Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 87275334-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la sentencia apelada y las Resoluciones nro. 80/2020 (AD VIRE), 81/2020 (AD VIRE), 82/2020 (AD VIRE), 83/2020 (AD VIRE) y 84/2020 (AD VIRE) y admitir la repetición solicitada, más intereses según lo establecido en el punto V. Costas de ambas instancias a la vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 34101/2023 "BATTAGLIO ARGENTINA SA (TF 87275334-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Buenos Aires, de febrero de 2024.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las Resoluciones nro. 80/2020 (AD VIRE), 81/2020 (AD VIRE), 82/2020 (AD VIRE), 83/2020 (AD VIRE) y 84/2020 (AD VIRE), en cuanto dispusieron rechazar el pedido de devolución de derechos de exportación formulados por la firma “BATTAGLIO ARGENTINA S.A.” y distribuyó las costas por su orden. (v. sentencia a fs. 578/586 del DEO nro. 10872738, al que se hará referencia en lo sucesivo)
Para decidir en ese sentido (cfr. voto del vocal preopinante al que adhirieron los restantes vocales), comenzó advirtiendo que, conforme lo dispuesto en el artículo 1164 del C.A., el Tribunal Fiscal de la Nación no puede pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de las leyes tributarias o aduaneras y sus reglamentaciones salvo que medio pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al respecto lo cual, hasta la fecha de la sentencia, no se había verificado, por lo que desestimó el planteo de inconstitucionalidad del Dto. 793/18 efectuado por la recurrente.
En lo que concierne a las facultades del Poder Ejecutivo Nacional para establecer los derechos de exportación, se remitió a la doctrina legal fijada con fecha 26/04/2022 en el fallo plenario IF-2022-40809437-APN- VOCXIX#TFN dictado en la causa EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN, caratulada “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, en donde por mayoría se acordó lo siguiente: “El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero”.
Observó que la ley 26939 (BO. 29/4/2014), al disponer la “vigencia” de la ley 22.415, ha declarado, en consecuencia, la vigencia de las delegaciones en ella dispuestas y que la ley 26122 (BO 28/7/2006) estableció un mecanismo adecuado de control y aprobación “a posteriori” por parte del Congreso de la Nación de los actos emitidos por el Poder Ejecutivo en el ejercicio de las facultades delegadas. En función de ello y dado que, en el caso, el Congreso de la Nación procedió a la ratificación legislativa del Decreto 793/2018, no se ha producido la vulneración al principio de legalidad o reserva de ley en materia tributaria planteada por la parte apelante.
En cuanto a la nulidad absoluta e insanable del Dto. 793/18 remarcó que establecer o fijar una alícuota de un tributo es muy distinto de “aprobar” o convalidar una alícuota ya fijada por un órgano competente (por delegación) pero sujeta a aprobación por parte del órgano delegante. Ello, dado que en el primer supuesto rige el principio de irretroactividad de la ley, es decir, la alícuota fijada solo rige desde su publicación, pero en cambio, en el segundo supuesto, la alícuota rige desde el dictado de la norma aprobada y no desde su aprobación. Así, consideró que se trata de normas “condicionadas” o “ad referendum” de su aprobación por parte del órgano delegante investido con tal competencia originaria, pero que gozan de plena fuerza ejecutoria desde su dictado (art. 17, ley 26122).
Destacó que la recurrente no cuestiona que la aprobación del Congreso mediante la Ley 27.467 es nula por no haber seguido los procedimientos formales de la ley 26.122, sino que solamente plantea que su aprobación no puede ser retroactiva; sin embargo, advirtió que el art. 82 de la ley 27.467 expresamente “mantuvo” la validez y vigencia del Decreto 793/18 desde su dictado y publicación ocurrida con fecha 04/09/2018.
Con respecto al argumento de que la aprobación del Congreso mediante la ley 27467 no tendría efecto convalidante toda vez que no se ajusta al procedimiento instaurado por la ley 26.122, debe tenerse presente que la Ley de Presupuesto de la Nación, habitualmente denominada “ley de leyes”, tiene precisamente por función establecer las pautas de recaudación, entre ellas, los derechos de exportación, que van a solventar -entre muchos otros- los gastos de la nación.
En definitiva, estimó cumplido dentro de un plazo razonable -3 meses- con la finalidad procurada por la ley 26122, esto es, que el Congreso de la Nación apruebe lo actuado en el marco de las facultades delegadas.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 34101/2023 "BATTAGLIO ARGENTINA SA (TF 87275334-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
Además, puso de resalto que el legislador reiteró nuevamente la íntegra aprobación del Decreto N° 793/18 en el artículo 54 de la ley 27.541 (Ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública), en donde, también fijó un tope arancelario máximo (33 % del valor imponible o del precio oficial FOB) por lo que la voluntad del legislador en este sentido es indubitable.
Con cita de la doctrina legal emanada del fallo plenario “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA ya individualizado que en su tercer articulo dispuso que “No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”, concluyó en que no corresponde hacer lugar a la nulidad del Decreto N° 793/2018 planteada por la parte recurrente. Finalizó puntualizando que no es factible extender -como lo solicita la parte actora- al presente caso la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el precedente Camaronera Patagónica S.A.(Fallos 337:388) toda vez que dicha causa trata de hechos acaecidos en el año 2002 y en consecuencia, el plexo jurídico (subsistema jurídico) y sus circunstancias concomitantes difieren sustancialmente de las que rodean el presente caso, en donde el Poder Legislativo ha declarado vigentes las facultades delegadas (Ley 26.939), previsto su intervención “a posteriori” del dictado el Decreto Delegado (Ley 26.122) y producida la convalidación legislativa (Leyes 27.467 y 27.541) de las alícuotas establecidas por el Poder Ejecutivo, así como los parámetros utilizados para cuantificarlas, estableciendo asimismo, sus topes máximos.
II. La decisión fue apelada por ambas partes, cuyos recursos fueron concedidos a fs. 646. La parte actora fundó su recurso a fs. 595/623 y el Fisco lo hizo a fs. 634/643; los agravios fueron replicados a fs. 669/697 y 658/664, respectivamente.
El recurso de la parte actora, que se refiere al plano sustancial de litigio, será examinado en primer término ya que el Fisco circunscribe sus agravios al régimen de las costas.
III. Las cuestiones planteadas en los agravios resultan sustancialmente análogas a las examinadas y resueltas por la Sala en las sentencias recaídas en las causas “Catajuy SRL c/ EN DGA s/ DGA”, expte. nro. 377/21, del 18/10/2022; “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA (TF 25041338-A) c/ DGA”, expte. nro. 26963/2022, sentencia del 29/12/2022; “Argen Pork Export Consorcio de Cooperación c/ EN -AFIP- DGA s/ DGA”, nro. 62761/2019, del 3/2/2023 y “El Galgo SA c/ EN -AFIPDGA s/ DGA”, nro. 14520/2020, del 28/3/2023, entre otras.
En los mencionados precedentes ha declarado la Sala que la ratificación legislativa, como regla general, carece de efectos retroactivos respecto de los decretos que adolecen de vicios en su origen. En cuanto al fondo del asunto, se desestimó la tesis sostenida por la demandada, dirigida a subsumir el Decreto 793/18 en las facultades del artículo 99, inciso 2 de la Constitución Nacional, atento a la preponderancia que en materia tributaria posee el principio de legalidad. Asimismo, se puso de resalto que si bien al dictarse el decreto en cuestión regía la Ley 26122, ello no tornaba diferente la situación a la decidida por la Corte Suprema en la causa “Camaronera Patagónica SA”, ya que en ambos casos el vicio era congénito y superado por la ley posterior sancionada por el Poder Legislativo. A su vez, con base en lo dispuesto en el artículo 82 de la ley 27467, se dispuso que el Decreto 793/18 careció de validez entre el 4/9/2018 –fecha de entrada en vigor del aludido decreto– y el 4/12/2018 –fecha de entrada en vigencia de la ley 27467– por lo que correspondía reconocer el derecho al reintegro de los derechos de exportación abonados en exceso, sin causa, durante dicho periodo (v. esta Sala, “ARCOR SAIC (TF 69421146-A) c/ DGA”, expte. nro. 23225/2023, del 7/11/2023).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
Expte. nro. 34101/2023 "BATTAGLIO ARGENTINA SA (TF 87275334-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO"
IV. Los fundamentos y conclusiones precedentemente reseñados resultan cabalmente aplicables a esta causa, por lo que -de conformidad con el dictamen fiscal- corresponde revocar la sentencia apelada.
V. Según surge de las actuaciones administrativas del caso (v. fs. 147; 216; 286; 355 y 424 del DEO), la firma “Battaglio Argentina SA” documentó mediante los permisos de embarque (PE) nro. 18 085 EC01 3859D (oficializado con fecha 11/12/2018); 18 085 EC01 3747W (oficializado con fecha 22/11/2018); 18 085 EC01 3756W (oficializado con fecha 23/11/2018); 18 085 EC01 3768C (oficializado con fecha 27/11/2018) y 18 085 EC01 3769D (oficializado con fecha 27/11/2018), las mercaderías en ellos declaradas, por las que se abonaron derechos de exportación en los términos de lo dispuesto en el Decreto N° 793/18.
En estas condiciones, y, toda vez que las operaciones fueron oficializadas con anterioridad al 4/12/2018, corresponde revocar las Resoluciones nro. 80/2020 (AD VIRE), 81/2020 (AD VIRE), 82/2020 (AD VIRE), 83/2020 (AD VIRE) y 84/2020 (AD VIRE) y admitir las repeticiones solicitadas, más los intereses reclamados (artículo 811 del Código Aduanero, v. fs. 3/15 del DEO). Toda vez que los reclamos fueron iniciados e12/9/2019 (v. fs. 127; 195 ; 266; 335; 404 del DEO), una vez que ya surtía efectos la Resolución N° 598/19 MH (v. artículo 10, 1/8/2019), corresponderá estarse a sus términos hasta el 30/8/2022, y posteriormente a los de la Resolución N° 599/2022 –que la sustituyó– o la que en futuro pudiera regir, hasta el momento del pago.
VI. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (arts. 279 y 68, primer párrafo, CPCCN).
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE: revocar la sentencia apelada y las Resoluciones nro. 80/2020 (AD VIRE), 81/2020 (AD VIRE), 82/2020 (AD VIRE), 83/2020 (AD VIRE) y 84/2020 (AD VIRE) y admitir la repetición solicitada, más intereses según lo establecido en el punto V. Costas de ambas instancias a la vencida.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional, se deja constancia que suscriben la presente dos vocales por hallarse vacante el tercer cargo.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Fin de la sentencia