Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-17770-BB0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar el recurso de apelación deducido por la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y devolver, en consecuencia, las actuaciones a la instancia de grado para que se continúe el trámite de las actuaciones de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de esta alzada se imponen por su orden, al no mediar contradicción (conf. arts. 25, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68, CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. N° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-17770-BB0E "BARTOLUCCI BRUNO c. MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA Y OTRO s. AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Ucín y Mora.
I. El Tribunal de Trabajo N° 3 del Departamento Judicial Bahía Blanca, por mayoría de opiniones concordanrtes, desestimó in limine la acción de amparo promovida por el Sr. Bruno Bartolucci contra la Municipalidad de Bahía Blanca y la Provincia de Buenos Aires (cfr. resolución de fecha 4-9-2026).
II. Contra ese pronunciamiento, el actor interpuso recurso de apelación (cfr. presentación del 7-9-2026).
III. Elevadas las actuaciones a esta Cámara, se dispuso el pase de los autos al Acuerdo para examen de admisibilidad del recurso y, en su caso, para dictar sentencia. En cumplimiento de ello, corresponde plantear y votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Ucin dijo:
I.1. El Sr. Bruno Bartolucci promovió la presente acción de amparo por la que procuró que "las demandadas sean condenadas a recibir, habilitar, continuar y completar el trámite de renovación sin exigir el pago de la multa de $142.498,50 asociada al acta N° Q37001315, manteniéndose íntegramente exigibles los sellados propios del trámite y todos los requisitos de identidad, aptitud psicofísica, examen y seguridad vial que legalmente correspondan; y que, una vez cumplidos éstos, se emita la nueva licencia clase B.1."
Asimismo, solicitó el dictado inmediato de una medida cautelar a fin de que, durante la sustanciación del proceso, se neutralice el bloqueo referido y se ordene a las demandadas que permitan la tramitación y emisión de la licencia en las condiciones indicadas, con habilitación de días y horas inhábiles, caución juratoria y plazo de cumplimiento no mayor de veinticuatro (24) horas para habilitar el trámite.
En su escrito postulatorio relató que el día 13-8-2026 concurrió al Departamento Administrativo de Tránsito de la Municipalidad de Bahía Blanca, con el objeto de renovar su licencia nacional de conducir clase B.1, cuyo vencimiento operaría el 19-8-2026.
Explicó que, al generarse la boleta de pago electrónica CENAT N° 23044019, emitida el 13-8-2026, su DNI apareció asociado al acta de comprobación N° Q37001315, código 6534, dominio AF641MQ, de fecha 29-3-2026, por una supuesta infracción en la Autopista 25 de Mayo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; con un importe informado de $142.498,50 y un sellado nacional de $10.150; por lo que el sistema emitió una boleta única por $152.648,50.
Destacó que la propia boleta incorporó, en caracteres destacados, la siguiente condición: "El NO pago de la totalidad de los importes referenciados en la boleta de pago impedirá iniciar el trámite correspondiente a la Licencia Nacional de Conducir".
Recordó que la agente municipal que lo atendió confirmó que el pago íntegro de los importes contenidos en la boleta era condición indispensable para iniciar la renovación.
Denunció que, hasta ese momento, no había recibido, ni por correo postal ni por medio electrónico conocido, una citación válida, una resolución condenatoria individualizada, ni una intimación de pago vinculada con el acta N° Q37001315.
En punto a la admisibilidad de la acción, señaló que el presupuesto del art. 20 inc. 2 de la Constitución provincial y del art. 1 de la ley 13.928 se encontraba satisfecho, por existir un acto singular de aplicación (la boleta con la condición impeditiva y la comunicación de la agente municipal) y una omisión correlativa la negativa a iniciar o continuar el trámite).
Añadió que la lesión recae sobre la libertad de tránsito, el ejercicio de actividades lícitas, la igualdad, la propiedad, la defensa en juicio, la tutela administrativa efectiva y el derecho a obtener una decisión fundada.
Destacó que la licencia vencía el 19-8-2026 y que la renovación ya fue bloqueada, motivo por el cual la amenaza era inequívoca.
Afirmó que la ilegitimidad resultaba manifiesta de la confrontación entre la conducta y el ordenamiento: a) la ley 13.927 alude a inhabilitaciones y a sanciones incumplidas que impidan conducir, mientras el decreto exige indiscriminadamente libre deuda; b) el pago no guarda nexo con la aptitud psicofísica ni con la seguridad vial; c) se produce una inhabilitación de hecho sin decisión de juez competente; d) no se acreditó una notificación válida ni una penalidad firme oponible y e) la jurisdicción acreedora cuenta con procedimientos de intimación, embargo y ejecución.
Adujo que no existía una vía ordinaria que brinde tutela igualmente rápida y eficaz.
En este sentido, explicó que un proceso contencioso de conocimiento, aún acompañado de cautelar, importaría una dilación incompatible con la proximidad del vencimiento y con el carácter autoaplicativo del bloqueo. Y agregó que una presentación ante la autoridad de faltas de CABA permitiría discutir la infracción, pero no garantizaba que el Municipio y la Provincia habiliten en tiempo útil el trámite de licencia.
Finalmente, solicitó, para este caso, la declaración de inconstitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto 532/09 y su inaplicabilidad a su trámite.
2. El Tribunal de la instancia de grado dictó su resolución con el alcance indicado en el apartado I. de los Antecedentes de este pronunciamiento.
Para decidir de ese modo, consideró, por mayoría de opiniones, que la ley 13.927, dictada en adhesión a la Ley Nacional 24.449, prevé las bases para el procedimiento a seguir en caso de infracciones a sus disposiciones, así como la creación de los órganos encargados de su juzgamiento según la jurisdicción dónde sean cometidas.
Destacó que también prevé en su art. 40 un recurso llamado de apelación por ante el Juez en lo Correccional en turno de la jurisdicción correspondiente, y con ello habilitaba el control jurisdiccional de las resoluciones que dicten los Jueces de Faltas en materia de tránsito.
Sostuvo que el amparista podía recurrir " a una generosa gama de resortes procesales para enjuiciar el obrar de la Administración en el ejercicio de funciones administrativas ante la justicia en lo contencioso administrativo (art. 1, 2, 12 inc. 1), 18 de la ley 12008, texto s/ ley 13101), solicitando en su caso la adopción de medidas cautelares que considere idóneas a los fines de evitar el perjuicio que -dice- la demora le pudiere ocasionar".
En definitiva, estimó que la vía elegida no resultaba el único medio idóneo para la guarda del derecho que se reputaba violado, ya que existiría otra vía más idónea para lograr el resultado buscado.
A ello añadió que la petición de declaración de inconstitucionalidad en los términos requeridos resulta inadmisible atento lo dispuesto por el art. 2 inc. 3 de la ley 13.928.
Por último, rechazó la medida cautelar solicitada por entender que, frente a la existencia de otras vías legales idóneas y aptas a los fines de analizar la constitucionalidad del art. 10 inc. 3 del anexo II del decreto provincial 532/09, no se avizoraba con certeza la verosimilitud del derecho invocado.
3. Contra ese pronunciamiento la parte actora interpuso recurso de apelación fundado.
Al expresar agravios, el recurrente cuestionó, de modo inicial, la errónea delimitación del objeto de la pretensión efectuada en el pronunciamiento apelado. Sostuvo que la mayoría confundió el procedimiento previsto en la ley 13.927 para impugnar las resoluciones sancionatorias (el cual contempla un recurso de apelación ante el juez correccional o de paz) con la acción aquí promovida, cuyo objeto consiste en cuestionar la conducta de las autoridades municipales y provinciales encargadas de la expedición y renovación de las licencias de conducir. En ese sentido, afirmó que la existencia de aquel remedio recursivo no permitía tener por configurada una vía judicial idónea para resolver la controversia planteada.
Con posterioridad, objetó la aplicación de un criterio de subsidiariedad que considera ajeno al texto constitucional. Refirió que, a partir de la reforma constitucional de 1994, la procedencia de la acción de amparo no exige la inexistencia absoluta de otras vías judiciales, sino que estas resulten ineficaces o inoportunas para brindar una tutela adecuada, en función de las particularidades del caso y del riesgo de ocasionar un daño grave o irreparable. Destacó que tanto la Constitución provincial como la ley 13.928 receptan ese estándar y que la interpretación adoptada en la sentencia, al exigir que el amparo constituya el único medio idóneo, desnaturaliza la garantía constitucional. En apoyo de su postura, señaló que la imposibilidad de renovar la licencia de conducir generaba un perjuicio actual y continuado, que se prolongaba diariamente y que no podría ser reparado mediante el dictado de una sentencia en un proceso ordinario, pues una tutela ulterior no permitiría recuperar el tiempo durante el cual resultó privado de la posibilidad de conducir legítimamente.
También controvirtió la interpretación del art. 2, inc. 3, de la ley 13.928 y el consecuente rechazo in limine de la acción. Sostuvo que el pronunciamiento consignó equivocadamente que la pretensión perseguía obtener la inaplicabilidad de una norma de alcance general, cuando, en rigor, el acto lesivo denunciado fue individualizado en la conducta conjunta de la Municipalidad y de la Provincia de Buenos Aires, consistente en impedirle iniciar, continuar y concluir el trámite de renovación de su licencia de conducir sin acreditar previamente el pago del acta de infracción Q37001315. Explicó que el cuestionamiento de la normativa reglamentaria constituye un planteo instrumental, dirigido a remover el fundamento jurídico invocado por las autoridades para adoptar aquella conducta, y no el objeto exclusivo de la acción.
Por último, se agravió del rechazo de la medida cautelar, por entender que se sustentó en pautas de valoración inadecuadas.
En suma, solicitó la revocación del pronunciamiento apelado.
II. El recurso es de recibo.
1. En el referido contexto, debe tenerse en cuenta que, conforme lo ha sostenido reiteradamente este Tribunal, la exclusión del proceso de amparo por la existencia de otros recursos judiciales no puede fundarse ni en una apreciación meramente ritual e insuficiente, ni en una mera ordenación o resguardo de competencias, ya que la institución mentada tiene por objeto una efectiva protección de derechos (cfr. doct. esta Cámara causas A-511-MP0 "Guacars S.A." , sent. del 3-6-2008; A-3480-AZ0 "Diehl" , sent. del 10-10-2012; doct. C.S.J.N. Fallos 330:5201, por remisión al Dictamen del Procurador).
Por ello, sin olvidar que es carga procesal ineludible del accionante precisar en su escrito postulatorio y luego probar la inexistencia otras vías judiciales idóneas para atender y remediar el derecho constitucional que se dice conculcado (cfr. doct. esta Cámara causas, A-8788-BB0 "Zalazar ", sent. de 23-04-2019; A-12394-MP0E "Maneiro" , sent. de 1°-12-2022; A-11640-MP0 "Gerlero" , sent. de 15-3-2022; entre otras), también es cierto que los jueces, al practicar el examen de admisibilidad de la acción de amparo deben evaluar con precisión las circunstancias y peculiaridades fácticas y argumentativas que se les presentan en la causa para, con ellas en cuenta, descartar un rechazo in limine de la acción constitucional si el tránsito por otras vías procesales ordinarias luce dudoso, opinable, ritualmente inviable o -en suma- frustratorio de la tutela judicial continua y efectiva consagrada por el art. 15 de la Constitución Provincial (conf. doct. esta Cámara causas A-4538-AZ0 "Río" , sent. del 20-2-2014; A-12523-BB0E "Rubio" , sent. de 09-03-2023 A-15608-MP0E "Cabrales S.A.", sent. del 08-05-2025).
En forma coincidente, esta Alzada se expidió, en diversas ocasiones, respecto de la admisibilidad de la acción de amparo en supuestos análogos al verificado en el sub lite, al corroborarse la conveniencia de admitir la presente vía procesal para el conocimiento de reclamos como el aquí deducido, en los que se denuncia la conculcación de derechos constitucionales y se exige el insoslayable debate en torno a la constitucionalidad de la exigencia reglamentaria de cancelación de multas impuestas por infracciones de tránsito, como requisito para el otorgamiento de la renovación de la licencia de conducir (cfr. doct. esta Cámara causas A-5399-AZ0 "Herrera", sent. de 20-11-2014 y A-5380-AZ0 "Gessie" , sent. de 12-03-2015; A-6942-MP0 "Lladó", sent. de 13-12-2016; A-7063-MP0 "Gomez" , sent. de 21-02-2017; A-13073-NE0E "Schmidt" , sent. de 14-09-2023; A-13678-DO0E "Fasan" , sent. del 5-03-2024; A-13837-BB0E "Gonzalez" , sent. del 23-05-2024; A-16746-BB0E "Peralta" , sent. del 12-03-2026; A-16964-NE0E "Larrañaga", sent. del 17-04-2026; A-17135-NE0E "Sueiro" , sent. del 14-07-2026).
De modo que, en el marco de este proceso excepcional, la jurisdicción está en condiciones de brindar oportuno tratamiento al debate propuesto por el amparista acerca de la constitucionalidad de toda exigencia o recaudo que supedite la expedición de la licencia de conducir a la previa cancelación de aquellas sanciones pecuniarias que se le adjudiquen como debidas y que, en autos, se verifica a tenor de la documentación oportunamente adjuntada.
De allí que, en los precedentes antes mencionados, se hizo hincapié en que el contorno de adecuado debate propuesto no era más que una consecuencia de la situación de perplejidad en la que quedaba posicionada la parte actora en sede administrativa. Ya fue advertido por este Tribunal, en diversos precedentes (cfr. doct. esta Cámara causas A-4763-DO0 "Rodríguez", sent. de 27-02-2014; A-4549-DO0 "Del Campo", antes citada; A-5547-MP0 "Cappielo ", sent. del 03-03-2015; A-7986-MP0 "Labriola" , sent. de 15-05-2018; entre otras) que el ciudadano que se enfrenta al trámite de expedición y/o renovación de su licencia de conducir puede quedar entrampado, frente a una denegatoria del emisor del carnet habilitante, en la burocracia del sistema instituido
Así, la valoración efectuada por el a quo en su pronunciamiento inicial, resulta prematura y no basta, por sí sola, para decretar in limine litis y sin más sustanciación la inadmisibilidad del presente amparo, por medio del cual el actor procuró obtener la tutela jurisdiccional frente a la alegada vulneración de derechos de raigambre constitucional. En suma, ante la problemática planteada, que se proyecta directamente sobre la ponderación de las circunstancias de hecho y de derecho que sustentan la demanda, el a quo debió sustanciar la acción, y luego, efectuar un análisis globalizador de las posiciones de las partes en contienda y de la prueba que eventualmente pudiera producirse, con el fin de no adoptar una decisión susceptible de vulnerar la tutela judicial continua y efectiva (art. 15 de la Constitución provincial).
Lo expuesto no importa desconocer que, a los fines de la acción de amparo, tanto la ilegalidad como la arbitrariedad deben ser manifiestas, lo cual implica -de un lado- que aquellos vicios denunciados tienen que aparecer visibles al examen jurídico más superficial y -de otro- que la pretensión que se ventila en el proceso se le presente al juzgador como indiscutible y no meramente opinable (arg. doct. S.C.B.A. causas B 64.413 "Club Estudiantes de La Plata", sent. del 4-09-2002; B 64.200 "Chacur", sent. del 27-11-2002; B 63.788 "Llusá", sent. del 25-05-2003). Sin embargo, en el particular caso planteado, expedirse en el estadio liminar del proceso respecto de la lesión constitucional denunciada por el actor sin efectuar un análisis profundo de la cuestión y, como directa consecuencia, sepultar la acción entablada, constituye una decisión que colisiona francamente con la accesibilidad jurisdiccional que establece la Constitución Provincial.
Cabe señalar que, para el análisis de los presupuestos de admisibilidad formal de la acción de amparo, el legislador previó una primera etapa de estudio de las actuaciones, en la que el juzgador puede desestimar derechamente -en los términos del art. 8° de la ley 13.928 (t.o. ley 14.192)- el remedio cuando éste resultara notoriamente improcedente por no cumplir con los requisitos establecidos por la citada ley. Ahora bien, si en dicha preliminar evaluación se presentan supuestos como el que motiva el presente caso, que justifican aventar toda duda acerca de la idoneidad de la vía intentada, resulta altamente conveniente que el juez disponga la apertura formal del cauce intentado y bilateralice la acción con el sujeto demandado, pudiendo disponer incluso la producción de las pruebas conducentes para la resolución de la causa (arts. 10, 11 y ccdtes. de la ley 13.928, t.o. ley 14.192-, cfr. doct. esta Cámara causas A-6343-BB0 "Novoa" , sent. de 29-03-2016; A-9361-MP0 "Franco" , sent. de 10-10-2019).
Aún así, será al momento de dictar la sentencia de fondo cuando el magistrado deberá analizar -no ya desde su costado meramente formal, sino en el marco de un examen globalizador de los planteos que conforman la litis- si se encuentran reunidos -o no- los recaudos constitucionales y legales que habilitan el carril procesal intentado (cfr. doct. esta Cámara causas A-5063-MP0 "Melcon" , sent. del 07-08-2014; A-5355-AZ0 "M, L. B." , sent. del 06-11-2014; A-8193-BB0 "Filoni" , sent. del 12-06-2018; A-8067-DO0 "Piñeyro" , sent. del 03-07-2019).
III. Si lo expuesto es compartido, se propone al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora revocar el pronunciamiento apelado y devolver, en consecuencia, las actuaciones a la instancia de grado para que se continúe el trámite de las actuaciones de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de esta alzada deberían imponerse por su orden, al no mediar contradicción (conf. arts. 25, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68, CPCC).
Voto la cuestión planteada por la afirmativa.
El señor Juez doctor Mora , con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Ucín, vota la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar el recurso de apelación deducido por la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y devolver, en consecuencia, las actuaciones a la instancia de grado para que se continúe el trámite de las actuaciones de conformidad con lo que aquí se decide. Las costas de esta alzada se imponen por su orden, al no mediar contradicción (conf. arts. 25, ley 13.928 -texto según ley 14.192-; 68, CPCC).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de alzada para su oportunidad.
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-). Hecho, devuélvanse las actuaciones al Tribunal de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1006-2026
Fin de la sentencia