Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº8952/25 Sentencia: Definitiva Actor: Barrionuevo Luisa del Carmen.
Demandada: Empasa S.A.
Objeto: Daños y Perjuicios Fecha: 02-10-2025 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, a los dos días del mes de octubre de dos mil veinticinco se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “BARRIONUEVO, Luisa del Carmen c/ EMPASA S.A. s/ daños y perjuicios” Expte. B 11.455 del año 2008 que tramita en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de esta ciudad, que ingresaron en la instancia bajo el Nº 8952. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptase la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 1874663/2025? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia en crisis? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que en PE 1874663/2025 nuestra distinguida colega, la Dra. Griselda I. Bard se excusa de entender en estos autos por la intervención en ellos de su esposo, del Dr. Eduardo Rubén González y cuestiones de delicadeza. Funda en lo dispuesto por el art. 17 inc. 1 y art. 30 del CPCC.
Es atendible el planteo toda vez que resulta de público conocimiento en el foro local que la Dra. Bard se encuentra unida en matrimonio con el Dr. Eduardo Rubén González con actuación profesional en estos autos. Habida cuenta ello se encuentra configurada la causal reglada en el art. 17 inc. 1º del CPCC y consecuentemente es procedente la excusación formulada. Por esta razón propongo al Acuerdo aceptar la excusación formulada y apartar a nuestra colega del conocimiento y trámite e estos autos. Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. Se encuentra configurada la causal invocada. Adhiero al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que con la documental de fs. 1/28 y escrito de fs. 29/55 en el lejano febrero de 2008, la actora Luisa del Carmen Barrionuevo representada por el Dr. Ramón César Amaya promueve demanda por cumplimiento de prestaciones asistenciales y económicas de la ley 24.557 y en subsidio por daños y perjuicios contra EMPSA SA. Plantea la inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. 1, 6, 8, 21, 22 y 46 de la LRT. Como quantum de su reclamo pide $ 40.000 más intereses desde el accidente, costas y costos hasta el efectivo pago. Hace un relato de los hechos, funda los planteos de inconstitucionalidad, ofrece prueba, pide se la exima del pago de la tasa de justicia por haber iniciado el beneficio de litigar sin gastos. Corrido traslado con el escrito de fs. 114/121 por EMPASA SA representándola se presenta el Dr. Ismael Ramón Machuca con el patrocinio del Dr. Eugenio Gómez Carrasco a contestar la demanda. Formula negativas y desconocen documental, da su versión de los hechos y pide la citación en garantía de MAPFRE ARGENTINA ART SA. que se concreta tras intervención de Cámara en el “Cuadernillo de Copias para elevar por apelación concedida con efecto devolutivo” en estos autos Nº de Cámara 5504. (ver fs. 158/159 en interlocutorio registrado en Tomo LVIII interlocutorios, registro 6224, folio 11.672/11.673 del 22 de septiembre de 2010). A fs. 216/241 se presenta el Dr. Claudio Marcelo Zarza apoderado de la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA ART SA a contestar la demanda. Reconoce el contrato de afiliación celebrado con la empleadora de la actora en los términos de la ley 24.557, opone la excepción de prescripción, falta de legitimación pasiva, en subsidio contesta los planteos de inconstitucionalidad de la ley 24.557, formula negativas dando su versión de los hechos con reconocimientos de hechos, cuestiona la suma reclamada, desconoce la documental que individualiza, ofrece pruebas funda en derecho su posición, reserva el caso federal. La actora contesta las excepciones, cuyo tratamiento se difiere para la definitiva.
A fs. 269/270 se abre la causa a prueba y se proveen las ofrecidas. Durante el curso de la etapa probatoria se produce el fallecimiento del Dr. Amaya que obliga a la suspensión del proceso por providencia de fs. 378 hasta la presentación de la actora con el patrocinio letrado del Dr. Carlos Aparicio a fs. 392 para luego presentarse con el Dr. Ramiro E. Castillo como apoderados de la nombrada a fs. 394. A fs. 537 el Dr. Claudio Marcelo Zara renuncia al mandato que le confiriera MAPFRE ARGENTINA ART SA. pero incumple con notificar a su representada su renuncia motivo por el cual en PE210941/2021 se tuvo por subsistente el domicilio constituido en autos con apoyo en el art. 41 del CPCC. En PE 270393/2022 se clausura el periodo de prueba y se ponen los autos a disposición de las partes a fin de que aleguen sobre el mérito de la prueba, derecho del que hace uso únicamente la parte actora en PE 545512/2022.
Ante la excusación del Dr. Franco Villalón Lescano se avoca la Dra. Rosa E. González que dispone el pase a sentencia en PE 1016692/23. La Sentencia se instrumenta en PE 1099324/2023 que tras consideraciones que se tienen presente, resuelve: “1) Rechazar la excepción de prescripción articulada por la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA ART SA en función de las razones dadas en los considerandos. 2) Rechazar la falta de legitimación pasiva interpuesta por la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA ART SA por los fundamentos dados en los considerandos. 3) Declarar la inconstitucionalidad de los arts. 1 inc. c, 8 apartado 3, 21, 22 y 46 de la ley 24.557 por los fundamentos dados en el considerando respectivo. 5) admitir la demanda articulada por la Sra.
Luisa del Carmen Barrionuevo en contra de EMPASA S.A. y la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA ART S.A. por los daños y perjuicios ocasionados a raíz del siniestro ocurrido el día 4 de abril de 2006, condenando a las mismas en forma solidaria, a pagar a la accionante, en el término de diez días de notificada y firme la presente sentencia en concepto de daño patrimonial por incapacidad sobreviniente la suma de $ 63.295,65 y el daño extrapatrimonial la suma de $ 100.000, debiendo ser recompuestas desde la fecha del evento dañoso hasta el efectivo pago conforme las pautas dadas en el capítulo respectivo, con costas a cargo de la vencida, en forma solidaria (art. 68 CPCC)…” además en el punto 6) regula los honorarios de los profesionales, regulaciones que no incluyen IVA y por el punto 7) se difiere la determinación de la tasa de justicia mandando en el punto 8) registrar la sentencia y notificar a las partes y los profesionales intervinientes con copia integra de la sentencia.
IV.-Que este pronunciamiento no deja conformes ni a la actora ni a la empleadora. El Dr. Ramito Esteban Castillo, quien resulta apoderado de la parte actora, en PE 1109310/2023 en escrito que se repite en PE 1108484/2023 (invocando la participación acordada) apela los honorarios regulados a los profesionales que actuaron por la parte actora por considerarlos bajos. Por vulneración del art. 18 de la ley 3330 considera que, a tenor de esa normativa, es NULA DE NULIDAD ABSOLUTA debiendo ser modificada e indica la suma justa a regular. Estos escritos se proveen en PE 68664272023 y PE 686592/2023 y contesta el traslado el apoderado de la empleadora en PE 1903355/2025. El Dr. Eduardo Rubén González en representación de EMPASA S.A. a su turno, con la pieza de PE1108484/2023, apela y sostiene con la expresión de agravios el recurso que le es concedido libremente y con efecto suspensivo en PE 686592/2023.
Tras una serie de oposiciones y recibidos los autos en Cámara se corre traslado de los recursos y por ello la actora por medio de su apoderada Dra. Julieta Anahí Díaz contesta agravios en PE 1905749/2025. En providencia simple de PE 1139960/2025 se los tiene por contestados y se llama Autos a Sentencia fijando el orden de estudio.
V. Que por una cuestión de responsabilidad como magistrado debo y quiero deplorar que un expediente ordinario por indemnización de daños y perjuicios por los sufridos en el trabajo haya cumplido ya 17 años de errático procedimiento. Profesionales y magistrados debemos unir esfuerzos en aras del principio de celeridad para evitar repeticiones.
Antes de ingresar al tratamiento de los agravios, a fin de eliminar broza, quiero analizar una pretensión del letrado apoderado la parte actora de que se declare nula de nulidad absoluta la regulación de honorarios, aunque luego solicita se la modifique por contrario imperio. Debo aclarar que cuando se pide que se modifique algo por “contrario imperio” el pedido está dirigido al mismo órgano que dictó la providencia, que no es el caso.
Estamos frente una acusación grave que se formaliza, disimuladamente, en cuatro palabras en mayúsculas acusando de nula de nulidad absoluta una regulación.
A mi juicio, a pesar de la gravedad, se trata de un planteo poco serio con que se quiere dar fuerza a un planteo. Debemos recordar que, conforme el art. 254 del CPCC:
“El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia…”
Como sabemos el recurso de apelación busca subsanar errores de juicio (los llamados en doctrina errores in iudicando) manifestados en una resolución formalmente válida revocando o modificando la sentencia. Por el recurso de nulidad se pretende subsanar errores en las formas que deben observarse para obtener un acto procesal válido (los llamados errores in procedendo por la doctrina) por medio de la nulidad de la sentencia. En realidad se está sosteniendo que existe un error in iudicando y se pretende la modificación. No procede declarar nula la regulación de honorarios. Cabe recordar al letrado apoderado del actor que, como auxiliar de la justicia, debe verificar las circunstancias en que se apoya para calificar de nula una actuación judicial. Queda de esta forma aclarado el panorama a resolver al eliminarse una broza con la que muchas veces pareciera que se pretende dar una mayor fuerza al ataque formulado en agravios con un acuse de nulidad. El ataque a la regulación será tratado al analizar su procedencia por la vía de la apelación como error in iudicando.
VI. Que eliminada la broza ingresaremos a los agravios formulados por las partes y sus contestaciones. Así tenemos que el Dr. Ramiro Esteban Castillo, en PE 1109310, invocando la participación acordada, apela la sentencia en cuanto en el punto VI de la parte resolutiva dispone regular los honorarios de los Dres. Ramón César Amaya, Walter Esquivel, Carlos Aparicio y los propios, como representantes de la actora- en conjunto y proporción de ley en la suma de $ 145.861,82 por considerarla baja y causar a su parte gravamen irreparable y pide se los regule conforme los parámetros establecidos en la ley 3330. Transcribe el art. 18 de dicha ley y señala el monto actualizado del proceso por lo que la regulación constituye sólo el 4,72% del monto del proceso y se refiere al monto que considera justo regular. Al contestar el traslado el Dr. González por la demandada hace notar que su parte también apeló los honorarios y peticiona se establezcan los honorarios prudencialmente.
A su turno, en PE 1108484/2023, el Dr. Eduardo Rubén González por la empleadora demandada, en el primer agravio califica la sentencia de incongruente y arbitraria por no ceñirse al objeto de la demanda. Así critica que la sentencia impone una condena indemnizatoria a partir de la aplicación de fórmulas “VUOTTO” “MÉNDEZ” que el actor no pidió. Recuerda que el actor pretende las indemnizaciones de la ley 24.557 y justipreció el quantum en $40.000 lo que a su juicio vuelve arbitraria la sentencia. Hace notar que el fallo MENDEZ de la CNAT es del 24/08/2008 y el infortunio base de la acción es del 4 de abril de 2006. Califica la sentencia de extra petita al condenar rubros no pretendidos por el actor y al condenar al pago de daño moral que nadie pidió, y menos determinarlo en $ 100.000. Entiende que la sentencia ha fallado ultra petita al condenar a su representada al pago de la suma de $63295,65 basada en una fórmula erróneamente aplicada cuando la actora solicitó las prestaciones dinerarias de la ley 24.557 y en su caso, por todo concepto la suma de $40.000. Ello, a su juicio, genera una notoria arbitrariedad en el fallo al condenar a su mandante el resarcimiento de un daño cuya determinación y cálculo han quedado sin respaldo objetivo que permita su discusión y llevan el resarcimiento más allá de lo pedido y convierte la reparación en arbitraria. Hace notar que conforme pericia del Gabinete Contable, el monto que corresponde conforme ley 24.557 es de $ 18.000 por lo que la demanda debió prosperar por esa suma. En subsidio por la suma de $40.000 por todos los daños: patrimoniales y extrapatrimoniales. Pide se adecúe el fallo a lo que surge de la demanda y las contestaciones. En un segundo agravio, en subsidio del primero, se queja por la exorbitancia de la suma fijada por daño moral formulando consideraciones que atacan la sentencia con cita de jurisprudencia y doctrina que se tienen presente. Requiere que se modifique este tramo de la condena por resultar excesiva reduciéndola al menos a un 25% de lo admitido acogiendo el agravio con costas.
Apela los honorarios de la representación de su parte por altos y bajos. Apela los demás honorarios por altos.
Pide se haga lugar al recurso y se reduzcan los montos de condena y los honorarios regulados.
VII. Que la Dra. Julieta Anahí Díaz por la actora contesta los agravios en PE 1905749/2025 y respecto del primer agravio afirma que del análisis integral de la demandada la actora reclamó los daños y perjuicios sufridos como consecuencia del accidente laboral sufrido el 4 de abril de 2006 mientras se encontraba trabajando para EMPASA S.A. y planteó la inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley 24.557. Agrega que el Sr. Juez le dio trámite de una acción civil de daños y perjuicios, tramitando la misma por las normas del proceso ordinario y aplicando el CPCC y no la ley 1444 que las partes consintieron. Por ello consideró que se debía aplicar el Código Civil ley 340. Razona que las partes entendieron que en la presente acción se reclamaban los daños y perjuicios ocasionados por el accidente laboral “esto son, los daños patrimoniales y extrapatrimoniales sufridos, conforme las normas del derecho civil, sino se habría aplicado la ley 1444, lo cual no sucedió.
Sostiene que la actora no limitó sus reclamos a la suma de $40.000, con más lo que corresponde a depreciación monetaria desde que las prestaciones se hicieron exigibles, e intereses de condena hasta la fecha del efectivo pago a la actora. De allí deduce que claramente la actora no limitó su demanda a la suma de $ 40.000, sino que mencionó ese monto al sólo efecto de cuantificar su demanda, reclamando además la depreciación. Entiende que esto último hecha por tierra el agravio de la demandada pues al momento de la demanda $40.000 tenían un poder adquisitivo importante, mucho valor al monto de la condena y lo compara con el valor del dólar o sea U$D 12.987,01. Por ello entiende que la suma de la condena no supera el monto de la demanda por la depreciación económica del peso argentino.
Transcribe en negritas los fundamentos de la magistrada para tratar el “daño patrimonial- incapacidad sobreviniente” para entender que no resulta acertado el argumento de la demandada que el Juez no se encuentra sometido a un monto de cuantificación al momento de fijar los daños y perjuicios sufridos por el trabajador como consecuencia de un accidente laboral pues ello vulnera derechos protegidos por nuestra Constitución Nacional y Tratados internacionales incorporados a ella: el principio alterum non lædere y el derecho de propiedad. Razona que está reconocida la incapacidad sufrida por la actora como consecuencia de un accidente laboral y ante tal situación acreditado padecimiento de daños patrimoniales y extrapatrimoniales (lo que sostiene no ha sido materia de agravios) se pregunta ¿cómo puede el juez no mandar a indemnizar el perjuicio real padecido por la trabajadora?
Y responde que en caso contrario se estaría permitiendo una indemnización irrisoria por debajo de un empleado de comercio cuando la trabajadora sufrió una incapacidad “parcial y total” (sic) del 10% con una edad de 34 años repercutiendo en su vida social y laboral y lo lleva especulando a un trabajador que en la actualidad sufre una “capacidad similar” (sic) con un sueldo actual expresa que estaría percibiendo más de $ 10.000.000. Por esos fundamentos solicita se rechace el agravio de la demandada con costas. Respecto del agravio contra el monto otorgado por daño moral sostiene que no se ve una crítica razonado de los argumentos “esbozados” (sic) en la sentencia ni los hechos acreditados en el proceso.
Argumenta que el daño moral fijado en la sentencia se encuentra debidamente fundado conforme las circunstancias de la causa especialmente la edad 34 años y la incapacidad del 10% de la T.O. y la modificación del proyecto de vida. Transcribe en negrita lo pertinente de la sentencia relativo al daño moral.
Expresa que la suma de $1.890.210,769 actualizable al momento de la sentencia se encuentra lejos de una suma exorbitante, y resulta una suma mínima por el daño moral sufrido por la actora. Pide el rechazo del agravio por improcedente.
VIII. Que por una cuestión de método corresponde ingresar en primer término al examen de los agravios de la parte demandada. Recordemos el triple objeto de la demanda, promovida contra la empleadora. Al tener tres objetos, puede aparecer confuso habida cuenta que, en la primera pretensión, demandaba “las prestaciones asistenciales y económicas de la ley 24.557 devengadas con motivo del accidente por el hecho y en ocasión de trabajo que sufriera el día 4 de abril de 2006 mientras ejecutaba tareas al servicio de la empresa EMPASA S.A.”. Plantean paralelamente la inconstitucionalidad de la Ley de Riesgos de Trabajo invocada según surge de los argumentos del punto 4 de esta demanda a partir de la lesión de la actora originante de esta demanda ha sido declarada como carente de cobertura y ajena al infortunio por comisiones administrativas médicas de la LRT.
Una segunda pretensión “para el caso de resultar afectado nuestro mandante de una incapacidad parcial y permanente para el trabajo, se las condene al pago del resarcimiento económico forfatario de la ley 24.557, con más los correspondientes intereses desde la fecha de producción del evento dañoso, costas y costos.” En la demanda se plantea la posibilidad de una incapacidad parcial y permanente, no la afirma y para ese supuesto realiza una segunda petición: el pago del resarcimiento económico forfatario de la ley. Y una tercer pretensión subsidiaria “para el caso de que por cualquier omisión formal o administrativa derivada de la culpa del empleador resulte imposible el cumplimiento de las obligaciones legales reclamadas se condene a los mismos al pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados al actor a consecuencia de tal incumplimiento.” No se insinúa cual pudo ser esa omisión formal o administrativa que hiciera imposible el cumplimiento de las obligaciones.
Luego realiza una cuantificación de la demanda en la suma de $40.000 con más la correspondiente depreciación monetaria desde que las prestaciones se hicieran exigibles e intereses de condena hasta la fecha del efectivo pago. (ver fs. 29 y vuelta). Tampoco fue muy clara la sentencia para acordar la petición supletoria. Después de declarar las distintas inconstitucionalidades pretendidas indica que no corresponde decretar las inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT pedida por la actora y la considera abstracta por alejado de lo pretendido, en el marco de la pretensión de la actora que optó por la vía ordinaria y que a fs. 60 se le imprimió el trámite del derecho común.
No trata la sentencia las dos primeras peticiones ni indica el fundamento de esta omisión. No indica cual fue la omisión formal administrativa derivada de culpa del empleador que hicieren imposible el cumplimiento de las obligaciones legales reclamadas.
Razona que, producido el infortunio- constitución de la relación jurídica entre las partes- durante la vigencia del Código Civil velezano, a su luz se deberá dilucidar la litis. Así señala que el daño es un elemento constitutivo del ilícito. De allí la obligación de resarcir, relación entre la víctima y el responsable sostiene citando calificada doctrina.
Se refiere a los presupuestos básicos de la responsabilidad civil: daño resarcible, antijuridicidad, factor de atribución y la relación de causalidad para acceder a la responsabilidad plena e integral de los daños que se dicen sufridos productos de los hechos y los funda en el art. 1113, 2º párrafo del Código Civil que determina que la demandada sólo se exime de responsabilidad total o parcialmente acreditando la culpa de la víctima o de un tercero por el que no debe responder. A continuación se refiere a la carga de la prueba para analizar la acción impetrada a la luz de las pruebas. Sobre esta base analiza el accidente de trabajo mientras la actora estaba desarrollando sus tareas habituales en la categoría de peón general, circunstancias que no se encuentran controvertidas y la mecánica del hecho, tareas, la denuncia a la aseguradora dictamen de la Comisión Médica, informes, y testimonios de lo que concluye que la empleadora no cumplió con la carga de proveer elementos de protección, ni dar capacitaciones de prevención de los riesgos de la tarea habitual con cita de legislación e invocación del art. 12 del C.C. donde Vélez Sarsfield define el concepto de culpa.
Analiza la prueba para tener por acreditado que la actora sufrió un accidente de trabajo y la responsabilidad de la empresa demandada que se beneficia con las cosas o la actividad riesgosa y la relación de causalidad, con cita de doctrina y el daño sufrido en su cuerpo por la actora con una incapacidad del 10% de la T.O. Aclarado ello en la sentencia se analiza el daño patrimonial – incapacidad sobreviniente que la actora transcribe en negritas al contestar el traslado donde se expresa que la actora pretende una indemnización en concepto de daños y perjuicios sin discriminar los rubros y sobre esta base entiende que deberá centrarse en que se reclama un daño patrimonial derivado de la incapacidad acreditada y el consecuente daño moral.
No debemos desatender que para llegar a ello declaró abstracto ingresar al examen de la constitucionalidad del art. 6 de la LRT pero lo concreto es que la sentencia parte de la base que se habría efectuado una demanda del art. 39 de la LRT ingresando a la acción intentada en subsidio (fs. 29 vta.) donde reclama el pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados a consecuencia de tal accidente de trabajo. Razona que una de las consecuencias al promover una acción del derecho civil está en obtener la reparación integral a la que apunta la sentencia apoyado en la declaración de las inconstitucionalidades de diversos artículos de la LRT decretada, y la declaración de cuestión abstracta ingresar al examen de la pretendida inconstitucionalidad del art. 6 de la LRT por considerar el planteo alejado de lo pretendido, en el marco de la pretensión de la actora.
En concreto, a mi juicio le asiste razón a la demandada cuando califica a la sentencia de incongruente, que por ello conduce a una arbitraria determinación de los montos indemnizatorios. Entiende que existió un salto del cerco que establece el objeto de la demanda por parte de la jueza en su sentencia.
En efecto la sentencia se sumerge en el aspecto planteado en subsidio, sin indicar cuales fueron las omisiones formales o administrativas del empleador que sostuvo haber dado de inmediato intervención a MAPFRE A.R.T. S.A. pero ello no fue criticado.
Lo concreto es que la sentencia no contiene “La relación sucinta de las cuestiones que constituyen el objeto del juicio”; “La consideración por separado, de las cuestiones a que se refiere el inciso anterior”; “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte.” como manda el art. 164 en sus incisos 3; 4 y 6 del CPCC. Por ello llega a una suma de condena a mi juicio no ajustada a las pretensiones de la demanda que es la materia de agravios. Se ha conformado la demandada en que le impone una condena a indemnizar la incapacidad sufrida por la actora por un accidente de trabajo, pero su disconformidad se centra en los montos de condena y por la aplicación de la fórmula “MÉNDEZ”, apartándose de lo pedido en la demanda. También critica que se hubiera superado el monto de $ 40.000 suma que la propia actora había justipreciado el reclamo.
Lo que se pretende en autos es la indemnización de los daños y perjuicios causados por un accidente que se aclaró que “para el caso de resultar afectado nuestro mandante de una incapacidad parcial y permanente para el trabajo…” (fs. 29 primeros renglones) y en subsidio por daños y perjuicios irrogados al actor. El porcentaje de la incapacidad parcial y permanente del 10% se determinó en autos por pericia médica y no se discute en este instancia.
Queda aclarado uno de los aspectos de los que se agravia la parte, que también se queja por haberse aplicado la fórmula conocida como MÉNDEZ para establecer el quantum.
Es necesario que cuando la sentencia se aparta de lo pedido por las partes indique como llega a una suma mayor para permitir la crítica.
En autos tenemos una estimación concreta del daño en $40.000 con más lo correspondiente a depreciación monetaria (otro aspecto no tratado, pero sin agravios de las partes).
Que se haya otorgado indemnización por daño moral no constituye un error de la sentencia que la convierta en extra petita sino que, no obstante los errores analizados, se ha limitado a otorgar una indemnización integral. Al analizar el segundo agravio me ocuparé del monto otorgado. Hasta aquí me limito a proponer al acuerdo se admita el primer agravio de la demandada que lleva a la modificación de la condena con el alcance al que me referiré luego de analizar el expresado a continuación.
El segundo agravio también debe tener favorable acogida. En efecto estamos en una acción ordinaria en la que se acumularon dos acciones una principal donde se pretendía las indemnizaciones tarifadas de la LRT con dos pretensiones: el cumplimiento de prestaciones de la LRT no tratada en la sentencia sin agravios de las partes y una subsidiaria para el supuesto de cualquier omisión formal o administrativa de la empleadora que perseguía el pago de una indemnización por los daños y perjuicios irrogados al actor a consecuencia de tal incumplimiento. La sentencia otorgó una indemnización por daño extrapatrimonial o daño moral que es materia de agravios. Estamos de acuerdo que una incapacidad parcial y permanente afecta los legítimos sentimientos de toda persona, pero depende de su fortaleza y personalidad y como repercute en su fuero íntimo, habida cuenta que no a todas la afecta de igual modo y como lo superan, por lo que se trata de un rubro muy difícil de estimar en dinero (recordar que se ha determinado que la cuestión debe resolverse por las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield como se determinó en la sentencia sin agravios de las partes).
Y que, acreditado el daño, conforme el art. 166 último párrafo del CPCC se debe fijar el monto del crédito de los perjuicios reclamados siempre que su existencia esté legalmente comprobada, aunque no resultare justificado su monto. En el caso de autos está acreditada y no cuestionada que la actora padece como consecuencia del accidente una incapacidad parcial y permanente del 10% de la total obrera. Pero no se produjo ningún tipo de prueba sobre la repercusión que el daño produjo en sus sentimientos y como afectó su personalidad ni se los detalló. No se produjo en autos por ejemplo una prueba de perito psicólogo para demostrar la magnitud del daño extrapatrimonial. Debemos tener en cuenta que se ha fijado el monto de la indemnización de este rubro por el sólo arbitrio judicial, que en el caso, a mi juicio, no ha sido prudente.
En este punto se advierte que en la sentencia se ha incurrido en lo que aparece como un error que puede afectar el cálculo matemático. Error que, como es sabido, no es fuente de derecho que puede y debe ser corregido o aclarado aún de oficio, aunque las partes no lo hayan advertido. Obsérvese que en el considerando del monto de lo adeudado- recomposición pecuniaria la sentencia se incurre en un error no apoyado en prueba alguna, al establecer que: “El monto de la condena se deberá mantener incólume a través de la aplicación de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la república Argentina desde el 07 de agosto de 2016 hasta su efectivo pago”. Vemos a esta altura que volvió a hacer de las suyas ese maldito virus “copiar y pegar” aplicado a párrafos enteros que le estaría quitando diez años de recomposición pecuniaria a la actora, que, por suerte para ella, es corregido por la sentencia en su parte dispositiva que es la válida.
Antes de llegar a mi conclusión sobre el agravio entiendo que oficiosamente se deben corregir este error que se vuelven patentes entre la discrepancia entre los considerandos y la parte dispositiva pues los errores, insisto, no son fuentes de derecho y se debe evitar que éste escandalosamente largo litigio se prolongue por largos períodos en incidentes innecesarios.
Por ello entiendo que están contestes las partes en que se debe indemnizar por la vía del derecho civil la incapacidad resultante.
Tomando en cuenta la incapacidad producida y la limitación del escrito de demanda el rubro incapacidad con el que la demandada estaría de acuerdo, estimo prudente reducir a la suma de $ 40.000 (cuarenta mil pesos) la indemnización por el rubro incapacidad parcial y permanente del 10% de la total obrera, valor estimado a la fecha de ocurrencia del hecho dañoso.
Y, no habiéndose acreditado mediante prueba concreta el quantum del daño extrapatrimonial y vista la conformidad del apoderado de la empleadora que pide se reduzca al 25% de lo admitido por el rubro daño moral o sea a la suma de $ 25.000 a la fecha del hecho dañoso lo que a mi juicio es razonable tomando en cuenta la edad de la actora, la incapacidad y los dolores y restricción a su proyecto de vida.
Estas sumas se deberá ser mantenida incólume conforme la forma propuesta en la sentencia que fuera consentida por las partes.
Así lo propongo al acuerdo.
IX. Que ha llegado el momento de ingresar a los agravios de ambas partes contra la regulación de honorarios. Y en esa materia destaco la conducta del letrado de la demandada que ajustándose al mandato, apela los honorarios de esa representación por altos y por bajos. Y lo destaco pues muchas veces advierto que no se respeta esta conducta por parte de apoderados que apelan por bajos sus honorarios que por condena en costas están a cargo de su representado.
El Dr. Ramiro Esteban Castillo en PE 1109310/2023, por la participación acordada, considera baja la regulación de los honorarios profesionales de los Dres. Ramón César Amaya, Walter Esquivel, Carlos Aparicio y la suya.
Veamos: por la participación acordada esto es como letrado apoderado de la parte actora carece de legitimación para apelar honorarios que no se encuentran a cargo de su representada.
Debo entender que la apelación se realiza por propio derecho, supuesto en que está legitimado para apelar sus propios honorarios, pero no para hacerlo por los Dres. Walter Esquivel, Carlos Aparicio y los herederos del Dr. Amaya, que fueron notificados conforme surge del certificado de elevación de PE 1865779/2025 sin apelarlos. Por lo menos no ha invocado representarlos y si bien la regulación de la sentencia ha sido “en conjunto y proporción de ley” habría que clasificar trabajos para determinar cual es el porcentaje correspondiente a cada letrado. He destacado la apelación por altos y por bajos realizada por el Dr. Eduardo Rubén González que expresó agravios por la demandada EMPASA S.A. pero, por propio derecho solo pudo apelar por bajos la regulación de los que le corresponde no los correspondientes a otros letrados. Estába legitimado para apelar por altos todas las regulaciones.
Pero el tema se vuelva abstracto si mi voto es compartido, toda vez que se debe dejar sin efecto la regulación de honorarios a los fines de la adecuación de los mismos conforme lo dispone el art. 278 del CPCC. Es decir, reitero, se vuelve abstracto el tratamiento al modificarse la condena y debo adecuar las regulaciones al valor actualizado de la condena conforme pautas establecidas en la sentencia sin que mereciera agravios de las partes a la fecha de este voto. Pero de esta tarea se desprende que conforme los valores las regulaciones resultantes serían inferiores al mínimo de diez Jus que establece el art. 61 inc. a de la ley 3539 por lo que corresponde regular el importe de esos diez Jus vigente al día de la fecha.
Ello en forma excepcional por la larga actuación de los letrados aunque supere el monto de capital de condena. En esta faena propongo al acuerdo regular los honorarios por los trabajos de primera instancia de los Dres. Ramón César Amaya, Walter Esquivel, Carlos Aparicio y Ramón E. Castillo como letrados apoderados de la actora, en conjunto y en proporción de ley en la suma de $748.780 (equivalente a 10 Jus a la fecha como establece el art.61 inc. a de las ley 3590) los correspondientes a los Dres. Ismael Ramón Machuca; Eugenio Gómez Carrasco; José Antonio González Nora; María Elena Jaureguiberry; Alberto A. Manzanares y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demanda en la suma también en la suma de $748.780 (que equivalen a 10 Jus) y los correspondientes al Dr.
Claudio Zarza como letrado apoderado de Mapfre ART SA en el doble carácter de letrado apoderado también en $748.780 (suma que equivale a 10 Jus). Por los trabajos en la instancia propongo regular el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la empleadora en la suma de $ 224.634 y el de los Dres. Ramiro E. Castillo y Julieta Anahí Díaz en conjunto y proporción de ley, como letrados y apoderados de la actora también en la suma de $224.634. Estas regulaciones teniendo en cuenta el mérito, la exagerada extensión, importancia y utilidad de la labor y monto de la condena actualizado según pautas de la ley, aunque excepcionalmente en este caso supere el monto de la condena habida cuenta la duración del juicio y la cantidad de letrados que debieron tomar conocimiento del juicio y los de esta instancia en el resultado de sus recursos, ello conforme dispuesto por los arts. 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 54 61 inc. a concordantes de la ley 3590.
Estas sumas no incluyen IVA.
X. Que por estas consideraciones respondo en forma negativa a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo con el alcance indicado propugnando se modifique la sentencia en el sentido propuesto. Así lo voto.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XI. Coincido con la línea seguida en el razonamiento del primer votante y entiendo que la sentencia no resulta justa y debe ser modificada en el sentido y con el alcance propuesto. Adhiero al voto que antecede.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XII. Que con base en las consideraciones desarrolladas en mi voto propongo al acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard al estar incursa en la causal del art. 17 inc. 1 además de razones de decoro y delicadeza y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Deplorar que un juicio ordinario por daños y perjuicios provenientes de un accidente de tránsito haya demorado 17 años de trámite. 3º) Rechazar el planteo del letrado de la parte actora que pretende la declaración de nulidad de la regulación de honorarios por las razones expuestas. 4º) Modificar el punto 5 del fallo y admitir la demanda articulada por la Sra. Luisa del Carmen BARRIONUEVO contra la empresa EMPASA S.A. y la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA A.R.T.
S.A. por los daños y perjuicios ocasionado a raíz de un siniestro mientras desarrollaba sus tareas laborales ocurrido el 4 de abril de 2006, condenando a las mismas en forma solidaria a pagar a la actora, dentro del término de diez días de notificada y firme la presente sentencia en concepto de daño patrimonial por incapacidad sobreviniente la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) y en concepto de daño extrapatrimonial la suma de veinticinco mil pesos ($25.000), debiendo ser recompuesta desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago, conforme las pautas establecidas en la sentencia que no fueron materia de agravio. Ello con costas en la instancia a las vencidas. 5º) Modificar el punto 6º del fallo en crisis y regular los honorarios por los trabajos de primera instancia de los Dres.
Ramón César Amaya, Walter Esquivel, Carlos Aparicio y Ramón E. Castillo como letrados apoderados de la actora, en conjunto y en proporción de ley en la suma de $748.780 (equivalentes a 10 Jus); los correspondientes a los Dres. Ismael Ramón Machuca; Eugenio Gómez Carrasco; José Antonio González Nora; María Elena Jaureguiberry; Alberto A. Manzanares y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demanda en la suma también en la suma de $748.780 (equivalentes a 10 Jus) y los correspondientes al Dr. Claudio Zarza como letrado apoderado de Mapfre ART SA en el doble carácter de letrado apoderado también en $748.780 (equivalente a 10 Jus). Por los trabajos en la instancia se regula el honorario del Dr.
Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la empleadora en la suma de $ 209.658,40 y el de los Dres. Ramiro E. Castillo y Julieta Anahí Díaz como letrados y apoderados de la actora en conjunto y proporción de ley también en la suma de $209.658.40. Ello teniendo en cuenta el mérito, a la exagerada extensión, importancia y utilidad de la labor y monto de la condena actualizado según pautas de la ley, aunque excepcionalmente en este caso supere el monto de la condena habida cuenta la duración del juicio y la cantidad de letrados que debieron tomar conocimiento del juicio y los de esta instancia en el resultado de sus recursos, ello conforme dispuesto por los arts. 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 54 61 inc. a concordantes de la ley 3590.
Se difiere la percepción de los honorarios hasta tanto los beneficiarios den cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 17.250. Se dejará constancia que oportunamente, por secretaría, se deberá oficiar conforme lo dispuesto por el art. 50 de la ley 1.538 y que las regulaciones no incluyen IVA. 6º) Diferir la determinación de la tasa por servicios de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme en autos. 7º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
XIII. Toda vez que la propuesta se corresponde con lo establecido en el Acuerdo y es justo adhiero al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 02 de octubre de dos mil veinticinco
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el artl. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Aceptar la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard al estar incursa en la causal del art. 17 inc. 1 además de razones de decoro y delicadeza y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos. 2º) Deplorar que un juicio ordinario por daños y perjuicios provenientes de un accidente de tránsito haya demorado 17 años de trámite. 3º) Rechazar el planteo del letrado de la parte actora que pretende la declaración de nulidad de la regulación de honorarios por las razones expuestas. 4º) Modificar el punto 5 del fallo y admitir la demanda articulada por la Sra. Luisa del Carmen BARRIONUEVO contra la empresa EMPASA S.A. y la citada en garantía MAPFRE ARGENTINA A.R.T. S.A. por los daños y perjuicios ocasionado a raíz de un siniestro mientras desarrollaba sus tareas laborales ocurrido el 4 de abril de 2006, condenando a las mismas en forma solidaria a pagar a la actora, dentro del término de diez días de notificada y firme la presente sentencia en concepto de daño patrimonial por incapacidad sobreviniente la suma de cuarenta mil pesos ($40.000) y en concepto de daño extrapatrimonial la suma de veinticinco mil pesos ($25.000), debiendo ser recompuesta desde la fecha del hecho dañoso hasta el efectivo pago, conforme las pautas establecidas en la sentencia que no fueron materia de agravio.
Ello con costas en la instancia a las vencidas. 5º) Modificar el punto 6º del fallo en crisis y regular los honorarios por los trabajos de primera instancia de los Dres. Ramón César Amaya, Walter Esquivel, Carlos Aparicio y Ramón E. Castillo como letrados apoderados de la actora, en conjunto y en proporción de ley en la suma de $748.780; los correspondientes a los Dres. Ismael Ramón Machuca; Eugenio Gómez Carrasco; José Antonio González Nora; María Elena Jaureguiberry; Alberto A. Manzanares y Eduardo Rubén González como letrados apoderados de la parte demanda en la suma también en la suma de $748.780 y los correspondientes al Dr. Claudio Zarza como letrado apoderado de Mapfre ART SA en el doble carácter de letrado apoderado también en $748.780.
Por los trabajos en la instancia se regula el honorario del Dr. Eduardo Rubén González como letrado apoderado de la empleadora en la suma de $ 209.658,40 y el de los Dres. Ramiro E. Castillo y Julieta Anahí Díaz como letrados y apoderados de la actora en conjunto y proporción de ley también en la suma de $209.658.40. Ello teniendo en cuenta el mérito, a la exagerada extensión, importancia y utilidad de la labor y monto de la condena actualizado según pautas de la sentencia, aunque excepcionalmente en este caso supere el monto de la condena habida cuenta la duración del juicio y la cantidad de letrados que debieron tomar conocimiento del juicio y los de esta instancia en el resultado de sus recursos, ello conforme dispuesto por los arts. 16, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 54 61 inc. a concordantes de la ley 3590.
Se difiere la percepción de los honorarios hasta tanto los beneficiarios den cumplimiento a lo dispuesto por el art. 2 de la ley 17.250. Se dejará constancia que oportunamente, por secretaría, se deberá oficiar conforme lo dispuesto por el art. 50 de la ley 1.538 y que las regulaciones no incluyen IVA. 6º) Diferir la determinación de la tasa por servicios de justicia hasta tanto obre en autos liquidación aprobada y firme en autos. 7º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Juan Pablo Olivera no firma por no existir disidencia que deba dirimir. Fdo. Humberto E. Monelos- Juez de Cámara a/c Presidencia; Dr. Horacio Fernández- Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M.
Lima- Secretaria de Cámara.- Protocolización: A201052S.251 Tomo: CIII Sentencia: 3148 Folio Nº: 187/198 Secretaria: 1
Fin de la sentencia