Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa EX-2019-80856005-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución 303/2016 (AD CAMP), con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2026-82098993-APN-VOCXVIII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Agosto de 2026 ELIANA y acumulado En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala “F”, Dres. Juan Manuel Soria (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, para resolver en los autos caratulados “ BAUMWOLLSPINNER, ASRID ELIANA c/DGA s/recurso de apelación”, expediente EX-2019-80856005- -APN- SGASAD#TFN; al que se encuentra acumulado el que lleva número EX-2019-80850844- -APN-SGASAD#TFN, caratulado “MARCHESI DANIEL CLAUDIO c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, El Dr. Juan Manuel Soria dijo:
I. Que mediante IF-2019-73294262-APN-SGASAD#TFN se presenta la Sra. ASRID ELIANA BAUMWOLLSPINNER e interpone recurso de apelación contra la Resolución 303/19 (AD CAMP), que la condena al pago de una multa por la infracción prevista y penada en los arts. 965 inc. b) y 966 del CA y la intima al pago de tributos. Relata los hechos que dieron lugar a la resolución apelada. Plantea la prescripción de las acciones del Fisco para imponer penas y para reclamar el pago de tributos. Subsidiariamente, plantea la nulidad de las actuaciones por no haber sido notificada de la vista otorgada, lo cual afecta su derecho de defensa. En relación a la cuestión de fondo, sostiene que no se encuentran tipificadas las infracciones imputadas, aclarando que quien importó el auto en cuestión y el beneficiario del régimen exención por discapacidad fue su suegro, el Sr. Héctor Marchesi. Entiende que el hecho de existir una cédula azul no basta para responsabilizarla. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución, con costas.
II. Que mediante IF-2020-11429850-APN-DTD#JGM se presenta el representante del Fisco nacional y contesta el traslado conferido mediante PV-2019-106998994-APN-VOCXVIII#TFN. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria. Se opone a las excepciones de prescripción y de nulidad de las actuaciones. Cita jurisprudencia. Sostiene que, en el ámbito infraccional, la responsabilidad del imputado se integra con el elemento objetivo, esto es, el cumplimiento de los requisitos exigidos por la norma. Destaca que la propia actora reconoce la existencia de la cédula azul emitida a su nombre por el Registro de la Propiedad Automotor. Concluye que la infracción en trato se encuentra objetivamente acreditada en autos. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución recurrida, con costas.
III. Que mediante IF-2019-73301456-APN-SGASAD#TFN (agregado en PV-2025-128113076-APN-SGASAD#TFN)
se presenta el Sr. MARCHESI DANIEL CLAUDIO, hijo de Héctor Marchesi, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 303/19 (AD CAMP). Reitera las defensas de su esposa Astrid Eliana Baumwollspinner, aquí coactora, solicitando se revoque la resolución apelada, con costas.
IV. Que mediante IF-2020-57489115-APN-DTD#JGM (agregado en PV-2025-128113774-APN-SGASAD#TFN) se presenta el representante del Fisco nacional y contesta el traslado del recurso IF-2019-73301456-APN-SGASAD#TFN, reiterando los términos del IF-2020-11429850-APN-DTD#JGM.
V. Que con fecha 3.11.2025, mediante INLEG-2025-122299934-APN-VOCXIII#TFN se resuelve acumular el expediente EX-2019-80850844- -APN-SGASAD#TFN al EX-2019-80856005- -APN-SGASAD#TFN. Mediante PV- 2025-135267264-APN-VOCXVIII#TFN se tienen por acompañadas las actuaciones administrativas.
VI. Que la Actuación SIGEA 12574-249-2007 se inicia con la Solicitud de retiro de automotores para personas con discapacidad (OM-2156) AA 08 071274 fechada 13.04.2007. A fs. 4/5 obra la Disposición 1275 por la cual el Servicio Nacional de Rehabilitación de la Secretaría de Programas Sanitarios del Ministerio de Salud, otorga autorización al Sr. Héctor Luis Marchesi, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con el beneficio que establece la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183. A fs. 24, en fecha 16.04.2007, se deja constancia de la entrega del automotor. A fs. 27 se emite la orden de intervención 10621OC06001108Y, para la comprobación de destino del automóvil importado. A fs. 28 obra el acta de comprobación labrada con fecha 14.3.2011 en calle A. Debenedetti 3330, Sarandí, Provincia de Buenos Aires. A fs. 35 se agrega el acta de comprobación de destino labrada el 6.4.2011. A fs. 37/38 obra el Informe 1086/2011. A continuación, a fs. 39 se labra el acta denuncia 390/2011 contra el Sr. Héctor Marchesi y la Sra. Astrid Eliana Baumwollspinner por presunta comisión de la infracción prevista en el art. 965, inc. b) del CA. A fs. 44 se instruye sumario. A fs. 45 obra el aforo y la liquidación tributaria. A fs. 46 se corre vista de lo actuado a los Sres. Héctor Luis Marchesi, Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner. A fs. 52 obra constancia del fallecimiento del Sr. Héctor Luis Marchesi. A fs. 53/54 obran avisos dirigidos a Daniel Claudio Marchesi y a la sucesión de Héctor Luis Marchesi, respectivamente, devueltos por el Correo por no encontrarse los destinatarios. A fs. 58 ref. obra copia de la publicación por edictos en el Boletín Oficial 34.025 de fecha 2.1.2019. A fs. 60 se declara la rebeldía de los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner. A fs. 67/ vta. se emite el dictamen Nro. 277/19 (SESU AD CAMP) y finalmente, a fs. 68/71 se dicta la Resolución 303/19 (AD CAMP), aquí apelada.
VII. Que, en primer lugar, corresponde resolver el planteo de nulidad de las actuaciones por falta de notificación del auto de corrida de vista planteado por las coactoras, quienes alegan violación de su derecho de defensa.
Que la Aduana de Campana pretendió comunicar el auto de corrida de vista a los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner mediante la publicación de edictos en el Boletín Oficial 34.025 de fecha 2.1.2019 (ver fs. 58 ref. de las act. adm.).
Que si bien el domicilio de los imputados no se encontraba inscrito ante el servicio aduanero en el radio urbano de la aduana de Campana, deviene aplicable lo dispuesto por el art. 1003 del CA que textualmente dispone: “Siempre que el interesado no hubiere constituido domicilio, el registrado ante el servicio aduanero, que estuviere ubicado fuera del radio urbano de la oficina aduanera en que tramitare la actuación, será considerado como domicilio constituido al solo efecto de practicar la primera notificación. En ella se le advertirá que debe constituir domicilio en la forma prescripta en el artículo 1001 dentro del plazo de diez días, bajo apercibimiento de lo previsto en el artículo 1004”.
Que en consecuencia, la notificación del auto de fs. 46 debió remitirse a los domicilios que surgen del Sistema registral obrantes a fs. 49/50 de las act. o por lo menos de la intimación a que los imputados constituyeran su domicilio dentro del radio de la aduana interviniente en la especie.
Que ello no fue así y toda vez que el servicio aduanero intentó notificar a las coactoras en un domicilio que no es el que contemplan las normas legales aplicables, no puede considerase que la misma surtió los efectos para los que fue librada. Que, sin perjuicio de las deficiencias que se advierten en el procedimiento en cuestión, entiendo que atento la posibilidad de las coactoras en esta instancia de oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las posibles nulidades se tornan relativas y subsanables.
Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VIII. Que corresponde ahora tratar los planteos de prescripción formulados por las coactoras.
Que el plazo de prescripción de la acción del fisco para imponer penas (art. 934 del C.A.) comenzó a correr el 1.1.2012, se interrumpió con la apertura del sumario en fecha 30.7.2014 -fs. 44 de las act.- (art. 937 del CA) y, una vez reanudado, se volvió a interrumpir el 25.6.2019 con el dictado de la resolución condenatoria en sede administrativa, encontrándose actualmente suspendido desde el 16.8.2019 con la interposición de los presentes recursos de apelación ante el Tribunal Fiscal. Por ello, corresponde rechazar, también, el planteo de prescripción de la acción para imponer penas. Que el planteo de prescripción de la acción del Fisco para percibir tributos se resolverá, por fundamentales razones de economía procesal, conforme la interpretación del Código Aduanero del precedente de la Corte Suprema "WONDERLAND SRL c/ ADUANA ROSARIO" del 12.05.2009 y del plenario de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal "HUGHES TOOL S.A. C/A.N.A. (T.F. 7830-A)" de fecha 21.09.2003; ello sin perjuicio de dejar a salvo mi opinión sobre esta cuestión expuesta in extenso en la causa “LA CARDEUSE S.A. c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/recurso de apelación”, sentencia del 12.11.2019, expte. 35.693-A (se puede ver en https://jurisprudenciatfn.mecon.gob.ar/wp-content/uploads/2020/02/35693-A-12-11-19-1.p df).
Que, como quedó expuesto, en el presente caso el plazo de prescripción tributaria comenzó a correr el 01.01.2012. Habiéndose dictado el auto de apertura de sumario el 30.7.2014 (ver fs. 44 de las act. adm.), se encuentra suspendido el curso de la prescripción tributaria “hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión” - art. 805 inc. a) del CA-.
Que, en consecuencia, corresponde rechazar el planteo de prescripción tributaria.
IX. Que, sentado lo que antecede, corresponde resolver si la Resolución 303/19 (AD CAMP), aquí apelada, se ajusta o no a derecho.
Conforme resulta de la Disposición 1275 fechada 13.9.2006 del Servicio Nacional de Rehabilitación del Ministerio de Salud, se concedió al Sr. Héctor Luis Marchesi el beneficio que establece la Ley 19279 y modificatorias, para adquirir un automotor modelo estándar 0 km, con exención de tributos, debido a su condición de discapacitado. Específicamente, se autorizó la importación de un rodado “marca AUDI modelo A3, 3P 2.0 TDI MANUAL QUATTRO VIN N° WAUAJ (0/1/2/3/4/5/6/7/9) 8P*”. También se dejó constancia que el vehículo debía ser conducido por Daniel Claudio Marchesi (DNI 18.411.968), hijo del beneficiario, según dictamen de la Junta Médica. Corresponde señalar que los antecedentes de dicha autorización no obran agregados en las actuaciones administrativas.
Habiéndose cumplido los pasos respectivos con la intervención de los organismos pertinentes, el 13.4.2007 el Sr. Héctor Luis Marchesi solicitó a la Aduana el retiro del automotor, conforme surge de fs. 1 de las act. adm., lo que se hizo efectivo el 16.4.2007.
Con posterioridad, la Aduana emite la orden de intervención respectiva con el fin de comprobar el destino de vehículos importados bajo los beneficios de la Ley 19.279 y modificatorias.
Conforme surge de las constancias obrantes en las actuaciones administrativas, el 14.3.2011 el servicio aduanero se constituyó en el domicilio de A. Debenedetti 3330, Sarandí, Provincia de Buenos Aires, donde fue atendido por Angélica Pombo, esposa del beneficiario, quien manifestó que el titular y su vehículo no se encontraban en ese domicilio. Según resulta del informe 1086/2011, con posterioridad a la visita se comunicó telefónicamente el Sr. Daniel Claudio Marchesi, quien manifestó que el vehículo se guardaba “la mayoría de las veces” en la calle México 898 de la localidad de Villa Sarmiento, Haedo y se acordó una nueva visita para el 6.4.2011.
De acuerdo a la información obtenida de la base de datos de la DNRPA que da cuenta de dos cédulas asociadas, una a nombre de Daniel Claudio Marchesi y otra a nombre de Astrid Eliana Baumwollspinner, el servicio aduanero infirió que el rodado en cuestión no sería utilizado solamente por la persona autorizada mediante la Disposición 1275/06 y formuló denuncia por transgresión a lo dispuesto en el art. 965 inc. b del CA.
Con posterioridad, el 30.7.2014, se aperturó sumario contra el Sr. Héctor Luis Marchesi, cedente del uso del vehículo y a los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner, por la presunta comisión de la infracción al art. 965, inc. b) y 966 del CA, por entender que no correspondía emitir una autorización a la esposa del Sr. Daniel Claudio Marchesi toda vez que sólo él podía conducir el vehículo importado. Asimismo, les reclamó el pago de los tributos. Que el 21.1.2016 falleció el Sr. Héctor Luis Marchesi, conforme surge de la constancia de fs. 52 de las act. adm. Que finalmente, el 25.6.2019, se dicta la Resolución 303/19 (AD CAMP) que declaró la extinción de la acción penal imputada al Sr. Héctor Luis Marchesi y se condenó en los términos de los arts. 965 b y 966 del CA a los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner al pago de multa y tributos.
X. Que corresponde resolver, en primer término, si los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner, aquí coactoras, incurrieron en la infracción tipificada por el art. 965 inc. b) del CA.
Que el art. 965 del C.A establece que: “El que no cumpliere con la obligación que hubiere condicionado el otorgamiento de: … b) una exención total o parcial de tributos que gravaren la importación para consumo o la exportación para consumo, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe actualizado de los tributos dispensados;…”.
Que en el caso de autos quien importó el automotor marca AUDI modelo A3, 3P 2.0 TDI MANUAL, en los términos de la Ley 19.279, modificada por las Leyes Nros. 22.499 y 24.183, fue el Sr. Héctor Luis Marchesi , quien falleció el 21.1.2016 y cuya acción penal se extinguió por causa de muerte.
En consecuencia, mal puede imputarse a su hijo Daniel Claudio Marchesi y a su nuera Astrid Eliana Baumwollspinner la figura infraccional en trato.
La Ley 19.279 y modificatorias establece la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan adquirir automotores para uso personal, para realizar una profesión o estudios y/o cualquier otra actividad que les permita desarrollar una vida normal con el fin de su integral habilitación dentro de la sociedad (art. 1°). Permite la adquisición de automotores nacionales (art. 3 inc. a. y b.) como extranjeros (art. 3°, inc. c.) y, en este último caso, prevé que las importaciones estarán exentas del pago de derecho de importación, tasas de estadística y por servicio portuario y de los impuestos internos y al valor agregado.
Cabe resaltar el art. 5° -en que se basa el servicio aduanero para imputar la infracción en análisis-, que establece “Los automotores adquiridos conforme a la presente ley y/o regímenes anteriores, serán inembargables por el término de Cuatro (4) años de la fecha de su habilitación final, no podrán ser vendidos, donados, permutados, cedidos, ni transferidos a título gratuito u oneroso…”.
Finalmente, el art. 6° refiere al caso en que el beneficiario infrinja la ley en comentario, en cuyo caso deberá restituir el total de los gravámenes dispensados a su adquisición.
Que la Ley 19.279, modificada por las Leyes 22.499 y 24.183, fue reglamentada por el Decreto 1313/93. Según la reglamentación, se considera persona discapacitada a la comprendida en los términos del Artículo 2º de la Ley Nº 22.431, que padezca en forma permanente alteraciones considerables que reduzcan su movilidad de manera que le impida o dificulte el uso del transporte colectivo de pasajeros, y que para su integración laboral, educacional, social o de salud y recreativa requiera la utilización de un automotor propio.
Cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan a la persona conducir el automotor por sus propios medios, siempre que reúna los requisitos señalados en el párrafo anterior, la autoridad de aplicación autorizará el manejo del automotor por un tercero.
La reglamentación también establece que a los efectos de gestionar el beneficio, se debe presentar una solicitud declarando varios datos, entre ellos, el cónyuge e hijos y demás personas con las que conviva el beneficiario. También establece en su art. 3° “Con carácter previo la DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA deberá expedirse…mediante acto fundado estableciendo si el futuro beneficiario y/o su grupo familiar reúne capacidad económica suficiente como para adquirir el automóvil que pretende y para mantenerlo; asimismo, deberá aclarar si el interesado y/o grupo familiar posee una capacidad económica tal que le imposibilite acceder al beneficio.
El servicio aduanero –como ya se dijo- imputa la infracción en trato, sobre la base del incumplimiento de lo dispuesto por el art. 5° de la Ley 19.279 y modificatorias, al entender que el automóvil sólo podía ser conducido por el Sr. Daniel Claudio Marchesi, siendo que en el caso, se habría otorgado una autorización a la Sra. Astrid Eliana Baumwollspinner, por la emisión de una cédula a su nombre.
Que tal como se desprende del análisis de la normativa citada, no se advierte cuál ha sido la conducta contraria a la obligación prevista por el citado art. 5°. En efecto, el automóvil continuaba siendo propiedad del Sr. Héctor Luis Marchesi. El hecho de que se haya expedido una cédula a nombre de su nuera, no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por la norma.
Que la Aduana no ha probado que se haya configurado en autos la infracción prevista en el art. 965 b del CA. En consecuencia, corresponde revocar la resolución apelada en cuanto imputa a las aquí coactoras la comisión de la infracción al artículo 965 inciso b) del CA.
Por su parte, la Ley 19.279 establece como sanción a quién infrinja la misma, la restitución de los tributos dispensados. En el caso, como se ha dicho, no se ha vulnerado lo previsto por la referida norma, por lo que tampoco se ajusta a derecho el reclamo tributario efectuado a las co-recurrentes, debiendo revocar la resolución apelada asimismo en este aspecto.
XI. Que, por último, corresponde resolver en autos si las coactoras resultan responsables de la comisión de la infracción prevista en el art. 966 del CA, que establece: “Todo el que por cualquier título tuviere en su poder con fines comerciales e industriales mercadería importada para consumo en excepción a una prohibición con exención total o parcial de tributos respecto de la cual no se hubiese cumplido la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento del beneficio, será sancionado en forma solidaria con el autor de la transgresión prevista en el art. 965, incisos a) o b), según correspondiere con las penas allí establecidas”.
Que tal como se expuesto ut-supra no se configura en autos la infracción al art. 965 inc. b) del CA, tampoco se dan los elementos exigidos por el tipo penal como para que se configure la infracción tipificada en el art. 966 del CA. En efecto, no se advierte en el caso cómo se configurarían “los fines comerciales e industriales” a que alude la norma, cuando ni siquiera el servicio aduanero ha probado en la especie que los imputados hubiesen utilizado de cualquier forma el vehículo en trato y menos aún, con los fines antes mencionados.
Que la imputación efectuada por la Aduana –en este punto- carece de todo fundamento legal, convirtiendo a la misma en totalmente improcedente.
Que, por ello, corresponde también revocar la resolución apelada en relación a este aspecto.
Que, por ello voto por:
Revocar la Resolución 303/2016 (AD CAMP), por la que se condena a los Sres. Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner al pago de una multa por la infracción prevista y penada en los arts. 965 inc. b) y 966 del CA, a la vez que se los intima al pago de tributos, con costas a la DGA.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Que sin perjuicio de mi postura en materia prescriptiva, la que es minoritaria en el seno de ésta Sala “F”, por razones de celeridad y economía procesal, adhiero en lo sustancial a lo decidido por el Vocal instructor.
El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero a la solución propiciada por el Dr. Juan Manuel Soria, tanto en cuanto rechaza las cuestiones preliminares introducidas por las recurrentes como en cuanto propone revocar la Resolución 303/19 (AD CAMP), con costas a la demandada.
No obstante ello, considero necesario efectuar algunas consideraciones adicionales respecto de la cuestión de fondo, pues entiendo que el defecto que exhibe la resolución apelada no se agota en la insuficiencia de la prueba reunida. A mi juicio, existe una cuestión necesariamente anterior: determinar cuál es, concretamente, el deber jurídico que se dice infringido; quién se encontraba obligado a cumplirlo; y qué conducta efectivamente comprobada permite afirmar su incumplimiento.
Es allí donde la imputación formulada por el servicio aduanero comienza a mostrar dificultades que no encuentro posible superar.
I. La imputación. Antes de probar una infracción es necesario saber qué se imputa.
El art. 965, inc. b), del Código Aduanero no sanciona cualquier irregularidad relacionada con una mercadería importada con franquicia. Tampoco reprime genéricamente un empleo que la Administración considere inconveniente ni cualquier apartamiento de las condiciones bajo las cuales se desenvolvió posteriormente la utilización del bien. La norma es bastante más precisa: sanciona a quien “no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento” de una exención total o parcial de los tributos que gravaren la importación o exportación para consumo. La estructura del tipo exige, por tanto, individualizar una obligación concreta, preexistente y jurídicamente exigible que haya operado como condición para la concesión del beneficio. Sólo una vez identificada esa obligación corresponde determinar si el sujeto sobre quien pesaba efectivamente la incumplió.
En otras palabras, el art. 965, inc. b), no permite comenzar por la sanción y reconstruir después la obligación supuestamente infringida.
Y es precisamente eso lo que, a mi entender, ocurrió en autos.
La investigación aduanera constató, mediante consulta a la base de datos de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor, que respecto del vehículo existían dos cédulas: una a nombre de Daniel Claudio Marchesi —expresamente autorizado para conducirlo— y otra a nombre de su esposa, Astrid Eliana Baumwollspinner.
A partir exclusivamente de esa circunstancia, el servicio aduanero “infirió” que el automóvil no sería utilizado solamente por la persona autorizada y formuló la denuncia. Más tarde, al disponerse la apertura del sumario, sostuvo que no correspondía emitir una autorización a favor de la Sra. Baumwollspinner porque únicamente Daniel Marchesi podía conducir el rodado.
Adviértase la secuencia.
No se comprobó que la Sra. Baumwollspinner condujera el automóvil.
No se comprobó que lo hubiera utilizado.
No se comprobó que lo tuviera en su poder.
No se comprobó que el beneficiario le hubiera entregado el vehículo.
Tampoco se comprobó una venta, donación, permuta, transferencia o desplazamiento de su tenencia personal. Lo que se comprobó fue la existencia de una cédula.
De allí se pasó a presumir un uso; del uso presumido, a una supuesta cesión; y de esa cesión hipotética, al incumplimiento de la obligación que habría condicionado una exención tributaria.
Son demasiados desplazamientos inferenciales para sustentar una sanción.
II. ¿Cuál era la obligación impuesta por el régimen?
La pregunta no es retórica.
La Ley 19.279 reconoce a las personas con discapacidad la posibilidad de adquirir un automotor para uso personal con la finalidad de facilitar su integración y el desarrollo de una vida normal. Su art. 5 establecía, en cuanto aquí interesa, que durante el plazo legal los vehículos adquiridos bajo el régimen no podían ser vendidos, donados, permutados, cedidos ni transferidos a título gratuito u oneroso, y encomendaba a la reglamentación establecer mecanismos destinados a verificar periódicamente el uso y la tenencia personal del automotor.
El Decreto 1313/93 desarrolló esas obligaciones. Su art. 14 exige al beneficiario demostrar, cuando la autoridad de aplicación lo requiera, la correcta tenencia y utilización del vehículo, facultando a esa autoridad a efectuar las verificaciones pertinentes. Al mismo tiempo, el propio régimen contempla expresamente que, cuando la naturaleza y grado de la discapacidad impidan al beneficiario conducir por sus propios medios, la autoridad de aplicación puede autorizar el manejo por un tercero.
En el caso concreto, la Disposición 1275 había individualizado al Sr. Héctor Luis Marchesi como beneficiario y había determinado que el automóvil sería conducido por su hijo Daniel Claudio Marchesi. Es importante advertir, además, que los antecedentes que condujeron a esa decisión ni siquiera fueron agregados a las actuaciones administrativas. Pues bien: aun admitiendo que esa autorización particular comportara la obligación de que únicamente Daniel Marchesi condujera el rodado, para afirmar su incumplimiento era preciso comprobar que otra persona efectivamente lo condujo o, cuando menos, algún acto inequívoco por el cual el beneficiario hubiese desplazado el uso o la tenencia del vehículo en contradicción con el régimen.
Eso no ocurrió.
La denominada “comprobación de destino” no comprobó, precisamente, un destino contrario al autorizado. El vehículo continuaba registrado a nombre del beneficiario; no se acreditó su transferencia; no se constató a la Sra. Baumwollspinner conduciéndolo; no se la encontró en posesión del automóvil; no existe acta de tránsito, comprobación física ni elemento alguno que demuestre que efectivamente hubiera hecho uso de él. La propia resolución construye el incumplimiento sobre la existencia de una autorización registral.
Y solicitar una autorización para conducir no equivale a conducir.
Del mismo modo, obtener el documento que instrumenta esa autorización no demuestra que se haya hecho uso de ella. No parece necesario acudir a grandes construcciones dogmáticas para advertir la diferencia entre encontrarse autorizado para realizar una conducta y haberla realizado.
III. La cédula de identificación para autorizado a conducir.
La cuestión adquiere todavía mayor relevancia cuando se analiza qué era jurídicamente la denominada “cédula azul”. La normativa registral vigente contemplaba expresamente que el titular pudiera solicitar una “Cédula de Identificación para Autorizado a Conducir” para documentar la autorización conferida a un tercero para utilizar el vehículo. El trámite se efectuaba ante un Registro Seccional, se encontraba sujeto al pago de un arancel y debía ser objeto de calificación registral: el Registro verificaba la titularidad del peticionante y la inexistencia de impedimentos y, de no mediar observaciones, expedía la cédula.
La misma normativa permitía al titular dejar sin efecto esa autorización en cualquier momento y aclaraba que su otorgamiento no modificaba la responsabilidad civil derivada de su condición de dueño del automotor.
De allí se desprende una primera conclusión: la cédula no importaba transmisión del dominio ni desplazamiento definitivo de la tenencia, y menos aún constituye por sí sola prueba de utilización efectiva del vehículo. Pero existe otra circunstancia que encuentro particularmente llamativa.
La propia Ley 19.279 imponía a la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad del Automotor dejar asentada en el título la prohibición derivada del régimen y le impedía inscribir transferencias sin la previa certificación de libre disponibilidad expedida por la autoridad competente. Es decir, el sistema registral no era un tercero extraño al régimen de franquicia: el legislador le había asignado expresamente funciones destinadas a tornar registralmente visibles sus restricciones.
Frente a ello, la construcción sancionatoria propuesta por la Aduana conduce a una situación cuanto menos difícil de justificar.
El Estado, a través de uno de sus órganos, recibe una petición destinada a obtener una cédula; exige y percibe el arancel correspondiente; somete el trámite a calificación; no formula observación alguna y finalmente expide el documento solicitado.
Años más tarde, otro órgano del mismo Estado encuentra ese documento en una base de datos y convierte su mera existencia en la prueba del ilícito.
No puedo acompañar semejante razonamiento.
Aclaro el alcance de lo que afirmo. No sostengo que la expedición de una cédula registral pueda convalidar una conducta que una ley prohíba ni que un acto proveniente del Registro de la Propiedad Automotor pueda modificar las condiciones de una franquicia aduanera.
Digo algo mucho más elemental.
Si la Administración considera que la sola autorización registral a favor de la Sra. Baumwollspinner era jurídicamente incompatible con el beneficio otorgado al Sr. Marchesi, debe comenzar por indicar qué norma impedía solicitarla y por qué el órgano estatal competente para tramitarla no observó esa incompatibilidad. Lo que no puede hacer es transformar, sin más, el comprobante de un trámite que el propio Estado recibió, calificó y perfeccionó en el cuerpo de una infracción distinta.
Y mucho menos puede hacerlo en materia sancionatoria.
La contradicción interna del aparato estatal no constituye prueba de cargo contra el administrado.
Si la cédula podía jurídicamente ser emitida, su existencia nada demuestra respecto del incumplimiento imputado. Y si —como parece sostener ahora la Aduana— nunca debió emitirse, esa circunstancia torna todavía más indispensable acreditar qué conducta posterior y efectiva realizaron los recurrentes que configuró la infracción, pues no resulta razonable sancionar a una persona porque otro organismo estatal expidió un documento que, según la tesis de la propia Administración, no debió expedir.
En ninguno de los dos supuestos la mera existencia de la cédula alcanza para tener por configurado el art. 965, inc. b), del Código Aduanero.
IV. La comprobación de destino y la ausencia del hecho imputado.
La denominada comprobación de destino debía verificar precisamente aquello que aquí interesa: si el automóvil mantenía el uso y la tenencia compatibles con la franquicia acordada.
Sin embargo, de las actuaciones sólo surge que en una primera visita el vehículo y su titular no se encontraban en el domicilio inspeccionado; posteriormente Daniel Marchesi informó el lugar donde habitualmente era guardado el rodado y se concertó una nueva inspección; finalmente, a partir de la consulta a la base registral y de la existencia de la cédula a nombre de la Sra. Baumwollspinner, se formuló la denuncia.
No existe, entonces, comprobación de un cambio de destino.
Existe una inferencia acerca de un posible uso futuro o eventual derivada de una autorización administrativa. Y el derecho sancionador no reprime posibilidades.
La pregunta decisiva sigue sin obtener respuesta: ¿qué hizo concretamente Astrid Eliana Baumwollspinner que constituyera incumplimiento de la obligación que condicionó la exención?
Pedir una cédula no lo es.
Que el Registro la expidiera tampoco.
Y que de esa circunstancia pudiera derivarse la posibilidad material de conducir el vehículo no demuestra que ello haya sucedido.
El tipo exige un incumplimiento. No una conjetura acerca de que ese incumplimiento podía llegar a producirse.
V. Los sujetos a quienes se atribuyó la infracción.
Existe, finalmente, otro problema que termina de revelar la debilidad de la imputación.
El beneficiario del régimen, importador del automóvil y sujeto sobre quien recaían las obligaciones vinculadas con la franquicia era Héctor Luis Marchesi.
Así lo reconoce la propia instrucción, que al disponer la apertura del sumario lo calificó como supuesto “cedente del uso” del automóvil. Sin embargo, producido su fallecimiento, la acción para imponerle pena fue declarada extinguida. Esa extinción no permite trasladar el reproche, por una suerte de sucesión punitiva, hacia su hijo y su nuera. Y no es casual que el propio Código Aduanero haya contemplado específicamente la eventual responsabilidad de terceros. El art. 966 exige, para responsabilizar solidariamente a quien no fue autor de la transgresión del art. 965, que éste tenga en su poder la mercadería con fines comerciales o industriales.
Nada de eso se probó.
No sólo no existen fines comerciales o industriales: como señala acertadamente el Vocal preopinante, ni siquiera se acreditó que los recurrentes hubieran utilizado el vehículo.
La norma ofrece así una respuesta bastante elocuente.
Cuando el legislador quiso extender las consecuencias de la transgresión al tercero que recibe o posee la mercadería beneficiada, estableció presupuestos propios y rigurosos. No corresponde eludirlos transformando a ese tercero en autor directo del art. 965 por la sola circunstancia de figurar su nombre en una cédula registral.
La responsabilidad sancionatoria es personal.
Y la obligación que condicionó el beneficio tampoco puede desplazarse de un sujeto a otro simplemente porque el obligado originario haya fallecido.
VI. Conclusión.
Por todo lo expuesto, comparto la conclusión del Dr. Soria.
La resolución recurrida no individualiza adecuadamente cuál fue la obligación condicionante de la franquicia efectivamente incumplida por los aquí recurrentes; no acredita un uso del vehículo contrario al régimen; confunde una autorización registral con la realización efectiva de la conducta autorizada; y pretende extraer de un documento emitido por otro órgano del propio Estado consecuencias sancionatorias que su sola existencia no demuestra.
No se trata, por ende, de decidir si la infracción fue suficientemente probada.
No se ha logrado identificar y acreditar el hecho mismo que se pretende sancionar.
Por ello, adhiero al voto del Vocal preopinante y voto por revocar la Resolución 303/19 (AD CAMP) en cuanto condena a Daniel Claudio Marchesi y Astrid Eliana Baumwollspinner por las infracciones previstas en los arts. 965, inc. b), y 966 del Código Aduanero y los intima al pago de los tributos reclamados, con costas a la Dirección General de Aduanas. Así lo voto.-
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Revocar la Resolución 303/2016 (AD CAMP), con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese y una vez firme la sentencia remítase a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Juan Manuel Soria (vocal subrogante de la Vocalía de la XVIII Nom.), Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo.
Date: 2026.08.21 19:32:58 ART Date: 2026.08.25 12:39:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Pablo Adrian Garbarino Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Vocal Vocal Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.08.25 17:06:04 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Juan Manuel Soria Vocal Subrogante Vocalía XVIII Sala F Competencia Aduanera ELECTRONICA - GDE Date: 2026.08.25 17:07:05 -03:00
Fin de la sentencia