Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-1.930/13-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada Servicios Públicos S.E. a fs. 730/743 y, por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 745 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-1.930/13-TSJ Interlocutorio N°: 3.068.-
Actor: BARROS RODOLFO CESAR Y OTRA Demandado: SERVICIOS PÚBLICOS S.E Objeto: DAÑOS Y PERJUICIOS Fecha: 20-8-14 Texto: TOMO XXV – INTERLOCUTORIO – T.S.J..- REGISTRO Nº 3.068.-
FOLIO Nº 4.990/4.993.-
PROT. ELECT. TSS1 038 I.141
Río Gallegos, 20 de agosto de 2014.-
Los presentes autos caratulados: “BARROS RODOLFO CESAR Y OTRA c/ SERVICIOS PÚBLICOS S.E. s/ DAÑOS Y PERJUICIOS”, Expte. Nº B-21.819/04 (B-1.930/13-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 730/743 por el letrado apoderado de la demandada, Servicios Públicos Sociedad del Estado, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 714/724 vta.. Esta última confirmó, en parte, la sentencia de primera instancia en la cual se había hecho lugar parcialmente a la demanda, condenando a Servicios Públicos S.E. a abonar: a la Sra. Meghella la suma de $ 3.000 en concepto de daño moral y $ 1.500 por daño material, y al Sr. Barros $ 2.400 y $ 8.176,50 por los rubros mencionados, derivados de la rotura de un tanque de agua acaecida en la ciudad de Caleta Olivia y admitiendo el agravio de la demandada respecto de la tasa de interés aplicable, debiendo calcularse los mismos a la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central.-
II. La demandada Servicios Públicos Sociedad del Estado interpone recurso de casación esgrimiendo como agravio la violación o errónea aplicación de la ley y arbitrariedad.-
Fundamenta su recurso en que la Cámara no ha aplicado la última parte del artículo 1113 y del artículo 1111 del Código Civil, como tampoco la Ordenanza Municipal Nº 1871/95 que establece el “CÓDIGO DE EDIFICACIÓN MUNICIPAL” y el “Código de Ordenamiento Urbano de la ciudad de Caleta Olivia”, disposiciones legales que estima no fueron tenidas en cuenta al dictarse la sentencia recurrida (confr. fs. 731 vta.). Afirma que en razón de las pruebas producidas en autos correspondía establecer que las viviendas de los actores se encontraban construidas debajo del nivel de la calle, lo cual determinaría que la demandada se encuentra exenta de responsabilidad civil en virtud de lo dispuesto por el artículo 1113 -segunda parte-. Por lo que entiende que se configura un caso de fundamentación aparente o dogmática, que encuentra apoyo en la subjetividad y voluntad de los integrantes de la Cámara y contradice abiertamente las constancias de autos, convirtiéndose en una sentencia arbitraria (confr. fs. 734).- Seguidamente realiza una enumeración de las normas de edificación que entiende son aplicables al caso y que la Cámara no ha considerado. Así menciona que dichas normas determinan la obligación de construir sobre el nivel de la calle o, en caso de no hacerlo, requerir autorización expresa de la autoridad y poseer sistemas para evacuación de las aguas que ingresen al predio, todo lo cual ha sido omitido por la Cámara. Se agravia de que la Cámara haya rechazado, tanto la responsabilidad de la Municipalidad de Caleta Olivia por haber permitido la construcción sin respetar el Código de Edificación, sin haber realizado las inspecciones previas necesarias o exigido las obras pertinentes (confr. fs. 740), como también de no haber responsabilizado a la empresa YPF por entender que no tiene fuerza probatoria alguna el convenio de transferencia del tanque de agua en cuestión, al que alude dicha empresa, ya que no se le dio traslado a su parte.-
III. Que, en oportunidad de realizar este Tribunal el examen preliminar según lo establece el artículo 7º de la ley 1687, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado, se observa que el mismo pretende desarrollarse en el ámbito del carril impugnativo establecido por el artículo 3º inciso a), de la ley 1687 -Recurso de Casación-, fundamentalmente por estar vinculada a la violación de la ley, y por arbitrariedad de la sentencia por absurda valoración de la prueba y apreciación de cuestiones de hecho por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.- Debemos decir que de la atenta lectura del instrumento recursivo surge que la principal embestida a la construcción lógica de la sentencia en crisis gira en torno a un cuestionamiento pertinaz por parte de la recurrente de la valoración de hechos y pruebas de la causa (inexistencia de responsabilidad de Servicios Públicos S.E., violación de las reglas relativas a la valoración de las pruebas, revisión de los rubros indemnizatorios, responsabilidad de la municipalidad de Caleta Olivia y de la empresa YPF) materia, a todas luces, improcedente en esta instancia extraordinaria, con las salvedades propias de la materia, en orden al absurdo o a la arbitrariedad.- Puestos a evaluar los planteos de la demandada, vemos que se centran en que la Cámara ha efectuado una arbitraria valoración de la prueba ya que, a su entender, dicho tribunal reconoce que no están acreditados los daños materiales, a pesar de lo cual determina la suma de $ 1.500 en tal concepto; y produce distintas afirmaciones y consideraciones respecto de algunos elementos probatorios que entiende lograron demostrar que las viviendas de los actores se encontraban construidas debajo del nivel de la calle.-
De modo tal que, como bien puede advertirse, la pretensión de la recurrente está dirigida a que se traten en esta instancia extraordinaria cuestiones relativas a la existencia o inexistencia de la responsabilidad de la demandada y de valoración de las circunstancias de hecho y prueba que las partes han traído al proceso y que han merecido ya la intervención de las anteriores instancias ordinarias. En este sentido, es dable señalar que los elementos fácticos del litigio no deben ingresar al tratamiento de la revisión casatoria, ya que el Tribunal que se ocupa de resolver este recurso sólo debe revisar la estricta aplicación del derecho, toda vez que en lo atinente a los hechos, los jueces de grado son soberanos y por consecuencia el relato histórico cumplido por éstos, escapa a la revisión del ad quem (confr.
HITTERS, Juan Carlos, ‘Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación’, Ed. L.E.P. S.R.L., 1998, pág. 381/382).- Las críticas esgrimidas sólo traducen diferencias de opinión con el Juzgador y no resultan suficientes para rechazar las consideraciones expuestas en el pronunciamiento recurrido, máxime frente a la excepcionalidad del remedio que se intenta. Los motivos impugnativos están directamente referidos a un defecto de apreciación legal en relación a los hechos, pruebas y constancias de la causa por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, o error de subsunción; esto es, se ataca la actividad de juzgamiento del “ad quem” referenciándose cuestiones de hecho y prueba que resultan ajenas a esta instancia casatoria (confr.
TSJ Santa. Cruz, Tomo II, Interlocutorio, Reg. 207, Folio 347/349; Tomo VII, Interlocutorio, Reg. 991, Folio 1206/1208, entre otros). Y, desde este cuadrante particular, el recurso en cuestión no cumple con el requisito de adecuada fundamentación, toda vez que el mismo se desentiende de las razones esenciales dadas en el decisorio, referidas a que la Cámara explica que ha considerado distintos elementos probatorios para cuantificar los daños materiales y, si bien la actora no ha demostrado la extensión de los mismos en su totalidad, al haber quedado demostrado el daño, afirma que el mismo debe ser resarcido, aunque en menor medida de lo que solicitó la parte actora. Así la Cámara, en virtud del acta notarial de fs. 29/30 y las testimoniales de fs. 214 y 272 las cuales describen genéricamente algunos daños que habrían sido consecuencia del hecho, entiende justo fijar la suma de $ 1.500 en concepto de daño material, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 166 -último párrafo- del CPC y C.
Al respecto la recurrente únicamente manifiesta su disconformidad con la decisión, tomando parcialmente los fundamentos dados por la Cámara, y no apreciando los mismos en su conjunto. También cabe decir que en lo concerniente a la alegada responsabilidad de la Municipalidad de Caleta Olivia y de los actores, en un intento de la recurrente de deslindar su responsabilidad en las víctimas o en un tercero por quien no debe responder, la Cámara da una respuesta razonable, al decir que la prueba producida no es suficiente a los fines de responsabilizarlos, ya que entiende que hubieran sido necesarios otros elementos para lograr acreditar la responsabilidad de la víctima o de un tercero. Todas estas son circunstancias fácticas que incumbía acreditar a la demandada y que se encuentran ausentes en los elementos probatorios adjuntados a la causa.
También se desentienden de los argumentos desarrollados por la Cámara, pretendiendo recrear en este contexto la meritación y apreciación jurisdiccional, sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 880, Folio 1019/1021). Sólo el error palmario y fundamental autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho. Ello, por cuanto se pretende impugnar las conclusiones emitidas respecto de cuestiones fácticas de la litis, responsabilidad de la demandada y valoración de la prueba, presentando su propia versión sobre las mismas sin que se realice un juicio crítico de los razonamientos desarrollados y la demostración de un error grave, trascendental y fundamentado (confr.
TSJ Santa Cruz, Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1496, Folio 2093/2095, entre otros). Este Tribunal también ha dicho que “…no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que sólo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación…” (confr. Tomo XIX, Interlocutorio, Reg. 2463, Folio 3721/3724; Tomo XX, Interlocutorio, Reg. 2618, Folio 3914/3917, entre otros). En estas circunstancias el caso no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación, lo que no se advierte en el fallo recurrido.-
IV. Ha sostenido este Tribunal que las circunstancias que llevan a establecer la responsabilidad ante un siniestro, como determinar la relación entre un hecho y el daño, conforman típicas cuestiones de hecho, cuya apreciación se encuentra reservada a los jueces de grado y excluida de la censura en casación, salvo el supuesto excepcional del absurdo en la apreciación de la prueba (confr. Tomo XI, Interlocutorio, Reg. 1462, Folio 2044/2045; Tomo XIII, Sentencia, Reg. 446, Folio 2431/2439).- No obstante, en el sub lite, tampoco fueron demostrados, ni se encuentran reunidos los presupuestos que configuran la arbitrariedad por absurda valoración de la prueba, también alegada por la demandada.-
Entiende este Alto Cuerpo que el mencionado vicio se produce cuando nos encontramos ante “…un desvío lógico, una falla del razonamiento, la incongruencia o el grosero error material en la interpretación de algún elemento probatorio, que llevará a sentar premisas incompatibles con las reglas de la común experiencia o contradichas por piezas fehacientes de la causa, en grado tal que justifiquen su revisión por la última instancia provincial…” (confr. Tomo VII, Sentencia, Reg. 254, Folio 1383/1389; Tomo VII, Sentencia, Reg. 255, Folio 1390/1394, entre otros).- Es así que la denuncia de arbitrariedad por absurda valoración de la prueba no encuentra sustento y por tanto debe rechazarse.-
Surge en forma palmaria del fallo atacado, que la demandada fue responsabilizada en los términos del artículo 1113 del Código Civil.-
No se advierte que los argumentos del recurso demuestren arbitrariedad en el análisis que hace la Cámara, que justifiquen la apertura del recurso. En el sub lite, la Cámara considera, como se dijo anteriormente, que la demandada es responsable en virtud de la responsabilidad del artículo 1113 del Código Civil. Pondera que Servicios Públicos S.E. se hizo cargo de los gastos que debieron efectuar otras víctimas del hecho, entendiendo que de haberse considerado exento de responsabilidad no lo hubiera realizado. También apreció la declaración del Sr. Barros en la causa penal, en la cual afirmó que en su domicilio se presentó personal de SPSE para constatar daños y eventualmente asumirlos.- A criterio de este Alto Cuerpo no resulta arbitraria la apreciación efectuada por la Cámara en lo que hace a la culpa de la víctima o de un tercero por quien la demandada no debe responder, encuadrada en los términos del segundo párrafo del artículo 1113 del Código Civil, en cuanto ha valorado y descrito las circunstancias que sustentan su postura de manera lógica y razonable.-
El demandado no puede librarse de su responsabilidad, en la medida que no ha demostrado que la culpa de la víctima tuvo aptitud suficiente para cortar totalmente el nexo de causalidad y resultó ser la única causa del daño, debido a que, por sus características, a ella, le haya sido imposible evitarlo (confr. Corte Suprema de Justicia de la Nación, “ENTEL -Empresa Nacional de Telecomunicaciones- v. Dycasa S.A., Fallos: 308:1597).-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que no cabe exigir a las demandantes la acreditación de otros extremos ni la demostración de la forma concreta en que se produjo el infortunio, toda vez que, al tratarse de un daño causado por “el riesgo” de la cosa (arts. 1113, apart. 2°, párr. final, Cód. Civil), basta con que el afectado demuestre el daño causado y el contacto con aquélla, quedando a cargo de la demandada, como dueña o guardián de ella, acreditar la culpa de la víctima o de un tercero por quien no deba responder (confr. Fallos 317:1336).- Tampoco se advierte desvío lógico en las expresiones referidas a que en virtud de elementos probatorios como el acta notarial obrante a fs. 29/30 y las testimoniales de fs. 214 y 272, las cuales describen genéricamente algunos daños que habrían sido consecuencia del hecho en cuestión, y de conformidad con lo normado por el art. 166 -último párrafo-, estima justo fijar la suma de $ 1.500 para la reparación del daño material (confr. fs. 718 vta./719).- La fundamentación esgrimida en el recurso de casación no logra rebatir los argumentos con los que la Cámara sustentó la condena en su contra. El recurrente ni siquiera se hace cargo de afrontar el razonamiento de la Cámara para intentar echarlo por tierra, simplemente basa su recurso en posturas repetidas a lo largo de todas sus presentaciones, sin asumir la tarea -que le compete si quiere lograr la apertura de la instancia extraordinaria- de rebatir todos los fundamentos sobre los que basa su sentencia.-
El pronunciamiento de la Cámara, derivado del análisis de la prueba producida, no puede ser objeto de censura en la instancia extraordinaria de casación porque es producto del ejercicio de una facultad propia de los jueces de mérito, salvo que se denuncie y demuestre la existencia de absurdo, circunstancia ésta que no ha ocurrido, máxime cuando la sentencia atacada, como ya se indicó, cuenta con fundamentos de hecho y de derecho que, no obstante las discrepancias que se pueda mantener con ellos, dan sustento al decisorio.- Resulta clara la improcedencia del recurso impetrado por ausencia de motivación suficiente, cuando se invoca no sólo una presunta violación a la ley -intentando a través de ello introducir a su amparo una nueva valoración de los hechos-, o una original interpretación de la responsabilidad acordada basada en un planteo subjetivo y carente de una verdadera fundamentación que conmueva el acto sentencial atacado, limitándose el argumento recursivo al frágil pretenso de una reconsideración de la prueba y una nueva valoración o debate de los hechos definitivamente prefigurados, habida cuenta que: “…la Alzada goza de soberanía axiológica para seleccionar los medios de prueba y atribuirles la jerarquía pertinente dentro del conjunto de aquellos acumulados y que corresponde valorar…” (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo I, Sentencia, Reg. 3, Folio 13/17; Tomo V, Sentencia, Reg. 179, Folio 969/974, entre otros), esto es en definitiva que: “…Para arribar a su fallo el juez no está obligado a hacerse cargo de la totalidad de las alegaciones formuladas o de las pruebas producidas, pudiendo desechar aquellas que considere innecesarias o inconducentes con relación al objeto del proceso…” (confr. fallos cit. supra).- En cuanto a la arbitrariedad alegada, este Tribunal ha señalado en sus precedentes que: “¼La doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad excepcional, en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación¼ (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 282, Folio 457/458; Tomo VI, Interlocutorio, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
V. Por último, en cuanto a la supuesta errónea interpretación del artículo 462 del CPC y C efectuada por la Cámara, afirma la recurrente que “¼una cosa es decir que el art. 462 del CPCC produce la purga de los vicios de procedimiento, lo cual es aceptado por mi parte, pero otra muy distinta es manifestar que esa purga de las irregularidades del procedimiento tenga por efectos tener por reconocida una prueba documental y por acreditado un hecho¼ (confr. fs. 741 vta.).- Al respecto cabe decir que la recurrente no logra conmover la solidez estructural de argumentación y conclusión del fallo, no teniendo fundamentación suficiente su pretensión, requisito que no se cumple transcribiendo reiteradamente los mismos fundamentos que han recibido respuesta en las instancias anteriores, sin demostrar por qué es errónea la desestimatoria que pretende remover. No se advierte que los argumentos del recurso demuestren arbitrariedad en el análisis que hace la Cámara, que justifiquen la apertura del recurso intentado.-
La doctrina ha expresado que “¼Una vez que se ha llamado autos para sentencia queda cerrada toda posibilidad de discusión, es decir, que no se puede traer el proceso ningún planteo cualquiera sea su naturaleza. También el impedimento legal se refiere a toda apreciación o producción de prueba¼ (confr. Elena I. HIGHTON y Beatriz A. AREÁN, “Código Procesal Civil y Comercial”, Ed. Hammurabi, Buenos Aires, 1º ed., 2007, Tomo 8, pág. 722).-
Este Tribunal ha establecido -en reiteradas ocasiones- que debe ser rechazado el recurso carente de fundamentación suficiente para sostener el embate (confr. Tomo VIII, Sentencia, Reg. 295, Folio 1595/1599; Tomo IX, Sentencia, Reg. 303, Folio 1637/1641).-
Por lo expuesto, y de conformidad a lo establecido en el artículo 7 de la ley 1687, corresponde declarar mal concedido el recurso de casación articulado por la demandada Servicios Públicos S.E. a fs. 730/743 y, en consecuencia, revocar la resolución de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 745 y vta..-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada Servicios Públicos S.E. a fs. 730/743 y, por consiguiente, revocar la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 745 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal por constituir mayoría concordante en la solución del caso (art. 27, ley Nº Uno, t.o. ley Nº 2404).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal a/c Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal- Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1038I.141 Tomo: XXV Interlocutorio: 3.068.-
Folio N°: 4.990/4.993.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia