Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa B-2417/20-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1497578-2024.-
2Hacer lugar, parcialmente, al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 157/183 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 118/144, en cuanto al rechazo de la procedencia formal de la acción.-
3No hacer lugar a la medida para mejor proveer solicitada por la accionada.-
4Rechazar la acción de amparo incoada de acuerdo a los argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX.-
5Imponer las costas de todas las instancias por su orden (art. 16 de la Ley Nº 1117).-
6Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: B-2417/20-TSJ Sentencia Nº: 764 Actor: BAZAN ELSA VICTORIA Demandada: CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN Objeto: AMPARO Fecha: 15-10-2024 Texto: TOMO XXIV -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 764 FOLIO Nº 4705/4716 PROT. ELECT. TSS1 022 S.241
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a 15 días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y Dra. Reneé Guadalupe Fernández, bajo la presidencia del Dr. Daniel Mauricio Mariani, para dictar sentencia en los autos: “BAZAN ELSA VICTORIA c/ CONSEJO PROVINCIAL DE EDUCACIÓN s/ ACCIÓN DE AMPARO”, Expte. Nº B-20.860/20 (B-2417/20-TSJ). Se fijan las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la excusación formulada por el Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1497578-2024?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Es procedente el recurso de casación incoado por la actora a fs. 157/183?; TERCERA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A la Primera Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos, la Dra. Fernández y el Dr. Mariani dicen:
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver en primer término la excusación formulada por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta.-
El Dr. Basanta manifiesta que: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendido en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artículo 30, primera parte del mismo cuerpo legal, toda vez que el suscripto ha emitido opinión en las actuaciones en el carácter de Agente Fiscal ante los Juzgados de Primera Instancia con asiento en esta ciudad capital (cfr. fs. 31/32 vta.).” (cfr. PE1497578-2024).-
Que, encuadrándose la situación planteada en la causal prevista por el artículo 17, inciso 7º, por remisión del artículo 30, primer párrafo, del CPCyC, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
Por todo lo expuesto, a la primera cuestión votamos por la afirmativa.
A la Segunda Cuestión la Dra. Mercau, la Dra. Ludueña Campos y el Dr. Mariani dicen:
I. Que, asimismo, llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. fs. 157/183) contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial; por cuanto revocó la sentencia de Primera Instancia y rechazó la demanda por considerar formalmente inadmisible la acción de amparo (cfr. fs. 118/144).-
La actora invoca, para sostener su pretensión recursiva, errónea aplicación de la ley (cfr. art. 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) y arbitrariedad.-
Cabe recordar que la acción de amparo es promovida por Elsa Victoria Bazan con el objeto de declarar la nulidad y/o inconstitucionalidad de las Resoluciones Nº 301/2020 y 392/2020 dictadas por la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, así como también de la Disposición Interna Nº 004/20 emitida por la Supervisión Pedagógica Zona Centro y Sur de la Dirección General de Educación Rural. Asimismo, por principio de eventualidad procesal, peticiona que se declaren inconstitucionales el artículo 129 inciso c) de la Ley Provincial Nº 3305, y los artículos 57 y concordantes del Estatuto Docente (Ley Nº 14.473 adoptada por la Provincia de Santa Cruz mediante Ley Nº 1023). (cfr. fs. 18/29).- Explica que la autoridad demandada instruyó un sumario administrativo en su contra por supuestas inconductas en el cumplimiento de sus funciones como Directora de la Escuela Primaria Provincial Rural N° 34 “Fuentes del Coyle”, en cuyo marco la Junta de Disciplina recomendó no aplicar sanción alguna y solicitó que se declare extinguida cualquier acción disciplinaria.
Refiere que, no obstante ello, la Presidenta del Consejo Provincial de Educación dictó la Resolución Nº 301/2020 sancionándola con la cesantía por el término de 10 años. Posteriormente, a fin de rectificar el número del DNI erróneamente consignado, se dictó la Resolución Nº 392/2020. A su vez, la Disposición Nº 004/20 constituye un acto particular de implementación y ejecución de las anteriores resoluciones (cfr. fs. 18 vta./19).- Pretende se declare la nulidad de los actos administrativos referidos porque, a su entender, la Presidenta del Consejo Provincial de Educación no tiene facultades para imponer la sanción de exoneración, sino que esta debe ser decretada por el Tribunal de Disciplina.
Ataca también la sanción que le impusieron por inconstitucional pues, dice, viola los artículos 32, 33, 124 y concordantes de la Constitución Provincial, los artículos 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Concretamente alega violación al derecho a la estabilidad del empleado público y al derecho de defensa, debido proceso, principios de inocencia y de legalidad (cfr. foja 19).- Manifiesta que: “…el presente amparo no pretende una revisión del fondo del asunto, sino que se circunscribe a atacar la validez jurídica de las resoluciones cuestionadas, por vicio de competencia, y por aplicar normas de modo inconstitucional…lo que se requiere a V.S. es hacer cesar de manera inmediata el accionar arbitrario e ilegal llevado a cabo por la demandada., restableciendo los derechos constitucionales que se están afectando a la suscripta…” (cfr. foja 19).-
En Primera Instancia se hizo lugar a la acción en todas sus partes (cfr. fs. 83/93). Apelada esta sentencia, la Cámara de Apelaciones la revocó, declarando formalmente inadmisible la acción de amparo (cfr. fs. 143 vta./144).-
Para llegar a esta conclusión, la Alzada realizó diversas consideraciones, comenzando por señalar que la actora consintió la tramitación del sumario administrativo, donde se presentó y articuló defensas y produjo pruebas y que, al resultarle desfavorable la decisión en dicho expediente, en lugar de seguir la vía recursiva dentro del trámite administrativo, recurrió al amparo, el que, según el a quo, tiene una limitadísima esfera para el debate y la prueba, tornándolo impropio para tratar la compleja temática de autos. Indica así que: “…la acción de amparo no puede ser utilizada, bajo ningún pretexto o ropaje aparentemente noble, para eludir las acciones judiciales que corresponden…” (cfr. foja 134 vta.), y que la cuestión debió canalizarse por la vía contencioso administrativa.- Con respecto a la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal de Alzada expresó que: “…no se presenta 'una violación manifiesta, clara e indudable del texto constitucional', vale decir ese atropello ostensible a los derechos que pudiera servir de substractum a un excepcional planteo de declaración de inconstitucionalidad en el marco acotado de un proceso de amparo.” (cfr. foja 135 vta.). Dentro de este acápite, citó el fallo de este Alto Cuerpo: “Moyano Hugo Omar c/Consejo Provincial de Educación de la Provincia de Santa Cruz s/ Demanda Contencioso Administrativa” (cfr. Tomo XV -Contencioso Administrativo- Reg. 936, Folio 2797/2810) en el que se: “…analizó el planteo de la competencia de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación para dictar sanciones de tenor expulsivo (exoneración en dicho caso) concluyendo que la autoridad educacional resultaba plenamente competente para su dictado sin necesidad de intervención del Tribunal de Disciplina.” (cfr. foja 136).- Sobre la inconstitucionalidad del artículo 192 inciso c) de la Ley Provincial Nº 3055 y el artículo 57 del Estatuto Docente (cfr. Ley Nº 14473 adoptada provincialmente), la Cámara de Apelaciones expone que no se aprecia una situación de arbitrariedad o ilegalidad indiscutible que amerite tal declaración (cfr. fs. 136 y vta.).-
Concluye la Alzada su análisis sosteniendo que: “…dada la temática y complejidad del asunto, considerando la pretensión de declaración de inconstitucionalidad de artículos de la Ley Educativa y del Estatuto Docente, y la necesidad de contar con un amplio debate y producción de prueba, resultando impropio el ámbito del amparo para dirimir los presentes planteos, entiendo que deben recibir favorable acogida los fundamentos invocados por la accionada y, en consecuencia, se debe admitir el recurso de apelación del Consejo Provincial de Educación, revocar la sentencia recurrida y declarar la inadmisibilidad formal de la acción intentada. Y ello, principalmente, al no configurarse una situación de arbitrariedad y/o ilegalidad manifiestas que posibilite que el litigio se dirima en un proceso con las particularidades y limitaciones del presente…” (cfr. foja 142 vta.).- Contra esta última decisión, la parte actora interpuso recurso de casación a fs. 157/183.
En acotada síntesis, sustenta su pretensión impugnaticia tachando de arbitraria la sentencia de la Cámara de Apelaciones por contener, desde su óptica, graves vicios de razonamiento, apartarse de las constancia de la causa y no constituir una derivación razonada del derecho vigente. Enumera artículos de la Constitución Nacional y del Pacto de San José de Costa Rica que, considera, han sido violados (refiere a los arts. 14 bis, 16, 17, 18, 28 y 31 de la Constitución Nacional y 1, 2, 8 y 25 del Pacto de San José de Costa Rica). Agrega errónea aplicación de normas laborales (concretamente arts. 7, 8, 9, 12 y 13 de la Ley Nº 20.744) por cuanto, a su entender, se violaron los principios protectorio, de irrenunciabilidad de los derechos laborales y de aplicación de la norma más favorable al trabajador (cfr. fs. 158/159).- Se queja de una errónea aplicación de la teoría de los actos propios en tanto, afirma, no hay contradicción entre la sustanciación del sumario administrativo y la pretensión articulada en el amparo, pues lo que aquí se cuestiona es la capacidad de la Presidenta del Consejo Provincial de Educación para aplicar la sanción de cesantía.
Asimismo explica que la tacha de inconstitucionalidad del artículo 129 inciso c) de la Ley Nº 3305 y de los artículos 57 y ccs. de la Ley Nº 14473, por ser contrarios a lo previsto en los artículos 32, 33 y 124 de la Constitución Provincial, la interpuso por principio de eventualidad procesal y para el caso que se estimara necesario (cfr. fs. 163 vta./164).- Por último, se agravia por cuanto se expresó que la controversia era ajena a la vía del amparo por considerar la Cámara que la cuestión requería mayor debate y prueba, cuando, a su entender, debía ser resuelta de puro derecho.-
A fs. 185/187 la Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto y en PE618978-2022 obra interlocutorio de este Tribunal Superior de Justicia, declarándolo bien concedido, poniendo los autos a disposición de las partes de conformidad con el artículo 8º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, haciendo uso de ese derecho la parte demandada en PE643684-2022.-
En su memorial la accionada brinda argumentos con los que pretende se mantenga lo decidido por la Alzada. Asimismo denuncia la existencia de hechos sobrevinientes que, a su entender, quitan actualidad a los agravios de la accionante (cfr. PE cit. pág. 1).-
Así explica que en otro sumario administrativo labrado contra la aquí actora, la Presidenta del Consejo Provincial de Educación dictó la Resolución Nº 610/21 mediante la cual le impuso la sanción de exoneración, por cuatro años. Agrega que: “…la Sra. Bazán no ha impugnado la aplicación de esta última sanción, consintiendo así un acto en lo sustancial idéntico al que aquí la repugna.” (cfr. PE cit. pág. 4).-
A fin de acreditar sus dichos solicita que, a través de una medida para mejor proveer, se requiera el referido sumario administrativo, antes de dictar sentencia en autos (cfr. PE cit. págs. 19/22).-
El Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Alto Cuerpo dictamina, por las razones que esgrime y a las que nos remitimos en honor a la brevedad que: “…no debe hacerse lugar al recurso de casación interpuesto.” (cfr. PE677711-2022, pág. 9).-
En PE702113-2022 se llaman autos para dictar sentencia y en PE1511390-2024 pasan los presentes a estudio.-
II. La casacionista motiva su recurso en las causales de violación o errónea aplicación de la ley en los términos del artículo 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- y arbitrariedad (cfr. fs. 163/182 vta.).-
Ante todo, es preciso recordar que, a efectos de habilitar la instancia extraordinaria provincial, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o asimilable. Este Tribunal Superior de Justicia tiene establecido que: “…a efectos de habilitar la instancia de la casación, el recurso debe dirigirse contra una sentencia definitiva o asimilable (confr. art. 1º Ley 1687), calidad de la que carecen las que rechazan la acción de amparo porque dejan subsistente el acceso a una nueva revisión a través de la instancia ordinaria…toda vez que se ha limitado a rechazar la vía intentada desde el punto de vista formal…” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXI, Reg. 2686, Folio 4100/4102).- Sin embargo, tal principio no es absoluto y admite excepciones cuando la resolución causa un agravio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior (Fallos: 315:1361; 316:1909; 317:164; 322:3008), o lo resuelto conduce, sin suficientes fundamentos, a la frustración de una vía apta para el reconocimiento de los derechos, lo que se traduce en una violación de la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 18 de la Constitución Nacional (Fallos 324:2766), circunstancias excepcionales que, a nuestro entender, concurren en el sub lite, pues el fallo de Cámara adolece de errores que es preciso corregir, conforme la doctrina que sobre la materia ha sentado este Tribunal Superior de Justicia para juzgar la procedencia de la acción (cfr. Sentencia, Tomo XVII, Reg. 572, Folio 3256/3261), y ello trae consigo una revisión de la sentencia en cuestión.-
III. De inicio se advierte que la Alzada rechazó la acción de amparo, fundamentalmente por existir, a su criterio, otras vías más idóneas, señalando que la materia requiere mayor debate y prueba.-
No obstante ese rechazo formal, en el fallo se ingresa en el tema de fondo (v. Considerandos VII y VIII) donde insinúa una postura sin decidir, finalmente, nada al respecto pues, se reitera, el rechazo sólo se sustentó en la supuesta inadmisibilidad formal de la acción (v. punto 2º de la parte dispositiva). (cfr. foja 143 vta.).-
Se advierte que la decisión apelada acota con injustificado rigor formal el acceso a la vía intentada, soslayando la línea doctrinaria que, sobre la materia, ha trazado este Tribunal Superior de Justicia (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. 694, Folio 4076/4086).-
En los antecedentes mencionados este Alto Cuerpo ha indicado que: “…si bien es cierto que la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de las controversias, también lo es que su exclusión por la necesidad de mayor debate y prueba, derivada de la complejidad de la causa, no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, sino que debe responder a un examen atento de los particulares pormenores del caso, toda vez que aquel instituto tiene por objeto una efectiva protección de los derechos fundamentales involucrados en la litis. Así, cuando se invoca la existencia de otras vías, éstas, para ser consideradas más idóneas, deben ser más eficaces, en la salvaguarda del derecho fundamental lesionado, que el amparo…Concluyendo que cuesta entender que las vías ordinarias del ordenamiento jurídico puedan presentarse como más idóneas para prestar tutela efectiva y sumarísima a un derecho o garantía de fuente o jerarquía constitucional, afectado por un acto u omisión de autoridad pública o un particular…” (cfr.
Sentencia cit.).- Vale acotar que el criterio de este Tribunal Superior de Justicia sobre la materia sigue los lineamientos definidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ha expresado que: “…si bien la acción de amparo no está destinada a reemplazar los medios ordinarios para la solución de controversias, su exclusión no puede fundarse en una apreciación meramente ritual e insuficiente de las alegaciones de las partes, toda vez que la institución tutelada por el artículo 43 de la Constitución Nacional tiene por objeto una efectiva protección de derechos más que una ordenación o resguardo de competencias (Fallos: 320:1339 y 2711; 321:2823; 325:1744; y 329:899 y 4741). Asimismo, la Corte ha sostenido que constituye un criterio en extremo formalista, que atenta contra la efectiva protección de los derechos que el amparo busca asegurar, la afirmación dogmática de que se requiere mayor debate y prueba, sin indicar en forma concreta cuáles son los elementos probatorios que no se pudieron utilizar, ni su incidencia para la resolución del caso (Fallos: 327:2955 y 329:899).” (cfr.
Fallos: 337:771) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 572, Folio 3256/3261).- Asimismo, el Tribunal Cimero ha dicho que: “…siempre que se amerite el daño grave e irreparable que se causaría remitiendo el examen de la cuestión a los procedimientos ordinarios, deben los jueces habilitar las vías del amparo…ya que la existencia de otras vías procesales que puedan obstar a su procedencia no puede formularse en abstracto sino que depende -en cada caso- de la situación concreta a examinar […] su exclusión por la existencia de otros recursos no puede fundarse en una apreciación meramente ritual, toda vez que la institución tiene por objeto una efectiva protección de derechos, más que una ordenación o resguardo de competencias…” (Fallos 330:4647).- La pauta precedentemente expuesta pone una valla a los jueces pues, para rechazar un amparo, si se argumenta la existencia de vías más idóneas o la necesidad de mayor debate y prueba, deberá indicarse cuál es la vía más idónea o explicar qué falta probar y su necesidad para poder dictar sentencia.
Carga que, vale advertir, el Tribunal de Alzada no cumplió acabadamente en el sub examine.
Conforme se indica en los precedentes ut supra citados, tal doctrina: “…halla sustento en que luego de la reforma de 1994, se han incorporado a nuestra Carta Magna, los tratados internacionales de derechos humanos citados en el art. 75 inc. 22, los cuales integran el rango normativo superior del Estado y la Constitución debe ser interpretada en consonancia con ellos…'…cabe hablar de un amparo de raíz supranacional. En efecto la acción de amparo reglada en el art. 43 de la C.N. debe complementarse con las previsiones normativas contenidas en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos…Estos instrumentos amparísticos de naturaleza internacional son: a) art. 8 de la 'Declaración Universal de Derechos Humanos'; b) art. 2, inc. 3 apartado 'a' del 'Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos'; c) art. 25, inc. 1 de la 'Convención Americana sobre Derechos Humanos' y d) art. 18 de la 'Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre'…Así, tenemos en la normativa internacional mecanismos de tutela análogos al amparo, que deben ser interpretados en armonía con la Ley Suprema.
Sobre la materia, el artículo XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre dice que 'Toda persona puede concurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente'. A su vez, la Convención Americana sobre Derechos Humanos dispone: 'Art. 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que lo ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de funciones oficiales'…La redacción de las normas referenciadas es clara, los países signatarios deben brindar un remedio rápido, sencillo, breve y expedito cuando se afecten derechos fundamentales, y en ellas no se exigen condicionamientos ni se imponen limitaciones formales.
La privación de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la Convención, constituye una transgresión de la misma por el Estado parte en el cual semejante situación tenga lugar; que le genera a éste último responsabilidad internacional. La Corte Interamericana en el caso 'Trabajadores cesados del Congreso vs. Perú' (sentencia del 24 de noviembre de 2006) sostuvo que dicho Estado había violado el mencionado artículo (art. 25 de la CADH), por cuanto se había impedido a los trabajadores del Congreso acceder a un recurso rápido y efectivo (cfr. Gil Domínguez, Andrés, Constitución Socioeconómica y Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Buenos Aires, Ad-Hoc, 2009, págs. 249/251).
(cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XVII, Reg. 572, Folio 3256/3261).- Es oportuno advertir que el plexo normativo referido, concuerda con el artículo 15 de la Constitución Provincial que expresa: “Los Jueces prestarán amparo a todo derecho reconocido por la Constitución Nacional y ésta, y si no hubiera reglamentación o procedimiento legal, arbitrará a ese efecto trámites breves”. Hay un reconocimiento en la máxima norma provincial que ante el agravio a un derecho fundamental el Estado debe proveer de un proceso que brinde una respuesta rápida.-
No es ocioso recordar las palabras de Lino E. Palacio: “En trance ahora de formular mi propio punto de vista sobre el tema, estimo ante todo conveniente recordar que el art. 43 de la Constitución reformada no sólo confirió al amparo el carácter de derecho constitucional expreso -razón por la cual prevalece respecto de cualquier limitación o restricción contenida no sólo en leyes nacionales o provinciales- sino que también, por un lado, extendió su ámbito de admisibilidad a actos y omisiones provenientes de particulares y, por otro lado, amplió el tipo de derechos susceptibles de tutela a través de ese remedio, que no se circunscriben ahora a los reconocidos por la Constitución, sino que también comprenden a los que se encuentran reconocidos por un tratado o una ley.
En segundo lugar es del caso reiterar la conclusión más arriba expuesta y conforme a la cual, en el actual estado de la legislación vigente en el orden nacional no se halla previsto, frente a actos u omisiones de autoridades públicas, un tipo de proceso más expeditivo y rápido que el de amparo, regulado, conforme a la ley 16.986, sobre la base de un esquema configurado, fundamentalmente, por demanda (art. 6°), informe de la autoridad demandada (art. 8°), producción de toda la prueba en una audiencia que debe tener lugar dentro del tercer día (art. 9°), pronunciamiento de sentencia dentro del mismo plazo (art. 11), posibilidad de recurrirla dentro de 48 horas (art. 15) y prescindencia de recusaciones sin causa, cuestiones de competencia, excepciones previas e incidentes (art. 16).
Interesa agregar que la conclusión es fundamentalmente la misma si la óptica se extiende a las leyes locales -que en general reglamentan al amparo en forma similar a la de la ley nacional-, pues los llamados juicios de mínima cuantía o juicios verbales regulados por algunas de ellas (v.gr. Córdoba, San Juan), son, a lo sumo, tan sumarísimos como aquél, pero no en mayor medida. En tercer lugar, la propia redacción acordada al art. 43 de la Constitución sugiere, con evidencia, que la 'idoneidad' a que alude es concepto que equivale estrictamente al de celeridad o rapidez, porque si la norma citada comienza refiriéndose a la 'acción expedita y rápida de amparo' y continúa aclarando que ésta sólo puede ser desplazada por otro 'medio judicial más idóneo', es obvio que éste debe ser más expedito y rápido que aquél.
De lo dicho se sigue que, en presencia de un acto u omisión que lesione o restrinja, con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, derechos reconocidos por la Constitución, un tratado o una ley y siempre, desde luego, que tales circunstancias sean alegadas y acreditadas por el interesado siquiera prima facie, el proceso ordinario no puede en ningún caso ser considerado un remedio judicial más idóneo que el amparo.” (cfr. aut. cit.: “La pretensión de amparo en la reforma constitucional de 1994”, Publicado en: LA LEY 1995-D, 1237) (cfr. Sentencia cit.).-
IV. En el sub judice, la actora en su libelo introductorio aclara específicamente que no pretende con esta acción una revisión del fondo del litigio, sino que ataca la validez jurídica de las resoluciones que aquí impugna, por vicio en la competencia (considera que la Presidente del Consejo Provincial de Educación no tiene facultades para imponer la sanción de exoneración) y procura que se la restablezca en el goce de los derechos constitucionales que denuncia afectados (cfr. fs. 18/19), hasta que se resuelva el fondo (cfr. foja 28). Así el amparo es una acción que persigue el rápido restablecimiento de un derecho fundamental conculcado, en principio, ilegítimamente, que no impide que la controversia fundamental se tramite por otra vía.- En el caso, tenemos a la Directora de una escuela que fue exonerada en el marco de un sumario administrativo, supuesto de hecho que, a nuestro entender, habilita el acceso a la vía excepcional del amparo, habida cuenta que la denuncia del cese de una relación laboral que podría contar con garantía de estabilidad, importa, prima facie, la afectación de derechos fundamentales de índole eminentemente alimentaria, ya que se la está privando de sus ingresos habituales, amén del derecho de trabajar y de propiedad; y no existe, en nuestro ordenamiento positivo, ningún otro procedimiento judicial más idóneo que el de dicha acción para la eventual restauración de los derechos que se invocan vulnerados.
Razón por la cual la viabilidad de este especial procedimiento constitucional no puede ser relegada por motivos meramente formales. En el caso de autos, el amparo aparece como el instrumento más idóneo para la docente que procura preservar su fuente laboral, pues se trata de la tutela de derechos fundamentales que el transcurso del tiempo, propio de la vía ordinaria, puede afectar ya que está en juego el derecho a trabajar y su consecuente percepción de haberes, necesidad esta ultima de carácter alimentario que no puede esperar.- La acción de amparo procede cuando, aun existiendo otros medios legales ordinarios, el recurrir a los mismos produzca un grave e irreparable daño. Si bien la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que no procede la acción de amparo cuando existe vía legal para la tutela del derecho invocado por quienes la intentan, pues ese procedimiento excepcional no está destinado a sustituir los medios normalmente instituidos para la decisión de las controversias jurídicas, se han fijado excepciones a este principio general cuando, la normal duración de un proceso haría que se produjera una verdadera denegación de justicia, lo que no resultaría acorde con la garantía de la defensa en juicio, si pudiera prevalecer aquel excesivo ritualismo sobre la verdad sustancial, la cual no recibiría acogida en tiempo propio (Fallos 303:811, del dictamen del Procurador General de la Nación al que se remite la Corte Suprema).- Así, consideramos que las obstrucciones rituales a la acción deberán ser descartadas pasando a resolver la cuestión de fondo planteada (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXI, Reg. 694, Folio 4076/4086).-
V. Por otro lado, como regla, y contrariamente a lo que sostiene la Cámara de Apelaciones en el fallo bajo revisión, no es condición de admisibilidad formal del amparo el agotamiento de la vía administrativa. Así pues, la circunstancia de haber intervenido la actora en el sumario administrativo y haber presentado los recursos autorizados por ley en el marco de dicho procedimiento no excluye (como postula la Cámara) la procedencia de la vía de la acción de amparo.-
La existencia de un remedio administrativo o la falta de agotamiento de la vía administrativa no es óbice para la protección de un derecho constitucional a través de la acción de amparo. Al respecto, se ha dicho que: “Estando pendiente de inicio la reclamación administrativa o iniciada sin miras de obtenerse una resolución definitiva con prontitud y tratándose de derechos esenciales, el amparo puede ser la vía más adecuada para revertir la violación.” (cfr. Hitters, Juan Manuel: “Algunas Reflexiones sobre el Proceso de Amparo”, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/DOC/2208/2022).- La jurisprudencia ha expresado que: “Dado que los arts. 43 de la Constitución Nacional y 67 de la Constitución de la Provincia de Corrientes supeditan el ejercicio de la acción de amparo a la inexistencia de otra vía judicial más idónea, la existencia de un remedio administrativo no es un obstáculo para su procedencia, lo cual implica que no es necesario probar que la vía administrativa está agotada o que la utilización de ella produciría un gravamen irreparable.” (cfr. sum. STJ Corrientes, “Sosa Marcela Luisa Sandra c/ Gobierno de la Provincia de Corrientes - Ministerio de Educación y Cultura - Dirección Gral. de Educación s/ amparo”, del 24/11/2011, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/78435/2011).- Asimismo que: “De este modo el amparo, especialmente a partir de la reforma de 1.994, es garantía constitucional, y es por ello que toda hermenéutica ha de tener como norte el sentido protector de dicha garantía, a través de una interpretación previsora que deberá asignar al amparo el más alto alcance posible, con miras a la efectiva protección de los derechos fundamentales […] '…Es incongruente e injusta una jurisprudencia que ante un instituto público cuyo objeto es la brevedad procesal y su lógica interna contiene la esencia de la urgencia, se mantenga inerte a la espera de que se cumplan plazos administrativos prolongados, en contra de las razones de brevedad y expedición que caracterizan a una ley de mayor rango y potencia procesal específica, como es la legislación de amparo…'…” (cfr. SCBA, Correa María V., del 05/03/2003, www.informacionlegal.com.ar, Cita Online: AR/JUR/2849/2003).- En definitiva y de acuerdo al análisis realizado precedentemente surge que lo decidido por el a quo padece de un exceso ritual manifiesto y no constituye derivación razonada del derecho vigente con aplicación de las circunstancias de la causa.-
VI. En cuanto a la medida para mejor proveer, solicitada por la accionada (cfr. PE643684-2022, págs. 19/22, Apartado III), debe ser rechazada pues se trata de un expediente distinto al que motivara estos autos, en el cual la resolución ha adquirido firmeza luego de iniciado el presente y la sanción no es la misma pues el lapso de duración de la cesantía es considerablemente menor. En definitiva la actitud asumida en un proceso administrativo posterior de ninguna manera puede impedir las acciones judiciales que se promuevan por lo que se consideren vicios acaecidos en otro procedimiento aún de igual índole. La prueba que se procura es, en consecuencia, ajena a este proceso.-
VII. A la luz de la doctrina de los precedentes citados y lo previsto en el artículo 43 de la Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos, correspondía considerar idónea la vía del amparo intentada -en lugar de caer en un excesivo rigor formal que trajo como consecuencia la inadmisibilidad formal de la acción- y emitir una decisión final respecto del fondo de la cuestión. Tal como ya lo ha decidido este Tribunal Superior de Justicia anteriormente (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. 694, Folio 4076/4086).-
Demostrada ya la procedencia formal de la acción, corresponde ahora, a este Tribunal, emitir pronunciamiento sobre la pretensión objeto de autos (cfr. arts. 13º y 14 ° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
La actora (quien se desempeñaba como Directora de la Escuela Primaria Rural N° 34) inicia este amparo, con la finalidad de obtener la declaración de nulidad de los actos administrativos que determinaron su exoneración por el lapso de diez años, dichos actos son las Resoluciones Nº 301/2020 y 392/2020 emanadas de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación, más la Disposición Interna N° 004/20, de la Supervisión Pedagógica Zona Centro y Sur de la Dirección General de Educación Rural. Argumenta que ataca la validez jurídica de los actos en cuestión por vicio de competencia y por aplicar normas de modo inconstitucional, sin procurar con ello la revisión de los hechos y motivos que llevaron a su exoneración. Asimismo defiende su demanda tildando de inconstitucionales los artículos 192 inciso c) de la Ley Provincial Nº 3305 y 57 del Estatuto Docente (ley Nº 14473, acogida en la provincia por ley Nº 1023), a la luz de los artículos 32, 33, 124 y cc. de la Constitución Provincial y 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. fs. 18/23).-
VIII. Comenzaremos nuestro análisis del caso destacando que, sobre la competencia de la Presidencia del Consejo Provincial de Educación para decidir la exoneración de un docente, ya se ha expedido este Tribunal Superior de Justicia, a favor de tal atributo, en los siguientes términos: “Tal como lo determina el Estatuto Docente en su artículo 57 '…Las sanciones de los incisos f), g) y h) del artículo 54 serán aplicadas previo dictamen de la Junta de Disciplina por decreto del Poder Ejecutivo Nacional o resolución del Consejo Nacional de Educación, según sea el caso…'. A su tiempo, la Ley 18.738, establece que '…Las designaciones para ingreso a la docencia, reincorporaciones, ubicaciones, acrecentamientos de horas de cátedra, modificación en la situación de revista, confirmaciones, traslados, reajustes, designaciones para cubrir cargos directivos vacantes, retrogradación de jerarquía o categoría, cesantías y exoneraciones, correspondientes a personal docente comprendidos en las disposiciones de la Ley 14.473,...sus complementarias y modificatorias, serán efectuadas por el señor Ministro de Cultura y Educación, en cuanto se trate de medidas que encuadren en dichas disposiciones legales...' (art. 1° B.O. 12/08/1970).
Esto implica, que cuando entró en vigencia el Estatuto Docente aplicado en el ámbito nacional (Ley 14.473) en el territorio de la Provincia de Santa Cruz, mediante ley 1.023 del 1° de diciembre de 1975, esta atribución -originariamente en cabeza del Poder Ejecutivo- fue delegada al Ministro del ramo. Ahora bien, la ley 2411 modificó la Ley Orgánica de Ministerios y suprimió el Ministerio de Cultura y Educación, creó el CPE y vino a reglamentar las atribuciones del Consejo Provincial de Educación y funcionarios (Presidente, Vicepresidente y vocales) (B.O. del 24/10/1995). Dentro de las atribuciones del Presidente se encuentra la de '…Nombrar y remover al personal docente y no docente de su dependencia con sujeción a las normas vigentes.
Disponer sus ascensos, traslados y sanciones disciplinarias...' (art. 62. in. c). Entonces dicha atribución puede ser aplicada -en principio- por el Presidente del CPE. Digo en principio, porque la ley 2411 prevé la posibilidad de que el Presidente del Consejo Provincial de Educación delegue, mediante resolución, todas o alguna de sus atribuciones. (artículo 1, que sustituye el art. 62 inciso h) de la ley 263). Habiéndose firmado la resolución en crisis por la Presidente del CPE, al cabo de sumario administrativo y con el dictamen previo de la Junta de Disciplina, no asiste razón al actor en este argumento.” (cfr. Contencioso Administrativo, Tomo XV, Reg. 936, Folio 2797/2810).- La transcripción precedente es clara, de acuerdo a la ley que rige la materia controvertida en autos, el Presidente del Consejo Provincial de Educación tiene facultades para decretar la cesantía o exoneración de los docentes, como ha ocurrido.
Es oportuno destacar que, tal como lo admite la amparista, en el expediente administrativo la Junta de Disciplina emitió dictamen (cfr. fs. 18 vta./19), que no es vinculante para quien en definitiva debe decidir.-
IX. Empero la Sra. Bazán cuestiona la constitucionalidad de la referida norma y de todas aquellas que, dice, no otorgan al docente la estabilidad que tienen los empleados públicos de la provincia. Concretamente refiere a que estos últimos sólo pueden ser cesanteados o exonerados por resolución del Tribunal Disciplinario (art. 124 de la Constitución Provincial). Con este cometido ataca los artículos 192, inciso c) de la Ley Provincial Nº 3305 y 57 del Estatuto Docente. Así pues lo que debemos discernir es si la situación en que colocan a los docentes las referidas normas respeta las Constituciones Provincial y Nacional, de lo contrario deberá declarárselas, para este caso concreto, inconstitucionales e inaplicables a la amparista.- En concreto, el planteo constitucional se circunscribe a determinar si la exoneración de un docente decidida por un órgano distinto al previsto para los demás empleados públicos provinciales importa la violación, a decir de la actora, de las garantías constitucionales de igualdad y de estabilidad del empleo público (cfr. arts. 14 bis y 16 de la CN) y las que imponen la intervención del Tribunal Disciplinario (cfr. arts. 32, 33 y 124 de la Constitución Provincial).-
La cuestión radica entonces en determinar si la facultad conferida al Presidente del Consejo Provincial de Educación, por el Estatuto Docente y la Ley de Educación Provincial N° 3305 contienen una extralimitación de las previsiones constitucionales o se han menoscabado de algún modo los derechos invocados por la actora, que, desde ya adelantamos, no se advierte configurada.-
Como ha dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la declaración de inconstitucionalidad de una ley es un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerada como ultima ratio del orden jurídico (Fallos: 200:180 y 247:387), idéntico criterio ha adoptado este Tribunal, agregando que, como principio, la interpretación de la norma y su aplicación al caso, deben ser favorables a su validez, siempre que tal interpretación o aplicación no resulte manifiestamente contraria a la Constitución (cfr. TSJ Santa Cruz, Contencioso administrativo, Tomo XIV, Reg. 931, Folio 2776/2781).- Sabido es que, no existen derechos absolutos en la Constitución Nacional y que todo derecho debe ser compatibilizado con los demás derechos enunciados en la misma, con los derechos de la comunidad y con los deberes que ella establece (cfr. fallo cit.).-
También, desde antiguo tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación que la Constitución Nacional no consagra derechos absolutos, insusceptibles de razonable reglamentación y la constitucionalidad de dicha reglamentación está condicionada, por una parte, a la circunstancia de que los derechos afectados sean respetados en su sustancia y, por la otra, a la adecuación de las restricciones a las necesidades y fines públicos que las justifican, de manera que no aparezcan infundadas o arbitrarias, sino razonables, es decir, proporcionadas a las circunstancias que las originan y a los fines que se procuran alcanzar con ellas (Sum. Fallos: 338:1444 -Del dictamen de la Procuración General al que la Corte Suprema remitió) (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XXII, Reg. 721, Folio 4339/4346).- El régimen de estabilidad derivado tanto de la Constitución Provincial como de la Nacional para los empleados públicos, en el específico caso del personal docente se encuentra plasmado en el artículo 19 de la ley Nº 14.473 (Ley Provincial Nº 1023) que dice: “El personal docente comprendido en el presente Estatuto tendrá derecho a la estabilidad en el cargo mientras dure su buena conducta y conserve las condiciones morales, la eficiencia docente y la capacidad física necesarias para el desempeño de las funciones que tiene asignadas.”.-
La Ley Nº 3305, artículo 198, inciso g) otorga al docente el derecho al mantenimiento de su estabilidad en el cargo en tanto su desempeño sea satisfactorio de conformidad con la normativa vigente.-
Como vemos se establece como derecho del personal docente el de la estabilidad que sólo puede ser afectada en virtud de resolución adoptada de acuerdo con las disposiciones estatutarias.-
El Estatuto del Docente contiene en los artículos 54 a 61 el régimen disciplinario. Entre las sanciones previstas, el inciso h) del artículo 54 prevé la exoneración. Ahora bien, la causal que motive la pérdida de la estabilidad deberá ser comprobada mediante sumario administrativo previo que asegure el derecho de defensa (cfr. art. 58). Con el adicional que para las causales de cesantía y exoneración se deberá contar con un dictamen previo de la Junta de Disciplina (cfr. art. 57), el cual cabe reiterarlo, no es vinculante. Es decir, gozan, al igual que los agentes públicos, de la estabilidad en el empleo en tanto cumplan los requisitos establecidos por la ley para su reconocimiento y conservación, y ante la imputación de faltas o hechos presuntamente graves, una previa investigación y un eventual sumario posterior.- Así pues, los docentes gozan de estabilidad y sólo se diferencian con el resto de los empleados públicos provinciales, en materia de cesantía y exoneración, en que para estos últimos la decisión debe tomarla únicamente el Tribunal Disciplinario (cfr. art. 124 de la Constitución Provincial).-
Ahora bien, la misma Constitución prevé en su artículo 32 que ciertos empleados públicos pueden ser exonerados por otro mecanismo, cuando aquella y otras leyes o normas especiales así lo prevean.-
Esta excepción alcanza a los docentes, dado la especificidad de la carrera y, fundamentalmente, por el interés público comprometido en ello. Constituye un mandato de la norma fundamental local asegurar, priorizar y velar por la eficiencia de la educación (cfr. arts. 81 y ss. de la Constitución Provincial); esencialmente compete al estado provincial garantizar el derecho a la educación y organizar el sistema educativo y sus instituciones, la calidad y la formación docente. De acuerdo a este mandato, el gobierno provincial fija la política educativa y asegura su cumplimiento, manteniendo al efecto el control de la calidad en la prestación del servicio. Dentro de tales lineamientos aparece como razonable la regulación específica prevista para el personal docente.- Por otro lado, la distinción entre las personas sobre la base de categorías o criterios que efectúa el Estado no constituye, en principio, acto de discriminación inconstitucional, cuando dichas clasificaciones se realizan en base a criterios razonables. Sólo serían arbitrarias tales distinciones cuando se basaran en motivos prohibidos por la Constitución y/o los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos (con igual jerarquía) -como por ejemplo raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas, etc.-.-
Sostiene la Corte Suprema de Justicia de la Nación que: “…la garantía constitucional de igualdad no puede considerarse vulnerada si la norma no fija distinciones irrazonables o inspiradas con fines de ilegítima persecución o indebido privilegio de personas o grupos de personas. Tal principio no impide que se contemple en forma distinta situaciones que se consideran diferentes aunque su fundamento sea opinable (Fallos: 301:1185; 302:457), pues nada obsta a que se trate de manera diferente a aquellos que se encuentran en escalafones distintos por sus actividades específicas, sin que se advierta en la especie que dicho especial tratamiento sea discriminatorio.” (Fallos 326:2880).- En el caso de autos, no se advierte que la normativa impugnada por la amparista establezca diferencias repugnantes a las Constituciones Nacional y Provincial, toda vez que la distinción que las normas en cuestión realizan respecto a los docentes es razonable y proporcionada a los fines perseguidos por el Estado en materia educativa; de manera tal que no puede afirmarse que viole el derecho a la igualdad constitucionalmente garantizado (cfr. arts. 14 bis y 16 de la CN y 32 de la Carta Magna Provincial).
Tampoco se agravia el artículo 124 de la Constitución Provincial, por cuanto ella misma autoriza (cfr. art. 32) excepciones con relación a aquellos agentes para cuyo nombramiento o cesantía se hayan previsto normas especiales.- Con relación a los restantes artículos de la Constitución Nacional y de los Pactos Internacionales que la actora dice vulnerados (cfr. fs. 158/159) debemos destacar que sólo se ha limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que considera violados sin explicar, mínimamente, de qué manera se produjo esa violación. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que: “…la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (doctrina de Fallos: 165:62; 181:290; 266:135; 310:2306; entre otros), y que la relación directa que la ley exige, existe sólo cuando la solución de la causa requiere necesariamente la interpretación del precepto constitucional aducido (confr.
Fallos: 187:624; 248:129, 268:2479). De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (confr. Fallos: 295:335; 310:2306).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 531, Folio 2979/2985).- En definitiva, no basta la mera invocación, sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar el cuestionamiento con base constitucional y convencional intentado.-
X. Conteste con lo hasta aquí analizado cabe concluir que el resolutorio en crisis exhibe una exagerada rigurosidad ritual que merece ser corregida, tornando procedente el recurso de casación interpuesto en su contra. En virtud de lo expuesto, juzgamos que corresponde hacer lugar parcialmente, al recurso de casación deducido y revocar la sentencia emanada de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 118/144, en cuanto al rechazo de la admisibilidad formal de la acción.-
En consecuencia, deviene procedente casar la sentencia referida (conforme artículos 13 y 14 ° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-) rechazando la acción de amparo y la inconstitucionalidad articulada, imponiendo las costas de todas las instancias por su orden (art. 16 de la Ley Nº 1117).-
En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión votamos parcialmente por la afirmativa.-
A la Segunda Cuestión la Dra. Fernández dice:
I. Comparto el relato de los antecedentes de la causa efectuado en los Considerandos I y II del voto precedente, así como los fundamentos desplegados en el Considerando VI relativos al rechazo de la medida para mejor proveer peticionada por la accionada. Sin embargo, disiento con el restante desarrollo argumental.-
II. La problemática sometida a debate conlleva establecer si, en virtud de las particulares circunstancias que rodean el caso en examen, el amparo aparece -o no- como la vía apta para resolver la cuestión traída a decisión.-
Ante ello, estimo pertinente rememorar algunas directrices forjadas por este Alto Cuerpo en las causas “Pereyra”, “Perancho”, “Zaragoza”, “Saldivia”, “Vivanco” y “Llegues” (cfr. Sentencia, Tomos XX, Reg. 670, Folio 3880/3891, voto de la mayoría; Reg. 677, Folio 3928/3939; Reg. 681, Folio 3957/3967; XXI, Reg. 686, Folio 4001/4012; Reg. 687, Folio 4013/4023 y Reg. 690, Folio 4040/4051, respectivamente).-
En esos casos, se expuso que: “…los jueces deben extremar la ponderación y la prudencia…a fin de no decidir, por el sumarísimo procedimiento de esta garantía constitucional, cuestiones…que corresponda resolver de acuerdo con los procedimientos ordinarios…la admisión de este remedio excepcional puede engendrar la falsa creencia de que cualquier cuestión litigiosa tiene solución por esta vía…debe ponerse de manifiesto el carácter residual que reviste la acción de amparo…la petición debe ajustarse a la inexistencia de otra vía idónea y el carácter palmario y manifiesto de la lesión, acompañada con la debida demostración en el caso concreto…” (cfr. sentencias cits.).-
III. En consonancia con el razonamiento anterior, en la causa “Gelves” (cfr. Sentencia, Tomo XXI, Reg. 694, Folio 4076/4086) desarrollé en mi voto en minoría algunas apreciaciones que estimo pertinente reiterar en esta oportunidad, aunque de manera más concisa.-
Quien promueve un juicio de amparo asume la carga de demostrar, en concreto, la inutilidad (ora por inexistencia, ora por ineficacia) de los demás cauces judiciales de tutela previstos por el ordenamiento jurídico, debiendo el juez, bien en la fase de admisión, bien en la de estimación, expedirse expresamente sobre la concurrencia o no de ese recaudo de admisibilidad.-
Comprobada la concurrencia del supuesto de hecho previsto por la norma (inexistencia de otro medio judicial más idóneo) recién allí estará en condiciones de operar, prácticamente, el consecuente constitucional previsto por aquélla, la admisión amparista, quedando habilitado, así, el examen directo de la actuación de la autoridad pública cuestionada por el proceso constitucional amparista.-
Contrariamente, de no concurrir tal supuesto, el juez no tendrá opción: deberá desestimar la pretensión como amparo.-
Esta matriz directiva está llamada a evitar el empleo del amparo para sustituir o reemplazar a los cauces procesales ordinarios o específicos cuando ellos se exhiban previsiblemente útiles para brindar adecuada protección judicial de los derechos.-
Al postulante de la pretensión amparista le incumbe alegar y demostrar, como imperativo de su propio interés, que está reunido el supuesto de hecho consagrado en el artículo 43 de la Constitución Nacional, esto es, que no existe otro medio judicial más idóneo -para ventilar el conflicto- que el amparo.-
La admisibilidad de la pretensión de amparo está sujeta a un elenco de directrices básicas que se pueden formular del siguiente modo:
(i) Quien postula una pretensión de amparo tiene la carga de desvirtuar la presunción constitucional de eficacia del sistema procesal común.-
Como consecuencia del carácter excepcional se sostiene que la existencia de una vía legal ordinaria para la protección de los derechos que se dicen lesionados excluye, en principio, la acción de amparo, en tanto ésta no está destinada a reemplazar medios ordinarios. Esta tendencia le impone al postulante de la pretensión la carga de justificar, según el curso ordinario de los procesos comunes o especiales, la concreta ineptitud del catálogo de cauces judiciales de protección para garantizar inmediatamente la integridad de un derecho esencial. Esa carga procesal se satisface acreditando la ausencia de cauces procesales aptos para salvaguardar el derecho fundamental lesionado, o, demostrando que el proceso ordinario -o, en su caso, la vía especial- resulta inútil para restablecer, en tiempo útil, su integridad o prevenir la inminente lesión del derecho.- El amparo argentino fue concebido como instrumento de tutela judicial que acude en socorro o ayuda del sistema procesal solamente en aquellos casos en que el orden ritual general no puede dar respuesta útil -aun con el dictado de medidas cautelares- a la cuestión que por dicho conducto se plantea. La prueba que destruya dicha proposición normativa será una carga de la amparista.-
(ii) Quien postula una pretensión de amparo asume la carga de acreditar la presencia de una situación fáctica o jurídica de urgencia que haga exigible la protección judicial inmediata de un derecho fundamental.-
(iii) Al amparista le incumbe justificar que el amparo es un “factor de evitación” de un daño previsiblemente grave (o irreparable) sobre un derecho fundamental. Sobre el actor recae la carga de demostrar que la remisión a los cauces regulares o especiales de tutela judicial originará un perjuicio grave de muy difícil o imposible reparación ulterior. También le concierne justificar que el amparo tiene aptitud para quebrar dicha cadena causal.-
En cada caso en concreto el juzgador -bien en la fase de admisión o bien en la fase de estimación y como recaudo previo a determinar la procedencia material de la pretensión- deberá efectuar un pronóstico causal que se cierne entre la remisión a los procedimientos judiciales comunes y el daño grave e irreparable que dicha remisión provocaría sobre los derechos que se intentan tutelar.-
Si de dicho pronóstico surge que la utilización de los remedios comunes (incluso combinados con una providencia cautelar) no provocará daño grave e irreparable sobre la sustancia constitucional del derecho que se invoca, deviene claro que no se da la relación causal antedicha.-
IV. A la luz de estos parámetros (y dentro del marco que ellos delinean), no identifico en el caso específico razones suficientes que justifiquen el abordaje de la cuestión por la vía extraordinaria del amparo.-
Considero que los antecedentes fácticos y jurídicos presentados por la amparista fueron correctamente evaluados por el Tribunal de Alzada a la luz del principio de subsidiariedad anteriormente.-
Al sustentar la idoneidad del cauce procesal escogido, la amparista se limita a trazar argumentos en torno a la supuesta arbitrariedad e ilegalidad que achaca a la actuación de la autoridad pública, sin aportar mayores ingredientes en orden a demostrar la inutilidad de las restantes vías procesales que ofrece el ordenamiento positivo. En tal sentido, en su escrito inicial asevera que: “…no debe escapar que la sanción tan arbitrariamente aplicada me vulnera un derecho esencial como es mi derecho a la estabilidad laboral, a percibir mi salario, a gozar de asistencia de mi obra social laboral, y otros derechos que detento en mi carácter de empleado municipal (sic) y que no pueden serme arrebatados de esta manera tan arbitraria e inconstitucional.” (cfr. foja 23).- La falta de sustento en este punto de la demanda es evidente, ya que la simple afirmación citada no es adecuada para cumplir con la carga probatoria exigida. No se ha presentado ninguna explicación detallada que respalde la afirmación de que el uso de los procesos judiciales ordinarios podría ser ineficaz o causar daño.-
Todo conflicto importa la contradicción de derechos-facultades y, por consiguiente, la invocación de algún tipo de menoscabo en relación a los mismos. Sin embargo, no todo tipo de acción u omisión, conflicto y lesión puede ser subsanada a través del amparo. Sólo los actos u omisiones manifiestamente arbitrarios que violenten derechos fundamentales y requieran de una solución expedita como forma de salvaguardar su existencia o razón de ser, sin que exista otro medio más idóneo para reparar o evitar el compromiso vital a los derechos en juego (cfr. Sucunza, Matías A.: “Ley de amparo individual y colectivo de la provincia de Buenos Aires. Análisis, comentario y desarrollo jurisprudencial”, 1ª edición, CABA, Editores del Sur, 2018, págs. 83/84).- Cuadra destacar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido que: “…el Poder Judicial debe ser estricto en el examen de los presupuestos que habilitan la procedencia procesal del amparo, con el propósito de que siga siendo un remedio útil para, de manera eficaz y urgente, superar aquellas situaciones arbitrarias o ilegítimas que se denuncien como manifiestas. Su generalización y aplicación a cuestiones que claramente lo exceden debe ser evitado, ya que ello incide en su transformación, y trae aparejado que pierda su real esencia y razón de ser, afectándolo seriamente, en la medida en que se permita subsumir en sus previsiones conflictos para los que no ha sido realmente previsto.” (Fallos 330:1279).- En mérito a lo expuesto, considero que no se encuentran reunidos en autos los requisitos exigidos para la viabilidad de la acción de amparo impetrada, en particular, la acreditación de la inexistencia o ineficacia de otro medio judicial más idóneo. Como corolario de ello, deviene inoficioso expedirse sobre el agravio mediante el cual postula la inaplicación de la teoría de los actos propios al presente caso.-
V. Por fuera de lo anterior, estimo pertinente precisar que como jueza de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial tuve la oportunidad de expedirme en la causa “Altamirano Leonardo c/Municipalidad de Puerto Santa Cruz s/ acción de amparo”, Expte. N° A-12.280/16.-
Este antecedente es invocado por la amparista en apoyo de su postura, tanto en la demanda (cfr. foja 25) como en el recurso de casación bajo estudio (cfr. foja 177).-
En esa ocasión, la Cámara de Apelaciones sostuvo -entre otras cosas- que: “[r]especto de la acción de reposición en el cargo…el amparo constituye un remedio contra la arbitrariedad de los actos de órganos administrativos, cuya especificidad radica en la naturaleza constitucional de los derechos lesionados.” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 208, Folio 97/102).-
No encuentro razones suficientes que permitan trasladar de manera lineal lo allí expuesto al caso de marras. Se trata de una tesitura insuficiente por sí sola para variar la suerte adversa del presente litigio, por cuanto -evidentemente- la viabilidad del amparo para tutelar un derecho fundamental representa una cuestión que debe evaluarse ante cada situación en particular.-
VI. En virtud de los fundamentos hasta aquí expuestos, considero que debe rechazarse la medida para mejor proveer solicitada por la accionada en PE643684-2022 así como el recurso de casación incoado por la parte actora a fs. 157/183, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 118/144, confirmando, en consecuencia, la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo intentada; imponer las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117), diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- En razón de todo lo expuesto, a la segunda cuestión voto por la negativa.-
A la Tercera Cuestión las Dras. Mercau, Ludueña Campos y el Dr. Mariani dicen:
Atento la forma en que nos hemos pronunciado respecto de la Primera y Segunda Cuestión, proponemos se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1497578-2024, haciendo lugar parcialmente, al recurso de casación deducido por la parte actora a fs. 157/183 y revocar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 118/144, en cuanto al rechazo de la procedencia formal de la acción y no hacer lugar a la medida para mejor proveer solicitada por la accionada en PE643684-2022. En consecuencia, casar la sentencia referida (conforme artículos 13º y 14° del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-), rechazando la acción de amparo y la inconstitucionalidad articuladas, imponiendo las costas de todas las instancias por su orden (art. 16 de la ley Nº 1117) y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.- A la Tercera Cuestión la Dra. Fernández dice:
En virtud de los fundamentos expuestos en la Primera y Segunda Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1497578-2024, rechazando la medida para mejor proveer solicitada por la accionada en PE643684-2022 así como el recurso de casación incoado por la parte actora a fs. 157/183, contra la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, obrante a fs. 118/144, confirmando, en consecuencia, la declaración de inadmisibilidad de la acción de amparo intentada; imponer las costas por su orden (cfr. art. 16 de la Ley Nº 1117), diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la parte actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 15 de octubre de 2024.-
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto mayoritario y concordante de las Sras. Vocales Dra. Alicia de los Ángeles Mercau, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos y del Sr. Presidente Dr. Daniel Mauricio Mariani y el voto en disidencia parcial de la Sra. Vocal Dra. Reneé Guadalupe Fernández; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por el Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta en PE1497578-2024.-
2. Hacer lugar, parcialmente, al recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 157/183 y, en consecuencia, revocar la sentencia dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial a fs. 118/144, en cuanto al rechazo de la procedencia formal de la acción.-
3. No hacer lugar a la medida para mejor proveer solicitada por la accionada.-
4. Rechazar la acción de amparo incoada de acuerdo a los argumentos vertidos en los considerandos VIII y IX.-
5. Imponer las costas de todas las instancias por su orden (art. 16 de la Ley Nº 1117).-
6. Diferir la regulación de honorarios de los letrados intervinientes en la casación hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (cfr. Resolución General AFIP Nº689/1999) y sean regulados en las anteriores instancias.-
La presente sentencia se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación del Sr. Vocal, Dr. Fernando Miguel Basanta (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos.-
Protocolización: TSS1022S.241 Tomo: XXIV Sentencia: 764 Folio N°: 4705/4716 Secretaría: 1
Fin de la sentencia