linares como letrado apoderado de ASOCIART S.A. ART en la suma de Diez mil quinientos pesos y el correspondiente al Dr. Franco Matías Villalón Lescano como letrado apoderado de la Municipalidad de Caleta Olivia en la suma de nueve mil quinientos (arts. 1, 2, 3, 13, 18, 24, 29 y concordantes de la ley 3330).
10. Téngase presente la reserva del caso federal formalizada a fs. 702.
11. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelva al Juzgado de origen. La Dra. Connie R. Naves no suscribe la presente por haberse acogido al beneficio de la jubilación y no existir disidencia en los demás firmantes.-
FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201030S.191 Tomo: XCI Sentencia: 2795 Folio Nº: 075/094 Secretaria: 1
Fin de la sentencia