Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa C-15186-MP2E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción total de la acción y rechazó la demanda y remitir las actuaciones a la instancia de origen al efecto de que se dicte un nuevo fallo en el que se aborden las restantes cuestiones que conformaron la traba de la litis, incluida, en su caso, la defensa relativa a la prescripción de las diferencias de haberes reclamadas. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada atento su carácter de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del CCA -texto según ley 14.437-).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-15186-MP2E "BARRIONUEVO MARIO RENE Y OTROS c. CAJA DE RETIROS JUBILACIONES Y PERNSIONES DE LA POLICÍA DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES s. PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - OTROS JUICIOS" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Ucín y Mora .
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N°2 del Departamento Judicial Mar del Plata, con fecha 08-06-2026, rechazó la demanda iniciada por Mario Rene Barrionuevo, Rito Salvador Maciel, Roberto Aníbal Martínez, Carlos Ariel Medi, Norberto Oscar Medina y Oscar Alberto Villagra contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, impuso las costas por su orden y difirió la regulación de honorarios.
II. Declarada la admisibilidad del recurso de apelación articulado electrónicamente el 25-06-2026 por la parte actora -replicado por la Fiscalía de Estado provincial el 15-07-2026- y puestos los autos al Acuerdo para dictar sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucín dijo:
I.1. Los Sres. Mario Rene Barrionuevo, Rito Salvador Maciel, Roberto Aníbal Martínez, Carlos Ariel Medi, Norberto Oscar Medina y Oscar Alberto Villagra promovieron demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires y la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires, en procura del reconocimiento del derecho a que sus haberes se liquiden con la bonificación por antigüedad del tres por ciento (3 %) respecto de la totalidad de sus años de servicio.
Reclamaron, asimismo, el pago retroactivo de las diferencias salariales y previsionales que afirmaron haber dejado de percibir por ese concepto, a valores actuales y con sus intereses.
Al identificar la situación de cada uno de los actores expusieron que: (i) Mario Barrionuevo: "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1986 hasta el año 2016, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%"; (ii) Salvador Rito "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1983 hasta el año 2013, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%; (iii) Roberto Martinez "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1986 hasta el año 2016, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%"; (iv) Carlos Medi "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1987 hasta el año 2017, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%" (v) Norberto Medina "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1992 hasta el año 2022, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%" (vi) Oscar Villagra "prestó tareas en la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 1986 hasta el año 2016, fecha en la cual se acogió al beneficio jubilatorio. Bonificación por antigüedad reconocida: 1996: 0% / 1997-1998-1999-2000-2001-2004: 1% / 2005: 2%".
Puntualizaron que la ley 11.739 dispuso que el año 1996 no fuera computado a los efectos de la bonificación por antigüedad y suspendió durante ese período las disposiciones que regulaban su incremento; su similar 11.905 fijó en hasta el uno por ciento (1 %) el porcentaje correspondiente al año 1997 y las leyes 12.062, 12.232, 12.396 y 12.575 mantuvieron esa misma pauta para los ejercicios 1998, 1999, 2000 y 2001, respectivamente.
Añadieron que la ley de emergencia 12.727 suspendió el pago del porcentaje correspondiente al adicional durante su vigencia; que la ley 12.874 excluyó del cómputo el año 2002; que la ley 13.002 mantuvo la suspensión del pago; que la ley 13.154 restableció la bonificación en el uno por ciento (1 %); y que, finalmente, la ley 13.354 elevó el porcentaje al dos por ciento (2 %) para 2005 y restableció el tres por ciento (3 %) desde 2006.
Sostuvieron que este último restablecimiento no compensó las reducciones producidas durante los años anteriores.
Con sustento en el referenciado entramado normativo, solicitó que se declare la inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.354 y el decreto n° 240/96, así como de toda otra norma mediante la cual se haya reducido o eliminado el porcentaje correspondiente a la bonificación por antigüedad de los empleados públicos provinciales.
En apoyo de su planteo de inconstitucionalidad, alegaron la vulneración de los parámetros establecidos en la disciplina por la CSJN, así como la lesión del principio de progresividad en materia laboral receptado por la Constitución Nacional y su similar provincial. Añadieron que las normas objetadas importaron una reducción salarial significativa y permanente para el conjunto de los empleados públicos provinciales que se desempeñaron en el período 1996-2004.
Postularon, asimismo, que las diferencias reclamadas debían ser determinadas a valores actuales.
Y concluyeron, en suma, que " la normativa atacada viola los principios constitucionales de indemnidad, progresividad, igualdad e intangibilidad del salario, por lo que se impone la declaración de inconstitucionalidad e inaplicabilidad, máxime teniendo en cuenta lo normado por el artículo 57 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires".
2. En su contestación, la accionada solicitó el íntegro rechazo de la demanda y, con carácter preliminar, opuso la defensa de prescripción total de la acción.
Sostuvo, en lo sustancial, que el reclamo fue promovido cuando transcurrieron más de quince (15) años desde el cese de la vigencia, en 2006, de la normativa que redujo el porcentaje correspondiente a la bonificación por antigüedad y de la consecuente afectación salarial invocada por la parte accionante.
Señaló, en tal sentido, que las normas cuestionadas rigieron durante un período histórico determinado, comprendido entre los años 1996 y 2006, y que, tanto antes como después de ese lapso, la bonificación por antigüedad fue liquidada en un porcentaje del tres por ciento (3 %).
En ese contexto -según sostuvo-, la causa generadora del perjuicio invocado se agotó en el año 2006 y cualquier acción dirigida a cuestionarla o a obtener las diferencias salariales derivadas de ella debía ejercerse desde dicha fecha final, por haber quedado expedita en ese momento.
Así, distinguió entre una conducta que se renueva periódicamente y una conducta histórica cuyos efectos se prolongan en el tiempo, y aseveró que la circunstancia de que las consecuencias patrimoniales de las reducciones practicadas entre 1996 y 2006 pudieran proyectarse sobre períodos posteriores no convertía el caso en un supuesto de ilegalidad continuada ni renovaba indefinidamente la posibilidad de accionar.
Afirmó, por el contrario, que el inicio del curso de la prescripción quedó anclado, como máximo, en el momento en que cesó la causa jurídica que generó los efectos cuestionados.
Adujo que, cualquiera fuera el plazo de prescripción que se considerara aplicable, la acción se encontraba íntegramente prescripta, pues el reclamo se formuló más de quince (15) años después del cese de las reducciones.
Indicó que a la misma conclusión se arribaba tanto si se aplicaba el término de dos (2) años correspondiente a las obligaciones periódicas, como el plazo genérico de cinco (5) años del actual Código Civil y Comercial o, incluso, el decenal contemplado por la anterior codificación.
A partir de ello, afirmó que la ausencia de un reclamo oportuno impedía reabrir la discusión sobre reducciones salariales producidas y agotadas muchos años antes, por lo que solicitó que se declare prescripta la acción y que se rechace la demanda sin analizar la pretensión desde su faz sustancial.
Subsidiariamente, para el supuesto de que no prosperara la defensa de prescripción total de la acción y se reconociera el derecho a percibir diferencias retroactivas, postuló distintos límites temporales según la naturaleza de los créditos.
Respecto de las diferencias devengadas durante la pasividad, sostuvo que resultaba aplicable el plazo bienal previsto por el art. 62 del decreto ley 9650/80, por lo que sólo podrían -eventualmente- reconocerse las correspondientes a los dos (2) años anteriores a la promoción de la demanda.
Y, para el caso de estimarse aplicable el plazo genérico de cinco (5) años previsto por el art. 2560 del Código Civil y Comercial, postuló que únicamente podrían reconocerse las diferencias no alcanzadas por ese término.
Agregó que, por aplicación de la regla de derecho transitorio contenida en el art. 2537 del mismo ordenamiento, el anterior plazo decenal no podía conducir al reconocimiento de los créditos reclamados, pues las diferencias anteriores al 01-08-2015 quedarían totalmente prescriptas al 01-08-2020.
En lo restante, y para el supuesto de que no prosperara la defensa anterior, controvirtió la inconstitucionalidad pretendida.
Alegó, fundamentalmente, que la modificación del porcentaje de la bonificación por antigüedad constituyó una regulación legislativa válida de la relación estatutaria de empleo público, con efectos hacia el futuro, y que, por tal razón, no afectaba derechos adquiridos ni configuraba una reducción confiscatoria de los haberes.
Expresó que los agentes públicos carecían de un derecho adquirido al mantenimiento inalterado de su régimen salarial y negó que las normas cuestionadas vulneraran los derechos de propiedad e igualdad o el principio de progresividad invocados en demanda.
Finalmente, para el supuesto de que prospere la demanda, consideró que debían efectuarse los correspondientes aportes previsionales sobre las diferencias reconocidas y rechazó que éstas pudieran cuantificarse a valores actuales.
Afirmó que se trataba de una deuda dineraria alcanzada por la prohibición de actualización de las leyes 23.928 y 25.561 y postuló que, en su caso, las diferencias debían calcularse a valores históricos, adicionándoles intereses de conformidad con la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires para depósitos a treinta (30) días.
3. Al contestar el traslado que en torno de la defensa de prescripción le fue conferido, los actores solicitaron su rechazo.
Puntualizaron, en tal sentido, que el presente versaba sobre un hecho continuado en el tiempo, por lo cual el plazo se renovaba periódicamente desde que cada crédito resultaba exigible, esto es, a partir de cada período mensual liquidado en menos.
Afirmaron que el planteo de la demandada partía de una interpretación equivocada de la pretensión deducida y, particularmente, del momento inicial del curso de la prescripción.
4. Al fundar su pronunciamiento, el magistrado de la instancia anterior señaló que los actores pretendían que, previa declaración de inconstitucionalidad de las normas cuestionadas, se reconociera su derecho a que cada año de servicio se compute, a los fines de la bonificación por antigüedad, a razón del tres por ciento (3%), con la consecuente reliquidación de sus haberes y el pago de las diferencias resultantes.
Estimó imprescindible analizar, de modo inicial, la defensa de prescripción opuesta por la demandada, en atención a su carácter dirimente.
Y, en ese orden, tuvo por acreditado que los actores se encontraban vinculados por una relación de empleo público con la Provincia cuando fueron dictadas las normas impugnadas.
Refirió que, a partir de 1996, distintas leyes de presupuesto y de emergencia alteraron el régimen que hasta entonces contemplaba una bonificación por antigüedad equivalente al tres por ciento (3%) por cada año computable: durante algunos períodos se suspendió el cómputo de antigüedad y, en otros, se establecieron porcentajes del uno por ciento (1%) o del dos por ciento (2%), hasta que en 2006 volvió a regir el porcentaje del tres por ciento (3%).
Destacó que las referenciadas disposiciones normativas tuvieron una vigencia temporalmente delimitada, correspondiente al respectivo ejercicio presupuestario o a la situación de emergencia que las sustentaba.
Sobre esa base, entendió que el mecanismo cuestionado no importó propiamente una quita de haberes ya devengados, sino una alteración de la expectativa de incremento de la bonificación por antigüedad correspondiente a cada uno de aquellos años.
Señaló que las distintas modificaciones producidas entre 1996 y 2005 constituían situaciones jurídicamente autónomas, pues cada una encontraba su causa en la respectiva norma que reguló el porcentaje correspondiente al período.
Contemplando ello, descartó la postura esgrimida por la parte accionante en cuanto planteaba que existía una situación de ilegitimidad continuada, puesto que, aunque las diferencias generadas durante los aludidos años continuaran proyectándose sobre los haberes posteriores, tal permanencia constituía solamente un efecto de las normas que operaron en cada período y no importaba la renovación de su causa jurídica.
En consecuencia, juzgó que la posterior liquidación de los haberes manteniendo la diferencia porcentual descripta no configuraba un nuevo acto lesivo que hiciera renacer sucesivamente la acción.
Puntualmente, respecto de la ley 13.354, destacó que el planteo de la actora parecía atribuirle no haber restituido retroactivamente el porcentaje pretendido para los años alcanzados por las normas anteriores.
Consideró que, aun entendida la impugnación en esos términos, se cuestionaba una omisión legislativa concretada en un momento determinado, por lo que la publicación de dicha ley constituía el hito a partir del cual habría quedado expedita la acción destinada a controvertirla.
Seguidamente, determinó que, en razón del momento en que se produjeron los hechos generadores del reclamo y de las reglas de derecho transitorio, la cuestión debía regirse por el Código Civil derogado.
En cuanto al término aplicable, consideró que las diferencias salariales se encontraban alcanzadas por el plazo quinquenal previsto para las obligaciones periódicas, no obstante lo cual puntualizó que la solución sería idéntica aun si se adoptara el plazo genérico decenal pretendido por la accionante.
Razonó que, incluso tomando como referencia la ley 13.354 del año 2005 -la más próxima en el tiempo entre las cuestionadas-, transcurrió íntegramente el plazo de diez años sin que se verificaran circunstancias de interrupción, suspensión o imposibilidad de accionar.
Concluyó, por todo ello, que se encontraba prescripta la acción dirigida a obtener la declaración de inconstitucionalidad de la mencionada norma y que igual solución correspondía adoptar respecto de las leyes anteriores.
Por los motivos reseñados, receptó la defensa de prescripción, consideró innecesario abordar los restantes planteos formulados por las partes y rechazó la demanda.
5. En su recurso de apelación los actores alegaron que el magistrado de grado incurrió en un error al considerar que las normas dictadas entre 1996 y 2005 constituyen causas jurídicas agotadas, cuyos efectos económicos simplemente se proyectaron sobre las liquidaciones posteriores, si se atiende a que cada liquidación de haberes importó un nuevo acto de aplicación de los porcentajes cuestionados y, por ende, produjo una lesión autónoma y renovada.
Expusieron que, en la especie, no se configuraba la mera subsistencia de las consecuencias económicas de normas históricas, sino una conducta estatal de tracto sucesivo que reprodujo mensualmente la reducción de la bonificación por antigüedad. Por esa razón, consideran que correspondía reconocer que el cómputo de dicho adicional debía realizarse al 3% por cada uno de los años a tomar en cuenta por tal concepto.
Agregaron que se trataba de "un hecho continuado en el tiempo, por lo cual, el plazo se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible, esto es, a partir de cada período mensual liquidado en menos (arts. 2537 CCyCN; 3956 y ccs. C. Civil, ley 340). El hecho comienza, desde el momento en que se produjo la falta de reconocimiento en el haber de la parte demandante con el porcentaje previsto y su situación actual, en la que continúa sin abonarse, subsistiendo -por ende- la posibilidad de su reclamo en sede judicial" .
Finalmente, expusieron que dada la fecha en la que "interpusieron la demanda (16 de octubre de 2024) y visto la entrada en vigencia del nuevo Código unificado, ley 26.994, el día 1° de agosto de 2015, cuya aplicación deviene inmediata. a partir de una aplicación conjunta y armónica del art. 4023 del -derogado- Código Civil y de los arts. 2537, 2554 y 2560 del Código Civil y Comercial de la Nación, corresponde aplicar el plazo decenal previsto en el art. 4023 del anterior Código Civil, teniendo en cuenta como fecha interruptiva de la prescripción la de interposición de la demanda, el día 16 de octubre de 2024. En consecuencia, las sumas devengadas con anterioridad al 16 de octubre de 2014 se encuentran prescriptas" .
6. La parte demandada replicó el memorial presentado y pidió su desestimación.
II. El recurso merece prosperar.
La cuestión cuya dilucidación corresponde a este Tribunal reviste sustancial analogía con la resuelta recientemente en la causa C-16561-MP2E "Distefano", sent. de 29-09-2025. Por ello, la solución del presente seguirá los lineamientos sentados en aquel precedente, en lo pertinente y con las adecuaciones que imponen las concretas constancias del caso.
1. Tal como surge de los antecedentes referidos, el magistrado de grado estructuró su decisión partiendo de considerar que las distintas modificaciones introducidas al régimen de la bonificación por antigüedad entre los años 1996 y 2005 constituyeron situaciones jurídicas autónomas, agotadas durante la vigencia de las respectivas normas que las establecieron.
Así, apreció que la circunstancia de que las diferencias porcentuales generadas en aquellos períodos continuaran proyectándose sobre las liquidaciones posteriores importaba tan sólo la subsistencia de los efectos económicos de aquellas causas jurídicas pretéritas, mas no la configuración de nuevos actos lesivos susceptibles de renovar la posibilidad de accionar.
Y partir de la aludida caracterización juzgó que el curso de la prescripción comenzó, cuanto menos, con el dictado de la ley 13.354 (última de las normas cuestionadas). De allí que concluyó que, aun de aplicarse el plazo decenal de la prescripción, la acción se encontraba íntegramente prescripta.
2. Tal razonamiento soslaya que la pretensión promovida en autos no se encuentra exclusivamente dirigida a obtener el pago de diferencias correspondientes a períodos pretéritos, sino también al reconocimiento del derecho a que el haber previsional sea liquidado computando la bonificación por antigüedad a razón del tres por ciento (3%) por la totalidad de los años de servicio y, consecuentemente, que cese hacia el futuro la aplicación de los porcentajes inferiores que califica de inconstitucionales.
Así, el mero hecho de que las normas que establecieron aquellas reducciones agotaran su vigencia no permite concluir que también hubiera cesado la afectación que los accionantes atribuyen a su aplicación, sino que, antes bien, según la propia configuración de la pretensión intentada, los porcentajes establecidos para los años comprendidos entre 1996 y 2005 continúan siendo utilizados al presente para determinar el adicional por antigüedad que integran sus haberes, por lo que, cada vez que éste es liquidado, vuelven a proyectarse sobre la prestación jubilatoria o de actividad los porcentajes cuya legitimidad constitucional es materia de controversia en autos.
Ello impide caracterizar al supuesto examinado, como lo hizo el juzgador de la instancia anterior, como la mera subsistencia económica de una situación jurídica definitivamente consumada, dado que la afectación denunciada se exterioriza nuevamente con cada liquidación mensual, toda vez que es entonces cuando se determina el haber mediante la aplicación de los porcentajes cuestionados. Existe, por tanto, desde la perspectiva que corresponde adoptar para resolver la defensa de prescripción total, una situación de tracto sucesivo que se renueva periódicamente mientras subsista aquella modalidad de liquidación (cfr. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de San Martín en la causa n° 12.296 "Hanni", sent. del 03-09-2026).
La circunstancia de que las leyes que modificaron la bonificación por antigüedad establecieran porcentajes específicos para determinados períodos de antigüedad no importa, necesariamente, la extinción de sus efectos, puesto que los porcentajes allí previstos continúan incidiendo en las liquidaciones actuales; de modo que, frente a una afectación que se renueva mes a mes, no cabe tener por íntegramente prescripta la acción por el solo transcurso del tiempo contado desde los períodos específicamente alcanzados por aquellas disposiciones (arg. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, causa n° 16.796, "Richero", sent. del 07-06-2022).
A su vez el art. 2554 del actual Código Civil y Comercial establece, como principio general, que el transcurso del plazo de prescripción comienza el día en que la prestación resulta exigible (regla que, si bien con una formulación diversa, también contenía el ordenamiento civil derogado en su artículo 3956), impidiendo predicar la prescripción respecto de prestaciones que todavía no se devengaron ni resultan, por ende, susceptibles de ser reclamadas.
De tal modo, la prescripción liberatoria no puede examinarse con abstracción de la concreta pretensión jurídicamente demandable. Si aquello que aquí se procura es, entre otras cosas, que el haber (previsional o de actividad) sea liquidado en lo sucesivo sin las reducciones que el accionante atribuye a la normativa impugnada, mal podría considerarse que la acción destinada a obtener esa recomposición quedó íntegramente extinguida por un plazo computado desde 2005 o 2006, pues ello importaría tener por prescriptas, desde entonces, prestaciones futuras que ni siquiera habían nacido ni podían ser exigidas.
Dicho de otra forma, aun cuando la causa normativa originaria de los porcentajes cuestionados se remonte a aquellos años, el derecho que la parte actora afirma lesionado se concreta -según los términos en que quedó trabada la controversia- en cada liquidación en que tales porcentajes son nuevamente empleados para determinar su haber, por lo que es desde la exigibilidad de cada prestación que corresponde examinar los efectos que el transcurso del tiempo pudiera producir sobre los respectivos créditos.
Tampoco puede sostenerse que el mero transcurso del plazo computado desde la sanción o el cese de vigencia de las normas impugnadas consolidó definitivamente su aplicación, vedando, hacia el futuro, todo cuestionamiento constitucional, dado que la prescripción puede alcanzar al derecho o crédito concretamente reclamado en función de su exigibilidad, pero no cabe erigirla en un obstáculo autónomo que impida cuestionar la constitucionalidad de la norma cuya aplicación actual se denuncia como impedimento para el goce del derecho pretendido (cfr. Cámara de Apelación en lo contencioso Administrativo de San Nicolás, en la causa n° 5396 "Biroli", sent. del 26-09-2025).
Pues bien, el hecho de que pudieran consolidarse determinados efectos patrimoniales correspondientes a períodos pretéritos no conduce a sostener que también se hubiera consolidado, con idéntico alcance, el régimen jurídico cuestionado respecto de prestaciones posteriores o futuras.
3. Lo anterior permite advertir, además, la necesidad de distinguir dos planos que el pronunciamiento apelado trató conjuntamente, uno concerniente a la prescripción total de la acción, esto es, al planteo de la demandada según el cual, por haber transcurrido los plazos legales desde la finalización de la vigencia de las normas cuestionadas, los accionantes habrían perdido toda posibilidad de obtener tanto las diferencias anteriores como la modificación de la liquidación de su haber actual y futuro y, el restante, referido al alcance temporal de las diferencias patrimoniales que, en caso de prosperar la pretensión sustancial, pudieran ser reconocidas retroactivamente.
El rechazo de la primera defensa no importa anticipar solución alguna respecto de la segunda, ya que reconocer que la afectación invocada se reproduce con cada liquidación y que, por ello, no cabe considerar íntegramente prescripta la acción, no equivale a sostener que la parte actora tenga derecho a percibir la totalidad de las diferencias reclamadas desde que comenzaron a operar las reducciones. Precisamente porque cada prestación posee su propia exigibilidad, el transcurso del tiempo puede haber producido la prescripción de determinados créditos devengados con anterioridad al período temporal que corresponda reconocer.
Es imprescindible aclarar en este punto que no corresponde que esta Alzada avance, en esta oportunidad, sobre la determinación del concreto plazo de prescripción aplicable a esas diferencias ni sobre su modo de cómputo.
La representación fiscal no se limitó a oponer la defensa de prescripción total acogida en la sentencia atacada, sino que, subsidiariamente y para el supuesto de que aquélla fuera desestimada, introdujo una defensa específicamente dirigida a limitar temporalmente las diferencias retroactivas que eventualmente pudieran reconocerse. En particular, distinguió las devengadas durante la pasividad de aquellas correspondientes al período en actividad y postuló, respecto de unas y otras, los plazos que estimó aplicables, además de plasmar -subsidiariamente- su posición acerca de la incidencia de los arts. 2537 y 2560 del Código Civil y Comercial.
Esos planteos no fueron examinados por el magistrado de grado, quien, al considerar prescripta la acción en su totalidad, estimó innecesario abordar las restantes cuestiones que estructuraron la controversia suscitada entre las partes.
4. Por ello, habiéndose patentizado la sinrazón del criterio consagrado en el pronunciamiento apelado, corresponde que tales defensas sean tratadas por el juez conjuntamente con las restantes cuestiones sustanciales que integraron la traba de la litis .
Ahora bien, resolver tales cuestiones directamente en esta instancia importaría privar a las partes de su tratamiento por el juez natural de grado y alterar la estructura sobre la cual quedó trabada y fue decidida la controversia, desde que el pronunciamiento recurrido no emitió un juicio concreto sobre ellas al reputarlas desplazadas por la prescripción total que aquí se propone revocar.
El hecho de que las leyes que establecieron los porcentajes cuestionados hubiera circunscripto su regulación a determinados años de servicio no autoriza, sin más, a tener por extinguida la acción promovida, en tanto las pautas allí establecidas continúan proyectándose sobre las sucesivas liquidaciones de los haberes -previsional y de actividad- de los accionantes, cada una de las cuales exterioriza nuevamente el detrimento denunciado y determina la exigibilidad de la respectiva prestación.
Consecuentemente, no resulta jurídicamente admisible computar desde la sanción o el cese de vigencia de las normas impugnadas un único plazo prescriptivo con aptitud para extinguir no sólo los créditos entonces devengados, sino también el derecho a cuestionar su incidencia sobre prestaciones posteriores, incluso aquellas que a esa fecha todavía no habían nacido.
Lo hasta aquí expuesto no importa pronunciarse acerca de la procedencia sustancial de la pretensión ni supone reconocer la totalidad de las diferencias retroactivas reclamadas, dado que la eventual prescripción de éstas constituye una cuestión diversa, oportunamente introducida por la demandada y no abordada en la sentencia como consecuencia de la solución allí adoptada.
Con el alcance propugnado, corresponderá acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción total de la acción y rechazó la demanda y remitir las actuaciones a la instancia de origen al efecto de que se dicte un nuevo fallo en el que se aborden las restantes cuestiones que conformaron la traba de la litis, incluida, en su caso, la defensa relativa a la prescripción de las diferencias de haberes reclamadas.
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción total de la acción y rechazó la demanda y remitir las actuaciones a la instancia de origen al efecto de que se dicte un nuevo fallo en el que se aborden las restantes cuestiones que conformaron la traba de la litis, incluida, en su caso, la defensa relativa a la prescripción de las diferencias de haberes reclamadas. Las costas de Alzada deberían imponerse a la parte demandada atento su carácter de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del CCA -texto según ley 14.437-).
Así lo voto .
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada en el mismo sentido .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora, revocar la sentencia de grado en cuanto hizo lugar a la defensa de prescripción total de la acción y rechazó la demanda y remitir las actuaciones a la instancia de origen al efecto de que se dicte un nuevo fallo en el que se aborden las restantes cuestiones que conformaron la traba de la litis, incluida, en su caso, la defensa relativa a la prescripción de las diferencias de haberes reclamadas. Las costas de Alzada se imponen a la parte demandada atento su carácter de vencida (cfr. art. 51 inc. 1° del CCA -texto según ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31 ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente, cfr. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. SCBA 4039/21-. Hecho, devuélvanse las actuaciones a la instancia de grado.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1015-2026
Fin de la sentencia