Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 2510
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve (por Mayoría: Dres. Castro Durán y Volta, Disidencia parcial Dr. Guardiola):
I. Receptar el recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia de fecha 30/6/2020, en los siguientes puntos:
A] Desestimar el planteo de declinación de cobertura formulado por “La Perseverancia Seguros S.A”, a la que se el hace extensiva, en los términos de la cobertura, la condena dictada al demandado Roberto Raúl Ávila (arts. 46, 56, 109, 110 y 118 ley 17.418); con costas de ambas instancias a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
B] Fijar las indemnizaciones por el daño patrimonial derivado del fallecimiento de Mariano Battistelli, del siguiente modo: Para Omar Pedro Battistelli, en la suma de $ 1.225.839,38; y para Alicia Ester Pachamé, en la suma de $ 1.376.396,96 (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
C] Fijar las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 1.300.000 para cada uno de los accionantes (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
III. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía (arts. 68 CPCC; y 110 ley 17.418); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 LH).
Expte. n°: JU-2510-2012 BATISTELLI OMAR PEDRO Y OTRO/A C/ AVILA ROBERTO RAUL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM. C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)
------------------------------------------------------------------------------ N° Orden: 120 Libro de Sentencia nº: 62 En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores GASTON MARIO VOLTA, JUAN JOSE GUARDIOLA y RICARDO MANUEL CASTRO DURAN, en causa nº JU-2510-2012 caratulada: "BATISTELLI OMAR PEDRO Y OTRO/A C/ AVILA ROBERTO RAUL S/DAÑOS Y PERJ.AUTOM.
C/LES. O MUERTE (EXC.ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Castro Durán, Volta Y Guardiola.-
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
I. Por medio de la sentencia de fecha 30/6/2020, la Jueza titular del Juzgado de primera instancia n° 4, Dra. Laura Josefina Panizza, dictó sentencia, por la que, en lo que al recurso a tratar interesa, inicialmente receptó la declinación de cobertura planteada por "La Perseverancia Seguros S.A.", con costas al demandado Roberto Raúl Ávila. Seguidamente, receptó la pretensión deducida por Omar Pedro Battistelli y Alicia Ester Pachamé contra Roberto Anibal Ávila, condenando a éste último a abonar a aquellos, las siguientes indemnizaciones: por Pérdida de chance, de $ 620.000 para Omar Pedro Battistelli y de $ 585.000 para Alicia Ester Pachamé; y por Daño moral, de $ 900.000 para cada uno de ellos; todos estos importes con más intereses a la tasa del 6% anual, desde el momento del hecho hasta la fecha de emisión de la sentencia, y a partir de entonces, a la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, hasta el efectivo pago. Impuso las costas al demandado Ávila y difirió la regulación de honorarios profesionales.
De tal modo, la sentenciante de origen se expidió acerca de las pretensiones encaminadas a la indemnización de los daños que alegaron haber padecido los accionantes, por el fallecimiento de su hijo, producido a raíz del vuelco del automóvil conducido por el demandado Ávila, en el que era transportado benévolamente.
II. Contra este pronunciamiento, interpusieron sendos recursos de apelación, el Dr. Carlos Arturo Suárez, en representación de los accionantes, por medio del escrito electrónico de fecha 28/7/2020; y el Dr. José María Gutiérrez, en representación del demandado Roberto Raúl Ávila, por medio del escrito electrónico de fecha 6/8/2020.
III. Concedidos libremente ambos recursos, la causa fue elevada a esta Cámara, y una vez radicada, el Dr. Suárez allegó la expresión de agravios por medio del escrito electrónico de fecha 4/11/2020, en la que cuestionó la recepción de la declinación de cobertura planteada por la citada en garantía y las indemnizaciones concedidas a sus mandantes por pérdida de chance y daño moral.
IV. Por medio de la resolución de fecha 24/11/2020 se declaró desierto por falta de fundamentación oportuna, el recurso de apelación deducido Dr. Gutiérrez, en representación del demandado Ávila.
V. Corrido traslado de la expresión de agravios formulada por la parte actora, el Dr. Alberto Antonio Almirón, en su carácter de apoderado de la citada en garantía, lo contestó por medio del escrito electrónico de fecha 4/12/2020, solicitando la desestimación de la apelación, en tanto que el demandado guardó silencio; luego de lo cual, se dictó el llamamiento de autos para sentencia, cuya firmeza deja a las presentes actuaciones en condiciones de resolver.
VI. En tal labor, paso al tratamiento de los distintos agravios.
A) Comienzo por los agravios dirigidos contra la recepción de la declinación de cobertura planteada por "La Perseverancia Seguros S.A.". a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
* Que la sentenciante de primera instancia hizo lugar a la declinación de cobertura planteada por la citada en garantía.
Basó tal decisión en los siguientes argumentos:
- se tornó operativa la cláusula de exclusión de cobertura por la conducción del automóvil asegurado en estado de ebriedad, ya que de las pericias toxicológicas y de las declaraciones testimoniales producidas en la causa penal, surge irrefutablemente la ebriedad del demandado asegurado en el momento del acaecimiento del accidente aquí debatido;
- los testigos que declararon en la causa penal manifestaron que el demandado había ingerido alcohol con anterioridad al accidente, por lo que quedó descartada la hipótesis sostenida por los actores, de que el demandado podría haberlo ingerido en el lapso transcurrido entre el accidente y su posterior presentación en el sanatorio;
- resulta inviable el planteo de extemporaneidad de la notificación de la exclusión, toda vez que se encuentra acreditado que, mediante carta documento del 7/6/2010, la citada en garantía suspendió los plazos administrativos hasta tanto el asegurado aportara la documentación que le fue requerida; por lo que, no habiendo éste alegado ni probado la remisión de dicha documentación, cabe tener por oportuno el rechazo de la cobertura comunicado por carta documento de fecha 9/9/2011;
- carece de sustento la alegada extralimitación de la información complementaria solicitada al asegurado, dado que si bien la aseguradora pudo obtener esa información directamente de la causa penal, a la fecha de la solicitud de la información complementaria, todavía no se encontraban agregados en dicha causa el informe de alcohol en sangre ni la pericia accidentológica, los que fueron incorporados con posterioridad; al margen de la actitud pasiva del asegurado, que no brindó ningún tipo de información durante un año y tres meses.
* Que el Dr. Suárez se agravió por la recepción del planteo declinatorio de la cobertura asegurativa, solicitando que el mismo sea desestimado, condenándose concurrentemente a la citada en garantía. Basó su crítica recursiva en los siguientes argumentos:
- la declinación de cobertura debe ser desestimada, dado que no puede considerarse probado que, al momento del accidente, el demandado padeciera de intoxicación etílica, ya que la prueba de alcoholemia se le realizó casi dos horas después de producido el accidente, sin que el mismo haya estado detenido, porque se retiró por sus propios medios del lugar y reapareció después en la clínica en la se le practicó la extracción de sangre; resultando verosímil que, después de tremendo accidente, hubiera ingerido alguna bebida alcohólica;
- deben descartarse las declaraciones de testigos que, carentes de idoneidad técnica, dijeron que el demandado había ingerido bebidas alcohólicas antes del accidente;
- debe receptarse el planteo de extemporaneidad de la declinación de cobertura, ya que el siniestro se produjo el día 22/5/2010 y la citada en garantía pretendió rechazarlo mediante carta documento de fecha 5/9/2011; - la aseguradora intentó suspender el plazo para la aceptación del siniestro, extralimitándose en la información suplementaria requerida, ya que la pericia de alcoholemia no es una información requerible al asegurado, y además, se encontraba agregada en la causa penal desde larga data; - quedó patentizada la negligencia de la citada en garantía, pues la causa penal se encontraba a su disposición desde mucho tiempo atrás, sin que hubiera mediado razón alguna que justifique su omisión de recabar por sí misma la información existente en ella;
- la información suplementaria que puede requerir la aseguradora, no la exime de su conducta debida, sobre todo considerando su actividad profesional y los medios a su disposición para tomar conocimiento de las causas judiciales donde se involucren siniestros que le atañen y de los que están debidamente informados;
- la citada en garantía se tomó dieciséis meses para rechazar la cobertura;
- el artículo 46 de la ley 17.418 habilita a las aseguradoras a presentarse en las causas judiciales para tomar conocimiento de sus constancias; facultad que demuestra una manifiesta negligencia de la citada en garantía por no haber adoptado las medidas idóneas para resolver la admisión del siniestro dentro de un plazo razonable;
- no resulta casual que el legislador haya hecho constar la facultad conferida a las aseguradoras de presentarse en las causas judiciales, en el mismo artículo en que se le impone al asegurado la obligación de proporcionar la información que le incumbe personalmente para determinar el alcance del siniestro; ya que, de tal modo, establece que la debida actuación de la aseguradora es la de indagar y conseguir por sí misma toda la información contenida en las causas judiciales;
- la sentenciante de origen imputó negligencia al demandado, por no haberle proporcionado a la citada en garantía una información existente en la causa penal; lo que hace suponer que un peón rural, residente en una pequeña localidad donde no tramitó la causa penal, debía controlar el trámite de dicha causa; mientras que la aseguradora, pese a los medios a su disposición para hacerlo, se limitó a dejar pasar el tiempo en franco desprecio a su obligación de expedirse en un plazo perentorio;
- por ello, la demora en el rechazo del siniestro es imputable a la citada en garantía;
- la aseguradora se burló de los objetivos tenidos en mira por la norma del artículo 56 de la ley 17.418; ya que, solicitando al asegurado una información contenida en la causa penal, convirtió a la obligación de expedirse en un plazo perentorio en otra de plazo indeterminado.
b] i. A fin de resolver el agravio referido a la falta de prueba del estado de ebriedad, comienzo por señalar que, de acuerdo a lo establecido en la cláusula general 23 apartado 18 de la póliza en la que se formalizó el contrato de seguro de responsabilidad civil anudado entre el demandado y la citada en garantía, esta última no indemnizaría los siniestros producidos por el automóvil asegurado, cuando el mismo fuera conducido por una persona en estado de ebriedad; estado que se consideraría configurado cuando el examen de alcoholemia realizado al conductor, arroje un resultado igual o superior a un gramo de alcohol por mil gramos de sangre (ver fs. 101).
Partiendo de esta plataforma, cobra relevancia el examen de alcoholemia practicado al demandado en la causa penal; examen que arrojó que el mismo tenía una concentración de 1,30 gramos de alcohol etílico por litro en sangre (ver fs. 60).
Es decir, que de acuerdo al resultado del examen de alcoholemia, el demandado, al momento de practicárselo, tenía una concentración de alcohol en sangre que excedía la establecida en la cláusula de la póliza referida. Además, con las declaraciones testimoniales prestadas en la causa penal, tengo por acreditado que el demandado presentaba ese estado de alcoholemia mientras conducía su automóvil, en el momento en que se produjo el accidente (art. 384 y 456 CPCC).
Llego a esta conclusión, haciendo hincapié en que el testigo Diego David Montero dijo que "...a eso de las 2,00 horas y cuando se encontraba en "Tekila", se hacen presentes en el lugar, caminando, Mariano Battistelli, y luego, en su vehículo Fiat Uno color rojo, el señor Roverto Ávila con Ernesto Muñoz. Que en este pub...estuvieron tomando, tanto Battistelli como Ávila, whisky...Que, según vio el dicente, Ávila ya había bebido bastante...Que en un momento dado, Ávila invita al dicente para ir al boliche de la localidad de Pasteur, respondiéndole que sí, pero en un momento y cuando había pasado un buen rato, éstos, sin decirle nada, se retiran del lugar y se van en el auto de Ávila..." (ver fs. 32, el entrecomillado encierra copia textual).
El testigo Hugo Adrián Mercado, dijo coincidentemente que "...cuando Ávila llegó a "Las Vegas", ya estaba bastante tomado, ya que el mismo hacía pavadas...Que a eso de la 1,00 horas, el dicente se fue al otro pub, es decir, a "Tekila", encontrándose en ese pub a Muñoz y Battistelli, para hacerse presente a los pocos minutos Ávila. Que en ese pub también estas tres personas tomaron bebidas, y en un momento dado, cuando el dicente estaba entretenido en otra cosa, estas tres personas nombradas se habían ido del pub. Que luego suena la sirena y más tarde se entera de que habían volcado en camino a Pasteur..." (ver fs. 39, el entrecomillado encierra copia textual).
Asimismo, el testigo Ernesto Andrés Muñoz, declaró que "...a la nochecita fuimos a un bar, donde empezamos a tomar alcohol. Ahí Ávila también tomó y estaba medio pasado en copas, pero no estaba perdido. En un momento se fue para la casa...Al regresar, me invitó para ir a Pasteur, al boliche, no sé que hora sería. Invitó a otros chicos y sé que algunos no quisieron, pero encontró a Battistelli que también era amigo mío, que aceptó y salimos para Pasteur. Ávila estaba alcoholozado y yo también..." (ver fs. 84vta, el entrecomillado encierra copia textual).
No encuentro motivo alguno para descreer de los dichos de estos testigos, dos de los cuales dijeron haber visto al demandado ingerir bebidas alcohólicas antes de emprender el viaje a Pasteur; y el otro, que el demandado estaba alcoholizado mientras manejaba su automóvil en ese periplo; razón por la cual, como lo anticipé, tengo por demostrado que el demandado conducía el automóvil asegurado en estado de ebriedad (art. 384 CPCC); con lo que queda descartado el argumento recursivo basado en la ingesta de alcohol posterior al accidente.
b] ii. Pasando a abordar el agravio fundado en la extemporaneidad del desconocimiento del derecho del asegurado formulado por la citada en garantía, resulta relevante remarcar que esta última requirió al demandado “la remisión de la siguiente información o documentación: a) fotocopia de las piezas obrantes en la causa penal promovida, en particular, croquis, pericia mecánica y resultado de la pericia de alcoholemia del mismo” (ver carta documento de fs. 109, el entrecomillado encierra copia textual).
Del texto transcripto surge que el requerimiento formulado por la citada en garantía consistió en el acompañamiento de prueba instrumental constituida por fotocopias de las actuaciones realizadas en la causa penal.
Al respecto, cabe señalar que en el párrafo tercero del artículo 46 de la ley 17.418 se autoriza a la aseguradora a requerir al asegurado, prueba instrumental, en cuanto sea razonable que la suministre el asegurado. Normalmente, el requerimiento de prueba instrumental está referido a elementos que están en poder del asegurado. La razonabilidad del requerimiento queda descartada cuando el asegurador requiere prueba instrumental que no está a disposición del asegurado o cuando pueda obtenerla desplegando la actividad que supone su actividad profesional (conf. Eduardo R. Scolara y Verónica A. Scolara, "Codigo de Comercio comentado y anotado. Adolfo A. N. Rouillón, Director y Daniel E. Alonso, coordinador", Tomo II, pág. 74).
Rubés S. Stiglitz expone que "...La razonabilidad del o de los requerimientos deberá juzgarse en cada caso particular, atendiendo a la naturaleza del riesgo, las circunstancias del evento y las condiciones personales del asegurado, así como la posibilidad real de satisfacerlos por parte de éste..." (ver Derecho de Seguros", Tomo II, pág. 168vta.).
A la luz de estas pautas, considero que no ha sido razonable el requerimiento de la citada en garantía al demandado, de las copias de las las actuaciones llevadas a cabo en la causa penal.
Arribo a tal conclusión, haciendo hincapié, en primer lugar, en que la causa penal obviamente estaba tramitando ante el juzgado correccional correspondiente; razón por la cual, es evidente que no estaba en poder del demandado.
Asimismo, suponiendo que el aquí demandado, en su carácter de imputado, pudiera solicitar sin patrocinio letrado las fotocopias de la causa penal; no puede desconocerse que la citada en garantía podría haberlas obtenido mediante los medios de los que dispone en virtud de su actividad profesional.
Vale remarcar que, de acuerdo a los establecido en el cuarto párrafo del artículo 46 de la ley 17.148, para los seguros en general, y en el artículo 117 del mismo cuerpo legal, para el seguro de responsabilidad civil; el asegurador puede examinar las actuaciones administrativas o judiciales motivadas o relacionadas con la investigación del siniestro, o constituirse en parte civil en la causa criminal.
Por ello, dado que la documentación requerida estaba al alcance de la citada en garantía, e inclusive, la obtención de la misma le resultaba más accesible a ella que al demandado; concluyo en que el requerimiento de tal documentación resulta irrazonable.
Sentado ello, resulta trascendente mencionar que si el requerimiento de información complementaria o de la prueba instrumental carece de razonabilidad, debe tenerse por no efectuada; razón por la cual, el plazo de treinta días establecido en el artículo 56 de la ley 17.418 para que la aseguradora se pronuncie acerca del derecho del asegurado, debe computarse a partir de la denuncia del siniestro (conf. Rubén S. Stiglitz, obra y tomo citado, pág. 171).
En consecuencia, debiendo tenerse por no efectuado el requerimiento de prueba instrumental, forzoso resulta concluir en que el rechazo del derecho del asegurado resulta extemporáneo; conclusión que impone la desestimación del planteo de declinación de cobertura formulado por la citada en garantía (art. 56 ley 17.418).
Por ello, la condena dictada al demandado Ávila debe extenderse a la citada en garantía, en los términos del artículo 118 de la ley 17.418. B) Paso ahora al tratamiento del planteo defensivo por el que "La Perseverancia Seguros S.A.", al contestar la citación en garantía, negó la responsabilidad del demandado; planteo que recobra virtualidad por aplicación del principio de adhesión implícita a la apelación, ya que la misma no pudo apelar la sentencia en revisión, por haber sido receptada la declinación de cobertura precedentemente revocada.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
* Que el Dr. Alberto Antonio Almirón, en su carácter de apoderado de la citada en garantía, al contestar la demanda en subsidio de su planteo de declinación de cobertura, negó los hechos y el derecho invocados por la parte actora, aunque reconoció el acaecimiento del accidente de tránsito debatido en autos.
* Que la sentenciante de origen atribuyó responsabilidad al demandado Ávila.
Llegó a tal decisión, exponiendo inicialmente que en los supuestos de transporte benévolo, resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva previsto en el artículo 1113 del Código Civil, vigente en el momento del acaecimiento del hecho aquí debatido.
Seguidamente, teniendo por probado que el joven fallecido era transportado en el automóvil conducido por el demandado en estado de ebriedad, tuvo por configurada la responsabilidad de este último; haciendo hincapié en que ninguno de los legitimados pasivos invocó ningún eximente. b] A fin de resolver este planteo, cabe mencionar que entre Mariano Battistelli y el demandado Ávila existió una relación de transporte benévolo. Este vínculo no reconoce como fuente un acto jurídico, puesto que las partes no tienen la voluntad de vincularse jurídicamente entre sí, sino que el conductor, el dueño o el guardián de un automotor sólo invita o acepta llevar a otra persona, por mera cortesía o favor, sin recibir ninguna retribución por el transporte.
Por ello es que si durante el traslado, el transportado sufre daños, el caso queda enmarcado dentro del régimen de responsabilidad extracontractual, y si los daños se producen por el riesgo del vehículo, resulta aplicable el régimen de responsabilidad objetiva por el riesgo de las cosas (arts 7 CCyC y 1113 CC). Sentado ello, y teniendo por probados: la existencia del daño, el riesgo del automóvil potenciado por la ebriedad de su conductor, la relación de causalidad entre uno y otro, y el carácter del demandado de dueño o guardián del vehículo; quedó a cargo de los legitimados pasivos la prueba de la interrupción del nexo causal por el hecho de la víctima o de un tercero por quien no debe responder, o por caso fortuito.
Al no haber sido satisfecha dicha carga probatoria, ya que ninguno de los legitimados probó la configuración de ningún eximente; forzoso es concluir en que bien le ha sido atribuida al demandado, la responsabilidad por el evento de autos.
C) Sigo por el tratamiento de los planteos defensivos por los que "La Perseverancia Seguros S.A.", al contestar la citación en garantía, negó la existencia de la pérdida de chance y del daño moral de los actores, abordables por virtualidad del principio de apelación implícita; planteos que serán abordados conjuntamente con los agravios dirigidos por la parte actora contra las indemnizaciones fijadas por tales perjuicios.
1. Empiezo por el tratamiento del planteo de la citada en garantía y del agravio de la parte actora, referidos a la indemnización fijada por la pérdida de chance.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
* Que el Dr. Alberto Antonio Almirón, en su carácter de apoderado de la citada en garantía, al contestar la demanda en subsidio de su planteo de declinación de cobertura, negó la existencia del daño patrimonial de los actores derivado de la muerte de su hijo, y tildó de disparatado el monto reclamado en tal concepto.
Negó las actividades productivas y los ingresos de Mariano Battistelli, alegados por los accionantes, y también negó la autenticidad de toda la documentación acompañada para la demostración de los mismos.
Impugnó el cálculo lineal de los ingresos del fallecido realizado por la parte actora, afirmando que el mismo arroja un resultado alejado de la realidad económica.
Sostuvo que para el cálculo de la pérdida de los accionantes, se debe determinar una suma que produzca una renta mensual semejante a la que teóricamente dejarían de percibir los accionantes, pero que vaya consumiéndose durante el periodo durante el cual los mismos hubieran recibido ese supuesto beneficio económico.
Agregó que a la hora de formular el cálculo, deben deducirse los montos que el fallecido hubiera destinado para sus propias necesidades, ya que con seguridad hubiera formado su propia familia.
* Que la sentenciante de primera instancia fijó las indemnizaciones por la pérdida de chance de ayuda patrimonial por el fallecimiento del hijo, en las sumas de $ 620.000 para Omar Pedro Battistelli, y de $ 585.000, para Alicia Ester Pachamé; importes que surgieron de la aplicación de una fórmula matemático actuarial.
En dicha fórmula volcó, por un lado, el periodo de ayuda económica del hijo que era esperable para cada uno de sus padres.
Por otro lado, volcó el ingreso anual que razonablemente hubiera obtenido el fallecido, acudiendo al salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la sentencia. Expuso que si bien quedó demostrado que aquel se desempeñaba como contratista rural, en cambio, no quedaron demostrados los ingresos que dicha actividad le reportaba; motivo por el cual, los estimó en base a dicha pauta salarial mínima.
Y finalmente, estimó el porcentaje de los ingresos, que el hijo hubiera destinado a la ayuda de sus padres.
* Que el Dr. Suárez impugnó los montos indemnizatorios fijados, tildándolos de insuficientes.
Enderezó su crítica recursiva contra la estimación del ingreso anual del hijo de sus mandantes, argumentando que:
- tal como lo entendió la sentenciante de origen, quedó fehacientemente probado que el joven fallecido se desempeñaba como contratista rural; - la sentenciante les exigió a los actores, el aporte de documentación respaldatoria de los ingresos de su hijo, por un periodo más extenso; exigencia constituye un exceso;
- todos los testigos declararon que el fallecido se desempañaba como contratista rural, y además, existe agregada documentación ratificada por la AFIP, que corrobora esos testimonios;
- la certificación de libre deuda por la compra de la cosechadora efectuada por Mariano Batistelli, es una copia certificada por el Juzgado de Paz Letrado de Lincoln, en donde se tuvo el original a la vista;
- existen sobradas pruebas de que el fallecido tenía ganancias económicas sustanciales en su actividad de contratista rural, a las que agregaba las provenientes de su actividad de mecánico, en las épocas en que las tareas del campo le permitían tener mayor tiempo disponible;
- cuantificar las eventuales y futuras ganancias que pudiera haber tenido el fallecido, acudiendo al salario mínimo vital y móvil, resulta antojadizo; ya que el sentido común indica que quien se desempeña como contratista rural en un área agrícola de excelencia, obtiene un rédito económico muy superior. b] A fin de resolver conjuntamente el planteo defensivo de la citada en garantía y el agravio de la parte actora, considero útil remarcar que los artículos 1084 y 1085 del Código Civil, que resultan aplicables en este caso, en virtud de la fecha del fallecimiento de Mariano Battistelli (art. 7 CCyC), establecen la presunción de que los padres, a causa del fallecimiento del hijo, quedan privados de lo necesario para su subsistencia.
Pero esta presunción no impide que sus beneficiarios puedan reclamar la reparación de daños de mayor entidad económica que los presuntos; dependiendo el éxito del reclamo, de la demostración del menoscabo alegado (art. 1079 CC).
Paralelamente, la referida presunción admite prueba en contra, por lo cual el responsable puede neutralizarla demostrando que el fallecido no aportaba utilidades materiales a los beneficiarios de la misma.
Como corolario de lo expuesto, surge que la presunta privación de lo necesario para la subsistencia, constituye una reparación básica que debe ser concedida a los beneficiarios, en ausencia de elementos de juicio que permitan delimitar el real perjuicio económico ocasionado por el deceso o que demuestren la inexistencia de aportes por parte del fallecido.
En este caso, los accionantes acreditaron que su hijo, en caso de no haber fallecido, hubiera podido ayudarlos económicamente con un aporte mayor que el estrictamente necesario para su subsistencia.
Llego a esta conclusión, haciendo hincapié en que quedó debidamente probado, con las declaraciones de los testigos Alexis Fabián Tuesta, Daniel Alfredo Blondel, José Alberto Mac Allister y Rubén Oscar Herrero, que Mariano Battistelli colaboraba económicamente con sus padres (ver fs. 274/277, resps. a la 7ma. preg.).
También con las declaraciones de los mencionados testigos, quedó acreditado que el joven fallecido se desempeñaba como contratista rural, ya que todos ellos coincidieron en que esa era su actividad productiva (ver fs. 274/277, resp. a la 4ta preg.).
Y el desempeño del fallecido como contratista rural al que aludieron los testigos, quedó corroborado con el informe de fs. 308/vta. emitido por la AFIP, en el que consta que los montos de las facturas agregadas a fs. 33 y 34 coinciden con las ventas netas y el débito fiscal exteriorizados en las declaraciones juradas del IVA correspondientes a los periodos de abril y de junio de 2007.
Por ello, al tener por probado que el fallecido se desempeñaba como contratista rural, lógico resulta presumir que los ingresos que el mismo hubiera podido obtener de haber continuado con tal actividad, hubieran redundado en una ayuda económica para sus padres, superior a la que hubiera permitido la mera subsistencia de los mismos.
A fin de calcular la magnitud del beneficio económico perdido, y consiguientemente, la indemnización correspondiente, creo conveniente emplear un mecanismo matemático-actuarial que permita determinar un capital, cuyas rentas cubran la pérdida económica padecida por los actores, y que se agote al término del período durante el cual el apoyo económico truncado pudo razonablemente haberse continuado prestando.
Es cierto que, a diferencia del régimen resarcitorio de la incapacidad sobreviniente, el empleo de este tipo de fórmulas no constituye una exigencia legal ni siquiera en el régimen del Código Civil y Comercial; pero no lo es menos, que tales fórmulas permiten individualizar y ponderar los elementos que sirven de base a la indemnización, permitiendo el control de legalidad y razonabilidad de la misma.
Para la aplicación de este tipo de fórmulas, es necesaria la determinación de los siguientes datos:
a. El período durante el cual los accionantes hubieran razonablemente podido continuar recibiendo el apoyo económico de la víctima.
Respecto de Omar Pedro Battistelli, debe tenerse en cuenta que le faltaban cinco días para cumplir 58 años de edad cuado falleció su hijo (ver fs. 20), en tanto que, en ese momento, Alicia Ester Pachamé tenía 59 años de edad (ver fs. 19); por lo que aparece como prudente estimar en dieciséis y veintiún años respectivamente, el lapso de ayuda económica que el hijo fallecido les hubiera brindado a cada uno; ya que en dichos lapsos, tanto uno como otra, alcanzarán una edad aproximada a la de la expectativa de vida de los hombres y de las mujeres en la Argentina (ver informe publicado por la Organización Pamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en https://www.paho.org/salud en las américas).
b. La estimación del ingreso anual que razonablemente hubiera percibido Mariano Battistelli por la realización de actividades productivas o económicamente valorables, en caso de no haber muerto tan anticipadamente. Entonces, acreditado que el hijo de los accionantes trabajaba como contratista rural, resulta indiscutible que para determinar los ingresos que el mismo podría haber percibido en caso de no haber acontecido su prematuro fallecimiento, deben tenerse en cuenta sus potencialidades productivas genéricas, sin centrarse exclusivamente en la situación laboral por la que estaba atravesando al momento de su muerte. Es decir, para estimar los ingresos frustrados del fallecido, debe atenderse a la evolución laboral o profesional que verosímilmente el mismo podría haber alcanzado.
En tan compleja estimación, valorando las diversas alternativas climáticas, estacionales o económicas que pueden incidir en la actividad rural, considero prudente estimar, como ganancia neta mensual promedio, la suma de $ 65.000, equivalente a tres unidades del salario mínimo, vital y móvil vigente al momento de la sentencia en revisión; lo que redundaría en un ingreso anual de $ 780.000 c. El porcentaje de tal ingreso destinado al auxilio económico de cada uno de los accionantes.
Es importante remarcar que para obtener este dato, no deben computarse todos los ingresos que el fallecido hubiera obtenido, sino únicamente la porción de los mismos que hubiera destinado a la colaboración patrimonial de cada uno de los accionantes.
Es así que cabe presumir fundadamente que Mariano Battistelli seguramente destimaba parte de sus ingresos a la satisfacción de sus necesidades; siendo además factible que, con el tiempo, hubiera conformado su propia familia, con el consiguiente aumento de gastos que ello implica. Por tal razón, considero prudente estimar que la colaboración económica frustrada, debe establecerse en un 30% de los ingresos del fallecido, distribuida igualitariamente en un 15% para cada padre.
d. La tasa de interés de descuento que exige el sistema de renta capitalizada, consecuente con el incremento del patrimonio de la accionante, motivado por la percepción del capital íntegro en forma anticipada. Considero apropiado, fijar dicha tasa de descuento, en un 6% anual, porcentaje que era predominantemente utilizado en los años de baja inflación, en la época de la convertibilidad monetaria.
Entonces, de la aplicación de los datos mencionados precedentemente a las fórmulas actuariales que transcribo a continuación, emergen las siguientes indemnizaciones por el daño patrimonial ocasionado por el deceso de Mariano Battistelli: Para Omar Pedro Battistelli, en la suma de $ 1.225.839,38, y para Alicia Ester Pachamé, en la suma de $ 1.376.396,96 (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
Omar Pedro Battistelli:
Alicia Ester Pachamé:
2. Finalmente, me ocuparé del agravio dirigido contra la indemnización fijada por el daño moral.
a] A tal efecto, creo oportuno recordar:
* Que el Dr. Alberto Antonio Almirón, en su carácter de apoderado de la citada en garantía, al contestar la demanda en subsidio de su planteo de declinación de cobertura, negó la existencia del daño moral de los accionantes, y subsidiariamente, tildó de excesivo el monto indemnizatorio por ellos reclamado en tal concepto.
* Que la juez "a quo" fijó en las sumas de $ 900.000 las indemnizaciones del daño moral padecido por cada uno de los actores, haciendo hincapié en el desequilibrio emocional que produce el fallecimiento de un hijo.
* Que el Dr. Suárez impugnó los montos indemnizatorios fijados, tildándolos de exiguos, dado que no contemplan en su real magnitud el dolor y la angustia que sufren los actores a causa del fallecimiento de su hijo. b] A fin de abordar este planteo, creo útil mencionar que la traumática experiencia que implica perder un hijo, genera la lógica presunción de padecimiento por parte de sus padres, de una alteración anímica disvaliosa susceptible de ocasionar un inmenso daño moral; cuya indemnización creo prudente fijar, a valores estimados al momento de la sentencia de primera instancia, en la suma de $ 1.300.000 para cada uno de ellos, a fin de permitirles la obtención de las satisfacciones sustitutivas o compensatorias que puedan mitigar tamaña aflicción (arts. 7 CCyC y 1078 CC).
VII. Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo:
I. Receptar el recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia de fecha 30/6/2020, en los siguientes puntos:
a] Desestimar el planteo de declinación de cobertura formulado por “La Perseverancia Seguros S.A”, a la que se le hace extensiva, en los términos de la cobertura, la condena dictada al demandado Roberto Raúl Ávila (arts. 46, 56, 109, 110 y 118 ley 17.418); con costas de ambas instancias a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
b] Fijar las indemnizaciones por el daño patrimonial derivado del fallecimiento de Mariano Battistelli, del siguiente modo: Para Omar Pedro Battistelli, en la suma de $ 1.225.839,38; y para Alicia Ester Pachamé, en la suma de $ 1.376.396,96 (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
c] Fijar las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 1.300.000 para cada uno de los accionantes (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
III. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía (arts. 68 CPCC; y 110 ley 17.418); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 LH).
ASI LO VOTO.-
TAMBIEN A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Volta dijo:
Que se adhiere y hace suyo todos los fundamentos y conceptos doctrinarios y legales dados por el Sr. Juez preopinante en primer término, Dr. Castro Durán, votando en consecuencia en el mismo sentido.
ASI LO VOTO.-
A LA MISMA PRIMERA CUESTION, el Sr. Juez Dr. Guardiola dijo:
Discrepo con mis colegas en cuanto a la desestimación de la declinación de cobertura formulada por la La Perseverancia SA Conocidas son las discusiones en torno a la aplicación del art. 56 LS. Existe consenso en que rige para los supuestos de caducidad del seguro pero no en cuanto a los casos de no seguro que constituyen la exclusión de cobertura de determinados riesgos.
Tanto la doctrina como la jurisprudencia se encuentran divididas al respecto. Específicamente en lo que se refiere a la cláusula de conducción en estado de ebriedad , que lejos está de ser abusiva o confusa, la CS Catamarca ( Salado O. Anibal y otra c/ Saavedra Ruben O. y o. 6/10/2005 LLNOA 2006 marzo,156); CSJ Tucumán Sala Civil y Penal (Cevini Luis Ernesto c/ Liderar Cia. Gral. de Seguros SA 6/8/2014 La Ley 30/9/2014) y prestigiosa doctrina ( Correa José Luis, Régimen del Contrato de Seguros. Riesgo. Exclusiones. Condiciones generales. Culpa grave y reseña de algunos fallos de la Suprema Corte. La Ley Gran Cuyo septiembre y octubre de 2004 y La Doctrina Judicial mendocina sobre algunas cláusulas en las pólizas de responsabilidad civil, LL Gran Cuyo, 2006-159 entre otros) la consideran oponible aunque haya mediado omisión de la aseguradora en pronunciarse; mientras que mayoritariamente la jurisprudencia capitalina se inclina por la solución opuesta Nuestro Superior, a cuya doctrina debemos acatamiento, tangencialmente se ha pronunciado por su aplicación en Ac. causa C 101.875 W H.H. c/ Gejo Ariel 7/3/12 y C 102.410 Nuñez Enrique c. Ivancich Raul Leopoldo 4/4/2012, aunque en este último supuesto se vertificaba que no se había requerido la información complementaria del art. 46 del mismo ordenamiento.
En razón de esto último y las siempre merecedoras de atención consideraciones de la Dra. Kemelmajer de Carlucci formuladas en su voto como Ministra de la SCJMendoza in re "Navarria Gisela c. Sabatino Bustos F." 1/7/2008 La Ley 2009-A, 475, es que considero que la defensa fue bien receptada en la instancia de origen. En ese proceso, cuyo sustrato fácticotemporal es bastante similar al presente, expidiéndose 8 meses después de acaecido el siniestro, se concluyó que es oponible la exclusión de cobertura en los casos de ebriedad del conductor, aun fuera del plazo contemplado en el art. 56 de la LS pero dentro de un período razonable de haberse producido la prueba en el proceso por la que se acreditó que conducía en esas condiciones. En el sub-lite el 1/6/2010 se requirió se aportaran elementos de prueba de la IPP, el 1/7/2010 se agregó en dichas actuaciones el resultado de alcoholemia (fs. 60 IPP) y el 6/9/2010 se rechazó la cobertura del siniestro, no pudiéndosele exigir a la aseguradora un continuo seguimiento del avance de dicha causa, siendo por otra parte un imperativo del propio interés del asegurado brindar esa información.
ASI LO VOTO.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Castro Durán, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE, por mayoría (Dres. Castro Durán y Volta, Disidencia parcial Dr. Guardiola):
I. Receptar el recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia de fecha 30/6/2020, en los siguientes puntos:
a] Desestimar el planteo de declinación de cobertura formulado por “La Perseverancia Seguros S.A”, a la que se le hace extensiva, en los términos de la cobertura, la condena dictada al demandado Roberto Raúl Ávila (arts. 46, 56, 109, 110 y 118 ley 17.418); con costas de ambas instancias a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
b] Fijar las indemnizaciones por el daño patrimonial derivado del fallecimiento de Mariano Battistelli, del siguiente modo: Para Omar Pedro Battistelli, en la suma de $ 1.225.839,38; y para Alicia Ester Pachamé, en la suma de $ 1.376.396,96 (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
c] Fijar las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 1.300.000 para cada uno de los accionantes (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
III. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía (arts. 68 CPCC; y 110 ley 17.418); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 LH).
ASI LO VOTO.-
Los Señores Jueces Dres. Volta Y Guardiola, aduciendo análogas razones dieron sus votos en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve (por Mayoría: Dres. Castro Durán y Volta, Disidencia parcial Dr. Guardiola):
I. Receptar el recurso de apelación deducido por la parte actora; y consiguientemente, modificar la sentencia de fecha 30/6/2020, en los siguientes puntos:
a] Desestimar el planteo de declinación de cobertura formulado por “La Perseverancia Seguros S.A”, a la que se el hace extensiva, en los términos de la cobertura, la condena dictada al demandado Roberto Raúl Ávila (arts. 46, 56, 109, 110 y 118 ley 17.418); con costas de ambas instancias a la citada en garantía (arts. 68 CPCC).
b] Fijar las indemnizaciones por el daño patrimonial derivado del fallecimiento de Mariano Battistelli, del siguiente modo: Para Omar Pedro Battistelli, en la suma de $ 1.225.839,38; y para Alicia Ester Pachamé, en la suma de $ 1.376.396,96 (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
c] Fijar las indemnizaciones por el daño moral, en las sumas de $ 1.300.000 para cada uno de los accionantes (arts. 7 CCyC; 1079, 1084 y 1085 CC).
III. Las costas de Alzada se imponen a la citada en garantía (arts. 68 CPCC; y 110 ley 17.418); difiriéndose la regulación de honorarios por las labores recursivas para la oportunidad en que estén determinados los correspondientes a primera instancia (arts. 31 y 51 LH).
Regístrese, notifíquese y oportunamente remítanse los autos al Juzgado de origen.-
Fin de la sentencia