Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Necochea · Causa 11.536
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Confirmar la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2018 (art. 1102 del C.C. y arts. 260, 384 y jurisp. citada) , con costas a los apelantes vencidos (art. 68 del CPC).
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
Expte. 11536; Reg. 71 (S) del 10/9/2019 En la ciudad de Necochea, a los días del mes de Septiembre de dos mil diecinueve, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, en acuerdo ordinario, a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados: "BASUALDO , JULIO Y OTROS c/JORGE ANASTASIU S.R.L. Y OTROS s/ DAÑOS Y PERJUICIOS", expte. 11536; habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los arts. 168 de la Constitución de la Provincia y el art. 263 del Código Procesal Civil y Comercial, resultó del mismo que el orden de votación debía ser el siguiente: Señora Jueza Dra. Ana Clara Issin y Señor Juez Doctor Fabián Marcelo Loiza. El tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1ª) ¿Es justa la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2018?.
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde?.
A LA PRIMERA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZA DOCTORA ISSIN DIJO:
I. Con fecha 10 de Septiembre de 2018, el Señor Juez de grado dictó sentencia: "Haciendo lugar a la demanda instaurada por Silvia Natalia Villanueva, Julio Ernesto Basualdo, Oscar Basualdo Villanueva, Nicolás Alberto Britos Juárez, Dominga Inés Britos y Julio Jorge Basualdo contra Jorge Anastasiu S.R.L. y Juan Andres Anastasiu sobre daños y perjuicios. II - Condenando a los demandados a pagar a Silvia Natalia Villanueva la suma de pesos cuatrocientos tres mil quinientos ochenta y cuatro ($ 403.584); Julio Ernesto Basualdo la suma de pesos veintidos mil ($ 22.120.- ); Oscar Basualdo Villanueva la suma de pesos veintidós mil ocho ($ 22.008.-); Nicolás Alberto Britos Juárez la suma de pesos cincuenta y un trescientos setenta y dos ($ 51.372.-) Dominga Inés Britos la suma de pesos sesenta y un novecientos diez ($ 61.910.-) y Julio Jorge Basualdo la suma de pesos doscientos diez mil setecientos siete con setenta centavos ($ 210.707,70), en el término de diez días de quedar firme la presente sentencia, con más los intereses fijados en el considerando IX, desde la fecha de mora allí señalada y hasta el efectivo pago. III.- Imponiendo las costas del juicio a los demandados vencidos.
IV. Difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes para la oportunidad en que obren pautas para tal fin".
Para arribar a esa conclusión y luego de entender aplicable el codigo civil -Ley 340-, valoró la condena penal dictada contra el conductor demandado -causa penal caratulada "Anastasiu, Juan Andrés s/Lesiones culposas", expte. 4100 que tramitara ante el Juzgado Correccional N° 1 Departamental, sentencia del 26/09/2005 condenando Juan Andrés Anastasiu, imponiéndole la pena de seis meses de prisión dejando en suspenso su cumplimiento, y dos años de inhabilitación especial para conducir vehículos automotores- por ser autor penalmente responsable del delito de lesiones culposas, hecho cometido en Necochea el día 15 de noviembre de 2003 en perjuicio de Silvia Natalia Valeria Villanueva, Dominga Ines Britos, Julio Ernesto Basualdo, Julio Jorge Basualdo, Carlos Oscar Basualdo y Nicolás Alberto Britos. (fs. 234/247).
Luego de valorar el impuesto que surge del artículo 1102 del C.C. en tanto luego de la condena penal no es posible contestar la existencia del hecho principal que constituya el delito ni impugnar la culpa del condenado, con cita de jurisprudencia y doctrina y explicó que ello no impide valorar la culpa concurrente de la víctima en sede civil.
En ese entendimiento concluyó respecto de la mecánica del accidente que en el mismo ha mediado interrupción del nexo causal aunque parcialmente por culpa de la víctima, es decir el conductor del automotor embestido. Específicamente valoró que "debe tenerse especial consideración que el conductor del Fiat Duna (coactor Julio Jorge Basualdo) ingresó a una vía de mayor jerarquía, como lo es la Avenida 59 de esta ciudad, por una calle transversal (calle 24), siendo que el conductor demandado gozaba de prioridad de paso, conforme lo normado por el art. 57 apartado 2 inciso "C" de la ley 11.430, vigente al momento del hecho", citando jurisprudencia sobre el particular.
Argumenta que la interrupción del nexo causal ha sido parcial teniendo en cuenta para ello la pericia accidentológica de la causa penal en la que se concluye el rol de embestidor físico mecánico del rodado Ford Sierra conducido por el demandado y que el mismo circulaba a una velocidad superior a la permitida segun surge de fs. 240 de la causa penal nro. 4100.
Con esos antecedentes atribuyó al demandado Juan Andrés Anastasiu la cocausación del accidente, en un 70% de la responsabilidad, mientras el 30% correspondían al actor Julio Jorge Basualdo.
Seguidamente cuantificó los daños del siguiente modo: Por el rubro Incapacidad respecto Natalia Valeria Villanueva y en base a las lesiones descriptas fijó este rubro en la suma de $ 300.000; respecto del señor Julio Jorge Basualdo tambien describiendo las lesiones padecidas cuantificó el rubro en $ 180.000; en relación a la señora Dominga Inés Britos y atento las lesiones leves que padeció estimó el rubro en $ 40.000.
Continuó su valuación cuantificando el daño moral de los accionantes y así entendió que correspondía la suma de $ 100.000 para Silvia Natalia Villanueva; la suma de $ 50.000 para Nicolás Alberto Britos Juárez, fijando para el resto de los actores por este rubro la suma de $ 21.000. Asimismo, justipreció la destrucción del rodado la suma de pesos $ 3.773,70; por la privación de uso estimó razonable fijar la suma pesos $ 2.000. Del mismo modo, por tratamientos médicos y farmacológicos respecto de Silvia Natalia Villanueva fijó la suma de $ 3.584.-; en relación a Julio Ernesto Basualdo la suma de $ 1.120.-; Oscar Basualdo Villanueva en la suma de $1.008.-; Nicolás Alberto Britos Juárez la suma de $ 1.372.-; Dominga Inés Britos la suma de pesos $ 910.; y Julio Jorge Basualdo la suma de pesos $ 3.934; desestimando los gastos requeridos por psicoterapia.
II. Dicha decisión fue apelada por ambos demandados (ver fs. 487/488) quienes expresan sus agravios a fs. 493/502 y 503/512.
En la primera presentación y luego de repasar los argumentos de la sentencia, el señor Juan Andrés Anastasiu cuestiona dos aspectos: la atribución de responsabilidad y el modo como se han cuantificado los daños concedidos. Respecto al primer aspecto se agravia y discrepa con la forma y modo en que se ha valorado la conducta de la víctima y el grado de relevancia que se le ha fijado, expresando que el porcentaje no se ajusta a derecho. Alega como sustento de su agravio la violación por parte de la víctima de la prioridad de paso que tenia el demandado al circular por la Av. 59 de Necochea según la norma vigente al momento del hecho con cita del artícluo 57 apartado 2 inc. c) ley 11430.
Asimismo señala que el automotor guiado por el actor contenía a 6 personas en contravención con los arts. 4 inc. 8 y 10 de ley 11.430 que sólo prevé la posibilidad de transportar a no más de 4 personas debiendo, en caso contrario, detener el vehículo hasta que se normalice la situación.
Seguidamente remarca otros incumplimientos como que ninguno de los pasajeros llevaba colocado el cinturón de seguridad o que uno de los niños -Nicolas Britos de 7 años- viajaba en la parte delantera del auto en la falda de su tía; concluyendo que tales negligencias muestran la exclusiva culpa de la víctima.
Cuestiona la declaración prestada en la IPP por la Sra. Dominga Britos; e insiste que la conducta del Sr. Basualdo ha sido determinante en la producción del siniestro, pues si se ingresa a una avenida "sin tomar los mínimos recaudos resulta evidente que puede producirse un siniestro".
Con cita de jurisprudencia provincial, transcribe párrafos de la sentencia de la sentencia de grado pero disiente en cuanto la atribución de embestidor físico del rodado conducido por el señor Anastasiu.
Critica esta última conclusión e indica que ese rol no es determinante para la atribución de responsabilidad y que no está probada la velocidad a la que circulada el Ford Sierra. Sostiene su conclusión con lo informado en la pericia. Luego critica los testimonios brindados en sede penal relativos a la velocidad del demandado y asegura que la perito accidentológica Gómez no concurrió al lugar del hecho no obstante indicó que no había huellas de frenado, ni de derrape que permitiesen determinar las velocidades de los rodados. Ataca las conclusiones periciales vinculadas a las velocidades permitidas.
Sobre esa base, afirma que las conclusiones del perito son erróneas y que la atribución de responsabilidad pierde sustento; peticionando se declare la exclusiva "culpa" de la víctima, o en su defecto en un 95 %.
En lo atinente al segundo aspecto relativo a los daños, critica la cuantificación decretada indicando que Natalia Valeria Villanueva no reclamó indemnización por incapacidad sobreviniente. Asegura que dicha indemnización deviene incongruente colocando en estado indefensión a su parte pues "se formuló defensa en cuanto del lucro cesante y no respecto a una supuesta incapacidad sobreviniente no reclamada".
Respecto a la indemnización concedida al señor Julio Jorge Basualdo también la tilda de incongruente y subraya que éste ultimo solicitó en su demanda la suma de $ 129.600 otorgándose $ 180.000. Sobre esa base y aludiendo al porcentaje de responsabilidad atribuido concluye que debe morigerarse la suma a $ 90.720 argumentando que es un supuesto de incongruencia procesal cuantitativa.
En relación a la señora Dominga Inés Britos y con el mismo argumento expuesto en el párrafo anterior, cuestiona que se le haya otorgado la suma de $ 40.000 cuando solicitó 34.580. Expresa que las lesiones resultaron leves y que en la IPP, el médico informó que la damnificada no presentó lesiones osteo-articulares.
Por último, critica la cuantificación del daño moral. Afirma que el juez de grado pretende escapar del nominalismo e individualiza los montos pedidos en la demanda con aquellos efectivamente otorgados. Prosigue cuestionando la utilización de la facultad que confiere el art. 165 del CPC argumentando que resulta excepcional y de interpretación restrictiva insistiendo que la condena resulta "extra petita" pues exceden las sumas oportunamente peticionadas.
De idéntico modo, el representante de la sociedad Jorge Anastasiu expresa agravios a fs. 503/512 donde reedita en lo sustancial las criticas antes expuestas. Conferido el traslado, la representante de los actores rebate los cuestionamientos expuestos mediante la presentación electrónica del día 21/5/2019.
III. En principio corresponde examinar lo atinente a la responsabilidad civil y el agravio vinculado a la conducta de la víctima, anticipándose que el embate no debe prosperar.
Dada la firmeza de la sentencia penal dictada sobre el siniestro traído -pronunciamiento del 26/9/2005 obrante a fs. 234/247 de la causa penal 4100- por imperio de lo dispuesto por el art. 1102 del C.C. no pueden revisarse en esta sede la existencia y calificación del hecho principal y las circunstancias de modo, tiempo y lugar que hacen a su materialidad, del mismo modo que la culpa del condenado. No obstante, la autoridad de tal solución se encuentra restringida a aquellas disposiciones que resulten indispensables para determinar la solución del conflicto penal, pudiendo en sede civil, por no hallarse alcanzada por los efectos de la cosa juzgada, valorarse la concurrencia de culpas.
En autos, el pronunciamiento penal condenó a Juan Andrés Anastasiu por lesiones culposas a la pena de 6 meses de prisión -dejando en suspenso su cumplimiento- y 2 años de inhabilitación para conducir. Para ello la jueza penal tuvo por violado el deber de cuidado que le era exigido al señor Anastasiu a la vez que entendió que éste excedió los riesgos permitidos. Así en su pronunciamiento la magistrada describió que previo a la colisión el demandado transitaba a una "...velocidad superior a la permitida" (v. f. 241 de la sentencia penal) impactando en la parte trasera izquierda del rodado conducido por el actor, cuando éste último "...ya había pasado la línea imaginaria que señala el medio de la avenida en su carril de circulación..." (f. 237vta de la sentencia penal ).
Particularmente respecto de la velocidad valoró "En autos, el accionar que explicita la imprudencia del procesado es la excesiva velocidad con la que circulaba por la Avenida 59 -superior a los sesenta kilómetros, que como límite máximo de velocidad, se fijan por el art. 77 inc. 1.b) del Código de Tránsito (Ley 11.430 y sus modificatorias) para circular por Avenidas -sin disminuirla al intentar traspasar la intersección con la calle 24...." (f. 245 sentencia causa penal)
Consideró además que la colisión se produjo en una encrucijada donde no había semáforos, se encontraba en buen estado de conservación, mojada en virtud de la precipitaciones sucedidas y con buena iluminación artificial (f. 240vta de la sentencia penal), no habiéndose comprobado que el Fiat Duna "circulase con vidrios levantados y empañados" (f. 244 de la sentencia penal). Por consiguiente, tales circunstancias fácticas valoradas en aquella sede resultan irrevisables para éste Tribunal, resultando imposible -como pretende el apelanteatribuir culpa exclusiva al actor pues de ese modo se desconocerían los alcances que surgen de la sentencia penal. (art. 1102 del C.C.)
En efecto, ello conduce a descartar algunas afirmaciones del apelante como aquellas vinculadas a su calidad de embistente, la velocidad a la que circulaba el señor Anastasiu al momento de la colisión o lo vinculado a los vidrios empañados en el rodado del actor, pues todas estas circunstancias han sido dirimidas en sede penal (art. 1102 del C.C).
Así lo ha expresado la SCBA al indicar que las circunstancias fácticas establecidas en sede penal no pueden ser revisadas por los tribunales "ya que por referirse precisamente a la existencia o inexistencia de los hechos cuya identidad en ambos casos se discute, la sentencia penal firme tiene el valor de la cosa juzgada para la justicia de los otros fueros, jugando en el caso la prejudicialidad contemplada por los arts. 1102 y 1103 del Código Civil" (SCBA, SCBA LP L 76663 S 28/11/2001; SCBA LP L 54896 S 27/09/1994, entre otros).
Sentado lo anterior, cabe abordar otros aspectos que porta la apelación y que sí exceden el marco de la sentencia penal dictada en mérito al cuestionamiento que realiza en relación al porcentaje fijado en la instancia. Así, el apelante en su presentación pone de manifiesto distintas infracciones administrativas -circular con mayor cantidad de pasajeros que los permitidos u omitir colocarse los cinturones de seguridad- comprobadas en el automotor guiado por el actores, pero no explica qué influencia causal tuvieron tales incumplimientos en el acaecimiento del siniestro. (arts. 901/904 y 906 del C.C.)
Así, el sistema de responsabilidad civil tanto en el Código Civil aplicable (arts. cit.), como en el código unificado (art. 1726 del C.C.yC) exige para admitir la reparación que medie entre el evento y daño una relación causal efectiva y adecuada; motivo por el cual no es suficiente que un hecho aparezca como condición de un evento si regularmente no trae aparejado ese resultado. De allí, que a fin de establecer la vinculación de causa a efecto entre dos sucesos, es menester realizar un juicio retrospectivo de probabilidad, cuya formulación sería en el caso el siguiente: ¿la falta de uso de cinturón, o bien, el exceso de pasajeros transportados era per se apto o adecuado para provocar normalmente la colisión?.
La respuesta negativa se impone pues no se advierte de qué manera el uso de cinturón impediría que la parte frontal del auto guiado por el demandado impacte sobre el lateral izquierdo trasero del Fiat Duna conducido por el actor cuando éste se encontraba cruzando el primer carril de la avenida 59 de nuestra ciudad (ver fotos a f. 104 del causa penal que corre por cuerda y fundamentos sentencia de la causa penal).
Este Tribunal, en su anterior conformación y en criterio que se comparte entendió que la causalidad en el siniestro no ha sido quebrada por la falta de uso del cinturón de seguridad de la víctima (este Tribunal, expte. 8627, reg. int. 9 (S) del 13/3/2013, con cita de Areán, Beatriz A., "Juicios por accidentes de tránsito 2", edit. Hammurabi, pág. 96, año 2006).
Mas opinable resulta la cuestión relativa al exceso de pasajeros y la eventual restricción en la visibilidad que pudo haber sufrido el señor Basualdo al emprender el cruce de la avenida, pero a poco que se examinen las circunstancias de la colisión esa duda se desvanece. Ello así, pues el sector desde donde arriba el vehículo del demandado; esto es, el lado izquierdo no pudo verse obstruido por la presencia de otros pasajeros pues éste es el lado del conductor razón por la cual, en autos, tampoco se advierte de qué modo tal infracción administrativa pudo haber tenido aptitud para generar la colisión denunciada en autos (art. 384 del CPC).
En suma y atento las constancias obrantes, estimo que no ha mediado relación causal adecuada entre las infracciones denunciadas y el evento dañoso y en consecuencia debe confirmarse el porcentaje de responsabilidad atribuido en la sentencia.
Por lo demás, en relación a la otra cuestión alegada por el demandado para atribuirle responsabilidad en mayor porcentaje a la víctima, -esto es la prioridad de paso con la que contaba el demandado por circular por la Avenida 59- fue una cuestión tratada en la sentencia de grado y el argumento central de su decisión-, no surgiendo del recurso argumentos dirigidos a demostrar el yerro en lo decidido, más allá de la mera discrepancia que plantea en cuanto el grado de responsabilidad atribuido a la víctima. (art. 260 del C.P.C.C.)
En cuanto al segundo agravio relativo a los daños cabe advertir que más allá de la denominación utilizada en la demanda, en la que se refirió primero "Lucro Cesante" y luego "Daño Físico. Resarcimiento por Incapacidad" (ver f. 23), lo cierto es que al fundar el pedido se describieron lesiones que incapacitaron a cada uno de los actores: a saber, respecto de la señora Natalia V. Villanueva se describieron fracturas y lesiones que condujeron a una intervención quirúrgica "cistorrofía"; que produjo según relato del accionante una lesión de carácter permanente, afirmando que ello "...se traduce en una incapacidad que la limita físicamente en su vida en relación" (v. f. 24). Esta breve descripción del contenido del rubro pedido permite identificar, sin lugar a dudas, la incapacidad sobreviniente peticionada debiendo desestimarse no sólo la critica relativa a su identificación sino también lo referido a la posibilidad de defensa y de contradicción del reclamo pues, como se desprende de la simple transcripción efectuada, ella se ensayó en el escrito constitutivo de la litis permitiendo su amplio debate y prueba.
Aclarado lo anterior, también cabe desestimar las críticas realizadas con relación a la cuantificación de la indemnización por los distintos rubros, en tanto constituyen deudas de valor.
En efecto, aún antes de la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial, este Tribunal entendía que en materia de daños y perjuicios, las deudas poseen una naturaleza especial pues son de las llamadas "deudas de valor", que deben justipreciarse al tiempo del dictado de la sentencia y traducidas en dinero por resultar éste el medio de pago (conf. expte. 888, reg. int. 90 (S) 30-11- 2010; íd. reg. int. 17 (S) del 15/3/2011; expte. 9030, reg. int. 53 (S) del 10/6/2013. Idem, expte. 9687; reg. int. 3 (S) del 3/2/2015, expte. 10048; reg. int. 48 (S) del 2/6/2015. expte. 10500, reg. int. 124 (S) del 01/12/2016). Este concepto hoy esta ésta especialmente receptado en el art. 772 del CCyC Así, este tipo de deudas son aquellas en las cuales la moneda no constituye en rigor el objeto de la deuda, sino que sólo sirve de medio para restaurar en el patrimonio del acreedor un valor o utilidad comprometido por el deudor: un valor abstracto a ser determinado en algún momento en una suma de dinero, pero cuya expresión habrá de cambiar hasta tanto eso no ocurra, a tenor de las oscilaciones del poder adquisitivo de la moneda (conf. Trigo Represas, Félix A. "Deuda de dinero y deudas de valor. Significado actual de la distinción" en Revista de Derecho Privado y Comunitario, 2001-2 "Obligaciones dinerarias. Intereses" p. 31 y ss., Ed. Rubinzal Culzoni). Aclarando el destacado jurista que "en la obligación de valor lo adeudado es un quid, un valor abstracto o una utilidad, que sin embargo debe ser referido necesariamente, en términos comparativos, a una porción de bienes" concluyendo que la deuda de valor se pagará en dinero -por medio de un acuerdo o por una sentencia- pero ello sólo porque éste resulta el medio de pago pero no porque sea lo debido (ob. cit. p. 32)" (este Tribunal, expte. 888, reg. int. 90 (S) 30-11-2010; íd. reg. int. 17 (S) 15-3-2011); razón por la cual el cuestionamiento vinculado a los montos establecidos resulta inaudible. Máxime si se tiene en cuenta que la propia doctrina legal que surge de la causa "Vera" (SCBA C. 120.536 del 18/4/2018) y "Nidera" (SCBA C. 121.134 del 3/5/2018) considera estas condenas cuantificadas a valores actuales (ver este Tribunal expte. 11459; reg. int. 8 (S) del 19/02/2019 y expte. 11227, reg. int. 107 (S) del 4/9/18, entre otros), lo que despeja toda posibilidad de violación al principio de congruencia alegado en el recurso. (arts. 34 inc.4, 166 inc. 6 del C.P.C.C.).
Tal como lo ha sostenido esta alzada, ello se relaciona con la facultad que emerge del art. 165 del CPC, pues una cosa es la demostración de la existencia del daño, y otra distinta, es la referente a la determinación del monto del mismo -pérdida experimentada o ganancia dejada de percibir- acreditado el primer extremo, el órgano jurisdiccional tiene que proceder a fijarlo, aunque no se haya justificado fehacientemente el "quantum" del daño. Precisamente, en esos casos, surge la potestad que confiere a los jueces el artículo 165 del ordenamiento adjetivo, en punto a la fijación del mismo, para lo cual debe valerse de lo que indican las máximas de la experiencia universal. (este Tribunal, expte. 11219; reg. int. 78 (S) del 19/6/2018, con cita de Morello Augusto, Sosa Gualberto, Berizonce Roberto "Códigos Procesales en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación", edit. Abeledo Perrot, año 2016, t. III, pag. 541). Por lo demás, la crítica relativa al monto del daño moral se encuentra desierta pues expresa una simple discrepancia personal con el criterio del juzgador (art.
260 CPC).
Ello por cuanto, sólo se afirma que tal justipreciación luce desproporcionada pero no brinda datos que respalden esa conclusión; omite arrimar, por ejemplo, fallos donde para casos similares se cuantifiquen valores menores a los decretados, tampoco denuncia situaciones objetivas que permitan excluir o aminorar el daño moral padecido por los reclamantes que por las circunstancias acreditadas en autos resulta "in re ipsa" (SCBA; Ac. 78280 S, 18-6-2003).
En definitiva y atento la identidad de contenido de ambas expresiones de agravios, corresponde desestimar los agravios propuestos por los demandados (art. 1102 del C.C. y arts. 260, 384 y jurisp. citada) con costas a los vencidos (art. 68 del CPC).
Por las consideraciones expuestas, a la cuestión planteada voto por la AFIRMATIVA.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido por análogos fundamentos.
A LA SEGUNDA CUESTION PLANTEADA LA SEÑORA JUEZ DOCTORA ISSIN DIJO:
Corresponde confirmar la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2018 (art. 1102 del C.C. y arts. 260, 384 y jurisp. citada), con costas a los apelantes vencidos (art. 68 del CPC). Difiriéndose la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967).
ASI LO VOTO.
A la misma cuestión planteada el señor Juez doctor Loiza votó en igual sentido por los mismos fundamentos. Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente:
Necochea, de Septiembre de 2019.
VISTOS Y CONSIDERANDO: Por los fundamentos expuestos en el precedente acuerdo, se resuelve: I) Confirmar la sentencia dictada el 10 de septiembre de 2018 (art. 1102 del C.C. y arts. 260, 384 y jurisp. citada) , con costas a los apelantes vencidos (art. 68 del CPC). II) Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (art. 31 ley 14967). Notifiquese (art. 135 del CPC) Devuélvase (arts. 47/8 Ley 5827).
Dra. Ana Clara Issin Dr. Fabián M. Loiza Juez de Cámara Juez de Cámara Dra. Daniela M. Pierresteguy Secretaria
Fin de la sentencia