Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2491/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. PE265813-2021), y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial adjunta en PE295845-2021.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2491/21-TSJ Interlocutorio N°: 3715 Actor: BAYON JORGE ARIEL Demandada: COPESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A.
Objeto: LABORAL - COBRO DE PESOS Fecha: 18-10-2022 Texto: TOMO XXXIV -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3715 FOLIO Nº 6605/6607 PROT. ELECT. TSS1 064 I.221
Río Gallegos, 18 de octubre de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “BAYON JORGE ARIEL c/ COPESA COMPAÑÍA CONSTRUCTORA Y PETROLERA S.A. s/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº B-17.278/15 (B-2491/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, por intermedio de su letrado apoderado, Dr. Pedro Omar Lazo (cfr. PE265813-2021), contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial que confirmó el pronunciamiento de Primera Instancia (cfr. PE236662-2021). En este último, a su turno, se había rechazado la demanda (cfr. fs. 316/322 vta.).-
II. Para así decidir, el Tribunal de Alzada consideró que los agravios desarrollados en el recurso de apelación de Jorge Ariel Bayón no criticaban los fundamentos empleados por el Magistrado de origen sino que referían a aspectos que no fueron tenidos en cuenta por aquél. En tal sentido, recordó que el juzgador había ponderado que los testigos eran coincidentes con respecto al manejo irregular de vales de combustible y que habían reconocido la documental acompañada por la demandada. Y frente a ello, resaltó que los ataques del actor se habían ceñido únicamente a considerar nulas las actas de la auditoría, en las que no se fundó el fallo de origen (cfr. PE236662-2021, págs. 6/7).- Precisó que la auditoría es un derecho sustentado en la facultad de dirección y de organización del empleador y que en la concretada en el supuesto de autos, la empresa demandada había llegado a la certeza de una irregularidad imputable al trabajador y que, como corolario de ella, decidió despedirla. Remarcó que este tipo de revisión es distinta a un sumario, el cual no es requerido por el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo para la denuncia del vínculo laboral (cfr. PE cit., págs. 8/9).- Dijo que más allá de la invocación de la nulidad de las actas y la omisión de realizar una prueba pericial caligráfica, el actor Jorge Ariel Bayón no demostró un yerro en el razonamiento del Juez de Primera Instancia, siendo ello insuficiente para conmover sus dichos (cfr. PE cit., pág. 9).-
III. Frente a esta forma de decidir, el accionante interpone recurso de casación, aduciendo quebrantamiento de forma y violación de la ley, en los términos de los artículos 2° y 3°, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
En relación a la violación de la ley alegada, dice que ha transgredido el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, toda vez que la empleadora no probó la causal de despido invocada (cfr. PE265813-2021, pág. 3).-
Expresa que la misiva de despido se basó en el acta del 30 de abril de 2013 sobre la cual su parte desconoció su veracidad y que, frente a ello, se debió haber realizado una prueba pericial caligráfica. A su juicio, ello importa la ausencia de validez y eficacia de esa prueba y, consiguientemente, de todos los fundamentos empleados al despedirlo (cfr. PE cit., págs. 3/4).-
Indica que si el despido se basó en el acta mencionada, se debió demostrar en primer lugar que su parte la suscribió (cfr. PE cit., pág. 5).-
Señala que las actuaciones administrativas invocadas por la demandada fueron irregulares, en tanto no respetaron el debido proceso y su derecho a defensa en juicio (cfr. PE cit., pág. 6).-
Con respecto al quebrantamiento de forma denunciado, explica que conforme al artículo 243 de la Ley de Contrato de Trabajo -que regula la invariabilidad de la causa de despido- es necesario centrar el análisis en la causal de extinción de la relación laboral invocada por las partes. Manifiesta que, en el caso de autos, la demandada incumplió con la carga de la prueba que tenía a su cargo y que ello fue pasado por alto por la Excma. Cámara de Apelaciones infringiendo el artículo 164, inciso 6°, del CPCyC (cfr. PE cit., págs. 7/8).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto en PE295845-2021, y pasan los presentes al Acuerdo en PE226923-2021.-
IV. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de verificar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Liminarmente se impone la necesidad de advertir que el escrito portador de la impugnación no se autoabastece, lo que implica que su sola lectura no es suficiente para la comprensión integral del caso sometido a juzgamiento. El recurrente no destina acápite alguno que tenga por objeto reseñar -siquiera someramente- los antecedentes del proceso (v.gr. descripción de los escritos postulatorios del proceso) (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3669, Folio 6440/6442).- No obstante, esta carencia no autoriza por sí sola la inhabilitación del andarivel de marras, en tanto ante un déficit de análogo tenor este cimero Tribunal ha sostenido: “Como reflexión previa, y sin que ello obste al análisis posterior que se hace del caso, se debe recordar que como todo escrito recursivo, pero aún más en un recurso extraordinario como el que nos ocupa, el de interposición de un recurso de casación debe bastarse a sí mismo, y ello pone a cargo del interesado, no sólo la invocación y acreditación de los agravios que se pretenden configurados, sino también una breve descripción de los avatares seguidos por el expediente.
(confr. TSJ Santa Cruz, Tomo XXIII, Interlocutorio, Reg. 2843, Folio 4465/4468). Este último requisito no ha sido siquiera bosquejado en el escrito cuyo análisis nos ocupa, no obstante ello se analizarán las cuestiones planteadas.” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2914, Folio 4638/4641). Por lo tanto, una solución semejante debe adoptarse en el presente caso, lo que obliga a ahondar en el examen de los agravios formulados por el recurrente.- En otro orden, se observa que las censuras sometidas a juzgamiento pretenden la revisión de cuestiones de hecho y prueba, ajenas al acotado margen por el que transita el andarivel recursivo de marras. En punto a ello, cabe destacar que las conclusiones que al respecto formulen los tribunales de mérito no devienen susceptibles de revisión ante esta instancia extraordinaria, salvo que se invoque y demuestre cabalmente la configuración del absurdo, lo que no ha acontecido exitosamente en el caso sometido a análisis (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3553, Folio 6135/6137).- Evaluar la conducta de las partes con anterioridad a la rescisión del vínculo laboral para determinar la existencia o no de injuria legitimante del despido, es una potestad privativa de los jueces de grado y, como tal, no puede ser revisada en la instancia extraordinaria. La transgresión del límite que encuentra tal facultad se constata sólo ante la evidencia de una apreciación absurda de los hechos y pruebas de la causa; o en la afirmación y comprobación de que la valoración de la injuria invocada fue efectuada por el juzgador sin la prudencia que la ley le exige (art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo Nº 20.744).- Este Tribunal Superior de Justicia ha sostenido que: “…las cuestiones de hecho y prueba -respecto de la causa del despido- resultan ajenas a la instancia extraordinaria, en tanto se encuentran reservadas a los jueces de grado; no pudiendo la discrepancia constituirse en fundamento para su habilitación, al no probarse que ese derecho con el cual disiente, haya sido aplicado en forma errónea, o que tal operación resulte violatoria a la ley (confr.
Tomo VIII, Sentencia, Reg. 294, Folio 1591/1594) y que ‘…‘...La valoración de la existencia de injuria…y la conclusión acerca de la oportunidad en que cesó la relación laboral, son cuestiones de hecho irrevisables en casación…’...’ (confr. Tomo III, Interlocutorio, Reg. 236, Folio 406/410). Igualmente, este Tribunal tiene expresado que la apreciación de las circunstancias que condicionan el despido, son cuestiones de hecho que escapan al recurso de casación articulado (confr. Tomo VI, Sentencia, Reg. 213, Folio 1145/1148) y que ‘…la apreciación de las circunstancias que condicionan el despido demostrando si es justo o no, es una cuestión de hecho…’ (confr. TSJ Santa Cruz, Tomo IX, Interlocutorio, Reg. 1277, Folio 1690/1691; Tomo X, Interlocutorio, Reg. 1383, Folio 1924/1926.)” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2929, Folio 4681/4684).- Hallándonos, entonces, ante una típica conclusión de índole fáctica realizada por el Tribunal de Alzada en uso de sus facultades privativas, para que la invocación del absurdo tenga virtualidad invalidante, debe acreditarse que en la sentencia que se ataca existe un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una interpretación groseramente errada del material probatorio aportado. Ello es así porque no cualquier error ni la apreciación opinable, discutible u objetable, ni la posibilidad de otras interpretaciones lo ponen de manifiesto; resulta imperativo que se demuestre la existencia de un desarreglo elemental en la base del pensamiento exteriorizado por la Excma.
Cámara de Apelaciones, vale decir, una anomalía extrema (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3670, Folio 6443/6447).- Nada de ello puede predicarse con relación a la impugnación en estudio, dado que el casacionista limita su embate recursivo a referencias que afirman una solución opuesta, a presentar criterios interpretativos diversos, a destacar su propio punto de vista, sin demostrar certeramente la incorrección y evaluación llevada a cabo por la Excma. Cámara de Apelaciones y, por lo tanto, sin llegar a conmover los basamentos del decisorio impugnado (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXXIII, Reg. 3657, Folio 6411/6415).- Asimismo se observa que sobre diversos puntos de la motivación expuesta por el Tribunal de mérito no recayó ataque alguno.
Así, ninguna crítica -al menos tangencial- trae el recurso en tratamiento respecto de las diferencias que se remarcan en la sentencia en crisis en torno a las auditorías y los sumarios internos.-
En suma, se observa que el recurrente pretende recrear la meritación y valoración jurisdiccional sin llegar a producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2701, Folio 4131/4135), lo que torna inhábil al recurso en estudio para ser considerado admisible.-
Idéntica suerte adversa debe asignarse a la endeble crítica ensayada por el recurrente, según la cual se ha violado su derecho de defensa (art. 18 de la Constitución Nacional), en la medida en que el impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado prerrogativas constitucionales. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían vulnerado no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- Tampoco son de recibo las argumentaciones relativas al quebrantamiento de forma alegado.-
Este Alto Cuerpo ha considerado procedente el recurso de casación por quebrantamiento de forma en casos de falta total de fundamentación de una sentencia, ausencia de mayoría de opiniones concordante (cfr. Sentencia, Tomos V, Reg. 166, Folio 857/859 y VII, Reg. 229, Folio 1234/1238), incongruencia palmaria por omisión total o parcial de pronunciamiento sobre los agravios propuestos (cfr. Sentencia, Tomos III, Reg. 90, Folio 404/408) ), o autocontradicción entre los considerandos y lo que se decide en la sentencia (cfr. Sentencia, Tomo XII, , Reg. 414, Folio 2257/2260).- En el caso bajo juzgamiento, el casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el acto sentencial. Más aún, la simple lectura de la pieza recursiva denota de forma prístina la ausencia de una crítica certera tendiente a demostrar la infracción a alguna de las reglas básicas del razonamiento sentencial.-
V. Que en virtud de lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora (cfr. PE265813-2021) no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial adjunta en PE295845-2021, de conformidad con lo establecido por el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. PE265813-2021), y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial adjunta en PE295845-2021.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse en uso de licencia la Sra. Vocal, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidenta-, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Dr. Fernando Miguel Basanta -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1064I.221 Tomo: XXXIV Interlocutorio: 3715 Folio N°: 6605/6607 Secretaría: 1
Fin de la sentencia