Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.308-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, sin costas.
2Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 7312, de fecha 28/10/14, recaída en la actuación SIGEA Nº 12196- 1512-2011, costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-107255099-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 5 de Noviembre de 2021 Reunidos los Señores Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “BAVOSI S.A c/ DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS s/ recurso de apelación”, Expediente Nº 35.308-A;
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/26, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 7312, de fecha 28/10/14, dictada por la Jefa de la Div. Impugnaciones del Depto. de Procedimientos Legales Aduaneros de la aduana de Buenos Aires, en el marco del expediente SIGEA N° 12196- 1512-2011, mediante la cual resolvió rechazar el procedimiento de impugnación impetrado contra los cargos N° 677 y 676, ambos del año 2011, formulados, el primero en concepto de tributos por la suma de USD 6.426,37, con más los intereses del art. 794 del Código Aduanero y, el segundo por la suma U$S 320,01, en concepto de multa automática – el que se tuvo por cancelado conforme constancias obrantes a fs. 48 de las actuaciones administrativas –.
Menciona que su mandante, en fecha 04/03/11, registró el despacho N° 11 001 IC05 006252 F mediante el cual importó para consumo hortalizas preparadas o conservadas, mercadería clasificable en la posición arancelaria SIM/DC 2005.99.00.110 D; NALADISA 2005.90.90, proveniente de Perú. Comenta que, en sede aduanera, planteó la nulidad del cargo notificado por falta de fundamentación suficiente y, que más allá de ese pedido, efectuó la correspondiente reserva de acompañar elementos adicionales al momento de conocer con precisión las causas que motivaban el cargo. Agrega que recién tomó conocimiento del incumplimiento achacado, con el informe elaborado por la División Cupos de Origen del servicio aduanero obrante a fs. 52/53 de las actuaciones. Plantea la nulidad de la resolución apelada por entender que el servicio aduanero ha menoscabado el principio de la verdad material al haber cerrado el procedimiento sin producir los informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y de la verdad jurídica objetiva. Señala que la sola ausencia eventual de la visación consular en la documentación de que se trata no podía ni puede hacer caer el régimen preferencial, en tanto aquel requisito fue instituido por una norma de menor jerarquía y por quién no tiene facultades de reglamentación. Afirma que ni el Administrador Federal de Ingresos Públicos, ni el Director General de Aduanas cuentan con facultades legales para el dictado de la Nota Externa N° 22/09 en la medida en que aquélla establece la necesidad de un arancel consular que debe ser fijado por el Poder Ejecutivo Nacional. Comenta que el origen de la mercadería se encuentra acreditado. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se revoque la resolución apelada, con costas.
II. Que a fs. 37/40 vta., se presenta la representante fiscal y contesta el traslado que le fuera conferido. Niega todas y cada uno de las afirmaciones vertidas por la actora que no sean objeto de un expreso reconocimiento de su parte. Menciona que en aquellos casos donde es necesario acreditar la expedición directa, la Nota Externa N° 22/09 dispone que deberá presentarse como documentación complementaria una constancia de la autoridad aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. Explica que el dictado de la misma obedeció a la forma de acreditar la expedición directa de mercaderías de conformidad con lo previsto en la Resolución N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI.
Añade que esta resolución se dictó en el marco del Régimen General de Origen establecido por la Resolución 78 del Comité de Representantes, por el que se rigen en esta materia diversos acuerdos de alcance regional y parcial, reglamentado, complementado, modificado y actualizado a través de las resoluciones 227, 232 y los Acuerdos 25, 91 y 215 del Comité de Representantes. Manifiesta que la Nota Externa N° 22/09 en el punto 1.3 indica que los documentos mencionados en el art. 4 de la Res. N° 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiere transitado la mercadería, requisito que no se encuentra cumplimentado en las notas de la empresa de autos.
Señala que, su mandante, analizó la documentación aportada por la interesada y, eventualmente, concluyó que, esa documentación, no cumple con lo requerido a los fines de acreditar la expedición directa por no dar cumplimiento a lo establecido en el punto 1.3 de la Nota Externa N° 22/09 toda vez que la declaración del transportista, aportada en autos, no contiene la legalización consular requerida. Considera que el precedente “MERCEDES BENZ S.A.C.I.F.I.M. c/D.G.A.” (Expte. N° 8010-A) no es aplicable al tema en trato por cuanto la cuestión planteada en autos no es idéntica al tema decidido por la Corte Suprema. Sostiene que reputar como válido un certificado que adolezca de falencias sustanciales por haber sido emitido sin cumplir los requisitos de fondo impuestos por las normas del régimen que lo regula, implica desnaturalizar la esencia misma de ése régimen y, por ende, la esencia misma del propio certificado de origen.
Ofrece prueba documental. Hace reserva del caso federal. Solicita que se rechace el recurso impetrado, con expresa imposición de costas a la parte actora.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA Nº 12196-1512-2011 se inician, a fs. 3, con la Nota Nº 639/11 emitida por la Sección Registro y Cruce División Registro de Importación, que ordena que se formule cargo en concepto de diferencia de tributos y multa automática por las garantías 11 001 011116 S y 11 001 011158 B, respectivamente, correspondientes a la destinación 11 001 IC05 006252 F por la falta del certificado aduanero de procedencia. A fs. 18/22, la firma promueve procedimiento de impugnación contra los cargos Nº 676 y 677 –notificados con fecha 23/06/2011 conf. acuse de recibo del correo de fs. 17-. A fs. 41/47 ref., se agrega documentación aportada por la importadora. A fs. 48 obra el pago de la liquidación manual 13001LMAN429290E, de la multa autómatica. A fs. 52/53 obra la Nota Nº 112/14 de la Div. Cupos de Origen por la que emite su informe técnico. A fs. 65/66 vta. obra la Resolución Nº 7312/14, apelada en la especie.
IV. Que, a fs. 41, se abre el período probatorio, el que se cierra a fs. 110. A fs. 125, se elevan los autos a la Sala “F” y se ponen para alegar, obrando a fs. 136/142, el alegato de la parte actora y, a fs. 145/149 vta., el de la demandada. A fs. 148, queda el expediente en estado de dictar sentencia.
V. Que, en primer lugar, corresponde tratar la excepción de nulidad opuesta por la firma recurrente en su recurso de apelación, con fundamento en que la resolución aduanera ha menoscabado el principio de la verdad material por cuanto el sumariante interviniente ha cerrado el procedimiento sin producir los informes necesarios para el esclarecimiento de los hechos y la verdad jurídica objetiva.
Que si bien asiste razón a la recurrente en sentido de que el servicio aduanero no hizo lugar a la prueba informativa requerida, cabe aclarar que la recurrente pudo apelar la resolución aduanera definitiva por ante este Tribunal Fiscal de la Nación siendo que también durante la tramitación de las actuaciones, en esta instancia, pudo ofrecer todas las pruebas que estimó pertinentes y aquellas que fueron ofrecidas en sede administrativa. Por lo demás, de considerar que dicha prueba informativa resultaba imprescindible para resolver la cuestión traída a examen, también contaba con la posibilidad de producirla en forma directa y privada, e incorporar su resultado al proceso, en los términos del art. 1152, primera parte, del Código Aduanero, conforme señalara el suscripto en la causa Nro. 29.944-A, del 31 de marzo de 2014, en trámite por ante la Vocalía de la 19° Nominación -entre muchas otras-.
En definitiva, la nulidad que se persigue carece de finalidad práctica y su declaración no procede pues se trataría de la nulidad por la nulidad misma. Por lo expuesto corresponde rechazar el agravio respecto de la violación del derecho de defensa por resultar el mismo improcedente en razón de no existir la causa de nulidad invocada por la recurrente.
VI. Que corresponde analizar si la resolución apelada se ajusta a derecho en cuanto rechaza el procedimiento de impugnación impetrado por la firma importadora “BAVOSI S.A.” y, en consecuencia, confirma los cargos Nº 677 y 676 que le exigen el pago de una diferencia tributaria por la suma de USD 6.426,37, y una multa automática por la suma de USD 320,01, respectivamente.
Que la recurrente documentó mediante la destinación N° 11 001 IC05 06252 F, oficializada el 04/03/2011, ante la Aduana de Buenos Aires, la importación para consumo de mercadería clasificada en la posición arancelaria NALADISA 2005.90.90, originaria y procedente de Perú.
Que es necesario aclarar que los mayores inconvenientes para cumplir con la expedición directa se dan cuando la mercadería, habiendo sido expedida directamente del país exportador al país importador, atraviesa o es depositada transitoriamente en el territorio de un tercer país estando la mercadería bajo la vigilancia aduanera. En ese sentido, el servicio aduanero considera necesario a efectos de acreditar la expedición directa de la mercadería en trato, en razón de su transbordo en la República de Bahamas, en primer lugar, y por la República de Panamá, en segundo lugar; la presentación de la Nota del transportista con los motivos del tránsito en dicho país y la constancia por parte de la autoridad aduanera de dicho país, ambos documentos, legalizados por el Consulado de la República Argentina con jurisdicción, en ese país, en razón de lo normado por los puntos 1.1, 1.2 y 1.3 de la Nota Externa Nº 22/09.
Que, por ello, al documentar la destinación de importación para consumo n° 11 001 IC05 006252 F, la firma recurrente garantizó la falta del certificado aduanero de procedencia (FCAP) y el pago de la multa automática (MUAU) de conformidad con lo establecido en la resolución general AFIP n° 2793/10 (B.O.: 08/03/2010), Anexo II, punto 3 (ver fs. 3 de las act. adm.).
Que una vez vencido el plazo de quince días hábiles administrativos, contados a partir del registro del D.I. N° 11 001 IC05 006252 F, para presentar la documentación necesaria para acreditar la expedición directa, la Sección Liquidaciones formuló los cargos n° 677 y 676, ambos del año 2011. El primero de ellos se formuló en concepto de diferencia de derechos de importación, tasa de estadística, IVA y ganancias mientras que el segundo se formuló en concepto de multa automática (ver fs. 12/14 de las act.)
Que, finalmente, mediante la Resolución N° 7312/14 el servicio aduanero dirimió la cuestión en el sentido de que la documentación aportada por la firma importadora, en sede aduanera, al impugnar los cargos Nº 677 y 676, no acreditaba la expedición directa de la mercadería declarada en la destinación n° N° 11 001 IC05 006252 F, en los términos de la mencionada Nota Externa n° 22/09 y, eventualmente, confirmó los cargos que aquí apela la recurrente.
VII. Que el artículo 15 del Código Aduanero establece que “En ausencia de disposiciones especiales aplicables, la mercadería se considera procedente del lugar del cual hubiera sido expedida con destino final al lugar de importación.”. La procedencia de la mercadería tiene suma importancia en el tema de los requisitos de origen de las mercaderías en los sistemas preferenciales como son todos aquellos comprendidos en los Acuerdos Comerciales firmados dentro del marco de la ALADI.
Que a efectos de acreditar la procedencia de la mercadería, el artículo 4º de la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI establece: “CUARTO.- Para que las mercancías originarias se beneficien de los tratamientos preferenciales, las mismas deben haber sido expedidas directamente del país exportador al país importador. Para tales efectos, se considera como expedición directa: ... b) Las mercancías transportadas en tránsito por uno o más países no participantes, con o sin transbordo o almacenamiento temporal, bajo la vigilancia de la autoridad aduanera competente en tales países, siempre que: i) el tránsito esté justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte; ii) no estén destinadas al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; y iii) no sufran, durante su transporte y depósito, ninguna operación distinta a la carga y descarga o manipuleo para mantenerlas en buenas condiciones o asegurar su conservación”. Que, en razón de lo normado ut-supra, el servicio aduanero dictó la Nota Externa N° 22/09, de fecha 6/3/2009, que refiere a la acreditación de expedición directa de las mercaderías desde un país participante de un acuerdo a otro país también participante habiendo mediado tránsito, con o sin trasbordo, o almacenamiento temporal por países no participantes del acuerdo.
Que la citada norma establece la documentación complementaria en las destinaciones de importación para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, en especial, para aquellos acuerdos alcanzados por la resolución 252 del Comité de Representantes de la ALADI. En su punto 1.1 establece que para aquellos casos donde sea necesario acreditar la expedición directa, deberá presentarse: “a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. (…) se admitirá como constancia el formulario que los Servicios Aduaneros de los mismos utilicen para tramitar el transbordo, el tránsito o el almacenamiento temporal debidamente intervenido por el personal aduanero”; “b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º, inciso b) de la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI”.
Que asimismo, el punto 1.3 agrega que: “Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería”.
Que, en el caso, la División Cupos de Origen del servicio aduanero controvierte los documentos presentados, en sede aduanera, por la recurrente (v. fs. 52/53 de las act. adm.) por lo siguiente “...en relación al tránsito realizado en Bahamas, la documentación agregada en fotocopias a fs. 5/7, para dar cumplimiento al punto 1.1 a) de la N.E. 22/09 (SDG CAD), dicha constancia aduanera agregada a fs. 5, no se encuentra legalizada, así como tampoco la carta del transportista agregada a fs. 6, para dar cumplimiento con el punto 1.1 b), además de no contener la justificación requerida en dicho punto no se encuentra legalizada. Por último, esta instancia entiende que de acuerdo con la documentación aportada, se estaría dando cumplimiento al punto 1.1 a) para el tránsito realizado en la República de Panamá (fs. 46/47), ello en la medida en que las fotocopias aportadas respondan a sus originales; y respecto al punto 1.1 b), no se ha aportado la documentación debidamente legalizada.”. Que, en resumidas cuentas, el servicio aduanero achaca, a la recurrente, el incumplimiento de lo siguiente: 1) La declaración de la Aduana de Bahamas, no se legalizó ante el Consulado Argentino; 2) La declaración del transportista por el tramo de Bahamas no contiene la justificación requerida en el punto 1.1, b) y 3) no se aportó la declaración del transportista debidamente legalizada por el consulado Argentino en la República de Panamá. Que, en ese orden, corresponde, en primer lugar, referirse a la constancia emitida por la Aduana de las Bahamas. Al respecto, cabe puntualizar que la recurrente acompaña el Formulario Nº C12, emitido por la Aduana de ese país, que se encuentra firmado por el Chief Customs Officer y con un sello de la misma Aduana (v fs. 5 de las act. adm., y 66 de autos) cuya autenticidad no ha sido desconocida por el servicio aduanero sino que sólo se limita a afirmar que no está debidamente legalizado. No obstante, se puede observar que dicho formulario se encuentra debidamente legalizado por el Consulado Argentino en Miami, en fecha 4/2/11, que interviene para la documentación emitida en aquél país toda vez que no existe Consulado Argentino en Bahamas. La intervención del notario del Estado de Florida, Alejandro Cuervo, que da fe de lo documentado y la posterior legalización de su firma en el Consulado de Miami resultan suficientes para tener por cumplida la finalidad del requisito establecido en la citada Nota Externa.
Que, sin perjuicio de lo señalado ut-supra, cabe destacar que de la contestación del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto –prueba producida en los autos caratulados “BAVOSI S.A. s/ Apelación”, expte. Nº 33.678-A, que tramitara por ante la Vocalía de la 20a. Nominación e incorporada a estos autos a fs. 71/72- con relación a la clase de documentos “directamente” vinculados con operaciones aduaneras a las que no se aplica el apostillado establecido por la Convención de la Haya y la normativa en la que se funda, resulta que: B) La constancia emitida por autoridad aduanera local se podrá legalizar en Sede Consular” (énfasis añadido). De ello se colige que el requisito exigido por el punto 1.3 de la Nota Externa Nº 22/09 no reviste carácter sustancial y que, por ende, con la simple contancia emitida por la autoridad aduanera local es suficiente.
Que, en relación al tránsito por las Bahamas, corresponde señalar que en la declaración del transportista no se indica que el tránsito por esa zona este justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte de conformidad con lo dispuesto en el punto 1.1 b) de la Nota Externa Nº 22/09 (v. fs. 7 de las act. adm. y 68 de autos). No obstante lo cual, dicho aspecto se encuentra claramente cumplido con las siguientes explicaciones brindadas, en autos, por el transportista “El tránsito por los puertos de Balboa (Panamá) y Freeport (Bahamas) ha sido efecutado por razones geográficas, de seguridad y por razones relativas a requerimientos de transporte, de conformidad a lo dispuesto en el art. 4º inciso b) de la Resolución ALADI Nº 252/99.” (v. fs. 59 de autos).
Que, por otro lado, también se verifica que la declaración del transportista por la República de Panamá no se encuentra debidamente legalizada toda vez que no surge intervención alguna del Consulado Argentino para el documento que obra a fs. 7 de los ant. adm. No obstante, cabe estar a la modificación introducida a la Nota Externa 22/2009, mediante el dictado de la Nota Externa 2/2016, por la que se ha dejado sin efecto el requisito de la intervención Consular de la declaración del transportista. En efecto, la Nota Externa Nº 2/2016 resulta aplicable al caso de autos por cuanto así se dispone en su punto “III.- PAUTAS PROCEDIMENTALES. Para acreditar el requisito de expedición directa objeto de esta Instrucción General, inclusive para aquellas operaciones que encuentren pendientes de resolución (el destacado me pertenece), deberá aplicarse el procedimiento previsto en la presente.”.
En este sentido, la nota Externa 2/2016 ha reemplazo la intervención consular antes requerida por la Declaración Jurada del Transportista interviniente que deberá indicar: 2.1. Que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de transito; de acuerdo a lo establecido en el régimen de origen que se aplique al acuerdo preferencial que ampare Ia operación. 2.2. Que la mercadería ha sido o no almacenada de forma temporal, indicando -de corresponder- el lugar donde se hubiere producido dicho almacenamiento. Que, en ese sentido, el modelo de carta del transportista emitido por Mediterranean Shipping Company S.A.
(v. fs. 7 de las act. adm.), da cabal cumplimiento a la Nota Externa Nº 2/2016 puesto que allí, expresamente, se dejó constancia de que la carga fue transportada en tránsito marítimo desde Balboa Panamá hasta el depósito fiscal de Freeport, en la ciudad de Freeport Bahamas, donde Mediterranean la tomó para ser embarcada vía acuática a su destino final en la República Argentina, ello en virtud de razones geográficas, de seguridad y relativas a requerimientos de transporte de conformidad a lo dispuesto en el art. 4º inciso b) de la Res. ALADI CR 252/99. Que cabe concluir que la documentación analizada es válida para acreditar la expedición directa desde el puerto de Paita (Perú) con destino final al puerto de Buenos Aires de la mercadería importada mediante el D.I.
N° N° 11 001 IC05 006252 F, que ingresó a nuestro territorio aduanero previo tránsito por Las Bahamas y República de Panamá; correspondiendo, en consecuencia, el beneficio del tratamiento arancelario preferencial a la referida mercadería.
Por ello, voto por:
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 7312, de fecha 28/10/14, recaída en la actuación SIGEA Nº 12196- 1512-2011, costas a la DGA.
El Dr. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo A. Garbarino.
Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Rechazar la excepción de nulidad opuesta por la actora, sin costas.
2. Revocar la Resolución (DE PRLA) N° 7312, de fecha 28/10/14, recaída en la actuación SIGEA Nº 12196- 1512-2011, costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese a las CUITs 27-25568485-5, 37-21960212-2, 20-17202967-2 y 27-13031432-0, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo por encontrarse vacante la vocalía de la 18° Nominación.
Date: 2021.11.05 11:47:12 -03:00 Date: 2021.11.05 16:04:16 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.05 16:04:17 -03:00
Fin de la sentencia