Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2023-59819532-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la Resolución 91/2023, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA 19144-14989-2019. Costas por su orden.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2025-16056291-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 13 de Febrero de 2025 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación) y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en el expediente Nº EX-2023-59819532-APN-SGASAD#TFN, caratulado “BAYER S.A. c/D.G.A. s/recurso de apelación”, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que se presenta la firma “BAYER S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución 91/2023 dictada por el Administrador de la Aduana Campana, en las Actuaciones SIGEA 19144-14989-2019, mediante la cual se le denegó la devolución de la suma de $295.680,05; abonada por la firma al documentar el PE Nº 18008 EG01 001130F, oficializado el 29/10/2018. Hace referencia a los antecedentes de la causa. Sostiene que al haber abonado los derechos de exportación por la operación en trato no existe duda alguna de que se encuentra legitimada para solicitar la devolución de los mismos, conforme lo dispuesto en el art. 811, y cc del CA y lo entiende la doctrina especializada en la materia. Señala que lo que se cuestiona en autos es la facultad que inconstitucionalmente se irrogó el Poder Ejecutivo al establecer los derechos de exportación y modificar la alícuota, sin sustento legal previo que lo ampare. Rechaza los argumentos de la Aduana referidos a que la firma no tendría derecho a solicitar la repetición en trato al haber procedido a realizar el pago de los derechos sin haber formulado reserva, ni nota de protesto, siendo que esa exigencia no está prevista en el Código, y por lo tanto debe ser desestimada. Aduce que, en su decisión, la Aduana pretende justificar la validez del Decreto 793/18 en afirmaciones dogmáticas y sin hilo conductor o justificación válida. Indica que mediante el permiso de embarque involucrado, su mandante documentó la exportación de las mercaderías allí declaradas y al proceder al embarque y por exigencia del servicio aduanero, se pagó el derecho de exportación establecido por el Decreto N° 793/18, el cual, a través del Poder Ejecutivo, fijó para todo el universo arancelario, un derecho de exportación ad valorem del 12% (con un tope de 3 o 4 pesos, según el tipo de mercadería), invocando, a su respecto, el art. 99, inc. 1 y 2, de la Constitución Nacional y el art. 755, del CA. Agrega que si bien en los considerandos del citado decreto y en el dictamen jurídico que sustenta la resolución apelada se destaca que la norma es un decreto reglamentario (dictado en ejercicio de la facultad prevista en el art. 99, inc. 2 de la CN), lo cierto es que opera como un reglamento delegado; es decir, aquél que se dicta en mérito a una habilitación conferida por el poder legislativo.
Por ello argumenta que el decreto aquí cuestionado, entonces, no es un mero reglamento, sino que opera como el antiguamente denominado reglamento delegado (autorizado a partir de la doctrina sentada por la Corte en Delfino-Mouviel-Cocchia que admitió la delegación impropia) y que tenía sustento en el antiguo art. 86, inc. 2 de la Constitución Nacional y que hoy en día, luego de la reforma del año 1994 se encuentra prohibido por el art. 76. Explica que el servicio aduanero, entiende que el mencionado Decreto N° 793/18 se dictó en el ámbito interno de la Administración y que, por lo tanto, no le resultan aplicables las conclusiones a las que arribó la Corte en el caso “Camaronera Patagónica”, pero omite considerar, no sólo que el decreto en cuestión es una norma que impone un tributo sin una ley formal admisible que lo autorice (en tanto el art. 755 del CA no supera el test de constitucionalidad), sino que el tema analizado en dicho precedente es ciertamente análogo al que aquí se cuestiona y que, además, motivó el dictado de la ley 27.467 que, luego de ratificar la validez y vigencia del decreto aquí cuestionado, sí estableció una clara política legislativa, a la luz de la doctrina allí fijada.
Por todo ello analiza los alcances del citado decreto y la norma prevista en el art. 755 del CA. Cita el principio de legalidad y refiere al mismo mencionando Jurisprudencia de la C.S.J.N, considerando que es indudable que, en el caso bajo estudio, el Poder Ejecutivo se irrogó facultades legislativas y fijó un derecho de exportación para el universo arancelario, sin que exista una ley delegante válida desde el punto de vista constitucional; ya que, como bien lo ha dicho la Corte en el considerando 9º del caso “Camaronera Patagónica”, “ni la ley 22.415 ni mucho menos la 25.561 establecen, siquiera con mínimos recaudos, los elementos esenciales del tributo de que se trata”. Añade que no desconoce que el fallo allí emitido refería a la Resolución ME Nº 11/02, pero tampoco desconoce que allí, la Corte señaló que, en el Código Aduanero no se prevé “la alícuota aplicable, ni siquiera mediante el establecimiento de unos baremos máximos y mínimos para su fijación”.
Plantea que es indudable que el decreto N° 793/18 no resiste el test de constitucionalidad, en tanto se excede en sus facultades y regula materias prohibidas por la Constitución, y por ello los derechos de exportación allí fijados, resultan inconstitucionales, por violentar el principio de reserva legal y la prohibición constitucional de delegación en materia tributaria, tal como lo dijo la Corte en el citado caso “Camaronera Patagónica”. Expresa que el decreto N° 793/18 es nulo de nulidad absoluta e insanable y recién pudo recobrar virtualidad con el dictado de la ley que lo validó, lo que recién ocurrió el 13/12/18, cuando entró en vigencia la ley 27.467, por lo cual siendo que el permiso de embarque aquí involucrado se oficializó previo a dicha fecha y visto que, conforme el art. 726, del CA, el momento imponible queda fijado con el registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo, la exigencia de pago del derecho de exportación fijado por el Decreto N° 793/18 es improcedente.
Destaca que esta postura fue recogida por el Juzgado Federal de Caleta Olivia y por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia refiriéndose y explayándose en relación a ello como así también a fallos dictados por la Justicia Federal de Rosario, de Bahía Blanca y de Mendoza. Hace referencia a la facultad de este Tribunal Fiscal para dictar la inconstitucionalidad de la norma, argumentando que si bien es cierto que el artículo 1164 del Código Aduanero les impide, en principio, a los integrantes del Excmo. Tribunal pronunciarse sobre la falta de validez constitucional de una norma tributaria o aduanera, se lo permite, en tanto la Corte hubiere declarado la inconstitucionalidad de las mismas.
Por todo ello solicita que se aplique la doctrina sentada por la C.S.J.N en el citado caso “Camaronera Patagónica S.A.” y asimismo determine que el Decreto 793/18 sólo resultó válido a partir de la entrada en vigencia de la Ley 27.647 que lo ratificó. Ello así, por cuanto su dictado se sustentó en una norma inválida (art. 755, del CA) y, por lo tanto, solo pudo tener efectos una vez que el Congreso Nacional la ratificó. Destaca que, algunos años antes de “Camaronera Patagónica”, la Corte anticipó su parecer en “Selcro”. Cita Jurisprudencia de este Tribunal Fiscal de la Nación y peticiona que por todas las consideraciones aquí expuestas, se declare la inconstitucionalidad o ilegitimidad del Decreto Nº 793/18, en tanto, reitera, es una norma inválida que recién pudo haber generado efectos a partir de su ratificación legislativa por el Congreso Nacional.
Cita doctrina y jurisprudencia en aval de su postura. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, revocando la resolución apelada, y ordenando la devolución de las sumas pagadas indebidamente, con costas.
II. Que mediante IF-2023-105397263-APN-DTD#JGM la representación fiscal contesta el traslado conferido y acompaña las actuaciones administrativas pertenecientes a la causa. Realiza una negativa genérica. Efectúa un análisis de las actuaciones administrativas. Afirma que la correcta interpretación del fallo “Camaronera” no lo hace aplicable al caso en cuestión y, por lo tanto, la interpretación que realiza la apelante es desacertada y no recepta el análisis completo de la sentencia dictada ni el sentido que quiso darle la C.S.J.N. En efecto, señala que el Máximo Tribunal sostuvo la validez del art. 755 del C.A. Asimismo, expresa que la C.S.J.N. solo decide en los procesos que le son sometidos, y sus fallos no resultan obligatorios para casos análogos. En este sentido, señala que no se trata de una norma carente de respaldo legal al entender que ha habido una clara política legislativa. En consecuencia, afirma que el decreto aquí atacado ha sido dictada en el marco del art. 755 C.A. y la ley 27.467. Sostiene la limitación del Tribunal Fiscal de la Nación para resolver la inconstitucionalidad de una resolución. Cita jurisprudencia en sustento a su postura, ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Que mediante PV-2025-11672800-APN-VOCXX#TFN se declara la causa de puro derecho, por PV-2025- 12281470-APN-VOCXX#TFN se elevan los autos a la Sala “G”, y por IF-2025-13843528-APN-VOCXX#TFN se pasan los autos a sentencia.
IV. Que la Actuación Nº 19144-14989-2019 se inicia el 05/11/2019 a fs. 1/3, con la solicitud de devolución de los derechos de exportación establecidos por el Dto. 793/18 presentada por la firma “BAYER S.A.” respecto del PE Nº 18008 EG01 001130 F, cuya copia obra a fs. 10/13. A fs. 14 se inicia el proceso de repetición. A fs. 15 obra el SICNEA notificación. A fs. 16 luce print de pantalla del Sistema Malvina sobre una consulta de presupuesto general. A fs. 17/18 obra el listado de afectación de depósitos. A fs. 17/18 obra el listado de afectación de depósitos. A fs. 19 mediante Nota N°428/2021 (SECCIÓN ECONOMICA FINANCIERA) se remiten a la Sección Inspección Simultánea (AD CAMP). A fs. 20 se remiten las actuaciones mediante NOTA SEIS (DV OCAM) N° 134/23 a la Sección Sumarios. A fs. 21/22 obra el Dictamen Jurídico N°91/2023 (SESU AD CAMP). A fs. 23/25 luce la Resolución N°91/2023 (AD CAMP) que apela.
V. Que en las condiciones indicadas, las cuestiones planteadas en el sub examine son sustancialmente análogas a las consideradas en el Acuerdo Plenario del 26/04/2022 - IF-2022-40809437-APN-VOCXIX#TFN dictado por este Tribunal en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia SA c/DGA s/recurso de apelación” (EX-2020- 24600163- -APN-SGASAD#TFN), en el cual por mayoría, los Vocales ACORDARON fijar la siguiente doctrina legal:
“ARTICULO 1°.- El Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una Ley, en un caso concreto y ante el planteo efectuado por un recurrente.
ARTICULO 2°.- El Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el art. 755 del Código Aduanero.
ARTICULO 3°.- No corresponde declarar la invalidez del Decreto 793/2018 en aquellos casos en que el Tribunal Fiscal deba expedirse respecto de resoluciones emanadas de la Dirección General de Aduanas que deniegan la repetición de derechos de exportación abonados por el exportador por aplicación de lo dispuesto por el Decreto 793/2018 respecto de Destinaciones de Exportación registradas a partir del día 04/09/2018, fecha en que entró en vigencia el aludido Decreto, y hasta el día 04/12/2018, fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467”. Que en virtud de lo señalado, debe rechazarse la pretensión de devolución de los derechos de exportación abonados en relación al PE Nº 18008 EG01 001130F.
VI. Que atento a que se resuelve en base a una decisión Plenaria de este Tribunal y a la complejidad de la cuestión debatida en virtud de la cual las partes pudieron considerarse con derecho a litigar, corresponde imponer las costas por su orden. Sobre las facultades del Tribunal en relación a la forma de imposición de costas, corresponde remitirse a los fundamentos de los votos de la mayoría en la sentencia de la Sala “E” de este TFN en la causa 10.694-A “Molinos Río de la Plata”, de fecha 16/11/00.
Por lo expuesto, voto por:
Confirmar la Resolución 91/2023, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA 19144-14989-2019. Costas por su orden.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Confirmar la Resolución 91/2023, dictada por el Administrador de la Aduana de Campana, en la Actuación SIGEA 19144-14989-2019. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, y oportunamente, remítanse a guarda temporal.
Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis y Miguel N. Licht, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Horacio J. Segura (conf. art. 1162 del Código Aduanero).
Date: 2025.02.13 13:20:44 ART Date: 2025.02.13 15:32:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.13 15:32:29 -03:00
Fin de la sentencia