Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 35309-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
2Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco, hacer lugar al recurso interpuesto por los letrados de la parte actora y regular los honorarios por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente de conformidad con lo indicado en el considerando IV, primer párrafo.
3Regular los honorarios de la Dra. Patricia S. Rodríguez por las actuaciones cumplidas en esta instancia en 1,5 UMA, equivalente a $ 8.214 pesos (conf. arts. 16, 19, 21, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac. CSJN Nº 21/21).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
12132/2021 BAVOSI SA (TF 35309-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de octubre de 2021.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 225/229 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó el artículo 1º de la resolución nº 7242/2014, dictada por el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros y; en consecuencia, dejó sin efecto el cargo nº 678/2011 formulado en concepto de tributos por la suma de 4.429,41 dólares estadounidenses, relativo a la destinación nº 11 001 IC04 006295 M. Asimismo, confirmó el artículo 2º de la referida resolución y; por ende, el cargo nº 679/11 formulado a la firma importadora en concepto de multa automática, la que tuvo por cancelada con el comprobante de pago 13 001 LMAN 429298 M obrante a fs. 55 de las actuaciones administrativas.
En primer término, puso de manifiesto que la cuestión se hallaba circunscripta a determinar si la documentación aportada por la parte actora era suficiente para acreditar que la mercadería importada mediante la destinación 11 001 IC04 006295 M se hallaba amparada por el beneficio arancelario previsto en el Acuerdo de Complementación Económica (ACE 58) o si; por el contrario, aquella debía ser considerada como mercadería extrazona y, por ende, sujeta al pago de los derechos de importación y; asimismo, si la multa automática impuesta por la presentación extemporánea de dicha documentación era procedente.
Señaló que la actora había documentado, el 4 de marzo de 2011, la importación de 2.903 kilogramos de pimiento morrón que clasificó en la posición arancelaria SIM 2005.99.00.1100. Dicha mercadería, originaria y procedente del Perú, había sido expedida a nombre de Bavosi S.A. desde el puerto de Paita, Perú con destino final a Buenos Aires por el transportista MSC Mediterranean Shipping Company S.A., previo tránsito marítimo desde el puerto de Paita al puerto de Balboa, Panamá y de allí al depósito fiscal de Freeport de Bahamas, en donde se embarcó la mercadería con destino final al puerto de Buenos Aires.
Refirió que al tiempo de oficializar la operación de importación la firma garantizó el pago de la diferencia de tributos susceptible Alta en sistema: 20/10/2021 de ser reclamada, en la medida en que no había acompañado la documentación requerida a efectos de acreditar la “expedición directa” de la mercadería desde Perú a la República Argentina y; además, había garantizado en efectivo la multa automática eventualmente exigible por la presentación extemporánea de la referida documentación.
Destacó que de conformidad con lo establecido en el artículo 4° de la Nota Externa n° 22/2009 (SGD CAD) dictada como consecuencia de lo dispuesto en la Resolución n° 252/99 del Comité de Representantes de ALADI (aplicable en la especie en cuanto regula el régimen de origen para los países participantes de la Asociación) se requiere, a los efectos de beneficiarse con los tratamientos preferenciales, que las mercaderías originarias de los países miembros sean expedidas, de manera directa, desde el país de exportación hacia el país de importación, a la vez que fija una serie de condiciones para que se califique a la expedición como “directa”. En tal sentido, refiere que en el artículo 1.1. de la referida Nota Externa se establece que para los casos en que se requiriese acreditar la expedición directa debía acompañarse: “a) Constancia por parte de la Autoridad Aduanera del país no participante del acuerdo que indique que la mercadería se transportó en tránsito por su territorio con o sin transbordo o almacenamiento temporal, con firma y sello del funcionario interviniente. En el caso en que el país no participante sean los ESTADOS UNIDOS DE AMERICA se admitirá como constancia el Formulario 7512 (Transportation Entry and Manifest of Goods Subject to CBP Inspection and Permit) emitido por el Servicio Aduanero del mencionado país. Si el país no participante fuera la República Federativa del Brasil se admitirá como constancia el Formulario "Extrato do Manifesto" (correspondiente al trasbordo)" emitido por la Receita Federal. Cabe destacar que, de acuerdo a lo informado por el Servicio Aduanero de los Estados Unidos y por la Receita Federal los mencionados formularios no son intervenidos por el personal de los mencionados servicios. En el caso de los demás países se admitirá como constancia el formulario que los Servicios Aduaneros de los mismos utilicen para tramitar el transbordo, el tránsito o el almacenamiento temporal debidamente intervenido por el personal aduanero. b) Declaración jurada del Transportista indicando que el tránsito está justificado por razones geográficas o por consideraciones relativas a requerimientos del transporte y que la mercadería no está destinada al comercio, uso o empleo en el país de tránsito; de acuerdo a lo establecido por el artículo 4º, inciso b) de la Resolución Nº 252/99 del Comité de Representantes de la ALADI”.
Alta en sistema: 20/10/2021 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Asimismo, refirió que en el artículo 1.3. de la misma se dispone que: “Los documentos mencionados en los puntos 1.1 y 1.2 deberán presentarse debidamente legalizados por los consulados de la República Argentina con jurisdicción en el país no participante del acuerdo por el que hubiera transitado la mercadería”.
En lo relativo a las observaciones formuladas por el servicio aduanero, el Tribunal Fiscal indicó que “…en lo que respecta al trasbordo en Bahamas, la actora acompaña copias de la constancia emitida por la Aduana de Bahamas (…), del certificado expedido por el transportista (…) y la legalización emitida por el Consulado General de la República Argentina en Miami respecto de la firma del Notario Alejandro Cuervo”. Concluyó que si bien la firma del notario solamente se había consignado en la carta del transportista y no en la constancia emitida por la aduana de Bahamas, lo cierto era que en la legalización del Consulado Argentino se indicó que el documento se integraba de dos fojas, de modo que era razonable concluir que la legalización era comprensiva de ambos documentos y que, en consecuencia, se hallaba cumplido el requisito del artículo 1.1.a) y 1.3 de la Nota Externa n° 22/09.
En cuanto a la evaluación de la omisión en la que habría incurrido la actora, respecto de la falta de declaración jurada por parte del transportista requerida en el punto 1.1.b) de la Nota Externa n° 22/09, y relativa a los tránsitos por Bahamas y Panamá, se refirió a la interpretación efectuada por la propia Subdirección General Técnica Legal Aduanera, en la Nota n° 1362/16.
Destacó que esa Subdirección estaba evaluando la actualización de esos requisitos y la posibilidad de agilizar el procedimiento de conformidad con la experiencia recogida desde el dictado de la Nota Externa. Por ende, concluyó que en los casos de “expedición directa” lo que se tornaba imprescindible acreditar era la vigilancia por parte de la autoridad aduanera competente durante el tránsito de la mercadería por algún país no signatario del Acuerdo preferencial y que, en el caso de autos, ello se hallaba cumplido con la documentación aportada por la firma actora mediante la Multinota n° 5332/2011 y la obrante en las actuaciones administrativas a fs. 45/47, 48/50 y 53/54. Agregó que si bien la actora no había justificado oportunamente que el tránsito se debía a cuestiones geográficas, lo cierto es que aquello había sido expresado al momento de presentar la Multinota. En consecuencia, a su modo de ver, ello no obstaba que se le acuerde a la Alta en sistema: 20/10/2021 mercadería el tratamiento arancelario preferencial en tanto el modo de presentación de esa justificación constituía una exigencia meramente formal. Finalmente, consideró que debía ser confirmado el cargo n° 679/2011, formulado en concepto de multa no automática por presentación fuera de término de la documentación tendiente a acreditar el origen preferencial, la que se tuvo por cancelada con base en el comprobante de pagos obrante a fs. 55 de las actuaciones administrativas. Impuso las costas conforme los respectivos vencimientos.
Asimismo, a fs. 264 fueron regulados los honorarios del Dr. Francisco Menéndez por las actuaciones cumplidas en el doble carácter de letrado apoderado y patrocinante de la parte actora, en las dos primeras etapas del proceso y, en el carácter de apoderado en la tercera etapa del proceso, en la suma de 10.365 pesos. Además, le fueron regulados los honorarios a la Dra. Patricia Rodríguez, en su carácter de letrada patrocinante de la parte actora, en la tercera etapa del proceso en la suma de 3.240 pesos.
II. Que, contra el pronunciamiento de fs. 225/229, el Fisco apeló y expresó agravios a fs. 236/238, los que fueron replicados por la parte actora a fs. 251/260.
Asimismo, el Fisco apeló los honorarios regulados a fs. 264 por considerarlos altos y; por su parte, los Dres. Menéndez y Rodríguez, los apelaron por considerarlos bajos.
El Fisco considera que no le asiste la razón al Tribunal Fiscal en orden a que la falta de justificación de que el tránsito por un país no signatario se debió a razones de índole geográfica, constituye una mera exigencia formal. Afirma que se trata de un requisito enunciado de manera taxativa en la Nota Externa n° 22/2009 así como en múltiples acuerdos de complementación económica.
Agrega que, a su entender, la documentación que se agregó a la causa no se halla debidamente legalizada.
III. Que los agravios planteados por el Fisco no constituyen una crítica concreta y razonada de la sentencia apelada, pues no formula las mínimas referencias necesarias a las circunstancias particulares que fueron examinadas en la presente causa. En concreto, insiste en que no se habría dado cumplimiento a lo establecido de manera expresa en la Nota Alta en sistema: 20/10/2021 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V Externa n° 22/2009 a efectos de la justificación de los tránsitos por países no signatarios motivados en razones geográficas mas no se hace cargo de que el Tribunal Fiscal no descartó la necesariedad de dicha justificación sino que consideró que constituía una exigencia meramente formal que aquello fuera hecho saber a la autoridad aduanera mediante la presentación de una declaración jurada del transportista, en tanto tales extremos habían sido efectivamente comunicados por la parte actora mediante la Multinota n° 5332/11 y se correspondía con la documentación obrante a fs. 45/47, 48/50 y 53/54 de las actuaciones administrativas, elementos que no se hallan controvertidos en autos.
Por lo demás, los escuetos y genéricos agravios planteados por el Fisco tendientes a señalar que la documentación requerida no se había presentado legalizada en los términos del artículo 1.1.a) y 1.3 de la Nota Externa n° 22/2009, refieren a cuestiones de hecho y prueba ajenas, en principio, al recurso que autoriza el artículo 1180 del Código Aduanero. En tal sentido, no es posible un nuevo pronunciamiento sobre la prueba y los hechos apreciados por el a quo siempre que la valoración de tales aspectos haya sido razonable, o medie un error evidente (conf. C.S.J.N., Fallos: 300:985; C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II “Kopousshian Hnos. S.R.L. (T.F. 7274-A) c/A.N.A., del 21/05/96; Sala IV “Banco de Italia y Río de la Plata S.A. -T.F. 7529-I 24/09/96; "Sika Argentina S.A. (8569-A) c/ ANA", del 20/07/06), supuesto que en el caso no se da.
Ello, por cuanto se advierte razonable lo expresado en orden a considerar que la legalización expedida por el Consulado Argentino en Miami era comprensiva tanto de la intervención de la Aduana de Bahamas como de la declaración del transportista en el trasbordo. Por todo lo expuesto, corresponde rechazar el recurso del Fisco y confirmar la sentencia apelada en cuanto fue materia de agravios, con costas (artículo 68 del CPCCN).
IV. Que, respecto a los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada a fs. 264/266 y de acuerdo con la base regulatoria (37.791,72 pesos en concepto de tributos más 46.748,36 pesos en concepto de intereses), la cantidad de etapas cumplidas (tres), y el carácter en el que actuaron cada uno de los letrados de la parte actora, corresponde rechazar el recurso interpuesto por el Fisco, hacer lugar al recurso interpuesto por los letrados de la parte actora y; en consecuencia, elevar los honorarios del Dr. Francisco Menéndez a la suma Alta en sistema: 20/10/2021 de 19.160 pesos y los de la Dra. Patricia S. Rodríguez a la suma de 5.987 pesos, por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente (cfr. artículos 7, 9, 37 y 38 de la ley 21.839).
Asimismo, en lo que respecta a la actuación ante esta Alzada (v. contestación de agravios obrante a fs. 251/260), corresponde regular los honorarios de la Dra. Patricia S. Rodríguez, en su carácter de apoderada y patrocinante de la parte actora, en 1,5 UMA, equivalentes a $ 8.214 pesos (conf. arts. 16, 19, 21, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac.
CSJN Nº 21/21).
Por ello, SE RESUELVE:1) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco y confirmar la sentencia apelada, con costas (artículo 68 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación). 2) Rechazar el recurso de apelación interpuesto por el Fisco, hacer lugar al recurso interpuesto por los letrados de la parte actora y regular los honorarios por las actuaciones cumplidas en la instancia precedente de conformidad con lo indicado en el considerando IV, primer párrafo. 3) Regular los honorarios de la Dra. Patricia S. Rodríguez por las actuaciones cumplidas en esta instancia en 1,5 UMA, equivalente a $ 8.214 pesos (conf. arts. 16, 19, 21, 29, 44 y ccdtes. de la Ley Nº 27.423 y Ac. CSJN Nº 21/21). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
Jorge F. Alemany Guillermo F. Treacy Pablo Gallegos Fedriani Alta en sistema: 20/10/2021
Fin de la sentencia