Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 35307-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso del Estado Nacional;
2Hacer lugar de modo parcial al recurso de apelación deducido por los letrados;
3Ordenar que se practique la liquidación con ajuste a lo que aquí se resuelve, y
4Distribuir las costas por su orden, ante las particularidades de la cuestión y la forma en que se resuelve (arts. 68, 2do. párrafo, CPCCN).
Buenos Aires, 7 de junio de 2024. MBR Y VISTOS esta causa caratulada “BAVOSI SA (TF 35307-A) C/ DGA S/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO” expte. nro. 12135/2021, y
I. Que, mediante el pronunciamiento del 27 de octubre de 2023, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación por mayoría resolvió declarar que la DGA adeuda en concepto de intereses sobre los honorarios regulados a los Dres. Francisco Menéndez y Patricia Rodríguez desde el 22-2-2022, las sumas $ 10.345,23 y $ 25.853,07, respectivamente, adicionando a esas cantidades la suma correspondiente en concepto de IVA; como así también la DGA deberá abonar la cifra aún impaga de $ 6.000 por las dos primeras etapas del presente proceso a favor del Dr. Menéndez, con más los intereses correspondientes –ver antecedentes pags. 1/8–.
II. Que, disconformes, el 8-11-2023 la Dra. Rodríguez y el Dr. Menéndez -por su propio derecho-, apelaron y fundaron ese acto el recurso –ver antecedentes pag. 10/21–.
Con fecha 15-11-2023, el Tribunal Fiscal concedió en los términos del art. 242 y 244 del CPCCN el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Corrido el pertinente traslado, la demandada no lo contestó.
II.1. Que los letrados, en primer lugar, luego de recordar los antecedentes, señalaron que, en el caso no se está ante un pedido de ejecución de sentencia del Tribunal Fiscal, ni un acto preparatorio de ejecución, sino que, por el contrario, lo que solicitan es que frente al pago parcial efectuado por la contraria así se lo declare y se la intime a depositar el monto adeudado.
Consideran que el Tribunal Fiscal ha omitido por completo resolver tal cuestión. Hacen notar que cuando reclamaron los honorarios de las dos primeras etapas del pleito cumplidas el Fisco Nacional contestó que debían realizar el trámite administrativo correspondiente. De esa manera entendieron que habiendo el fisco depositado los honorarios parciales esa vía se encontraba cumplida y agotada por ellos y que no existe en la instrucción citada por la accionada procedimiento alguno para el reclamo, el que por otro lado no podría preverse legítimamente en una norma legal de esa índole.
Entienden que no corresponde que deban reclamar el pago parcial ante su deudor, prolongando por no saben cuál vía, ni ante quién el trámite de cobro de sus honorarios, cuando se encuentran vencidos todos los plazos legales para que el Fisco dé cumplimiento a su obligación de cancelar de modo total lo adeudado. Recuerdan que, de no cumplir el Fisco Nacional con su obligación del pago de los honorarios, se encontraría habilitada la vía ejecutiva. Por lo que entienden que el argumento del Tribunal Fiscal respecto de que no es órgano ejecutor resultaría inaplicable.
Citan jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Entienden que se equivoca el Tribunal Fiscal al calcular los intereses correspondientes a los montos regulados según lo previsto por la ley 27.423 de acuerdo con los parámetros previstos en la ley 21.839.
En ese sentido y teniendo en cuenta que la contraria ha consentido que lo dado en pago al doctor Menéndez ni siquiera cubre los montos nominales regulados, solicitan que se declare que los pagos efectuados resultaron parciales y no cancelatorios de lo adeudado y en atención a la imputación oportunamente efectuada se apliquen a cancelar en primer término intereses y el remanente, de existir, al capital que seguirá devengando intereses hasta su efectivo pago y así se lo declare.
Por ello, solicitan que se apruebe la liquidación que allí exponen.
Por último, citan jurisprudencia del Máximo Tribunal que -según entienden- avala su postura.
III. Que, el Fisco Nacional con fecha 10-11-2023, también recurrió la resolución del Tribunal Fiscal – ver antecedentes pags. 30/41–.
Con fecha 23-11-2023, el Tribunal Fiscal concedió en los términos de los arts. 242 y 244 del CPCCN el recurso de apelación oportunamente interpuesto. Corrido el pertinente traslado, los letrados lo contestaron.
III.1. Que la demandada manifiesta que le causa agravio la decisión del Tribunal Fiscal de declarar que la suma abonada se aplica en primer lugar al pago de intereses en lugar cancelar el capital adeudado.
Así, en primer lugar, señala que el Tribunal Fiscal es incompetente y no es ejecutor de sus propias sentencias, como tampoco -según entiende- resulta competente respecto de las cuestiones relacionadas con la ley de aranceles y que deban integrarse a reglamentaciones administrativas dictadas al efecto. Cita doctrina y jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
En cuanto al monto que surge de la regulación de honorarios en los términos de la Ley 21.839, entiende que no hubo mora de su parte. Destaca que en el caso de autos los honorarios fueron depositados oportunamente.
Cita doctrina en apoyo de su tesitura.
En ese sentido, alega que “…resulta a todas luces injusto lo resuelto por el Tribunal Fiscal en cuanto liquida intereses (con más el IVA) sobre el monto de los honorarios regulados, cuando no existió mora imputable a su mandante, y aplica la normativa arancelaria sin integrarla a la normativa específica aplicable cuando el deudor es el Estado (Leyes N° 23.982, 11.672, 25.344 y 25.725, entre otras, y las Resoluciones N° 387/2004 y 42/2006 del Ministerio de Economía), en contra de la doctrina sentada por el Cimero Tribunal, sin aportar fundamentos que justifiquen dicho apartamiento.” (sic).
Cita jurisprudencia a modo de respaldo de sus argumentos.
Por otra parte, se queja de que no es imputable a su parte que el Tribunal Fiscal haya incurrido en demora desde que su parte acreditó el pago al dictado de la sentencia recurrida.
En tercer lugar, se agravia respecto de la imputación del pago.
Pone de relieve que en todo momento su mandante imputó las sumas depositadas al capital (honorarios), y en ese carácter fueron entregadas (dación en pago) las sumas depositadas al perito.
Recuerda que “las previsiones presupuestarias involucran las asignaciones de los recursos propios a las erogaciones necesarias para la consecución de los objetivos del Organismo, entre los que se encuentran el pago de los honorarios y los gastos causídicos generados a partir de su competencia específica de fiscalización y recaudación en temas tributarios, aduaneros, impositivos y de los recursos de la seguridad social.” (sic).
Cita jurisprudencia del Máximo Tribunal en apoyo de su tesitura.
Frente a lo expuesto, considera que, si se avala la postura adoptada en la resolución recurrida, se generará en cabeza de su mandante una deuda eterna (puesto que -a criterio del Tribunal- siempre quedará adeudado el capital del honorario) que no podrá ser cubierta efectivamente y que derivará en una improcedente renta vitalicia a favor del perito de la actora. Lo que, consecuentemente, entiende que generará un grave perjuicio a las arcas del Estado. Concluye esa idea señalando que el juez debe ordenar lo necesario para evitar los efectos del ejercicio abusivo del derecho o de la situación jurídica abusiva.
Por lo que tiene en consideración que “…el presente expediente no resulta un caso aislado, sino que los reclamos de este estilo (intereses de honorarios) se extienden a la totalidad de las causas en las que mi mandante ha sido condenada en costas, lo que evidencia la magnitud del agravio que decisiones como la adoptada en la Sentencia Recurrida generan al Estado Nacional, derivando en un supuesto de gravedad institucional que comprende cuestiones que exceden el mero interés individual de las partes y afectan de modo directo al de la comunidad.” (sic). Por lo expuesto, la letrada solicita que se revoque la providencia recurrida.
IV. Que de manera preliminar cabe precisar que, para el cobro de la deuda de autos, resultan de aplicación, los artículos 22 de la ley 23.982; 20 segunda parte de la ley 24.624 y 68 de la ley 26.895 -modificatorio del artículo 132 de la ley 11.672-.
V. Que sentado lo expuesto, es dable indicar que en el marco del expediente CUDAP: EXP-S01:0284760/2014, surge que:
- Mediante resolución de fecha 13-11-2019, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación, en primer lugar, reguló los honorarios del Dr. Menéndez por su labor desarrollada en la dirección letrada y representación de la parte actora por la primera y segunda etapa del proceso en la suma de $ 6.000. A dicha suma se le debía adicionar la correspondiente al IVA, dada la condición que reviste el citado profesional frente al impuesto.
Por otra parte, reguló los honorarios del Dr. Francisco J.
Menéndez, en su carácter de letrado apoderado y de la Dra. Rodríguez en su carácter de letrada patrocinante, ambos por la actora, en relación a la tercera etapa del proceso, en la suma de $ 11.600, equivalente a 4,83 UMA y la suma de $ 29.800, equivalente a 12,42 UMA, respectivamente. A dichas sumas se les debía adicionar la correspondiente a IVA, por la condición que revisten ambos letrados frente al tributo.
- El 13-8-2021, este Tribunal en el marco de la presente causa, en primer lugar, confirmó los honorarios del Dr. Menéndez por su actuación en la primera etapa del proceso, regulados bajo la ley 21.839.
A su vez, se redujo a la suma de $ 9.956 –equivalente a 2 UMA–, y a $ 24.890 –equivalente a 5 UMA–; los honorarios del Dr. Menéndez y la Dra. Rodríguez, respectivamente, por la representación y dirección letrada, actuantes en la defensa de la actora (arts. 16, 20, 21, 24, 29, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423 – Dto. 1077/17), dejando asentado que debía adicionarse la suma en concepto de IVA. - El 16-3-2022, el Fisco Nacional acreditó -en las actuaciones ante el Tribunal Fiscal de la Nación- el depósito de honorarios, dando en pago las sumas de $ 15.652,56 y $ 32.340, en concepto de honorarios correspondientes al Dr. Menéndez y a la Dra. Rodríguez, respectivamente. Así, el 25-3-2022, el Tribunal Fiscal hizo saber la dación en pago efectuada.
- El 4-4-2022, los letrados manifestaron que las sumas dadas en pago constituían un pago parcial, habida cuenta de que no se había incluido la suma de $6.000 respecto de las dos primeras etapas del proceso correspondiente al Dr. Menéndez, ni las sumas depositadas incluían los intereses resarcitorios establecidos por la Ley 27.423.
En tal sentido, practicaron liquidación de intereses tanto por la suma regulada bajo la vigencia de la Ley 21.839 y las sumas reguladas de acuerdo a la normativa vigente (27.423).
- El 26-4-2023, el Fisco Nacional contestó el traslado conferido respecto de la liquidación practicada.
Posteriormente, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación dictó el pronunciamiento recurrido.
VI. Que, ante el referido contexto normativo y tal como resulta de la reseña efectuada respecto de las actuaciones cumplidas, corresponde tratar los agravios de las partes de manera conjunta.
Ha de señalarse en tal sentido que, con ajuste a la doctrina emanada del precedente emitido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, in re, expte. nº 7483/2007/2, Recurso de Queja Nº 2 “Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios” -sentencia del 3 de diciembre de 2020-, la invocación y aplicabilidad del plexo normativo concerniente al mecanismo de pago de deuda pública proveniente de pronunciamiento judiciales, así como los plazos allí establecidos, son de suyo inconducentes para fundar la improcedencia de los intereses durante la tramitación del pago, ante la falta de previsión expresa que los excluya y habida cuenta de que la oportunidad del pago, aun cuando se prevé un orden de prelación, está condicionada por la disponibilidad de los fondos que unilateralmente apruebe el Estado en el presupuesto nacional (Consid. 5).
A lo que se añade que los intereses moratorios, por imperativo legal, deben computarse hasta la cancelación del crédito en orden a satisfacer su integridad y producir el efecto liberatorio del pago para el deudor (art. 744 del Código Civil, actual art. 870 del Código Civil y Comercial de la Nación). En efecto, los intereses son accesorios del capital, y en ese carácter constituyen una parte de la deuda (Llambías, Jorge J., “Tratado de Derecho Civil, Obligaciones”, Tomo II-B, sexta edición actualizada, Abeledo - Perrot, Buenos Aires, 2012, pág. 148); de tal suerte que no puede reputarse como pago, con sus efectos extintivos propios, el inicio del procedimiento del artículo 170 de la ley 11.672 mediante la previsión presupuestaria del monto de la deuda judicialmente establecida mediante pronunciamiento firme (fallo cit., Consid. 6).
En efecto, si bien la demandada se encuentra en plazo para cancelar la suma de $ 6.000 regulada al Dr. Menéndez por las tareas supra señaladas, de acuerdo al art. 22 de la Ley 23.892, cuadra advertir que va de suyo, que mientras no se cancele el crédito reconocido en autos, los intereses seguirán computándose hasta la fecha del pago íntegro de las sumas adeudadas.
Ello es así, dado que, para considerar un pago como íntegro y cancelatorio, ha de incluir los intereses que se devengaron hasta su efectiva materialización.
Asimismo, cabe señalar que respecto del período que debe comprender la liquidación de los intereses adeudados (que tienen por finalidad cubrir el perjuicio que sufre el acreedor por el retardo en la satisfacción de su crédito), corresponde que sean calculados desde el 14-9-2021 (fecha de vencimiento del plazo de 30 días desde que se notificó la resolución del 13-8-2021), y hasta el efectivo pago. Todo ello, siendo procedente la utilización de la tasa pasiva promedio que publica el Banco Central de la República Argentina (art. 10 decreto 941/91, art. 8, segundo párrafo decreto 529/91; comunicación B.C.R.A. N° 14.290), extendiendo su cómputo hasta el pago de la liquidación practicada (conf. en sentido concordante, esta Sala, in rebus: “Melillán Yolanda y otros c/EN – Mº Defensa – Armada – Dto. 1104/05 751/09 s/personal militar y civil de las FF.AA. y de Seg.”, expte. n° 30.314/11, resol. del 12/11/19 -Cons. 9°; “Vera Cucchiaro, Javier Jesús c/ Dirección General Impositiva s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. n° 77.080/2016, resol. del 04/11/21, y “Alba Compañía Argentina de Seguros S.A. c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. n° 64421/2014, del 30/11/21).
En conclusión, teniendo en cuenta las pautas interpretativas señaladas, es claro que en tanto los réditos se devengan desde el vencimiento del plazo aplicable a la cancelación del crédito reconocido, hasta el efectivo pago, deviene improcedente la pretensión recursiva de la demandada.
Por todo lo cual corresponde hacer lugar al planteo de la parte actora sobre el punto respecto de la liquidación de intereses correspondiente a los honorarios regulados al Dr. Menéndez por la suma de $ 6.000, bajo los parámetros establecidos en la Ley 21.839.
VII. Que en otro orden, cuadra advertir que la resolución apelada en la medida que se ha limitado a fijar las pautas para la liquidación de los intereses correspondientes a los emolumentos fijados en autos, no implica un exceso de jurisdicción por parte del Tribunal administrativo, toda vez que, así como se encuentra legalmente habilitado a fijar las costas del proceso y regular los honorarios de los letrados intervinientes, resulta de toda obviedad que bien puede decidir sobre los accesorios que se derivan de aquéllos.
VIII. Que, finalmente, el Fisco manifiesta que el sentenciante se apartó de lo dispuesto por las normas vigentes, por cuanto existe una ley especial que determina los intereses aplicables a supuestos como el de marras, que son los establecidos por las citadas resoluciones del Ministerio de Economía. Sobre el punto, cabe recordar que, el artículo 61 de la ley 21.839 establece que: “Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, serán actualizadas hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley de convertibilidad 23.928, de acuerdo con el índice de precios al por mayor, nivel general, publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos. Las sumas actualizadas devengarán un interés del seis por ciento (6 %) anual. A partir de la fecha antes indicada, esas deudas devengarán intereses equivalentes a la tasa pasiva promedio que publique el Banco Central de la República Argentina” (sic).
Por tales consideraciones, corresponde desestimar el agravio intentado al efecto, debiendo estar a las consideraciones aquí expuestas. En tales condiciones, toda vez el planteo recursivo no aporta nuevos elementos, así como tampoco demuestra de manera concreta y puntual los errores o desviaciones en que se hubiera incurrido en la determinación practicada, el recurso no puede prosperar.
IX. Que, despejado el punto anterior, en cuanto a los agravios de las partes relativos a los honorarios regulados bajo la vigencia de la Ley 27.423, cabe destacar que la parte demandada sostiene que al momento de realizar el depósito de la procedencia de intereses no había sido declarada por el Tribunal Fiscal, por lo que concluyó que no existían, en tanto entiende que aquellos deben ser “fijados por el juez de la causa” (cfr. art. 54, Ley 27.423).
A su vez, sostiene que su mandante en todo momento imputó las sumas depositadas a capital (honorarios) y en ese carácter fueron entregadas (dación en pago) las sumas depositadas de manera actualizada.
Sobre el punto, en orden a la disputa suscitada, debe precisarse que según es sabido la reserva del acreedor en punto a los intereses devengados -en caso de que considerase que el abono resultó parcial-, puede hacerse hasta el momento de la efectiva recepción del pago y no requiere fórmula sacramental alguna, bastando a tal fin que quede explícita su voluntad de no aceptar la imputación del acreedor (que pretende tener por cancelado el total de la acreencia en concepto de capital e intereses; artículo 900, última parte y 903 -a contrario- CCyC), reservando el derecho de reclamar los accesorios que se hubieren generado hasta la recepción de los fondos. Desde esta perspectiva, es claro que la manifestación contenida en la presentación de fecha 4-4-2023, así como los términos empleados y fundamentos expuestos, dan cuenta de manera suficiente de la clara y explícita reserva formulada por los acreedores de mantener viva su prerrogativa a percibir los intereses que correspondieren, sin perjuicio de lo que pudo haber dispuesto o no el Tribunal Fiscal. Por lo tanto, corresponde desestimar el agravio intentado al efecto por la demandada sobre el tópico.
X. Que, en cuanto a los agravios de las partes referidos a determinar si corresponde o no el cálculo y pago de intereses sobre los honorarios del actuante en la defensa de la parte actora.
Cabe recordar que el artículo 51 de la Ley 27.423, establece que: “… El pago será definitivo y cancelatorio únicamente si se abona la cantidad de moneda de curso legal que resulte equivalente a la cantidad de UMA contenidas en la resolución regulatoria, según su valor vigente al momento del pago”. Asimismo, del artículo 54 de aquel texto legal, se desprende que:
“…Los honorarios regulados judicialmente deberán abonarse dentro de los diez (10) días de quedar firme la resolución regulatoria…” y que “… Las deudas de honorarios, pactados o por regulación judicial firme, cuando hubiere mora del deudor, devengarán intereses desde la fecha de la regulación de primera instancia y hasta el momento de su efectivo pago, los que serán fijados por el juez de la causa siguiendo el mismo criterio que el utilizado para establecer la actualización de los valores económicos de la causa”.
En consecuencia, resulta que la ley que rige el asunto admite que se computen intereses moratorios de verificarse el incumplimiento del deudor, los que se habrán de calcular desde la regulación pertinente.
De lo expuesto se sigue que el régimen legal contempla, en su artículo 51 la actualización de la unidad de valor dispuesta para fijar los honorarios que se regulen en los procesos judiciales, y el artículo 54 admite la procedencia de intereses moratorios en el supuesto mencionado.
En otro orden y con respecto al crédito correspondiente a honorarios regulados bajo el régimen arancelario anterior, como sostiene la accionada, resultan de aplicación el art. 22 de la ley nro. 23.982, el art. 20 -segunda parte- de la ley nro. 24.624 y el art. 68 de la ley 26.895 (modificatorio del art. 132 de la ley 11.672).
Ahora bien, el Estado Nacional interpreta que al haber dado estricto cumplimiento con las disposiciones emanadas en la normativa señalada y dando en pago las sumas en tiempo oportuno, no corresponde que se practiquen intereses desde la fecha en que se regularon los honorarios de los letrados. Esta cuestión ha sido respondida en el considerando VI, con ajuste a la doctrina emanada del precedente precitado (expte. nº 7483/2007/2, Recurso de Queja Nº 2 “Martínez, Gabriel Rubén c/ Estado Nacional Ministerio del Interior Policía Federal Argentina s/ daños y perjuicios” -sentencia del 3 de diciembre de 2020-).
En efecto, de las constancias de la causa surge que, el pago que la demandada alega para sustentar su posición resulta insuficiente pues solo comprende las sumas que fueron reguladas en autos, por lo que no comprende los réditos devengados entre el vencimiento del plazo de pago y el momento en que se materializó la efectiva cancelación del adeudo.
Y dado que, para considerar un pago como íntegro y cancelatorio, ha de incluir los intereses que se devengaron hasta su efectiva materialización, resulta claro que cuando como en el caso, tal situación no se verifica (en tanto las sumas depositadas solo comprenden los honorarios regulados en autos, mas no los acrecidos hasta el efectivo pago), es claro que resulta parcial y no corresponde asignarle tal efecto.
XI. Que, en tales condiciones y respecto de los emolumentos regidos por la ley 27.423, corresponde establecer que el cálculo de los intereses que corresponde computar en autos, se deberá realizar sobre el monto resultante de convertir los honorarios fijados en UMA al momento de la regulación, aplicándose la tasa del 6% anual desde la fecha en que quedó firme la regulación –31-8- 2021–, extendiendo su cómputo hasta el 25-5-2022 (fecha en que los acreedores quedaron notificados de la providencia donde el Tribunal Fiscal hizo saber la existencia del depósito de los fondos, por manera que aquéllos tuvieron a su disposición los fondos, debiendo reputarse dicha data como de pago parcial). A su vez, al resultado del cálculo de los intereses realizados según las pautas brindadas precedentemente, se le debe adicionar el monto resultante de establecer el honorario adeudado fijado en UMAs, conforme al valor vigente al 25-2-2022. Del total así obtenido (capital por honorarios e intereses devengados), se detraerá el monto depositado por el deudor, y el saldo adeudado se transformará en UMAs a valor vigente al momento del depósito. La cantidad de UMA así obtenida será la que corresponde al saldo de capital (honorarios) adeudado; de modo que al practicarse nueva liquidación se calculará el mismo atendiendo al valor de la UMA a la fecha de la liquidación o pago, y la suma así resultante devengará intereses a la tasa del 6% anual, computado desde el 25-2-2022 hasta la oportunidad aquí indicada; dejándose aclarado que la tasa pura de interés, aquí fijada se corresponde con el régimen de actualización del capital (honorario), hasta su efectiva cancelación.
Por ello, el tribunal RESUELVE: 1º) rechazar el recurso del Estado Nacional; 2º) hacer lugar de modo parcial al recurso de apelación deducido por los letrados; 3º) ordenar que se practique la liquidación con ajuste a lo que aquí se resuelve, y 4º) distribuir las costas por su orden, ante las particularidades de la cuestión y la forma en que se resuelve (arts. 68, 2do. párrafo, CPCCN). Regístrese y notifíquese.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS M. MÁRQUEZ
Fin de la sentencia