Abriendo la norma
Juzgado en lo Civil y Comercial N.º 6 de Lomas de Zamora · Causa 80530
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la demanda de prescripción adquisitiva larga promovida por Carlos Américo Basualdo contra Nelly Esther Winkler y/o sus herederos, respecto de la Unidad Funcional N° 1, Polígono 00-01, ubicada en planta baja, con acceso por la calle Monseñor Chimento N° 917 de la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, individualizada conforme al plano de mensura para prescribir N° 63-1-2016, aprobado con fecha 26 de mayo de 2016, como Circunscripción VII, Manzana 114, Parcela 8b, con una superficie total de 114,80 m², partida inmobiliaria N° 063-130184, correspondiente al inmueble inscripto bajo la matrícula N° 56.937 del Partido de Lomas de Zamora.-
2Declarar abstracto el tratamiento del pedido de rectificación e inscripción del reglamento de copropiedad y administración, en virtud de la forma en que se resuelve la pretensión principal.-
3Imponer las costas al accionante vencido (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se arrimen los elementos que así lo permitan (arts. 21 y 27 de la Ley 14.967).
Lomas de Zamora, 19 de Noviembre de 2026 -
El expediente nro. 80.530, caratulado " BASUALDO CARLOS AMERICO C/ WINKLER NELLY ESTHER S/ PRESCRIPCION ADQUISITIVA LARGA " en trámite ante éste Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial nro. 6, a mi cargo, de cuyos antecedentes,
1. Que se presenta la Dra. Silvina Vera, en su carácter de apoderada de Carlos Américo Basualdo, promoviendo demanda de prescripción adquisitiva larga contra Nelly Esther Winkler, respecto del inmueble sito en la calle Monseñor Chimento N° 917 de la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora, identificado catastralmente como Circunscripción VII, Manzana 114, Parcela 8b, Unidad Funcional N° 1, Polígono 00-01, ubicado en planta baja.-
Expresa que la unidad posee entrada independiente por la citada calle -antes denominada Andes-, una superficie total de 114,80 m² y un porcentual del 25,85 % sobre el total del inmueble, conforme al reglamento de copropiedad que acompaña.-
En cuanto a los antecedentes dominiales, señala que la demandada adquirió el inmueble de Alfredo José Fernández mediante escritura N° 352 del 4 de octubre de 1962, pasada ante el escribano Enrique de la Villa, e inscripta bajo el N° 4265 del Registro del Partido de Lomas de Zamora. Asimismo, refiere que el reglamento de copropiedad no fue inscripto definitivamente por encontrarse la unidad en construcción al tiempo de su otorgamiento, circunstancia que indica asentada en la matrícula N° 58937 del referido Partido.-
Relata que su mandante adquirió de buena fe el departamento mediante boleto de compraventa en el que intervino como vendedor Rubén Oscar Winkler, quien invocó un poder especial otorgado por la titular registral, sin hacer entrega de dicho instrumento. Manifiesta que el actor abonó la totalidad del precio convenido y recibió la posesión de la unidad cuando aún se encontraba en construcción.-
Explica que, una vez terminada la obra, intentó obtener la escrituración, pero ésta no pudo concretarse debido a que la escribana designada ya no se encontraba en el domicilio indicado y no logró localizar al apoderado que había suscripto el boleto.-
Afirma que tomó posesión del inmueble en el año 1985, concluyó su construcción y, desde entonces, se ocupó de su mantenimiento. Añade que, finalizada la obra, se instaló allí junto con su esposa, Sandra Susana Puga, y sus tres hijos, Mariano Hernán, Diego Carlos y Nicolás Basualdo, manteniendo la ocupación hasta la promoción de la demanda.-
Refiere que el 13 de octubre de 1987 se efectuaron los cambios de domicilio a Monseñor Chimento N° 917, según las constancias de los documentos de identidad que acompaña. Asimismo, señala que sus hijos concurrieron a la Escuela N° 29 General Martín Güemes de Lomas de Zamora con dicho domicilio, invocando los boletines y certificados de estudios primarios agregados.-
Sostiene que la posesión ejercida ha sido pública, pacífica y continua, y que su mantenimiento en el tiempo se encuentra respaldado por los comprobantes de pago de impuestos y servicios acompañados.-
Expone que, en el año 2001, advirtió que abonaba el impuesto inmobiliario correspondiente a la totalidad del inmueble y no únicamente a su unidad funcional, motivo por el cual su esposa inició el expediente N° 2334-15930/01 ante la Dirección Provincial de Catastro Territorial. Indica que, luego de la inspección del inmueble y de la intervención del Departamento de Valuaciones Urbanas, se dictó la Disposición N° 12612, de fecha 18 de diciembre de 2001, que determinó la existencia de dos unidades conforme al plano PH 63-102-63, quedando individualizada la Unidad Funcional N° 1 con la partida N° 130184.-
Aduce que desde el inicio de la posesión transcurrieron más de treinta y tres años, por lo que solicita se declare adquirido el dominio por prescripción adquisitiva, con costas a la demandada.-
Acompaña documental, informe de dominio y plano de mensura para usucapión aprobado el 26 de mayo de 2016. Ofrece prueba documental, confesional e informativa y funda su pretensión en las disposiciones legales que cita.-
Manifiesta haber cumplido la instancia de mediación previa, a la que no concurrió la titular registral por no haber sido posible notificarla. Solicita, para el supuesto de resultar infructuosa la notificación en el domicilio denunciado, la producción de informes tendientes a su localización y, en su caso, la citación por edictos.-
Finalmente, peticiona que se ordene la rectificación del reglamento de copropiedad, dejando constancia de que la Unidad Funcional N° 1 se encuentra terminada, y que se dispongan los trámites necesarios para la inscripción de la sentencia en el Registro de la Propiedad Inmueble.-
2).- Que en fecha 20/09/2021 la parte actora denuncia el fallecimiento de la demandada Nelly Esther Winkler y acompaña la respuesta de la Cámara Nacional Electoral que da cuenta de dicha circunstancia. Posteriormente, agrega las contestaciones de los oficios dirigidos al Registro de Juicios Universales, de las que surge que no se registra proceso sucesorio iniciado a su nombre.-
En fecha 09/02/2022 se ordena la publicación de edictos por el plazo de dos días en el Boletín Judicial y en el diario "La Verdad" de Lomas de Zamora, emplazándose a quienes se consideren con derecho sobre el inmueble objeto de autos para que comparezcan a tomar la intervención que les corresponda, bajo apercibimiento de designar al Defensor de Pobres y Ausentes para que los represente.-
Vencido el plazo de las publicaciones edictales sin que se hubiera presentado persona alguna, en fecha 22/06/2022 se hace efectivo el apercibimiento dispuesto y se ordena la remisión de las actuaciones al Defensor de Pobres y Ausentes, a fin de que tome la intervención correspondiente, quedando notificado en dicho acto del traslado de la demanda.-
3).- Que se presenta la Dra. Andrea Bibiana Caruso, Defensora Oficial a cargo de la Unidad de Defensa Civil N° 11 Departamental, en representación de la demandada ausente Nelly Esther Winkler y sus posibles herederos, y contesta la demanda, solicitando su rechazo.-
Formula una negativa general y particular de los hechos invocados en el escrito de inicio. En especial, niega que el actor haya adquirido la posesión del inmueble en el año 1985 y que la hubiera ejercido en forma pública, pacífica, continua e ininterrumpida, con ánimo de dueño, durante el plazo legal. Asimismo, niega la celebración del boleto de compraventa invocado, la realización y pago de obras, la finalización de la construcción, la ocupación del bien junto con su familia por más de veinte años y el pago de los impuestos, tasas y servicios correspondientes.-
Desconoce la autenticidad de la documentación acompañada, con excepción de los instrumentos públicos, y particularmente el boleto de compraventa, los certificados, formularios, informes, comprobantes de pago y fotografías agregados.-
Se opone a la prueba confesional ofrecida por la parte actora, por considerar que carece de facultades para absolver posiciones en representación de los ausentes respecto de hechos personales de éstos.-
Formula reserva de emitir su respuesta definitiva una vez producida la prueba y solicita que, antes del dictado de la sentencia, se le confiera nueva vista de las actuaciones.-
Finalmente, para el supuesto de admitirse la pretensión, peticiona que las costas sean impuestas en el orden causado, en atención al carácter de su intervención.-
4).- Que en fecha 05/09/2022 se abrió la causa a prueba. Producida la oportunamente ordenada (v. fecha 11/07/2023), se llaman los autos para dictar sentencia (v. fecha 29/10/2026), providencia que, se encuentra firme y la causa en estado de resolver.-
En primer lugar, considero apropiado aclarar que, tratándose el caso bajo estudio del ejercicio posesorio de un inmueble que se denuncia sucedido con anterioridad al 1° de agosto de 2015, corresponde encuadrar normativamente el asunto dentro de los preceptos del ordenamiento jurídico por entonces vigente (cfr. doctr. y arg. art. 7 del CCyC).
II.1).- Que la prescripción adquisitiva constituye uno de los medios para adquirir la propiedad que establecen los artículos 2524 inc. 7, 3947 y 3948 del Código Civil, disponiendo que la propiedad de las cosas inmuebles y demás derechos reales prescriben por la posesión continua de veinte años, revestidos de los caracteres de título de dueño, continuidad, ininterrumpida, pública y pacífica (Salvat, Derechos Reales, T.III, 4 edición, pág. 235, nro. 912; arts. 3947, 3950, 4015 y 4016 del Código Civil).-
En esa inteligencia no parece ocioso recordar que en la posesión se advierten dos elementos: el "corpus" y el "animus". El primero es el poder físico, la potestad de hecho sobre la cosa, que se advierte -como dice el art. 2351 del Código Civil- cuando una persona tiene una cosa bajo su poder. En la configuración del corpus, según Savigny, existen tres tramos conceptuales: a) la relación del contacto físico con la cosa, b) la posibilidad física de este contacto y c) el ingreso de la cosa en la "custodia" del poseedor. A su vez, el "animus domini" o ánimo de dueño, cuya presencia sumada al corpus conduce a la posesión, implica el comportarse como lo haría el propietario, sin reconocer el derecho de propiedad en otro.-
Ese "animus domini", no apunta a la mera voluntad íntima del poseedor, sino a la intención exteriorizada, o sea traducida en hechos exteriores (art. 913 del Código Civil). Generalmente el "animus" se expresa a través del "corpus" y es por ello que el art. 2384 del ordenamiento citado enuncia diversos supuestos de "actos posesorios" en los cuales la materialidad de la relación con la cosa ("corpus") lleva a inferir el "animus" lo que, en definitiva, conduce a presumir la posesión (Lafaille, Hector, "Tratado de Derechos Reales", ed. 1943, vol. I, pags. 109, 130 y 132; v. asimismo; LLambias - Alterini, Código Civil Anotado, T. IV A, pags. 70/72 y 123/24).-
En ese camino, la demostración de los hechos en que se funda debe ser concluyente, y comprende la prueba de la posesión "animus domini" actual, la anterior y, especialmente, la que se tuviera en el inicio de la ocupación. Este último recaudo representa el único medio hábil para satisfacer la exigencia temporal contenida en el artículo 4015 del Código Civil (S.C.B.A., causa Ac. 33.628, del 5-3-85; 33.954, del 1-2-85; 32.512, del 12-6-86, AS 1986-II-9 y 42.383, del 31-7-90, entre otros).
El fundamento esencial de la usucapión es la necesidad de proteger y estimular la producción y el trabajo. Quien durante largos años ha cultivado un inmueble, incorporando riqueza a la comunidad, debe ser protegido por la ley, afianzado en su derecho, estimulado en su trabajo.
Esta solución, es tanto más justa si se piensa que frente a el está un propietario negligente que ha abandonado sus bienes y quien se desinteresa de ellos no merece la protección legal. Estos fundamentos de la usucapión tienen hoy mayor vigor que nunca. Las sociedades modernas no conciben, ya la propiedad como un derecho absoluto; ser dueño supone crecientes responsabilidades, no solo derechos (Garrone, Ob. Cit., pag. 566).-
De lo dicho surge que la usucapión tiene un fundamento de orden público, como que ha sido regulada no solo atendiendo al interés del poseedor, sino también al interés social.-
Por su parte, el carácter contencioso del juicio de usucapión supone la carga de la prueba de los hechos constitutivos del derecho alegado. Ello se logra cuando las pruebas arrimadas conforman lo que se denomina "prueba compuesta", que es la coordinación de elementos correspondientes a diferente naturaleza probatoria y deja como saldo sintetizador una acreditación (CC I SI, causa 62503, RSD-252-92, S. 25-10-94).-
II.2).- Corresponde, entonces, centrar el análisis en determinar si la prueba producida permite tener por acreditado que Carlos Américo Basualdo ejerció sobre el inmueble actos posesorios con ánimo de dueño durante el plazo legal exigido.-
En efecto, conforme lo arriba expuesto, y antes de realizar una valoración en su conjunto de las pruebas cumplidas, necesariamente debo considerarlas por separado.-
A los fines de la formación de la tan mentada prueba compuesta en esta clase de procesos, y de determinar el animus posesorio, el art. 24 de la ley 14.159 modificado por el dec. ley 5756/58 establece que será especialmente considerado el pago, por parte del poseedor, de impuestos o tasas que gravan el inmueble. Sin embargo, ello no impide, como ha dicho la Suprema Corte Provincial más de una vez, que aun faltando la demostración de ese extremo, si la prueba restante es terminantemente asertiva, se declare operada la prescripción (Conf. S.C.B.A., doct. causas Ac. 39326, sent. del 11-X-88; Ac. 39743, sent. del 13-IX-88; Ac. 38447, sent. del 26-IV-88; Ac. 43846, sent. del 7-V-91).-
Que a fs. 40 el accionante acompaña plano de mensura para prescribir N° 63-1-2016, a nombre de Carlos Américo Basualdo, correspondiente a la Unidad Funcional N° 1, Polígono 00-01, con una superficie total de 114,80 m², ubicada en planta baja, con acceso por la calle Monseñor Chimento N° 917 de Lomas de Zamora.-
Dicha individualización se corresponde con los antecedentes del plano PH 63-102-63 y con la documentación de la Dirección Provincial de Catastro Territorial, que identifica la unidad con la partida inmobiliaria N° 130184. A su vez, del informe de dominio surge que el inmueble se encuentra inscripto bajo la matrícula N° 56.937 del Partido de Lomas de Zamora y afectado al régimen de la ley 13.512, con origen en dos unidades funcionales.-
Asimismo, de la prueba documental que tengo a la vista -fs. 19/ 351- surgen diversas constancias vinculadas con el inmueble objeto de autos, entre ellas numerosos comprobantes de impuestos, tasas y servicios correspondientes al inmueble objeto de autos, que comprenden períodos completos: Obras Sanitarias de la Nación, de los años 1985 a 1993; Aguas Argentinas, de 1994 a 2017; Gas del Estado, de 1985 a 1993; Metrogas, de 1994 a 2017; SEGBA, de 1985 a 1993; Edesur, de 1993 a 2017; tributos municipales del Partido de Lomas de Zamora, de 1991 a 2017; Telefónica de Argentina, de 1994 a 2015; impuesto inmobiliario de la Provincia de Buenos Aires, de 1999 a 2017; Video Cable Sur, de 1993 a 1994; y Fibertel, de 2011 a 2017.
Si bien tales instrumentos deben ser complementados y valorados conjuntamente con los restantes medios de prueba producidos en autos, dicha circunstancia no les resta eficacia como elementos indiciarios demostrativos del ejercicio de la posesión invocada. En particular, la documentación acompañada evidencia una vinculación sostenida con el inmueble a través del tiempo, todo lo cual habrá de ser ponderado juntamente con la restante prueba producida conforme las reglas de la sana crítica (arts. 375 y 384 del CPCC).-
En otro orden, corresponde poner de resalto que, a fin de acreditar la posesión, no es necesario que el pago de los impuestos se extienda a todo el plazo de la misma (en tal orden, S.C.B.A., 5/2/80; DJBA 118-106), bastando la acreditación de pagos por un período razonable (CASM, Sala II, 24/4/84, E.D. 109-638), cuando éstos aparecen corroborados por los restantes elementos de convicción reunidos en la causa.-
Las boletas extendidas por reparticiones oficiales -como sucede en la especie- acreditando el pago de impuestos y servicios públicos, hacen plena prueba sin necesidad de ser autenticados, porque están comprendidos en el inciso 2° del art. 979 del Código Civil.
Se acompañan, asimismo, los documentos nacionales de identidad de Diego Carlos Basualdo, Nicolás Omar Basualdo y Mariano Hernán Basualdo, expedidos durante su minoridad, y el correspondiente a Sandra Susana Puga, en los que consta el cambio de domicilio a la calle Monseñor Chimento N° 917 en el año 1987. A ello se suma la libreta de familia, que contiene las constancias del matrimonio de Carlos Américo Basualdo con Sandra Susana Puga y del nacimiento de sus hijos Mariano Hernán, Diego Carlos y Nicolás Omar Basualdo, así como los certificados de estudios de Educación General Básica de Nicolás Omar Basualdo, del año 1998, y de Diego Carlos Basualdo, del año 1994, y los boletines de calificaciones de Mariano Hernán Basualdo, del año 1988, y de Nicolás Omar Basualdo, del año 1990, consignándose en toda la documentación escolar mencionada el domicilio en Monseñor Chimento N° 917.-
Tales instrumentos aportan un elemento documental contemporáneo que vincula al grupo familiar del accionante con el domicilio del inmueble objeto de autos desde el año 1987, circunstancia que habrá de ponderarse conjuntamente con los restantes medios de prueba.-
Por su parte, de la prueba informativa surge que la Municipalidad de Lomas de Zamora, mediante informe de fecha 09/11/2023, identificó el inmueble sito en Monseñor Chimento N° 917, Unidad Funcional N° 1, Polígono 00-01, bajo el padrón municipal N° 1302926 y la partida inmobiliaria N° 063-130184, haciendo saber que, según la cédula catastral, Carlos Américo Basualdo figura como poseedor. Asimismo, del detalle de deuda expedido por la Dirección Municipal de Rentas surge que, al 10/11/2023, la cuenta no registraba deuda por Tasa de Servicios Generales.-
Posteriormente, Agua y Saneamientos Argentinos S.A., mediante informe de fecha 02/06/2026, hizo saber que el inmueble sito en Monseñor Chimento N° 917 de Lomas de Zamora, correspondiente a la cuenta de servicios N° 583749, no registraba deuda por los servicios sanitarios prestados desde el 21/03/2006, fecha en que asumió su prestación. Indicó, además, que dicha cuenta se encuentra a nombre de Sandra Puga, sin modificaciones de titularidad desde el alta del servicio.-
En su oportunidad, Telecom Argentina S.A., mediante informe de fecha 03/06/2026, acompañó los registros de servicios de televisión por cable e internet a nombre de Carlos Américo Basualdo e informó que el servicio no registraba deuda. Sin embargo, si bien la respuesta refiere al domicilio de Monseñor Chimento N° 917, planta baja, la planilla adjunta consigna como domicilio de instalación y facturación Monseñor Chimento N° 1317, circunstancia que limita su eficacia para corroborar la vinculación de dichos servicios con el inmueble objeto de autos.-
Asimismo, Telefónica Móviles Argentina S.A., mediante informe de fecha 19/06/2026, hizo saber que la línea N° 1142926099 no registraba deuda. De la planilla acompañada surge que se encontraba a nombre de Sandra S. Puga desde el 18/11/1994 hasta el 21/05/2026, registrándose luego a nombre de Mariela López hasta el 19/06/2026, fecha en que volvió a figurar a nombre de Sandra S. Puga, en estado activo. En todos los registros se consigna como domicilio de facturación Monseñor Chimento N° 917, planta baja, de Lomas de Zamora.-
Por último, Metrogas S.A., mediante informe de fecha 21/08/2026, hizo saber que Sandra Susana Puga figura como titular del suministro correspondiente al contrato N° 20458754001, dado de alta el 18/10/1999, sin cambios de titularidad ni deudas pendientes. No obstante, el domicilio informado es Monseñor Chimento N° 907 de Lomas de Zamora, cuya numeración difiere de la correspondiente al inmueble objeto de autos, circunstancia que limita su eficacia para corroborar la vinculación de dicho suministro con el bien que se pretende prescribir.-
En particular, de las actuaciones de la Dirección Provincial de Catastro Territorial acompañadas a fs. 46/48 surge que, previa inspección del inmueble e intervención del Departamento de Valuaciones Urbanas, mediante disposición de fecha 18 de diciembre de 2001 se determinó la valuación de las unidades funcionales conforme al plano PH 63-102-63, identificándose la Unidad Funcional N° 1 con la partida inmobiliaria N° 130184 y asignándosele valores correspondientes al terreno y al edificio propio. Se acompañan, asimismo, los formularios del relevamiento practicado de oficio y la cédula de notificación dirigida a Sandra Susana Puga. Tales constancias corroboran la individualización catastral de la unidad pretendida y aportan un antecedente documental sobre la existencia de edificaciones en ella al tiempo de aquella actuación administrativa.-
Por otro lado el plano de mensura acompañado a fs. 40 de fecha 26 de mayo de 2016 (que prescribe el art. 679 del CPCC en su inciso 3º) cumple una doble función, ya que no sólo da cuenta del cumplimiento de la manda legal, sino que además trasluce la intención de tener el inmueble para sí, sin reconocer un sujeto con mejor derecho.
II. 3).- En cuanto a la acreditación de los presupuestos de la acción, corresponde señalar que la prueba en esta clase de procesos debe ser concluyente y compuesta, permitiendo demostrar el ejercicio efectivo de la posesión con ánimo de dueño durante el plazo legalmente exigido.-
En tal sentido, se ha sostenido que corresponde al accionante acreditar los hechos constitutivos de su pretensión mediante la concurrencia y coordinación de probanzas de distinta naturaleza, que permitan demostrar la efectiva posesión durante el período y con las características requeridas por la ley (conf. Cámara Segunda de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, Sala II, causa 133164, "Alvarado Irma Haydee c/ Selmi Jorge Cornelio s/ Prescripción adquisitiva larga", RSD 47/2023, sent. del 14/03/2023; ídem, causa 132933, "Ciafardo Bruno c/ Don Rogelio S.R.L. s/ Prescripción adquisitiva larga", RSD 297/22, sent. del 13/12/2022).-
Sobre la base de dicha plataforma argumental, la prueba testimonial adquiere una importancia fundamental, dada la naturaleza de los hechos que deben acreditarse. En efecto, la realización de actos materiales de ocupación, aprovechamiento, conservación o mejora del inmueble, así como su publicidad y persistencia a lo largo del tiempo, son circunstancias respecto de las cuales resulta particularmente valioso el conocimiento directo de quienes han podido percibirlas. Su relevancia radica, precisamente, en que permite reconstruir el desenvolvimiento de la relación posesoria y verificar si la conducta invocada por quien pretende usucapir se exteriorizó de manera continua e inequívoca durante el plazo legal.-
Por ello, la exigencia de que la sentencia no se funde exclusivamente en declaraciones testimoniales no importa relegar este medio de prueba a un papel secundario. Por el contrario, los testimonios constituyen un aporte de especial trascendencia para demostrar los hechos materiales en los que se sustenta la pretensión, debiendo integrarse con los restantes elementos de convicción.-
En el caso de autos, la parte actora no ha ofrecido es el escrito postulatorio de la demanda prueba "testimonial" que permita corroborar desde cuándo, de qué modo y durante qué período el accionante habría ejercido los actos posesorios invocados. No se cuenta, así, con declaraciones de vecinos u otras personas que, por su conocimiento directo del inmueble y de las circunstancias de su ocupación, permitan reconstruir el ejercicio de la posesión alegada durante veinte años.-
Tal ausencia adquiere especial relevancia respecto de su publicidad, pues tampoco existen testimonios que den cuenta que el accionante se comportó ostensiblemente como dueño y que esa conducta resultaba perceptible para terceros durante el plazo invocado. No se trata de presumir la clandestinidad de la ocupación, sino de advertir que su carácter público no ha encontrado suficiente corroboración en los restantes elementos examinados.-
Ciertamente, los comprobantes de impuestos y servicios, los documentos de identidad, las constancias escolares y los informes reseñados evidencian una vinculación sostenida del accionante y de su grupo familiar con el inmueble. Sin embargo, aun apreciados conjuntamente, no permiten esclarecer suficientemente las condiciones en que se habría desarrollado esa ocupación ni demostrar la realización continuada de actos materiales inequívocamente reveladores de una posesión con ánimo de dueño. Mientras las constancias domiciliarias y de servicios contribuyen a acreditar la residencia, los pagos de impuestos y tasas constituyen indicios de aquel ánimo, pero no revelan por sí solos las modalidades y la publicidad de la relación material ejercida sobre el bien.-
Asimismo, la identificación del accionante como poseedor en la documentación municipal aporta un indicio favorable a su postura, aunque el informe reseñado no precisa desde cuándo registra esa condición ni los antecedentes que sustentan tal calificación. Por su parte, las actuaciones catastrales corroboran la existencia de edificaciones en el año 2001, pero no permiten atribuir su realización al accionante ni reconstruir la antigüedad y continuidad de los actos posesorios invocados. El plano de mensura de 2016 exterioriza su pretensión sobre la unidad, sin acreditar por sí mismo el ejercicio de la posesión durante el plazo legal.-
A ello se suma que tampoco se produjo prueba de reconocimiento judicial, que habría permitido verificar directamente las características del inmueble, su estado de ocupación y la existencia de construcciones, mejoras u otros signos materiales susceptibles de ser relacionados con los actos posesorios alegados. Si bien esa diligencia no habría demostrado por sí sola su antigüedad, podría haber aportado elementos para integrar y contrastar la restante prueba reunida.-
De tal modo, la ausencia de testimoniales no constituye aquí una mera omisión formal, sino una carencia sustancial para la reconstrucción de los hechos que sustentan la pretensión, en tanto los restantes elementos incorporados no permiten suplirla con eficacia suficiente. La vinculación documental con el inmueble no alcanza, en las circunstancias examinadas, para tener por acreditado que el accionante ejerció una posesión pública, pacífica, continua e ininterrumpida, con ánimo de dueño, durante veinte años.-
Insisto, la falta de ofrecimiento y producción de prueba testimonial impide tener por acreditado el animus domini y el corpus posesorio que exige el art. 2351 del código de fondo.
Y si como ocurre en el presente caso el actor ha obviado la testifical, no puede hacerse lugar a la pretensión cristalizada en el escrito de inicio.
Ello viene dado porque la prueba compuesta, ineludible para esta clase de procesos, necesariamente debe sustentarse en dichos de testigos, los cuales deben conjugarse con las demás probanzas que se arrimen.
Porque el conjunto probatorio debe ser suficiente para generar una convicción positiva con base a las reglas de la sana crítica (arg. art. 384 del código de rito).
El "corpus" posesorio no hace presumir el "animus domini", y es por ello la exigencia prevista por el art. 679 del ritual en cuanto a que la testifical fehaciente no debe ser la única prueba que se aporte, puesto que debe hallarse corroborada con evidencias de otro tipo que confomen con la aludida, la ya referenciada prueba compuesta, que no tiene otro fin que el de dar mayor fuerza de convicción a los dichos de los testigos y posibilitando junto a éstos, la aseveración que ha mediado posesión.
Es que si no se trajeron testigos, la documental aportada no tiene entidad para corroborar sus dichos, lo cual trasunta en que se ha violado la carga que impone el art. 375 del Cód. Procesal (Cám. Civ. y Com. Lomas de Zamora, sala I RSD-234/01 junio 28 de 2001 "Varela Julio c/ Cattáneo Vicente s/ Usucapión").-
En consecuencia, la parte actora no produjo en autos prueba testimonial esencial para acreditar la publicidad, pacifidad y continuidad de la posesión por el lapso de veinte años. La prueba documental acompañada e informativa consistente en el pago de impuestos y servicios por sí sola resulta insuficiente. Por lo tanto, apreciada la prueba en su conjunto y al no haber satisfecho el accionante la carga de acreditar la posesión con los caracteres y durante el plazo exigidos por la ley; es decir la falta de prueba compuesta y no acreditar actos posesorios, corresponde rechazar la demanda de prescripción adquisitiva promovida (arts. 2351, 2524 inc. 7, 3947 y 3948 del Código Civil; y los arts. 375, 384 y 679 del CPCC; art. 24 de la ley 14.159).-
II.4).- Finalmente, atento al rechazo de la demanda de prescripción adquisitiva y al carácter consecuencial del pedido de rectificación e inscripción del reglamento de copropiedad formulado por la parte actora, deviene abstracto su tratamiento, en virtud de la forma en que se resuelve la pretensión principal.-
Por todo lo expuesto, consideraciones y citas legales,
1).- Rechazar la demanda de prescripción adquisitiva larga promovida por Carlos Américo Basualdo contra Nelly Esther Winkler y/o sus herederos, respecto de la Unidad Funcional N° 1, Polígono 00-01, ubicada en planta baja, con acceso por la calle Monseñor Chimento N° 917 de la Ciudad y Partido de Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, individualizada conforme al plano de mensura para prescribir N° 63-1-2016, aprobado con fecha 26 de mayo de 2016, como Circunscripción VII, Manzana 114, Parcela 8b, con una superficie total de 114,80 m², partida inmobiliaria N° 063-130184, correspondiente al inmueble inscripto bajo la matrícula N° 56.937 del Partido de Lomas de Zamora.-
2).- Declarar abstracto el tratamiento del pedido de rectificación e inscripción del reglamento de copropiedad y administración, en virtud de la forma en que se resuelve la pretensión principal.-
3).- Imponer las costas al accionante vencido (art. 68 del CPCC), difiriéndose la regulación de honorarios hasta tanto se arrimen los elementos que así lo permitan (arts. 21 y 27 de la Ley 14.967). REGISTRESE . NOTIFIQUESE en los términos de la acordada 4013 de la S.C.B.A (art. 13 del Anexo I de la reglamentación para las presentaciones y notificaciones por medios electrónicos). Glósese la documentación original reservada a su foliatura correspondiente y procédase a la formación de un segundo cuerpo, dejándose constancia de que el primero comprende las fojas 1 a 208 y el segundo las fojas 209 a 382.-
LEONARDO RICARDO PUEY
JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: PUEY Leonardo Ricardo - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 201-2026
Fin de la sentencia