Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7415
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello la pretensión de la parte a fs. 454 vta. no es atendible. Ello sin perjuicio de valorar la veracidad de sus dichos con mayor severidad y análisis crítico.
X. Que tenemos que en autos la demandada rescindió el contrato laboral con la actora invocando la causal de abandono del trabajo. Los agravios de la actora se centran al atacar el despido por abandono en invocar la historia clínica y el certificado médico de fs. 90 para sostener que la actora se encontraba enferma y que de ello surge claramente que la actora se encontraba enferma y de la demandada se negó a recibir el certificado cuando cuatro renglones más arriba afirma que hizo entrega del mismo y más adelante sostiene que no intentó justificar sus ausencias en razones de enfermedad sino que se consideró despedida. Entiendo que se debe tener por formalizado el despido por abandono de trabajo realizado por la demandada. El despido es uno en la relación laboral, salvo retractación supuestos especiales. Si no se demuestra la causal invocada el despido es incausado. Pero se alcanzó a demostrar las inasistencias y no se intentó acreditar que éstas estaban justificadas. El intento de la actora de darse por despedida una vez que el vínculo se había disuelto por comunicación de la demandada no puede ser atendido, sin perjuicio que se examine la procedencia o no del reclamo de diferencias salariales en cuya falta de pago pretendió fundar un despido indirecto. …
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7415 Sentencia: 2815 Actor: Barroso, Estela Pamela Demandada: S.C.F. SRL Objeto: Laboral Fecha: 10/12/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los diez días del mes de diciembre de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “BARROSO, Estela Pamela c/ S.C.F. SRL s/Laboral”, Expte. Nº 1069 del año 2015 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, de la ciudad de Puerto Deseado, que tuviera ingreso en la instancia bajo el Nº 7415. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda Isabel Bard y Dr. Juan Pablo Olivera para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es nula la sentencia en crisis? SEGUNDA:¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la actora representada por el Dr. Miguel Nicolás Cano promueve, con la documental de fs. 1/103 y el escrito de fs. 104/109, demanda por cobro de indemnizaciones laborales. Afirmó haber trabajado jornada completa pero que en los recibos se liquidaba media jornada y que ante su reclamo se le indicó que la diferencia se le integraría en mano. Refiere una transferencia de firma y distintos reclamos y que solo por cuatro meses figuró en los recibos con jornada completa. Transcribe el intercambio epistolar y que, ante una enfermedad es despedida por abandono, decisión que rechaza y a su vez ella se considera despedida por la injuria de deficiente registración y falta de pago de las diferencias. Funda su pedido, practica liquidación que arroja un total de $191.592,28 y ofrece prueba. Pide que oportunamente se haga lugar a la demanda en todas sus partes condenando a pagar la suma reclamada, intereses y costas.
II. Que corrido traslado de la demanda a la audiencia del art. 47 de la ley 1444 de la que ilustra el acta de fs. 180 a la que concurre la actora personalmente y la Dra. María Gabriela Oste en representación de la demandada quien opone excepción de prescripción y contesta la acción con la documental de fs. 115/171 y escrito de fs. 172/179 donde niega los hechos e insiste en una jornada reducida de 4 hs. y dice que sólo lo hizo en jornada completa en temporada alta, ratifica la categoría de maestranza e indica que la actora comenzó a faltar a partir del 30/9/14 por lo que se la intima que concurra a trabajar bajo apercibimiento de considerarla incursa en abandono de trabajo por lo que la despide el 20/10/14. Hace referencia a una posterior intimación de la actora y las respuestas. Funda el rechazo de la demanda indica haber entregado el certificado de trabajo y acompaña una copia. Se opone a las indemnizaciones pretendidas e impugna la liquidación y las pruebas ofrecidas y ofrece su prueba, que amplia a fs. 182. Pide el rechazo de la demanda. La excepción de prescripción se contesta a fs. 181, y oído el Agente Fiscal a fs. 184 por interlocutoria de fs. 186 se difiere el tratamiento de la excepción a la sentencia.
III. Que a fs. 190 se abre la causa a prueba proveyendo la considerada pertinente. Producida la obrante en autos a fs. 444 se señala la audiencia del art. 70 a fin de que las partes aleguen, sin que ninguna de las partes hiciera uso de ese derecho conforme surge del acta de fs. 447, donde se llama autos para dictar sentencia. Ésta obra a fs. 448/451 y acoge parcialmente la excepción, declara prescriptos los reclamos anteriores al 2 de octubre de 2012 y rechaza la demanda incoada por Estela Pamela Barroso contra S.C.F. SRL con costas a la vencida. Regula los honorarios de la Dra. Oste y está a lo acordado por el Dr. Cano en el Pacto de cuota Litis de fs. 2.
Disconforme la parte actora por medio de su apoderado interpone y funda recurso de apelación con la pieza de fs. 454/458 que le es concedido libremente y con efecto suspensivo, por providencia simple de fs. 462, que corre traslado de los agravios. La apoderada de la demandada contesta agravios con el memorial de fs. 465/469 y los autos se elevan con la certificación de estilo de fs. 472. Recibidos a fs. 473 se llama autos a sentencia. A fs. 474 ante la renuncia de la Dra. Naves para jubilarse, se integra cámara con el Dr. Juan Pablo Olivera. Consentida la integración a fs. 478 se dispone el pase a estudio fijando el orden para ello.
IV. Que en sus agravios la apelante en primer lugar critica la valoración de los dichos de sus testigos que entiende se tergiversan, los analiza y entiende que no puede considerarse media jornada cuando trabajaba más de 36 hs. Sostiene que, de los dichos de esos testigos no puede sostenerse que se trabajara media jornada. Critica que se le de valor a la declaración de Escudero quien trabajó solo unos meses en los años 2012/2013 por lo que su declaración sólo tiene credibilidad durante ese período. Afirma que a los testigos Luciano Sequeira, Roxana Areco así como a Juan José Chaves los comprenden las generales de la ley por ser los primeros parientes directos de los dueños de S.C.F. SRL y por lo tanto inadmisibles sus declaraciones. Sostiene que no se le corrió traslado del ofrecimiento de esa prueba para poder impugnarlas. Entiende se debió aplicar el art. 405 del CPCC. Afirma que la actora cumplía jornada a la mañana y a la noche y que al menguar el trabajo cumplía jornada completa a la noche. Destaca el valor probatorio de sus testigos a los que califica de claros y precisos sus dichos y de desinteresados que declaran sobre hechos conocidos por el testigo por percepciones sensoriales y dan fe que vieron a la actora cumpliendo tareas y que lo hacía mañana y noche.
Afirma que la prueba falsa también es prueba y produce efectos probatorios en tanto no se demuestre su falsedad. Dice que alguien mintió y no fueron los testigos propuestos por su parte. Entiende que no se debe olvidar que se presume la buena fe del testigo quien debe prestar juramento. Por ello sostiene que las conclusiones del Sr. Juez de grado se aparten de la verdad jurídica material y por ello que se encuentra acreditada la injuria que no permite la continuación de la relación laboral y justifica el despido indirecto. Califica de poco probable que la demandada haya pagado un salario superior al de convenio y lo entiende como un reconocimiento al trabajo de la actora en jornada completa. Reitera que aún en horario nocturno la actora trabajaba jornada completa. Le llama la atención las demoras en la entrega de los telegramas que llegan después que las intimaciones de la demandada y concluye acusando de mala fe a la demandada agregando que al no entregar el correo aviso de entrega de los telegramas ley 23.789 su parte desconocía que su intimación no había llegado al destinatario.
En su crítica a la sentencia argumenta que de la historia clínica de la actora se desprende que estaba enferma y que la demandada se negó a recibir el certificado médico pertinente. Niega su voluntad de abandonar el trabajo y sostiene que no es así, que ya había intimado la regularización y pago de diferencias. Entiende equivocado que se sostenga en la sentencia que de autos surge el desinterés de la actora en mantener la relación al no haberse presentado frente a la intimación e intentar justificar las inasistencias en razones de enfermedad y niega haber intentado justificar en razones de enfermedad toda vez que se consideró despedida e invoca temeridad y mala fe de la demandada y reitera estar probado el trabajo en jornada completa y la deuda por diferencias salariales que justifican el despido. Le imputa al magistrado la violación de principios protectorios del derecho laboral. Invoca que existen contradicciones en los dichos de los testigos de ambas partes y que debe aplicarse el art. 9 de la LCT. Realiza consideraciones sobre el in dubio pro operario para proteger el trabajador como parte más débil. Invoca las reglas del principio protectorio y las explica. Cita en su apoyo los principios de interpretación y aplicación de la ley del art. 11 de la LCT realizando consideraciones que se tienen presente. Afirma que se han violado todos y cada uno de esos principios que hacen que la sentencia sea alcanzada por la nulidad absoluta porque no los menciona ni los aplica y no falla conforme los mismos pues en lugar de beneficiarla debió aplicarle todo el peso de la ley. Se refiere al principio de irrenunciabilidad de los derechos. Insiste en que cuando existen notorias contradicciones entre los testigos de ambas partes necesariamente se debe crear la duda y consecuentemente aplicar los principios protectorios y que la prueba en contrario debe ser aportada por el demandado y que queda configurada un contrato de trabajo con todas sus implicancias y efectos. Critica la actividad del magistrado en no haber desplegado la sana crítica y por ello reitera que el fallo queda viciado de nulidad.
V. Que en su responde la representante de la parte demandada solicita el rechazo de los agravios. Analiza los dichos de los testigos e indica que el testigo Urtizberea tenía juicio pendiente con su representada y dice sobre su jornada no la de la actora. Dice que el testigo Osorio no sabe que periodo trabajó por lo que mal puede testimoniar sobre períodos que no establece y sostiene que los testigos de ambas partes se refieren a jornada reducida.
Resiste el ataque contra los testigos Sequeira y Areco por comprenderle las generales de la ley y se opone por no ser el momento para referir la idoneidad del testigo. Entiende que no puede introducirse cuestiones de procedimiento que no fueron realizadas en el momento procesal oportuno. Sin perjuicio de mantener esta oposición dice que no quita ni pone si esos testigos son o no son parientes de los propietarios primero al no ser impugnada la idoneidad de los testigos en su oportunidad procesal y por otro lado las sociedades son personas jurídicas independientemente de los socios que la componen. El mismo argumento de la oportunidad lo expone con respecto del ataque al testigo Chaves. Hace notar que en la declaración jurada de la actora prestada ante el Juez de Paz refirió una jornada de 4 horas que cumplía.
Rebate los argumentos de la actora sosteniendo que justamente por los dichos de los testigos el magistrado resuelve como lo hace y se refiere a estos dichos. Destaca que justamente los testigos de la actora refieren una jornada reducida y remite a lo referido con respecto del testigo Osorio. No entiende a que se refiere la actora al hablar de prueba falsa. Entiende que la injuria nunca se configuró ni menos justificó un despido indirecto. Razona que no se acreditó diferencias salariales y que el vínculo se extinguió por abandono de trabajo y califica de teatro posterior y de maquinaciones que se fabrica para pretender el pago de indemnizaciones e insiste en que el vínculo quedó extinguido con anterioridad al supuesto auto despido.
Indica que la actora habla de horas extras cuando ni siquiera probó la jornada laboral completa y que esas horas extras no fueron precisadas en la demanda. Recuerda, con relación a otras quejas, que quien elige un medio de comunicación carga con la elección y que no le es imputable la supuesta demora sin que la actora intentara probar las supuestas visitas (del cartero) que su parte negó y sostiene que la pantalla web del correo no es prueba. Cita jurisprudencia. Entiende que no tiene implicancia sus manifestaciones respeto del despido indirecto toda vez que la relación se habría extinguido. Afirma que los comportamientos que la actora imputa a su parte y sus alegaciones de cuestiones que nunca probó y que pretende que por sostenerlo en la demanda habría quedado probado en realidad no es así.
Con invocación de la carga de la prueba sostiene que su parte refirió que no se le informó razones por la no concurrencia al trabajo y negó la presentación de certificados médicos y la autenticidad y contenido del certificado. Y, por lo tanto, era carga de la actora probarlo, por lo que no tiene asidero sostener que del certificado de fs. 90 surge que la actora estaba enferma y que su parte se negó a recibirlos. Entiende que no probó la existencia de certificado médico alguno. Se pregunta si se encontraba enferma y tenía problemas con la empleadora porque no envió un telegrama informando su dolencia o envió a una persona o pidió la intervención de la Delegación del Trabajo. Niega la mala fe de su parte y señala que la misma accionante reconoce que no pudo justificar su enfermedad y el despido estaba configurado.
Sostiene que al referirse la actora a los principios del derecho laboral pretende darle el valor que quiera a sus pruebas, descartar lo demás probado en autos y que las suyas son verdad revelada forzando el principio pro operario y por el que sus testimoniales sean más válidas que las de la otra parte o que no existan transcribe opinión doctrinaria que atribuye a Miguel Ángel Maza para concluir que el principio protectorio no puede en modo alguno suplir la prueba deficiente, la no prueba o los hechos no alegados ni habilita a dejar sin efecto la totalidad de la prueba producida. Afirma que no es cierto que las testimoniales por ella ofrecida sean concretas y contestes y que la casi totalidad de los testigos (de ambas partes)dan cuenta de una jornada laboral reducida.
Considera que el “recuento” de la actora sobre el significado del derecho protectorio no explica el modo que podría aplicarse a estos actuados lo que implicaría que por cualquier invocación debería ganar el pleito. Resume que la demanda fue rechazada por surgir de las testimoniales que la jornada de la actora era la expuesta en el responde y que no se hizo lugar a la indemnización por despido por que la extinción del contrato se suscitó por abandono del trabajo y explica que la aplicación de principios laborales no puede soslayar que la actora no probó lo que expuso. Solicita el rechazo de los agravios. Tal es a mi juicio un resumen de los argumentos y posición de las partes que marcan el límite de nuestra jurisdicción.
VI. Que en sus agravios el recurrente remarca con negritas a fs. 457 que la violación por parte del magistrado de todos los principios hacen que la sentencia sea alcanzada por la nulidad absoluta, pretensión que reitera a fs. 457 vta. 4º párrafo. Es decir que en forma difussa se plantea el recurso de nulidad al pretenderla en autos, lo que por lógica es el primer aspecto a tratar.
Es sabido que: “El recurso de apelación comprende el de nulidad por defectos de la sentencia….”como establece el art. 254 del CPCC aplicable en el proceso laboral por remisión que realiza el art. 121 de la ley 1444. Es decir que el recurso de nulidad es un medio de impugnación de un pronunciamiento judicial que presente “defectos de la sentencia”.
Como he explicado siguiendo calificada doctrina el recurso de apelación busca subsanar lo calificado como errores in iudicando o sea errores de juicio o de razonamiento del magistrado en una resolución formalmente válida, de allí que su objeto sea perseguir la revocación o modificación de la sentencia. Pero por otro lado el recurso de nulidad busca subsanar errores in procedendo es decir errores en las formas que deben seguirse para llegar a un acto procesal válido. Es por ello que a través del recurso de nulidad se pretende la anulación o invalidación de una resolución viciada o de todo el procedimiento posterior a un acto viciado. (por ejemplo de una sentencia dictada sin respetar la prejudicialidad del art. 1101 del Código Civil de Vélez Sarsfield o del art. 1775 del Código Civil y Comercial o de lo actuado después de una notificación nula por ejemplo). Devis Echandía lo resumía en que la revocabilidad es el remedio jurídico contra la injusticia de la resolución al paso que la nulidad lo es contra su invalidez. Del examen del escrito de agravios no se indica que la sentencia no estaría ajustada a los requisitos, lugar y formas que prescribe la ley ritual. Se entiende que la nulidad de la sentencia sólo procede cuando ésta adolece de vicios o defectos de forma o construcción que la descalifican como acto jurisdiccional cuando se ha omitido uno o varios requisitos esenciales, por ejemplo la fecha, la exposición de los hechos, la consideración de alguna de las cuestiones propuestas por las partes, se dicta sin abrir a prueba o declarar la causa de puro derecho, sin ningún fundamento (no incluye la pobreza de los fundamentos) o se decide sin oír a la otra parte. Por ello el art. 254 del CPCC menciona “defectos de la sentencia” y en el segundo párrafo contempla el supuesto que el procedimiento estuviere ajustado a derecho y se dicta la nulidad por cualquier otra causa debe resolverse sobre el fondo del asunto. Y no se advierten ni se invocan defectos que ameriten anular la sentencia. En agravios se invocan fallas en el razonamiento del magistrado que llevan a un resultado que la parte considera injusto lo que deberá ser analizado al tratar la siguiente cuestión, esa decir si la sentencia es injusta y corresponda modificarla o revocarla.
Por ello propongo al Acuerdo rechazar la pretensión de anular la sentencia por entender que no adolece de vicios que obliguen a contestar afirmativamente la primera cuestión.
Así lo voto.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
VII. Que establecida la inexistencia de defectos en la sentencia, es decir errores en las formas que deben seguirse para llegar a un acto procesal válido, coincido con el primer votante en responder en forma negativa a la primera cuestión y que se debe ingresar sin más a la segunda cuestión.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VIII. Que toda vez que la demandada no mantuvo los recursos subsidiarios de fs. 194 y 195 que se tuvieron presentes con efecto diferido al denegar las revocatorias por providencia de fs. 196 como impone el art. 91 de la ley 1444 corresponde denegar esas apelaciones en subsidio como impone el art. 92 de la misma ley. Antes de ingresar en el examen de los agravios debo refutar una afirmación que se desliza como fundamento a fs. 455 cuarto párrafo cuando se realiza una afirmación que expuesta en una mesa de examen de mi época de facultad hubiera provocado la expulsión de la mesa sin miramientos. Me refiero a la siguiente frase: “Dado que la prueba falsa también es prueba y produce efectos en tanto no se demuestre su falsedad…”. Demás está decir que esa afirmación es contraria a la ética y no se puede pasar por alto en actividades judiciales, que se deben desarrollar en un ambiente de orden, decoro y respeto (art 18 ley 1) siendo que los jueces deben prevenir todo acto contrario al deber de lealtad, probidad y buena fe (art. 34 inc. 5 apartado d del CPCC) A continuación de esta frase el apelante adelante se refiere a la declaración de los testigos. No debe confundirse con la eficacia probatoria de los instrumentos públicos. La noción de prueba trasciende el campo del derecho y en todos los ámbitos y manifestaciones de la vida humana se la utiliza: el joyero prueba la ley del oro, el matemático prueba sus operaciones, el ingeniero prueba sus cálculos y nadie escapa a la necesidad de probar y mal nos iría si nos valemos de pruebas falsas. Roland Arazi, procesalista que ha trabajado en la redacción del actual CPCC de la provincia, en su obra “La Prueba en el Proceso Civil nos dice: “Etimológicamente, el vocablo prueba (al igual que probo) deriva de la voz latina probus, que significa bueno, honrado; así pues lo que resulta probado, es bueno, es correcto, es auténtico” (obra citada pág. 28). Y no olvidemos que se castiga el falso testimonio y la defraudación procesal. El diccionario de la Real Academia 23ª edición, en lo que hace a nuestra actividad, define: “… //12 Der. Justificación de la verdad de los hechos controvertidos en juicio, hecha por los medios que autoriza y reconoce como eficaces la ley…”.
Antiguamente existía una confusión entre averiguar y verificar. En la ley 1 del título XIV de la partida tercera expresaba: “probatio est rei dubiae in judicio verificatio” y la versión de Partidas del rey sabio Alfonso X decían “prueua es aueriguamiento que se faze in juyzio en razón de alguna cosa que es dubdosa” entendiendo Sentis Melendo (de quien se sacan las citas) que en el siglo XIII en la evolución de la lengua no existía otro vocablo derivado de verdad y que la versión latina aclara que las partes averiguan y la prueba verifica. (autor citado “La Prueba, ed. E.J.E.A. páginas 10 y 11).Este autor aclara que los hechos no se prueba pues los hechos existen, lo que se prueba son las afirmaciones de las partes que podrán referirse a hechos y que se aportan al Juez para que este verifique si esas afirmaciones coinciden con la realidad. Jeremías Bentham en su “Tratado de las Pruebas Judiciales” (Ed. E.J.A.A. Vol. I pág. 21/22) Se preguntaba:
¿Qué es la prueba? En el más amplio sentido de esa palabra, se entiende por tal un hecho supuestamente verdadero que se presume debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho…..Toda decisión fundada sobre una prueba actúa, por tanto, por vía de conclusión: Dado tal hecho, llego a la conclusión de la existencia de tal otro…. En todos los casos la prueba es un medio encaminado a un fin.” Ello en todos los órdenes de la vida y pone el ejemplo del cazador al que unas ligeras marcas sobre el césped, unas ramas quebradas frente a las cuales el instinto le prueba que su presa pasó por allí.
Devis Echandía nos dice que: “Entendemos por pruebas judiciales el conjunto de reglas que regulan la admisión, producción, asunción y valoración de los diversos medios que pueden emplearse para llevar al juez la convicción sobre los hechos que interesan en el proceso.(autor citado, Teoría General de la Prueba Judicial, tomo I pág. 15). Eduardo J. Couture en su “Fundamentos del Derecho Procesal Civil” (tercera edición reimpresión inalterada de Editorial Depalma pág. 215)enseñaba que: “… en sentido jurídico procesal, la prueba es ambas cosas: un método de averiguación y un método de comprobación…. La prueba civil es, normalmente, comprobación de la verdad o falsedad de las proposiciones formuladas en el juicio. La prueba penal se asemeja a la prueba científica; la prueba civil se parece a la prueba matemática: una operación destinada a demostrar la verdad de otra operación.” Nos ha llevado a esta digresión la inaceptable frase transcripta en negritas al comienzo de este considerando. La prueba falsa no es prueba y no es ético su utilización especulando en que no se pruebe su falsedad. No puedo dejar pasar por alto esta afirmación.
IX. Que siguiendo con mi costumbre previa de eliminar la broza para clarificar los agravios, tenemos que el Dr. Cano se queja porque “debió declararse inadmisible su declaración testimonial (se refiere a los testigos Sequeira y Areco por comprenderle las generales de la ley) sobre todo si tenemos que nunca se corrió traslado del ofrecimiento de dicha prueba a esta parte a los efectos de poder impugnar dichas testimoniales en la etapa procesal oportuna” (fs. 454 vta.). En primer lugar no se corre traslado del ofrecimiento de prueba testimonial. No lo ordena el código del rito. Las partes deben controlar el expediente y toman conocimiento de los testigos que se ofrecieron a fs. 182. Admito que no se puede tener conocimiento del parentesco que los testigos admiten al declarar.
En ese momento y hasta tres días después de la audiencia la actora pudo alegar y ofrecer prueba sobre la idoneidad del testigo como le autorizaba el art. 67 de la ley 1444. Es decir que se trata de institutos distintos: una cosa es impugnar el ofrecimiento de esos testimonios por ser testigos excluidos, otra es la oposición a la declaración que establece el art. 406 del CPCC, otra cosa es alegar sobre la idoneidad del testigo, otra es denunciar la comisión del delito de falso testimonio y otra es la valoración de los dichos de un testigo en los alegatos, sentencia y expresión de agravios. Pretende el recurrente que se debió aplicar el art. 405 del CPCC con respecto de estos testigos como se hizo con el testigo Chávez.
No es el mismo caso toda vez que Chávez al ser preguntado por las generales de la ley admite ser concubino de la actora desde hace diez años (ver fs. 305). El testigo Luciano Sequeira al responder por las generales de la ley declara que S.C.F. SRL está integrada por su familia aunque no indica que parentesco tiene con que integrante. La testigo Roxana Elizabeth Areco sostiene ser nuera de los dueños del restaurante Puerto Cristal. Que del expediente “S.C.F. (SEQUEIRA, CASADA y Flia.) SRL s/ inscripción Registro Público de Comercio” se desprende que son sus únicos socios el Sr. Juan Carlos Sequeira y Sonia Gladys Casada ambos con domicilio en España 1698, cada uno titular del 50% del capital.
En los expedientes municipal de pedido de habilitación obra copia del título de propiedad del local (ESCRITURA 205 DE 1996 pasada ante el escribano Alberto Horacio Rosas) adquirido por “doña Sonia Gladys Casada nacida… con Documento Nacional de Identidad número 13.981.070, casada con don Juan Carlos Sequeira…” de lo que se desprende que la testigo Roxana Elizabeth ARECO con domicilio en España 1698, de estado civil soltera declara al responder por las generales de la ley que resulta ser nuera de los dueños del Restaurant Puerto Cristal es decir estaría unida por una unión convivencial con un hijo o hija de uno o los socios de S.C.F. SRL. Luciano Sequeira, también domiciliado en España 1698 al responder por las generales de la ley dice que “la demandada SCF SRL está integrada por mi familia” pero al responder a la quinta pregunta identifica a “Juan Sequeira” como su padre.
No está configurado el supuesto del art. 405 del CPCC desde que la demandada es una sociedad comercial y como tal, persona distinta de sus miembros. Ello no quita que se deba examinar y valorar más cuidadosamente los dichos de estos testigos.
Era de interés de las partes el pedir mayor precisión en el acto de la declaración de los testigos. Ambos aclaran que no obstante contestarán con la verdad de los hechos. A los fines de la valoración de su testimonio deberá tenerse en cuenta que ambos contradicen parcialmente a la versión de la demandada en el escrito de responde cuando sostienen que la actora tenia una jornada de aproximadamente 5 horas en turnos rotativos semanales (Luciano Sequeira fs.425) y horarios rotativos por el lapso de cinco horas diarias (Roxana Elizabeth Areco fs. 426).
De lo expuesto y de lo establecido por el art. 406 del CPCC aplicable por envío del art. 121 de la ley 1444, tenemos que como ha sostenido la jurisprudencia esa facultad se debe ejercer en primera instancia conforme al voto del Dr. Kiper al que adhiere el Dr. Achával, Cámara Nacional Civil, Sala H in re “G.,T.M. c/ V., G.H. en La Ley 1998-D-70 en consideraciones que comparto y a las que me remito.
Por ello la pretensión de la parte a fs. 454 vta. no es atendible. Ello sin perjuicio de valorar la veracidad de sus dichos con mayor severidad y análisis crítico.
X. Que tenemos que en autos la demandada rescindió el contrato laboral con la actora invocando la causal de abandono del trabajo. Los agravios de la actora se centran al atacar el despido por abandono en invocar la historia clínica y el certificado médico de fs. 90 para sostener que la actora se encontraba enferma y que de ello surge claramente que la actora se encontraba enferma y de la demandada se negó a recibir el certificado cuando cuatro renglones más arriba afirma que hizo entrega del mismo y más adelante sostiene que no intentó justificar sus ausencias en razones de enfermedad sino que se consideró despedida. Entiendo que se debe tener por formalizado el despido por abandono de trabajo realizado por la demandada. El despido es uno en la relación laboral, salvo retractación supuestos especiales. Si no se demuestra la causal invocada el despido es incausado. Pero se alcanzó a demostrar las inasistencias y no se intentó acreditar que éstas estaban justificadas. El intento de la actora de darse por despedida una vez que el vínculo se había disuelto por comunicación de la demandada no puede ser atendido, sin perjuicio que se examine la procedencia o no del reclamo de diferencias salariales en cuya falta de pago pretendió fundar un despido indirecto. El esfuerzo del apoderado de la actora, solo puede tener una parcial acogida, toda vez que tenemos en primer lugar la declaración jurada de fs. 170 la propia actora emitió la declaración jurada de fs. 170 en que consigna el 2 de febrero de dos mil doce que trabajaba medio turno que corresponde a 4 horas diarias en el restaurante Puerto Cristal. Si bien declara el ingreso el 1º de noviembre de 2012 ello corresponde a la modificación de la firma que se menciona en el inicio a fs. 104 vta. Por ello entiendo que hasta esa fecha la jornada de la actora era de 4 horas diarias o 24 horas semanales.
Pero a distinta solución debo llega a partir de esa fecha. Los dos testigos de la propia demandada y parientes de los socios de la empresa demandada indican una jornada superior en una hora diaria y así atribuyen que la actora tenia una jornada de aproximadamente 5 horas en turnos rotativos semanales (Luciano Sequeira fs.425) y horarios rotativos por el lapso de cinco horas diarias (Roxana Elizabeth Areco fs. 426) que entiendo más cercano a lo ocurrido desde que ello es concordante con los dichos de Urtizberea (fs. 315 desde las diez y media o las once hasta las quince y treinta horas más o menos…y a la noche desde las diez y nueve horas hasta la una de la mañana…) Osorio (fs. 346 entrábamos a las diez de la mañana y a la tarde no había horario específico de salida era a terminar te podías ir a las tres, cuatro o cinco de la tarde, cuando se iba el último cliente….
Volvíamos a entrar a las siete de la tarde hasta las doce y media o una de la mañana, hasta terminar) Bentura (fs. 347 solo indica el horario de ingreso a las once). Ergo si la demandada insiste en que la actora trabajaba y se le pagaba por jornada reducida de cuatro horas diarias o veinticuatro semanales y de las declaraciones testimoniales analizadas, incluso de dos testigos de la demandada que tienen parentesco con los integrantes de la SRL demandada se demuestra que, en el mejor de los supuestos para la demandada, lo hacía por lo menos cinco horas por el período posterior a su declaración jurada de fs. 170 del 2 de febrero de 2012. Y estando firme el acogimiento de la excepción que declaró prescriptos los créditos anteriores al 2 de octubre de 2012 es procedente el reclamo de diferencia salariales por una hora diaria desde ese día a la fecha del cese de la relación con exclusión del periodo en que se le abonó por jornada completa, con más diferencias que resulten en los SAC y Vacaciones abonadas.
Estas diferencias deberán ser calculadas por el Cuerpo Pericial Contable en la etapa de ejecución de sentencia. A esos fines siendo que surge de autos el desempeño por turnos rotativos, uno diurno y el otro a partir de las 19 horas se entiende que eran iguales ambos turnos y respecto del segundo calculará tres horas diurnos y dos horas nocturnos (art. 9 del decreto 16.115/33 reglamentario de la ley 11.544) o sea 2 horas 8 minutos nocturnos). Establecido y firme el crédito del actor por el Cuerpo Pericial Contable, su importe más los intereses desde que cada mensualidad fue adeudada, que se calcularán hasta el efectivo pago a la tasa pasiva promedio que elabora y publica el Banco Central, su importe deberá abonarse al actor dentro de los diez días hábiles, bajo apercibimiento de ejecución.
Deberá igualmente modificar las certificaciones del Art. 80 de la LCT adecuándola a las diferencias de jornada establecidas.
Es conocida en el foro mi posición con respecto de la tasa de interés acorde con la doctrina del Excmo. Tribunal Superior de Justicia in re “Díaz c/ Pcia. de Santa Cruz s/ laboral” y mantenido en “Ojeda, Sandra Fabiana c/ Instituto de Seguros de la Provincia de Santa Cruz s/ cobro de pesos” y Farrel, Francisco Norberto c/ Laperchuc, Raúl Osvaldo s/ laboral” y por la Corte Suprema de Justicia de la Nación in re “Palmieri , Leonardo Fabio c/ Estado Nacional s/ ordinario” y reiterado en el Recurso de hecho en la causa “Mantello, Paulo Mario c/ Fuerza Aérea Argentina y otros s/ ordinario”. Sumo a ello que no se me escapa la realidad económica pero tengo en cuenta que la llamada tasa activa como tasa bancaria que es contiene ingredientes que son ajenos a la función del interés, desde que incluye además del costo del dinero y la variación de su valor, los gastos financieros y administrativos de los bancos al facilitar el dinero, los gastos del personal, de infraestructura, cargas previsionales e impositivas y los riesgos de incobrables sobre el interés que pagan a sus depositantes.
Me remito por economía procesal entre otros a mi voto en los autos “TESEYRA, Carlos Javier c/ Austral Construcciones S.A. y otra s/ accidente de trabajo” que se puede consultar en los registros del tribunal. Quiero señalar que discrepo con el apoderado de la actora en cuanto a fs. 451 afirma que “la actora trabajaba en una jornada de más de 36 horas semanales y por ende, de ningún modo se la puede considerar media jornada o jornada reducida”… “La misma cumplía jornada laboral completa”. En esa frase el apoderado de la actora pretende encuadrar (sin decirlo) el caso en el supuesto del art. 198 de la LCT para luego sostener que se debía abonar la remuneración correspondiente a un trabajador de jornada completa como establece el art. 92 ter inciso 1 de la LCT.
A mi entender no corresponde este encuadramiento pues para ello se requiere que el trabajador se obligue a prestar servicios durante un determinado número de horas al día o la semana superior a las dos terceras partes de la jornada habitual de la actividad. Si es menor de las 2/3 partes de la jornada se paga por las horas trabajadas. (ver cita de un trabajo de Andrea Kesselman realizado en la página 70 por José Daniel Machado en la obra colectiva “Ley de Contrato de Trabajo Comentada y concordada” Coordinada por Raúl Horacio Ojeda, segunda edición actualizada). Esas dos terceras partes equivale a 5 horas 20 minutos por día o 32 horas a la semana (en el turno diurno)que es una jornada superior a la que entiendo probada, por lo que solo es procedente el pago de una hora diaria adeudada.
Al admitir parcialmente los agravios en lo que hace a la diferencia horaria a partir de la fecha de la prescripción y por imperio de lo dispuesto en el art. 278 del CPCC deberá modificarse la sentencia en lo que hace a la imposición de costas y monto de los honorarios, dejando sin efecto la regulación efectuada en la sentencia e imponiéndola a la parte demandada en su condición de vencida, debiendo oportunamente en la instancia de origen, una vez aprobada la liquidación de la diferencia impaga, elevar los autos a fin de adecuar las regulaciones conforme lo dispuesto por el art. 278 del CPCC.
XI. Que por ello y con el limitado alcance establecido en los considerandos respondo en forma negativa a la segunda cuestión propuesta al Acuerdo por considerar en el sentido indicado injusta la sentencia.
A LA SEGÚN LA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XII. Coincido con el Dr. Monelos en cuanto a la solución propuesta al caso, existiendo discrepancia con la tasa de interés aplicable al monto de condena. Como lo sostengo en forma reiterada, entiendo que corresponde aplicar la tasa activa promedio mensual que utiliza el Banco de la Nación Argentina para sus operaciones de descuentos comerciales a fin de recomponer adecuadamente el crédito de autos, tal como lo expuse en autos:"Alem, Silvia del Lujan c/ Burcardt, Gabriela y otro s/ Laboral- Cobro de Pesos" expte.7057 -Sentencia Tomo LXXXVIII Registro 2693bis, Folio 168/171; "Ferreyra, Walter y otros c/Rams SRL y otro s/ Laboral" expte. 7361-Sentencia registrada al Tomo XC, Registro 2783, Folio 192/201 entre otros.
Debo señalar que no obstante arribar a la solución jurídica propuesta no puedo dejar se mencionar que la forma en que se ha escrito el voto del Dr. Monelos no responde a la consigna de que las sentencias judiciales deben ser tan claras que todas las personas las puedan entender, en especial a quienes va destinada, los justiciables. El acceso a la justicia comprende el derecho a la información en lenguaje claro. La XIX cumbre Judicial Iberoamericana llevada a cabo en Ecuador en el año 2018, estableció un protocolo sobre el lenguaje y las estructuras de las sentencias judiciales que en el voto que me precede no se aprecia. El Juez Guillermo Gonzalez Zurro, señala "La misma Constitución Nacional en su art. 18 al consagrar el "debido proceso" dispone: "es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos". Mal podría hablarse entonces del acceso a la justicia como derecho fundamental, si la persona involucrada desconoce cuáles son sus derechos y obligaciones, cómo obtener su "tutela efectiva", qué puede esperar de la tramitación de un juicio. El acceso a la justicia comprende el derecho a la información en lenguaje claro. Para ello este usuario, en su rol de justiciable, debe contar con idéntica claridad de información, es decir, que la tramitación de un proceso (ya sea oral o escrito) y en particular la sentencia sea en lenguaje claro. La Federación Internacional de Lenguaje Claro lo define así: Si la lengua, la estructura y el diseño son tan claros que el público al que está destinado puede encontrar fácilmente lo que necesita, comprende lo que encuentra y usa esa información." (www.cij.gov.ar, Sentencias en lenguaje claro, 22 de febrero de 2019). A partir de lo cual entiendo que habrá de utilizarse una forma y un lenguaje en ese sentido.- Corresponderá invitar al Dr. Juan Pablo Olivera a dirimir la disidencia.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XIII. Que como expusiera en las oportunidades que debí integrar este Tribunal comparto el criterio del Dr. Monelos en cuanto a que los intereses moratorios deben liquidarse, según la tasa pasiva promedio que publica el BCRA (Ley 23.098, art. 8 del decreto 529/91 modificado por el decreto 941/91) por lo que comparto su voto en este aspecto.-
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Que en función de mi voto al responder a las anteriores cuestiones propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de anular la sentencia que expuso el recurrente a fs. 457 y 457 vta. 2º) Admitir parcialmente los agravios expresados por la actora y modificar la sentencia admitiendo parcialmente la demanda por cobro de diferencias salariales declarando admisible el reclamo de diferencias salariales por una hora diaria desde el 3 de febrero de 2012 a la fecha del cese de la relación con exclusión del periodo en que se le abonó por jornada completa que se deberán calcular por el Cuerpo Pericial Contable conforme considerando X, con más las diferencias que resulten en el SAC y Vacaciones proporcionales, sus intereses calculados a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada diferencia mensual es debida y hasta el efectivo pago, que deberá ser abonada a la actora por la demandada dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que se encomienda al Cuerpo Pericial Contable. Ello bajo apercibimiento de ejecución. Deberá igualmente modificar las certificaciones del Art. 80 de la LCT adecuándola a las diferencias de jornada establecidas. 3º) Costas a la demandada en su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 4º) Dejar sin efecto lo dispuesto en el punto IV de la sentencia difiriendo la adecuación de los honorarios y regulación de los correspondientes a esta instancia a la aprobación de la liquidación de las diferencias salariales. 5º) Rechazar los restantes agravios y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen a sus efectos. A LA TERCERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XV. Que conforme la disidencia expuesta en mi voto propongo al acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Rechazar la pretensión de anular la sentencia que expuso el recurrente a fs. 457 y 457 vta. 2º) Admitir parcialmente los agravios expresados por la actora y modificar la sentencia admitiendo parcialmente la demanda por cobro de diferencias salariales declarando admisible el reclamo de diferencias salariales por una hora diaria desde el 3 de febrero de 2012 a la fecha del cese de la relación con exclusión del periodo en que se le abonó por jornada completa que se deberán calcular por el Cuerpo Pericial Contable conforme considerando X, con más las diferencias que resulten en el SAC y Vacaciones proporcionales y sus intereses calculados a la tasa activa del Banco de la Nación desde que cada diferencia mensual es debida y hasta el efectivo pago, que deberá ser abonada a la actora por la demandada dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que se encomienda al Cuerpo Pericial Contable. Ello bajo apercibimiento de ejecución. Deberá igualmente modificar las certificaciones del Art. 80 de la LCT adecuándola a las diferencias de jornada establecidas. 3º) Costas a la demandada en su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC. 4º) Dejar sin efecto lo dispuesto en el punto IV de la sentencia difiriendo la adecuación de los honorarios y regulación de los correspondientes a esta instancia a la aprobación de la liquidación de las diferencias salariales. 5º) Rechazar los restantes agravios y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios. 6º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen a sus efectos. A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Olivera dijo:
XVI. Que por las razones expuestas al dirimir la disidencia entre los preopinantes adhiero a la propuesta formulada por el primer votante.-
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 10 de diciembre de dos mil diecinueve
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales jurisprudenciales y doctrinarias y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Rechazar la pretensión de anular la sentencia que expuso el recurrente a fs. 457 y 457 vta. 2º) Admitir parcialmente los agravios expresados por la actora y modificar la sentencia admitiendo parcialmente la demanda por cobro de diferencias salariales declarando admisible el reclamo de diferencias salariales por una hora diaria desde el 3 de febrero de 2012 a la fecha del cese de la relación con exclusión del periodo en que se le abonó por jornada completa que se deberán calcular por el Cuerpo Pericial Contable conforme considerando X, con más las diferencias que resulten en el SAC y Vacaciones proporcionales, sus intereses calculados a la tasa pasiva promedio mensual que elabora y publica el Banco Central de la República Argentina desde que cada diferencia mensual es debida y hasta el efectivo pago, que deberá ser abonada a la actora por la demandada dentro de los diez días de quedar firme la liquidación que se encomienda al Cuerpo Pericial Contable. Ello bajo apercibimiento de ejecución. Deberá igualmente modificar las certificaciones del Art. 80 de la LCT adecuándola a las diferencias de jornada establecidas.
3. Costas a la demandada en su condición de vencida por el principio objetivo de la derrota del art. 68 del CPCC.
4. Dejar sin efecto lo dispuesto en el punto IV de la sentencia difiriendo la adecuación de los honorarios y regulación de los correspondientes a esta instancia a la aprobación de la liquidación de las diferencias salariales.
5. Rechazar los restantes agravios y confirmar la sentencia en lo demás que fuera materia de agravios.
6. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen a sus efectos. El Dr. Olivera vota en la segunda y tercer cuestión donde dirime la disidencia. En la primera cuestión no vota al no existir disidencia.FDO. Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente- Juan Pablo Olivera -Juez de Cámara Subrogante-;
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201050S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2815 Folio Nº: 046/058 Secretaria: 1
Fin de la sentencia