Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 87281399-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 16/02/2023, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
34.630/2023 “Battaglio Argentina SA (TF 87281399-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”
Buenos Aires, 5 de julio de 2024.-
VISTOS y CONSIDERANDO:
I. Que mediante el pronunciamiento del 16/02/2023 el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las Resoluciones (AD VIRE) nros. 85/2020, 86/2020, 87/2020, 88/2020 y 89/2020, con costas por su orden.
Para así decidir, en somera síntesis, aplicó la doctrina resultante de la decisión plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación adoptada en autos “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación”, resol. del del 26/4/2022, según la cual:
-dicho organismo administrativo con facultades jurisdiccionales se encontraba imposibilitado de declarar la inconstitucionalidad de una norma, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente; -el Poder Ejecutivo Nacional se encontraba facultado para establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; y -no correspondía declarar la invalidez del decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal de la Nación debiera expedirse respecto de resoluciones que denegaran la repetición de derechos de exportación abonados por aplicación del mencionado precepto respecto de destinaciones registradas a partir del 4/9/2018, fecha de entrada en vigencia del decreto en cuestión, y hasta el 4/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467.
Resta añadir que la distribución de las costas, respondió al hecho que el Fallo Plenario de ese Tribunal que se aplicaba al caso era de fecha posterior a la interposición del recurso (15/12/2020).
II. Que contra dicho pronunciamiento con fecha 10/04/2023 interpuso recurso de apelación y expresó agravios el Fisco Nacional, los que fueron replicados por la contraria el 18/04/2023.
Cuestiona únicamente el modo en que fueron distribuidas las costas del proceso.
Al respecto, sostiene que el dictado del plenario en virtud del cual el TFN resolvió la confirmación de las Resoluciones condenatorias dictadas por su parte, de ninguna manera resulta ser un justificativo para apartarse del principio general que dispone que las costas deben ser soportadas por el vencido.
Aduce que lo resuelto en aquel precedente obligatorio para las Salas del a quo, no es nada novedoso y que no haya podido prever la firma actora. Es decir, que sin perjuicio de que su dictado fue posterior a la interposición del recurso de apelación, el Tribunal Fiscal de la Nación resolvió que no podía declarar la invalidez constitucional del Dec. 793/18 en razón de que así está establecido en el art. 1164 del C.A., y que el fallo de “Camaronera” que la firma intenta hacer valer no es suficiente para aplicar la parte in fine de dicha norma, atento a que no se trató de la inconstitucionalidad de las mismas disposiciones como exige el artículo en cuestión, a saber: “Sin perjuicio de la conclusión expuesta, no puede dejar de ponderarse, a mayor abundamiento, que las conclusiones a las que arriba la Corte Suprema in re “Camaronera Patagónica” no resultan automáticamente aplicables a la presente causa pues el Alto Tribunal hizo el examen de la Resolución (MEP) 11/02 bajo el marco del ordenamiento constitucional y legal vigente en el año 2002, que no había sido completado aún por la ley 26.122 (BO: 28.07.06)[74].”.
Señala que esto quiere decir que lo resuelto en dicho antecedente (plenario) es justamente lo que su parte ha insistido en todos y cada uno de los expedientes que dieron lugar al mismo.
Añade que, en referencia a lo anterior, todos y cada uno de los expedientes en los que se pretendió que se declare la inconstitucionalidad del decreto 793/18 fueron los que dieron lugar al plenario en cuestión, y es éste el que resuelve cada uno de dichos actuados.
Alega que, por el contrario, se ha tratado de una gran cantidad de casos en los que se pretendía la inconstitucionalidad del decreto, todos ellos con idénticos fundamentos (la aplicación del precedente “Camaronera”, generando así la necesidad de que el Excmo. Tribunal Fiscal de la Nación se reúna en pleno).
Considera que, para apartarse del principio general de la derrota se requieren fundamentos suficientes que den lugar a la eximición de costas, y el hecho de que se haya dictado el plenario con posterioridad a la interposición del recurso de apelación, no resulta ser un justificativo adecuado. Precisa que, su parte, ha resultado vencedora en cada una de estas causas, correspondiendo la imposición de costas a la vencida. Por otro lado, recuerda que las costas del proceso no solo implican el pago de eventuales honorarios para los letrados de la parte vencedora, sino todos aquellos “gastos causados u ocasionados por la sustanciación del proceso y los que se hubiesen realizado para evitar el pleito, mediante el cumplimiento de la obligación, incluyendo los del procedimiento de mediación prejudicial obligatoria.” (conf. art. 77 del CPCCN). Razona que, imponer las costas por su orden cuando su parte ha sido vencedora del pleito, con argumentos sostenidos al contestar la demanda y en el contexto descripto, hace que la eximición de costas al perdidoso sea nula, causando gravamen a su parte. Es que justamente, el fundamento utilizado por el TFN para imponer las costas por su orden es el que amerita que sean aplicadas, según la regla general, a la parte vencida. Aduce que la contraparte jamás pudo haberse creído con derecho a litigar, y de ser así, tampoco ello es eximente del pago de costas. La firma en estos autos alegó la inconstitucionalidad del decreto en cuestión pura y exclusivamente haciendo alusión al fallo “Camaronera”, y el plenario que dio fundamento a la sentencia del a quo resolvió: “(e)l Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente”, tal y como fuera sostenido incansablemente por su parte.
Puntualiza que su parte no automatizó lo sostenido en el fallo plenario y en base al mismo contestó el recurso de apelación, lo que sería digno de imponer las costas por su orden. Sino que, dicho precedente no existía al momento de contestar el recurso de apelación, teniendo esa parte que fundar el derecho aplicable al caso, analizar todos los antecedentes administrativos, estudiar y trabajar el caso para lograr así la confirmación del fallo aduanero dictado en su oportunidad. Lo cual, según advierte, se logró; y no solo en una causa aislada, sino en un fallo plenario.
Por último, argumenta que, para que proceda la eximición de costas por cambios en la jurisprudencia debe existir un desistimiento en autos.
En efecto, siempre se hace referencia a que, ante una variación jurisprudencial (sea un fallo plenario o una sentencia de la Corte Suprema), para que la eximición de las costas sea válida, debe mediar el desistimiento por parte quien se ve perjudicado con la nueva doctrina judicial. De lo contrario, las costas deben ser impuestas a la vencida. Destaca que en este caso, la firma no solo no ha desistido, sino que en causas idénticas a la presente decide seguir batallando, interponiendo recursos de apelación contra la sentencia dictada por el a quo. Manifiesta que, su parte comprende la intención de la actora de llevar las causas a la jurisdicción Federal, en donde los plenarios del Tribunal Fiscal de la Nación no son obligatorios, e insistir en sus pretensiones. Pero manifiesta que lo sostenido por su parte, al igual que lo establece el CPCCN, la doctrina y la jurisprudencia, es que, si la firma no desiste al tomar conocimiento del plenario, debe soportar las costas del proceso, y ello es lo ocurrido en estos actuados.
III. Que, si bien Battaglio Argentina SA también apeló el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, por resolución del 31/05/2024, esta Sala declaró caduca esta instancia judicial respecto del recurso intentado, con costas.
IV. Que, en primer lugar, corresponde recordar que el artículo 1163 del C.A. establece que “[l]a parte vencida en el juicio deberá pagar todos los gastos causídicos y costas de la contraria, aún cuando ésta no lo hubiere solicitado. Sin embargo, la Sala respectiva podrá eximir total o parcialmente de esta responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad (…)”.
Es decir que, la regla general consiste en que las costas se impondrán al vencido, por aplicación del principio objetivo de la derrota. Por lo tanto, su eximición debe ser excepcional y de carácter restrictivo.
V. Que, en el sub examine, no se advierten motivos que justifiquen apartarse de lo decidido con relación a las costas de la anterior instancia. En efecto, no se controvierte que esta causa se inició el 15/12/2020 (fs. 1), mientras que el plenario del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA” se emitió mucho después, el 26/4/22.
La parte actora inició su procedimiento de repetición y acudió al Excmo. Tribunal de origen con la plena convicción de que los derechos de exportación fijados por la resolución cuestionada violaban el principio de legalidad tributaria, de conformidad con los principios constitucionales contenidos en los artículos 4, 17, 75, inc. 1º, 99 y 100, inc. 12º, de la Constitución Nacional y por la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 2014, en el caso “Camaronera Patagónica”.
Es decir, la actora tenía un claro derecho de debatir y plantear el caso.
La complejidad de la cuestión debatida, sumada a la aparición del plenario en forma posterior al recurso de apelación resultan ser, entonces, argumentos suficientes como para eximir a la actora de la imposición de las costas del proceso (en el mismo sentido, esta Sala, in re: expte. 41.830/2023, “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 36727-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 7/05/2024).
A mayor abundamiento, cabe señalar que, tanto el Dr. Garbarino como el Dr. González Palazzo debieron dejar de lado su posición en atención al dictado del plenario finalmente aplicado.
En consecuencia, este Tribunal RESUELVE: rechazar el recurso de apelación interpuesto por la demandada y confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación del 16/02/2023, en cuanto fue materia de agravio, con costas (arts. 68, 1° parte y 1163 del C.A.).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, gírense estos actuados al Tribunal Fiscal de la Nación.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia