Abriendo la norma
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº9172/25 Sentencia: Definitiva Actor: Bazán Maximiliano Demandada: Oleosur S.A.
Objeto: Laboral Fecha: 15-09-2026 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los quince días del mes de septiembre de dos mil veintiséis se reúnen los integrantes de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia definitiva en los autos “BAZÁN, Maximiliano c/ OLEOSUR S.A. s/ laboral” Expte. Nº 10177 del año 2017 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 1 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería y de Familia de la ciudad de Pico Truncado, que ingresaron en la instancia con el Nº 9172. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Humberto Eduardo Monelos, Horacio M. J. Fernández y Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Debe aceptarse la excusación formulada por la Dra. Griselda I. Bard en PE 2082873/2025? SEGUNDA: ¿Es justa la sentencia recurrida? TERCERA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que la Dra. Bard se excusa de entender en estos autos por intervenir en ellos, como apoderado de la demandada su esposo, el Dr. Eduardo Rubén González y razones de decoro y delicadeza.
Es de público conocimiento en el foro local que el Dr. Eduardo Rubén González es el cónyuge de nuestra colega por lo que se encuentra configurada la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC (aplicable en el juicio laboral por imperio de lo dispuesto por los arts. 11 y 121 de la ley 1444) amén de las evidentes razones de decoro y delicadeza para excusarse de intervenir. Corresponde por ello aceptar la excusación formulada por la Dra. Bard y apartarla del conocimiento y trámite de estos autos.
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
II. Se configura en autos la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC invocada por la Dra. Bard y Razones de decoro y delicadeza. Por ello la excusación resulta procedente. Adhiero pues al voto que antecede.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
III. Que en el lejano octubre de 2017 Maximiliano Bazán, en escrito de fs. 6/8 y documental adjunta, promueve demanda contra la empresa OLEOSUR S.A. a fin que se haga efectiva la indemnización que establece el art. 32 del CCT de petroleros toda vez que la demandada no abonó la indemnización especial que establece esa norma con más o menos resulte de la prueba más los intereses a la tasa activa, conforme el fallo Castillo c/ Marbar, desde que el rubro debe ser cancelado, con costas. Sostiene haberse desempeñado en relación de dependencia con la demandada desde 1/1/1997 y que el 30/9/2015 notificó a la empresa que había iniciado los trámites jubilatorios. Relata que la demandada, pese a sus reclamos, no le abonó la citada bonificación. Transcribe el art. 32 del Convenio Colectivo de Petroleros y afirma tener derecho a 9 sueldos conforme esta norma. Ofrece prueba, reserva el caso federal y pide se haga lugar a la demanda con costas.
En escrito de fs. 52/56 y documental adjunta el Dr. Víctor Miguel Criado Arrieta se presenta en su carácter de apoderado de OLEOSUR S.A. a contestar la demanda. Opone la excepción de prescripción de los supuestos créditos y, en subsidio, contesta la demanda reconociendo la relación laboral y destacando que el art. 32 del CCT 643/12 condiciona la admisibilidad del beneficio a que los operarios se encuentren en condición de jubilarse y, además, que fueran notificados por las empresas a fin de iniciar los trámites jubilatorios. Sostiene que su representada no efectuó notificación alguna y por ende no puede validarse la interpretación extensiva propuesta por la actora. Se refiere a los recaudos de toda notificación dirigida a su representada y califica de improcedente el reclamo. Se explaya sobre la tasa del interés pretendido y cita jurisprudencia. Ofrece prueba y funda en derecho. Pide se rechace la demanda.
Contestada a fs. 83 la excepción de prescripción por sentencia interlocutoria de fs. 85 se la desestima con costas. Por providencia de fs. 100 se ordena y provee la producción de las pruebas ofrecidas por las partes. Se producen las certificadas por la Actuaria en PE 1559340/2024. En PE 1652456/2024 obra el acta de la audiencia del art.70 de la ley 1444 sin que las partes hubieran concurrido ni alegado sobre el mérito de la prueba, con lo que la causa queda en estado de resolver. Se llama autos a Sentencia por actuación del 11 de diciembre de 2024 en PE 1670901/2024.
Recién el 7 de octubre de 2025 se dicta sentencia en PE 1918786/2025 (sin que hubiera constancia de un pedido de prórroga), que en su parte dispositiva falla: Haciendo lugar a la demanda interpuesta por el Sr. Maximiliano Bazán contra Oleosur S.A. y la condena al pago de la suma de $ 306.670 que deberá ser actualizada desde el 19/11/2015 a la tasa pasiva promedio que publica el BCRA y que son de uso judicial. Los montos que resulten deberán ser abonados por la condenada en el plazo de diez días siguientes a la fecha de notificación del auto aprobatorio de la planilla general que al efecto debe practicarse, bajo apercibimiento de ejecución forzosa. Notifíquese, vinculando electrónicamente a esos efectos al Gabinete Contable, dependiente de la Excma. Cámara Civil de Caleta Olivia a los fines que practique la correspondiente liquidación de los intereses ordenados al día de la fecha. Se ordena además remitir los autos a los efectos del considerando VI (cálculo de los rubros reclamados) vinculando al Gabinete Contable. Condena en costas a la demandada por el principio objetivo de la derrota (art.68 del CPCC) y difiere la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes en autos hasta que se dé cumplimiento a la Acordada 2628 del STJSC. Manda notificar y registrar.
IV. Que disconforme con lo decidido únicamente interpone recurso de apelación con expresión de agravios el apoderado de la demandada, el Dr. Eduardo Rubén González con el escrito de PE1932245/2025. El recurso se concede libremente y con efecto suspensivo mediante providencia simple de PE 1156008/2025 que corre traslado de los agravios. Ellos no son contestados. Luego de varias devoluciones de Cámara a primera instancia comenzando en PE 2081921/2025 para que en 1ª instancia se intime al Dr. Luciani a constituir domicilio electrónico y en PE 2195923/2025 para que se lo notifique de lo actuado desde el 23/06/23 para evitar nulidades los autos se elevan con la certificación de estilo en PE 2330851/2026. Finalmente en PE2344070/2026 pasan los autos a Sentencia y se establece el orden para ello.
El apoderado de la demandada atacó los fundamentos de la sentencia en un preciso memorial de PE 1932245/2025 haciendo eje de su queja en la aplicación extensiva del art. 32 del CCC 643/12 al considerar un derecho adquirido del trabajador al momento del egreso la gratificación extraordinaria del art. 32 del citado CCT como sujeta a la condición de encontrarse el actor en condiciones de jubilarse pero obviando que su representada no notificó al actor de encontrarse en condiciones de obtener el beneficio.
En su queja el recurrente señala el error y tras transcribir el texto del art. 32 del CCT 643/12 en cuanto establece el requisito de “que fueran notificados por las empresas a fin de iniciar los trámites jubilatorios, percibirán…” que recalca es necesario para que nazca el derecho creditorio a favor del trabajador. Señala que en el caso, contrario al imperativo legal, el magistrado hace lugar a la pretensión argumentando que el trabajador notificó a la empresa que se encontraba en condiciones de jubilarse y le hace decir a la norma lo que no dice, amoldándola a los intereses de una parte en desmedro de la otra contra la expresión de la ley. Entiende que la Cámara no lo puede convalidar.
Argumenta que la elasticidad que aplica el magistrado a un supuesto no contemplado en la norma convencional se encuentra vedado por el art. 16 de la LCT al prohibir la aplicación extensiva de los convenios colectivos de trabajo. Ello por cuando deben ser interpretados restrictivamente a lo expresamente establecido en su texto pues se busca interpretar la voluntad de los negociadores y la seguridad jurídica. Menciona que la modificación del convenio colectivo a partir del mes de octubre de 2023 se ha extendido el beneficio. Hace hincapié que en el caso de autos el distracto ocurrió con anterioridad a la modificación del nuevo artículo 23 del convenio de la actividad y en ello fundamenta los argumentos de su parte que hacen improcedente la pretensión de la demandada y hecha por tierra la endeble afirmación de la sentencia en cuanto que la gratificación extraordinaria en un derecho adquirido del trabajador. Ese derecho nació con la homologación del actual convenio y no antes. Funda el derecho de su parte. Pide se revoque la sentencia.
V. Que como integrante del Poder Judicial me pesa que una demanda sencilla respecto de la interpretación del artículo 32 del CCT 643/12 haya insumido 8 años hasta la sentencia y más de un año hasta estar en condiciones de corregir las fallas para su elevación a esta instancia, y hago votos porque en la instancia, como servicio público de administrar la justicia, se arbitren los medios para evitar que se repitan estas demoras. Estamos de acuerdo que la pandemia complicó los procesos y que la vacancia del cargo motivada por la renuncia de la Dra. Zapata duró mucho tiempo pero la demora fue excesiva. Por otro lado no se explica que habiendo limitado el actor su pretensión a nueve sueldos (ver fs. 7 in fine) y se condene en la sentencie en crisis a abonar el importe de trece sueldos sin dar un fundamento.
E ingresando en el examen de la causa debo aclarar que la recepción del telegrama de fs. 1 en copia a fs. 154 e informado como entregado a fs. 156 se trata de un telegrama dirigido a la patronal por el actor. No de un telegrama donde la empresa demandada hubiera comunicado al Sr. Maximiliano Bazán que se encontraba en condiciones de percibir prestaciones de seguridad social con anterioridad a la edad de 65 años, a los fines de iniciar los trámites jubilatorios; como el art. 32 del CCT 643/12 exige para ser acreedor a la gratificación extraordinaria de esa norma convencional.
La renuncia depende de la voluntad del trabajador conforme su situación física y psíquica quien por el paso de los años puede ver reducidas sus posibilidades de realizar plenamente la actividad y disminuye su ritmo afectando el del equipo, aunque gana en conocimiento y experiencia. El empleador debe respetar el principio de la continuidad de la relación de trabajo. El trabajador ve con disgusto ser expulsado del sistema productivo pues el art. 91 de la LCT establece que el contrato por tiempo indeterminado dura hasta que el trabajador se encuentre en condiciones de gozar de los beneficios que le asignan los regímenes de seguridad social por límites de edad y años de servicios salvo que se configuren alguna de las causales de extinción previstas por la ley. El supuesto del art. 252 de la LCT semejante al supuesto del art. 32 convencional busca corregir que ante la disminución de la eficacia del trabajador se utilice el despido incausado. La intimación y la entrega de los certificados activa el modo extintivo aunque la ley no lo establece un imperativo para el empleador que puede o no efectivizar. Por ello el dependiente puede iniciar por su propia voluntad los trámites jubilatorios sin que medie intimación patronal y no tiene la obligación de notificar al empleador. Y obtenido el beneficio el dependiente extingue la relación por renuncia para percibir el haber jubilatorio. Pero hay que ponderar que una gratificación extraordinaria puede dificultar a trabajadores de cierta edad conseguir reinsertarse en la actividad toda vez la patronal puede mirar con desconfianza la posibilidad de tener que intimarlo a jubilarse cuando su desempeño decrece ante la posibilidad de tener que afrontar el pago de una gratificación extraordinaria en la industria del petróleo. En fin da para pensar. Pero en el caso de autos tenemos que hubo inactividad de la demandada y ha sido el trabajador quien inició por su voluntad el trámite de su jubilación. Reitero no ha sido la empleadora quien intimó al actor a jubilarse.
Pretende el magistrado en su razonamiento que existió mala fe de la demandada al no contestar la intimación del trabajador. Pero en el telegrama de fs. 1 el actor comunica el “cese de la actividad con fecha 30 de septiembre de 2015” y hace referencia a la resolución del 18/8/15 por la que se encuentra en condiciones de acogerse al Beneficio Previsional. El empleado ya se había jubilado y quizás una contestación fundada lo hubiera hecho desistir de demandar.
Tampoco aportan nada a favor de la posición de la parte actora que otros trabajadores hubieran percibido la gratificación extraordinaria como se pretende fundar en la sentencia con apoyo en declaraciones de testigos toda vez que no se acreditó que en esos trabajadores no hubieran sido notificados para iniciar el trámite jubilatorio.
Como razona el recurrente en la sentencia se pretende una aplicación extensiva del art. 32 del CCT 643/12. El art. 16 de la LCT establece que las convenciones colectivas de trabajo no son susceptibles de aplicación extensiva o analógica, pero podrán ser tenidas en consideración para la resolución de casos concretos según la profesionalidad del trabajador. Ello sin perjuicio de las obligaciones genéricas de las partes. Las reglas de interpretación de los contratos resultan ampliamente aplicables en cuanto a los aspectos que crean obligaciones en el convenio colectivo. Debemos tener en cuenta lo dispuesto en el art. 11 de la LCT. A mi juicio no se puede extender la obligación de abonar una gratificación extraordinaria que establece un convenio colectivo sin que se cumplan los requisitos de procedencia de la obligación.
Entiendo que únicamente puedo tener en cuenta un argumento desarrollado en la sentencia tal es el referido a la no contestación de la intimación (improcedente como hemos analizado) por parte de la demandada, pero al sólo efecto de imponer el pago de las costas en el orden causado (art. 68 del CPCC). Ello por cuanto una contestación oportuna y fundada quizás la hubiera hecho desistir de demandar y la falta de respuesta la llevó a considerarse con derecho a sostener en juicio su pretensión.
Por estas consideraciones respondo en forma negativa a la segunda cuestión propuesta al acuerdo habida cuenta que entiendo que la sentencia en crisis no es justa al admitir la obligación de abonar una gratificación extraordinaria sin cumplirse los requisitos para la procedencia del pago. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VI. Comparto las razones expuestas por el preopinante toda vez que entiendo, como él, que la sentencia no es justa por no darse los recaudos de procedencia de la gratificación extraordinaria. Adhiero a su voto y el fundamento del mismo.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
VII. Que por las consideraciones vertidas en mi voto a las cuestiones propuestas propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admitir la excusación de la Dra. Griselda I. Bard por estar encuadrada en la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC aplicable en el procedimiento laboral por envío de los arts. 11 y 121 de la ley 1444. 2º) Admitir los agravios de la parte demandada y revocar la sentencia rechazando la demanda promovida por Maximiliano Bazán contra OLEOSUR S.A. Por las razones expuestas en el considerando V las costas se imponen en el orden causado (art 68 del CPCC). 3º) Se difiere la regulación de honorarios hasta que exista regulación en la instancia de origen. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
A LA TERCERA CUESTIÓN el Dr. Fernández dijo:
VIII. Por ajustarse a lo discutido en el Acuerdo adhiero a la propuesta formulada.
Por ello se dicta la siguiente sentencia Caleta Olivia, 15 de septiembre de dos mil veintiséis
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admitir la excusación de la Dra. Griselda I. Bard por estar encuadrada en la causal del inciso 1º del art. 17 del CPCC aplicable en el procedimiento laboral por envío de los arts. 11 y 121 de la ley 1444. 2º) Admitir los agravios de la parte demandada y revocar la sentencia rechazando la demanda promovida por Maximiliano Bazán contra OLEOSUR S.A. Por las razones expuestas en el considerando V las costas se imponen en el orden causado (art 68 del CPCC). 3º) Se difiere la regulación de honorarios hasta que exista regulación en la instancia de origen. 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Albarrán no firma por no existir disidencia a dirimir. Fdo. Horacio M. Fernández- Juez de Cámara Presidente; Humberto Monelos – Juez de Cámara; Ante Mí: Carolina M. Lima- Secretaria de Cámara. -
Protocolización: A201 065 S.261 Tomo: CVII Sentencia: 3236 Folio Nº: 092/096 Secretaria: 1
Fin de la sentencia