Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.509-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución DE PRLA Nro. 239/08, dictada por el Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente N° 600.608/03 (Actuación 12036-19-2008); con costas a la parte actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA DEFENSA DE LA VIDA, LA LIBERTAD Y LA PROPIEDAD Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2024-29611100-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 20 de Marzo de 2024 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis, Horacio J. Segura y Miguel N. Licht, a fin de resolver en los autos caratulados “BAVOSI S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ apelación”, expediente Nro. 25.509-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 10/15 vta. se presenta, por apoderado, la firma BAVOSI S.A. e interpone recurso de apelación contra la resolución DE PRLA Nro. 239/08, dictada por el Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente 600.608/03 (Actuación 12036-19-2008), que impuso a su representada una multa de $ 40.797,36 en los términos del art. 954 inc. b). Ello, por entender la Aduana que al haberse liberado la mercadería documentada en la destinación Nro. 01 001 IC04 0339844 K, sin el Certificado de Libre Circulación, correspondía aplicarle la infracción establecida en dicha norma, en virtud de detectarse una transgresión a una prohibición legal.
Se agravia en primer lugar porque aduce no haber sido correctamente notificada por el Instituto Nacional de Alimentos (INAL) de la inspección a la que presuntamente se encontraba sujeta; por el contrario expresa que aún en el supuesto de haber recibido un “fax” (que niega) dicha vía no constituye un medio fehaciente de notificación. Transcribe en tal sentido los artículos pertinentes del Decreto 1759/72. Cita que por otra parte, el Administrador adujo que “...el importador no puede desconocer por su condición las obligaciones que asume conforme a normativa en vigencia...”.
Desconoce también que resulte suficiente el comprobante de recepción de un fax, que no demuestra cuál es la página transmitida por ese medio. Invoca las garantías de defensa en juicio y debido proceso, por no haber cumplido el INAL con la notificación fehaciente, ya sea personal o por carta-documento. Sin perjuicio de ello, expresa que el despachante de aduana de la firma presentó el pedido de Certificado de Libre Circulación (según Expte. INAL Nro. 1-0047-2110-402-02- 5); y que a fojas 12 de las actuaciones administrativas luce otro Certificado -de Aptitud- para consumo humano. Agrega normativa relativa a otros detalles de la importación. Cuestiona que el INAL considerara que resultaba necesario que presentara otro documento complementario, e insiste en que -en tal caso- debía ser notificada en forma fehaciente. Invoca que dicho organismo no habría cumplido las formalidades legales para no emitir el Certificado de Libre Circulación, como consecuencia de lo cual la empresa estaría facultada para disponer del producto. Dice que no ha cometido la infracción que se le imputa.
En su Segundo Agravio, insiste en que la mercadería -según Certificado de Origen- era apta para consumo humano. Y por ello considera que no hubo transgresión alguna a la normativa.
En tercer término, se agravia por el importe elevado de la multa impuesta. Refiere en este punto la trayectoria de la firma, e impetra su absolución, o subsidiariamente la reducción de la multa en los términos de los arts. 915 y 916 del Código Aduanero. En el punto 4 de fojas 13 vuelta, se agravia por el cargo formulado en virtud de la diferencia tributaria detectada. Expresa que, al haberse pagado los tributos con anterioridad por el total de la carga, ello constituiría un enriquecimiento sin causa por parte del Fisco.
Resume a continuación las ideas precedentes. Ofrece los antecedentes administrativos como prueba; hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, dejándose sin efecto la multa y los tributos, con costas.
II. Que a fs. 24/29 se presenta la representante fiscal y contesta el traslado conferido. Hace una negativa genérica de los dichos de la contraria. Subraya que la recurrente no presentó oportunamente el Certificado de Libre Circulación de la mercadería introducida. Destaca que dicho Certificado -por la clase de mercadería- es requisito indispensable, y nunca fue aportado por el importador ya que el mismo no fue emitido por el INAL.
A tal respecto, resalta que la firma importadora conocía tal exigencia, ya que solicitó al INAL que se otorgue ese Certificado el 13 de marzo de 2001. Que dicho Instituto al momento de la inspección ocular, no encontró los productos en cuestión (el subrayado me pertenece) ya que quien firmó el Acta expresó que los mismos habían sido entregados a los clientes de la firma para su comercialización (ver fs. 24 de las Actuaciones Administrativas). Agrega que por ello el Instituto denegó su Libre Circulación. Y el Servicio Aduanero agregó “Sin derecho a uso. Pendiente INAL”. Resume que el importador conocía que a efectos de disponer de los productos debía contar con el Certificado de Libre Circulación; y que tenía la obligación de mantener la mercadería en depósito hasta tanto lo obtuviera, no pudiendo ahora desconocer sus propios actos ante las obligaciones asumidas. Que por haber distribuido en plaza los productos -sin contar previamente con el Certificado de marras- incurrió a sabiendas en la infracción, pues siendo un importador de productos alimenticios no puede pretender desconocer la normativa en vigencia (ver segundo párrafo de fojas 26). Que resulta independiente la naturaleza de la notificación cursada a este respecto, ya que la importadora carecía de la autorización previa concedida por la autoridad competente. Y, tratándose de una prohibición no económica, sin esa autorización, el ingreso a plaza sería sancionado. Cita al respecto la normativa vigente sobre dichas prohibiciones. Afirma que la empresa incurrió en la conducta típica imputada. Resalta el carácter potencial de la prohibición, a la luz de la doctrina y jurisprudencia que transcribe.
Responde también al agravio relativo a la graduación de la multa, destacando que la misma se fijó según los topes legales, estableciéndose el mínimo de una vez; por lo cual no se observa irrazonabilidad alguna que permita reducirla. Ofrece como prueba y acompaña los antecedentes administrativos en los cuales se dictó la Resolución cuestionada. Hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelada, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 34 se declara la causa de puro derecho. A fojas 40 se eleva la causa a esta Sala “G” y a fojas 41 se llaman autos a sentencia.
IV. Que la Actuación mencionada en el punto I.- se inicia con la intervención del Instituto Nacional de Alimentos, que mediante Orden de Inspección Nro. 762, detectó que la mercadería importada (pimientos morrones de origen España, marca Jandaia) NO se encontraba en el depósito del importador. Ello, a pesar de que el Servicio Aduanero le había hecho saber que asumía la condición de depositario en el sobre contenedor OM 2133 SIM. Al iniciarse sumario -en cuanto resulta pertinente para resolver el presente recurso de Apelación- la firma contestó vista, invocando que no fue debidamente notificada de la inspección a la que se encontraba sujeta; y que no habría transgredido una prohibición a la importación. Luego de haberse declarado su rebeldía, a fojas 112 se presentó el Despachante, por lo cual se declaró el cese de la misma. A fojas 117 y 118 luce la Resolución objeto del presente Recurso ante este Tribunal. El Juzgador aduanero considera que se pudo establecer la existencia de los elementos estructurantes del tipo infraccional en trato (art. 954 inciso b) del C.A.). Detalla en qué consisten las prohibiciones a la importación de carácter no económico. Destaca la importancia de los plazos para presentar el Certificado de Libre Circulación expedido por la autoridad sanitaria (INAL). Expresamente indica que, independientemente de la notificación en la cual se había comunicado la inspección, el importador por su condición no podía desconocer las obligaciones que asumió por la normativa en vigencia.
Con respecto al despachante, se decidió absolverlo en virtud de haber considerado que cumplió con las obligaciones a su cargo, ya que se ajustó a los datos de la factura comercial.
En virtud de ello, impuso a Bavosi S.A. la multa cuestionada y consideró formularle cargo por la diferencia tributaria detectada. (Ver quinto párrafo de fojas 117 vuelta).
A fojas 119, luce el dictamen legal en el cual se funda la Resolución SDGTLA 354/2008, que aprueba la Resolución DE PRLA 239 de fecha 6 de febrero de 2008, en cuanto resuelve condenar a la firma actora y absolver al despachante (ver fojas 120/121).
V. Que, en primer lugar, corresponde recordar que, ante la posibilidad de la actora en esta instancia de ofrecer y producir pruebas con toda amplitud, oponer defensas que hagan a su derecho y exponer todos los argumentos que estime convenientes, sin restricción alguna, las eventuales nulidades -en el supuesto caso de observarse- se tornan relativas y subsanables.
Que ello así, teniendo en cuenta que reiterada doctrina y jurisprudencia tiene resuelto que no es necesario que se analicen la totalidad de los argumentos de las partes, basta con considerar aquellos que en los términos de este limitado recurso de revisión son relevantes a los fines de alcanzar la solución de la causa. Ello, por cuanto en esta etapa es posible analizar tanto las pruebas obrantes en las actuaciones administrativas, como la que aquí puede ser ofrecida. En tal sentido, se ejercita el derecho de defensa. Resulta así de aplicación al caso la doctrina de la C.S.J.N., que sostiene que cuando la restricción de la defensa en juicio ocurre en el procedimiento que se sustancia en sede administrativa, la efectiva violación del art. 18 de la Constitución Nacional no se produce en tanto exista la posibilidad de subsanar esa restricción en una etapa jurisdiccional posterior. (Entre otros fallos: 205-549 y 267-393).
VI. Que, sentado lo que antecede, corresponde recordar que en estos autos la única prueba ofrecida por la interesada fue la documental obrante en las Actuaciones Administrativas, también ofrecidas y acompañadas por la Aduana. Que de dicha documentación surge claramente que -según la normativa que rige el caso- en el plazo de un mes desde la fecha del libramiento, la actora importadora podía cancelar la destinación aduanera sobre la cual pesaba una prohibición de carácter no económico.
Que el único requisito impuesto a tal efecto, era la presentación del Certificado de Libre Circulación emitido por la autoridad sanitaria (INAL).
Que ningún otro certificado emitido en nuestro u otro país, ni tampoco de la Comunidad Económica Europea (V.gr. El de Origen, o de aptitud para consumo, etc.), podía reemplazar al anterior.
Que este hecho resulta indiscutible según el derecho aplicable, el cual por otra parte se presume conocido. Máxime, en el caso de una empresa importadora, que habitualmente realiza este tipo de operaciones aduaneras, tal como lo refiere el presentante del Recurso de Apelación a fojas 13 vuelta (ver segundo párrafo).
En el mismo, la apelante asevera haber solicitado el Certificado de marras, con fecha 13 de marzo de 2001 ante el INAL. No obstante ello, en el tiempo transcurrido hasta la inspección que cuestiona -de fecha 12 de agosto de 2002- es evidente que dicho Certificado no se presentó en el término legalmente previsto.
Como correlato de lo expuesto, ni siquiera ante este Tribunal la recurrente ha presentado constancia alguna de haber obtenido el esencial Certificado ANTES de desapoderarse de la mercadería introducida.
Así surge concretamente de fojas (ref.) 21 de los antecedentes aduaneros, cuando la Jefe del Departamento Inspectoría del Instituto Nacional de Alimentos informó el 28/11/01 “que NO se encontró la mercadería del trámite de la referencia”. Luego de ello (ver Fs.-ref.-29) se decidió comunicar a la Administración Nacional de Aduanas la denegatoria de la libre circulación de los productos en cuestión.
No se advierte a lo largo de todo lo actuado, ni ante el INAL, ni en sede aduanera, ni en este Tribunal, ningún indicio que permita conmover los hechos referidos.
Tampoco puede tratarse el caso como un exceso de rigor formal, ya que ante la regla general de la prohibición, debe ser estricto el juzgamiento de la excepción. Que aquí implicaba -necesariamente- la presentación oportuna de un certificado que la hiciera caer; pero que a la fecha no se presentó.
Al contrario, el INAL en su momento había denegado su emisión.
Y a todo ello, se suma que las mercaderías prohibidas no se encontraron tampoco, al ser inspeccionada, posteriormente, en la sede del depositario.
Todos estos fundamentos llevan a la conclusión de que la Resolución aduanera debe ser confirmada, pues tampoco ante esta instancia revisora se han aportado pruebas que jurídicamente permitan conmoverla.
En resumen, tampoco encuentro argumentos sólidos para poder eludir en este caso el principio objetivo de la derrota; por lo cual las costas deben ser impuestas a la parte actora.
Sin perjuicio de lo expuesto, le asiste razón a la recurrente en cuanto no debe abonar suma alguna por tributos. No obstante lo consignado en los Considerandos de la Resolución en crisis, la parte resolutiva de la misma nada dice respecto a la formulación de ningún cargo por tal concepto. Es por ello que no corresponde expedirse a este Tribunal acerca del pago de tributos ya que nunca le fueron reclamados a la accionante.
Según entonces los hechos comprobados, y a la luz del derecho aplicable específicamente a la materia, VOTO POR: Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 239/08, dictada por el Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente N° 600.608/03 (Actuación 12036-19-2008); con costas a la parte actora.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar la Resolución DE PRLA Nro. 239/08, dictada por el Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros en el Expediente N° 600.608/03 (Actuación 12036-19-2008); con costas a la parte actora.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2024.03.20 20:20:31 ART Date: 2024.03.20 22:17:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2024.03.20 23:17:12 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2024.03.20 23:17:37 -03:00
Fin de la sentencia