Abriendo la norma
Corte de Catamarca
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2Declarar la inadmisibilidad formal de la acción de amparo promovida, con costas.
SENTENCIA INTERLOCUTORIA NÚMERO: Cuarenta y nueve
San Fernando del Valle de Catamarca, 03 de julio de 2026.
Estos autos Corte Nº 029/2026 "BAZÁN, Luis Humberto C/ ESTADO PROVINCIAL DE CATAMARCA - MTRIO. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA s/Acción de Amparo” y,
1. Que a fs. 82/101 vta. comparece el Sr. Luis Humberto Bazán, con patrocinio letrado y promueve acción de amparo en contra del Estado Provincial de Catamarca - Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología. Persigue se declare la inconstitucionalidad y la nulidad: del Decreto M. E. C. y T. N° 1523/2025 -que aprueba el reglamento de la Ley N° 5103 para el Concurso N° 2 y para los concursos sucesivos en caso de falta de cobertura total de cargos vacantes-; y la Resolución RES-2026-126-E-CAT-MECYT -que aprueba la convocatoria y sustanciación del Concurso N° 3 limitado exclusivamente al cargo que actualmente detenta de supervisor pedagógico (fs. 60/63)-. Señala que dichos instrumentos constituyen actos arbitrarios, irrazonables, regresivos, ilegales, lesivos de derechos constitucionales, laborales, estatutarios y contrarios a los principios de progresividad, confianza legítima y buena fe administrativa. Por otro lado, requiere se ordene su titularización efectiva en el cargo que detenta.
A título de medida cautelar solicita: se suspendan los efectos de los actos administrativos que impugna y de toda actuación administrativa derivada que involucre el concurso de su cargo; se ordene a la Administración se abstenga de utilizar la Disposición DISPC-2026-67-E-CAT-DPSD#ME y el EX-2026-00215881-CAT-DPDS#ME como causales de exclusión de los beneficios del Decreto de titularización N° 336/2026 (Anexo Único, inc. f) y como justificativo para denegar el pedido presentado el día 25/11/2025 que tramita en expediente EXP-2025-02629842-CAT-DPD#MECYT (fs. 74/81); y se disponga la suspensión de todo efecto y plazo del sumario que tramita en EX-2026-00215881-CAT-DPDS#ME hasta tanto cese el ocultamiento malicioso denunciado el 20/04/2026 (fs. 65) y se garantice el acceso irrestricto a las actuaciones para el ejercicio de la legítima defensa.
En el relato de los antecedentes fácticos de la cuestión traída a conocimiento de la Sala, el amparista manifiesta que ejerce el cargo de supervisor pedagógico docente y que fue designado mediante acto administrativo idóneo, dictado por autoridad competente y siguiendo el régimen constitucional y estatutario vigente. Puntualiza que su designación -como interino- en el año 2019 (fs. 68 vta. y 69), fue resultado de un ascenso escalonado y progresivo hasta acceder al cargo de máxima responsabilidad pedagógica en el sistema educativo y que desde la toma de posesión ejerce sus funciones de forma real, efectiva, continua e ininterrumpida. - - -
Refiere que, durante este tiempo, la propia Administración le asignó funciones, nodos, zonas, escuelas, responsabilidades académicas, operativas y de conducción pedagógica a nivel territorial, reafirmando y consolidando institucionalmente -a través de dichas acciones- el ejercicio de su función.
Da a conocer que el día 24/11/2025 solicitó formalmente -junto a otros colegas- la titularización de su cargo y que dicha presentación fue recibida y caratulada el día 25/11/2025 como expediente electrónico EX-2025-02629842- CAT-DPD#MECYT que hasta la fecha no ha tenido ninguna respuesta administrativa y considera que su silencio, luego de vencidos los plazos legales para resolver, reviste el carácter de negativa tácita vulnerando la tutela administrativa efectiva, el derecho de petición y el deber estatal de resolver expresamente cuestiones sobre situaciones jurídicas individuales.
Afirma que el Poder Ejecutivo Provincial adoptó un giro abrupto e injustificado en su conducta institucional cuando dictó el Decreto M. E. C. y T. N° 1523/2025 en tanto resolvió la convocatoria a un concurso público abierto para la cobertura de cargos supervisores docentes sin contemplar la distinción entre cargos CORTE Nº 029/2026 vacantes, actualmente ocupados por supervisores en ejercicio efectivo o con situación de estabilidad administrativa consolidada por prolongación del interinato y además que ese acto administrativo desconoce la realidad funcional existente y se aparta -sin fundamentación adecuada- del comportamiento estatal sostenido durante años.
Luego, menciona que por Resolución RES-2026-126-E-CAT-MECYT de fecha 20/03/2026 se dispuso el llamado a Concurso N° 3 destinado a cubrir los cargos que no fueron cubiertos por el anterior -entre ellos el que él detenta- habilitando a terceros a concursar, lo cual considera una lesión concreta, actual e inminente sobre su situación funcional y que coloca en riesgo cierto su continuidad laboral, carrera docente y los años acumulados de ejercicio supervisivo.
Señala que el día 08/04/2026 el Poder Ejecutivo dictó el Decreto T. P. y R. H. N° 336/2026 (fs. 41/43) que aprueba la titularización de docentes interinos y exige en su Anexo Único (inc. f) no registrar procesos sumariales pendientes. En ese marco, expresa que -de forma sorpresiva y estratégica-, el día 13/04/2026 se le notificó el inicio de una investigación presumarial mediante DISPC-2026-67-E-CAT-DPSD#ME (fs. 40 y vta.), lo cual considera un supuesto de arbitrariedad manifiesta, persecución funcional y una estrategia administrativa fraudulenta para excluirlo de la titularización o justificar su denegación.
A continuación, justifica los requisitos de procedencia de la medida cautelar y de admisibilidad de la acción. Postula que la decisión administrativa lesiona su derecho a la carrera docente, estabilidad funcional, tutela judicial efectiva y al debido proceso adjetivo.
Fundamenta su derecho en la Constitución Nacional (arts. 14, 14 bis, 16, 18, 28 y 75 inc. 22), Constitución Provincial (art. 275) Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Ley de Amparo N° 4642 y N° 4998, doctrina y jurisprudencia que estima aplicables al caso.
Ofrece prueba y peticiona, en definitiva, se haga lugar a la acción de amparo deducida, con costas.
Otorgada participación procesal, a fs. 106 se corre vista al Ministerio Público a efectos de que se pronuncie acerca de la jurisdicción y competencia del Tribunal para entender en autos, de la viabilidad de la acción y de la medida cautelar, el que emite Dictamen N° 062/2026 (fs. 107/110 vta.), en sentido afirmativo sobre la competencia y propicia la declaración de inadmisibilidad de la acción.
A fs. 111 obra proveído que ordena autos a despacho para resolver, el que firme, deja a la cuestión en estado de emitir pronunciamiento acerca de la procedencia formal de la demanda. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2- Que por imperio de expresas normas constitucionales -art. 204 de la Constitución Provincial-, y reforma del art. 4 de la Ley de Amparo N°4642 por Ley N°4998, al implicar materia contencioso administrativa la cuestión planteada, corresponde se declare la competencia de esta Sala para entender en autos (Acordadas N° 4594/22 y N° 4776/25).
3-Admitida la competencia del Tribunal, es oportuno destacar que la acción de amparo constituye un remedio de excepción, cuya utilización está reservada para aquellos casos en que la carencia de otras vías legales aptas para resolverlas pueda afectar derechos constitucionales, cuya apertura requiere circunstancias muy particulares, caracterizadas por la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta y la demostración de que el daño concreto y grave ocasionado, sólo puede eventualmente ser reparado acudiendo a la vía urgente de este proceso constitucional. Caracterizada la acción de amparo como una acción independiente, que concentra en un proceso toda la materia de base constitucional, como medio que debe ser idóneo para la protección de los derechos y garantías reconocidos constitucionalmente, siempre que aparezca en forma clara y manifiesta la ilegitimidad de una restricción a los mismos. Que dicha exigencia en el acto o hecho CORTE Nº 029/2026 que se reputa lesivo, tiende a la comprobación fácil y rápida de la lesión consumada por el acto u omisión arbitraria o ilegal, tanto en la aportación de pruebas por el amparista como en la apreciación por el sentenciante, lo que exige que el acto o el hecho objeto de análisis demuestre en su primera apariencia y sin necesidad de amplio debate ni controversia, la violación grosera del derecho que se señala conculcado.
Del análisis de los antecedentes y documentación adjuntada a la causa, se constata que la designación del amparista en el cargo de supervisor pedagógico fue en carácter de interino, es decir a título precario (fs. 01 y vta.; 04/05 vta. y 63 vta./64). En consecuencia, no se advierte arbitrariedad o ilegalidad en el llamado a concurso efectuado por la Administración, conforme lo dispuesto en el art. 1 de la Ley N° 5103- Decreto 1220 (fs. 59 y vta.). Asimismo, resulta conveniente aclarar que el inicio de la investigación presumarial no impide al actor participar en el concurso. A su vez, el Decreto T.P. y R.H. - E.C.yT. N° 336/2026 está limitado a la titularización de docentes únicamente, no de supervisores, por lo que no se constata la presencia de irregularidades como indica el amparista.
En esta inteligencia, toda vez que la parte actora no ha logrado acreditar la existencia de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, extremo indispensable para la procedencia de la acción promovida, corresponde rechazar la acción de amparo promovida, con costas.
4. Respecto a la medida cautelar solicitada, no corresponde su tratamiento atento a la solución que se arriba.
Por ello, oído el Ministerio Público y normas legales citadas,
LA SALA DE AMPARO Y AMPARO POR MORA DE LA
CORTE DE JUSTICIA DE CATAMARCA
1. Declarar la jurisdicción y competencia de la Sala para entender en autos.
2. Declarar la inadmisibilidad formal de la acción de amparo promovida, con costas.
3. Protocolícese, notifíquese y oportunamente archívese.
Fdo.: Dres. Carlos Miguel Figueroa Vicario (Presidente Sala de Amparo y Amparo por Mora), Fabiana Edith Gómez (Ministra Decana Sala de Amparo y Amparo por Mora) y Jorge Rafael Bracamonte (Ministro Vicedecano Sala de Amparo y Amparo por Mora) Ante mi: Dra. Maria Margarita Ryser (Secretaria - Corte de Justicia).
Fin de la sentencia