Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 118444
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 118.444, "Vargas, Beda y otro contra Bas XXI S.R.L. y otros. Accidente de trabajo - acción especial" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Pettigiani, de Lázzari, Genoud, Soria, Kogan, Torres .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Quilmes rechazó la demanda promovida, con costas a la actora (v. fs. 836/844 vta.).
Se dedujeron, por esta última, recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley (v. fs. 860/885 vta.).
Oído el señor Subprocurador General (v. fs. 917/919 vta.), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En caso afirmativo:
2ª) ¿Con que alcance debe anularse el fallo de grado?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. El tribunal de trabajo desestimó la demanda instaurada por Beda Vargas, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad al momento de incoar la presente, Matías Iván Rodríguez, contra Bas XXI S.R.L.; Coca Cola FEMSA S.A. y CNA ART S.A., en cuanto procuraba el cobro de una indemnización por los daños y perjuicios derivados del fallecimiento del señor Walter Fabián Rodríguez, quien fuera en vida su cónyuge y el padre de su hijo. Asimismo, admitió la defensa de falta de legitimación deducida en contra de la acción que incoara la señora Julia Gisela Corbalán, hija de la accionante, quien no obstante carecer de vínculo consanguíneo con el trabajador fallecido, fundó su pretensión en el trato de hija que éste le prodigaba. Por otro lado, hizo lugar a la excepción opuesta por la aseguradora de riesgos del trabajo por el pago total de las prestaciones previstas en la ley 24.557 (v. fs. 836/844 vta.).
Para así decidir, tuvo por acreditado que el señor Walter Fabián Rodríguez -cónyuge de la actora, Beda Vargas y padre de Matías Iván Rodríguez- trabajó para la codemandada Bas XXI S.R.L., desempeñándose como supervisor en tareas de instalación, reparación y mantenimiento de equipos de refrigeración y aire acondicionado, desde el día 3 de enero de 2005 hasta el día 16 de junio de 2008 en que se produjo su fallecimiento (v. vered., fs. 836 vta.). Asimismo, que su deceso fue consecuencia del accidente que sufrió cuando cayó al piso de una altura no inferior a diez metros, desde el techo del depósito de bebidas de propiedad de la empresa FEMSA S.A. (v. vered., fs. 837 y vta.).
Luego, tras señalar que de la pericia técnica y las aclaraciones brindadas por el perito en la vista de causa no pudo extraerse resultado positivo alguno para determinar el hecho, juzgó acreditada la defensa opuesta por las accionadas, esto es: que el infortunio se produjo por culpa de la víctima, conforme lo dispuesto en el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil, vigente a la fecha del evento dañoso (v. vered., fs. 837 vta./839 vta. y sent., fs. 843).
En este sentido, consideró esclarecedores los testimonios brindados en la causa. Sostuvo que del extenso interrogatorio al que fueron sometidos los testigos por el tribunal podía concluirse que la decisión de trasladarse por el borde del galpón fue tomada voluntariamente por el señor Rodríguez, en forma contraria a toda lógica y a toda orden patronal en tal sentido, que no midió el peligro cierto de su acción, pese a ser parte del personal con experiencia y con un cargo dentro de la estructura de la empresa (art. 902, Cód. Civ.). Destacó que el causante asumió una conducta claramente culposa y generadora del accidente que le produjo el daño, ya que es previsible que caminar por una cornisa o borde en altura puede acarrear consecuencias trágicas (v. vered., fs. 839).
Concluyó que debía considerarse culposa la actitud del dependiente en el momento del infortunio (conf. art. 512, Cód. Civ.) desde que, si una persona común conoce los riesgos de caminar en altura por un borde de no más de veinte centímetros, una persona con entrenamiento específico para el desarrollo de esas labores no puede desconocer los riesgos que genera y las consecuencias probables del mismo (v. vered., fs. 839 vta.).
Agregó a ello que resultaba claro que el lugar por donde cayó Rodríguez no era donde debían desarrollar las tareas encomendadas (el lugar era el espacio entre el salón de ventas y el galpón), por lo que aún en el caso de tener colocado el arnés salvavidas, este tampoco habría sido de utilidad en ese lugar pues no lo podría tener conectado y no habría evitado el accidente. Puntualizó también que la chapa por donde cayó el trabajador era de plástico para dejar pasar la luz y no resistía el peso de una persona, situación ésta que es ampliamente conocida en el rubro donde se desempeñaba el causante y que por sus tareas era imposible que la víctima no supiera (v. vered., fs. cit.).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia la violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 16, 17, 18 y 31 de la Constitución nacional y 384 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 883/885 vta.).
Con la finalidad de que se decrete la nulidad del fallo alegan los recurrentes que el órgano de grado sólo se pronunció sobre la configuración en el caso del supuesto contemplado en el art. 1.113 del Código Civil, soslayando analizar la responsabilidad endilgada a los legitimados pasivos con fundamento en los arts. 512, 1.109 y 1.074 de dicho Código Civil. Sostienen que, si bien en la cuarta cuestión del veredicto se insinuó el interrogante sobre la eventual responsabilidad subjetiva de la empleadora en la producción del infortunio, nada dijo el tribunal referido a dicha temática planteada en la demanda.
III. El recurso prospera.
III.1. Tiene dicho este Tribunal que son cuestiones esenciales aquellos planteos que estructuran la traba de la litis y conforman el esquema jurídico que la sentencia debe necesariamente atender para su validez (causas L. 102.700, "Santander", sent. de 8-VI-2011; L. 103.153, "Rapetti", sent. de 22-VIII-2012; L. 100.310, "García", sent. de 17-XII-2014; L. 118.949, "Mendez", sent. de 13-IX-2017; e.o.).
A partir de esa definición, encuentro, en la especie, que el tribunal de grado ha incurrido en la omisión que denuncia la recurrente.
III.2. En efecto, la actora -por su propio derecho y en representación de sus hijos, Matías Iván Rodríguez y Julia Gisela Córbalán- promovió demanda contra Bas XXI S.R.L., Coca Cola FEMSA S.A. y CNA ART S.A., peticionando una reparación por los daños y perjuicios derivados del accidente que provocó el fallecimiento de quien fuera en vida su esposo y el padre de uno de sus hijos. Fundó su acción en la responsabilidad endilgada a la empresa Bas XXI S.R.L. (empleadora) y a Coca Cola FEMSA S.A. en los términos de los arts. 512, 1.109 y 1.113 del Código Civil, así como a la aseguradora de riesgos del trabajo, con sustento en lo normado por los arts. 4 y 31 de la ley 24.557, y 1.074 del Código Civil. Planteó la inconstitucionalidad del art. 39 de la Ley de Riesgos del Trabajo (v. demanda, fs. 30/57 vta.).
En oportunidad de resolver, como quedó expuesto, el tribunal de trabajo se expidió sólo respecto de la responsabilidad objetiva prevista en el art. 1.113 del Código Civil (en su versión anterior a la reforma de la ley 26.994, B.O. de 8-X-2014), descartando su existencia al considerar acreditada la eximente legal prevista en la segunda parte de la citada norma (v. vered., cuarta cuestión, fs. 837 vta./839 vta. y sent., fs. 843).
Luego, se advierte fácilmente que el a quo ha incurrido en la infracción denunciada, toda vez que nada dijo -y no surge del trazo lógico plasmado en la decisión, razón que justifique tal descuido- respecto de los planteos estructurados en la demanda a partir de los distintos enfoques legales que los accionantes pusieron a su consideración, para sustentar la responsabilidad endilgada a cada uno de los accionados en la producción del evento dañoso por el que reclaman. En este sentido, soslayó por completo el análisis de la responsabilidad que pudiera caberle a las codemandadas bajo las distintas órbitas que comprende la responsabilidad civil extracontractual, incurriendo así en un descuido que resultó determinante para sellar el resultado del litigio.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de nulidad traído (art. 298, CPCC).
Voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores de Lázzari y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no puede prosperar.
Lo resuelto por el tribunal de grado al juzgar acreditado que en el caso el infortunio laboral aconteció por culpa de la víctima -definición que lo condujo a encontrar configurado el eximente al que alude el art. 1.113 segundo párrafo del Código Civil- tuvo como efecto desplazar todo análisis acerca -ahora- de la eventual responsabilidad subjetiva planteada en la demanda, como en cierto modo se indica en el pronunciamiento (v. fs. 843, tercer párrafo, punto 2, apartado "Decisión" de la sentencia).
A partir de tal reflexión, considero que no ha habido omisión alguna que torne procedente el medio de impugnación deducido -para más- "subsidiariamente" (v. fs. 860).
II. Por lo dicho, corresponde desestimar el recurso extraordinario de nulidad traído. Con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En virtud del resultado obtenido, por mayoría, respecto de la primera cuestión, corresponde que me expida sobre el alcance de la nulidad propuesta.
Poseyendo los tópicos examinados en la anterior cuestión -indebidamente preteridos por el a quo , sin expresar motivo alguno por el cual no los abordó- la cualidad de esencialidad requerida por el art. 168 de la Constitución local, desde que pudieron tener gravitación en la suerte final del pleito (causas L. 92.985, "Díaz", sent. de 7-IV-2010; L. 110.646, "Buscarini", sent. de 29-V-2013; L. 117.786, "Flores", sent. de 10-VI-2015; e.o.), corresponde, a mi modo de ver, disponer la nulidad del veredicto y la sentencia.
II. En consecuencia, el veredicto y la sentencia impugnados deben ser anulados y los autos devueltos a la instancia de origen a fin de que, con nueva integración, el tribunal decida la causa nuevamente.
Así lo voto .
El señor Juez doctor de Lázzari , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Pettigiani, votó la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. A diferencia de mi colega doctor Pettigiani, considero que en este caso la anulación solamente debe alcanzar al fragmento relacionado con la cuestión que se juzgó preterida, esto es, la vinculada al análisis del reclamo indemnizatorio desde las distintas vertientes invocadas en la demanda.
Entiendo que declarar en autos la íntegra nulidad del veredicto y la sentencia implicaría avanzar sobre aspectos del fallo que no han sido impugnados por la recurrente y que arriban consolidados a esta instancia extraordinaria, tal como lo es, el referido a la admisión de la defensa de pago de las prestaciones a cargo de la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada, cuyo importe deberá eventualmente ser tenido en cuenta en el caso de que se resolviera el progreso de la acción por daños y perjuicios.
Luego, la nulidad propuesta no ha de alcanzar a la totalidad del fallo de grado sino solamente a la parcela afectada por el vicio nulificante señalado, pues la omisión en que ha incurrido el a quo respecto de la referida pretensión no pesa en las restantes (causas L. 81.389, "Vanetti", sent. de 30-IV-2008; L. 107.433, "Ríos", sent. de 11-IX-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014; L. 117.722, "Sibilla", sent. de 28-X-2015; L. 119.402, "M., L. E.", sent. de 20-XII-2017; e.o.).
Como se ha señalado en los precedentes de referencia, declarar la nulidad de los restantes fragmentos de la decisión deviene innecesario y configuraría un dispendio jurisdiccional -afectando el rendimiento del servicio de administración de justicia- siendo que, en rigor, no han provocado agravios, o bien, si los hubiera, nada impediría que esta Corte ejerciera, a su respecto, la función revisora satisfaciendo los fines de la casación mediante el análisis del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
II. En virtud de lo expuesto, corresponde disponer la nulidad parcial de la decisión de grado, debiendo volver los autos al tribunal de origen a fin de que, con "diferente integración", renueve los actos procesales que estime necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda respecto de la pretensión individualizada.
Con el alcance indicado, así lo voto .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Si bien mi razonamiento no ha sido concurrente, la opinión mayoritaria alcanzada en este acuerdo en oportunidad de darse respuesta a la cuestión que antecede, indica que el tribunal de grado al pronunciarse únicamente respecto de la responsabilidad objetiva soslayó analizar otros supuestos de responsabilidad extracontractual atribuidos a las codemandadas, incurriendo en la omisión de una cuestión esencial.
Siendo ello así, y partiendo de los distintos criterios esgrimidos por los colegas acerca de los alcances que ha de tener la nulidad propuesta, dejando a salvo mi liminar parecer me veo obligado a expedirme sobre el punto. Al respecto, comparto el criterio esgrimido por el doctor Genoud en su sufragio.
Con el alcance indicado, así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Pettigiani dijo:
I. En atención al resultado obtenido -por mayoría- al abordar las cuestiones anteriormente planteadas, corresponde brindar tratamiento al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora.
II. La recurrente denuncia la violación de los arts. 512, 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil; 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 16, 18 y 31 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y de doctrina legal que cita (v. fs. 860/883).
II.1. Cuestiona, inicialmente, que se hubiera considerado acreditada la eximente de responsabilidad prevista en el art. 1.113 segunda parte del Código Civil.
Aduce que resultan absurdos los presupuestos de hecho en que se basó el a quo para adjudicarle a la víctima la culpa del infortunio sufrido. Al respecto se refiere a: que el señor Rodríguez "caminó por el borde del galpón - depósito", así como que "dicha actitud fue una decisión de la víctima" y que "esa decisión fue contraria a toda lógica" y "a toda orden patronal". Controvierte cada una de esas premisas.
En este sentido, reprocha el mérito otorgado a lo declarado por cada uno de los testigos, pues alega que ninguno de ellos vio efectivamente el accidente. Refiere que el trabajador nunca pudo desobedecer una orden patronal que no le fue dada, toda vez que la empleadora incumplió con su deber de realizar el programa de seguridad correspondiente a la obra que, a su vez, debió de controlar la aseguradora de riesgos del trabajo.
Postula que el juzgador no sólo no tuvo en cuenta prueba esencial aportada al proceso por las partes y reconocida por ellas (v.gr. las constancias de la causa penal, la investigación de la aseguradora en el marco del Programa de Reducción de Accidentes Mortales, documentación agregada por las demandadas y la pericia planimétrica), sino que ponderó incorrectamente la pericia técnica producida en la causa. Alega sobre la eficacia probatoria de dichos elementos de juicio.
Sostiene que no existe en autos instrumento alguno que demuestre el cumplimiento de las diligencias y obligaciones a cargo de las accionadas. Luego, a partir de los elementos de juicio que refiere no ponderados en el fallo, insiste en señalar el absurdo de la decisión de grado en cuanto entendió que el accidente ocurrió por culpa de la víctima. Postula que el órgano de grado sólo se pronunció sobre la configuración del supuesto contemplado en el art. 1.113 del Código Civil, soslayando analizar la responsabilidad endilgada a los legitimados pasivos con fundamento en los arts. 512, 1.109 y 1.074 del mismo Código.
II.2. En otro orden, objeta que se admitiera la defensa de falta de legitimación de la actora Julia Corbalán.
Alega que en este punto el a quo también ha omitido prueba elemental, dado que surge de las constancias acompañadas con la demanda que la coaccionante tenía el mismo domicilio que el occiso, por lo cual es evidente que ella vivía bajo el mismo techo que el señor Rodríguez desde que contrajo matrimonio con su madre. A la vez, expresa que el daño moral que sufrió la señora Corbalán quedó demostrado con la pericia médica que informa que padece estrés postraumático y necesita tratamiento psicológico de dos años.
III. El recurso no prospera.
III.1. En atención al resultado obtenido al tratar las anteriores cuestiones, no corresponde examinar los planteos vinculados a la configuración o no en el caso de la eximente prevista en el art. 1.113 segunda parte del Código Civil (vigente al momento del suceso por el que se reclama en autos). Es que lo resuelto en la primera cuestión conlleva un nuevo análisis de la responsabilidad civil endilgada a los coaccionados conforme las distintas vertientes invocadas en la demanda.
III.2. Por lo tanto, el único agravio concreto que puede extraerse del recurso extraordinario bajo examen es aquel dirigido a rebatir la conclusión del a quo en cuanto admitió la excepción de falta de legitimación activa de la señora Corbalán.
Para así resolver, el juzgador de origen resaltó que conforme surgía de la carta poder de fs. 65 y 290, la señora Corbalán era mayor de edad cuando se produjo el fallecimiento del señor Rodríguez y, asimismo, que no existía en autos prueba alguna (ni siquiera había sido ofrecida) de que al momento del infortunio ella viviese bajo el mismo techo que el causante y su madre, la señora Vargas, o de que estuviera a su cargo, recibiese asistencia o dependiese de alguna manera de la víctima (v. vered., fs. 836 vta. y 837).
Expresó que debía tenerse presente que incluso en el caso de hijos mayores de edad que demandan por el fallecimiento de su padre debe probarse el perjuicio sufrido por ellos, debiendo demostrarse el daño que efectivamente les ocasionó el hecho. Por lo que, con mayor razón, en autos, la coaccionante, quien no es hija ni familiar del fallecido, debió probar el perjuicio que le ocasionó su deceso. Descartó entonces su legitimación para accionar en la presente causa (v. vered., fs. cit. y sent., fs. 843).
Tal decisión no es desvirtuada por la quejosa.
En efecto, las circunstancias que esgrime en esta instancia no resultan suficientes para dejar sin efecto lo resuelto, desde que sólo evidencian su mero criterio discrepante con la decisión de origen, lo que refleja una técnica deficiente para derribar el mentado juicio fáctico que llevó a cabo el juzgador en uso de sus facultades privativas (causas L. 100.686, "Hahn", sent. de 30-VI-2010; L. 113.462, "Irigoyen", sent. de 13-XI-2013; L. 117.384, "Rosas",
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