Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7234
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, considerar fundado el recurso de apelación articulado por la demandada, declarar abstracto a la fecha del fallo apelado el tratamiento del objeto de la presente acción constitucional y en consecuencia, revocar totalmente el pronunciamiento de primera instancia de fs. 211/219, imponiéndose -por aplicación del principio de apelación adhesiva- las costas de ambas instancias en el orden causado [arts. 1, 2, 19 y ccdtes. ley 13.928, t.o. ley 14.192 y doctrina sentada] y dejándose por ello sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 5 del fallo apelado, en tanto el amparista es letrado en causa propia [art. 274 del C.P.C.C. y art. 12 decreto ley 8904/77].
2Como consecuencia de lo anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso articulado a fs. 338 contra la regulación de honorarios efectuada en el punto “5.” de la parte dispositiva del pronunciamiento de fs. 311/319 revocado.
3Teniendo en cuenta la condena en costas fijada en alzada, no corresponde regular honorarios por trabajos de alzada por aplicación del art. 12 del decreto ley 8904/77 y 18 del decreto ley 7543/69.
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 22 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa A-7234-BB0 “CLAVERIE FACUNDO JOSÉ s. ACCIÓN DE AMPARO”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Gerez, y considerando los siguientes:
I. Mediante sentencia dictada con fecha 14-02-2017 el titular del Juzgado de Ejecución Penal Nº 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca hizo lugar a la acción de amparo deducida por el Sr. Facundo José Claverie contra el Ministerio de Infraestructura provincial y la Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, condenó a los codemandados a i) arbitrar los medios necesarios para la reparación integral de la Ruta Provincial N° 007-06 en el tramo que va desde la rotonda de la Avda. Cabrera de la ciudad de Bahía Blanca hasta la rotonda de empalme con la Ruta Nacional N° 33, en un plazo no mayor a doce meses en las condiciones y de acuerdo a las modalidades que la Autoridad prevea en el ejercicio de sus competencias propias y ii) arbitrar de manera urgente toda otra medida de su competencia para tutelar la vida de quienes transitan el referido tramo de la ruta provincial N° 007-06. Ordenó asimismo mantener la medida cautelar acordada en autos mediante resolutorio dictado con fecha 11-08-2016 a fs. 50/52, impuso las costas del proceso a las accionadas vencidas y mandó anotar la sentencia en el Registro de Amparos de Incidencia Colectiva. En el mismo pronunciamiento reguló los honorarios correspondientes al Dr. Facundo José Claverie en la suma de 25 (veinticinco) IUS [v. fs. 311/319].
II. A fs. 339/343 la letrada apoderada por la Fiscalía de Estado provincial interpuso recurso fundado de apelación contra dicho pronunciamiento dentro del plazo de ley (cfr. art. 17 ley 13.928; v. constancias de notificación a fs. 323/327 y cargo a fs. 343vta.). Asimismo recurrió por altos los honorarios regulados al Dr. Claverie [v. fs. 338].
III. Concedidos ambos recursos, contestado a fs. 352/358 el traslado que de ellos el a quo corriera al actor a fs. 350 y recibida la causa en este Tribunal con fecha 22-03-2017 –en virtud de la remisión ordenada por Juez de grado a fs. 359-, corresponde plantear las siguientes:
1. ¿Es fundado el recurso deducido contra la sentencia de grado a fs. 339/343?
2. ¿Ha devenido abstracto el tratamiento del recurso deducido a fs. 338?
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Conforme lo apuntado por el Juez de grado al fundar su sentencia, la acción de amparo que aquí se ventila fue promovida por el Sr. Facundo José Claverie con el objeto de obtener un pronunciamiento que ordene a las demandadas la realización de obras tendientes a la reparación, mantenimiento y conservación de la Ruta Provincial N° 007-06 en el tramo comprendido entre las rotondas que respectivamente empalman dicha vía con la Avda. Cabrera de la ciudad de Bahía Blanca y con la Ruta Nacional N° 33. El amparista fundó su legitimación para accionar en su calidad de residente de la ciudad de Bahía Blanca y usuario del referido tramo del camino provincial, haciendo mérito asimismo de la “naturaleza del bien colectivo afectado”. Los hechos sobre los cuales sustentó su pretensión referirían a que el camino cuya reparación se reclama representaría para los usuarios, por su estado de deterioro, un verdadero “peligro de muerte” debido a la falta de adecuada señalización y a la presencia de baches, fisuras, pozos, banquinas descalzadas, placas de concreto desniveladas, entre otros defectos que impedirían la circulación segura de los automotores.
2. El magistrado de grado acogió favorablemente el reclamo del amparista.
2.1. Puso de relieve, primeramente, la especial tutela que tanto la Constitución Nacional como los Tratados Internacionales con jerarquía supra-legal dispensan a los derechos cuya protección aquí se demanda, cuales serían el derecho a la vida y –como derivación de éste- a la salud, poniendo de relieve el peligro que para ellos representaría el incumplimiento por la Administración demandada de sus deberes de “…velar por la seguridad e indemnidad de quienes utilicen el tramo de la Ruta Provincial N° 007-06…” cuyo estado de abandono y deterioro motivó la promoción de esta acción constitucional.
2.2. Seguidamente desestimó –a través de un profuso desarrollo argumental- las alegaciones vertidas por la Fiscalía de Estado en su defensa (v. fs. 66/75) en punto a la supuesta falta de legitimación en cabeza del accionante para efectuar el presente reclamo (v. fs. 314vta./316vta.).
2.3. Por último, abocado a “…analizar la existencia de una omisión manifiestamente arbitraria que torne procedente la acción…” (v. fs. 316vta./318, punto “3”), refirió a [i] las conclusiones (avaladas por fotografías) del Perito oficial ingeniero Eloy Bono respecto del pésimo estado de conservación en que se encontraría la ruta provincial N° 007-06 y sus instalaciones, [ii] los informes del Cuartel de Bomberos y artículos periodísticos acompañados a autos que darían cuenta de los múltiples accidentes de tránsito ocurridos en el lugar y [iii], finalmente, a las actuaciones del Honorable Concejo Deliberante de Bahía Blanca agregadas a fs. 186/271, a partir de las cuales se apreciarían los “…innumerables esfuerzos gestados desde [el órgano deliberativo] tendientes al tratamiento y saneamiento del tramo de la ruta en cuestión…”.
Con ello en vista sostuvo que, si bien la Dirección de Vialidad provincial habría informado que en el mes de noviembre de 2016 se efectuó la licitación pública para la obra de “repavimentación y ensanche” de la ruta en cuestión -en una primera etapa que abarcaría solo el tramo entre la rotonda de empalme con la Ruta Nacional N° 33 y la calle Córdoba-, el hecho de encontrarse los trabajos aún pendientes de ejecución relevaría “…una dilatada omisión en la conservación y mantenimiento del camino de marras, y configura una omisión manifiestamente arbitraria que torna procedente, desde lo sustancial, la excepcional vía intentada (artículo 43 CN, Artículo 20 inc. 2 CPBA, Ley N° 13.928), frente a la amenaza al derecho sustancial a la vida que se ventila en autos…” (v. fs. 318, párr. 2°).
3. Los agravios blandidos por la apoderada de la Fiscalía de Estado contra dicho pronunciamiento en el primer capítulo de su memorial, titulado “falta de requisitos para que proceda el amparo” (v. fs. 339/340) giran en torno a tres postulados fundamentales, cuales son [i] la no demostración por el actor del carácter manifiestamente arbitrario o ilegítimo endilgado al obrar estatal, [ii] la ausencia de legitimación en cabeza del accionante por no haber justificado éste una situación de concreto perjuicio que lo habilitase a acudir a la jurisdicción y [iii] la improcedencia formal de la acción de amparo por no llegar a vislumbrarse la imposibilidad de encauzar el reclamo actoral a través de las vías ordinarias que contempla el art. 12 del C.P.C.A. –las que, en la visión de la apelante, resultarían idóneas a tal fin-.
Por fuera de ello, en un segundo acápite de su ensayo recursivo argumenta que el a quo se habría pronunciado sobre una cuestión esencialmente no justiciable, avasallando las “potestades exclusivas” de la Administración de priorizar, conforme a criterios de oportunidad y conveniencia, la atención de “…ciertas necesidades frente a otras en el marco de recursos patrimoniales escasos…”. Concluye, en tal sentido, que la manda jurisdiccional que impuso a las accionadas -“…realizar una obra pública determinada en un plazo determinado…”–, al margen de toda consideración sobre la viabilidad técnica de ejecutarla en tales condiciones, vulneraría el principio de división de poderes (v. fs. 340/343, punto “2”). A modo de corolario, apunta que su parte no estaría “…cuestionando la necesidad de la obra (la cual surge de los propios antecedentes del llamado) solo que el plazo de ejecución podría no ser acorde a [su] dimensión técnica…” (v. fs. 343, párr. 6°).
4. A fs. 352/358 el actor replicó los fundamentos del recurso deducido por su contraria, solicitando a esta Alzada el rechazo de dicho remedio.
II. El recurso merece prosperar, aunque solo parcialmente.
1.1. En relación a aquel primer planteo recursivo que postula que “…el carácter manifiesto de la ilegalidad o arbitrariedad de la conducta estatal […] no quedó demostrado en autos…” (v. supra, punto “I.3.”, ap. “[i]”; cfr. fs. 339, p. “II.1” –párr. 2°-), observo que la apelante, por fuera de tal aserto, ha prescindido de brindar argumento alguno capaz de poner en crisis el razonamiento a través del cual el sentenciante, tras un pormenorizado relevamiento de la normativa de la cual surgiría –en su visión- “…la responsabilidad de la Administración [demandada] en cuanto al mantenimiento y conservación…” del tramo de ruta en cuestión y su deber de “…velar por la seguridad e indemnidad de quienes [lo] utilicen…” (v. fs. 314, párr. 3° y sgtes.), seguido de un minucioso análisis de la prueba pericial referida al estado de deterioro del camino cuya reparación se demanda (v. fs. 316vta./317vta.), y teniendo en vista asimismo los vastos elementos de convicción referidos que daría cuenta del peligro que ello representaría para la vida e integridad de los usuarios, juzgó presente en el caso un obrar estatal omisivo manifiestamente ilegítimo que impondría acoger el reclamo actoral (v. supra, punto “I.2.”; v. fs. 318).
El embate intentado en tales términos, por tanto, nada aporta a la conformación de una crítica concreta y razonada del pronunciamiento cuya revocación se persigue, requisito éste que, impuesto por el art. 260 del C.P.C.C. (aplicable al caso por remisión del art. 19 de la ley 13.928 –texto según ley 14.192-), exige hacerse cargo de los fundamentos del fallo, a través de un memorial que exponga en forma seria, fundada, objetiva y puntual sus errores, junto con la demostración de los motivos para considerarlo erróneo, injusto o contrario a derecho (argto. esta Cámara causa A-6741-NE1 “Sindicato Trabajadores Municipales San Cayetano”, sent. del 15-IX-2016 y sus citas).
1.2. Con igual criterio, se impone el rechazo de los planteos de la recurrente referidos a que el actor carecía de legitimación para enderezar la pretensión aquí debatida (v. supra, punto “I.3.[ii]”). Es que, en tal andar, la apelante se ha limitado a reiterar argumentos ya blandidos en su defensa ante la instancia de grado en torno a que el Sr. Claverie no habría probado su condición de usuario regular de la Ruta Provincial N° 007-06 ni “…justificado un agravio diferenciado respecto de la situación en que se encuentran los demás ciudadanos…”, destacando -una vez más- la imposibilidad de “…posicionarse ante la jurisdicción…” a partir del solo “…interés general en que se cumplan las leyes…”. La accionada pone así de manifiesto su absoluta apatía frente aquel extenso desarrollo argumental a partir del cual el a quo, con sustento en las normas de diversa jerarquía que disciplinan la legitimación para accionar por vía de amparo y doctrina jurisprudencial elaborada en torno a éstas, concluyó que, en el contexto propio del sub lite, el carácter “colectivo” del bien jurídico cuya tutela se persigue en autos y la condición acreditada por el actor de vecino de la ciudad en cuyo ámbito se emplaza la obra en cuestión resultarían suficientes para considerar al demandante afectado en sus derechos y reconocerle –por tanto- legitimación activa, desestimando así el Juez de grado, en forma expresa y puntual, la tesitura ahora reiterada ante este Tribunal revisor (cfr. doct. esta Cámara causa A-6324-MP0 “Cristaldi”, sent. del 18-II-2016).
1.3. En similar falencia argumental incurre nuevamente la accionada al intentar postular ante esta Alzada la supuesta improcedencia formal de la acción intentada con sustento en que la vía excepcional del amparo se vería desplazada en cuanto a su idoneidad por la existencia de carriles ordinarios aptos para enderezar la pretensión actora.
Más allá de su extensa disquisición netamente teórica en torno al recaudo de procedencia formal de la acción de amparo consagrado por los arts. 20 inc. 2° de la Constitución Provincial y 2 inc. 1° de la ley 13.928 y de su escueta afirmación en punto a que “…la actora debió efectuar su reclamo a través del proceso administrativo reglado a través de la ley 12.008…” (v. fs. 339 -penúltimo párrafo- y sgte.), ninguna objeción se plantea en el memorial bajo examen capaz de conmover aquella premisa del fallo de grado que postula que el reclamo ventilado en el sub lite giraría en torno a la protección de derechos especialmente tutelados por el ordenamiento constitucional como el derecho a la vida, a la salud y a la integridad física, ni –menos aún- cuestiona el análisis probatorio a partir del cual el Juez de grado concluyó que la irregular situación denunciada en demanda efectivamente implicaría un peligro para dichos bienes jurídicos, postulados frente a los cuales –por tanto- la idoneidad del carril procesal escogido en manera alguna se vería ensombrecida por la existencia de aquellas otras “vías ordinarias” a las que genéricamente refiere la quejosa (argto. doct. esta Cámara causa A-4084-DO0 “Piacentini”, sent. del 11-VI-2013).
2. Descartados los agravios referidos en el punto anterior, daré respuesta a los restantes planteos de la accionada referidos al pretendido carácter no justiciable de la cuestión sobre la cual se ha suscitado el debate de autos y al indebido avance sobre las potestades del Poder Ejecutivo que –en su visión- implicaría la fijación por el a quo de un plazo de doce meses para la ejecución de la obra a cuya realización fuera condenada.
2.1. En tal sentido la recurrente aduce que los deberes jurídicos indeterminados –entre los cuales se encontrarían aquéllos inherentes a la realización de obras como la de marras- “…proponen al Estado cumplir un mandato en la medida de lo posible, lo que requiere un juicio de ponderación […] de bienes y una asignación de recursos buscando el punto de optimalidad…”, siendo esto último una potestad de la Administración sobre la cual –por principio- no podrían avanzar los jueces. Aduce así que la decisión del magistrado, frente al esquema de competencias y responsabilidades fijadas por la Constitución de la Provincia en materia de presupuesto -y sin perjuicio de haberse dejado a salvo que “…todo ello debe ser dentro de las competencias y facultades de la DVBA…”-, implicaría “…arrogarse una función que pertenece al poder ejecutivo y usurpar la iniciativa presupuestaria en materia de nuevos gastos…”. Hace referencia asimismo a la existencia de un llamado a licitación para pavimentar un segmento del camino al cual refiere la demanda destacando que, si bien en tal contexto mal podría desconocerse la necesidad de la obra en cuestión, tampoco podría considerarse el a quo habilitado a fijar un plazo para su ejecución al margen de toda consideración sobre los aspectos técnicos que el caso involucra.
2.2. Corresponde señalar que la conducta que el actor imputa a la Administración demandada y tacha de ilegítima, estaría dada por la omisión de mantener el tramo de la Ruta Provincial N° 007-6 comprendido entre las rotondas de empalme con la Avda. Pedro Cabrera y con la Ruta Nacional N° 33 en condiciones que permitan un tránsito seguro sobre dicho sendero –el cual, según narrara el accionante y conforme quedó demostrado, se encontraría en un estado tal de abandono y deterioro que supondría un verdadero “peligro de muerte” para quienes por allí se desplazan-.
Surge así claramente que las prerrogativas constitucionales a cuya tutela propende el reclamo instado en autos aparecen vinculadas fundamentalmente a la libertad de transitar el territorio de la Nación –consagrada por los arts. 14 de la Constitución Nacional y 22 de la Constitución Provincial- y a los derechos a la salud y a la integridad física, derivados lógicos del derecho a la vida -primer derecho del ser humano reconocido por el ordenamiento jurídico [doct. C.S.J.N. Fallos 329:4918; 330:3853; 4647; 331:453]- que, como tales, gozan de un plus de protección dispensado por el Orden supralegal (cfr. arts. 1, 29, 42, 75 incs. 22° y 23° y ccs. Const. Nac.; arts. 10, 12 inc. 1°, 36 inc. 8° y ccs.
Const. Provincial; arts. 25 inc. 1° de la Declaración Universal de Derecho Humanos, art. 4° de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 12 inc. 1° del Pacto Internacional sobre Derecho Económicos Sociales y Culturales; argto. doct. esta Cámara causa A-6652-MP0 “Acuña”, sent. del 07-VII-2016 y sus citas). Apuntado ello, constituye un aspecto a esta altura indiscutido –reitero- la existencia de un expreso deber jurídico en cabeza de la Dirección de Vialidad provincial, como ejecutora de la política local en materia de caminos, de conservar y mantener las diversas vías sometidas a su jurisdicción (en el caso, la Ruta N° 007-6) en condiciones que posibiliten un tránsito seguro sobre ellas.
Y tal obligación, por cierto, no se impone solo por la consagración de aquellos derechos constitucionales antes mencionados, sino también en cuanto surge sin margen de dudas de lo preceptuado por el decreto ley 7.943/72 (cfr. arts. 2, 4, 7, 9, 15 y ccs.). Cabe remarcar asimismo que, como lo adelanté, arriban incuestionadas a esta instancia las conclusiones del Juez de grado que revelan –a partir de un detenido análisis de la prueba rendida en autos- el estado de máximo abandono que presentaría el tramo de ruta en cuestión, el peligro que en razón de ello representaría para la vida, salud e integridad física de sus usuarios, la necesidad de realizar obras de reconstrucción de la mentada vía pública a fin de tornarla apta para un tránsito seguro y la inacción del organismo provincial responsable con competencia vial como causa directa de tal situación.
Repárese, en este último sentido, en que es la propia accionada quien en el memorial bajo examen afirma “no cuestionar la necesidad de la obra”, haciendo mérito una vez más de la circunstancias ya expuestas en el informe acompañado a la instancia de anterior grado (v. fs. 291) en torno a que en el mes de noviembre de 2016 se habría llamado a licitación pública para la ejecución de trabajos de repavimentación y ensanche en una primera etapa que comprendería una parte del tramo de la Ruta Provincial N° 007-6 al que refiere la demanda de autos (concretamente, el segmento que se extendería desde la rotonda de empalme con la Ruta Nacional N° 33 hasta la intersección con la calle Córdoba).
En el contexto descripto debo decir entonces que, si bien no desconozco aquellos preceptos que otorgan a la Dirección de Vialidad la potestad de programar “…el plan de obras a ejecutar de acuerdo a los objetivos, políticas y estrategias provinciales…” y elevarlo al Poder Ejecutivo para su aprobación (v. art. 4 decreto ley 7.943/72), ni las previsiones de la citada Ley de Autarquía del referido Ente que establecen que corresponderá a su Administrador General “…proyectar el presupuesto de gastos, cálculo de Recursos y Plan Vial de Trabajos y elevarlos al Poder Ejecutivo por intermedio del Ministerio de Obras Públicas en las fechas que se determinen para todos los organismos de la Provincia…” y que será el Ejecutivo quien, “…previa aprobación, los incorporará al proyecto de presupuesto general y plan general de trabajos públicos y los remitirá a la Legislatura…” (v. art. 9 inc. “g” -texto según decreto ley 8869/77-), tampoco puedo pasar por alto que el concreto ejercicio de tales prerrogativas reconocidas a la Administración provincial debe ser consistente con el amplio alcance de aquellos derechos a la vida, a la salud y a la integridad física, reconocidos en tratados incorporados a nuestro orden supralegal por imperio del citado art. 75 incs. 22° y 23° de la Carta Magna y en desmedro de los cuales habría redundado su proceder aquí enjuiciado.
La posición que en tal sentido propugno encuentra sustento –vale señalarlo- en los lineamientos sentados en el voto que en el seno de nuestra Suprema Corte de Justicia provincial emitiera el Señor Ministro Dr. Hitters en autos 71.230 “Gutiérrez” (sent. del 15-VII-2015) –en cuanto concitó adhesión de la mayoría [v. considerando “III.3.c” y sus fundamentos, a los cuales me remito]- frente a un caso cuyas aristas juzgo asimilables a las propias del sub lite.
Siguiendo lo allí expuesto, bien cabría recordar que es la discrecionalidad administrativa la que encuentra un límite en el efectivo cumplimiento de las prerrogativas superiores y no viceversa, de modo que mal podría considerarse la existencia de una zona de reserva de la Administración eximida de ajustarse a aquellos preceptos supralegales que resguardan los derechos fundamentales del Administrado, pues el efectivo goce de estos últimos no podría quedar supeditado al cumplimiento discrecional de las normas por la Administración. Máxime cuando las pautas que los citados preceptos contienen en punto a la tutela de tales derechos no importan un mandato dirigido solo al legislador o a la autoridad administrativa, sino también a los Jueces, constituyendo verdaderos principios jurídicos atinentes a los casos sometidos a la decisión de estos últimos. Las acciones positivas que por imperio de los citados principios el Estado debe llevar a cabo no se ejercen exclusivamente por leyes o actos administrativos, sino que también pueden y deben ser adoptadas por los jueces.
Por tal sendero y en tanto –valga la reiteraciónse encuentra a esta altura demostrada tanto la ilegítima omisión en que ha incurrido la Administración demandada en punto al cumplimiento de sus deberes inherentes al mantenimiento en condiciones de seguridad y aptitud para el tránsito del tramo de la Ruta Provincial N° 007-6 identificado en demanda, como el menoscabo que tal proceder ha importado para aquellos derechos fundamentales amparados por el orden supralegal (art. 75 incs. 22° y 23° Const. Nacional e Instrumentos Internacionales citados) cuya tutela se demandó en autos, estimo que lejos está el fallo de grado –sin perjuicio de las modulaciones que en cuanto a sus alcances propiciaré al desarrollar el punto siguiente- de merecer la absoluta censura que la apelante postula a partir de la noción de “cuestión no justiciable”.
Más cuando, como bien se señaló en el citado precedente de nuestro Cimero Tribunal, nunca las atribuciones de un órgano administrativo pueden ser totalmente regladas o absolutamente discrecionales, pues la tarea discrecional no está desvinculada de la regla, sino comprendida -como todo accionar estatal- por la plenitud del orden jurídico. Y ello no significa en modo alguno una conculcación a la división de poderes o una limitación al accionar de la Administración en el ejercicio de las facultades que le son propias, ya que la posición propugnada no desconoce la existencia de un “casillero” de actividad discrecional exento de control jurisdiccional, cual es aquél que comprende las nociones de “oportunidad, mérito y conveniencia” receptadas por el legislador a fin de que el administrador pueda concretar su función de tal en orden a la satisfacción de las necesidades públicas.
2.3. Si bien lo expuesto me convence de que el fallo apelado no merecería reproche alguno por el solo hecho de haber dirigido a la accionada un mandato positivo encaminado a vencer aquella actitud recalcitrantemente renuente asumida por su parte en abierto menoscabo a los derechos fundamentales cuya tutela se reclamó en autos, estimo necesario poner algunos reparos en cuanto al alcance de tal condena. Concretamente me refiero a la fijación de un plazo de doce meses para la concreción de las obras cuya realización aquí se demandó, aspecto que ha constituido puntual materia de agravio para la quejosa y en relación al cual –si bien con los alcances que seguidamente he de delinear- la crítica recursiva ha de ser acogida. Es mi criterio que en casos como el aquí me ocupa la labor del Magistrado debe limitarse a declarar la existencia y, en su caso, la ilegitimidad de aquella inactividad material de la Administración lesiva del derecho cuya actuación se demanda, ordenando a la Autoridad simplemente actuar en un determinado sentido; es decir, el judicante asumiendo una “intervención no sustitutoria” –por contraposición a la idea de “intervención sustitutoria”, que representaría un grado máximo de intervención reservado para especialísimos supuestos, en donde los juez asume por sí la actividad administrativa de que se trate reemplazando la voluntad de la Administración- (cfr. Nieto, Alejandro; “La inactividad de la Administración: veinticinco años después”, en Revista Documentación Administrativa, N° 208, p. 11, 27 y sgtes.).
Debe adoptar entonces la judicatura la decisión más idónea para asegurar los derechos del accionante, aunque lejos de cualquier propósito de sustituir a la Autoridad administrativa en la definición, programación y ejecución de las políticas públicas, o de tomar decisiones como una valoración o emisión de juicio sobre situaciones cuyo gobierno le es ajeno (argto. S.C.B.A. causas A. 70.717 “P., C.I.”, sent. del 14-VI-2010 y 71.230 “Gutiérrez”, supra citada –v. opinión del Dr. Hitters, en ambos precedentes-).
Dadas así las particulares aristas técnicas que indudablemente involucra la ejecución de aquel mandato positivo dirigido a la accionada en punto al concreto cumplimiento de sus deberes inherentes al mantenimiento del referido tramo de la Ruta Provincial N° 007-6 en condiciones que permitan el ejercicio de los derechos cuya conculcación se denunciara en el sub lite, estimo que, a fin de no franquear el límite impuesto por el art. 1 de la Constitución Nacional, se ajustaría mejor a las características de este litigio la expedición de un mandato que respete las opciones de las que legítimamente la autoridad demandada se encontraría facultada a echar mano para lograr el cometido impuesto de acuerdo a pautas objetivas de eficacia y eficiencia. Máxime teniendo en cuenta que, por su lado, la Dirección de Vialidad ya habría –cuanto menos- dado inicio a un procedimiento licitatorio tendiente a concretar parte de aquella obra integral ordenada por el a quo y recibido ofertas, de modo que el acatamiento de la manda judicial impuesta exigiría un plan de acción contemporizado con los plazos y condiciones técnicas ya estipuladas frente al potencial co-contratante estatal en los respectivos pliegos. En ese orden, entiendo que correspondería modificar la sentencia de grado en cuanto fija la obligación de arbitrar los medios necesarios para la reparación integral del tramo de la Ruta Provincial N° 007-06 indicado en demanda “…en un plazo no mayor a doce meses, en las condiciones y de acuerdo a las modalidades que la autoridad prevea en el ejercicio de sus competencias propias…” (v. punto “2” de la parte dispositiva a fs. 319vta.), disponiéndose -en su lugar- la intimación al ente demandado para que en lo inmediato adopte las medidas necesarias para llevar a cabo tal reparación sobre la totalidad del mencionado segmento de ruta a fin de resguardar los derechos cuya tutela aquí se reclama, con la carga de informar al Juez de grado en un plazo prudencial sobre las medidas que a tal fin adopte.
III. Con todo, propongo al Acuerdo acoger el recurso de apelación deducido a fs. 339/343 con los alcances expuestos en el considerando “II.2.3.” que antecede y, consecuentemente, modificar la sentencia apelada únicamente en el punto “2.” de su parte dispositiva, disponiéndose en su lugar intimar a la Dirección de Vialidad dependiente del Ministerio de Infraestructura, Vivienda y Servicios Públicos a que adopte en lo inmediato las medidas necesarias para la reparación integral de la totalidad del tramo de la citada Ruta que se extiende entre las rotondas de empalme con la Avenida Cabrera de Bahía Blanca y la Ruta Nacional N° 33, de modo de hacer efectiva la garantía de libre tránsito consagrada por los arts. 22 de la Constitución Provincial y 14 de la Carta Magna Federal y asegurar a los usuarios de dicha vía el pleno goce -en su calidad de tales- de los derechos a la vida, la salud y la integridad física, y estableciéndose -en el marco de tal intimación- la carga de la accionada de poner en conocimiento del Juzgado, dentro de los sesenta (60) días de quedar firme el presente pronunciamiento, las medidas adoptadas a los referidos fines.
Sin perjuicio de lo normado por el art. 274 del C.P.C.C., entiendo que la solución así propiciada no exige readecuar la imposición de costas decidida en la instancia, pues la modificación que se auspicia en punto a los alcances de la condena fijada en el grado, no modifica la condición de vencida de la parte demandada en lo sustancial de la pretensión (argto. art. 19 de la ley 13.928: doct. esta Cámara causa A-4902-MP0 “Sabbino”, sent. del 20-XI-2014 -y sus citas-).
Mediando vencimientos parciales ante esta instancia revisora, las costas de Alzada deberían distribuirse, en principio, en el orden causado (argto. arts. 19 y 25 de la ley 13.928 –texto según ley 14.192- y 68 y ccs. del C.P.C.C.). En razón de ello entiendo que no correspondería, empero, regular honorarios profesionales por las labores de Alzada, en tanto el Dr. Claverie ha litigado por su propio derecho (argto. doct. esta Cámara causa A-6851-BB0 “Suris”, sent. del 27-X-2016 y sus citas) mientras que la actuación de la Dra. Descarrega –apoderada por la Fiscalía de Estado- se encontraría alcanzada por la previsión contenida en el art. 18 del decreto ley 7.543/69.
Con el alcance indicado, voto a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I. Respetuosamente discrepo.
1. Apuntalaré mi voto a partir de la inveterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que enseña que los jueces, en sus sentencias, tienen que atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión (conf. Fallos: 306:1160; 318:2438; 325:28 y 2275 ;327:2476; 331:2628; 333:1474; 335:905, entre muchos otros), para lo cual no deben sentirse limitados por los argumentos del apelante o del a quo, decidiendo la causa conforme a derecho con el alcance que rectamente otorgue a las normas en debate (Fallos: 307:1457; 308:647; 311:2688; 312:2254; 323:1491, entre muchos otros).
Tal línea jurisprudencial encuentra dos raíces fundantes, según lo ha reseñado el Supremo Tribunal: de un lado, la subsistencia de los requisitos jurisdiccionales es comprobable de oficio y su desaparición importa la de poder juzgar (cfr. C.S.J.N. in re "Unión de Usuarios y Consumidores e/ EN - Secretaría de Comunicaciones - resol. 490/97 s/ proceso de conocimiento", sent. de 13-05-2015), por ello debe verificarse si media inexistencia de gravamen por cuanto circunstancias sobrevinientes pueden haber tornado inoficiosa la decisión pendiente (Fallos: 315:466; 329:187, entre otros); del otro, la posibilidad de hacer mérito de los hechos constitutivos, modificativos o extintivos, producidos durante la sustanciación del juicio y debidamente probados, corresponde a una facultad del Tribunal (art.163, inc. 7° Código Procesal Civil y Comercial), que excede el mero interés de los litigantes y encuentra su fundamento en los principios de economía procesal y eficacia de la función jurisdiccional (cfr. C.S.J.N. in re L.867 XL “Lanusse, Alberto Rómulo y otros c/ Buenos Aires, Provincia de s/ Daños y Perjuicios”, sentencia del 17-08-2007).
Valga aclarar que tales parámetros no son cuestión novedosa para esta Alzada. En numerosas causas se ha recurrido a ellos a la hora de fallar en un recurso de apelación [cfr. esta Cámara causas P-810-BB1 "Ceferino S.A.", sent. de 23-VIII-2008; C-2774-AZ1 "Guardia", sent de 13-III-2012; P-3601-MP1 "Alvarez", sent. de 05-III-2013; C-4381-MP1 "Izcué", sent. de 18-IX-2014; A-5849-MP0 "Fernández", sent. de 09-VI-2015; A-6252-MP0 "Farías", sent. de 02-II-2016; A-6422-DO0 "Anfitrión S.A.", sent. de 21-IV-2016; A-6812-NE0 "Sindicato de Trabajadores Municipales de San Cayetano", sent. de 06-XII-2016; mi voto en la causa A-7192-BB0 "Solvay Indupa S.A.I.C., sent. de 20-IV-2017].
Por tanto, con tal norte, procederé a la faena para la que se me convoca al Acuerdo.
2.1. Liminarmente cabe resaltar que la acción de amparo que aquí se ventila fue promovida por el Sr. Facundo José Claverie con el objeto de obtener un pronunciamiento que ordene a las demandadas [Provincia de Buenos Aires - Ministerio de Infraestructura y Dirección de Vialidad Provincial] la realización de obras tendientes a la reparación, mantenimiento y conservación de la Ruta Provincial N° 007-06 en el tramo comprendido entre las rotondas que respectivamente empalman dicha vía con la Avda. Cabrera de la ciudad de Bahía Blanca y con la Ruta Nacional N° 33. Los hechos sobre los cuales el amparista sustentó su pretensión referirían a que el camino cuya reparación se reclama representaría para los usuarios, por su estado de deterioro, un verdadero “peligro de muerte” debido a la falta de adecuada señalización y a la presencia de baches, fisuras, pozos, banquinas descalzadas, placas de concreto desniveladas, entre otros defectos que impedirían la circulación segura de los automotores.
Indica que debido al alto grado de envejecimiento y avance del deterioro de la calzada en el tramo en cuestión y a pesar de los trabajos de conservación de rutina que realiza la Dirección de Vialidad demandada, ellos "resultan insuficientes para lograr un mejoramiento, en otras palabras, la ruta no admite más parches, razón por la cual resulta necesaria una intervención de mayor escala" [fs. 6 vta.].
2.2. Declarada admisible la acción constitucional por el a quo, decretada una medida cautelar innovativa y corrido traslado de la demanda a las accionadas, se dispuso la citación a audiencia simplificadora de prueba en los términos del art. 11 de la ley 13.928, t.o. ley 14.192, para el día 30-09-2016.
2.3. El 31-08-2016 la apoderada estatal, en representación de las demandadas, contesta la acción. Por fuera del cuestionamiento a la legitimación del actor para articular el presente amparo y de la alegación sobre la inidonedad de la acción frente a otras vías judiciales ordinarias, la defensa estatal plantea -con cita de varios precedentes que considera atinentes al asunto- los siguientes argumentos de inadmisibilidad sustancial del remedio constitucional: [i] se estaría trayendo ante la jurisdicción una cuestión no judiciable al solicitársele al Poder Judicial que determine la realización de obras públicas y la afectación de fondos para su concreción, condena que avasallaría el principio de división de poderes e invadiría la esfera de prerrogativas discrecionales de la Administración; [ii] no mediaría una conducta arbitraria o ilegal manifiesta por parte de las demandadas, por cuanto la Dirección de Vialidad provincial realiza habitualmente y está realizando tareas de mantenimiento en la zona, además de estar proyectando otras para el futuro y en diferentes etapas, habiéndose gestionado los trámites administrativos pertinentes. Si bien no desconoce ni la existencia ni la magnitud del problema que representa el mejoramiento de las rutas provinciales, remarca que en relación a estos temas "se están realizando todas las acciones de planificación y ejecución necesarias para revertir la situación, las que no fueron objeto de consulta por parte de la actora" [cfr. fs. 69]. En tal marco ofrece como prueba informativa se requiera a la Dirección de Vialidad provincial la remisión del expediente administrativo 5100-21810/16 [cfr. fs. 75].
2.4. Llevada a cabo la audiencia simplicadora de prueba [cfr. acta de fs. 130 y vta.], el 04-10-2016 el a quo por resolución de fs. 131/132 abre a prueba las actuaciones y ordena la producción de alguna de las ofrecidas por las partes.
2.5. Acompañados los informes requeridos por oficio, según lo ordenado en el auto de apertura a prueba, a fs. 276/278 con más un CD con imágenes fotográficas, el perito oficial Eloy P. Bona -Ingeniero Civil- presenta su informe técnico de relevamiento de la ruta provincial N° 007-06 en su tramo que va desde la rotonda de la Avenida Cabrera hasta la Rotonda que empalma la Ruta Nacional N° 33, de la ciudad de Bahía Blanca. Observada la pericia por la representante estatal, pidiendo explicaciones [cfr. fs. 286], a fs. 301 el experto responde la aclaración peticionada.
2.6. Ínterin, a fs. 294 la apoderada estatal acompaña expediente del registro de la Dirección de Vialidad Provincial por el que se da cuenta que con fecha 14-11-2016 se procedió a efectuar la Licitación Pública N° 49 de la obra "Repavimentación y Ensanche de la Avenida de Circunvalación Norte Bahía Blanca [Camino 007-06], Tramo RN 33 - Avenida Alberto Cabrera, Etapa I: RN 33 [progresiva 0.000] - Calle Córdoba [progresiva 4.800] con un presupuesto oficial de $ 210.890.633,72, denunciándose que tal actuación se gestiona a través del Expediente 2410-2067/16. De ello fue notificado el actor según cédula de fs. 298/299, sin que hubiere manifestado nada al respecto.
2.7. Allí concluye el derrotero de la causa que se cierra con la sentencia del a quo obrante a fs. 311/319, de cuyo contenido se efectúa relato en el voto que abre este Acuerdo, al que remito en honor a la brevedad.
3.1. He tomado el trabajo de relevar el devenir de las actuaciones para patentizar que, a la fecha del dictado de la sentencia de grado, no mediaba un caso o controversia que mereciera un pronunciamiento judicial con el alcance y contenido que posee el fallo apelado. En efecto, dos meses y medio antes de la sentencia de la instancia, el propio Juez de grado tomaba debida nota del llamado a licitación efectuado el 14-11-2016 por la Dirección de Vialidad Provincial demandada para la "Repavimentación y Ensanche de la Avenida de Circunvalación Norte Bahía Blanca [Camino 007-06], Tramo RN 33 - Avenida Alberto Cabrera, Etapa I: RN 33 [progresiva 0.000] - Calle Córdoba [progresiva 4.800] con un presupuesto oficial de $ 210.890.633,72. Tal circunstancia, de por sí, brindaba satisfacción al objeto del presente remedio constitucional, amén de corroborar lo que la propia defensa estatal afirmaba en su contestación de la demanda: estar proyectando obras para el futuro y en diferentes etapas, habiéndose gestionado los trámites administrativos pertinentes. Repárese que la ejecución de tareas de conservación rutinaria no estaba en discusión: el propio actor las reconoce en su escrito de inicio, aunque las juzga insuficientes y pide "una intervención de mayor escala" [fs. 6 vta.].
Cierto que no obra en autos la real dimensión de los trabajos licitados, por cuanto no se ha acompañado a la causa el Pliego de Bases y Condiciones de la contratación pública encarada. Empero, ello no me impide proponer la solución que formularé al final de este voto por dos órdenes de razones.
De un lado, observo que el actor, anoticiado del llamado a licitación "para repavimentación y ensanche" del camino involucrado, ninguna manifestación efectuó sobre si con ello se brindaba una solución "a mayor escala" como la que pretendía como usuario del corredor vial; menos aún requirió precisiones sobre el particular, apatía que juega en perjuicio de su interés a tenor de la acreditada conducta proactiva de la Administración para abordar el problema denunciado, en conocimiento del accionante y del juez con carácter previo a la emisión del pronunciamiento apelado [art. 163 inciso 7 el C.P.C.C.].
Del otro, es la propia pericia técnica la que me permite llegar a la conclusión que el Estado provincial ha encarado en forma integral la problemática del estado de conservación de la Ruta de Circunvalación N° 007-06. De la experticia extraigo los siguientes datos relevantes: [i] la Ruta 007-06 tiene una longitud aproximada de 6.200 metros; [ii] los hundimientos de calzada y baches más extensos que obligan a los conductores a disminuir fuertemente la velocidad y realizar maniobras para esquivarlos se encuentran en los primeros 1.800 metros, medidos desde la rotonda que empalma con la Ruta Nacional 33 y en dirección hacia la Rotonda de Avenida Cabrera; [iii] hay escalonamiento entre losas que genera el efecto de "marcha en escalera"; [iv] las banquinas tienen un estado malo en general porque "son de suelo", con descalces respecto del borde de losas de la calzada; [v] señalización horizontal escasa -la vertical existe aunque sucia-; [vi] se constata luminosidad artificial en los primeros 1.850 metros, esta vez medidos desde la rotonda de Avenida Cabrera hacia el empalme con la Ruta Nacional 33 [en su rotonda también hay iluminación], aunque se resalta que la única curva en las cercanías de aquel empalme no está provista de iluminación artificial.
Ahora bien, teniendo en cuenta que la obra licitada consiste en "repavimentación y ensanche" para el tramo de 4.800 metros medidos desde el Empalme con la Ruta Nacional 33, entonces es de suponer que los trabajos objeto de contratación pública permitirán brindar solución "de mayor escala" a los más acuciantes problemas de hundimientos, baches y banquinas de suelo verificados por el perito en aquellos primeros 1.800 metros del tramo, lo que también lleva a prever una mejora sustancial en la señalización horizontal del camino [pintado de calzada] que es de práctica ejecutar con posterioridad a las tareas de pavimentación y ensanche, con la correspondiente demarcación de zona de banquinas. En suma, aquel escenario de denunciada desidia pública en torno al penoso estado de conservación de la Ruta 007-06 [Circunvalación a la Ciudad de Bahía Blanca] desapareció a partir del llamado a licitación encarado por la Dirección de Vialidad Provincial, trámite que como bien lo señaló la apoderada estatal al momento de contestar demanda, respondió a las proyecciones de obras para el futuro y en diferentes etapas.
Entonces, ninguna manda judicial era necesaria que recayera en este proceso al tiempo de emitirse el fallo apelado, por cuanto cualquier omisión o desentendimiento público sobre el problema que pudiera juzgarse acontecido al respecto en el pasado, hubo cesado según lo acreditado en el proceso. Así, la solución que aquella jurisprudencia citada al principio de este voto demandaba para la causa era la declaración de abstracción del tratamiento de la acción intentada, por cuanto -por fuera de la discusión en torno al alcance de la legitimación procesal del actor- el interés que manifestara al demandar [condena a que el Estado encarara una solución integral respecto del estado de conservación de la Ruta N° 007-06] había encontrado satisfacción con anterioridad al pronunciamiento judicial apelado.
Y será esa la solución que habré de proponer al Acuerdo, a tenor del agravio que los párrafos segundo a cuarto de fs. 342 denotan y en pleno respeto a la línea jurisprudencial reseñada.
3.2. En atención al modo en que se propicia resolver la cuestión planteada –y recordando que el a quo decidió acoger la acción de amparo articulada con costas a la demandada (cfr. punto 5 in fine del resolutorio)-, debo abordar esa parcela del pronunciamiento, por aplicación del principio de apelación adhesiva.
3.2.1. El art. 19 de la ley 13.928 (t. según ley 14.192), regulatorio de la materia en la órbita de la acción constitucional (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 94.535 “Schenone”, sent. de 22-III-2006), en consonancia con la regla general contenida en el art. 68 del C.P.C.C., establece el principio general de costas al vencido, eximiéndolo únicamente cuando antes del plazo fijado para la contestación de demanda, cesaran el acto u omisión que motivaron la acción (doct. esta Cámara causas A-417-MP0 “Lavie López”, sent. de 8-V-2008; A-1833-MP1 “Fumaroni”, sent. de 13-IV-2010).
El hecho objetivo de la derrota, resulta entonces, el fundamento en el que se apoya el principio general de imposición de costas en el amparo (cfr. doct. esta Cámara causas A-670-MP0 “Lavignolle”, sent. de 28-VIII-2008; A-1985-MP2 “Saez”, sent.de 5-X-2010), el que cede ante el supuesto normativamente tasado en el mentado régimen legal del remedio constitucional.
3.2.1.1. Así, podría decirse que el específico caso de apartamiento del principio general contenido en el art. 19 de la ley 13.928 reúne las notas de aquellos supuestos en los que debería declararse abstracto el tratamiento de la pretensión de fondo. En efecto, si al momento de contestar la demanda, el accionado demuestra la previa o concomitante cesación del acto u omisión que motivara la articulación del remedio constitucional, entonces, ningún “caso o controversia” perduraría en la especie y con ello, no resultaría procedente la emisión de un pronunciamiento jurisdiccional sobre el asunto de fondo, con lo cual no habría ni vencedor ni vencido en la contienda y ello justificaría sobradamente la condena de costas en el orden causado. No otra cosa relevó esta Alzada en la causa A-977-MP0 “Caffarello” (sent. de 1-VII-2009), cuando la conducta reputada omitida había sido ejercitada a favor de la amparista con anterioridad al inicio de la acción de amparo, aunque notificado el acto que la exteriorizaba el día posterior a esa presentación. Parecido escenario se advirtió en las causas A-1314-MP0 “Norando” (sent. de 5-V-2009), A-2067-MP0 “Ortega” (sent. de 9-IX-2010), A-3730-DO0 "Lynch" [sent. de 12-III-2015], A-6629-MP0 “Ponce" [sent. de 23-VI-2016] y A-6827-DO0 “Ullua” [sent. de 20-X-2016] en las que el objeto de la pretensión del amparo había sido satisfecho en el marco del procedimiento administrativo articulado por los respectivos accionantes ante los entes administrativos a la postre demandados [con las salvedades pertinentes según las particulares circunstancias ponderadas en la causa A-6203-NE0 “Juárez”, sent. de 22-III-2016]. Similar situación se verificó en la causa A-1872-AZ0 “Zapata” (sent.
29-VI-2010), en la que al presentar el informe circunstanciado, el accionado dio cuenta de la entrega administrativa de idénticos medicamentos peticionados por el amparista en su remedio constitucional, aunque con atraso. Y allí expresamente se aplicó la excepción a la manda del art. 19 de la ley 13.928, en atención a la correcta declaración de abstracción que portaba el pronunciamiento de grado. Por último, también se consideró que correspondía la condena en costas por su orden cuando la afiliada amparista había obtenido, previa aceptación expresa, una prestación diversa a la requerida el mismo día en que el accionado quedaba notificado de la demanda de amparo [causa A-6472-MP0 "Aldecoa", sent. de 21-IV-2016].
3.2.1.2. Por fuera del tasado eximente de costas, la jurisprudencia ha ido configurando un conjunto de situaciones en las que también cabría admitir la condena en costas por su orden en casos en los que el pleito devino abstracto por circunstancias ajenas al proceso o que exceden a las partes del litigio, abarcando a un conjunto mayor de involucrados. Así encontramos los casos: (i) de cambio normativo posterior a la fecha de presentado el informe circunstanciado aunque previo a la sentencia de fondo (cfr. esta Cámara, supuestos de hecho en las causas A-599-MP0 “Climente”, sent. de 1-VII-2008; A-600-MP0 “Lotto”, sent. de 28-VIII-2008; A-598-MP0 “Manzo”, sent. de 28-VIII-2008; A-1729-MP0 “Fraquelli”, sent. de 2-III-2010) y siempre que tal circunstancia se hubiera alegado por el accionado con anterioridad al fallo (cfr. esta Cámara causa A-2534-MP0 “Vázquez”, sent. 3-VI-2011); (ii) cuando la satisfacción del objeto de la pretensión del amparo se logró por fuera del cauce del remedio constitucional en otro proceso judicial (cfr. esta Cámara causa A-1387-DO1 “Machado”, sent. 4-VI-2009); (iii) cuando se produjo la muerte del amparista y lo que estaba en juego era el derecho a la preservación de su salud (cfr. arg. esta Cámara causa A-882-MP0 “Falck”, sent. de 9-X-2008, con la aclaración formulada en la causa A-2660-AZ0 “Marinangeli”, sent. de 1-XII-2011, por mayoría); (iv) cuando el supuesto hecho lesivo se agotó por el transcurso de tiempo antes del dictado de la sentencia de fondo (cfr. esta Cámara causas A-1007-NEO “Urretibehety”, sent. de 9-XII-2008 y sus similares; A-1513-MP0 “Dasso”, sent. de 19-IX-2009; A-1873-DO0 “Barrios”, sent. de 27-V-2010).
Con todo, la clara excepción al principio objetivo de la derrota contenida en el art. 19 de la ley 13.928 y en los específicos supuestos configurados pretorianamente, no es más que el reconocimiento legal de la doctrina del Superior Tribunal provincial que sostiene que cuando la cuestión se ha tornado abstracta no cabe, por principio, considerar vencida a ninguna de las partes (cfr. doct. S.C.B.A., causa 89.517 “Herederos de Melidoni”, sent. del 17-XI-2004; doct. esta Cámara causas A-1872-AZ0 “Zapata”, sent. de 29-VI-2010, A-2067-MP0 “Ortega”, sent. de 9-IX-2010, entre otras).
3.2.1.3. Empero, no siempre que el tratamiento de la cuestión de fondo de un amparo se torne abstracto dará lugar a la condena de costas por su orden. Así, se ha condenado en costas a la accionada cuando: (i) medió reconocimiento de que su conducta ulterior a la sentencia ha tenido como efecto la desaparición de alguno de los requisitos que condicionan la jurisdicción del juzgador (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 331:1429) y (ii) cuando el cese de la conducta que se denuncia como lesiva del derecho constitucional cesó con posterioridad a la contestación de la demanda (esta Cámara causas A-1629-MP0 “Divita”, sent. de 18-III-2010; A-2578-MP0 "Moraga", sent. de 8-IX-2011; A-6614-MP0 “Gordin”, sent. de 23-VI-2016; A-6648-MP1 “Turco”, sent. de 30-VI-2016). Finalmente, esta Cámara ha descartado la posibilidad de condena en costas por su orden cuando: (iii) el cumplimiento de la pretensión contenida en la acción constitucional lo fue por acatamiento a una medida de naturaleza cautelar, ya que en esos casos nunca puede juzgarse que el tratamiento de la cuestión fondal ha devenido abstracto (doct. esta Cámara causa A-1359-MP0 “Collado”, sent. de 11-XI-2009; A-3675-MPO “Trejo”, sent. de 18-XII-2012; A-3829-DO0 “Pilatti”, sent. de 3-IX-2013; A-6883-DO0 "Fernández", sent. de 01-XI-2016; ver en similar sentido lo afirmado en el apartado II, punto 5 in fine del voto que concitara adhesión en la causa A-2067-MP0 “Ortega”, citada) y, (iv) cuando resulta de aplicación la doctrina del derecho americano "capable of repetition yet evading review" a la que recurriera la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa A.1021-XLIII “A., M. B. y otro c. E. N. Ministerio de Planificación Dto. 118/06 (ST) s. Amparo ley 16.986”, sent. del 1-06-2010, por remisión al Dictamen de la Subprocuradora Fiscal [cfr. esta Cámara causa A-2863-BB0 "Leniz", sent. de 2-II-2012, por mayoría].
3.2.2. Siguiendo la mentada línea jurisprudencial, advierto que el presente caso encuadra -en similar factura que lo verificado acontecido en la causa A-3269-MP0 "Pessano" [sent. de 07-VIII-2012]- en el supuesto descripto en el punto 3.2.1.2.(iv). de este apartado. Es que, habiéndose tornado abstracta la cuestión sometida a juzgamiento en tanto la omisión lesiva denunciada cesó con la actuación estatal -llamado a licitación- materializada durante el trascurso del proceso pero antes del dictado de la sentencia de fondo, no corresponde tener por vencida a ninguna de las partes en el proceso, razón por la cual, propongo imponer las costas del presente litigio en el orden causado.
II. Por todo lo expuesto, he de proponer al Acuerdo considerar fundado el recurso de apelación articulado por la demandada, declarar abstracto a la fecha del fallo apelado el tratamiento del objeto de la presente acción constitucional y en consecuencia, revocar totalmente el pronunciamiento de primera instancia de fs. 211/219, imponiéndose -por aplicación del principio de apelación adhesiva- las costas de ambas instancias en el orden causado [arts. 1, 2, 19 y ccdtes. ley 13.928, t.o. ley 14.192 y doctrina sentada] y dejándose por ello sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 5 del fallo apelado, en tanto el amparista es letrado en causa propia [art. 274 del C.P.C.C. y art. 12 decreto ley 8904/77].
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa. El señor Juez doctor Gerez, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, también vota a la primera cuestión planteada por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. Al desarrollar el punto “5.” de la parte dispositiva de la referida sentencia de fs. 311/319, el a quo reguló los honorarios profesionales correspondientes al accionante Dr. Facundo José Claverie en la cantidad de veinticinco (25) unidades arancelarias “IUS”, equivalente a la suma de trece mil cuatrocientos veinticinco pesos ($ 13.425,00) [cfr. Ac. S.C.B.A. 3840 del 02-03-2017]. Dicha regulación fue recurrida a fs. 338 por la parte demandada, en tanto ésta consideró que los honorarios en cuestión resultarían altos.
II. Teniendo en vista el resultado mayoritario alcanzado al votarse la primera cuestión planteada, el tratamiento del recurso articulado a fs. 338 ha devenido abstracto.
Con el alcance indicado, voto a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Riccitelli y Gérez, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Mora, también vota a la segunda cuestión planteada por la afirmativa.
De conformidad con los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Por mayoría, considerar fundado el recurso de apelación articulado por la demandada, declarar abstracto a la fecha del fallo apelado el tratamiento del objeto de la presente acción constitucional y en consecuencia, revocar totalmente el pronunciamiento de primera instancia de fs. 211/219, imponiéndose -por aplicación del principio de apelación adhesiva- las costas de ambas instancias en el orden causado [arts. 1, 2, 19 y ccdtes. ley 13.928, t.o. ley 14.192 y doctrina sentada] y dejándose por ello sin efecto la regulación de honorarios practicada en el punto 5 del fallo apelado, en tanto el amparista es letrado en causa propia [art. 274 del C.P.C.C. y art. 12 decreto ley 8904/77].
2. Como consecuencia de lo anterior, declarar abstracto el tratamiento del recurso articulado a fs. 338 contra la regulación de honorarios efectuada en el punto “5.” de la parte dispositiva del pronunciamiento de fs. 311/319 revocado.
3. Teniendo en cuenta la condena en costas fijada en alzada, no corresponde regular honorarios por trabajos de alzada por aplicación del art. 12 del decreto ley 8904/77 y 18 del decreto ley 7543/69.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RUBEN DANIEL GÉREZ JUEZ DE CAMARA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ DE CAMARA VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia