Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.851/12-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 348/372 vta., por la parte actora, casando parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 336/344, en cuanto a las costas, las que se imponen en su totalidad y en todas las instancias a la demandada vencida, y confirmarla en lo demás que decide, sin perjuicio de lo que prevé el pto. 2º).-
2Declarar la nulidad parcial de la sentencia referida en la parte relativa a honorarios, por quebrantamiento de forma, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, proceda a una nueva regulación de honorarios, conforme se ha resuelto en el Considerandos IV.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.851/12-TSJ Sentencia N°: 583.-
Actor: BARRIONUEVO, SANDRA ELIZABETH Demandado: SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 31-10-14 Texto: TOMO XVII – SENTENCIA – T.S.J..-
REGISTRO Nº 583.-
FOLIO Nº 3.332/3.338.-
PROT. ELECT. TSS1022S.141
Río Gallegos, 31 de octubre de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “BARRIONUEVO, SANDRA ELIZABETH c/ SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. s/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº B-11.551/08 (B-1.851/12-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y,
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo Tribunal Superior de Justicia, para dar tratamiento al recurso extraordinario de casación que articulara la parte actora a fs. 348/372 vta. contra los puntos 1º), 3º) y 4º de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 336/344, por cuanto revoca la sentencia de primera instancia de fs. 307/310 y hace lugar parcialmente a la demanda promovida por Sandra Elizabeth Barrionuevo contra SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. (ex PRINCIPAL LIFE COMPAÑÍA ASEGURADORA S.A.) por cobro de Seguro de Vida Colectivo Obligatorio (Decreto 1567/74), por la suma de $ 6.750,00 con más los intereses y la rechaza en lo que hace al Seguro Colectivo de Vida Optativo, modificando las costas impuestas en primera instancia en un 3% a la demandada y en un 97% a la actora vencida aplicando, las de la segunda instancia, a la demandada (confr. fs. 343/344).-
La recurrente invoca, como fundamento de su planteo, quebrantamiento de las formas (art. 2º ley 1687), violación de la ley (art. 3º, inc. a) ley 1687) y la doctrina de arbitrariedad (confr. fs. 348). Que, en el acápite IV inciso A) titulado “QUEBRANTAMIENTO DE FORMA Y SOLEMNIDADES SUSTANCIALES Y LA ARBITRARIEDAD”, la actora califica de arbitrario e incongruente el fallo del ad quem expresando “… pues, al igual que el Juez de Primera Instancia, el Primer Opinante y luego en adhesión los restantes camaristas, vuelven a realizar un estudio segmentado y aislado del reclamo objeto de autos en absoluta desconexión con los antecedentes y plexo probatorio arrimado en el caso particular, resultando en consecuencia una sentencia absolutamente arbitraria no siendo el resultado de una derivación lógica y razonada del derecho vigente, colocando a la actora en un estado de indefensión absoluta contrariándose las normas del sentido común, de la razonabilidad y la lógica jurídica elemental …” (confr. fs. 361 vta.).
Entiende que “… la sentencia en crisis desconoce de plano los términos en que fuera iniciada la demanda y en consecuencia los antecedentes de la causa realizando … una errónea subsunción jurídica del caso particular dejando, nuevamente, a la actora en un estado absoluto de indefensión, toda vez que resuelve la misma como si estuviéramos frente a dos demandas y/o reclamos distintos dentro de un mismo objeto, cuando en realidad mi parte inició la demanda por cobro de pesos “por la suma de $240.000 o lo que resulte de la prueba a producirse en autos y/o resulte pertinente, correspondiente al seguro de vida oportunamente contratado por el extinto DOMINGUEZ JUAN ALBERTO, con más los intereses” …” (confr. fs. 361 vta./362).
Sostiene que el pronunciamiento de la Cámara, al acoger parcialmente la demanda por el seguro colectivo obligatorio en el punto 3°, y rechazar el reclamo del seguro de vida optativo en punto 4°, entiende arbitrariamente que en la demanda de fs. 31/34 se reclaman ambos seguros, “… contraviniendo gravemente el artículo 34 inc. 4° del CPCC, en tanto de ninguna manera, se reclaman dos seguros sino el que corresponda, todo lo cual se sustenta en el desconocimiento por parte de la actora de la real y verdadera situación del seguro contratado y … la falta de colaboración por parte de la aseguradora demandada que nunca dio respuesta a la intimación cursada …” (confr. fs. 362). Refiriéndose al objeto demandado sostiene que “… surge con claridad meridiana que mi parte reclama el pago del seguro de vida perteneciente al extinto DOMINGUEZ Juan Alberto, QUE CORRESPONDA y/o RESULTE PERTINENTE, pero nunca ambos seguros simultáneamente, en tanto los mismos resultan jurídicamente excluyentes, es decir, que el trabajador posee legalmente el derecho al Seguro Colectivo de Vida Obligatorio y en su caso puede haber un Seguro Colectivo de Vida Optativo, que de existir excluye al primero, con lo cual lo decidido no solo contraviene los términos de la demanda sino que resulta antijurídico, ilógico, irrazonable y manifiestamente arbitrario.
En otras palabras, nunca se pueden acumular ambos seguros, toda vez que el empleador tiene obligación a partir del Decreto 1567/74 a contratar (tomar) un Seguro Colectivo de Vida Obligatorio cuyo monto lo fija la Superintendencia de Seguros de la Nación y/o en su caso proponerle al trabajador un Seguro Colectivo de Vida Optativo, por un monto mayor -determinado en la póliza respectiva- …” (confr. fs. 362 vta./363). Y, en relación a ello, discurre sobre los motivos que le llevaron, al momento de iniciar la demanda, a estimar el quantum del seguro de vida optativo en $ 240.000 basándose en una nota de la propia Aseguradora demandada, obrante a fs. 22 de autos, de la cual se desprendía la contratación por parte del causante, extremo éste sobre el cual la actora tenía sus dudas (confr. fs. 363 y vta.).
En otro pasaje del instrumento impugnativo, endilga arbitrariedad a lo resuelto por la Alzada en lo referente a la imposición de las costas “… ya que determina de manera voluntarista y dogmática que mi parte debe soportar el 97% y por su parte la demandada el 3% de las costas de primera instancia, tomando para ello la procedencia y rechazo de dos reclamos disímiles dentro de una misma demanda, volviendo indefectiblemente a caer en el desdoblamiento del reclamo de autos, todo lo cual lo vuelve a todas luces arbitrario y violatorio del derecho de acceso a la justicia que todo justiciable tiene derecho debiendo utilizarse el proceso como garantía …” (confr. fs. 365). Advera que “… resulta inadmisible que la actora además de haberse visto obligada de ocurrir ante la justicia, a los fines que se le reconozcan sus derechos u obtener lo que por derecho le corresponde, tenga que afrontar el 97% de las costas y abonar la suma de $48.000 en concepto de honorarios regulados al abogado apoderado de la aseguradora demandada, aún habiendo ganado el juicio y por la suma de $6.750, todo lo cual no resiste el menor análisis …” (confr. fs. cit).
Si “… la sentencia reconoce el derecho al cobro del seguro de vida colectivo obligatorio, no se explica por qué motivo mi parte resulta condenada en costas, cuando además se hace lugar a mi pretensión … siendo que se condenó a la demandada al pago del seguro colectivo de vida obligatorio conforme se desprende de las pruebas colectadas en autos, corresponde conforme a derecho y por elementales razones de lógica, sentido común y razonabilidad, sea la parte accionada quien deba soportar las costas …” (confr. fs. 365 vta./366). Cita abundante doctrina y jurisprudencia para endilgar mala fe contractual a la compañía demandada, para intentar demostrar que, viéndose obligada a recurrir a la justicia, las costas le han sido arbitrariamente impuestas (confr. fs. 366 vta/ 367 vta.).
Aduce, como segundo agravio, violación del artículo 278 CPCC. Entiende que “… no se puede confirmar una regulación de honorarios efectuada en primera instancia, cuando tal pronunciamiento fue recurrido y como consecuencia de ello modificada en segunda instancia … ante la modificación de la sentencia de primera instancia … se está otorgando andamiaje para revocar los términos y/o parámetros de los honorarios y/o adecuación de los mismos en un todo de acuerdo con o (sic) dispuesto por el art. 278 del CPCC …” (confr. fs. 370). Sostiene que: “… resulta notoria la violación del art. 278 del CPCC en relación a los honorarios pues como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por mi parte, la sentencia de primera instancia hubo de ser modificada, es decir que se condenó a la accionada SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. a abonar la suma de $6750 en concepto de seguro de vida obligatorio conforme decreto 1567/74, cambiando y/o modificando el fondo de la cuestión, razón por la cual también debía adecuarse la regulación de honorarios efectuada en primera instancia donde directamente se rechazó in totum la demanda interpuesta por mi parte …” (confr. fs. 370 vta.).
Es decir que, si bien el ad quem revoca la sentencia de primera instancia, “… contrariamente y en absoluta desconexión con lo resuelto, confirma los honorarios regulados en primer instancia como si el pronunciamiento apelado no hubiese sido modificado en segunda instancia, todo lo cual carece de todo sustento lógico jurídico además de resquebrajar abiertamente mi derecho de defensa y de propiedad que poseen raigambre constitucional (art. 17 y 18 Constitución Nacional) …” (confr. fs. 370 vta./371). Estima de desproporcionada y latente la violación a la normativa ritual, “… pues de otra manera no se puede explicar cómo la suscripta es condenada abonar (sic) los honorarios regulados en primera instancia al apoderado de la contraria y por la suma de $48.000, cuando en segunda instancia se modificó la sentencia en crisis, como así también la imposición de costas de oficio, haciendo lugar parcialmente a la demanda incoada por mi parte, por la suma de $6.750 con más sus intereses […] ante la modificación de la sentencia recurrida en primera instancia deviene ineludible que también corresponde a la Excma.
Cámara de Apelaciones adecue los honorarios oportunamente regulados y de oficio atento las modificaciones efectuadas en la segunda instancia, conforme lo expresamente (sic) por el art. 278 del CPCC que en el caso particular ha sido expresamente violentado en detrimento directo de mi parte …” (confr. fs. 371); “… tampoco se encuentra explicación lógica alguna de como el Juez de Cámara procede a modificar de oficio la imposición de costas de primera instancia a partir de la modificación parcial del pronunciamiento recurrido, pero por otro lado afirma que mi parte consintió los honorarios regulados cuando han cambiado lo (sic) parámetros dentro de los cuales fueron regulados … conforme lo expresa la misma normativa ritual corresponde se adecuen al pronunciamiento modificado las costas y los honorarios aún cuando éstos no hayan sido materia de apelación, pues se entiende tácitamente que éstos deben estarse a la confirmación o no del resolutorio apelado …” (confr. fs. 371 vta.).
En consecuencia, solicita que se case la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones y se adecuen las costas y los honorarios, “… entendiendo sin lugar a dudas que los mismos atento su carácter de accesorios deben seguir la suerte de lo principal, y en este caso ha existido un (sic) modificación sustancial en cuanto a la procedencia del reclamo, todo lo cual debe ser merituado …” (confr. fs. 371 vta). Efectúa reserva del caso federal (confr. fs. 372).-
Que a fs. 389 y vta., este Tribunal declara bien concedido el recurso de casación interpuesto, y pone a disposición de las partes los autos, de conformidad con el artículo 8° de la ley 1687.-
Que notificadas las mismas conforme surge de las cédulas de notificaciones agregadas a fs. 390 y 391 sólo presento el memorial la parte demandada (confr. fs. 396), el que se encuentra agregado a fs. 392/393.-
En dicha presentación, SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A. (ex PRINCIPAL LIFE COMPAÑÍA ASEGURADORA S.A.), a través de su apoderado, el Dr. Gustavo Eduardo Stobbia señala que “… la actora intenta a través de la vía recursiva deducida modificar en forma improcedente la pretensión de autos, intentando modificar sustancialmente su originaria pretensión, que era el cobro de 24 sueldos, correspondiente al seguro optativo …” (confr. fs. 392). Explica que el quantum de lo reclamado por la actora de $240.000 surge de multiplicar veinticuatro sueldos por $10.000, confundiendo datos emergentes de ficha informativa acompañada a fs. 22 con la fidedigna póliza, y aduciendo desconocimiento efectivo del seguro contratado por su extinto esposo, Sr.
Domínguez, pudiendo conocer la realidad de lo contratado con una simple diligencia preliminar orientada a que la empresa Halliburton acompañe las pólizas del seguro que cubrían al Sr. Domínguez (confr. fs. 392 y vta.). Aduce que “… los honorarios fueron regulados en función al resultado jurídico del pleito. Y, como bien lo señaló la Cámara, la cuantía de los honorarios no fueron objetados en modo alguno …” (confr. fs. 392 vta.). Entiende que “… Mal puede pretender la aplicación del art. 278, pues la sentencia de Cámara no fue modificaría (sic) de la de Primera Instancia … pues ambas sentencias coinciden en rechazar el seguro optativo por 24 sueldos. La de primera instancia se limita al rechazo de este reclamo, sin expedirse sobre el seguro obligatorio, y la de segunda se expide sobre el seguro obligatorio, pero rechaza la pretensión de la actora de quitar efectos al reclamo del cobro de 24 sueldos.
Es decir, aquí no hubo una readecuación del monto de la sentencia, sino la admisión de un reclamo distinto, que correspondía a un seguro obligatorio, reclamo no sólo diferente en su concepción jurídica, sino diametralmente, en su cuantía …” (confr. fs. cit). Insiste con que “… la regulación practicada en la primera instancia fue consentida por el actor, y mal puede pretender una reducción oficiosa sobre algo que no fue objeto de recurso … en este punto, puede agregarse que hacer lugar al criterio del demandante, implicaría, lisa y llanamente, otorgar la posibilidad a todo litigante, de efectuar reclamos notoriamente arriesgados, difusos, sin basamento jurídico alguno, con la certeza que, en caso de perder, desentenderse del pago las (sic) obligaciones derivadas de su derrota …” (confr. fs. 393).
Acusa a la recurrente de dirigirse a hacia su parte en términos ofensivos, lo que omite reconocer “… su notoria imprudencia al demandar por el cobro de un seguro que no tenía contratado … de enmendar su error, al demandar con claridad meridiana, como pretensión principal, el cobro de $240.000 sin basamento jurídico y fáctico alguno …” (confr. fs. 363 y vta.). Finalmente, mostrándose de acuerdo con la imposición de las costas resuelta en autos, la concibe como lógica consecuencia del éxito del pleito: “… el actor tuvo a su alcance las herramientas para dirigir con precisión su demanda, y en modo alguno lo hizo …” (confr. fs. cit). Por todo ello, solicita sea rechazada la casación, con costas a la recurrente (confr. fs. 394).-
Que, a fs. 397/400 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal por ante este Alto Tribunal, considerando que “… asiste razón al recurrente, toda vez que lejos de ser equitativa y proporcionada la imposición de costas, resulta injusta pues como expresara anteriormente no se le pueden imponer las costas a la actora por $48000, cuando su demanda prosperó por $6650, lo que pone de manifiesto lo absurdo de la sentencia de Cámara …” (confr. fs. 400). Entiende que “… la sentencia resulta claramente incongruente por que si bien se hizo lugar a los agravios en cuanto se persigue de Life Compañía de Seguros de Vida S.A, el cobro del seguro de vida obligatorio (decreto 1567/74) y se rechaza la pretensión en cuanto al pago del seguro de vida optativo; al imponerse las costas se tiene en cuenta la demanda por la suma equivalente a 24 sueldos en concepto de premio por seguro optativo de vida …” (confr. fs. 400 vta.). Concluye su dictamen afirmando que “… en la sentencia impugnada se ha violado la ley y existe respecto de ella arbitrariedad conforme lo alegara la recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el Recurso de Casación interpuesto por la actora debe prosperar …” (confr. fs. cit.).-
Que, a fs. 401 se llaman autos para Sentencia.-
II. Que, conforme ha quedado planteado el recurso extraordinario en tratamiento, el mismo pretende encauzarse por los carriles impugnativos establecidos en los artículos 2º y 3º inc. a) de la ley 1687 -Recurso de Casación- al afirmarse que la Excma. Cámara ha incurrido en quebrantamiento de forma y errónea aplicación de la ley al dictar su pronunciamiento.-
Que, en lo que atañe a los agravios que se alzan contra la decisión de la Excma. Cámara, reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal en el andarivel de artículo 2 de la ley 1.687 (Recurso de Casación): “… en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas (art. 2º -Recurso de Casación - Ley 1687), precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado …” (confr. Tomo IX, Sentencia, Reg. 313, Folio 1685/1694).-
Que, desde el cuadrante doctrinario, se ha definido a la congruencia procesal como la “… coherencia o correspondencia lógica, como comparación o confrontación entre lo peticionado por las partes y la parte dispositiva de la resolución. No significa acogimiento de lo solicitado, sino pronunciamiento acerca de lo requerido … Es un requisito interno de armonía … de la sentencia y de respeto a los principios de aportación de parte y de contradicción que rigen el proceso civil: Iudex iudicare debet secundum allegata et probata partium …” (confr. Enderle, Guillermo Jorge, La congruencia procesal, Rubinzal Culzoni Editores, 1º Ed. Santa Fe, 2007, pág. 57). Así, nuestro ordenamiento jurídico se adscribe al “… rígido sistema de preclusiones que encapsula herméticamente el thema decidendi en los márgenes estrictos del contenido de la litiscontestatio …” (confr. Berizonce, Roberto O, “El objeto de la decisión y cuestiones que integraron la litis (Flexibilización del principio de preclusión)”, en Masciotra, Mario y Rosales Cuello, Ramiro (coordinadores) El principio de congruencia. Libro homenajes a Augusto Mario Morello, Librería Editora Platense, La Plata 2009, pág. 156).-
Que, la violación del principio de congruencia puede presentarse de diversas formas. Así, el Juez Hitters en un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, ha sostenido que “ … el postulado en cuestión -como bien señala Guasp- asume tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita); o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez. (Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pág. 533) …” (confr. SCBA, Ac. 83818, S, 7-6-2006, “Ferreyra, Graciela Elvira c/ Suma S.A. s/ Pronto Pago de Crédito Laboral”).-
Que, es criterio de este Alto Tribunal considerar procedente este remedio procesal, por ejemplo, en casos de ausencia total de fundamentación de una sentencia (confr. Tomo I, Sentencia, Reg. 10, Folio 42/45, Tomo XVII, Sentencia, Reg. 575, Folio 3.274/3.278), falta de mayoría de opiniones jurídicamente válida (confr. Tomo V, Sentencia, Reg. 166, Folio 857/859) o incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (confr. Tomo III, Sentencia, Reg. 90, Folio 404/408, Tomo VII, Sentencia, Reg. 229, Folio 1234/1238).- Que, en el sublite la recurrente se agravia por entender que el decisorio en crisis ha incurrido en este vicio procesal al haber dado un tratamiento indebido al objeto de la demanda, al malinterpretar los términos del petitum y considerar erráticamente que se reclamaban dos seguros (optativo y obligatorio), cuando en realidad, lo reclamado -en razón de no contar con información precisa al ser escatimada por la aseguradora demandada-, hubo de ser estimado en monto aproximado de $240.000 o lo que resulte de la prueba a producirse en autos y/o resulte pertinente, correspondiente al Seguro de Vida oportunamente contratado (confr. fs. 31 OBJETO). Y, según su opinión, este desdoblamiento vislumbrado en el tratamiento del objeto de la contienda por parte de los judicantes de ambas instancias inferiores ha llevado a pronunciamientos que no han hecho sino más que desviar el interés controvertido en la modalidad, alcance y medida con que fue impetrado por la parte accionante, traduciéndose dicha falencia en resoluciones judiciales que, tras fragmentar indebidamente el objeto del proceso, se han desentendido de la relación íntima entre lo efectivamente reclamado y el modo decidido.-
Que, en aras de verificar si el supuesto de autos encuadra en violación al principio de congruencia procesal que fuera expreso motivo de agravio, este Alto Cuerpo entiende, al confrontar la parte dispositiva del resolutorio en crisis con la pretensión contenida en el libelo, que el tratamiento dado por parte de los judicantes de instancias inferiores al objeto procesal de autos, distinguiendo el ‘Seguro Colectivo de Vida Obligatorio’ del ‘Seguro Colectivo de Vida Optativo (Decreto 1567/74)’, encuentra plena justificación en la propia distinción efectuada por la accionante en su petitum al momento de diferenciar los quantums: $240.000, en caso de prosperar el seguro de vida optativo, “… o el que resulte de la prueba producida en autos y/o resulte pertinente …” (confr. fs. 31). Los pronunciamientos de primera instancia y de la Alzada muestran estricto respeto a los contornos del reclamo: el pago del seguro que pudiera corresponder a la beneficiaria, Sra. Barrionuevo. Son razones metodológicas y de orden en la exposición las que llevaron a ambas instancias jurisdiccionales a distinguir uno y otro seguro, en consonancia con lo demandado en el libelo. Es por todo lo expuesto que, no se verifica el desmembramiento acusado en el tratamiento del objeto procesal, por lo que este Tribunal Superior de Justicia entiende que la incongruencia procesal endilgada al pronunciamiento en crisis no debe prosperar, debiendo rechazarse el agravio pretenso.-
Que, en cuanto a las costas procesales, la parte actora se agravia de la imposición que se le ha hecho por decisión del ad quem. Califica de arbitraria la distribución de las mismas en un 97 % para su parte y en un 3% para la aseguradora demandada al alterarse la condición de vencida en juicio. Arguye que debió disponerse que la propia accionada cargara con la totalidad de las costas procesales (confr. fs. 365/367 vta.).-
Que, sobre la materia, la mayoría de los máximos tribunales de provincia han establecido que las cuestiones relativas a la imposición de las costas son, en principio, extrañas al recurso de casación (confr. Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, 26/10/1993, “Junta Nacional de Granos c. Sbaizero, Juan A. y otros”, publicado en: LA LEY 1994-B, 264, entre otros). Se trata de asuntos de hecho, en el cual los jueces de grado son soberanos y por ende se encuentran ajenos, en principio, al recurso de casación, salvo que se demuestre absurdo o arbitrariedad (confr. Hitters, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. Librería Editorial Platense, S.R.L, 2º. ed., págs. 406/407 y 614).-
Que, conteste con tal postura, este Alto Tribunal tiene dicho sobre la materia bajo estudio que se encuentra detraída al conocimiento en casación por constituir una típica cuestión de hecho y de derecho procesal que escapa al control de esta instancia; constituyendo un principio general la irrevisabilidad sobre la base de que aquella imposición es facultad privativa de los jueces de grado, siendo el tema ajeno a la instancia extraordinaria, salvo cuando las costas se impusieran a quien no resultare vencido, o que exista inequidad en los criterios de distribución (confr. Tomo XIII, Sentencia, Reg. 467, Folio 2539/2542; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 115, Folio 189/190; Tomo I, Interlocutorio, Reg. 104, Folio 169/170; Tomo II, Interlocutorio, Reg. 149, Folio 241/242; Tomo V, Interlocutorio, Reg. 868, Folio 993/994). En consecuencia, mientras no se observe que se ha producido alguno de los supuestos ut supra señalados, el tema de la imposición de las costas, no es tratable en casación (confr. SCBA, AyS, 1971-I-176), ya que la imposición de las mismas, como así también su eximición total o parcial, son cuestiones privativas de los jueces de la instancia ordinaria y exenta de revisión en casación (confr. DJBA, 117-165, 119-432, 120-26 y 411; SCBA, Ac. 32962 S 27-11-1984, Ac. 34847 S 11-10-1985, Ac. 38142 S 8-3-1988, Ac. 40276 S 5-9-1989, Ac. 44216 S 17-10-1990, Ac. 43835 S 7-5-1991, Ac. 50204 S 21-12-1993, Ac. 53696 S 24-5-1994, Ac. 51141 S 7-3-1995, Ac. 57166 S 20-2-1996, Ac. 73489 S 17-10-2001, Ac. 84100 S 1-12-2004).-
Que, luego de analizar los términos en que ha quedado trabada la litis, la posición asumida por las partes (renuencia en colaboración por parte de la aseguradora en informar fehacientemente seguro contratado por el extinto), el plexo probatorio de la causa, los decisorios de ambas instancias inferiores y confrontar las tesituras expuestas con el fallo recurrido, este Alto Cuerpo concluye que le asiste razón a la recurrente al verificar un yerro palmario en el punto 5°) del resolutorio en crisis (confr. fs. 343 vta.), pues se advierte que la condición de parte vencida en que se asienta el instituto de la imposición de las costas luce alterada en el pronunciamiento de la Alzada al decidirse, con injusticia notoria, poner en cabeza de la recurrente -vencedora en el cobro del seguro, objeto de la acción-, el pago de las costas en un 97%, circunstancia ésta contraria a la previsión del artículo 68 del CPC y C.-
Que, con plena aplicación al sub lite, inveteradamente la jurisprudencia ha entendido que “… si la demandada se opuso in totum a la pretensión deducida y ésta es admitida en cierta y considerable medida, aquélla mantiene su calidad de vencida, ya que se es vencedor aunque la demanda prospere en mínima parte (art. 68 del C.P.C.) …” (confr. sum. JUBA LP 223330 S 08/08/1996, in re: “Bayni, Jorge c/ Automotores El Ombú s/ Resc. compraventa”). En efecto, “ … el carácter de vencida se configura aún cuando la acción hubiese prosperado parcialmente … ” (confr. SCBA, Ac 40308 S 13-6-1989, in re: “Yenni, Juan Carlos c/ Asociación Trabajadores de la Sanidad Argentina (A.T.S.A.) Filial Mar del Plata s/ Cobro de honorarios”), debiendo reputarse ‘vencido’ al demandado aún en el supuesto en que la pretensión no haya prosperado en toda su extensión (confr. SCBA, C 115733 S 11-9-2013, in re: “Rimasa S.A. c/ Provincia de Buenos Aires s/ Daños y perjuicios”).-
Por otra parte, se ha sostenido en la jurisprudencia nacional que “… Corresponde imponer las costas en su totalidad a la demandada que ha resultado vencida, aun cuando la demanda haya prosperado por una suma inferior a la reclamada, atento que en materia de distribución de costas prevalece el criterio jurídico por sobre el aritmético …” (confr. CNAT, sala IV, in re: ‘Machado, Luis Eduardo c. Complementos Empresarios S.A. y otro’, 11/02/2010; JA 2010-II, 120; LLO: AR/JUR/1963/2010).- En el sub lite, al haber sido admitida la pretensión de la actora, dirigida al cobro del seguro de vida que pudiera corresponderle, ello determina - respecto de las costas- la aplicación del principio objetivo de la derrota, consagrado en el artículo 68 del Cód. Procesal Civil y Comercial, correspondiendo, en consecuencia, que las mismas sean soportadas por la aseguradora demandada, SMG LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.-
Por otro lado, no se evidencia motivos justificados para cargar a la actora vencedora -ni siquiera parcialmente-, con los gastos de su defensa y exonerar a la aseguradora demandada de la obligación objetiva de solventarlos, pues se verifica que fue su proceder procesal, esencialmente signado por la renuencia a brindar informe concreto a la actora sobre seguro de vida contratado por el extinto, el que dio pleno motivo al pedido resarcitorio.-
Que, en virtud de lo peticionado y actuado, de lo probado y analizado, el agravio formulado deviene razonable y debe ser admitido, resultando de ello que las costas le sean impuestas en su totalidad a la aseguradora demandada en todas las instancias, por aplicación del principio general objetivo de la derrota (art. 68 CPC y C) por lo que corresponde casar la sentencia en este punto.-
IV. Honorarios.
Que, la recurrente alega la violación del artículo. 278 CPCC, al haberse revocado parcialmente la sentencia de primera instancia y no adecuar la Alzada el monto de los honorarios al contenido del pronunciamiento.-
Considera que los mismos debieron reajustarse en relación con el monto definitivamente reconocido por la Excma. Cámara a favor de la Sra. Barrionuevo, en concepto de seguro de vida obligatorio de su extinto esposo, esto es a la suma de $ 6.750,00 (confr. fs. 343 vta.).-
Que, a los fines del tratamiento de la cuestión a dilucidar es menester recordar que la tradición jurisprudencial de este Alto Tribunal ha venido sosteniendo inveteradamente que el tema de la regulación de honorarios, en cuanto a su base y monto, resulta, en principio, ajeno a la casación (confr. Tomo II, Interlocutorio, Reg. 193, Folio 323/325; ídem, Reg. 214, Folio 358/359; ídem, Tomo III, Interlocutorio, Reg. 289, Folio 466/468; Tomo IV, Interlocutorio, Reg. 372, Folio 608/610; Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1298, Folio 1737/1739), pues, la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de normas arancelarias son cuestiones de carácter fáctico y procesal que quedan en el espacio de la razonable discreción del juzgador y son inescrutables por vía del recurso extraordinario provincial, salvo que se demuestre arbitrariedad (confr. Tomo XIII, Sentencias, Reg. 464, Folio 2520/2525).-
Que, en el sub examine, se advierte que el pronunciamiento de la Excma. Cámara, modificatorio de la sentencia del primer judicante, prescinde de todo tratamiento a la cuestión de honorarios, limitándose a exponer lacónicamente la fórmula: “… confírmese la regulación de primera instancia que fuera consentida …” (confr. fs. 342 vta. y punto 5° de sentencia de Alzada, fs. 343 vta.). De este modo, el ad quem elude la regulación de honorarios, mal excusándose en que los mismos se hallaban consentidos, siendo que la propia norma establece que, indefectiblemente, deberá procederse a la adecuación de los mismos, en caso de revocatoria o modificación de la sentencia de primera instancia. Así lo sostuvo la CSJN “… La descalificación por parte del Tribunal de la sentencia del a quo, implica necesariamente la revocación de las decisiones accesorias a ella –carácter que asiste a lo atinente en materia de costas y honorarios– las que deben seguir la misma suerte; de manera que al variar –como consecuencia del nuevo pronunciamiento– el modo del litigio, los honorarios deben ser adecuados a las nuevas circunstancias (confr. Fallos: 308:2009).-
Que, la Excma. Cámara omitió dar una respuesta a este tema en particular lo cual implica una clara violación al derecho de defensa y de propiedad del recurrente, configurándose en un típico supuesto de arbitrariedad, que invalida el pronunciamiento en este aspecto estructural. Parafraseando al juez Hitters podemos decir que: “... La falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteadas por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) ... El pronunciamiento que incurre en omisión afecta sin duda las garantías de defensa y de la propiedad ...” (confr. Hitters, Juan Carlos, Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación, ed. LEP, 2º Ed., La Plata, 1998, págs. 640/641).- Coincidente con lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia de la Nación invalidó -sentencias por el carril de la arbitrariedad- por carecer de sustento suficiente para ser considerada como un acto jurisdiccional válido, al adolecer de omisiones en el tratamiento de articulaciones serias y conducentes oportunamente formuladas por los interesados (confr. CSJN en autos "Andino Flores, Leonor c/ Hospital Italiano, Sociedad Italiana de Beneficencia A. s/ RECURSO DE HECHO” A1167, XLII y Fallos: 324:3839, 315:981, 310:236, entre otros).-
Que, bajo esta perspectiva de análisis, corresponde señalar que la omisión incurrida por ad quem en lo que respecta a honorarios constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita), que conlleva, en este punto, a la nulidad parcial del fallo (conf. SCBA, L. 35.735, S, 5-VIII-1986; L. 38.876, S, 9-VIII- 1988; L. 39.124, S,14-III-1989; L. 33.768, S, 19-II-1985; L. 70.654 S, 10-III-2004), que debió ser expresamente abordado por la Alzada, tal lo mandado por el art. 278 CPCC, no pudiendo quedar preterido y fuera del cuadro sentencial.-
Entendemos que en la especie es innecesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos de la decisión que componen las restantes controversias suscitadas entre las partes, pues ello configuraría un dispendio jurisdiccional afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia (confr. SCBA, L. 90.689, S 15- IV-2009, in re: “Martínez Gómez, Willy Guillermo contra Galeota, Octavio y otro s/. Despido”). Además, no resulta conducente la nulidad total, pues si no corresponde perjudicar a quien planteó el recurso de casación, tampoco resulta posible hacerlo con su contraparte, y esta última secuela se configuraría si, ante aquella prescindencia, se le derrumba íntegramente el fallo sobre los aspectos (pretensiones) ajenos a toda razón de nulidad.-
Que, la antedicha solución es concordante con precedentes de este Alto Cuerpo que ya han declarado la nulidad parcial de sentencias, facultad excepcionalmente utilizada por este Tribunal (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 212, Folio 1142/1144; Tomo VII, Sentencia, Reg. 237, Folio 1280/1287; Tomo XV, Sentencia, Reg. 518, Folio 2901/2904; Tomo XVI, Sentencia, Reg. 555, Folio 3139/3147, entre otros).-
Que, con esta decisión, en definitiva, se pretende dar debido contralor de la adecuada motivación de las decisiones, que siempre y necesariamente deben respetar la lógica interior de los hechos, pruebas y legalidad de las respuestas jurisdiccionales, sin lo cual se malogran -irremediablemente- las garantías del debido proceso, de la defensa en juicio, del derecho de propiedad y, fundamentalmente, del principio de seguridad jurídica.-
Que, por las razones explicitadas y ante la omisión de tratamiento de la cuestión sub examine, el acto sentencial deviene parcialmente nulo por quebrantamiento de formas sustanciales (art. 2º ley 1687).
Que, por ello, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso de casación impetrado a fs. 348/372 vta. por la actora, Sra. Sandra Elizabeth Barrionuevo y, en consecuencia, casar parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 336/344 en cuanto a las costas, las que se imponen en su totalidad y en todas las instancias a la demandada vencida (confr. artículo 68 del CPC y C) y confirmarla en lo demás que decide. Declarar la nulidad parcial de la sentencia referida en la parte relativa a honorarios por aplicación del artículo 278 CPC y C; por quebrantamiento de forma, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles (confr. art. 14 de la ley 1687 -Recurso de Casación-), proceda a una nueva regulación de honorarios, conforme se ha resuelto en el Considerandos IV; teniéndose presente la reserva del caso federal, efectuada a fs. 372.-
Por todo ello, oído que fuera el Sr. Agente Fiscal, el Excmo.
Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto a fs. 348/372 vta., por la parte actora, casando parcialmente la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 336/344, en cuanto a las costas, las que se imponen en su totalidad y en todas las instancias a la demandada vencida, y confirmarla en lo demás que decide, sin perjuicio de lo que prevé el pto. 2º).-
2. Declarar la nulidad parcial de la sentencia referida en la parte relativa a honorarios, por quebrantamiento de forma, reenviando los presentes autos a la Cámara de origen para que, con nuevos jueces hábiles, proceda a una nueva regulación de honorarios, conforme se ha resuelto en el Considerandos IV.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1022S.141 Tomo: XVII Sentencia: 583.-
Folio N°: 3.332/3.338.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia