Abriendo la norma
Tribunal de Casación Penal Sala I · Causa 104124
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas;
II. Anular el veredicto y la sentencia dictados en la presente causa, REENVIANDO las actuaciones a la instancia de origen para que a través de un Tribunal distinto se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio;
III. Dejar sin efecto los puntos dispositivos II y III de la sentencia impugnada (promoción de investigar el posible falso testimonio de seis personas que testificaron en el juicio);
IV. ENCOMENDAR al Tribunal de origen que el nuevo debate se realice en forma conjunta respecto de los dos acusados (Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazán);
V. ENCOMENDAR al Tribunal de origen que se revea la situación de detención de Marcos Esteban Bazán dispuesta en las presentes actuaciones desde el 6 de agosto del año 2017;
VI. Regular los HONORARIOS PROFESIONALES de los doctores Claudio Espejón y Guillermo Bernard Krizan, letrados patrocinantes de la particular damnificada, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 25% de la suma fijada en origen.
La Sala I del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires, integrada por los señores jueces doctores Daniel Carral y Ricardo Maidana (art. 451 del Código Procesal Penal), con la presidencia del primero de los nombrados, de conformidad con lo establecido en la Ac. 3975/2020 de la SCBA, procede al dictado de sentencia en el marco de la Causa N° 104124 caratulada “BAZÁN MARCOS ESTEBAN S/ RECURSO DE CASACIÓN”, conforme al siguiente orden de votación: CARRAL – MAIDANA.
I. El Tribunal en lo Criminal nro. 7 de Lomas de Zamora, mediante el pronunciamiento dictado el 2 de junio de 2020 (en la causa nro. 49707-17 de su registro), condenó a Marcos Esteban Bazán a la pena de prisión perpetua, accesorias legales y costas, por resultar coautor de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada, homicidio triplemente agravado por alevosía, criminis causa y por violencia de género, y abuso sexual agravado por acceso carnal, este último en carácter de partícipe necesario, todos ellos en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 80 incs. 2, 7 y 11, 119 inc. 3, 141 y 142 inc. 1, Cód. Penal) –fs. 390/533 y vta. de este legajo-.
II. La defensa de Marcos Esteban Bazán interpuso recurso de casación contra el pronunciamiento aludido (fs. 3/90 de este legajo).
En la introducción de la pieza recursiva, plantea que el veredicto condenatorio es arbitrario, cuestionando la actuación que le cupo al órgano juzgador, pues a su entender los magistrados “han tenido desde el inicio una forma de administrar justicia tendenciosa y directamente interesada en un veredicto condenatorio, lo que aparece como la crónica de una sentencia anunciada”.
En ese orden de ideas, cuestiona el tenor de las preguntas que se le formularon a algunos de los testigos que comparecieron al debate (Alejandra Granero, Héctor Raúl Martínez, Fernando Guillermo Cardini), como así también la decisión del Tribunal de extraer copias de la causa para la investigación del delito de falso testimonio de seis personas (Lautaro Morales, Elías Domínguez, Pedro Vissio, Juan Francisco Batalla, Gabriel Mauricio Navarro y Florencia De Caso Maliene), por entenderla arbitraria y por haber sido dispuesta sin que las partes acusadoras lo hayan reclamado.
Seguidamente, describe el contenido de los testimonios que se produjeron en el debate, destacando en cada caso la información o elementos que (a su juicio) debieron ser considerados por el órgano juzgador para arribar a un veredicto opuesto al que dictaron.
A continuación, examina distintas evidencias que fueron valoradas por el Tribunal, expresando las razones de la arbitrariedad que le adjudica al fallo.
En tal sentido, en el apartado que tituló “pericia canina”, cuestiona el valor convictivo que le asignó el órgano juzgador, critica la forma en la que el instructor de canes realizó el levantamiento de rastros y denuncia el incumplimiento de la cadena de custodia.
También hace hincapié en los dichos del testigo que aportó la defensa, especialista en la materia (Ricardo Kuperbank), pues a su entender aportó información relevante que se contrapuso con los datos revelados por el testigo de la acusación (Diego Tula).
Otro punto analizado por los impugnantes fue titulado “la cuestión de la tijera de Lautaro Morales”. En lo esencial, plantearon que el testigo no afirmó con seguridad que el elemento que se le exhibió era el mismo que estaba en la fotografía de su teléfono celular, y agregaron que ese objeto había sido secuestrado en el cuarto allanamiento realizado en el domicilio del acusado, último argumento que no fue considerado en el veredicto.
El siguiente aspecto tratado por los recurrentes se vinculó con la llave aportada por la progenitora de la víctima, desarrollando allí las razones por las que consideraron que no podía asignarse a ese elemento el peso convictivo reconocido en el veredicto.
En la misma línea de ideas, plantearon la arbitrariedad del pronunciamiento, porque no existían razones válidas para considerar al hallazgo de arroz en el contenido estomacal de la víctima como un elemento incriminante en contra de Marcos Bazán.
En el apartado “pericia de la tierra”, la defensa describe su contenido y destaca que la lectura que hizo el Tribunal fue parcial e interesada, puesto que a su entender “no hay forma de afirmar que la pala secuestrada en la casa de Bazán fuera utilizada para enterrar a B., A.”. En el siguiente (“Durlock”), expresó que el razonamiento desarrollado en el fallo sólo contiene suposiciones carentes de sustento científico y probatorio.
Por otro lado, señala que en el veredicto se afirmó que no hubo comunicaciones telefónicas entre el acusado Bazán y el testigo Batalla, cuando la prueba obrante en la causa indica que esas comunicaciones sí existieron, individualizando la fecha, hora y su contenido. En cuanto a los dichos del testigo aportado por la defensa, Gabriel Navarro, reitera que el nombrado dijo la verdad, contrariamente a la conclusión a la que arribó el Tribunal, y desarrolló las razones por las que entendió que fue injustificada la decisión de extraer copias para su investigación por falso testimonio.
En los apartados siguientes analiza distintas cuestiones probatorias y detalla los elementos o circunstancias que a su juicio fueron arbitrariamente consideradas por el Tribunal como prueba de cargo (“La sentencia dice que Bazán quemó ropas de B., A.y lavó el cuerpo”, “Más sobre las prendas de B., A.”, “Sobre el hallazgo de plantines de marihuana en la casa de Bazán”, “Según la sentencia Bazán estaba nervioso y eso es señal de culpabilidad”).
En función de todo lo anterior, solicitó que se absuelva a Marcos Bazán por los delitos que se le atribuyeron y, subsidiariamente, se case la sentencia recurrida y se ordene la realización de un nuevo debate. Hizo reserva de caso federal.
III. Con la adjudicación por sorteo del recurso en la Sala, se notificó a las partes (fs. 547).
Se llevó a cabo la audiencia prevista en el art. 458 del ordenamiento adjetivo, a través del sistema de videoconferencia Microsoft TGeams (conf. acta de. fs. 761 y vta. de este legajo).
La señora fiscal ante esta Sede postuló el rechazo del recurso deducido por la defensa, por los argumentos que desarrolló en la audiencia, y en el dictamen agregado a fs. 733/60.
En lo que aquí interesa destacar, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que no era acertado el planteo de la defensa vinculado con el tenor de las preguntas formuladas a los testigos por parte del Tribunal.
En igual sentido, consideró improcedente el planteo de nulidad realizado respecto del peritaje de rastros realizado por el instructor de canes Diego Tula, estimando que se trató de un indicio más de todos los que fueron considerados por el órgano juzgador, enumerando cada uno de ellos.
El letrado representante de la particular damnificada planteó la misma línea de argumentación, en torno a la descripción de cada uno de los elementos probatorios que consideró incriminatorios en contra de Marcos Bazán.
La defensa presentó el memorial agregado a fs. 766/786, reiterando su petición de revocar la sentencia condenatoria y absolver a su asistido.
Mediante la resolución de fs. 787 y vta. de este legajo, se dispuso tener presente lo expresado por los distintos organismos y particulares que se presentaron como “Amigos del Tribunal”, para la eventual y oportuna intervención del Superior Tribunal de Justicia provincial. Cabe consignar que mediante el oficio de fecha 13 de julio de 2021 (recibido en esta sede el 16 de ese mes y año), el Tribunal de la instancia envió las actuaciones principales que se han tenido a la vista, conjuntamente con un DVD “que fuera reservado ante esta sede como copia de respaldo en virtud de la grabación de los audios registrados en las distintas jornadas de debate, que fuera requerida oportunamente por la Sra. Defensora Particular interviniente, haciéndose saber que no se ha realizado la filmación del debate”.
Y por último, han sido enviados a esta sede los elementos probatorios detallados en el oficio de fecha 28 de septiembre de 2021 (ver acta de este Tribunal, del 4 de octubre de 2021).
Primera: ¿Es procedente el recurso interpuesto?.
Segunda: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.
A la primera cuestión, el señor juez, doctor Carral dijo:
1. La finalidad prioritaria de la actividad probatoria en el proceso penal es la averiguacio´n de la verdad y ello supone que los enunciados fa´cticos que describen los hechos que se declaran probados sean verdaderos (es decir, se correspondan con la realidad) y, a la vez, que no se declaren como probados enunciados que son falsos.
Como en cualquier otro a´mbito del conocimiento, se trata de evaluar el apoyo empi´rico o corroboración que un conjunto de elementos de juicio aporta a una determinada hipo´tesis o a su contraria y, en ese sentido, no puede negarse la posibilidad de adoptar decisiones racionales a pesar de las especificidades juri´dicas que puedan regir en el proceso penal.
En efecto, el razonamiento que deben seguir los jueces no es distinto al que realizan el resto de los sujetos que se ocupan del conocimiento de la realidad (como científicos o historiadores) excepto por el marco institucional en que se desarrolla la fijación judicial de los hechos, con las limitaciones temporales o normativas propias del proceso -por ejemplo, las reglas de exclusión probatoria- impuestas en función de otros valores dignos de protección, junto a la averiguación de la verdad. Pero esa diferencia no afecta a la valoración propiamente dicha.
Así, que el sistema se rija por la libre valoracio´n de la prueba implica solo que no rige el sistema de la prueba legal o tasada que predetermina el resultado probatorio de forma vinculante para el juez, pero esa libertad no es absoluta, sino que esta´ limitada por las reglas generales de la epistemologi´a, aplicables al conocimiento judicial, en la búsqueda del método más fiable para conocer los hechos.
Entonces, se trata de presentar una metodologi´a que sea capaz de ofrecer los instrumentos para valorar el apoyo empírico que las pruebas aportan a una hipo´tesis, para decidir si se acepta o no como verdadera y, en definitiva, permitir el control de la decisión sobre los hechos (tema sobre el que volveré en lo inmediato).
2. Dicho esto, considero importante prestar atención a dos aspectos particulares de la valoración de la prueba, en función de los déficits que se constatan, con frecuencia, a lo largo del veredicto que motiva esta revisión:
Uno, relativo a la estructura general de la inferencia probatoria (especialmente sobre la fiabilidad de los datos a partir de los cuales se construye la premisa del razonamiento) y otro, relativo a los criterios que corresponde utilizar en la corroboración o refutación de una hipótesis sobre los hechos.
2.1. En relación a la estructura de la inferencia probatoria, interesa recordar que por medio de la prueba se trata de inferir un enunciado, acerca de si cierto hecho del pasado ocurrió (y cómo ocurrió), a partir de otro hecho probado.
El “salto” de la premisa a la conclusión requiere de un enlace o garantía de la inferencia, compuesta por las denominadas “máximas de la experiencia”, que incluyen conocimientos técnicos, leyes científicas o simples generalizaciones del sentido común.
Así, en esa estructura de razonamiento se pueden distinguir dos fases: en la primera se establece (comprueba) el enunciado fáctico o hecho base, esto es, la premisa del razonamiento; y en la segunda fase se obtiene una conclusión sobre “los hechos a probar” (desconocidos), a partir del hecho base probado.
Uno de los criterios elementales que se exige para que una hipótesis se considere fundamentada es que los datos a partir del cual se infiere dicha conclusión sean fiables y precisos (es decir, que el hecho base esté corroborado empíricamente).
Como ya adelanté, en la lectura que sigue cabe prestar atención a la estructura de la inferencia probatoria, pero especialmente a la primera de las fases mencionadas, pues a lo largo del veredicto los jueces utilizan como premisas de sus razonamientos enunciados que directamente carecen de corroboración empírica (en especial, se apoyan en aseveraciones de la fiscalía que no fueron probadas), lo que invalida buena parte de sus conclusiones y, en definitiva, la justificación de toda la cadena de inferencias que condujo a la decisión final.
2.2. También trazamos un paralelismo entre la actividad cognoscitiva de los jueces y otros sujetos que se ocupan del conocimiento de la realidad, en la medida que están interesados en sucesos pasados e irrepetibles, y dijimos que la especificidad de la tarea jurisdiccional pasa por las restricciones que, en la búsqueda de la verdad, impone una actividad regulada institucionalmente.
Sin embargo, esa diferencia no afecta la valoración propiamente dicha, por lo que no cabe hacer una distinción relevante en cómo razona el juez y cómo razona, por ejemplo, el historiador, a la hora de corroborar o refutar una hipótesis.
En efecto, la valoración de la prueba no puede ser una operación libre de todo criterio y está sometida a reglas que se han identificado como “de la lógica”, “de la sana crítica” o que remiten a las reglas “de la experiencia”, entre otras referencias.
La propuesta que se hace desde la teoría racionalista de la prueba es precisar criterios más concretos para evaluar la corroboración que un conjunto de elementos de juicio aporta a una determinada hipo´tesis o a su contraria, tomando algunas pautas de la racionalidad epistemológica ofrecidas desde otras áreas del conocimiento para justificar las inducciones científicas.
En ese sentido y partiendo del esquema de la inferencia probatoria que señalamos más arriba, donde distinguimos el hecho base, la garantía y los hechos a probar (o hipótesis), se pueden distinguir reglas o criterios generales de la epistemología, aplicables a cada uno de esos elementos, en la búsqueda del método más fiable para conocer los hechos.
3. En el caso concreto nos importan los criterios aplicables a la hipótesis principal sobre los hechos, en tanto permiten mostrar con mayor claridad la arbitrariedad o absurdo de los jueces al dar por comprobada la hipótesis acusatoria.
En efecto, en lo esencial, se afirma que una hipótesis sobre los hechos puede aceptarse como verdadera: (i) si no fue refutada por la evidencia disponible, (ii) si se han podido confirmar las hipótesis derivadas o predicciones y (iii) si se han eliminado las hipótesis alternativas (conf. Gonzalez Lagier, Daniel; Hechos y argumentos (racionalidad epistemológica y prueba de los hechos en el proceso penal, II); Jueces para la democracia nro. 47, pág. 35-50, 2003; Ferrer Beltrán, Jordi, La valoración racional de la prueba, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 147 y sstes).
En ese marco, se destaca que la refutación es un procedimiento usual en las ciencias. Así, cuando se intenta encontrar una explicación a determinado fenómeno empírico, se parte de la elaboración de diversas hipótesis explicativas y se descartan, en primer término, aquellas que se encuentran en contradicción con hechos bien establecidos. Luego, otras hipótesis explicativas posibles son sometidas a contrastación empírica, a partir de la formulación de “hipótesis derivadas” o “prediccciones”, mediante el siguiente esquema de razonamiento: si la hipótesis principal es cierta, la hipótesis derivada también lo es.
En ese sentido, advierto que la nocio´n de prediccio´n aquí utilizada, contra el uso ordinario del te´rmino, no tiene implicancias temporales hacia el futuro, sino simplemente hacia lo desconocido: una prediccio´n es una proposicio´n que, al momento de enunciarse, no se sabe si es verdadera o falsa.
Supongamos que se afirma que “Juan mato´ a Pedro de un disparo por la espalda”, ¿que´ es esperable que suceda si ello fuera verdad? A partir de ese interrogante podemos formular predicciones como, por ejemplo: si aquella proposicio´n fa´ctica es verdadera, debera´ constatarse el ingreso de un proyectil por la espalda de la vi´ctima. Así, la prediccio´n formulada puede ser contrastable (sometida a comprobación) a partir de la autopsia, es decir, confirmarse o no, de acuerdo a la prueba. En definitiva, la corroboracio´n de una hipo´tesis supone la posibilidad de inferir, deducir o predecir algu´n evento o estado de cosas empi´ricamente contrastable.
Luego, la predicción es una consecuencia empírica que, de cumplirse (de probarse), le aportará apoyo empírico (o corroboración) a la hipótesis principal.
3.1. Dicho esto, reitero la importancia de retener esa estructura de razonamiento durante la lectura de esta revisión, para detectar con mayor facilidad los déficits en que incurren los jueces en su razonamiento, al momento de dar por acreditada la hipótesis acusatoria. No obstante, también cabe reparar en que si bien el cumplimiento de la predicción permite avanzar sobre la corroboración de la hipótesis formulada, a la inversa, el incumplimiento de esa concreta predicción no conlleva necesariamente la refutación de la hipótesis principal, solo hace que esa hipótesis no tenga corroboración empírica pero puede establecerse a partir de la formulación y comprobación de otras predicciones.
Solo a modo de ejemplo y para lograr una mayor comprensión del esquema de razonamiento señalado: si la hipótesis acusatoria era que el lugar donde estuvo cautiva B., A., durante al menos dos días, fue una de las hongueras existentes en el predio de Bazán, era posible predecir que se encontraría algún tipo de rastro de la joven en su interior, de practicarse la pericia correspondiente.
No obstante, cabe reiterar que si la inferencia o predicción no se cumple, puede suceder que la hipótesis que se plantea sea falsa, pero también que se alegue una nueva hipótesis que explique por qué no se cumplió la inferencia (por qué no se hallaron rastros). De nuevo y solo a modo de ejemplo, podría sostenerse -como hipótesis- que se limpió el lugar.
4. Finalmente, es importante reparar en otro concepto que se utiliza en la presente revisión, relativo al sesgo de carácter confirmatorio que se refleja en diversos razonamientos del Tribunal, donde la evidencia se interpreta como refuerzo de una hipótesis ya decidida y no se admite la posibilidad de que ciertos elementos de prueba tengan difícil encaje en aquella.
En efecto, el sesgo de confirmación en el razonamiento se caracteriza por la tendencia a buscar y sobrevalorar las pruebas y argumentos que confirman la propia posicio´n inicial, e ignorar y no valorar las pruebas y argumentos que no la respaldan.
Esa orientación en el razonamiento probatorio del Tribunal asume diversas formas a lo largo de veredicto, por ejemplo, al infravalorar o directamente omitir evidencia que era incompatible con la hipótesis acusatoria; en la falta de tratamiento de planteos concretos que hizo la defensa, e incluso en la “reconfiguración de la hipótesis acusatoria” que hacen los jueces, en tramos fácticos esenciales, para encajar evidencia que percibieron consistente con ella y posibilitar su confirmación.
4.1. A mi juicio, aquel sesgo particular también se ve reflejado en ciertas intervenciones que tuvieron los jueces durante la práctica de la prueba, especialmente al formular preguntas a los testigos por fuera de la autorización del art. 364 del CPP y también al distorsionar el uso de la declaraciones previas que en forma legítima hicieron los litigantes. No se trata de la simple constatación de una excesiva utilización de preguntas aclaratorias, sino de una intervención activa en la producción de la prueba, destinada en algunos casos a la obtención de proposiciones fácticas que permitían acreditar elementos de la teoría del caso de la fiscalía, aunque también se constata, en otras ocasiones y al margen de la relevancia informativa que perseguían las preguntas del Tribunal, una inexplicable presión sobre ciertos testigos, que coartó de manera significativa su libertad para dar las respuestas.
4.2. En el primero de los sentidos mencionados, cabe observar la situación que se generó durante la declaración del experto en toxicología Guillermo Cardini, cuando en el examen directo se estableció su conocimiento en el campo de la odorología forense y se le preguntó específicamente sobre quién debía establecer cuáles muestras seleccionar, de acuerdo a los protocolos en la materia. El testigo respondió que debía determinarlo el fiscal, lo que motivó una repregunta sobre la posibilidad de que fuera el entrenador del perro quien determinase el levantamiento de las muestras en la escena, respondiendo el testigo que debía ser el coordinador de la escena del crimen junto con el fiscal.
Para una mejor comprensión, advierto uno de los temas que se discutió en el juicio oral fue la regularidad del protocolo seguido por el entrenador del perro Bruno, utilizado en la denominada “pericia de rastro específico y huella olorífica”, en especial, si el entrenador estaba habilitado para levantar -en la casa de la víctima- las muestras (como elementos personales, prendas) a utilizar en el rastro olorífico.
El registro del audio del debate permite constatar la realización de una multiplicidad de preguntas por parte del juez vocal Lugones (al menos siete), orientadas a que el testigo Cardini admitiera que el “perito” (es decir, el entrenador del perro) estaba capacitado para determinar cuáles elementos secuestrar de la escena, más allá de la actuación del coordinador o fiscal.
Entre otras preguntas, el juez interrogó al testigo “¿por qué habríamos de sugerirle [al entrenador] qué prendas serían las adecuadas?”, repreguntando sobre el mismo tema tres veces más, frente a las justificaciones que daba el testigo sobre la diferenciación entre las tareas del entrenador y las del coordinador de la escena del crimen y el fiscal. El juez entonces le señaló al testigo “¿podría ser el caso que estando un fiscal y esta persona que usted dice de policía científica, quien sea el encargado de llevar adelante [el levantamiento de muestras sea el perito?] (…) que tácitamente dejen que [sea] el perito que supuestamente es el que más sabe ¿o no?”; y no satisfecho con la respuesta del testigo, quien siguió sosteniendo su posición, el juez volvió a preguntar “si hay un fiscal y el jefe de policía científica y tenemos a este perito idóneo [entrenador], y no dicen nada y permiten que el perito trabaje ¿está mal?”.
La grabación da cuenta de la oposición que hizo la defensa frente a las preguntas del juez Lugones, que fue rechazada por la presidenta del Tribunal al estimar que el vocal estaba interrogando al testigo “para que aclare el contenido del procedimiento”, y frente a la reposición de la parte, la rechazó, por entender que su colega estaba formulando aclaraciones con relación a los términos utilizados.
A mi juicio, el tenor de las preguntas realizadas por el vocal reflejan su interés por establecer una proposición fáctica específica (que el entrenador estaba habilitado para determinar cuáles muestras odoríficas seleccionar), apartándose de su posición de tercero imparcial. La dirección del interrogatorio revela, además, el compromiso del juzgador con una de las hipótesis en conflicto y, en definitiva, el sesgo de carácter confirmatorio que señalamos, caracterizado por la tendencia a buscar pruebas y argumentos que confirmen la propia posición inicial, pues solo así se comprende la insistencia de las preguntas del juez, en un sentido tan específico. En otras palabras, las preguntas realizadas denotan que, ya en el juicio oral, el juez proyectaba sostener la regularidad del procedimiento seguido por el entrenador y se encargó de contar con evidencia que lo apoyara empíricamente.
4.3. En la segunda de las variantes señaladas, cabe destacar la intervención que tuvieron los miembros del Tribunal durante la declaración de la testigo Alejandra Granero (vecina del acusado), luego de que el fiscal le leyó un tramo de su declaración previa (en los términos del art. 366, CPP, cuando ya había reconocido su firma) y la testigo dijo no recordar, al momento del juicio oral, la circunstancia fáctica que le señaló el litigante.
En forma preliminar, observo que con una acertada técnica de litigación, el fiscal que estaba realizando el examen directo de la testigo evidenció la inconsistencia y le repreguntó al respecto, pero no insistió pidiéndole mayores explicaciones cuando dijo que no recordaba el enunciado que se le leyó.
Al contrario, el registro de audio disponible permite constatar que la actividad del fiscal fue interrumpida primero por el juez vocal Lugones y luego por la presidenta del Tribunal, Lopez Moyano, iniciando un interrogatorio a la testigo sobre las condiciones de legitimidad de la declaración previa y su memoria, cuando Granero ya había reconocido su firma y había declarado que no recordaba lo que se le leía.
En efecto, inmediatamente después de la lectura que hizo el fiscal, el juez Lugones recapituló frente a la testigo “usted reconoció la firma” y “dijo que no lo recordaba” y cuando Granero quiso explicar que en la fiscalía “le hicieron dos declaraciones...” fue interrumpida por la jueza Lopez Moyano. La defensa objetó que la testigo ya había contestado que no recordaba y la jueza respondió que para refrescar la memoria había que darle a la testigo oportunidad de “enderezar” su declaración, para seguidamente dirigirse a Granero y decirle “señora se le leyó la declaración de la fiscalía, ¿pudo haber dicho eso usted?”, respondiendo -otra vez- “la verdad no recuerdo”. La jueza se dirigió de nuevo a la testigo “pero usted lo firmó, y si usted lo firmó, pudo haberlo dicho?”.
En lo esencial, la testigo comenzó a explicar cómo se le recibió declaración en la fiscalía, lo que motivó la intervención del juez Lugones “pero usted declaraba [bajo] juramento ahí, igual que acá”, respondiendo Graneros que sí, insistiendo el magistrado “¿se entiende eso no? declaraba bajo juramento, usted dijo que estaba aquejada por la falta de memoria”, contestando la testigo “si, no me acuerdo”. El juez continuó dirigiéndose a Granero en los siguientes términos: “el fiscal le recordó la fecha (…) ¿entonces?”, “no lo recuerda y usted declara bajo juramento y está su firma, eso nos da alguna garantía a las personas como nosotros? Si está su firma ¿qué quiere decir eso?”; “usted dice que no lo recuerda, pasaron tres años”; “Pero no importa eso, ahí está la fecha y está su firma, ¿eso da tranquilidad o no da tranquilidad? Usted puede no recordar porque no es un extraterrestre, todas las personas pueden olvidarse...”, mientras que la testigo respondía “yo no lo recuerdo doctor”.
El interrogatorio del juez Lugones finaliza cuando le dice a la testigo: “la pregunta es, que si usted declaró ante la fiscalía y reconoce su firma y la fecha es del (…) ¿podemos de alguna manera confiar en esa declaración, que usted dijo? ¿o acostumbra mentir? Esa es la pregunta”, frente a lo que la testigo contestó “no, no, jamás”.
Es fácil constatar que los jueces distorsionaron el uso legítimo que el fiscal venía haciendo de la declaración previa de la testigo (como herramienta de litigación), hasta forzar la respuesta que estaban buscando: que la testigo “enderezara” su testifical y admitiera -de algún modo- que su firma en la declaración previa daba “tranquilidad” o “confianza” de que podía haber declarado en la IPP la parte que se le leyó, única vía para incluir esa información como prueba disponible en el veredicto, en tanto cabe recordar que aun confrontada con la declaración previa, la prueba sigue siendo la declaración que la testigo presta en el juicio oral. En efecto, observo que en el veredicto, ese tramo de la declaración quedó reflejada en los siguientes términos: “se la impone de la contradicción (…) dijo que no lo recordaba, que pudo haberlo dicho, aclarando luego que el hecho de que esté su firma es confiable” (pág. 34 del veredicto).
No menos importante resulta la presión ilegítima que se ejerció sobre la testigo y cómo el juez Lugones alcanzó la información que perseguía: no solo a partir de preguntas repetitivas que ya habían sido respondidas sino mediante una que, en rigor, encerró una advertencia a la testigo (“¿o acostumbra mentir?), coartando de manera significativa su libertad para responder.
Episodios similares a los citados se repitieron, con diversos matices, respecto de otros testigos (Héctor Raúl Martinez, Elías Dominguez, Lautaro Morales, Pedro Vissio, entre otros) e insisto que más allá de la relevancia de la información que los jueces buscaron con las preguntas que les hicieron (en muchos casos, a mi entender, irrelevantes en su capacidad de rendimiento para establecer una u otra teoría del caso), lo cierto es que, en su conjunto, muestran el tenor de las intervenciones del Tribunal en la práctica de la prueba y refuerzan el temor de parcialidad que invocó la defensa durante el desarrollo del juicio oral y en esta instancia recursiva.
5. En forma preliminar, a fin de facilitar la lectura de esta revisión y lograr un correcto abordaje de los agravios formulados por el recurrente, conviene repasar los tramos esenciales de la teoría del caso de la fiscalía, en la medida que delimitan cuál fue el hecho a probar por el Tribunal y especialmente las proposiciones fácticas que debían corroborarse empíricamente para establecer aquella hipótesis como verdadera.
En resumida síntesis, de acuerdo con el razonamiento seguido por el fiscal en la discusión final del debate, el lugar donde habría estado cautiva la joven fue una de las hongueras existentes en el predio donde vivía Bazán, pues allí estaba la mayor concentración de olor de B., A. que identificó el perro Bruno en la búsqueda de rastros oloríficos que se practicó dentro de la reserva, luego de hallado el cuerpo de la víctima. A partir de aquella hipótesis la fiscalía examinó y dio sentido al resto de la prueba que practicó en el juicio oral. En efecto, de acuerdo con la hipótesis de la acusación, uno de los mayores aportes de Bazán en la configuración total del hecho fue la facilitación del lugar y los medios necesarios para el confinamiento de B., A., antes de matarla. Además de la marcación que hizo el perro Bruno, alegó la presencia de pintura fresca en la honguera, con altas concentraciones de naftaleno, coincidente con el hallazgo de esa sustancia en la sangre de la víctima. Dijo que el contenido estomacal de la joven también coincidió con el alimento secuestrado en la casa de Bazán, reforzando la hipótesis del cautiverio, y alegó la compatibilidad entre la tierra hallada en las palas del acusado y el lugar donde se enterró el cuerpo de la joven, cercano al domicilio de Bazán, demostrando que luego de matarla, se deshizo del cuerpo.
Como dije, esos fueron tramos fácticos esenciales que conformaron la hipótesis de la acusación, pero no los únicos que señaló la fiscalía y, en ese sentido, esta presentación no pretende ser exhaustiva sino delimitar el hecho a probar, en lo esencial y para tenerlo presente a la hora de seguir el control que se hace sobre la justificación del veredicto.
6. Luego de la celebración del debate, el Tribunal de la instancia anterior tuvo por probado:
“(…) que la joven B., A.Aldana Benítez, de 16 años de edad, fue privada ilegalmente de su libertad personal en algún lugar no determinado con exactitud, en circunstancias en que ésta salió de su domicilio sito en la calle Valdez 667 de Parque Barón, partido de Lomas de Zamora, el día 29 de julio de 2017 en horas de la tarde, y cuanto menos desde el 1° de agosto de 2017 fue retenida y ocultada al menos por Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazan en el domicilio ubicado en el predio sito en Santa Catalina sin número, lindero a la estación Santa Catalina del Ferrocarril Roca ramal Temperley – Haedo del partido de Lomas de Zamora, finca habitada por Marcos Bazan, siendo que al menos ambos sujetos llevaron a cabo distintas acciones en forma coordinada y con división de tareas; de esta forma, ejercieron violencia a través de sujeción por amenazas y medios hipnóticos, narcóticos y/o farmacológicos, entre los que se encuentra el “Diazepam”, sobre la joven B., A.Aldana Benítez, al par que Bazan, además, facilitó el lugar y aportó los medios materiales para el confinamiento, a la vez que participó en forma alternada de la custodia de la víctima, ello aun sabiendo de la búsqueda de la menor, cuya averiguación de paradero había tomado estado público.
Que durante el período de tiempo señalado, en momento y lugar aún no precisados con exactitud, uno de los sujetos masculinos involucrados, identificado como Marcelo Sergio Villalba, despojó a la víctima de su teléfono celular marca Samsung Core II, blanco, modelo SM-7785 (4g) imei nro. 355519073676306 con funda color rosada, apoderándose ilegítimamente del mismo mediante la violencia señalada, para luego entregar el equipo de telefónica a su hijo menor de edad Joaquín Villalba el día 31 de julio de 2017. Así también, en ese período de tiempo, esto es, entre el primero y tres de agosto de 2017 en la finca lindera a la estación Santa Catalina ya mencionada, siempre valiéndose de los medios violentos enunciados y siendo que la víctima no podía en modo alguno consentir libremente la acción por las causas desarrolladas, al menos uno de los sujetos, Marcelo Sergio Villalba, abusó sexualmente de B., A.Aldana Benítez en al menos una oportunidad, accediéndola carnalmente vía anal, al introducir su pene en dicho orificio, prestando el sujeto individualizado como Marcos Esteban Bazan con respecto al abuso sexual una cooperación necesaria sin la cual no hubiera podido perpetrarse tal como se cometió, al brindar el espacio físico, infraestructura y medios para el sometimiento; luego de ello, ante la intensificación de los rastrillajes en pos de la búsqueda de la menor y la inminencia de posibles registros domiciliarios que incluyeran la vivienda habitada por Bazán, los involucrados, siendo éstos al menos, Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazán, tomaron la determinación de matarla, lo que así realizaron aproximadamente a partir de las 18:30 horas del día 3 de agosto de 2017, a fin de procurar su impunidad para sí y para ocultar los delitos precedentemente cometidos, los que coactuaron colocando previamente a la víctima en un mayor estado de indefensión para obrar así sobre seguro, al propinarle un fuerte golpe en la cabeza causándole un hematoma redondeado en región frontal derecha que abarca región palpebral superior, superciliar y mala, y una herida contuso cortante de 1,7 cm. de longitud en párpado superior derecho, a la vez que le provocaron otras lesiones traumáticas, en especial el rostro, entre ellas: equimosis en tercio medio de labio inferior, hematoma en pabellón auricular derecho, excoriaciones en región frontal y nasal, a lo que se suma una lesión punzocortante en hemicara derecha de 5,5 cm de longitud por 1,3 cm de ancho, para así también efectuar la comprensión del cuello de la víctima generando un mecanismo de asfixia por comprensión extrínseca del cuello que mantuvieron intencional y deliberadamente hasta matarla a consecuencia de un paro cardio-respiratorio traumático, siendo la causa de la muerte asfixia por compresión laterobraquial izquierda.
Es así que aproximadamente entre las últimas horas del día 3 de agosto de 2017 e incluso durante las primeras horas del día 4 de agosto de 2017, con el fin de garantizar su impunidad, decidieron descartar el cuerpo, continuando su faena criminal al trasladarlo desde la finca mencionada hasta un lugar descampado del predio de Santa Catalina distante a unos 235 metros de ésta, aprovechando la falta de luz solar y la ausencia de movimiento de gente en el paraje, como así también el cabal conocimiento que poseía Bazán sobre el terreno y sabiendo que ese sector ya había sido registrado en búsqueda de la joven, sitio donde procedieron a cavar un pozo y a sepultar a la misma. Los hechos descriptos fueron cometidos mediando violencia de género, en los términos de los arts. 4, 5 y concordantes de la ley 26485, ya que tuvieron lugar en el marco de una relación desigual de poder, aprovechándose los sujetos de la edad de la joven, su inferior física, su condición de mujer y la situación de vulnerabilidad de la niña, siendo que en tal contexto de dominación, ultrajaron su dignidad, su libertad, su integridad sexual y psicofísica, otorgángole el trato de un objeto, el que luego desecharon tras quitarle la vida” (fs. 390/392 de este legajo).
7. PERITAJE DE RASTROS. Criminalística defectuosa o mal aplicada:
El Tribunal valoró el testimonio de Diego Tula, instructor de canes quien, en lo que aquí interesa destacar, relató en la audiencia las características de la diligencia de rastreo que realizó con el perro “Bruno” el 6 de agosto alrededor de las 17.00 horas: “(…) el perro mencionado guió a la comisión, ya con la transferencia del olor de B., A.en la entrada de la Reserva Natural de Santa Catalina por Garibaldi por un camino peatonal improvisado por el paso de la gente en dirección a la estación de ferrocarril de Santa Catalina llegando el animal hasta una vivienda ubicada a la derecha de la estación que resultó ser la morada de Bazán”.
También se señaló en el veredicto, “[d]esde ya es importante destacar que según explicó Tula el can sintió un olor no muy fuerte de la víctima B., A.y que calculó –siendo ese momento el día 6 de agosto de 2017- en cuatro o cinco días atrás, aclarando que si no hay rastro olorífico el perro no se mueve y que sus movimientos son muy transparentes dado que refirió textual: ´el perro no miente´” (página 194 del veredicto). Los jueces consideraron que la intervención que le cupo a Diego Tula y el can que utilizó para el rastreo, tuvo un valor convictivo determinante, a punto tal que a la hora de analizar la totalidad de la prueba presentada en el juicio, el magistrado preopinante comenzó afirmando que “la pericia de rastro específico y huellas oloríficas por absorción olfativa llevada a cabo por el can ´Bruno´ y descripta y explicada por el Instructor Diego Tula en el debate” resultó “lapidaria para los intereses de Bazán” (página 193 del veredicto, último párr.).
En ese orden de ideas, el Tribunal tuvo en cuenta como principal elemento para otorgarle un peso convictivo determinante, los antecedentes que presentó el testigo como aval de la tarea realizada en esta investigación.
Sostuvo en el fallo, que las certificaciones agregadas a fs. 5351/75 de la causa principal, daban cuenta de “la gran cantidad de procedimientos en que participó la dupla Tula-Bruno (...), como Instructor General de Canes de Rastro especifico y como can de rastro especificocriminal -respectivamente-, con resultado exitoso, desde el mes de diciembre del año 2015 a la fecha, a saber…” (páginas 199/200 del veredicto). Posteriormente, al momento de expresar las razones por las que descartó el testimonio del testigo Kuperbank (aportado por la defensa, como especialista en la misma actividad desarrollada por Diego Tula, vinculada con la utilización de perros para búsqueda de personas, explosivos, narcóticos, etc.), el magistrado preopinante señaló que “los más de 200 procedimientos judiciales exitosos en los que dijo haber intervenido Diego Tula”, demostraban “la eficacia de su labor” (página 198 del veredicto).
8. Surge claro del apartado anterior, que para el Tribunal resultaron decisivos la gran cantidad de procedimientos en los que había intervenido el instructor de canes, con anterioridad al realizado en esta causa.
Sin embargo, el examen del contenido del testimonio del mencionado instructor de canes, complementado con la documentación que acompañó sobre los antecedentes de su actividad (fs. 6179/94), permiten verificar que el nombrado nunca había sido convocado para realizar una tarea como la que hizo en este caso.
Se advertirá a continuación, que existe una diferencia sustancial entre los antecedentes que presentó el testigo y la tarea que llevó a cabo en el marco de esta investigación, diferencia que invalida la conclusión a la que arribó el Tribunal, conforme con la cual el aval del nombrado estaba en los más de “200” casos previos exitosos en los que había participado.
En esa dirección, cabe poner de resalto que durante la audiencia de debate, la defensa planteó al testigo una pregunta que (razonablemente) imponía profundizar el análisis de los antecedentes que tenía el nombrado para el desarrollo de una labor como la que llevó a cabo el día 6 de agosto.
La defensa preguntó al testigo “cuantos operativos como estos había hecho antes”, en referencia a casos en los que se lo hubiera convocado cuando la víctima ya había sido encontrada, respondiendo el testigo que había intervenido en otros, antes y después de este caso, y que tenía filmaciones de esas diligencias. No obstante, esas filmaciones no fueron aportadas.
El dato no era menor, porque si se mira la documentación que aportó el testigo vinculada con su experiencia de trabajo con el can “Bruno”, se advierte que todas las constancias se refieren a su intervención en situaciones de búsquedas de personas.
La distinción resulta importante, porque el uso de canes entrenados para detectar rastros, sea de personas desaparecidas o de algún tipo de material (estupefacientes, explosivos, etc.), es de público conocimiento y no constituye una actividad que pueda calificarse de “novedosa”.
La particularidad que se presentaba con la diligencia en cuestión, es que no fue realizada para encontrar a ninguna persona (en tanto el cuerpo de la víctima había sido hallado dos días antes), sino que tuvo un objetivo distinto, que era establecer si en un determinado lugar (la Reserva) había algún rastro odorífico que permitiera avanzar en una investigación que hasta ese momento (6 de agosto de 2017) tenía como sospechosa a una sola persona (detenida), que era el profesor de matemáticas de la víctima. No solamente se pasó por alto esa diferencia, sino que además se le dio en el veredicto un título “pericia de rastro específico” a partir del cual se incrementó aún más su peso convictivo, cuando en realidad, nunca antes el testigo había realizado una tarea que pudiera identificarse con ese rótulo, para ser utilizada en el marco de un proceso penal y con las implicancias que ello tiene para la determinación de la culpabilidad o inocencia de una persona.
No se trata de desmerecer este tipo de actividades, sino de apreciar en qué momento y para qué fue realizada, puesto que de allí se desprende que estuvo pensada para intentar orientar la investigación de un hecho de suma gravedad, pero no más que eso, es decir, como un punto de partida que les permitiera a los investigadores obtener prueba relevante sobre la identidad de la o las personas que habían intervenido en el hecho. No podía afirmarse entonces, que el testigo tenía “experiencia” en la práctica de “peritajes de odorología forense”, cuando ninguno de los documentos que acompañó (fs. 6179/94) indica que hubiera llevado a cabo una tarea de esas características con anterioridad a la que realizó en esta causa.
La arbitrariedad del fallo en este punto se advierte con claridad, en la página 47 del pronunciamiento, cuando se describe el único antecedente mencionado por Diego Tula de un caso en el que se utilizó la “odorología forense”.
En ese párrafo, el Tribunal le adjudicó al testigo Tula la siguiente afirmación: “también hizo alusión al doble homicidio ocurrido en el Palomar, donde estuvo durante 72 horas buscando los rastros de Mía, y ahí se pudo utilizar la odorología forense, a través del trabajo que realizó Bruno. Este procedimiento fue realizado por el perito Mario Rosillo y el can Bruno, que es de la raza weimaraner, va a cumplir 7 años, perro que es muy requerido…” (página 47 del veredicto).
La afirmación que volcó el magistrado preopinante en el párrafo transcripto, no se corresponde con las manifestaciones del testigo en el debate, ni tampoco con la información que surge del documento acompañado por el nombrado, agregado a fs. 6193 del legajo principal. El testigo dijo en el debate que en el caso mencionado se utilizó la “odorología forense”, pero especificó que su intervención y la del can Bruno se limitó al levantamiento de las muestras de olor, mientras que el peritaje propiamente dicho fue realizado por el perito Rosillo que utilizó otro can: “(…) se pudo hacer un peritaje para corroborar que Alcaraz (el imputado) estuvo en la escena del crimen. Eso fue realizado por el perito Rosillo y el can Corbata”.
Por si quedara alguna duda, el documento acompañado por el testigo Tula, que se agregó a fs 6193, permite verificar que se trata de un oficio extendido por una fiscalía en la que reconoce y agradece la intervención del “Dr. Mario Rolando Rosillo quien se desempeña como Director de la Unidad de Investigación Odorológica dependiente de la cartera a su cargo (Ministerio de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Corrientes)”.
A continuación, se indica en el oficio que “La pericia de odorología forense realizada en la presente el día 17 de diciembre del año 2015, en la Unidad Cinotécnica de la Policía de la Provincia de Buenos Aires donde, siguiendo el método de actuación establecido por el mencionado profesional, intervino el can ´corbata´, permitió identificar por comparación olfativa moléculas de descamación humana del imputado, sea tanto con prendas de vestir cuanto con objetos que éste tocara en la escena del crimen”.
Está claro que la “pericia de odorología forense” a la que se alude en el documento transcripto, no fue realizada por el instructor Tula ni tampoco intervino el can que se utilizó en la diligencia realizada el 6 de agosto (“bruno”), en el marco de las presentes actuaciones.
Esta modificación en el veredicto, de la información suministrada por Tula sobre su experiencia, no puede considerarse como un mero error material, por la implicancia que tuvo en la conformación del razonamiento probatorio que sirvió de fundamento al dictado del veredicto. Un error material sin consecuencias en el resultado final del pronunciamiento se advierte, por ejemplo, cuando en el veredicto se hace referencia a un caso mencionado por el testigo Tula ocurrido “en el camping Zárate-Campana, donde un chico que estuvo desaparecido un año y medio, en el transcurso de media hora lo encontraron” (página 47 del veredicto, párr. segundo). En realidad, la grabación del debate permite apreciar que el testigo se refirió al caso de un niño “de un año y medio” (ésa era su edad) que había desaparecido y que en el transcurso de media hora fue hallado. Está claro que allí hay un error que no ha tenido un impacto relevante en la decisión final.
En cambio, la modificación en el veredicto de la información suministrada por Diego Tula, sobre el único antecedente en el que se había realizado una actividad que pretendió asimilarse a la efectuada en esta causa, sí tiene un impacto sustancial en el razonamiento probatorio plasmado en el fallo, puesto que revela que el órgano juzgador tuvo por acreditada una experiencia que el mencionado instructor no tenía. De todo lo anterior se desprende que la experiencia del instructor de canes que se tuvo por comprobada en el veredicto, como principal aval de la diligencia plasmada en el acta de fs. 1144/48, no era tal. Es más, el propio testigo Tula dijo que sus conocimientos y su rol de “personal civil” no lo habilitaban a realizar peritajes, afirmación que quedó reflejada en el relevamiento que se hizo en el veredicto sobre el contenido de su declaración, pero que fue omitida a la hora de estimar el valor convictivo de la diligencia.
En concreto, el nombrado fue preguntado por la defensa sobre su habilitación para “levantar rastros”, y su respuesta fue la siguiente: “en los diplomas que le entregó, tiene los seminarios y cursos de orología forense que trabaja todo lo que es policía, tiene conocimiento para levantar rastros, lo que no puedo hacer son peritajes, porque es personal civil, pero sí tiene conocimiento para poder levantar ese olor” (pág. 69). De todo lo anterior se desprende que la experiencia del instructor de canes que se tuvo por comprobada en el veredicto, como principal aval de la diligencia plasmada en el acta de fs. 1144/48, no era tal.
9. La segunda y principal falencia que se advierte en el veredicto, en lo que respecta al valor convictivo asignado al elemento de prueba analizado en este apartado, se encuentra en que el Tribunal seleccionó arbitrariamente qué pruebas iba a considerar de todas las que conformaban el caudal probatorio disponible, ponderando únicamente aquellas evidencias que consideró compatibles con los datos aportados por el instructor de canes, y omitiendo considerar toda otra evidencia o circunstancia que resultara incompatible con esa mirada.
En este punto es importante señalar, que en la tarea que le compete a este Tribunal en función de la impugnación deducida por la defensa, el examen que se realiza no recae sobre el mérito de la acusación sino sobre la fundamentación de la sentencia, esto es, la expresión de los motivos por los que se decide de una u otra manera.
En esa dirección, la valoración de los elementos de prueba a la luz de la sana crítica racional impone una ponderación crítica, que se realice de conformidad con las reglas de la lógica, de la experiencia y de los conocimientos científicos, y más importante aun, en función de lo que se advierte del fallo bajo examen, la valoración de la prueba debe ser completa, en el sentido de que debe fundar todas y cada una de las conclusiones fácticas, y no debe omitir el exámen de todos los elementos de prueba relevantes que se hayan incorporado.
Como se dijera, los magistrados del Tribunal de la instancia dieron por cierta toda la información revelada por el testigo Diego Tula, a pesar de que existían otras pruebas que iban en contra de esa información, e incluso considerando como probables hechos que no tenían ni una mínima corroboración probatoria.
En concreto, el Tribunal tuvo por acreditada la plataforma infraccionaria descripta por los acusadores, que afirmaba en lo que aquí interesa destacar: 1) que la víctima fue privada de su libertad en circunstancias en que salió de su domicilio de la calle Valdez 667, el día 29 de julio en horas de la tarde; 2) que permaneció en esa condición en un lugar no identificado; y 3) que “cuanto menos” desde el 1 de agosto de 2017 “fue retenida y ocultada al menos por Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazán en el domicilio ubicado en el predio sito en Santa Catalina…”, es decir, en la vivienda de Marcos Bazán (páginas 1/2 del veredicto).
El Tribunal no explicó la razón por la cual entendió que la víctima estuvo privada de su libertad en dos lugares distintos (primero en un sitio desconocido y luego en la casa de Bazán). Esa explicación tampoco la brindaron los acusadores, de acuerdo a lo que surge de las constancias del debate (fs. 6366/87vta y 6387vta/400).
Sí está claro en el veredicto, que los magistrados le otorgaron un valor probatorio determinante a la diligencia realizada por el instructor de canes, y también está claro que la información que brindó el nombrado sobre la antigüedad del rastro odorífico de la víctima (alrededor del 1 de agosto), y la ubicación de ese rastro (entrada a la Reserva por la calle Garibaldi y las vías), no coincidía con las circunstancias témporales en que la víctima fue vista por última vez.
Para una mejor comprensión de las circunstancias que se examinan en este apartado, es necesario tener presente la explicación que dio el testigo Diego Tula sobre los casos en los que el can podía seguir el rastro de una persona: podía hacerlo si la persona pasaba caminando, o si era “arrastrada” tocando el suelo con alguna parte de su cuerpo; no podía seguir el rastro si pasaba caminando sin ropas (desnuda), tampoco lo podría detectar si esa persona era trasladada en un vehículo o “en altura”, es decir sin tocar el suelo (página 56 del veredicto).
De lo anterior se desprende que el rastro que detectó el can, en la entrada de la Reserva ubicada en la calle Garibaldi y las vías (según lo afirmara el instructor Tula), fue el de una persona caminando o “arrastrada” tocando el suelo con alguna parte de su cuerpo.
Sentado lo anterior, se advierte el desfasaje temporal entre la antigüedad del rastro odorífico señalado por Tula (31 de julio o 1 de agosto) y la fecha de la desaparición de la víctima, puesto que si la joven salió de su casa alrededor de las 17.00 horas del 29 de julio, era cuanto menos difícil de explicar un rastro que revelara su ingreso a la Reserva, caminando, dos o tres días después.
Las mismas dudas generaba la ubicación de la entrada a la Reserva en la que el instructor Tula dijo haber detectado el rastro (Garibaldi y la vías), con la ubicación del domicilio de la víctima (calle Valdez 667), por cuanto el trayecto directo desde esa vivienda hasta la Reserva, y los caminos de ingreso más cercanos a la misma, no incluían a la entrada identificada por el instructor de canes (ver planos de fs. 719, 2650/51 y 5017).
Un detalle que vale destacar en este punto, es que Diego Tula expresó en su testimonio en la audiencia, que fue él quien eligió el lugar de la Reserva para que el can comenzara la tarea de detección del rastro (entrada de Garibaldi y las vías) –ver página 52 del veredicto-, y esa decisión que tomó el instructor de canes no tenía justificación en ningún elemento de prueba ni presunción sobre cómo y por dónde habría ingresado la víctima a ese lugar.
La cuestión adquiere relevancia, dadas las dimensiones de la Reserva y la cantidad de posibles caminos de ingresos a la misma (ver planos de fs. 297/298, 300, 718/719, y acta de inspección ocular de fs. 5292/94). Sólo a modo ilustrativo, es dable remarcar el testimonio de Maximiliano Luis Avendaño, guarda-parque que trabajaba en esa área, quien señaló que el sector municipal de la reserva tenía una extensión de diecisiete (17) hectáreas, mientras que el sector provincial (dentro del cual fue hallado el cuerpo de la víctima) estaba constituido por setecientas (700) hectáreas.
En un predio de tamañas dimensiones, el instructor de canes Tula comenzó su tarea por un lugar que eligió en forma absolutamente aleatoria, y como quedara dicho anteriormente, existían buenas razones para dudar de la información que brindó, por las dificultades para conciliar esos datos (antigüedad del rastro detectado por el can y ubicación), con las circunstancias témporo-espaciales en que se había producido la desaparición de la víctima.
10. Ahora bien, las dudas planteadas imponían un examen completo del material probatorio presentado en el juicio, y como se verá a continuación, el Tribunal no lo hizo, dejando arbitrariamente a un lado la consideración del registro fílmico que contiene imágenes de la entrada a la Reserva por la cual ingresó la víctima (calle Garibaldi y las vías), según se afirmó en el veredicto a partir de lo manifestado por el instructor Tula.
Cabe recordar, en este punto, lo dicho anteriormente en cuanto a que el rastro detectado por el can utilizado por Diego Tula, era el de una persona caminando o “arrastrada” tocando el suelo con alguna parte de su cuerpo.
Ahora bien, la empresa “Clariant” con sede en la calle Garibaldi 2401 remitió una filmación de su cámara de seguridad que contiene imágenes de la entrada a la reserva “Santa Catalina”.
En la nota con la que se acompañó dicho material, la empresa informó a la fiscalía interviniente que de todas las cámaras de seguridad con las que contaba, sólo una permitía registrar imágenes “del exterior en sentido hacia la Reserva Natural Santa Catalina, es aquella que apunta al acceso al inmueble de mi representada y cuyo registro por esta vía acompañamos” (fs. 2670).
Ese material fue compulsado por la fiscalía interviniente, que realizó el informe agregado a fs. 2809, en el que se detallaron distintas circunstancias que se apreciaron en las filmaciones que correspondían “al ingreso por la calle Garibaldi al predio de la Reserva Santa Catalina” (fs. 2809).
En la parte final del informe, la fiscalía dejó constancia de lo siguiente: “Que en el intervalo referido, al menos entre los días 29 (de julio) a las 17 y día 31 a las 12.00 horas, no se ha logrado visualizar imágenes que pueda establecerse resulten de la persona de la joven B., A.”.
Existe un segundo informe realizado por la fiscalía a partir de la compulsa del mismo material fílmico (identificado como efecto 156102), en el que dejó constancia de distintas apreciaciones sobre el ingreso y egreso de personas y vehículos a la Reserva, sin mención concreta a la presencia o ausencia de la víctima (fs. 3888).
La importancia de las imágenes captadas por la cámara de seguridad de la empresa “Clariant” resulta indudable, puesto que corresponden al mismo lugar señalado por el instructor de canes como sitio en el que fue detectado el rastro de la víctima.
En las fotografías que se obtuvieron de esa grabación, agregadas a fs. 2800/2808 del legajo principal, se advierte que la cámara capta todo el ancho del camino por el que se ingresaba a la Reserva, y que el material tiene un buen grado de nitidez, inclusive en las imágenes correspondientes a horarios nocturnos (ver fs. 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2807, 2808).
En esas condiciones, el Tribunal no podía dejar de analizar su contenido, para establecer de qué manera podría compatibilizarse con la información aportada por el mencionado Tula.
Ya sea señalando alguna imagen que pudiera dar cuenta del ingreso de la víctima caminando por ese lugar, en las circunstancias que surgían de la reconstrucción de los hechos que tuvo por comprobada (esto es, una persona privada de su libertad desde hacía cuanto menos dos días), o explicando cómo pudo ocurrir una situación de esas características, sin que quedara reflejada en las imágenes de una cámara de seguridad que captaba todo el ancho de la calle.
Es un interrogante que los jueces debían despejar, porque se trata de uno de los aspectos fundamentales de la reconstrucción de los hechos que tuvieron por comprobada, esto es, que la víctima ingresó caminando a la Reserva, por la entrada de la calle Garibaldi y las vías, entre el 31 de julio y el 1 de agosto de 2017.
Había dos fuentes probatorias que contenían información sobre ese mismo período de tiempo y ese mismo lugar. Una era la diligencia realizada por el instructor de canes. La otra era una filmación de una cámara de seguridad.
El Tribunal arbitrariamente, sin dar fundamento alguno de su decisión, otorgó pleno valor convictivo a la información que surgió de la diligencia de detección de rastros odoríficos, y omitió toda referencia a los datos contenidos en las imágenes captadas por la cámara de seguridad.
11. La parcialidad con la que el órgano juzgador abordó el examen de las pruebas presentadas en el juicio respecto del extremo analizado en este apartado, no solamente se advierte a partir de la omisión de considerar el material fílmico al que se hizo mención en el apartado anteriormente, sino que además el Tribunal, para sostener el valor convictivo determinante que le asignó a la diligencia de rastros, acudió a un relato que una persona (que no declaró en el juicio) le había hecho a la progenitora de la víctima, sobre comentarios que había escuchado respecto de lo que le ocurrió a la joven.
En esa dirección, el Tribunal consideró plausible la teoría según la cual un grupo de individuos (liderados por un sujeto conocido como “el gordo Mani”) secuestró a la víctima el 29 de julio, la mantuvo privada de su libertad durante aproximadamente dos días en un lugar desconocido, y en ese momento (entre el 31 de julio y el 1 de agosto) decidieron llevarla a la Reserva Santa Catalina, dejándola en manos de Marcos Bazán.
Así se desprende del siguiente párrafo del veredicto: “Más allá que se pueda tener serias sospechas que B., A.ha estado desde el 29 de julio en casa de Bazán, no hay certeza de ello, pero sí la hay, en mi opinión, a partir de los guarismos de Tula que estimó en cinco días de antigüedad el rastro de B., A.encontrado en la entrada de la reserva. Y ello además encuentra su correlato en la otra versión que circuló y que es motivo de investigación, como nos relató la madre de la víctima que involucra entre otros al "gordo mani" y el propio Marcelo Villalba y que en síntesis luego de drogarla y violarla entre varios la llevaron todavía viva a Santa Catalina por la calle Garibaldi a la casa de Bazán el día 31 de julio” (página 248). Con esos fundamentos, el Tribunal pretendió sortear las incongruencias que surgían al contrastar la información aportada por el instructor de canes, sobre la fecha y el lugar por el que habría ingresado la víctima a la Reserva, con la que se desprendía de otras fuentes de prueba presentadas en el debate.
Sin embargo, los fundamentos que brindó el órgano juzgador en este punto no son válidos, y constituyen otra demostración de la arbitrariedad con la que fue valorada la prueba en perjuicio del acusado. En primer término, no puede dejar de advertirse que mediante ese razonamiento, el Tribunal alteró la descripción de los hechos que constituyen la plataforma infraccionaria sostenida por los acusadores. Ello es así, puesto que agregó a un grupo de personas como sujetos activos de los hechos que no habían sido individualizados por los acusadores, y les adjudicó una conducta (el traslado de la víctima privada de su libertad, desde un sitio desconocido al interior de la Reserva Santa Catalina, para dejarla bajo la custodia de Bazán y Villalba), que tampoco había sido descripta por los acusadores.
En segundo término, y no menos importante que el anterior, debe decirse que el desarrollo de los acontecimientos en la forma sostenida por el Tribunal, no tiene ningún respaldo probatorio por fuera de los dichos de la persona que la reveló a la progenitora de la víctima (sujeto que no declaró en el juicio), a la luz de los resultados de los allanamientos que se realizaron en los domicilios de esas personas (incorporadas como prueba a este debate, fs. 4164/65, 4171/72 y 4184/87), del levantamiento de rastros en el vehículo en el que presuntamente habrían trasladado a la víctima (fs. 4273/74), y los análisis de rastros hemáticos y filamentos pilosos realizados (fs. 4387/91, 4392/94).
Menos evidencia hay, en realidad ninguna, sobre algún tipo de vínculo entre el grupo de individuos mencionados y Marcos Bazán. Cabe preguntarse entonces cuál fue la razón por la cual el órgano juzgador consideró demostrado que los hechos ocurrieron de esta manera.
La única respuesta posible a ese interrogante es que, en rigor de verdad, no había razones válidas para llegar a esa conclusión, apreciación que revela, una vez más, que el órgano juzgador abordó el examen de la prueba con un sesgo confirmatorio de la hipótesis de la acusación, sin siquiera considerar la posibilidad de que los hechos hubieran ocurrido de una manera distinta, y con esa mirada parcializada del caudal probatorio presentado en el juicio, sólo tuvo en consideración aquellos elementos o circunstancias que encontró con valor incriminante, aun cuando no estuvieran mínimamente acreditadas (como es este caso), y omitiendo su confrontación con la información que surgía de otras evidencias que iban en el sentido contrario.
12. El último punto que corresponde examinar sobre el valor convictivo asignado por el Tribunal a la diligencia realizada por el instructor de canes, tiene que ver con uno de los datos a los que los magistrados le adjudicaron mayor importancia para decidir de la manera en que lo hicieron.
Se trata del recorrido que hizo el can que utilizó Diego Tula, desde la entrada de la Reserva hasta la propiedad de Marcos Bazán, finalizando en una construcción que se encontraba en el patio y que fue identificada como “honguera”.
El testigo contó en la audiencia cómo fue el ingreso a la vivienda del acusado, y las medidas que tomó para asegurarse de que el can pudiera realizar su trabajo. A partir de allí “le dio la orden al perro Bruno que busque, y avanzó hacia el fondo de la casa, hacia el patio, donde estaba la mesa, donde estaba el auto, y cuando llegó a ese lugar el perro hizo un giro hacia la derecha y avanzó hacia donde se encontraba un galpón de color verde, una puerta verde, que había al lado como una estructura de material, una pared de material. Indicó que el perro avanzó y entró donde daba la puerta verde, volvió a salir hizo un giro alrededor de la parte donde estaba el galpón, donde había algo como un tacho de basura, volvió otra vez sobre sus pasos, y volvió a ingresar, salió y no avanzó para ningún lado, ahí se quedó estático en el lugar y es lo que hace cuando pierde el rastro es ponerse a ladrar, se pone a ladrar, marcándole que hasta ahí llegaban con el rastro, no había rastro de salida del lugar, el perro recorrió el lugar y no había rastro de salida del lugar de la víctima, no había rastro para que el perro pueda continuar” (página 56 del veredicto).
Frente a la existencia de este elemento probatorio invocado por los acusadores, indicando que en la “honguera” ubicada en el patio de la vivienda de Marcos Bazán, se había detectado un “olor fuerte” de la víctima, la defensa hizo hincapié en que ninguno de los rastros que se levantaron de ese lugar (manchas presuntas de sangre y pelos) pudieron vincularse con la nombrada (conforme acta de debate, fs. 6406vta. de la causa principal).
El planteo tenía su razón de ser, puesto que si la hipótesis de los acusadores era que la víctima había permanecido cautiva en ese lugar de reducidas dimensiones durante, al menos, dos días, entonces cómo podía explicarse que no hubiera quedado un solo rastro de su presencia en el lugar.
El Tribunal no dio ninguna respuesta al planteo de la defensa, pese a que existían evidencias que respaldaban su línea de argumentación.
Así, en el croquis de fs. 1400 de la causa principal, se pueden visualizar los sitios de la honguera de donde se levantaron pelos y manchas presuntamente hemáticas. Dos de esas manchas fueron detectadas con “luminol”, es decir que no eran observables a simple vista (1317 y 1145).
Luego se realizaron los análisis químicos que permitieron corroborar que esas manchas no eran de sangre (fs. 3143/50).
Respecto de los pelos hallados en la honguera, se realizó el peritaje comparativo de ADN mitocondrial, obteniéndose perfiles completos de tres de las muestras obtenidas, ninguno de los cuales resultó coincidente con el de la víctima (fs. 5221/22).
En las particulares circunstancias de los hechos que el Tribunal estaba analizando, los resultados negativos de los análisis mencionados no podían ser ignorados como si hubieran tenido un valor neutral que no agregaba ni quitaba nada a la controversia planteada entre las partes.
Ello es así porque según se ha señalado en las constancias probatorias antes detalladas, en la honguera había efectivamente rastros, con lo cual debía explicarse cómo es que algunos pudieron ser detectados pero no se detectó ninguno de la persona que habría permanecido allí cautiva durante, cuanto menos, dos días. En esa misma línea de ideas, interesa destacar un párrafo del veredicto en el que se hace mención al testimonio del instructor de canes, vinculado con el tiempo de permanencia del rastro odorífico y la imposibilidad -según afirmó el nombrado- de ser eliminado.
En el voto del magistrado preopinante, se destacó que el “periplo que recorrió ´Bruno´ con rastros del olor de B., A.incluyó la cocina comedor de la vivienda del acusado, terminando en el fondo de la propiedad a la derecha visto de frente, lugar donde el perro hizo una marcación por haber encontrado allí rastros más fuertes de olor de la víctima al ser un lugar cerrado cuya intensidad explicó el especialista que puede permanecer flotando en el aire durante 30 días, aclarando que el ADN se puede borrar pero el olor no, permanece aunque se lave, se pinte o se tire lavandina” (página 194 del veredicto).
El problema que se presentaba en este caso, y que el Tribunal omitió abordar, consistía en explicar cómo se habría podido realizar esa supuesta tarea de “borrado” de ADN, dejando algunos pelos en la honguera pero asegurándose de que no se correspondían con la víctima, o dejando manchas que no eran observables a simple vista (sólo detectables con “luminol”) pero teniendo la seguridad de que no iban a ser vinculadas con la nombrada.
Nada de todo esto fue explicado en el veredicto, donde se hizo caso omiso de las normas que imponen la suficiente fundamentación de un acto jurisdiccional de esa naturaleza, limitándose a afirmar que la víctima estuvo en ese lugar porque así lo “marcó” el can utilizado por el instructor Tula, y omitiendo considerar las evidencias que revelaban información contraria a esa conclusión.
13. NAFTALENO:
De acuerdo con el razonamiento seguido por el fiscal en la discusión final del debate, el lugar donde habría estado cautiva la joven fue una de las hongueras existentes en el predio de Bazán, pues allí estaba el “máximo olor” (la mayor concentración de olor de B., A.) señalado por el perro utilizado en el rastreo específico y resultó sospechoso que ese lugar estuviera recientemente pintado.
En efecto, el fiscal examinó la evidencia correspondiente al rastreo específico llevado adelante por el perro Bruno y su entrenador Diego Tula y señaló que al darle la orden al can para que comience la búsqueda fue “hacia el galpón con puerta verde, entra, sale, hace un giro y se queda estático en el lugar”, lo que “significaba que había rastro en el lugar de ingreso, pero no de salida de la víctima” y agregó que “había pintura fresca en ese galpón” (fs. 338 del legajo recursivo, el destacado y los que siguen me pertenecen).
En la misma dirección, la fiscalía afirmó “la fuente del olor estaba en esa honguera, no había rastros de salida”, “en ese galpón había máximo olor” y recordó que “la pintura con concentraciones altas tiene naftaleno, que justamente [fue] otra de las sustancias que se encontró en la sangre a la víctima”. Agregó “que se le encontraron altísimas dosis de naftaleno como si hubiese estado expuesta constantemente y aspirando dicha pintura” (fs. 338vta) y, más adelante, mencionó que según lo declaró Tula, Bazán quiso negarles el ingreso a su “casa, un galpón acondicionado y con pintura fresca que es la que estuvo oliendo B., A.durante todo el tiempo de su cautiverio…” (fs. 339 del legajo).
Seguidamente, al alegar sobre la información incorporada al juicio por el químico y especialista en toxicología Fernando Cardini, el fiscal volvió sobre el mismo tema y expuso “que la concentración de naftaleno en el cuerpo de B., A.era much[a], como si hubiera estado expuesta a pintura. Que más decir que el galpón de Bazán donde estaba la mayor concentración de olor y en el cual estuvo cautiva estaba pintado recientemente. También en ese mismo galpón había naftalina, justamente porque es un antipolilla y también tiene naftaleno. En el caso de B., A., di[jo Cardini], debió estar expuesta por lo menos uno o dos días de mínima, con lo cual estaba viva para entonces” (fs. 340vta. del legajo).
De los términos expuestos surge con claridad la hipótesis explicativa que el fiscal dio al naftaleno en sangre que se constató en el cuerpo de la víctima: lo inhaló de la pintura fresca del galpón acondicionado como honguera, aun cuando agregó que en ese lugar también se encontró naftalina, usada como antipolillas.
14. No es un dato controvertido que se constató la presencia de naftaleno en las muestras de sangre y pelo de la víctima, a partir de los resultados de la pericia química; como tampoco que se halló aquella sustancia en estado líquido en distintos contenedores (cerrados) que fueron secuestrados en el domicilio de Bazán.
No obstante, la fiscalía vinculó el hallazgo del naftaleno en sangre con la pintura fresca de la honguera (a partir de las explicaciones del experto Cardini sobre la inhalación de naftaleno) y ese dato con la marcación del “máximo olor” que hizo el perro Bruno, estableciendo el lugar donde habría estado cautiva la víctima. En rigor, a partir de esos datos, estableció una parte esencial de su teoría del caso.
La importancia de establecer ese tramo de la hipótesis acusatoria obedece, en el caso concreto, al menos a tres razones que tienen puntos de contacto en su análisis y que reflejan -a mi juicio- un sesgo de carácter confirmatorio por parte del Tribunal, donde la evidencia se interpreta como refuerzo de una hipótesis ya decidida y no se admite la posibilidad de que ciertos elementos tengan difícil encaje en aquella. En ese sentido, advierto que (i) los jueces no analizaron críticamente o directamente ignoraron los datos probatorios que, según la defensa, ponían en crisis la hipótesis de la acusación y, (ii) a la vez, no sometieron a corroboración empírica parte de las proposiciones fácticas que sostuvo la fiscalía en este tramo de su teoría del caso (sacrificando la posibilidad de controlar la capacidad de rendimiento de su hipótesis explicativa), (iii) ensayando -al contrario- algunas interpretaciones alternativas sobre la evidencia que sugieren directamente una reconfiguración de la hipótesis acusatoria, con el objeto de confirmarla. Sobre este punto volveré.
15. Sobre la presencia del naftaleno en el cuerpo de B., A. se expidieron en el juicio la bioquímica María Cecilia Olcese, quien practicó la pericia química y el mencionado Cardini, en su calidad de experto en toxicología.
15.1. De acuerdo con el veredicto, al momento de declarar en el debate, Olcese explicó que era bioquímica y que en ese carácter había realizado su labor pericial en el marco de esta causa, recibiendo diversos tipos de muestras.
El fallo refleja las manifestaciones de la perita en relación con el hallazgo del naftaleno, en dos párrafos del veredicto, en los siguientes términos: “que habiendo hecho un extracto secuencial de sustancias fijas de la matriz de sangre, identificó la presencia de nordiazepam (aclarando que era un metabolito de diazepam, es una benzodiazepina), naftaleno y tetrahidronaftaleno” (página 121 del veredicto). Y cuando la perita señaló que “analizaron el pelo, detallando que primero se lavó con solventes más y menos polares para limpiar el cabello de todo lo que venga del exterior –conforme indica el protocolo- que luego se hizo el fragmentado desde la raíz hasta las puntas, haciendo cortes de aproximadamente 10/12 mm, habiendo resultado 14 secciones de 12 mm, no habiendo detectado drogas de abuso de uso crónico, que es la utilidad que tiene el análisis del pelo. Que sí encontraron naftaleno” (pág. 121).
15.2. Según el registro de audio disponible, en la audiencia de debate Olcese fue preguntada sobre el hallazgo de naftaleno en sangre y pelo de la víctima.
Explicó que la pericia química tiene como objeto general detectar la presencia de alcohol y/o drogas de abuso (como, por ejemplo, cocaína o marihuana) en las muestras que se analizan y que en el caso concreto se peritaron muestras de pelo, sangre y contenido estomacal de la víctima, y también una muestra de comida secuestrada en el marco de la causa.
En lo que aquí interesa destacar, Olcese explicó el procedimiento practicado sobre la muestra de sangre y señaló que el resultado fue negativo respecto de la presencia de alcohol pero se identificó la presencia de nordiazepam, naftaleno y tetrahidronaftaleno. De acuerdo con el objeto de la pericia, dijo que el hallazgo de naftaleno no tenía relevancia toxicológica, por no resultar una droga de abuso.
15.3. En cuanto a las muestras de pelo, en la pericia –incorporada por lectura al debate y transcripta en el veredicto- Olcese consignó que “toda droga, medicamento o tóxico que ingresa al organismo siguiendo la vía oral, endovenosa, intramuscular, anal, vaginal, subcutánea, inhalatoria, es llevada por la corriente sanguínea al folículo piloso uniéndose a la matriz queratínica del pelo, acompañando a este en su crecimiento, permaneciendo en él en tanto no se corte. Conociendo que el crecimiento aproximado del mismo es de 1 cm por mes es posible, realizando la segmentación del mismo desde la raíz hasta las puntas, conocer el período durante el cual se ha producido la incorporación de la droga”. En lo que interesa destacar, la pericia no detectó drogas de abuso pero sí “metil decahidro naftaleno” “en todos los segmentos analizados luego de hidrólisis de la matriz queratínica” (páginas 256/257 del veredicto).
De acuerdo al registro de audio precitado, en el juicio oral se le preguntó a Olcese por la metodología empleada para llevar adelante esa pericia y explicó que se lavaba el pelo con solventes para sacar cualquier contenido exógeno, para limpiar todo aquello que pudiera provenir del exterior. Que posteriormente los cabellos fueron fragmentados de raíz a puntas, aproximadamente en cortes de 10-12 mm, en función de la estimación de crecimiento entre 9 y 15 mm mensuales. Así, señaló que “cada sección representaría un mes”.
Advierto -desde ahora- que aquel dato era relevante, de acuerdo con la explicación de la perita, para establecer científicamente una exposición prolongada de la víctima al naftaleno, circunstancia que exigía un deber de examinación por parte del Tribunal que no fue atendido.
Olcese declaró sobre el proceso de “hidrólisis”, para llegar al interior del pelo en búsqueda de drogas de abuso crónico, indicando que ese era el objeto específico del análisis y precisó que “para hallar algo tiene que ser crónico”, ejemplificando que “un consumo de uno o dos veces por mes” no arrojaría un resultado positivo. Señaló que no se encontraron en el pelo drogas de abuso pero sí naftaleno. Repreguntada más adelante sobre el mismo punto, dijo que según su experiencia no tenía relevancia toxicológica porque “no se han descripto intoxicaciones por naftaleno”. Manifestó que el naftaleno “esta[ba] presente en un montón de lugares”, “tiene un montón de orígenes posibles”, mencionando que podía hallase en tinturas para el cabello, pinturas, aerosoles, tierra, suelo, naftalina, entre otros.
Durante el contra-examen la defensa volvió sobre ese último tema, planteando diversas hipótesis para que la experta diera su opinión. Así, le preguntó si una persona que pintaba “t[enía] más naftaleno” que otra que trabajaba en una en una computadora, respondiendo la testigo que dependía de los hábitos de esas personas, si usaban guantes o no, concluyendo, en definitiva, que no podía dar una respuesta precisa a la pregunta que se le hacía. En similar sentido contestó Olcese cuando la defensa le preguntó si una persona que dibujaba como hobby podía tener naftaleno, al manifestar la experta que era una posibilidad.
En lo que interesa destacar, en el acta de debate quedó constancia de la siguiente manifestación de Olcese: “el naftaleno está en gran cantidad de lugares, en tierra, en piso, en pinturas, en tinturas…” (fs. 268/vta. del legajo recursivo).
15.4. Establecido lo anterior, observo que el recurrente, al examinar la valoración que hicieron los jueces sobre el testimonio de Olcese, denuncia que “el Tribunal pone lo que le conviene, escamotea lo que le conviene o pone textual en el relato inicial pero después no lo valora…” (fs. 32, legajo recursivo), y agrega: el “vocal rumbea para el lado de que si se encontró naftaleno en B., A.y también bolillas de naftalina en la casa de Marcos, entonces (…) B., A.contrajo el naftaleno en su cautiverio”, “pero la dra. Olcese explica en el juicio (ver audios) que el naftaleno está presente en un montón de lugares, en aerosoles, en tierra, suelo, tinturas y pinturas entre tantas otras cosas” y recuerda que “desde la madre hasta sus amigas todas dijeron que B., A.era aficionada a la pintura” (fs. 32vta, recurso).
16. Aun cuando las inferencias que hace el Tribunal (como se examinará más adelante) no se asientan en el único hallazgo de las “bolillas de naftalina en la casa de Marcos” y en esto hay una simplificación en la argumentación del recurrente; sí observo, al menos desde una primera aproximación y de una mera comparación entre la presentación del testimonio de Olcese que se hizo en el veredicto y lo que refleja la reproducción del audio, que los jueces omitieron información que declaró la testigo y que era relevante para examinar las hipótesis en conflicto.
No se trata de exigir una transcripción literal y completa de cada una de las manifestaciones que hizo la testigo en el juicio oral, pero sí de aquellos tramos esenciales con capacidad de rendimiento para corroborar o refutar las hipótesis explicativas que sobre un mismo dato alega cada una de las partes, pues nada de lo que pueda condicionar la decisio´n final esta´ de sobra en un veredicto y, por tanto, debe figurar.
En efecto, las preguntas que hizo la defensa a la testigo Olcese reflejaron -ya en el juicio oral- cuál fue su hipótesis alternativa sobre la presencia del naftaleno en el cuerpo de B., A., y aun cuando la parte pudo no haber agotado esa línea de contra-examen, lo cierto es que introdujo como posibilidad que el naftaleno tenía un origen diverso al señalado por la acusación y ese dato no debió ser excluido del análisis de los jueces, pues la justificación de la decisión final presupone una cuidadosa explicación de los hechos que incluya la eliminación de las hipótesis alternativas invocadas.
16.1. También observo que aun cuando la fiscalía se centró en explicar la presencia del naftaleno en sangre y la defensa no hizo discriminación alguna -al momento de interrogar a la testigo Olcese- entre la presencia de aquella sustancia en sangre y pelo, el Tribunal debió reparar en las manifestaciones de la perita cuando explicó el objeto específico de la pericia sobre el cabello y la metodología practicada, en la medida que hizo conclusiones sobre la cronicidad del hallazgo y ese dato era por demás relevante -por su potencial informativo- para discernir entre las hipótesis en conflicto y evaluar así su verdadera capacidad de rendimiento.
16.2. En especial, constato que durante la instrucción de la causa y a partir de las conclusiones que formuló Olcese en la pericia química, la fiscalía solicitó a la misma perita una ampliación de su informe anterior, a fin de establecer si “tomando como hipótesis que la víctima no haya estado expuesta al ingreso -por cualquier vía- a su organismo de naftaleno y de 1, 2, 3, 4 hidronaftaleno, [en] el periodo de tiempo abarcativo desde el 29/07/2017, aproximadamente [a las] 17.30 hs. hasta la fecha y hora de su óbito (…) informe si puede detectar en sangre naftaleno...” (fs. 5006, causa principal, el destacado me pertenece).
El resultado de ese informe ampliatorio no consta agregado a la causa principal, como tampoco las razones por las cuáles no se practicó, si ese fue el caso. De cualquier modo, recuerdo que la primera regla de actuación que el legislador bonaerense impone al fiscal en el ejercicio de su función es la de proceder con criterio objetivo, sin ocultar prueba favorable a la defensa (art. 56 del CPP y 73 ley 14.442) y, de acuerdo con los términos del requerimiento a la perita, la preexistencia del naftaleno en la sangre de la víctima era una hipótesis posible para la acusación, que no fue diligentemente profundizada, aun cuando la exposición al naftaleno formó parte esencial del caso de la fiscalía para establecer como hipótesis que B., A. estuvo cautiva en una de las hongueras.
Como se examinará más adelante, no resulta irrelevante -en el caso concreto- el dato fáctico consistente en que el acusado tenía en su poder una sustancia atípica como el naftaleno que, además, se halló en sangre y pelo de la víctima.
No obstante y en cualquier caso, ambas hipótesis, la de la preexistencia del naftaleno en el cuerpo de la víctima y la de su inhalación durante el cautiverio (si contasen con apoyo empírico), no se excluyen necesariamente entre sí pero impactan, de modo significativo, en la hipótesis de los hechos que planteó la acusación, por la utilización que hizo de ese dato probatorio y, en esos términos, también debió ser sometida a un examen riguroso por parte del Tribunal.
17. Ahora bien, la fiscalía convocó al juicio oral al especialista en toxicología y química forense Fernando Cardini para explicar –en lo que aquí interesa destacar- la presencia del naftaleno en sangre de B., A..
De acuerdo con el veredicto, Cardini declaró que no obstante su vasta experiencia en toxicología, era la primera vez que observaba la presencia de naftaleno en sangre y que la única forma de incorporación era, según su investigación, por inhalación o por ingesta, es decir, por respirar naftalina o naftaleno en alguna situación muy particular. Según se constata en el fallo, refirió que “en el caso llegó a la conclusión de que la presencia de naftaleno detectada en la pericia podría responder a que la víctima lo hubiera inhalado, toda vez que en el allanamiento se encontraron bolsas de naftalina y que el galpón donde habría permanecido se utilizaba para cultivar hongos, explicando que el naftaleno diluido en solvente se usa como antipolilla o fungicida y si se permanece en el ambiente y se respira, se produce una intoxicación por inhalación”.
También explicó, según señaló el Tribunal, que si bien no pudo cuantificarse la cantidad de naftaleno hallada, al detectarse en sangre y no en el estómago, la única posibilidad era que se haya respirado, en tanto la única alternativa para que llegue a la sangre era por vía pulmonar.
Afirmó: “para que aparezca el naftaleno en sangre tiene que haber horas de exposición” y que “la persona debió estar expuesta en un ambiente con liberación, mínimo uno o dos días y precisó que el tamaño del lugar donde la persona está inhalando el naftaleno influye, ya que si se trata de un espacio hermético, chico, cerrado y sin ventilación, la concentración es más alta que en relación a un espacio grande y con ventilación, donde, consecuentemente, va a ser menor la contaminación ambiental”.
Según el Tribunal, el experto concluyó que “el espacio donde habría permanecido la víctima era muy reducido, lo que permitía que se produzca esa contaminación en sangre si la misma estuvo un día ahí, tal como se estimaba” (página 128 del veredicto).
17.1. Como adelanté, el testimonio anterior fue utilizado por la fiscalía para establecer su hipótesis de lo sucedido, especialmente para explicar la presencia del naftaleno en sangre de la víctima y vincular ese dato con la marcación del “máximo olor” que hizo el perro Bruno en una de las hongueras.
En efecto, de acuerdo con la acusación, la presencia de naftaleno en sangre de la víctima se explicó por la inhalación de aquella sustancia en un lugar cerrado y de escasas dimensiones. En ese sentido, el fiscal sostuvo que el perro de rastreo marcó el galpón que estaba recientemente pintado (tenía “pintura fresca” alegó); que la pintura contiene altas concentraciones de naftaleno; que Cardini estableció la inhalación como método de incorporación de aquella sustancia en sangre; y que considerando las condiciones en que habría estado la víctima (en un lugar cerrado y de pequeñas dimensiones), de acuerdo con la conclusión del experto, debió haber respirado naftaleno al menos uno o dos días para constatar su presencia en sangre. En lo que sigue, veremos si efectivamente estas proposiciones fácticas tuvieron apoyo empírico en el conjunto de elementos probatorios.
No obstante, observo que de la declaración que contiene el veredicto no surge que Cardini haya incorporado la “pintura fresca” como posible causa de la presencia del naftaleno en sangre de la víctima, pues explicó que formuló su hipótesis de trabajo a partir del conocimiento previo del resultado del allanamiento donde “se encontraron bolsas de naftalina y que el galpón donde habría permanecido [la víctima] se utilizaba para cultivar hongos”, datos que lo llevaron a investigar y constatar que el naftaleno diluido en solvente era utilizado como antipolilla o fungicida. En rigor, conforme surge del registro de audio de la audiencia de debate, Cardini declaró que llegó a su conclusión por el secuestro del naftaleno y el galpón que había en el lugar, en el que se iban a cultivar hongos, y explicó que si uno googleaba cómo hacer un fungicida de forma casera podía conocer que era diluyendo naftaleno en solvente, por ejemplo kerosen o nafta, para luego pintar con eso y matar las polillas, y que si se eso se respiraba del ambiente producía una intoxicación por inhalación.
17.2. Cabe recordar que el rol de los testigos expertos es entregarnos la interpretación de una información que exige conocimiento especializado y que se encuentra fuera del alcance del sentido común. En ese marco, las preguntas que se les formulen van a adoptar con frecuencia la forma de hipótesis sobre las cuales aquellos emiten una opinión, dadas ciertas condiciones descriptas previamente. En ese supuesto, cuando el perito responde afirmativa o negativamente, no está relatando hechos sino emitiendo una conclusión, que es hipotética en la medida en que depende de “si es que las condiciones descritas eran esas”. Estas hipótesis deben dirigirse a colocar al juzgador frente a situaciones que le permitan entender la proposición fáctica que se desea probar.
17.3. Al examinar las conclusiones de Cardini, el recurrente expone que “h[ubo] dos posturas diferentes respecto del naftaleno”, “la Dra. Olcese dijo que el naftaleno está en todos lados y menciona, aire, tierra, pintura y varias cosas más” y con ese planteo “está claro que el naftaleno de B., A.podría haber provenido de cualquier lado y lo llevaba con ella. Al respecto recordemos que B., A.era pintora y que estaba mucho tiempo pintando”.
18. Ahora bien, las divergencias señaladas entre la hipótesis de la fiscalía y la que formuló Cardini, por un lado, y los hechos que da por comprobados el Tribunal, por el otro, permiten constatar -a mi juiciouna reconfiguración de la hipótesis por parte de los jueces (al menos en el tramo aquí analizado), con el objeto de confirmarla.
Así, un sesgo confirmatorio puede conducir equivocadamente a una corroboración cuando se produce una expansión de los límites de la hipótesis planteada, sea porque se redefinen sus límites o su alcance para incluir evidencia que se considera o percibe como consistente con aquella.
En ese sentido, advierto que el Tribunal no dio por comprobado que la honguera haya estado recientemente pintada o tuviera pintura fresca, como tampoco que la honguera estuviera tratada/pintada con la mezcla casera de naftalina y solvente. En rigor, el Tribunal no confirmó ni refutó ninguna de esas posibilidades (una, explicitada por el propio fiscal y la otra sugerida por Cardini como hipótesis a partir del secuestro de esa sustancia en la casa de Bazán y la existencia de la honguera), pues no las sometió a corroboración empírica.
Al contrario, al momento de valorar la prueba practicada en el juicio oral en relación al naftaleno, los jueces replicaron parte de la investigación y conclusiones de Cardini (pág. 252), transcribieron la pericia química realizada por Olcese (pág. 253/257), el resultado del allanamiento realizado en el domicilio de Bazán el día 26 de septiembre de 2017 donde se secuestraron diversos elementos y la pericia química que se practicó sobre parte de ésos, para constatar la presencia de naftaleno.
18.1. A fin de lograr un mayor entendimiento de los espacios físicos que se mencionan en el acta de allanamiento y el lugar donde se secuestró cada elemento, destaco que el predio que habitó Bazán se encuentra delimitado por un perímetro alambrado y cuenta con varias construcciones: una, la de mayor superficie, correspondiente a la vivienda del acusado (donde están las habitaciones, la cocina, el baño), cuyo frente de edificación da a las vías de la estación Santa Catalina y el fondo de la casa, al patio o predio perimetrado. En ese predio exterior se ubica un sector con una mesa y un auto abandonado, una huerta y otra edificación más pequeña donde están las hongueras. El fondo del predio da al bosque de la reserva (conforme croquis de fs. 1399/1401 del principal). En lo que interesa destacar, el acta menciona dos habitaciones dentro de la vivienda, una correspondiente al dormitorio del acusado y otra donde se halló una heladera, que se identificaron como “habitación que oficia[ba] como dormitorio” y “habitación ubicada al fondo a la izquierda” (para referirse a la que tenía la heladera).
Luego, el acta describe otra edificación, “utilizada como galpón”, adyacente o unida a unas de las paredes laterales de la vivienda que habitaba Bazán.
Finalmente, se menciona otra construcción, correspondiente a las hongueras y un sector semi-descubierto, ubicada dentro del mismo predio alambrado, en el fondo del lado derecho. Las dos hongueras se encuentran una al lado de la otra y ambas tienen puertas, sobre la misma linea de edificación, que dan al centro del predio o patio. En forma contigua o adyacente a una de las hongueras se encuentra un sector semi-descubierto (por lo que una de las hongueras está en el medio, entre la “primera” honguera y el sector semi-descubierto). La “primera” honguera se encuentra recubierta en las paredes de su interior con material plateado (tipo membrana) y la otra (la del medio, contigua al sector semi-descubierto), posee en su interior las paredes recubiertas con nylon color negro.
18.2. De acuerdo con el acta de allanamiento que se transcribe en el veredicto, se secuestraron diversos elementos del “sector semi-descubierto” contiguo a las hongueras, del lugar “utilizado como galpón” y ya en la vivienda del acusado, de las dos habitaciones, que en el acta se identificaron como “habitación que oficia[ba] como dormitorio” y “habitación ubicada al fondo a la izquierda” (para referirse a la que tenía la heladera).
Por su parte, en la primera honguera “cubierta de material plateado”, tipo membrana, se procedió al levantamiento de “restos de pintura del piso color rojo” y se secuestraron “dos trozos rectangulares de madera ubicados en el caballete metálico”.
De la honguera recubierta de nylon negro se “levantar[on] restos de pintura de color roja del zócalo”, se secuestró “un trozo de madera” rectangular y se “procedió al recorte de un trozo de pared y piso con pintura roja correspondiente a la pared frontal y del mismo modo se procedió en la pared contigua al ingreso del lado derecho” (pág. 257-259).
18.3. Finalmente, los jueces consignaron el resultado de la pericia química practicada sobre parte de esos elementos para constatar la presencia de naftalina, naftaleno o 1, 2, 3, 4 tetrahidroxinaftaleno, con resultados positivos para naftaleno en: 1. la superficie exterior de un baxter (envase tipo suero) de solución isotónica de cloruro de sodio ubicado en la heladera de la “habitación ubicada al fondo a la izquierda” del domicilio;
2. en el contenido y superficie exterior de otro baxter de similares características y su vía de perfusión ubicadas en la misma heladera; 3. en la superficie exterior y contenido de una jeringa de plástico hallada en la misma “habitación ubicada al fondo a la izquierda”; 4. en la composición interna de varias esferas blancas de diversos tamaños (doce) secuestradas los cajones de un mueble y placard de la “habitación que oficia como dormitorio”; 5. en la superficie exterior de una botella de plástico con tapa amarilla secuestrada en en el lugar “utilizado como galpón”; y 6. en la superficie exterior de un bidón de plástico con tapa naranja hallado en el “sector semi-descubierto contiguo” a las hongueras (pág. 259/263). En lo que interesa destacar, en los secuestros identificados como 1.H., 1.I.1. y 1.I.2. de la pericia, correspondientes a las tres secciones de madera de forma rectangular obtenidas del interior de las hongueras “no se hall[aron] sustancia de interés pericial” (pág. 262). Es decir, no se constató la presencia de naftaleno.
Conforme se destaca en el veredicto, otros elementos (secuestrados en la “habitación donde se encuentra la heladera”, conforme pág. 259) identificados como “una sección de cadena unida mediante alambre a una especie de grillete, completamente oxidado, con cierre mediante tuerca y tornillo”, un “pretal de tela color negra, con hebilla y gancho metálico” y “un bolso de tela con negro, sin marca visible, con cierre de plástico...”, sin interés pericial para la sección de cromatografía gaseosa que practicó la pericia química, fueron derivados a otra sección de policía científica, dejando constancia que poseían “olor a naftalina por lo cual [fueron] embolsados en nylon y sellados” (pág. 262/263).
19. Establecido lo anterior, el juez que votó en primer término estimó: “no se puede dejar de destacar las ubicaciones de donde se secuestraron los elementos analizados, como ser (…) los baxter incautados del interior de la heladera de la habitación -descripta en el acta [de allanamiento] como habitación fondo izquierdo”, que presentaban naftaleno (pág. 263, el destacado me pertenece); “[d]e igual modo la jeringa de un ml que se encontraba en el estante celeste, contiguo a la puerta de ingreso de la habitación mencionada...” y, finalmente, que según la pericia química “los demás objetos incautados en dicha habitación, a pesar de no haber sido materia de peritaje al momento de sus aperturas de muestras (…) emanaban olor a 'naftalina” (pág. 264).
Luego, el magistrado estableció que “dicha circunstancia se compadec[ía] en todo con lo declarado durante el debate por el químico forense y especialista en toxicología Cardini, en cuanto a (…) lo atípico del hallazgo de dicho compuesto -naftaleno- en sangre de la víctima y (…) que debió haber estado expuesta durante uno o dos días en un ambiente reducido con liberación de naftaleno lo que permitía que se produzca contaminación en sangre” (pág. 264).
Agregó que también se hallaron en el galpón y el lugar semidescubierto elementos con naftaleno “tanto en su contenido como en su exterior” (aunque aquí cabe observar un error pues la botella de plástico hallada en el galpón y el bidón del sector semi-descubierto solo presentaron naftaleno en el exterior (ver pág. 259/263).
Sin perjuicio de esto último, lo cierto es que el razonamiento seguido por el Tribunal refleja una vinculación entre las “ubicaciones” de los elementos que presentaron naftaleno (el juez destacó particularmente la “habitación fondo izquierdo”) y la hipótesis de Cardini (exposición en un ambiente reducido con liberación de naftaleno), estimando que entre ambos extremos existía una coincidencia. Entonces, cabe preguntarse: ¿cuál es la hipótesis que los jueces dan por corroborada empíricamente en este punto?. Es claro que la hipótesis de la pintura fresca como causa de la exposición al naftaleno y que presentaba una vinculación indisociable con la honguera (como lugar físico donde habría estado cautiva la víctima), no fue sometida a corroboración por parte del Tribunal.
Esa fue la hipótesis que formuló la fiscalía y también la que sostuvo la particular damnificada, en tanto al momento de alegar en la discusión final del debate no solo compartió “todas y cada una de las circunstancias narradas” por el fiscal (fs. 349vta. del legajo recursivo), sino que especialmente tomó como “elemento indiciario el naftaleno encontrado en el cuerpo de B., A., dando cuenta de que ella estuvo por lo menos cuarenta y ocho horas alojada o tirada en una de las hongueras o por lo menos las dos” (fs. 359/vta. del legajo) y, al igual que la acusación estatal, vinculó aquel dato con el rastro específico del perro Bruno, al alegar que el animal “se apostó en lo que era la honguera y ahí fue el último rastro” (fs. 360vta. del legajo).
Al contrario, observo que el Tribunal, ignorando por completo elementos esenciales de la hipótesis de la acusación, dio por acreditado que el naftaleno inhalado por la víctima provino de las mezclas que tenía el acusado en su domicilio, privilegiando la hipótesis explicativa del experto Cardini relativa al origen de aquella sustancia.
Ciertamente, no resulta irrelevante -en el caso concreto- el dato fáctico consistente en que el acusado tenía en su poder una sustancia atípica que, además, se halló en sangre y pelo de la víctima. Hablo de atípica en el sentido de que el naftaleno en estado líquido (o diluido) no es una sustancia que, en esas condiciones, se encuentre habitualmente disponible en cualquier hogar y, en ese sentido, cabe destacar nuevamente (en contra de lo argumentado por el recurrente) que la inferencia que hace el Tribunal no se asienta en el único hallazgo de las “bolillas de naftalina en la casa de Marcos”.
No obstante, recuerdo que al juez de la revisión no le corresponde formar su convicción a partir del examen de pruebas que no presenció, sino examinar si la valoración del juez que intervino en el juicio puede confirmarse por su misma lógica y razonabilidad. Es decir, controlar si entre la evidencia y la decisión del juzgador existe objetivamente una justificación racional, que presupone una cuidadosa explicación de los hechos que incluya la eliminación de las hipótesis alternativas invocadas. En ese sentido, ya vimos que las preguntas que hizo la defensa a la testigo Olcese durante la práctica de la prueba reflejaron cuál fue su hipótesis alternativa sobre la presencia del naftaleno en el cuerpo de B., A.y ese dato no debió ser excluido del análisis de los jueces, especialmente frente a las manifestaciones de la perita sobre la presencia de aquella sustancia “en gran cantidad de lugares” (de lo que quedó constancia en actas) y de sus explicaciones sobre la metodología y objeto de la pericia de pelo que permitían -según declaró la testigo- establecer científicamente la permanencia de aquella sustancia en el cuerpo. En definitiva y desde una primera aproximación, la argumentación de la defensa en este punto no estuvo desprovista de todo respaldo probatorio y debió ser sometida al examen del Tribunal.
Incluso si los jueces hubieran estimado que había buenas razones para privilegiar la explicación de Cardini por sobre la información que introdujo Olcese, en el punto relativo al posible origen del naftaleno, así debieron explicitarlo en la motivación del veredicto y no directamente no rebatir la hipótesis alternativa por la sencilla razón de que ni siquiera fue mencionada.
Como dije, las preguntas que se le formulan al testigo experto adoptan con frecuencia la forma de hipótesis sobre las que emiten una opinión, dadas ciertas condiciones descritas previamente y cuando responde, afirmativa o negativamente, no está relatando hechos sino emitiendo una conclusión, que es hipotética en la medida en que depende de “si es que las condiciones descritas eran esas”. A esta altura es claro que Cardini, al emitir su opinión, partió de condiciones fácticas que - convenientemente- no fueron sometidas a corroboración empírica por parte del Tribunal.
20. Esa omisión, sumada a la ausencia de tratamiento de la hipótesis acusatoria en los tramos relevantes antes señalados, permiten constatar una reducción de la complejidad de la información disponible por parte del Tribunal para sostener la culpabilidad del acusado, que refleja un sesgo de confirmación en el razonamiento, caracterizado por la tendencia a buscar y sobrevalorar las pruebas y argumentos que confirman la propia posicio´n inicial, e ignorar y no valorar las pruebas y argumentos que no la respaldan.
En efecto, ya dijimos que la acusación dio por comprobado que la pintura de la honguera estaba fresca, que en esas condiciones fue inhalada por la víctima y que la pintura contenía grandes concentraciones de naftaleno. Ninguna de esas proposiciones fácticas fue sometida a corroboración empírica por parte del Tribunal, como tampoco la posibilidad que esa sustancia proviniera de otra fuente, en los términos concretos en que lo propuso la defensa.
Por otro lado, cuando el Tribunal afirma la importancia del lugar del hallazgo del naftaleno (“…no se puede dejar de destacar las ubicaciones de donde se secuestraron los elementos analizados…”, pg. 263) como elemento incriminatorio, omite arbitrariamente considerar que el lugar del hallazgo de esa sustancia no se compadece con la explicación que brindó Cardini sobre la forma en la que habría ocurrido su ingreso al cuerpo de la víctima.
En efecto, si Cardini sostuvo que el uso del naftaleno como antipolillas en un ambiente de reducidas dimensiones como el que se identificó en la casa de Bazán como “hongueras”, podía provocar el ingreso de aquella sustancia en la sangre de una persona que hubiera estado en ese lugar durante al menos uno o dos días (pág. 127 del veredicto), la prueba tenía que demostrar que en ese lugar, en esa “honguera”, había naftaleno. Pero la prueba indica que el naftaleno que se encontró no estaba en la “honguera”.
En este punto, resulta trascendental tener a la vista las fotografías de la vivienda del acusado (fs. 146/156 del Legajo Fotográfico I), y también el croquis con la distribución de los distintos ambientes (ver fojas 1400 de la causa principal).
Allí es posible apreciar que la mencionada “honguera”
estaba separada de la casa principal por el patio, a una distancia de varios metros.
Con esa información a la vista, se advierte que los elementos en los que se encontró el naftaleno estaban (menos uno que será identificado a continuación) en dos ambientes de la casa principal (una habitación que tenía una heladera, y en el galpón pegado a ella), es decir, en un lugar desde el cual había que atravesar varios metros al aire libre hasta llegar a la honguera donde habría permanecido la víctima privada de su libertad.
En esas condiciones, el hallazgo de tales elementos en los ambientes de la vivienda de Marcos Bazán, no podían ser considerados como respaldatorios de la hipótesis que construyó el perito Cardini, porque según sus dichos, la “liberación” del naftaleno debía ocurrir en el espacio reducido y cerrado en el que habría permanecido la víctima durante al menos uno o dos días.
En conclusión: la ubicación de los elementos en los que se detectó el naftaleno (baxter, vías de perfusión, jeringa de plástico, esferas de color blanca, botella de plástico transparente con tapa amarilla, más los detallados como ítems 1.L., 2.D y 2.F en el informe respectivo), no resultaba compatible con la explicación que suministró Cardini sobre la forma en la que pudo haber llegado el naftaleno a la sangre de la víctima.
Como se dijo, se encontró un elemento más que tenía naftaleno, tratándose de un bidón vacío en cuya parte exterior se detectó esa sustancia, elemento que estaba en el galpón semiabierto pegado a la honguera (ver página 258 del veredicto, y fotografías de fs. 149, 150, 152 y 181 del Legajo Fotográfico I).
La escasa cantidad de ese hallazgo (restos en el exterior de un bidón), y el lugar donde se encontraba (semiabierto, es decir, con un permanente ingreso y egreso de aire) constituyen factores que indican que tampoco ese hallazgo constituía un elemento que permitiera corroborar la hipótesis que construyó el perito Cardini sobre la forma en la que pudo ingresar la sustancia a la sangre de la víctima, en el nivel necesario para que fuera detectado en el análisis toxicológico.
El Tribunal afirmó que los lugares donde se encontró el naftaleno eran importantes porque corroboraban la explicación que brindó Cardini sobre la forma en la que pudo darse el ingreso de esa sustancia al cuerpo de la víctima, y sin embargo, el examen de la prueba que se describió en el veredicto conduce en el sentido contrario de ese razonamiento.
Más importante aún resulta ser lo siguiente.
A pesar de que el Tribunal enumeró todas las conclusiones del informe de fs. 4196/4203, omitió considerar el impacto de una de ellas en las posibilidades de aceptar la hipótesis planteada por el perito Cardini. En efecto, en el peritaje aludido se informó el resultado negativo del análisis desarrollado sobre los tres trozos de madera rectangulares que se encontraban en el interior de la honguera (ver página 262 del veredicto).
Obsérvese que el motivo del secuestro de esos tres trozos rectangulares de madera era precisamente este: establecer el uso del naftaleno en el tratamiento de las maderas que se encontraban en los estantes de la honguera.
En esa dirección, es dable apreciar que el objetivo de la diligencia de allanamiento requerida por la fiscalía, había sido “secuestrar sustancias tóxicas volátiles, elementos que pudieran contenerlas o haberlas contenido, así como materiales que pudieran absorberlas…” (fs. 4049 de la causa principal), para lo cual se invocaron como fundamento de la medida solicitada los dichos del perito Cardini, quien había hecho mención al uso de la sustancia como “antipolilla de la madera”, mientras que Claudio Gustavo Godio (fs. 4032/33vta de la causa principal), había individualizado a las maderas de las estanterías que se veían en las fotos del interior de la honguera (fs. 151/156 del legajo fotográfico I), como elementos en los que se aplicaría el naftaleno como antipolilla.
Sin embargo, ese análisis destinado a detectar naftaleno arrojó un resultado contrario a la hipótesis que había desarrollado el perito Cardini, porque las maderas fueron sometidas a análisis y el resultado fue negativo. Conclusión: las maderas que estaban en la honguera (donde se alega que estuvo la víctima durante uno o dos días) no habían sido tratadas con aquella sustancia.
De allí que, el lugar del hallazgo del naftaleno no es un elemento que respalde la hipótesis que desarrolló el perito Cardini, sino por el contrario, es un elemento que imponía su reconsideración (podía ser falsa la hipótesis o falsas algunas de las premisas iniciales), porque si la predicción del nombrado hubiera sido correcta, en las maderas tuvo que encontrarse naftaleno, y esto no ocurrió.
21. Cabe recordar, como señalé en otro tramo de la revisión, al examinar lo relativo al “peritaje de rastros”, que ninguno de los rastros que se levantaron en las hongueras pudieron vincularse con la víctima (punto 12 del presente).
En efecto, ya vimos que en las hongueras se levantaron pelos (“varias fibras” en la de material plateado tipo membrana y “una fibra” en la revestida con nylon negro, fs. 1317 del principal) y manchas presuntamente hemáticas que fueron detectadas con “luminol”, es decir, que no eran detectables a simple vista (fs. 1317/vta.) y que mediante pericia química se descartó que fuera sangre (fs. 3143/50). Por su parte, el análisis comparativo de ADN mitocondrial, que obtuvo perfiles completos en tres de las muestras de pelo obtenidas, descartó que coincidieran con los de B., A. (fs. 5221/5122, principal).
Luego, es difícil admitir, desde el entendimiento más elemental, que se realizó una limpieza en la honguera señalada por la acusación como lugar de cautiverio, que pudiera eliminar “selectivamente” los rastros de la víctima, dejando intactos otros rastros diversos, asegurándose de que -de ser hallados- no iban a corresponder con los de B., A..
De lo que se trata, en definitiva, es de evitar que el órgano de juicio posea cualquier tipo de idea preconcebida a la hora de ejercer su función jurisdiccional y, en el caso concreto, la constatación de razonamientos sesgados en la valoración de la prueba implica la ausencia de imparcialidad (como garantía del justiciable) y la violación al derecho fundamental a un juicio justo.
22. PERITAJE DE GEOLOGÍA FORENSE:
El peritaje de Geología Forense fue realizado por Leticia Povilauskas, doctora en Ciencias Naturales, Geóloga y Palinologa, quien comparó los componentes de diferentes muestras terreas que se obtuvieron del lugar donde fue hallado el cuerpo de la victíma, con otras muestras del mismo material que se extrajeron de distintos elementos, varios de ellas hallados en el domicilio del acusado, Marcos Bazán.
A partir de ese análisis, la doctora Povilauskas confeccionó los informes que se agregaron a fs. 3196/3207 y 3451/52, los cuales se incorporaron por lectura al debate con la conformidad de las partes.
23. En la visión de los acusadores, las consideraciones y conclusiones de los dos informes mencionados, permiten afirmar que las muestras extraídas del lugar donde fue hallado el cuerpo de la víctima, coinciden con la muestra de una pala secuestrada en la casa del acusado (identificada como “pala B”), pero ambas muestras difieren de las obtenidas del resto de los elementos incautados en la vivienda del imputado (ver acta de debate, fs. 345, 348vta. y 359).
A partir de esa proposición fáctica, que el Tribunal tuvo por demostrada, según la cual la tierra que había en la “pala B” hallada en la vivienda del acusado, sólo coincidía con la tierra que se hallaba en el lugar del hallazgo del cuerpo de la víctima (a doscientos treinta metros de distancia aproximadamente), pero no coincidía con ninguna otra de las muestras obtenidas en la casa del nombrado, los acusadores construyeron una inferencia probatoria que fue aceptada por el Tribunal, según la cual esa pala fue utilizada para enterrar el cuerpo de la víctima en el lugar donde se lo halló.
24. La defensa cuestionó la comprobación de la proposición fáctica anteriormente descripta, por entender que las conclusiones de los informes de la perito Povilauskas no fueron las que sostuvieron los acusadores.
En otras palabras, la defensa sostuvo que no es cierto que las muestras térreas del lugar donde se halló el cuerpo de la víctima hayan coincidido únicamente con la muestra de tierra de la pala identificada con la letra “B” (muestra que se obtuvo con posterioridad al secuestro de ese objeto, el 6 de agosto de 2017, aclaración que aquí se deja consignada, puesto que será objeto de análisis en párrafos subsiguientes).
En esa dirección, destacó la conclusión número 2 del informe ampliatorio de fs. 3451/52, conforme con la cual se estableció la coincidencia entre las muestras térreas del lugar del hallazgo del cuerpo, con otras dos muestras obtenidas en la casa del acusado, una de un par de borceguíes y otra de un cantero, ambos elementos secuestrados en la diligencia de allanamiento realizada el 22 de agosto de 2017 (fs. 1995/97 y 3414/15).
Está claro que si la coincidencia hubiera sido solamente con la muestra de los borceguíes, la demostración de la proposición fáctica no hubiera tenido mayores obstáculos, puesto que eventualmente podría haberse tratado del calzado utilizado por el acusado en el momento en el que (de acuerdo a la hipótesis acusatoria) realizó la excavación en el lugar del hallazgo del cuerpo.
Sin embargo, la coincidencia se detectó también con la muestra de material térreo extraída de un cantero de la vivienda de Marcos Bazán, resultado a partir del cual la defensa cuestionó tanto la proposición fáctica como la inferencia probatoria planteadas por los acusadores. En el mismo orden de ideas, la defensa destacó el cuarto de los puntos consignados en las conclusiones del primer informe (fs. 3207), en el que la perito dejó constancia de lo siguiente: “4) Por último cabe aclarar que por tratarse de un campo de grandes extensiones (Predio de Santa Catalina), existe la posibilidad de semejanza en la sedimentología y mineralogía en las muestras, sin corresponder al lugar puntual de la excavación donde se encontró el cuerpo de la víctima enterrado”. A partir de las dos conclusiones mencionadas, la defensa sostuvo que la información obtenida mediante el peritaje de geología forense no podía ser considerada como prueba de cargo en contra de su asistido.
25. Ahora bien, establecida la diferencia de posturas entre las partes, sobre el peso convictivo de la información contenida en los informes periciales, se advierte que la cuestión fue abordada en el fallo a partir de la página 217 del mismo, comenzando el análisis de la siguiente manera: “(…). “Otro tanto sucede con la pericia de geología efectuada por la especialista Leticia Povilauskas, Doctora en ciencias Naturales, Geología y Palinóloga de fs. 3196/3208 y 3445/3451”.
A continuación, en los siguientes nueve párrafos del voto que lideró el acuerdo, al que adhirieron sus colegas del Tribunal (páginas 217 a 220vta.), el magistrado preopinante desarrolló las razones por las que le otorgó valor convictivo a la inferencia probatoria presentada por los acusadores.
Sin embargo, la compulsa de las actuaciones revela la arbitrariedad de la conclusión probatoria a la que arribó el órgano juzgador. En primer término, no puede dejar de mencionarse que todo el razonamiento contenido en los párrafos del veredicto a los que se hizo mención, es una reproducción del análisis desarrollado por la señora fiscal que intervino en la etapa preparatoria, en la oportunidad de requerir la elevación a juicio de las actuaciones (ver fs. 5405vta/5406vta.). En efecto, si se comparan ambas piezas procesales, se advierte que sólo difieren algunas de las palabras con las que comienzan los párrafos, pero luego de ello la coincidencia es total.
Esta situación no puede pasarse por alto, puesto que resulta indicativa de que el órgano jurisdiccional, frente al planteo de la defensa que indicaba la inconsistencia del razonamiento probatorio de los acusadores sobre el punto en análisis, acudió directamente (pero sin dejar constancia de ello) a la mencionada pieza procesal del Ministerio Público Fiscal, que claro está, no formó parte de las pruebas ni elementos disponibles por las partes durante la celebración del debate.
Esta posición adoptada por el señor juez que votó en primer término, a quien adhirieron sus colegas del Tribunal, revela que no se detuvieron a analizar el contenido de los informes ni la naturaleza de los planteos realizados por la defensa, pese a la importancia que tenía la cuestión para dilucidar un aspecto probatorio tan importante como lo era la coincidencia – o no- de las muestras térreas analizadas en la pericia de geología.
En cambio, la respuesta que ofrecieron frente a los interrogantes planteados por la asistencia técnica del acusado, consistió en transcribir, prácticamente en su totalidad, el razonamiento que había sido desarrollado por una representante del Ministerio Público Fiscal en una etapa procesal anterior. Y el mayor problema que revela esa postura se encuentra en que propone una lectura de la información, que se contrapone a una de las conclusiones a las que arribó la profesional que realizó los peritajes, sin consignar razones válidas para justificar el apartamiento de la opinión de la especialista en la materia.
En efecto, la doctora Povilauskas concluyó en el segundo de los informes realizados, que las muestras de tierra extraídas del lugar del hallazgo del cuerpo de la víctima coincidían con las que se obtuvieron del cantero ubicado en la propiedad de Marcos Bazán (fs. 3451/52, punto 2). Esta información se presentaba como un obstáculo para la demostración de la proposición fáctica sostenida por los acusadores, puesto que ofrecía una explicación alternativa al origen de la tierra que se encontró en la pala “B”, esto es, que la misma provenga del cantero ubicado en el patio de la casa del acusado, y no del lugar del hallazgo del cuerpo. Sin embargo el Tribunal descartó la conclusión a la que arribó la perito Povilauskas en el punto 2 de su informe de fs. 3451/52, y entendió que un análisis “conjunto” de ese dictamen pericial con el anterior (fs. 3196/207), permitía considerar que no había tal coincidencia entre las muestras del cantero de la casa de Bazán, las correspondientes al lugar del hallazgo del cuerpo y la “pala B”.
Para arribar a esa conclusión, el Tribunal hizo notar que la perito no se expresó de la misma manera en sus informes, puesto que cuando en el primero de ellos se refirió a las coincidencias entre las muestras del lugar del hallazgo y las de la “pala B”, indicó que presentaban “...características sedimentológicas y geológicas muy similares con las muestras térreas obtenidas de la Pala B (de punta convencional), coincidiendo tanto en la parte macroscópica y microscópica…” (fs. 3207). En cambio, cuando en el segundo dictamen se refirió a las coincidencias entre las muestras del cantero y de los borceguíes, con las del lugar del hallazgo y la “Pala B”, consignó la expresión “…presentan características compatibles…” (fs. 3451), En la estimación del Tribunal de la instancia, de acuerdo a lo que se desprende del fallo, aquella diferencia en los términos utilizados en los informes permitiría considerar que la compatibilidad que advirtió la perito Povilauskas entre las muestras del lugar del hallazgo y las muestras del cantero del acusado no era tal, y que solamente eran semejantes las muestras de lugar del hallazgo y las obtenidas de la “pala B” (ver página 220 del veredicto, párr. segundo).
En mi opinión, esa estimación no puede ser aceptada razonablemente como un motivo para descartar la hipótesis de la defensa, puesto que esta última se asienta sobre el resultado de una conclusión en la que la perito no formuló distinción alguna, y en cambio utilizó una expresión, “Resultado: POSITIVO”, que no deja lugar a dudas en cuanto a cuál fue el sentido de su opinión sobre la comparación de las tres muestras detalladas en el párrafo anterior: el lugar del hallazgo, la pala “B” y el cantero de la casa de Marcos Bazán.
El razonamiento del Tribunal en este punto no resulta lógico, porque la perito que realizó los dictámenes periciales no volcó en ellos ninguna explicación que permita trazar la línea distintiva planteada por los acusadores y avalada por el Tribunal, en torno a un supuesto mayor o menor grado de semejanza de las muestras cuya comparación arrojó resultado “Positivo”.
26. El segundo argumento desarrollado en el veredicto para descartar la conclusión de la perito geóloga, consistió en efectuar una comparación de los componentes que fueron detectados en cada una de las muestras, información que la mencionada profesional volcó en sendos cuadros que incluyó en sus respectivos dictámenes (ver fs. 3206 y 3450/51). En esa dirección, se consignó en el voto del veredicto que lideró el acuerdo, lo siguiente: “[e]s dable resaltar que el análisis ´minera´ (textual del fallo, y del dictamen de la fiscalía, fs. 5406vta.), biolito y palinológico de las muestras correspondientes al lugar del hallazgo de quien en vida fuera B., A.Aldana Benítez y de la PALA B, determinó la presencia de plagioclasas, material carbonoso, minerales máficos, un grado 2 de alteración de minerales inestables, y la de prismatolitos negros y flabelolitos, como de hongos de suelo (fs. 3206)”.
“Y a diferencia de ello, en forma contrapuesta, en la muestra de la tierra del cantero de la vivienda de Bazán, no se observó la presencia de ninguno de estos elementos y se determinó que el grado de alteración de minerales inestables era otro, grado 1 (fs. 3450)”. “De manera que la muestra térrea obtenida de la PALA B (de punta convencional) secuestrada en el domicilio del acusado Bazán, no presenta características sedimentológicas y geológicas muy similares con las muestras térreas obtenidas del cantero del mismo domicilio, como así tampoco coinciden ambas muestras en la parte macroscópica y microscópica, ni con la pala de punta redonda secuestrada también en el domicilio de Bazán, ni con ninguno de los otros elementos incautados en la casa de Bazán” (el destacado no es del original).
“Contrariamente, sí existe similitud y coincidencia en los términos referenciados en el párrafo anterior, entre la muestra térrea obtenida de la PALA B (de punta convencional) secuestrada en el domicilio del encartado Bazán con las recolectadas en el lugar del hallazgo del cuerpo (muestras A-2, A-4, A-5, y A-9)”.
De los párrafos precedentes, correspondientes a los pasajes del veredicto que hacen a la cuestión aquí analizada, se desprende que el Tribunal ingresó en el análisis de cuáles fueron los componentes detectados en cada una de las muestras, y a partir de ese análisis llegó a una conclusión que va en contra de la sostenida por la perito geóloga en su dictamen.
Es cierto que los jueces no están obligados a seguir la opinión de los peritos, pero también es cierto que si se apartan de lo dictaminado por los especialistas en la materia de que se trate, deberán brindar razones suficientes.
Ese deber de fundamentación de un aspecto trascendental del razonamiento probatorio del fallo en crisis, como lo fue el apartarse de una de las conclusiones a la que arribó la perito geóloga, no ha sido cumplido, puesto que no se brindó ningún argumento específico vinculado con los conocimientos específicos de la ciencia conocida por la citada profesional, que revele porqué razón las diferencias señaladas en el veredicto respecto de algunos de los componentes analizados por la perito, deberían repercutir de la manera en que lo entendieron los magistrados. Obsérvese que el análisis de los jueces se basó en la misma información que tuvo en cuenta la doctora Povilauskas, esto es, el detalle de los componentes hallados en cada una de las muestras, volcado en los cuadros que se adjuntaron a los informes respectivos.
Si la información de base es la misma, es decir, si no se agregó ningún elemento de la causa que no haya sido sometido a la consideración de la citada profesional, no se advierte ningún motivo válido que explique la razón por la cual una evaluación de la información por parte de quienes no son especialistas en la materia, debería primar por sobre la opinión de la doctora en ciencias naturales, geóloga y palinóloga. A mayor abundamiento, interesa destacar que así como en el razonamiento probatorio que sostuvo el Tribunal del debate, se destacaron las diferencias en algunos de los componentes (plagioclasas, material carbonoso, minerales máficos, prismatolitos negros y flabelolitos, hongos de suelo), la compulsa del cuadro informativo de fs. 3206 también revela, por ejemplo, que no hay una coincidencia total entre las cuatro muestras extraídas del lugar del hallazgo de la víctima (pese al área reducida desde la cual fueron levantadas), puesto que algunos componentes se encuentran en unas muestras pero no en otras (sedimento de textura francolimosa, sedimento de textura limoarcillosa, abundantes fragmentos vegetales de gramíneas, abundantes restos carbonosos, restos de hojas vegetales indeterminadas, material antrópico [vidrio amorfo y ladrillo molido], hipersteno, hongos de suelo), y si bien esta situación no se presenta en la mayoría de los casos, sí se advierte en un número similar (ocho) al tomado por el razonamiento probatorio del órgano juzgador.
En igual sentido, si se comparan en el mismo cuadro, los componentes hallados en la muestra de la pala identificada como “B” (de punta convencional), con los que se detectaron en las muestras del lugar del hallazgo, también se advierten diferencias en una cantidad menor pero no tan lejana a la señalada (seis).
De lo anterior se desprende que a los ojos de una persona lega en la materia, la información contenida en los cuadros volcados en los dictámenes de la perito, indica que ninguna de las muestras analizadas tiene exactamente las mismas características y componentes que otra, ni siquiera aquellas que se obtuvieron prácticamente del mismo lugar (sitio del hallazgo del cuerpo).
De allí que hayan resultado necesarios los conocimientos de una persona especializada en la materia (en el caso la doctora en ciencias naturales Leticia Povilauskas), para poder evaluar las semejanzas o diferencias entre las distintas muestras de tierra obtenidas durante la investigación.
De todo lo anterior se desprende que el órgano juzgador valoró parcial y arbitrariamente la información contenida en los dictámenes periciales en cuestión, puesto que le otorgó peso convictivo a las conclusiones que avalaban la hipótesis de los acusadores, pero descartó las que contenían datos contrarios a esa teoría, esgrimiendo para esto último argumentos carentes de apoyo científico y contrarios a las constancias de la causa.
27. Por otro lado, interesa analizar el restante argumento desarrollado por los impugnantes sobre el peritaje en cuestión, que se vincula con la pala que ha sido identificada con la letra “B” en el informe pericial de fs. 3196/3207.
Interesa destacar, como primera medida, que la pala mencionada fue secuestrada el día 6 de agosto de 2017 en horas de la tarde, durante el allanamiento que se llevó a cabo en la casa de Marcos Bazán, oportunidad en la que se incautaron dos elementos de esas características, de los cuales la perito obtuvo sendas muestras que en sus dictámenes periciales identificó como “pala A” (de punta redonda) y “pala B” (de punta convencional).
Ahora bien, como se dijera al comienzo de este apartado, la comparación de la tierra extraída del lugar del hallazgo de la víctima se hizo con varias muestras de otros objetos y lugares que se consideraron de interés para la investigación.
Entre ellas, se encuentra una que fue identificada por la perito como “L1” (ver fs. 3202 y 3206 séptima columna), la cual corresponde a una muestra de tierra de una pala que se obtuvo en el primer allanamiento realizado en la casa de Marcos Bazán a las pocas horas de producido el hallazgo del cuerpo de la víctima, diligencia que se desarrolló alrededor de las tres de la madrugada del 5 de agosto de 2017.
En ese marco, se obtuvieron dos muestras de tierra, una de una pala (que luego se identificó en el peritaje como “L1”) y otra de un calzado (borcegos marca “Febo)”, objetos que en esa oportunidad no fueron secuestrados, quedando en la vivienda del nombrado (ver fs. 658). Cabe agregar que la comparación que realizó la perito Povilauskas, del material de la pala que se obtuvo en la madrugada del 5 de agosto de 2017 (identificado como “L1”), con respecto a las muestras del lugar del hallazgo del cuerpo de la víctima, arrojó resultado negativo (fs. 3207, punto 3).
Ahora bien, con la información señalada en los párrafos precedentes, los impugnantes desarrollaron en su presentación recursiva (fs. 66vta. de este legajo), un argumento que habían dejado planteado en su alegato de cierre del juicio (ver fs. 369vta.), conforme con el cual la pala de la que se obtuvo la muestra el 5 de agosto de 2017 en horas de la madrugada, es la misma pala que fue secuestrada al día siguiente, 6 de agosto en horas de la tarde, y que en el dictamen de la perito se la identificó con la letra “B”.
El argumento tenía y tiene importancia, porque daba cuenta de una situación que, de comprobarse, podía restarle al peritaje de geología prácticamente todo el peso convictivo que los acusadores pretendían asignarle.
Esto es así, puesto que si de una misma pala se obtuvieron dos muestras, una en la madrugada del 5 de agosto, y otra con posterioridad al 6 de agosto, el resultado negativo de la comparación realizada con la primera de esas muestras (“L1”), que es la que se obtuvo en un tiempo más cercano al momento del hallazgo de la víctima (madrugada del 5 de agosto), impediría afirmar –como pretendían los acusadores- que ese elemento hubiera sido utilizado para extraer la tierra del lugar donde fue encontrado el cuerpo.
Sin embargo, esta situación fue ignorada por el órgano jurisdiccional, puesto que en su veredicto no desarrolló respuesta alguna a un planteo de la defensa que, por la relevancia que tenía, debía ser abordado y contestado.
En esa dirección, la compulsa de las actuaciones y más precisamente, las constancias del legajo que se incorporaron al debate como prueba disponible para las partes, revela que la defensa tuvo buenas razones para plantear su hipótesis, conforme con la cual las muestras de tierra identificadas en los dictámenes periciales de la doctora Povilauskas como “L1” y “pala B”, podrían corresponder a una misma pala.
Con el objetivo de apreciar el tenor del argumento de la defensa, resulta imprescindible tener a la vista las fotografías que se obtuvieron de las dos primeras diligencias de allanamiento realizadas en la casa de Marcos Bazán, una el 5 de agosto en horas de la madrugada y otra el 6 de agosto por la tarde.
Las imágenes obrantes en el legajo fotográfico I (fs. 93, 98, 108, 127 y 128), permiten apreciar las características de las dos palas secuestradas el 6 de agosto, que se complementan con las fotografías que se obtuvieron de esos mismos elementos en la sede de la fiscalía (fs. 2995 y 2997 de la causa principal).
En esas imágenes se observa que una de las palas tenía una calcomanía desgastada de color roja, azul y blanca, característica esta última con la que fue identificada en el acta de allanamiento en la que fue incautada: “… se logra la ubicación de una pala que posee como característica una calcomanía de fábrica desgastada de color roja, azul y blanca...” (ver fs. 1145vta “in fine”).
Esa pala fue identificada por la perito Povilauskas como “pala A de punta redonda” (ver fotografías de fs. 3205), y la comparación de sus componentes respecto de las muestras térreas extraídas del lugar del hecho, arrojó resultado negativo (fs. 3206 columna diez, y 3207 punto 3). La segunda de las palas secuestradas el día 6 de agosto de 2017 tenía el mango de metal (se aprecia en las imágenes el color blanco) y madera, característica particular que permite diferenciarla no solamente de la pala mencionada en el párrafo anterior, sino también de las otras que se observan en el legajo fotográfico, que no fueron incautadas (fs. 90, 94, 161, 179 y 180).
Esta segunda pala fue identificada en el dictamen pericial de fs. 3207 con la letra “B” y la referencia “pala de punta convencional” (ver fs. 3206 columna 11), y la muestra que se obtuvo de la misma arrojó resultado positivo en la comparación con las muestras térreas extraídas del lugar del hecho.
Por último, en las imágenes obrantes a fs. 662, 1496/97 y 1519 de la causa principal, se pueden apreciar las características de la pala de la que se obtuvo una muestra el 5 de agosto de 2017 en horas de la madrugada, la cual fue identificada en el dictamen pericial como “L1”, arrojando resultado negativo su comparación con la tierra obtenida del sitio del hallazgo de la víctima.
De la compulsa de las imágenes correspondientes a la pala secuestrada el 6 de agosto, que en el dictamen pericial se identificó con la letra “B” (“pala de punta convencional”), agregadas a fs. 127/128 del anexo fotográfico y fs. 2995/97 de la causa principal, se advierte que la particular característica que permite diferenciarla de las otras, esto es, el mango de metal blanco y madera, también se encuentra en las imágenes de la pala de la que se obtuvo la muestra el 5 de agosto (identificada como “L1”): fs. 1497/98 de la causa principal.
La semejanza de una característica tan particular en el objeto que se aprecia en las imágenes mencionadas, le otorga a la defensa buenas razones para sostener su planteo, en tanto podría pensarse que las dos muestras, la identificada como “L1” (obtenida el 5 de agosto a la madrugada) y la individualizada como “pala B” (obtenida con posterioridad a su secuestro, el 6 de agosto), se obtuvieron de una misma pala.
No se desconoce que la comparación de las muestras en cuestión (“L1” y “pala B”) arrojó resultados diferentes cuando fueron confrontadas con los componentes de las muestras extraídas del lugar del hallazgo del cuerpo (negativo y positivo, respectivamente).
Sin embargo, tal circunstancia podría ser explicada en forma lógica de la siguiente manera: por un lado, las muestras se obtuvieron en momentos distintos (madrugada del 5 de agosto, y posterior a su secuestro el 6 de agosto), y entre ambas diligencias transcurrió un día y medio, lapso durante el cual la pala quedó en la vivienda del acusado, con lo cual resultaría factible que haya sido utilizada durante esas horas.
Por otro lado, si se tiene en consideración que la perito geóloga detectó la coincidencia entre la muestra posterior al 6 de agosto y la extraída del cantero de la vivienda de Marcos Bazán, y si a ello se agrega la aclaración que hizo la mencionada profesional en la conclusión número 4 de su informe de fs. 3207, referida a las particulares características del predio “Santa Catalina” y su incidencia en la posibilidad de semejanza en la sedimentología y mineralogía de las muestras, todo ello permitiría explicar por qué arrojó resultado positivo la comparación de las muestras del lugar del hallazgo de la víctima con la segunda de las muestras obtenidas de la pala en cuestión (posterior al 6 de agosto), sin que esa conclusión contradiga el resultado negativo de la comparación realizada con la muestra de la misma pala extraída en la madrugada del día anterior.
28. El último apartado vinculado al peritaje de geología forense tiene como objetivo referirse al alegato de cierre del juicio de la fiscalía, puesto que allí se hizo mención a un tercer informe pericial agregado a fs. 3153/56 de la causa principal (ver fs. 345 de este legajo). Cabe señalar, respecto de ese informe, que allí se analizó una muestra de tierra de un vehículo que se encontraba en la casa de una persona que fue detenida e imputada durante los primeros días de la investigación, pero que finalmente resultó sobreseída (ver fs. 1160 y 5504 de la causa principal).
Además, el resultado de ese análisis pericial arrojó resultado negativo (fs. 3156). Está claro entonces que este dictamen pericial no reveló información relevante sobre la hipótesis planteada por la fiscalía. Por otro lado, también en el alegato del cierre del juicio, el representante del Ministerio Público Fiscal hizo alusión a la coincidencia que existiría entre el sembrado de alfalfa en la parcela de la reserva donde fue hallado el cuerpo de la víctima, y el hallazgo de alfalfa en las muestras obtenidas de la pala secuestrada en el domicilio del acusado Bazán (fs. 348vta de este legajo).
En este punto, corresponde señalar que la información contenida en el dictamen de la perito Povilauskas no indica que en alguna de las muestras analizadas se haya detectado alfalfa, y concretamente, nada se dice respecto de que ese material haya sido detectado en el lugar del hallazgo del cuerpo o en alguna de las palas secuestradas en la casa de Marcos Bazán.
Se trató entonces, de una afirmación que careció de apoyo en las pruebas rendidas en el juicio.
Es cierto que dos testigos (Héctor Arroqui y Maximiliano Luis Avendaño) dijeron tener conocimiento de que en el campo donde fue encontrada la víctima se sembraba alfalfa.
Pero esas circunstancias reveladas por los testigos fueron consideradas en el veredicto, como una prueba que indicaría que el uso que se le daba a esa parcela era distinto del que tenía la finca del acusado (página 219, párrafo segundo).
La relevancia de la prueba mencionada en el párrafo anterior, como sostén de la hipótesis de los acusadores, necesitaba un paso previo, esto es, la demostración de que las muestras de tierra donde se encontró a la víctima eran distintas en su composición, a las que se extrajeron de la casa y de distintos elementos pertenecientes al acusado. Como quedó dicho, esto último no ocurrió, con lo cual las referencias a la siembra de alfalfa en la parcela mencionada, tanto en el alegato de la fiscalía, como en el veredicto, no pueden ser consideradas como una circunstancia respaldatoria de la acusación en contra del acusado que el órgano juzgador tuvo por demostrada.
29. CONTENIDO ESTOMACAL DE LA VÍCTIMA:
Entre las páginas 215 y 217 del veredicto, el Tribunal desarrolló las razones por las cuales consideró que el hallazgo de arroz y colesterol en el contenido estomacal de la víctima, constituían indicios de cargo en contra de Marcos Bazán.
En esa dirección, destacó la información que surgió del informe de autopsia (fs. 1225/232vta.), en cuanto allí se indicó que en el estómago de la víctima se encontró: “abundante papilla referenciable en arroz con partículas verdes de apariencia vegetal”.
El hallazgo del arroz fue relacionado con el secuestro del mismo tipo de alimento en una olla que se encontraba en el patio de la vivienda de Marcos Bazán.
En el voto que lideró el acuerdo, el magistrado preopinante afirmó que era posible que el arroz que se encontró en el cuerpo de la víctima no haya sido el mismo que se incautó en la casa del acusado (página 216, ante último párrafo).
Pese a ello, el juez entendió que la presencia de arroz en el contenido estomacal de la víctima constituía un indicio de cargo, puesto que el propio acusado reconoció que lo cocinaba habitualmente.
30. Como segundo indicio, el juez preopinante evaluó que el hallazgo de colesterol en el contenido estomacal de la víctima, era indicativo de que había ingerido una “proteína animal” en contra de su voluntad (en tanto era vegetariana), relacionando esa circunstancia con los trozos de carne que se encontraron entre el arroz de la muestra de comida obtenida de la casa de Marcos Bazán.
Los términos del razonamiento desarrollado en el veredicto, sobre la cuestión analizada, fueron los siguientes: “[e]n cuanto al colesterol que se halló en su estómago, hay que recordar que se halló también en esa parte del cuerpo de la víctima diazepam y rastros de papilla con arroz y colesterol en correlato con el hallazgo en la olla que tenía arroz con menudos de pollo, y ello es compatible con la ingesta de proteína animal, por eso dio positivo el colesterol, aun cuando fuera vegetariana, lo que constituye otro indicio de que lo ingirió sin capacidad de reacción u obligada pues, de otro modo, no lo hubiera hecho” (el subrayado es de la presente).
31. Sentado lo anterior, se advierte en este caso que la arbitrariedad del fallo se encuentra en la afirmación según la cual el hallazgo de colesterol en el contenido estomacal de la víctima era indicativo del consumo de “proteína animal”.
La perito María Cecilia Olcese, doctora en bioquímica, en su declaración en el juicio, fue preguntada en reiteradas ocasiones sobre el colesterol que detectó en el contenido estomacal de la víctima, y sus respuestas fueron en el sentido exactamente contrario al que luego sostuvieron los jueces en el veredicto.
Así, la perito toxicóloga expresó: “En el contenido estomacal había colesterol, no me sorprendió, en toda matriz del reino animal hay colesterol, yo no vi en ese contenido estomacal fragmentos de carne, puede ser propios de la persona”. Inmediatamente fue preguntada si lo que podía ser “propio de la persona” era el colesterol, a lo que contestó: “Sí, si bien yo no vi fragmentos de carne, puede provenir del mismo individuo”.
La siguiente pregunta que se le hizo a la testigo (evidentemente vinculada con la condición de vegetariana de la víctima), consistió en lo siguiente: “Si una persona no consume carne, también tiene colesterol?”, y la respuesta volvió a ser la misma: “Sí, sí, porque nos constituye el colesterol, nosotros tenemos colesterol, siempre” (conf. grabación de audio del debate).
En el veredicto, al momento de relevarse el contenido de la declaración de la doctora Olcese, se consignaron sus manifestaciones en los siguientes términos: “(…) Por otra parte, afirmó que la presencia de colesterol en la comida no le sorprendió al constatar la presencia de fragmentos de carne (refiriéndose a la muestra hallada en la casa del acusado). De igual manera, ocurrió al observar también colesterol en el contenido estomacal, pues si bien no observó fragmentos de carne, explicó que el colesterol puede provenir del individuo, aseverando que si una persona no consume carne también tiene colesterol, pues nos constituye” (página 124).
Ahora bien, pese a las categóricas respuestas de la perito bioquímica, conforme con las cuales el hallazgo de colesterol en el contenido estomacal no era un elemento indicativo del consumo de carne, el Tribunal las ignoró y afirmó lo contrario, sin brindar ninguna explicación plausible que permita conocer la razón por la cual se apartó de la información suministrada por una testigo cuyos conocimientos científicos en la materia no fueron puestos en duda ni por las partes ni por el órgano jurisdiccional. La deficiencia detectada invalida una de las premisas en las que se apoyó el razonamiento probatorio del Tribunal.
Ello es así, puesto que si en el veredicto se entendió que constituye un indicio de cargo la coincidencia entre uno de los alimentos ingeridos por la víctima con uno de los componentes de la muestra de comida incautada en la vivienda del acusado, la valoración de ese indicio requería como paso previo la correcta demostración de que ese alimento (carne) fue ingerido por la víctima (premisa número 1), y fue encontrado en la casa del imputado (premisa número 2).
Sin embargo, el análisis desarrollado precedentemente revela que el órgano juzgador, en forma arbitraria, tuvo por comprobada la premisa 1 (la ingesta de carne por parte de la víctima), deficiencia que trae como consecuencia lógica la imposibilidad de otorgarle valor incriminante al indicio que se apoyó en ella.
Los jueces valoraron “una serie de indicios cargosos que se congrega[ron] en el día 3 de agosto de 2017” y que consideraron “lapidarios para los intereses del acusado” (pág. 225).
En ese marco, dieron por comprobadas las siguientes proposiciones fácticas:
(i) que el acusado aquel día, desde las 01.51 PM hasta las 11.09 PM, estuvo en su domicilio;
(ii) que en ese mismo periodo de tiempo no contestó las llamadas y mensajes que le fueron enviados a su teléfono celular; (iii) que ese día tampoco recibió visitas en su domicilio, en contra de lo declarado por los testigos Batalla y Navarro en el juicio oral. Luego, señalaron la coincidencia o compatibilidad entre aquellas circunstancias fácticas y las conclusiones del médico autopsiante Dr. Rosetti y del médico legista Julian, cuando establecieron que la muerte de B., A. se produjo el día 3 de agosto de 2017, luego del mediodía (Rosetti la determinó entre 20 y 30 horas antes de la autopsia, practicada el día 4 a las 18:45 horas, y Julian la determinó entre las 18.30 y las 20.30 horas del día 3 de agosto, pág. 226).
En definitiva, los magistrados estimaron que los datos señalados eran indicativos de que el homicidio se cometió en el domicilio de Bazán y que él participó en ese delito, en carácter de coautor.
33. Ahora bien, para establecer aquel conjunto de premisas, el Tribunal valoró -en primer término- que el acusado, al momento de declarar durante la instrucción de la causa “fue preguntado para que diga si el día 3 de agosto tuvo alguna visita” y respondió que “no” (pág. 225 del veredicto).
En igual sentido, los jueces valoraron que al declarar por segunda vez en la causa, se le preguntó a Bazán si en el periodo comprendido entre los días 29 de julio y 4 de agosto su amigo Gabriel Navarro lo había visitado, respondiendo el acusado que una vez, sin recordar qué día, pero sí que estaba con su novia Florencia de Caso; dato que los magistrados confrontaron con la declaración de su novia en el juicio oral, donde manifestó que “estuvo el día 2 de agosto en la casa de Bazán hasta el mediodía sin ver a nadie más” (pág. 225/226).
Inmediatamente, el Tribunal estimó que “sin perjuicio de la discordancia que se aprecia en el intercambio de mensajes, lo cierto es que en ninguna de las fechas que barajan ambos lo ubican a Navarro en la casa de Bazán el día 3 de agosto” (pág. 226).
33.1. Hasta aquí cabe hacer al menos dos observaciones, primero porque los jueces no individualizan a cuál “intercambio de mensajes” se refieren en el veredicto, impidiendo controlar su capacidad de rendimiento frente a la premisa que seguidamente establecen, especialmente cuando utilizan la expresión “sin perjuicio de” para iniciar su razonamiento, que introduce cierta idea de oposición entre los dos enunciados que contiene la redacción.
En segundo lugar, advierto que ciertamente Florencia de Caso manifestó que no vio a nadie en la casa de su novio, pero en ese tramo en particular no se estaba refiriendo a las visitas sino a la posibilidad de notar la presencia de B., A.en el lugar. En efecto, de acuerdo con la reseña que de ese testimonio hace el veredicto, de Caso manifestó “que estuvo en la casa de Marcos el día miércoles 2 de agosto y se quedó hasta pasado el mediodía y que no había nadie en la casa, indicando que se hubiese dado cuenta si había otra persona en la casa, en la honguera o en el galpón, o algo fuera de lo común” (pág. 167).
Por otro lado, observo que Florencia de Caso no descartó la presencia de Gabriel Navarro en el domicilio de Bazán el día 3 de agosto. De nuevo, cuando los jueces afirman que “...lo cierto es que en ninguna de las fechas que barajan ambos lo ubican a Navarro en la casa de Bazán el día 3 de agosto”, desconocen el tramo de la declaración de la testigo que dijo lo contrario.
En efecto, de acuerdo con el propio veredicto, de Caso declaró “tener conocimiento de que los días jueves y viernes fueron amigos de Marcos a su casa y que particularmente sabía que el día jueves su pareja […] recibió las visitas de sus amigos...” (pág. 167/168).
El día jueves que menciona la testigo es el 3 de agosto de 2017 y la reproducción del registro de audio del juicio oral permite constatar que, además, la testigo se refirió en particular a Gabriel Navarro como uno de los amigos que visitó a Bazán y dijo que Gabriel “uno de esos días estuvo a la tarde”.
En consecuencia, aun cuando esa última información se corresponda con circunstancias fácticas que la testigo no presenció (pues declaró que ella estuvo hasta el día 2 al mediodía), permite constatar -otra vez- la arbitrariedad del Tribunal al afirmar que ni Bazán, ni Florencia de Caso, ubicaron a Gabriel Navarro el día 3 de agosto de 2017 en la casa del acusado, pues ello se corresponde solo parcialmente con la evidencia disponible.
34. Ahora bien, a fin de facilitar el entendimiento de los lectores y lectoras en este punto, advierto que el mencionado Gabriel Navarro fue convocado al juicio oral, al igual que Juan Batalla, también amigo del acusado.
Navarro declaró que conocía a Bazán desde el secundario pero además trabajaba en la estación Santa Catalina (adyacente a la casa del imputado), en horarios rotativos, por lo que era habitual que pasara a visitarlo.
En lo que aquí importa destacar, dijo que “vio a Bazán el día jueves [3 de agosto] antes que [el imputado] se fuera a trabajar y también temprano a la tarde unos minutos” (cabe aclarar que Bazán ingresaba a trabajar a la medianoche). Agregó que ese día estuvieron dentro y fuera de la casa y que “Juan Batalla estuvo a la tarde, a las 16:00 'y pico', antes de que él [Navarro] entre a trabajar” (pág. 161). Manifestó que ese día él ingresó a trabajar a la estación a las 17:00 horas e hizo triple turno”.
34.1. Por su parte, al momento de declarar en el debate, Juan Batalla explicó que en el año 2016 había iniciado con su amigo Bazán un proyecto de cultivo de hongos comestibles, montando ese mismo año la primera honguera y que en el 2017 comenzaron a acondicionar la segunda honguera, al lado de la anterior (pág. 156).
En lo que importa destacar, el veredicto da cuenta de las manifestaciones del testigo cuando dijo que “en ese periodo estuvo en la casa de Bazán el día jueves 3 de agosto entre las 15:30 y las 19:00 horas, oportunidad en que recorrió las instalaciones de la casa y que por fuera del predio de la residencia [pudo] constatar bastante presencia policial. Que ese día también pasó Gabriel [Navarro] -un amigo de Marcos que trabajaba en el estación Santa Catalina- una o dos veces a tomar mate” (pág. 157).
34.2. Hasta ahora, solo advierto que el registro de audio del debate permite constatar que efectivamente a Batalla se le preguntó si había recorrido todas las instalaciones, respondiendo que sí, que entró a la casa de Marcos, pero también dijo -y este extremo no fue reflejado por los jueces en el veredicto- que “fue el jueves 3 a la casa de Marcos a trabajar en la honguera”.
Como dije en otra parte de esta revisión, no se trata de exigir una transcripción literal y completa en el veredicto de cada una de las manifestaciones que hizo el testigo en el juicio oral, pero sí de aquellos tramos esenciales con capacidad de rendimiento para corroborar o refutar las hipótesis explicativas que sobre un mismo dato alega cada una de las partes.
En el caso concreto, aquel dato no era indiferente y los términos en que fue plasmada la declaración del testigo en el veredicto no refleja el real sentido de sus manifestaciones: Batalla dijo que fue a trabajar en la honguera y esa información debió figurar.
35. Pero volvamos a la valoración que hicieron los jueces sobre la capacidad de rendimiento de aquellos testimonios. disponible y, en relación a Gabriel Navarro, la fiscalía centró su argumentación en el contenido de un mensaje de WhatsApp que la novia de Navarro le envió a Bazán el día viernes 4 de agosto de 2017 (tema sobre el que volveré), pero sin ingresar –el fiscal- en la cuestión relativa a su posible presencia en la casa del acusado el día 3 de agosto.
Por su parte, en los alegatos de clausura, la defensa destacó que Navarro y Batalla coincidieron en señalar que estuvieron con Bazán el día 3 de agosto y afirmó “de hecho hay un chat donde Batalla le dice a Marcos: 'Marcos si te vas dejame abierto que quiero ir a trabajar' y obvio [agregó la defensora, se refería] trabajar en la honguera porque era el proyecto que estaban creando. Y en el debate lo dijo Batalla 'estuve hasta las diecinueve horas cuando se fue el último tren [y] Navarro dijo 'yo fui, después volví” (ver acta de debate, fs. 371vta. de este legajo recursivo), y más adelante la litigante agregó que “Bazán en la primera declaración indagatoria entregó su teléfono, dio su patrón y dijo 'todo lo que hice está ahí' (fs. 371 del legajo).
35.1. De este modo y sobre la prueba testifical que venimos mencionando, hubo una clara posición de la defensa: dijo que Navarro y Batalla se corroboraron mutuamente al declarar que estuvieron el día 3 de agosto en la casa de Bazán, y señaló la existencia de un chat entre Batalla y Bazán sobre esa visita. También, en relación a las actividades del acusado en el periodo que interesa, destacó que Bazán se remitió a las constancias de su teléfono celular.
35.2. Ahora bien, continuando con el análisis de la prueba relativa a los “indicios cargosos que se congrega[ron] en el día 3 de agosto de 2017”, el juez que votó en primer término estimó: “no me caben dudas que Juan Batalla y Gabriel Navarro han mentido en el debate al decir que estuvieron con el procesado en su casa el día 3 de agosto por la tarde como forma de dar soporte a la ajenidad que proclama Bazán respecto de los hechos por los que viene acusado y ello por varias razones”. “La primera es que Bazán dio muchas precisiones respecto del día 3 de agosto como vimos, lo cual resulta lógico toda vez que declaró el día 8 de agosto, esto es, cinco días después”.
“La segunda es que de las sucesivas declaraciones de Bazán (…) no hizo rectificación alguna al respecto”.
“Y además del sistema Ufed no existe el chat en los términos en que la Defensa dice que Batalla le mandó a Bazán” (pág. 227 del veredicto).
Luego, el magistrado hizo un detallado análisis a partir “del sistema VAIC, incorporado por lectura al debate [sobre] un total de 108.889 llamadas”, identificando diversas comunicaciones entre la línea cuya titularidad correspondía a Gabriel Navarro (terminada en 812) y otros abonados telefónicos (sus compañeros de trabajo Arnal y Cohello, su novia Vera y Bazán), indicando fechas y horarios de dichas comunicaciones y, en algún caso, su geolocalización (págs. 227, 228 y 229), para concluir que abonado individualizado (el terminado en 812) efectivamente “era utilizado por Navarro” (pág. 228), mostrando una inconsistencia en la declaración del testigo cuando en el debate afirmó que “no utiliza[ba] teléfono celular y que se comunicaba con su amigo por intermedio del celular de su pareja” (pág. 227).
Finalmente, en contra de la credibilidad del testigo Navarro, los jueces también valoraron que de la planilla de presentismo de la estación Santa Catalina, se desprendía que el día 3 de agosto de 2017 no trabajó triple turno como declaró en el juicio oral (pág. 229).
35.3. Ahora bien, la argumentación que hace en este punto el Tribunal permite constatar la arbitrariedad en el razonamiento probatorio, que ya es una constante a lo largo del veredicto.
En efecto, en primer lugar, observo que los jueces privilegian la información incorporada por el imputado sobre el punto controvertido (si tuvo o no visitas el día 3 de agosto), invocando -como razonamiento lógico- que Bazán declaró cinco días después (“resulta lógico toda vez que declaró el día 8 de agosto”, dijeron), circunstancia que también era predicable sobre la declaración que Batalla prestó en la IPP, recibida el mismo 8 de agosto de 2017 (ver fs. 1247/50 del principal).
Tampoco era irrelevante examinar en este punto el dato que señaló la defensa, al recordar que Bazán durante su primera declaración en la causa (como vimos, el día 8 de agosto), dijo que todo lo que hizo esos días estaba en su teléfono celular e invitó a consultarlo, pues al menos desde una primera aproximación surge que –efectivamente- así lo hizo cuando luego de responder que el día 3 de agosto estuvo solo, dudó sobre lo que hizo el día 4, declarando “está todo en el celular” y frente a una repregunta insistió “está todo en el teléfono, si quieren pueden fijarse” (pág. 146 del veredicto). De la misma forma respondió el acusado cuando fue “preguntado por la Agente Fiscal para que diga si desde el 29 hasta el 4 lo visitó su novia y se quedó a dormir” y contestó que sí, pero sin recordar las fechas, reiterando “está todo en el teléfono” (pág. 147).
36. Pero de mayor importancia –por su impacto en la decisión que el Tribunal toma en este tramo en particular- resulta la argumentación utilizada por los jueces para descartar la existencia del chat que señaló la defensa entre Batalla y Bazán, que ubicó el día 3 de agosto, con el objeto de corroborar las manifestaciones del testigo sobre la visita al acusado.
En efecto, al momento de reseñar los alegatos de clausura de la defensa, el Tribunal señaló que, según la parte, había “un chat en donde Batalla le dice al acusado el día 3 de agosto de 2017 'Marcos si te vas dejame la puerta abierta que quiero ir a trabajar” (pág. 189); planteo que, como vimos, el Tribunal descartó al afirmar que en el sistema Ufed no existía el chat “en los términos en que la Defensa dice que Batalla le mandó a Bazán” (pág. 227, el destacado me pertenece).
Ahora bien, observo que el recurrente, al examinar la valoración que hicieron los jueces en este específico punto, insiste “en que el chat invocado por la defensa en su alegato EXISTE”, estimando que el Tribunal tergiversó la prueba (fs. 70vta. del legajo recursivo) e identifica el siguiente intercambio de mensajes de audio WathsApp del sistema UFED: Juan Batalla - marca de hora: 03/08/2017 10:59 (UTC-3)
Audio contenido: “che guano, ¿hoy estás?”
Juan Batalla - marca de hora: 03/08/2017 10:59 (UTC-3)
Audio contenido: “si estás paso tipo cuatro”
Bazán: Marca de hora: 03/08/2017 12:22 (UTC-3)
Contenido: “Ok”.
Ciertamente, el contenido de los mensajes que señala la defensa en el recurso es diverso al que mencionó durante los alegatos de clausura; pero la cuestión esencial que planteaba la defensa al Tribunal -y eso no puede negarse desde la inteligencia más elemental- era la existencia de un intercambio de mensajes entre Batalla y Bazán el día 3 de agosto, con potencial informativo para corroborar la declaración de Batalla en el juicio cuando declaró que ese día fue a la casa de su amigo a trabajar en la honguera.
Y hago esta aclaración pues, efectivamente, la compulsa del reporte UFED compuesto por la impresión en papel del listado de extracción del teléfono del acusado y que consultó el Tribunal en varios tramos del veredicto, surge un intercambio de mensajes el día 3 de agosto de 2017 entre Batalla y Bazán, aunque por resultar mensajes de audio, en el listado escrito no consta su contenido (ver página 1653 del UFED). No obstante, esa mera constatación material exigía a los jueces ir en busca del contenido de esos mensajes, para corroborar o refutar la proposición fáctica alegada por la defensa, práctica que sin dificultad se hizo en el marco de esta revisión, previo requerir al Tribunal de origen el disco extraíble donde se resguardaron aquellos archivos, constatando en la carpeta denominada “Marcos Bazán”, específicamente en el “informe de extracción”, que se le enviaron desde el abonado 5491150940963 (correspondiente a Juan Batalla) dos mensajes de audio en forma sucesiva, el día 3 de agosto de 2017 a las 10:59 AM, constatando la voz de un masculino que en el primero dice “che guano, ¿hoy estás?” y en el segundo “si estás paso tipo cuatro”. Luego, la impresión del informe UFED refleja que Bazán el mismo día a las “12:22:51 p.m.” envía a aquel número “Ok” (ver página 1655 del UFED).
36.1. Entonces, recapitulando, frente a la concreta argumentación de la parte: o el Tribunal pasó por alto el intercambio de mensajes que señaló la defensa y que constaban en el informe impreso del UFED; o registró ese dato, pero omitió ir en busca del contenido de esos audios; o, como última opción probable, constató el contenido de los audios pero acomodó su argumentación para rechazar el planteo de la parte, aprovechando que la defensa, en el alegato, no reflejó fielmente el contenido de aquellos mensajes, estableciendo así que en el sistema Ufed “no existe el chat en los términos en que la Defensa dice que Batalla le mandó a Bazán” (pág. 227 del veredicto), proposición que aun siendo formalmente correcta, desplaza arbitrariamente la respuesta a la parte, tergiversando además la evidencia disponible.
Cualquiera sea la opción que refleje la realidad de lo sucedido, es cuestionable, frente a la concreta argumentación de la defensa y en la medida que –con mayor o menor grado- muestra que los jueces, otra vez, ignoraron someter a corroboración empírica la proposición fáctica que formó parte de la teoría del caso de la defensa.
De todos modos queda claro que el Tribunal no se tomó el trabajo de constatar la existencia de los mensajes individualizados por la defensa, cuando -al contrario- dedicó varios tramos del veredicto a examinar las comunicaciones del abonado que correspondería al testigo Gabriel Navarro (páginas 227, 228, 229), con la única finalidad de controvertirlo en el punto relativo a que “no utilizaba teléfono celular”.
En cambio, frente al dato relevante que introdujo la defensa (como vimos, con buenas razones), el Tribunal lo descartó, literalmente en una oración.
En rigor, tampoco es razonable pensar que los jueces del Tribunal, por un descuido involuntario, no hayan reparado en la existencia de los mensajes que envió Batalla a Bazán el día 3 de agosto, aun considerando como hipótesis que solo compulsaron el informe UFED impreso, pues ya vimos que en el tratamiento de este mismo apartado establecieron que Bazán el día 3 de agosto de 2017 “desde las 01.51.04 p.m. hasta las 11.09.07 p.m., no contestó llamadas y mensajes que le eran enviados” (pág. 226), conclusión que necesariamente requirió examinar con detalle las llamadas y mensajes entrantes y salientes del celular de Bazán en la fecha precitada (aunque sobre este punto se volverá en otro tramo de la revisión).
A mi juicio, la valoración de la prueba que hizo el Tribunal en este punto muestra -de nuevo- un sesgo en el razonamiento tendiente a confirmar una hipótesis que ya había sido decidida, afectando la imparcialidad en el juzgamiento del imputado, pero esta vez sumando otras consecuencias perjudiciales, en tanto los jueces remitieron copias de lo actuado a la Fiscalía General para que se investigue a Gabriel Navarro y a Juan Batallo por la posible comisión del delito de falso testimonio (pág. 229 y 286).
37. Finalmente, y en cierto modo vinculado con el desarrollo expuesto en los puntos que anteceden, observo que los jueces valoraron como un indicio más en contra del acusado el mensaje enviado por la novia de Gabriel Navarro a Bazán, el día 4 de agosto de 2017 a las 13:58 PM, alertándolo “compa dice Gaby que saques todo”.
Para comprender el sentido que le atribuye el Tribunal a ese mensaje, conviene mencionar que en los alegatos de clausura la fiscalía señaló su contenido y lo vinculó “indudablemente al hallazgo del cuerpo de la víctima B., A. y la necesidad de sacar del domicilio todo elemento que lo pueda incriminar” (ver acta de debate, fs. 335 de este legajo recursivo). Cabe recordar que el cuerpo sin vida de la víctima fue hallado el día 4 de agosto al mediodía.
La defensa objetó el sentido que quiso darle la fiscalía a ese mensaje y alegó -irónicamente- que en realidad Bazán dejó todos los objetos que podían incriminarlo, como la tijera y la pala, y señaló además que hubiera sido mejor dejar la marihuana que tenía en el domicilio. Lo último se comprende, a la vez, a partir de los dichos del propio Gabriel Navarro cuando en el juicio oral se le preguntó directamente por el sentido de ese mensaje y dijo que “el día viernes le pidió a su pareja, Romina Vera, que le enviara un mensaje a Marcos Bazán diciéndole que 'saque todo' porque como era muy probable que hagan un allanamiento en su casa, tenía miedo que lo lleven detenido por las plantas de marihuana” (ver presentación de la declaración en el veredicto, pág. 161/162).
37.1. El Tribunal descartó la argumentación de la defensa y omitió aquí (página 230 y siguientes del veredicto) toda referencia a la explicación que dio Gabriel Navarro sobre el sentido del mensaje, en tanto el magistrado que votó en primer término afirmó: “no concuerdo con la apreciación de la defensa en la medida que los objetos que ahora incriminan a Bazán podían pasar desapercibidos para él”, explicando -en lo que aquí importa- que el acusado no tenía por qué saber el contenido de la conversación de WhatsApp entre B., A.y Lautaro Morales donde hablaron de la tijera que se secuestró en su domicilio, mientras que la “pala B (con punta convencional)” necesitó de una pericia geológica para vincularla con el lugar del entierro (pág. 230 del veredicto).
El magistrado señaló que, al contrario, Bazán “sacó bastantes cosas”, como las prendas de B., A., y agregó que en la casa de Bazán tampoco se encontraron sangre o pelos de la víctima (pág. 231 del veredicto).
En otras palabras, el Tribunal validó en este punto la interpretación que hizo la fiscalía sobre el sentido del mensaje analizado, circunstancia que -a mi entender- carece de toda lógica y razonabilidad porque implicaría admitir que tanto Gabriel Navarro como su pareja Romina Vera sabían, el día 4 de agosto, que B., A. había estado cautiva en la casa de Bazán y, consecuentemente, lo alertaron para que descartase todo elemento incriminatorio del homicidio. Ni el propio fiscal que litigó el caso en el juicio oral estableció hipótesis semejante, que –por otro lado- le hubiera exigido investigarlos como cómplices o encubridores de los delitos imputados a Bazán.
A esta altura, es más razonable admitir que de la misma forma que lo hicieron a lo largo del veredicto, los jueces intentaron encajar la evidencia en la hipótesis acusatoria.
Como otros indicios de cargo, el Tribunal valoró “las modificaciones evidenciadas en el acusado”, “tanto en sus hábitos de conducta cotidianos, como en su estado de ánimo durante el período de tiempo en que la víctima B., A. estuvo privada de su libertad, la violaran, le segaran su vida y finalmente la sepultaran” (pág. 232/233 del veredicto). En ese sentido, diferenciaron con nitidez dos aspectos relativos a la conducta de Bazán, en el periodo indicado:
(i) por un lado, en cuanto a su “estado de ánimo”, señalaron “el nerviosismo y alteración que presentaba el causante para esa época” (pág. 233), de acuerdo con los mensajes que examinaron en el veredicto (páginas 233 a 239).
(ii) por otra parte, en relación a la modificación de sus “hábitos de conducta cotidianos”, establecieron que Bazán era un consumidor habitual de pornografía, excepto en un periodo de inactividad coincidente con el cautiverio de la víctima;
(iii) Y en cierto modo, vincularon esa inactividad con el hecho de que Bazán, durante el día 3 de agosto de 2017, no contestó mensajes ni llamadas desde las 01.51 PM a las 11.09 PM, “coincidente con la franja horaria” en que se dató la muerte de la víctima.
39. Para apoyar la inferencia construida a partir de la alteración del estado de ánimo del acusado, durante el período de tiempo en que la víctima B., A. estuvo privada de su libertad, los jueces argumentaron - en primer lugar- que los allegados de Bazán “se esforzaron en sus testimonios para describir que entre el 29 de julio de 2017 y el 4 de agosto del mismo año transcurrieron días normales en sus respectivas rutinas, sin notar nada atípico en la conducta o características del acusado”. En ese sentido, ponderaron los testimonios de Juan Batalla, Gabriel Navarro y Mariano Casal Urquizu, cuando coincidieron en señalar que “durante dicho periodo, no notaron nada raro, que lo vieron normal a Marcos Bazán” y del mismo modo valoraron la declaración de Florencia de Caso, cuando “intent[ó] demostrar que la vida [de Bazán] y su entorno no habían registrado ningún tipo de modificación” (pág. 233).
Al contrario, los jueces estimaron que “las transcripciones de conversaciones del sistema Ufed Reader de fs. 5328/5337vta” de la causa principal, daban cuenta del “nerviosismo y alteración que presentaba el causante para esa época” (pág. 233).
En efecto, el juez que votó en primer término valoró que “precisamente, a partir del día 30 de julio de 2017, emp[ezaban] a evidenciarse los indicadores” a los que se refería, detallando a continuación el contenido de los mensajes que ese día el acusado le envió a su novia Florencia de Caso, a su madre Silvia Jaime y a su amigo Juan Batalla (pág. 233/234), luego de haber comparecido a la comisaría a prestar declaración en el marco de esta causa (en ese entonces como testigo, por divisar una persona sospechosa en la Reserva, esa misma noche).
Para resumir, en los mensajes Bazán le menciona a su novia que aquella actividad lo dejó filtrado, lo cansó, que encima se cruzó con un perro mal herido, lo que terminó de destruirle la cabeza; que necesitaba calmar su alma y su espíritu; que para ello necesitaba un rivotril o clonazepam, un faso y un poco de vodka; y en similar sentido se expresó en los mensajes que envió a su madre, cuando le comentó que recién llegaba de la comisaría, que estaba acelerado, no podía “bajar”, e iba a tomarse “un blister de clonazepam”; y a Juan Batalla cuando le escribió “a fumar tanta locura”, luego de comentarle lo del perro e insultar a la policía (pág. 233/234).
39.1. Ahora bien, tomando como punto de partida el contenido de aquellos mensajes y comparándolos con la situación objetiva que -según Bazán- había vivenciado previamente, es posible coincidir, en cierto modo, con la interpretación que hacen los magistrados sobre el “inexplicable impacto que le generó el hecho de prestar declaración testimonial en una dependencia policial (…) como la angustia que le habría provocado ver un perro herido” (pág. 234).
No obstante, cabe señalar una inconsistencia en el razonamiento de los jueces, pues aun cuando desde una primera aproximación aquella interpretación parece ser coherente (como dije, tomando la descripción de la realidad que hizo el propio Bazán en los mensajes y la afectación -quizás desmedida- que les transmitió a sus allegados por ese motivo), lo cierto es que de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que se dieron por probados en el veredicto, a esa fecha (30 de julio de 2017), B., A.Bazán se encontraba secuestrada en un lugar distinto a la reserva Santa Catalina y por ello fuera de la custodia de Bazán, lo que anula la asociación que hacen los jueces entre su estado anímico y la situación en que habría mantenido a la víctima.
En otras palabras, el juez que vota en primer término vincula la “inexplicable” alteración en el ánimo que reflejan los tres mensajes que envió Bazán el día 30 de julio, con la desaparición de la joven B., A.(dice el magistrado: “precisamente, a partir del día 30 de julio de 2017 empiezan a evidenciarse los indicadores a que me refiero”, pág. 233), cuando -por otro lado- se establece en el veredicto que la víctima estuvo cautiva en la casa de Bazán “cuanto menos desde el día 1 de agosto de 2017” (pág. 2), sin constar que con anterioridad a esa fecha los jueces hayan determinado que Bazán cumplió algún rol o participación en la configuración del delito (siendo insuficiente la mera sospecha sobre esa posibilidad, sin apoyo empírico en la evidencia disponible).
Cabe señalar que si bien en la narración de los hechos que se dieron por probados el Tribunal estableció que la víctima “cuanto menos desde el día 1º de agosto de 2017 fue retenida y ocultada en domicilio (…) habitado por Marcos Bazán” (pág. 2), término que podría generar cierta confusión por su capacidad para indicar desde esa fecha o como mínimo desde esa fecha (admitiendo la posibilidad de que sea anterior); lo cierto es que en la motivación del veredicto los jueces determinaron que B., A.fue llevada a la reserva el día 1ero. de agosto de 2017, de acuerdo con la antigüedad del rastro que explicó el entrenador de perros Tula (pág. 248). Entonces, más allá de la opinión de los jueces, cuando explicitan sus “serias sospechas” sobre la posible presencia de B., A. en la casa de Bazán desde el día 29 de julio, la realidad es que admiten que “no hay certezas de ello, pero sí la hay (…) a partir de los guarismos de Tula que estimó en cinco días de antigüedad el rastro de B., A.encontrado en la entrada de la reserva” (pág. 248), estableciendo -en definitiva- que B., A.fue llevada a la reserva el día 1 de agosto de 2017.
40. Las inconsistencias señaladas en la asociación que hacen los jueces a partir de los mensajes que envía Bazán el día 30 de julio, son extensivas al segundo grupo de mensajes que examinan, luego de establecer que “los comportamientos que evidencian el nerviosismo que presentaba el acusado para ese entonces se agravan con el paso de los días” mientras “los rastrillajes y búsquedas a cargo de las distintas fuerzas policiales se intensificaban” (pág. 135).
En efecto, continuando con su argumentación, aquí los jueces transcriben el intercambio de mensajes que tuvieron el día 31 de julio de 2017 Bazán y su novia (pág. 235), para concluir que “ni siquiera su pareja comprendía los motivos de la extrema preocupación del imputado” (pág. 235).
Otra vez, al margen de la apreciación que pueda hacerse sobre el estado anímico del acusado al enviar esos mensajes, a tenor de su contenido y en tanto el propio Bazán reconoce “tener [su] mente perturbada de cosas negativas [que le hacen] perder la cabeza”, entre otras consideraciones similares; lo cierto es que -de nuevo- no es posible sostener la asociación que hacen los jueces entre esos concretos mensajes y la situación en que se encontraba la víctima el día 31 de julio, pues de acuerdo con la reconstrucción de los hechos que hizo el Tribunal, B., A. estaba fuera de la reserva en esa fecha y, consiguientemente, fuera de la custodia del acusado (pues ninguna de las hipótesis que se discutió en el juicio oral señaló como posibilidad que Bazán haya tenido contacto con la víctima fuera del ámbito de su domicilio).
Se trata, en definitiva, de la imposibilidad de corroborar la conclusión a la que llega el Tribunal en esta concreta inferencia o, lo que es igual, refutar la correlación establecida por los jueces entre el estado anímico del acusado y el cautiverio de la joven durante los días 30 y 31 de julio de 2017, en función del principio lógico de no contradicción, en la medida que una proposición y su negación no pueden ser ambas verdaderas, al mismo tiempo. Así, al establecer en el veredicto que B., A.fue trasladada el día 1 de agosto al domicilio de Bazán, quedó descartado que con anterioridad a esa fecha haya estado bajo su custodia.
41. Dicho esto, advierto que el resto de los mensajes y audios que analiza el Tribunal en este tramo del veredicto corresponden, en su mayoría, a los días 4 y 5 de agosto de 2017, cuando el cuerpo de B., A.ya había sido hallado, excepto uno correspondiente al día 3 de julio donde Bazán expone “que pasan helicópteros por su casa que le hacen recordar a Saigón” (pág. 236).
De nuevo, puede coincidirse en que el intercambio de mensajes que tiene Bazán con Florencia de Caso el día 4 de agosto refleja que el acusado presentaba cierto grado de alteración, pues así se lo expresó a su novia cuando le dijo que estaba “sacado” por la presencia policial, y ella -en lo esencial- le aconsejó que tenía que tranquilizarse, hacer algún tipo de terapia y reparar en que habían encontrado a una joven muerta a 200 metros de su casa (pág. 236/237). En similar sentido, el día 5 de agosto Bazán le dice a su novia que los recuerdos lo abrumaban, entre otras consideraciones por el estilo (pág. 239).
Sin embargo, el grado de asociación o intensidad que establecen los jueces entre el estado de ánimo de Bazán y su participación en el delito, queda debilitada, en la medida que valoran de manera conjunta y contextual los mensajes correspondientes a los días 30 y 31 de julio, y los del 3, 4 y 5 de agosto, cuando unos y otros reflejarían realidades distintas. En ese sentido, observo que la argumentación del Tribunal intenta mostrar un progresivo aumento del nerviosismo y alteración de Bazán, “que empieza a evidenciarse” el día 30 de julio (pág. 233), “se agrava con el paso de los días” a tenor de los mensajes que envía el día 31 de julio (pág. 235), y que “muestra su pico de iracundia en el momento que aparece el cuerpo de la joven B., A.asesinada” (pág. 244).
En rigor, el razonamiento seguido por el Tribunal comprobaría que el acusado estuvo “alterado” y “nervioso” tanto los días en que la víctima habría estado cautiva en su domicilio, como los días en que estuvo fuera de la reserva Santa Catalina, sin poder discriminar un punto de inflexión que explique su estado de ánimo alterado.
42. Como un indicio de cargo más, el Tribunal valoró que “durante el día 03 de agosto de 2017, la última comunicación telefónica mantenida por Marcos Bazán es aquella que tuvo lugar a las 01.51.04 p.m. horas, volviendo a mantener contacto recién a las 11.09.07 p.m; y si bien en dicho período recibió mensajes y llamadas, los mismos no fueron contestados...” (pág. 241).
Luego, los jueces constataron que “el lapso temporal en que [fue] certificada la ausencia de registros telefónicos, en lo que respecta a llamadas, mensajes y visitas a sitios web” (tema sobre el que volveré), coincidía “justamente con la franja horaria indicada por el médico autopsiante como data de la muerte de B., A.” (pág. 241).
42.1. Ahora bien, la compulsa del reporte UFED compuesto por la impresión en papel del listado de extracción del teléfono del acusado, permite constatar que el día 3 de agosto de 2017, en el periodo señalado (es decir, entre las 13:51 horas y las 23:09 horas) se registraron: tres llamadas entrantes de Juan Batalla (a las 15:22, 15:32 y 15:41 horas), que no fueron respondidas; dos mensajes de audio de Whatsapp de Florencia de Caso (a las 18:11 y 18:12 horas), uno de la madre de Bazán (19:29 horas) y, seguidamente, dos llamadas entrantes de la madre de Bazán, la primera a las 20:14 horas, sin atender, y la segunda a las 20:20 horas, con una duración de nueve minutos, doce segundos (ver página 1657 del UFED, ubicación 16916, Call Log, Incoming, 03/08/2017 8:20:36 p.m. (UTC-3), From: 1164907751 Mama, 00:09:12).
La constatación anterior refuta directamente el indicio que intenta construir el Tribunal, pues parte de una premisa que carece de apoyo empírico.
En rigor, observo que las siguientes proposiciones fácticas: “durante el día 03/08/2017, la última comunicación telefónica mantenida por Marcos Bazán es de las 01.51.04 p.m. horas, volviendo a mantener contacto recién a las 11.09.07 p.m; y si bien en dicho período recibió mensajes y llamadas, los mismos no fueron contestados”, corresponden a los términos del informe de la fiscalía obrante a fs. 5326/27 de la causa principal y al que se remitió expresamente el fiscal en la discusión final del debate, con el objeto de demostrar el “comportamiento más que sugestivo” de Bazán cuando no contestó mensajes ni llamadas “desde las 01:51 p.m. hasta las 11:09 p.m” del mencionado día 3 de agosto (ver acta, fs. 347 de este legajo).
A mi juicio, lo anterior implica que, o bien los jueces se limitaron a copiar de modo casi textual un informe de la fiscalía que instruyó la causa, sin someter a corroboración la veracidad de su contenido o, compulsado el informe UFED (que estaba disponible) decidieron no reflejar fielmente sus registros, tergiversando la evidencia disponible. Cualquiera sea la opción que refleje la realidad de lo sucedido, es cuestionable, y refuerza la idea de que los jueces intentaron encajar la evidencia en una hipótesis ya decidida.
43. En forma conjunta con el indicio anterior, el Tribunal valoró otro que “guarda[ba] relación con la asiduidad con la que el imputado Bazán visitaba páginas web con contenido pornográfico” y “la interrupción de [esa] actividad cotidiana justo en el periodo de cautiverio de la víctima” (pág. 241).
En efecto, en lo que interesa destacar, los jueces establecieron en forma preliminar que conforme la verificación de la “solapa Web History” del teléfono celular del acusado, desde “el 08 de mayo de 2017 hasta el 6 de agosto de 2017”, dentro del registro de un total de 1880 visitas, aproximadamente 634 correspondían a material, imágenes y reproducciones de contenido pornográfico (pág. 239/240) y en el análisis de “la solapa Timeline” detectaron el tenor de ciertos videos, a partir de sus títulos, que transcribieron en el veredicto, así como las fechas y horarios de su reproducción (pág. 240).
Luego, los jueces señalaron que “se indica[ba] en la referida certificación” (la de la fiscalía que ya mencionamos), “que las visitas a los site web pornográficos era usual, en forma casi diaria y cotidiana, accediendo tanto en horarios laborales como cuando se encontraba en su domicilio” (pág. 240), y que “sin embargo (…) el encartado visitó las páginas aludidas hasta el 31 de julio de 2017, no registrándose ninguna actividad hasta el día 03 de agosto de 2017 a las 05.50.54 a.m. horas, por un corto período, reiniciándola el 05 de agosto de 2017” (pág. 241).
Establecido lo anterior, el Tribunal valoró que la falta de respuesta a los mensajes y llamadas que se le hicieron el día 3 de agosto, como la ausencia de visitas a páginas pornográficas en el período señalado, no podía reducirse a una mera coincidencia, en tanto demostraba “la interrupción de una actividad cotidiana justo en el periodo de cautiverio de la víctima” (pág. 241); conclusión que fue retomada con mayor énfasis cuando señalaron el “abrupto corte de Bazán en su visita diaria a páginas web con contenido pornográfico desde el 8 de mayo de 2017 hasta el 31 de julio de 2017, fecha en que no se consumió este material hasta el día 3 de agosto de 2017 a las 05.50.54 a.m. horas, por un corto período, reiniciándolo el 05 de agosto de 2017” (pág. 249).
43.1. A fin de lograr un mayor entendimiento y recapitulando, observo que los jueces examinaron los accesos de la solapa Web History del teléfono de Bazán, en el periodo comprendido entre el 8 de mayo y el 6 de agosto de 2017, y establecieron:
- que en ese periodo registraron aproximadamente 634 visitas a páginas de contenido pornográfico.
- que el ingreso a esos sitios web, en el periodo precitado, era “usual, en forma casi diaria y cotidiana” (pág. 240), y luego precisaron que era “diaria” (pág. 249).
- que hubo una “interrupción” de aquella “actividad cotidiana”, desde el 31 de julio hasta el 3 de agosto.
- que el tramo en que se constató esa “interrupción” (31 de julio hasta el 3 de agosto), coincidía con el periodo en que la víctima estuvo cautiva.
43.2. Ahora bien, la estructura lógica del razonamiento que el Tribunal intenta construir en este punto, contiene la problemática propia que implica afirmar que una persona tiene un determinado hábito de conducta.
En efecto, para llegar a esa conclusión fáctica se debe contar con datos sobre cierta conducta y la frecuencia en que se realiza (diaria, semanal, mensual, tantas veces a la semana, tantas veces al mes, etc.); y para avanzar desde esos datos hacia la conclusión de que la persona tiene determinado hábito, también se debe utilizar una definición de “hábito”, como garantía o enlace de tipo conceptual.
En ese sentido, la conclusión de que Bazán visitaba sitios web con contenido pornográfico en forma “habitual” es un dato que puede corresponderse con la realidad, dependiendo de qué definamos por habitual: ¿es hacerlo en forma diaria, algunos días a la semana, algunos días al mes?.
Observo que el Tribunal afirma que aquel ingreso era “usual”, “casi diario y cotidiano”, no obstante luego precisa que las visitas eran diarias, dato no menor, pues solo así sería relevante (por lo inhabitual o inusual) que Bazán interrumpiera el consumo de pornografía durante tres días (del 31/07 al 3/8), coincidentes con el cautiverio de la víctima. En efecto, tratándose de una conducta puesta en comparación con un período de tiempo, la argumentación sobre los hechos que hace el Tribunal no depende solamente del dato fáctico consistente en que Bazán visitaba páginas con contenido pornográfico, o que lo hacía cierta frecuencia, sino de establecer que lo hacía en forma diaria o que al menos así lo había hecho durante aproximadamente los últimos tres meses (periodo consultado), pues solo entonces el quiebre de actos repetidos, constantes y semejantes cobraría cierto sentido en la configuración de los hechos que se dieron por probados.
En otras palabras, la conclusión a la que llega el Tribunal en este punto exige establecer que era sumamente improbable que Bazán dejase pasar tres días sin visitar sitios web con aquel contenido, para intentar buscar una explicación razonable a esa interrupción, que los jueces encontraron en la comisión del delito.
43.3. Dicho esto, corresponde examinar si las premisas de las que parte el Tribunal para construir su concreta inferencia se corresponden con la evidencia disponible, pues ya constatamos diversos déficits en la motivación del veredicto que imponen extremar el análisis de la revisión.
En ese sentido, constato que la compulsa del reporte UFED (fuente informativa del material citado por el Tribunal en el veredicto), a través del disco extraíble donde se resguardaron aquellos archivos, en la carpeta denominada “Marcos Bazán”, específicamente en el “informe de extracción” y en particular del contenido del “historial internet”, compuesto por 1880 registros, se registra en el mismo periodo examinado por el Tribunal, es decir, del 8 de mayo al 6 de agosto de 2017, días en los que desde el teléfono de Bazán sí se ingresa a sitos web de contenido pornográfico y otros días en los que no, lo que descarta, en primer lugar, la proposición fáctica que señala que el ingreso era diario.
En efecto, no se registran ingresos los días 12, 15, 17, 18, 25, 26, 30 y 31 de mayo; 1 y 2 de junio, 5 de junio; 10, 11 y 12 de junio; 14 de junio; 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de junio; 25 de junio; 28, 29 y 30 de junio; 1 y 2 de julio; 5, 7 y 8 de julio; 12 y 13 de julio; 19, 20 y 21 de julio; 24 y 24 de julio, 26, 27 y 29 de julio; 1 y 2 de agosto, y 4 de agosto, todos del año 2017 (el destacado corresponde a las fechas en que el Tribunal ubica la “interrupción”).
Los datos señalados permiten realizar una simple constatación: de un total de noventa y un (91) días que comprenden el periodo de tiempo tomado en forma aleatoria en el veredicto, la mitad se corresponden con días en los que Bazán no accedió a material pornográfico desde su celular, circunstancia que no solo debilita la inferencia que construye el Tribunal, sino que directamente la deja sin apoyo empírico. En otras palabras, en contra de lo establecido por el Tribunal, no se corrobora “un abrupto corte de Bazán de su visita diaria a páginas web con contenido pornográfico” (pág. 248/249), que coincida “justo” con la cautiverio de la víctima, pues -en rigor- en el periodo que señalan los jueces hay una multiplicidad de “interrupciones”, incluida una en la que Bazán no accede a ese tipo de material durante ocho días consecutivos (16 al 23 de junio).
Al igual que en el caso anterior, advierto que la información que establecen los jueces como correspondiente al examen de la “solapa Web History” del celular de Bazán, del mismo modo que la proposición fáctica consistente en “que las visitas a los site web pornográficos era usual, en forma casi diaria y cotidiana”, es una copia textual del informe de la fiscalía que venimos mencionando (el de fs. 5326/27 del principal, ver pág. 240 del veredicto).
En ese sentido, es necesario insistir en un aspecto básico y central de la lógica de los juicios orales y es que lo que dice el litigante (sea fiscal o defensor) no es evidencia, por lo que tampoco prueba (en el sentido de corroborar o dar apoyo empírico) lo que un funcionario de la fiscalía informa al fiscal en el marco de una certificación actuarial.
La información que el Tribunal debe valorar para decidir sobre los hechos controvertidos debe necesariamente emanar de la fuente de información (testifical, informativa, etc), pero no de lo que dicen los litigantes que dice la prueba.
Entonces, el examen realizado en este punto implica, de nuevo, o bien los jueces se limitaron a copiar de modo casi textual un informe de la propia fiscalía que instruyó la investigación, sin someter a corroboración empírica la veracidad de su contenido o, compulsado el informe UFED correspondiente, decidieron no reflejar fielmente sus registros, tergiversando la evidencia disponible.
INVOLUCRADOS: (i) Bazán y la víctima. Diario íntimo En la página 213 del veredicto, el magistrado preopinante transcribió una frase del diario íntimo de la víctima, “…cabaña desvencijada en la parte de abajo ubicada en el bosque…” (ver copia obrante a fs. 2618 de la causa principal), luego afirmó que esa descripción “se correspondía” con las fotografías de la casa de Marcos Bazán obrantes en el legajo fotográfico III (fs. 33/35), y a partir de esa coincidencia infirió que B., A.Benítez conocía a Marcos Bazán.
La observación de las fotografías identificadas por el Tribunal en el veredicto, permiten apreciar las características de una vivienda cuyo estado de conservación, en términos generales, no era el mejor.
Esa circunstancia parece ser la única que se tuvo en cuenta en el veredicto para establecer la relación entre la casa de Marcos Bazán y la frase contenida en el diario íntimo de la víctima, por la utilización del término “cabaña” y el estado “desvencijado” de “la parte de abajo”. Sin embargo, la lectura del texto completo en el que se encuentra inserta la frase destacada en el fallo, revela que no resulta lógica la relación establecida entre una cosa y la otra.
En efecto, el texto completo obrante en la fotocopia señalada en el veredicto (fs. 2618 de la causa principal), dice lo siguiente: “lo que estaba mal, que era lo diferente en esa ocasión respecto a las otras tantas veces que me había bañado. De todas formas no estaba pensando mucho en eso, sino en Agostino, y que tenía la certeza que no me dejarían salir de casa para ir al bosque. Así que de un momento a otro salí corriendo, lo más veloz que podía, y escapé al bosque. Allí (mucho más selvático de lo que sea [palabra ininteligible] es) bajé en picada por un caminito de tierra, desde lo alto de una colina, para encontrarme con una cabaña, un poco desvencijada abajo. Entré y ahí estaba Agostino, que después de abrazarlo me dijo que en un ratito volvía…”.
En la narración transcripta se individualiza a una persona del sexo masculino como ocupante de la vivienda descripta como “cabaña”, y esa persona no es Marcos Bazán sino otra de apellido “Agostino”, coincidente con el apellido del profesor de matemáticas de la escuela secundaria a la que asistía la víctima, quien en el comienzo de la investigación fue detenido como sospechoso del homicidio, siendo posteriormente sobreseído (fs. 5500/5505 de la causa principal). Cabe agregar que no se detectó ninguna conexión relevante del mencionado Agostino, ni con Marcos Bazán ni con Marcelo Villalba.
De allí que la indicación del apellido de la persona señalada en la narración como ocupante de la cabaña (“Agostino”), resulte inconciliable con la hipótesis acusatoria formulada en contra de Marcos Bazán.
A mayor abundamiento, es dable destacar que en la narración también se hizo referencia a “lo alto de una colina” desde la cual se habría llegado a la “cabaña un poco desvencijada abajo”, descripción que tampoco se corresponde con las características geográficas de la zona donde se encontraba emplazada la vivienda de Marcos Bazán.
En resumidas cuentas, aun cuando se desconoce si la narración que la víctima volcó en su diario íntimo se correspondía con un hecho de la vida real, lo cierto es que ni los acusadores ni los jueces del debate explicaron cómo podría establecerse válidamente la relación entre la “cabaña” mencionada y la vivienda de Marcos Bazán, si en la narración se indicaba que el único ocupante era una persona distinta (“Agostino”), ni tampoco dieron razones que permitan comprender cómo es que el relato contiene la mención de una característica geográfica (lo alto de una colina) inexistente en las cercanías de la vivienda del acusado.
Por tales motivos, resulta ilógica y contraria a las constancias de la causa, la relación que estableció el Tribunal entre la la casa del acusado y la frase consignada en el diario íntimo de la víctima, puesto que esa relación se apoyó exclusivamente en las características precarias de aquella vivienda, omitiendo considerar la existencia en el texto de varias referencias diametralmente opuestas a la conclusión probatoria que tuvo por demostrada.
Bazán y el círculo de amigos de la víctima En el párrafo siguiente al analizado en el punto anterior (relativo al “diario íntimo”), el juez preopinante continuó el examen de la prueba en los siguientes términos (páginas 213/214 del veredicto). “(…) Y también incluye a Lautaro Morales, Elías Nicolás Domínguez y Pedro Vissio, pues en mi opinión callaron la verdad al decir que no lo conocían (a) Bazán”.
“Decían que iban a la reserva a fumar marihuana y a estar tranquilos y libres, y sin embargo los tres fueron enseguida a la reserva, una vez que desapareció B., A., hablaban de corazonada, especulación pero lo cierto es que no daban toda la información que conocían”.
“En este sentido tomo las palabras del primo de B., A., Juan Alberto Zittercoff, quien relató que desde el primer momento participó en las búsquedas, rastrillajes, y no sabía que B., A.frecuentaba la reserva”. “Refirió que hubo muchas cosas que no le gustaron de los amigos de B., A., había un pacto de silencio entre ellos, estaba con el tema de la droga y concurrían a la casa de Bazán por ese tema y el que tenía la iniciativa de ir era Lautaro Morales, e incluso vio fotos de Elías Domínguez en esa casa”.
46. De acuerdo con lo anterior, el Tribunal afirmó que Lautaro Morales, Elías Domínguez y Pedro Vissio mintieron al decir que no conocían a Marcos Bazán, puesto que los tres nombrados no dieron toda la información que conocían, y en el voto del magistrado que lideró el acuerdo se tomó como elemento demostrativo de aquello que estaba afirmando, al testimonio de Juan Alberto Zittercoff.
Ahora bien, si se aprecian las manifestaciones del mencionado testigo Zittercoff que se relevaron en el veredicto (páginas 31/32), se advierte que la información que había aportado, vinculada con el conocimiento entre los amigos de B., A. y el acusado Marcos Bazán, la había conocido por comentarios que escuchó con posterioridad a la desaparición de la víctima. Cabe aclarar que la referencia a una fotografía de Elías Domínguez en la casa de Marcos Bazán no fue corroborada, puesto que ni la fiscalía, ni la acusación particular ni el Tribunal hicieron alusión a la existencia de esa imagen, la cual tampoco se apreció en la compulsa de la causa principal.
En ese contexto, entonces, las circunstancias que se advirtieron al examinar el veredicto, en torno al momento y a la manera en la que el testigo adquirió la información que volcó en su declaración, más los reclamos de la defensa sobre el punto en trato (ver fs. 10/11 de este legajo), llevó a este Tribunal a compulsar el registro de audio de la declaración del nombrado, para verificar cuál fue el motivo por el cual los magistrados de la instancia le otorgaron un peso cargoso de tal entidad, como para afirmar que otros tres testigos mintieron en este aspecto de sus declaraciones. De allí que, al compulsar la grabación del testimonio de Juan Alberto Zittercoff, se advirtieron dos circunstancias fundamentales a la hora de evaluar el valor convictivo de la información que aportó, las que fueron notoriamente omitidas en el veredicto, y que revelan la arbitrariedad del razonamiento desarrollado en el fallo, sobre el punto aquí analizado.
En efecto, al escuchar la respuesta completa que brindó el nombrado a una de las preguntas que le formularon, en el marco del cual se refirió al “pacto de silencio” que dijo haber advertido entre los amigos de la víctima, expresó lo siguiente: “había muchos comentarios, sobre que los amigos de ella estaban en la droga, que iban a esa casa por ese mismo tema, se dijeron muchas cosas, yo no tengo fehacientemente que pueda decir fue así, porque fueron muchas cosas que se escucharon de todos lados y uno trata de sacar conclusiones propias, pero no…”.
Si se compara la respuesta anterior con el relevamiento que se hizo en el veredicto sobre esta declaración (párrafo tercero de la página 32), se advierte que sólo se consignó la primera parte, omitiéndose la segunda parte de la respuesta (puesta de resalto en el párrafo anterior) que el testigo brindó sin solución de continuidad, de la que se infiere que el declarante deja en claro que no tenía elementos para evaluar la credibilidad de las distintas versiones que había escuchado.
Sin embargo, pasando por alto los reparos que el propio testigo expuso en su declaración, el Tribunal consideró verídica esa información, entendiendo que sus dichos corroboraban que los tres jóvenes mencionados (Morales, Domínguez y Vissio) conocían a Marcos Bazán, y por tanto, habían mentido al negarlo en sus respectivas declaraciones. La segunda omisión que se detecta al compararse el veredicto con el registro de audio del debate, se encuentra directamente relacionado con lo anterior, porque demuestra que el Tribunal no pudo ignorar que no había motivos válidos para reconocerle a los dichos del testigo Zittercoff, el valor convictivo que le asignó.
En efecto, luego de la descripción de los comentarios que había escuchado sobre la concurrencia de los amigos de la víctima a la casa de Marcos Bazán, el testigo fue preguntado concretamente por uno de los magistrados del Tribunal, en los siguientes términos:
Juez: “Usted puede identificar a las personas que mencionaron lo que usted acaba de decir, que (los chicos) acudían a esa casa? (la de Marcos Bazán)”.
Testigo: “Sí, fue gente de la fiscalía que me han comentado, y bueno, después de charlas que los escuchaba, porque como te digo, yo estoy acá y estoy escuchando al que está allá en el fondo lo que está cuchicheando, desgraciadamente tengo un oído demasiado privilegiado”.
Juez: “Usted mencionó, ´recurrían a esa casa´ (la de Bazán). Cómo se entera usted de esta afirmación?”.
Testigo: “Porque yo estuve mucho tiempo, como le dije anteriormente, estuve mucho tiempo viniendo a la fiscalía, las declaraciones que me pedían, y todas las cosas, y continuamente se hablaba de un tema, del otro, que pim, que pam y de ahí van saliendo todos los datos y las cosas que van quedando“.
Juez: “Pero hubo alguna persona del círculo de B., A., conocido, amigo, que le mencionó puntualmente la casa esta que usted está haciendo referencia?".
Testigo: “No, no, no, como le dije, conmigo no querían hablar, se negaban rotundamente”.
Juez: “Usted escuchó a los del círculo de B., A.decir alguna cosa más?”.
Testigo: “Hablaban entre ellos, buscaban de cambiar temas, lo que pasa es que ahí también, yo diferí mucho con todos estos chicos, porque utilizaron el nombre de B., A.para hacer pancarta política…”. En el tramo de la declaración del testigo transcripta en los párrafos precedentes, surge en forma clara que el conocimiento que tenía provenía de conversaciones ajenas que escuchó de diversas personas. Por un lado, está claro que en las circunstancias del caso, ningún valor convictivo puede tener que el testigo haya escuchado algún diálogo de las fiscales intervinientes o del personal a su cargo, puesto que todo lo que estas personas conocían se vinculaba con la tarea que llevaron a cabo en la investigación del hecho, es decir, no es posible inferir que conocieran nada distinto de lo que se volcó como prueba en el juicio. Y en cuanto a las conversaciones entre el grupo de amigos de la víctima, el propio Zittercoff señala que los jóvenes no hablaban con él, y el testigo no brindó ningún elemento que permita conocer en qué circunstancias y a quién habría escuchado hacer alguna de las referencias que describió en el comienzo de su declaración.
A esta altura, interesa destacar que todo lo anterior no es una crítica para el testigo, quien en todo caso se limitó a responder a las preguntas que se le formularon.
La crítica se dirige a la arbitrariedad de una conclusión probatoria que carece de apoyo en la evidencia que el Tribunal invoca en sostén de su afirmación, puesto que afirmar que los tres testigos mencionados (uno de ellos el mejor amigo de la víctima y el otro el novio al motivo de su desaparición) mintieron en sus declaraciones, apoyándose en comentarios que, en circunstancias indeterminadas, habrían hecho personas que no fueron identificadas, carece de toda lógica y razonabilidad.
47. Por último, en lo que hace a este punto del razonamiento probatorio desarrollado en el fallo impugnado, corresponde referirse a las razones por las cuales el Tribunal afirmó que los testigos Morales, Domínguez y Vissio “no daban toda la información que conocían”. La única razón que puede inferirse del párrafo respectivo del veredicto (página 213, anteúltimo párr.), es que los magistrados no creyeron en las respuestas que dieron los testigos, cuando fueron preguntados sobre los motivos por los cuales, al enterarse de la desaparición de la víctima, decidieron ir a buscarla a la Reserva. En esa línea de ideas, corresponde señalar que la compulsa del registro de audio del debate permite apreciar que, frente a las preguntas que se les formularon sobre este punto (en primer lugar de parte del fiscal, y luego en forma insistente de parte del Juez Lugones), los tres jóvenes respondieron que sus decisiones sobre el primer sitio de búsqueda tuvieron que ver con la cercanía de ese lugar con el domicilio de la víctima, y con la falta de seguridad de ciertos sectores de la Reserva.
Así lo expresó Elías Domínguez: “era un lugar al cual yo fui dos veces con ella, y era un lugar que quedaba cerca de su casa, fue uno de los lugares que se presentaban como ocurrentes al principio como para pensar que ella podía estar ahí, nada más que eso, nada en especial”; (…) “Simplemente una especulación de que por ahí podría estar ella ahí, nada puntual, porque yo fui dos veces ahí, como es un lugar grande, que no tiene seguridad, que es bastante raro en cierto sentido, es un lugar que si se pierde alguien cerca uno puede pensar que puede estar ahí”.
Por su parte, Lautaro Martínez dijo: “Porque era el lugar más cercano, o sea, si alguien le quiso hacer algo, nosotros veíamos ese lugar como un lugar donde no había nadie prácticamente, que podrían hacerle cualquier cosa ahí adentro. Es un lugar muy diferente a estar en la calle. Era lo primero que se nos vino a la mente por no saber…”. En similares términos se expresó Pedro Vissio, al decir que la Reserva “es el primer lugar que uno iría a buscar”, porque “es un bosque inmenso, siempre se encuentran elementos, ropas…”.
El magistrado preopinante no creyó en los dichos de los tres jóvenes, pero no dio ningún motivo válido que respalde su afirmación. Del escueto párrafo dedicado en el veredicto a este punto, se desprende que el juez habría encontrado que la descripción que dieron los jóvenes sobre la Reserva (un lugar al que iban “a fumar marihuana y a estar tranquilos y libres”), era contradictoria con su decisión de elegir ese lugar como primera opción de búsqueda luego de enterarse de la desaparición de B., A..
Sin embargo, esa contradicción no es tal cuando se compulsan las tres declaraciones en su totalidad, puesto que los jóvenes hablaron de las dimensiones de la Reserva, la ausencia de personal de seguridad o controles en el interior de la misma, y los distintos sectores que la conformaban, explicando la situación Elías Domínguez en los siguientes términos: “(…) es un lindo lugar para andar a caballo, a tomar mate, si va al lugar donde está el predio de la estación uno puede estar tranquilo, ahora si uno se mete en el bosque es distinto, es como que no te ve nadie…”. El veredicto no revela ninguna razón a partir de la cual inferir válidamente que los jóvenes ocultaron información, y en este sentido, no puede pasarse por alto que aquéllos no fueron los únicos que consideraron a la Reserva como una de las primeras opciones de búsqueda de la víctima. En concreto, el acta de fs. 15 de la causa principal indica que a las pocas horas de radicada la denuncia (30 de julio alrededor de la una de la mañana), la progenitora de la víctima junto con personal policial concurrió a la Reserva Santa Catalina, circunstancia corroborada por el testimonio que brindó en el debate la oficial María José Encina (ver página 97 del veredicto).
Cabe destacar, en este punto, que de los testimonios de los familiares más cercanos de B., A. (su madre y su hermano), se desprende que el día de la desaparición de la nombrada no tenían ninguna pista o indicio sobre el destino que había tomado al salir a caminar, con lo cual su búsqueda en un sitio público de las características que presenta la Reserva Santa Catalina, ubicado a tres o cuatro cuadras de distancia, no parece extraña.
De todo lo anterior se desprende la arbitrariedad de la afirmación del Tribunal, según la cual los testigos Morales, Domínguez y Vissio mintieron en sus declaraciones, en tanto carece de apoyo en las pruebas que se invocaron en el veredicto como sostén de esa conclusión.
Bazán y el coimputado Villalba. En las páginas 247 y vta. del veredicto el magistrado preopinante consideró demostrado que Marcos Bazán y Marcelo Villalba (acusado respecto de quien se suspendió el juicio, por las razones que surgen de fs. de este legajo) se conocían.
Para sostener esa afirmación, tuvo en consideración “las manifestaciones de Adriana Edith Prado que fue Directora del colegio Enam, al que concurría B., A.y sus sobrinos de apellido Villalba – pero sin parentesco con el imputado- en cuanto le dijeron éstos al observar los rostros por televisión de los acusados (el destacado es de la presente) que Marcelo Villalba vendía droga en la puerta del colegio mencionado y también en la puerta de la “casita del bosque” en la reserva de Santa Catalina, que no es otra que la casa de Bazán”.
“Lo dicho echa por tierra la negativa de Bazán como de Marcelo Villalba de no conocerse mutuamente, circunstancia que no es más que una mentira para situarse en una mejor posición procesal”.
49. En primer término, corresponde precisar que si bien en el veredicto no se relevó el contenido de la declaración de la nombrada (ni tampoco quedó grabada en el registro de audio del debate), existen diversas constancias en el legajo que permiten inferir que fue la aparición de la imagen del rostro de Marcelo Villalba (no el de Marcos Bazán, como se deja entrever en la frase destacada en el párrafo anterior) la que motivó el comentario del sobrino de la testigo.
Tales circunstancias se desprenden de la constancia que se dejó en el acta de debate, en la oportunidad en la que compareció Adriana Edit Prado (“... a pedido de la defensa particular, se deja constancia que la testigo expresó ´… confundí el nombre, la referencia era a Villalba en lugar de Bazán…”) –fs. 275vta.-, complementada con la referencia que hizo el letrado de la particular damnificada en su alegato de cierre del juicio (“Importante resulta la testimonial de Adriana Prado al manifestar ´Uno de mis sobrinos de nombre Villalba Damián, que cuando vio a Bazán en la tele (después aclaró que se había confundido y que era Villalba al que se refería), pero luego dijo ´…ése es el que me vende faso…´” (fs. 356vta.). Por último, la declaración testifical que la señora Prado había realizado en la etapa preparatoria, que se incorporó como prueba al debate (fs. 2899/2900 de la causa principal, y 275vta de este legajo), corrobora que la nombrada no había hecho mención alguna a Marcos Bazán.
50. Delimitada entonces la referencia que hizo la testigo Prado a la imagen televisiva que motivó el comentario de su sobrino, se advierte que el Tribunal valoró la información revelada por la nombrada, según la cual su sobrino le dijo que sus compañeros de la escuela secundaria le compraban estupefacientes a Marcelo Villalba en la puerta del colegio y también “en la puerta de la casita del bosque”.
A partir de esa referencia, y dado que a juicio del Tribunal, la “casita del bosque” era la vivienda que ocupaba Marcos Bazán, concluyó que este último conocía a Marcelo Villalba.
Ahora bien, es dable destacar en primer lugar, que de acuerdo a la declaración que brindó Adriana Edith Prado en la fiscalía instructora (fs. 2899/2900), el sobrino que le hizo el comentario sobre Villalba tenía, al momento de ese acto procesal, veintiséis (26) años de edad, con lo cual la edad no era un impedimento para convocarlo a testificar. Pese a la relevancia que los acusadores le dieron a la manifestación que habría hecho esa persona, sobre la presencia de Marcelo Villalba “en la puerta de la casita del bosque”, no lo convocaron al debate, no dieron ninguna explicación atendible sobre esa circunstancia, ni tampoco la dio el Tribunal.
Interesa destacar, en este punto, que de acuerdo a la hipótesis que sostuvieron los acusadores, y que el Tribunal tuvo por comprobada, Marcos Bazán y Marcelo Villalba actuaron en forma conjunta y coordinada en la comisión de los delitos que se le atribuyeron al primero. Esa hipótesis tenía una falencia desde el punto de vista probatorio, que fue destacada por la defensa de Marcos Bazán, y que tenía que ver con la ausencia de pruebas o indicios que permitieran establecer una relación de conocimiento entre Bazán y Villalba.
Se advierte, en esa dirección, que pese a que la fiscalía tuvo a su disposición una importante cantidad de información sobre las comunicaciones de Marcos Bazán (conforme informe UFED y análisis de cruces telefónicos, fs. 5.303/16 del principal), de allí no surgió ningún elemento que permitiera establecer algún tipo de vínculo entre el nombrado y Villalba.
Ninguna otra persona reveló indicios que permitieran inferir un conocimiento previo entre los dos individuos que al inicio del debate fueron señalados como coautores (Marcos Bazán y Marcelo Villalba). De allí que la ausencia de convocatoria del testigo en cuestión por parte de los acusadores, sin una explicación atendible, debía ser considerada como un elemento que restaba las posibilidades de éxito de sus pretensiones, puesto que no es lógico intentar superar aquella orfandad probatoria sobre la relación de conocimiento entre los imputados, a partir de los dichos de una persona que relata lo que le dijo otra, sobre eventos que habrían ocurrido bastante tiempo antes de los que constituyen materia del debate (aspecto sobre el que se volverá), respecto de los cuales ni siquiera ha quedado claro quién o quiénes los presenciaron.
En esa dirección, cabe destacar que la declaración de Adriana Edith Prado no permite conocer si su sobrino vio a Marcelo Villalba “en la puerta de la casita del bosque” o si fue un comentario que le hicieron sus compañeros de colegio. Cabe la posibilidad entonces, de que se esté tomando como prueba de cargo, los dichos de una persona (Adriana Edit Prado) que relata lo que le contó su sobrino (Emanuel Villalba) quien a su vez podría estar contando lo que le habrían comentado sus compañeros de colegio (no identificados), sobre hechos que habrían ocurrido doce años antes.
Sin perjuicio de lo anterior, y aun cuando se intente pasar por alto la incertidumbre detectada sobre la fuente de la información valorada por el Tribunal, lo cierto es que aun así existen otros datos que surgen de las mismas constancias probatorias estimadas por el órgano juzgador, que demuestran la arbitrariedad de la inferencia probatoria que construyó en el veredicto.
En efecto, el Tribunal afirmó dos cosas: (i) Que Marcos Bazán vivía “en la casita del bosque”; y (ii) Que Marcelo Villalba vendía estupefacientes “en la puerta de la casita del bosque”. A partir de esas dos afirmaciones, infirió que Marcos Bazán y Marcelo Villalba se conocían. Sin embargo, el Tribunal pasó por alto un elemento que desvirtúa la construcción lógica de su argumentación, y que tiene que ver con la cuestión temporal.
Marcos Bazán sostuvo en una de sus declaraciones a tenor del art. 317 del ritual, que se mudó a la casa ubicada en la Reserva Santa Catalina cuatro años antes aproximadamente (fs. 2346), es decir, en el año 2013. No se agregó ninguna otra evidencia que demuestre lo contrario.
El sobrino de la testigo Prado dijo que Villalba les vendía estupefacientes (“fasitos”) desde que él tenía “catorce años” de edad, tanto en la puerta de la escuela secundaria a la que asistían como en la mencionada “casita del bosque”.
Si el sobrino de la testigo tenía veintiséis años de edad al momento de la declaración testifical de fs. 2899/2900 (año 2017), esa referencia ubica los hechos que comentó a su tía alrededor del año 2005, cuando tenía catorce años, es decir, ocho años antes del momento en el que Bazán dijo haberse mudado a la Reserva Santa Catalina.
Y aun cuando se considerara la posibilidad de que la situación que el sobrino le comentó a la testigo Prado (la venta de estupefacientes por parte de Villalba) se haya extendido por más tiempo, su referencia al colegio secundario no permitiría ir más allá de otros cuatro años, es decir, hasta el 2009 o 2010, bastante lejos (tres años antes) de la época en la que Bazán se mudó a esa casa.
De allí que el Tribunal no debió afirmar que la declaración de la testigo Prado demostraba la presencia de Marcelo Villalba en la puerta de la casa de Marcos Bazán, porque no solamente debió evaluar la ausencia inexplicable en el juicio de la persona que le había revelado la información a la nombrada, sino que además esa escasa información que pudo compartir la testigo contenía expresas referencias temporales que ubicaban a los hechos allí relatados en un momento distinto y anterior a la ocupación de la vivienda por parte de Marcos Bazán.
51. LESIONES Y DURLOCK:
Finalmente, observo que en la discusión final del debate, la fiscalía sostuvo que: “[p]revio a darle muerte a la joven, le realizaron una lesión punzo cortante en hemicara derecha, maxilar de 5,5 cm de longitud y 1,3 cm de ancho. Dicha lesión es la que es compatible con esas marcas que aparecen en la vivienda de Bazán y que están concatenadas con esa actitud totalmente desproporcionada e inhabitual de parte del acusado” (fs. 6386 de la causa principal).
El letrado representante de la particular damnificada hizo alusión a la lesión punzo cortante señalada en el párrafo anterior, no obstante lo cual no la relacionó específicamente con las marcas en el “durlock” de la casa de Marcos Bazán (ver fs. 6389vta. y 6396vta.). Al momento de valorar el peso convictivo de estos elementos de cargo, el Tribunal pareció coincidir con la postura de la fiscalía, puesto que en el párrafo del veredicto que se transcribirá a continuación, sostuvo que la lesión punzo cortante “guarda concordancia con las marcas lineales y profundas en el durlock del living-comedor de Bazán”. En tal sentido, se desprende del voto del magistrado que lideró el acuerdo, lo siguiente: “[a]sí, y antes de provocar la muerte de la joven, le realizaron una lesión punzocortante en hemicara derecha (maxilar) de 5,5 cm. de longitud por 1,3 cm. de ancho, existiendo una profundidad de 2 cm. de lesión de entrada de arma blanca estimándose que el arma utilizada tiene una hoja con borde cortante (las que guardan concordancia con las marcas lineales y profundas en el durlock del living-comedor de Bazán), siendo que las lesiones puntiformes punzantes inferiores a la descripta podrían corresponder a la acción de la punta del mismo elemento, accionado como amedrentamiento” (el subrayado es de la presente). Sin embargo, un párrafo después del transcripto, el magistrado arribó a una conclusión contraria a la anterior, puesto que advirtió que la doctora Ludmila Zilvetti, médica especialista en anatomía patológica, descartó la posibilidad de que esa herida pudiera haber sido provocada mediante un golpe de esa zona del cuerpo de la víctima contra una pared (tal la hipótesis que había planteado la fiscalía).
El testimonio de la nombrada, en lo que se refiere al punto en trato, quedó reflejado en el veredicto, de la siguiente manera: “[d]estacó que las lesiones faciales son vitales y traumáticas por la característica lineal de la lesión, considerando muy factible que sea producto del corte de una hoja con filo, por ejemplo, un cuchillo, afirmando que no puede corresponderse con otro tipo de mecanismo como un golpe, abrasión o arrastre” (pág. 130).
Frente a esa manifestación de la doctora Zilvetti, el magistrado razonó de la siguiente manera: “[c]abe hacer un paréntesis aquí en cuanto los acusadores mencionaron que la herida punzocortante en su cara pudo corresponderse con las marcas lineales y profundas en el durlock del living-comedor de Bazán, pero la Dra. Ludmila Zilvetti destacó que la herida mencionada la provocó seguramente una hoja con filo y descartó que pudiera corresponderse con otro tipo de mecanismo como un golpe, abrasión o arrastre” (página 268 del veredicto).
52. Ahora bien, descartada la posibilidad de relacionar las marcas en el durlock de la casa de Marcos Bazán, con la herida cortante que presentaba la víctima en su rostro, el Tribunal insistió con el valor convictivo de aquellas marcas en el durlock, pero esta vez las relacionó con otras lesiones que presentaba la víctima en su rostro.
Así, sostuvo que “(…) las múltiples lesiones constatadas, esto es, equimóticas, excoriativas o hematomas, en regiones frontales, pabellón auriculares, labios y antebrazo son, dijo el Dr. Héctor Rosetti perfectamente compatibles con arrojar a la persona contra una pared” (el destacado es de la presente).
“De ahí, que no se puede dejar de mencionar las marcas de golpes en el durlock del living comedor de Bazán que por su tamaño y disposición se corresponderían con marcas dejadas por puños” (página 268 del veredicto).
Tal como se verá a continuación, el Tribunal puso en boca del doctor Rosetti palabras que el médico no dijo, y a partir de la modificación en el veredicto del contenido del testimonio del nombrado, el magistrado le asignó un valor convictivo incriminante en contra de Marcos Bazán.
En efecto, si se compulsa el pasaje del fallo en el que se relevó el contenido de la declaración del doctor Rosetti, se advierte ya una primera diferencia sustancial con el párrafo anteriormente transcripto. Así, en la página 132 del veredicto se indicó que el médico, ante preguntas que se le formularon, “contestó que las lesiones descriptas podrían ser compatibles con arrojar a la persona contra una pared”. Está claro que esa respuesta es diferente de aquella que se consignó en la página 268 del veredicto, puesto que una cosa es decir que una lesión “podría ser compatible” con determinado mecanismo de producción, y otra es decir “perfectamente compatible”.
Sin embargo, esto no es todo.
La compulsa de la grabación del debate permite verificar cuál fue la pregunta que se le planteó al médico, y cuál fue su respuesta completa:
“Pregunta: Algunas de estas últimas lesiones (equimóticas o hematomas, en regiones frontales, pabellón auricular, labios, antebrazo), podría llegar a ser compatible con arrojar a una persona, la víctima en este caso, contra la pared violentamente?”.
“Respuesta: Las lesiones provocadas por arrojar a una persona contra la pared pueden ocasionar desde, habría que ver las características de la pared y cuál es la zona puntual, pero pueden causar tanto hematomas, equimosis o excoriaciones, podrían ser compatibles”. La transcripción de la respuesta completa que brindó el testigo demuestra que el Tribunal le asignó valor convictivo en función de una manifestación que el testigo no hizo.
Ello es así, puesto que el doctor Rosetti no fue más allá de dejar abierta la posibilidad de que lesiones de aquel tipo (hematomas, equimosis o excoriaciones) pudieran ser compatibles con el mecanismo de producción que se le planteó en el interrogante, aclarando expresamente que debían observarse “las características de la pared y la zona puntual” para emitir un juicio que superara una mera posibilidad, y sin embargo, pese a que se contaba con las fotografías del durlock que la fiscalía invocaba como elemento incriminante en contra de Marcos Bazán, esas imágenes no le fueron exhibidas al testigo durante el debate.
De allí que no es lógico deducir de una respuesta como la que brindó el doctor Rosetti, que el médico haya afirmado que las lesiones eran “perfectamente compatibles con arrojar a la persona contra una pared”. Esa frase no fue dicha por el testigo, ni tampoco puede ser inferida razonablemente del contenido de su respuesta.
53. Si bien lo expuesto en los dos apartados precedentes resultaría suficiente motivo para demostrar la arbitrariedad con la que el Tribunal le asignó valor incriminatorio a los elementos examinados, no puede dejar de mencionarse que en el voto del magistrado preopinante se desarrollaron otros argumentos que contienen falencias similares. En efecto, luego de establecer la relación entre las lesiones de la víctima y las marcas en el durlock de la casa de Marcos Bazán (de manera arbitraria, como ya se explicó anteriormente), el razonamiento continuó de la siguiente manera:
“Y esto sí resulta compatible con lo dicho por los guarda parques Amanda Brandan y Pablo Centurión frente a conducta no usuales en el acusado, por los golpes de maderas y golpes en la pared escuchado los días martes o miércoles - 2 o 3 de agosto- en la pared lindera de la casa de Bazán con la cocina que usaban los ferroviarios para cocinar”. “Fue muy convincente Centurión cuando expresó que los comentarios que hicieron sus compañeros fue el tema de la música ya que jamás habían escuchado música alta en lo de Bazán, mientras que Brandan manifestó que nunca había escuchado música puesta por Bazán”.
“Respecto del golpe Brandan mencionó que nunca escuchó un golpe igual a ese y luego siguieron los golpes al tiempo que se escuchaba la música. Y también refirió la testigo que esto ocurrió al mediodía después que el acusado llegara a su propiedad de ingresara por delante, cuestión que también le sorprendió porque siempre lo hacía por atrás” (páginas 267/69 del veredicto).
De acuerdo a lo que se desprende de los párrafos transcriptos, el Tribunal infirió que los ruidos y la música que describieron los testigos Brandan y Centurión, provenientes del interior de la casa de Marcos Bazán, podían ser considerados como indicios demostrativos de que la víctima fue golpeada en la vivienda del nombrado, en circunstancias en que se encontraba privada de su libertad.
Para razonar de esa manera, el magistrado preopinante hizo especial hincapié en que los dos testigos mencionados dijeron que nunca antes habían escuchado ruidos de esas características, ni tampoco música con el volumen que se escuchó en aquella oportunidad.
Sin embargo, en la evaluación del testimonio de los dos nombrados, omitió considerar circunstancias relevantes que modifican sustancialmente el valor de la información que revelaron.
Así, al lado de la afirmación de Susana Brandán, conforme con la cual escuchó “un ruido fuerte, una madera contra una pared, que nunca antes había escuchado”, el juez debió tener en consideración que la misma testigo Brandán expresó que hacía poco tiempo que trabajaba en ese lugar (“menos de un año”), y que casi nunca iba al sitio desde donde escuchó aquel ruido.
En efecto, se trataba de un obrador que estaba ubicado al lado de la casa de Marcos Bazán, que los guarda parques utilizaban para distintos menesteres, sitio que se encontraba alejado del puesto habitual que ocupaba la testigo en la Reserva, y al cual Brandán dijo que había “dos o tres veces durante ese año, a comer” (conforme grabación del debate). De allí que el testimonio de la nombrada no pueda ser considerado como un elemento válido para considerar que, en la fecha indicada (primera semana del mes de agosto de 2017), se escuchó un ruido proveniente de la casa de Marcos Bazán “que no era habitual”, puesto que las escasas oportunidades en las que la nombrada estuvo cerca de ese lugar impiden considerarla como un referente válido sobre los ruidos que habitualmente salían del interior de la propiedad del acusado.
Es más, fue la propia Brandan quien expresó que cuando escuchó el ruido en cuestión, estaba acompañada por otros compañeros que trabajaban en la Reserva, alguno de los cuales le dijo que no había nada extraño en ese tipo de ruido, porque Bazán trabajaba de orfebre. Estas fueron las palabras que utilizó la testigo: “Algunos escucharon el ruido, de sus compañeros, otros no, y uno dijo que era usual porque él es orfebre”.
Lo mismo ocurre con el volumen de la música que la testigo dijo haber escuchado en las mismas circunstancias anteriormente relatadas.
Brandan expresó que ella nunca la había escuchado, pero sus compañeros le dijeron que sí la habían notado en otras ocasiones: “Nunca lo había escuchado a Bazan poner música, alguno de sus compañeros le dijo que sí lo habían escuchado”.
El Tribunal parcializó arbitrariamente el examen del testimonio de Brandan, puesto que sólo tomó las manifestaciones que le sirvieron para afirmar que en aquella fecha (martes o miércoles de la primera semana de agosto de 2017) se escuchó un ruido fuerte y música a un volumen no habitual, proveniente de la casa de Marcos Bazán, dejando a un lado el resto de las manifestaciones de la testigo que daban cuenta de la imposibilidad de tomarla como una persona que pudiera dar cuenta de los ruidos habituales que se escuchaban de aquella vivienda.
La misma falencia se encuentra en el segundo testimonio que se tuvo en consideración en el fallo, esto es, el de Pablo Esteban Centurión.
El nombrado dejó en claro que él no estuvo presente el día en que se habría escuchado la música en la casa de Bazán a un volumen “fuerte”. Así surge de la grabación del debate: “Hubo un comentario como que hubo mucha música de golpe, qué raro Bazán con música. Aclara que fueron comentarios de sus compañeros, él no la escuchó la música fuerte”.
El testigo también dijo que sus horarios de trabajo en la Reserva eran “particulares”, sin indicar concretamente cuáles eran, y esta falta de precisión no podía pasarse por alto a la hora de otorgarle la relevancia que se le dio en el veredicto, puesto que se encuentra directamente relacionada con la posibilidad de considerar al nombrado como un parámetro válido del volumen de música que se escuchaba – o noproveniente de la casa de Bazán.
Las omisiones que se detectaron en la valoración de los testimonios de Brandan y Centurión, por parte del órgano juzgador, resultan determinantes para invalidar el razonamiento probatorio que se construyó alrededor de ellos, puesto que no puede olvidarse que con esos elementos se pretendía demostrar que las lesiones que tenía la víctima en el rostro habían sido provocadas por un golpe contra un durlock que estaba en la casa del acusado.
Obsérvese, en este punto, que si bien se obtuvieron fotografías del mencionado durlock, la única actividad que se realizó sobre el mismo para obtener información relevante para la pesquisa, consistió en medir la longitud de las marcas que se observan a simple vista en el mismo (ver fotografías de fs. 2326/30), y con ello la fiscalía pretendió establecer una relación con la lesión punzo cortante de la víctima, vinculación que fue absolutamente descartada por la doctora Zilvetti.
No se obtuvieron rastros del mencionado elemento (durlock) que pudieran ser analizados para establecer si había algún elemento indicativo de que alguna parte del cuerpo de la víctima hubiera impactado contra aquél.
De lo anterior se desprende entonces, que ninguna de las pruebas presentadas por la acusación permitió establecer una relación entre los dos elementos considerados (el durlock y las lesiones de la víctima), y esta orfandad probatoria no se vio modificada por los testimonios de los guarda parques Brandán y Centurión, ante la falta de elementos aportados por estos últimos que permitan conocer cuáles eran los ruidos habituales que provenían de la casa de Bazán, y mucho menos inferir que el ruido y el volumen de la música que se escuchó en aquellos días constituían elementos demostrativos de que la víctima fue golpeada en el interior de la propiedad del acusado.
54. En definitiva, encuentro probada la infracción a la garantía de imparcialidad judicial, puesta de manifiesto en el particular sesgo de los jueces al examinar la evidencia y motivar el veredicto de culpabilidad del acusado, como también en la intervención que tuvieron durante la práctica de la prueba, desviándose del rol que como terceros desinteresados debían cumplir en el marco de un proceso penal adecuado al Bloque Constitucional Federal (arts. 18 de la Constitución Nacional, 8.1 de la CADH, 14.1 del PIDCP, 26 de la DADDH y 10 de la DUDH).
Por otra parte, resulta consabido que es condición de las sentencias judiciales que se presenten como una derivación razonada del derecho vigente, con aplicación a las circunstancias del caso, por lo que la tacha -con sustento en la doctrina de la arbitrariedad- prospera cuando el fallo prescinde de planteos oportunamente introducidos, de la normativa aplicable o contiene una interpretación y aplicación que la desvirtúa y torna inoperante. (conf. Doctrina Fallos 339:459)
En este sentido y, entre otras cuestiones, lo que el examen del veredicto en crisis arroja es que prescinde de la debida fundamentación, por cuanto, mediante afirmaciones dogmáticas que carecían de correlato con lo obrado en la causa, omitió toda consideración sobre los planteos de la defensa con base en aspectos conducentes para la correcta resolución del caso.
En ese mismo andarivel se han destacado apreciaciones de corroboración que han omitido toda consideración de los elementos esenciales en que se sustentan, de modo tal que han desvirtuado en sus conclusiones el sentido racional contrariando así las reglas de la lógica y en no pocos casos las máximas de la experiencia y aquellas especialmente basadas en conocimientos especializado de naturaleza científica. Es que corresponde descalificar las decisiones que se basan en aserciones meramente dogmáticas carentes de respaldo probatorio y sin fundamento en elemento de juicio alguno toda vez que la garantía de defensa en juicio comprende tanto la posibilidad de ofrecer y producir pruebas como la de obtener una sentencia que sea derivación razonada del derecho vigente con relación a los hechos demostrados en el proceso (Fallos: 321:89).
Por ello, y en el entendimiento que nos encontramos frente a un supuesto de aquellos contemplados en el artículo 461 del Código Procesal Penal, por tratarse de un quebrantamiento de las formas esenciales del proceso y resultando necesario celebrar un nuevo debate, propongo al acuerdo: hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas. Anular el veredicto y la sentencia dictados en la presente causa, reenviando las actuaciones para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio (arts. 18 y 75 inc. 22 Const. nac, 8.2.h CADH; 14.5 PIDCP; 1, 106, 201, 207, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531, CPP) y a esta cuestión VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la primera cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Adhiero, por sus fundamentos, a lo expresado por el doctor Carral.
Sin perjuicio de lo expuesto por el suscripto en la causa 90940 (“Mendoza, Astrid Marcela s/rec. de casación”, Reg. 398/2019), en el caso se presentan circunstancias diferentes a las que se tuvieron en consideración, con relación al reenvío de las actuaciones para que se realice un nuevo juicio.
En esa dirección, es dable advertir que la defensa invocó la afectación a la garantía de imparcialidad del Tribunal que dictó la sentencia condenatoria, en razón de la deficiencia que denunció en la valoración de la prueba, argumentación que se vio corroborada por las razones que se expusieron en el voto de mi colega de Sala. Por ese motivo, en este caso particular, no se advierte que el reenvío para un nuevo juicio implique una afectación al principio constitucional “ne bis in ídem”, en tanto aquella decisión se fundamenta en la afectación a la garantía de imparcialidad del Tribunal, denunciada por la propia asistencia técnica del acusado.
Por tales motivos, a esta primera cuestión me pronuncio en el mismo sentido en el que lo hizo mi colega. VOTO POR LA AFIRMATIVA.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Carral dijo:
La declaración de nulidad que se propone al Acuerdo, trae como consecuencia tres consideraciones que se realizan a continuación.
En primer lugar, corresponde dejar sin efecto los puntos dispositivos II y III de la sentencia impugnada (promoción de investigar el posible falso testimonio de seis personas que testificaron en el juicio), puesto que, tratándose de una decisión que no respondió a un pedido de los acusadores, los argumentos desarrollados en el fallo se encuentran indisolublemente vinculados con la arbitrariedad detectada por el sesgo de carácter confirmatorio reflejado en la argumentación del Tribunal. En segundo lugar, se advierte de las constancias del legajo que el coimputado Marcelo Sergio Villalba se encuentra actualmente en condiciones de afrontar el juicio oral, motivo por el cual debe propiciarse que el debate se realice en forma conjunta respecto de ambos acusados, con el objeto de asegurar los derechos de todas las partes y arribar a una decisión definitiva en el menor tiempo posible.
En tercer lugar, y sin perjuicio de lo dicho en el párrafo anterior, dado el tiempo de detención preventiva que lleva Marcos Esteban Bazán en esta causa, habrá de encomendarse al Tribunal de origen que analice (previa sustanciación) si corresponde mantenerla en los mismos términos, modificarla por una medida menos restrictiva de su libertad u ordenar su cese.
Por todo lo expuesto, propongo al Acuerdo: Hacer lugar parcialmente al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas; Anular el veredicto y la sentencia dictados en la presente causa, reenviando las actuaciones a la instancia de origen para que a través de jueces hábiles se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio; Dejar sin efecto los puntos dispositivos II y III de la sentencia impugnada (promoción de investigar el posible falso testimonio de seis personas que testificaron en el juicio); Encomendar al Tribunal de origen que el nuevo debate se realice en forma conjunta respecto de los dos acusados (Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazán); Encomendar al Tribunal de origen que se revea la situación de detención de Marcos Esteban Bazán dispuesta en las presentes actuaciones desde el 6 de agosto del año 2017; regular los honorarios de los letrados intervinientes (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. Nac.; 8.1 y 8.2.h), CADH; 14.1. y 14.5, PIDCP; 15, 168 y 171, Const. Prov.; 1, 106, 201, 207, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 CPP). Así lo voto.
A la segunda cuestión el señor juez doctor Maidana dijo:
Que voto en igual sentido que el doctor Carral, por sus fundamentos. Así lo voto.
Por lo que se dio por finalizado el Acuerdo, dictando el Tribunal la siguiente:
I. HACER LUGAR PARCIALMENTE al recurso de casación interpuesto por la defensa, sin costas;
II. ANULAR el veredicto y la sentencia dictados en la presente causa, REENVIANDO las actuaciones a la instancia de origen para que a través de un Tribunal distinto se reediten los actos necesarios para la realización de un nuevo juicio;
III. DEJAR SIN EFECTO los puntos dispositivos II y III de la sentencia impugnada (promoción de investigar el posible falso testimonio de seis personas que testificaron en el juicio);
IV. ENCOMENDAR al Tribunal de origen que el nuevo debate se realice en forma conjunta respecto de los dos acusados (Marcelo Sergio Villalba y Marcos Esteban Bazán);
V. ENCOMENDAR al Tribunal de origen que se revea la situación de detención de Marcos Esteban Bazán dispuesta en las presentes actuaciones desde el 6 de agosto del año 2017;
VI. REGULAR LOS HONORARIOS PROFESIONALES de los doctores Claudio Espejón y Guillermo Bernard Krizan, letrados patrocinantes de la particular damnificada, por la labor desarrollada en esta instancia, en un 25% de la suma fijada en origen.
de la doctora María del Rosario Fernández y del doctor Eduardo Néstor Soares, letrados defensores de Marcos Esteban Bazan, por la labor conjunta desarrollada en esta instancia, en un 30% de la suma fijada en origen.
VIII. TENER PRESENTE la reserva del caso federal.
48; 15, 168 y 171 de la Constitución Provincial; 1, 106, 201, 207, 209, 210, 371, 448, 450, 451, 454, 461, 530 y 531 del Código Procesal Penal; 16 y 31 de la ley 14.967; 14, de la ley 48.
Regístrese electrónicamente, notifíquese y oportunamente radíquese en el órgano de origen.
Fin de la sentencia