Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 9650
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la impugnación de la parte actora respecto de la solución arribada por el a quo en el pronunciamiento apelado, aunque por los fundamentos que se plasman en el voto que concitó adhesión. Las costas del tránsito por la alzada se imponen en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
Mar del Plata, 15 de Abril de 2021.-
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. 3975/20, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa C-9650-BB1 “AZSO INGENIERIA S.R.L. c. MUNICIPALIDAD DE CORONEL SUAREZ s. PRETENSION ANULATORIA- OTROS JUICIOS”, con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: señores Jueces doctores Riccitelli, Ucín y Mora.
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca, mediante interlocutorio del 06-10-2020 rechazó las excepciones opuestas por la parte actora a la reconvención articulada por el Municipio en este proceso. Impuso las costas del incidente a la excepcionante vencida (art. 51 del CCA, modif. por Ley 14.437) y postergó la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes para su oportunidad.
II. Recibidos los autos en este Tribunal el 11-11-2020, declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación articulado por la parte actora el 14-10-2020 –el que no fue replicado por su contraria según se apunta en proveído de fecha 02-11-2020- y puestos el al Acuerdo para Sentencia el 17-12-2020–providencia que se encuentra firme-, corresponde votar y plantear la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. En el interlocutorio apelado, el juez de grado abordó tanto el planteo formulado por la parte actora mediante el cual persigue se declare la inadmisibilidad del pedido de nulidad que formulara el Municipio mediante reconvención, así como la defensa de prescripción blandida contra tal pedimento.
Puntualizó que la accionante solicita "... se decrete la inadmisibilidad de la contrademanda, no sólo por no ser una de las acciones previstas en el ordenamiento, sino porque la revocación del acto debió resolverse en el seno de la administración", sino también se resuelva la "... falta de legitimación para obrar, por carecer de tal legitimación para obrar -tal como lo hace- el Asesor Letrado de la comuna.".
Con ello en miras, el a quo sostuvo que atento los términos en que se encuentra normada la pretensión anulatoria prevista en el CCA (conf. arts. 1, 2 inc. 1, 12 inc. 1, 14, 15, 18, 35, 50 inc. 2 y concordantes) el rechazo de la inadmisibilidad planteada se imponía.
En lo tocante a la falta de legitimación activa para reconvenir, el magistrado también propugnó su rechazo teniendo en cuenta que el Dr. César Carlos Elorriaga intervino en la presente causa en carácter de mandatario de la Municipalidad de Coronel Suárez, en virtud del poder general para juicios que esta última le confiriera por medio del cual se lo facultó expresamente a "...entablar o contestar demandas de cualquier naturaleza..." en nombre y representación de aquella.
En relación al planteo de prescripción de la petición de nulidad que porta la reconvención, el juez de la instancia, liminarmente, caracterizó la impugnación del Municipio como una que persigue la declaración de nulidad absoluta de los actos por la Comuna identificados en el escrito de contestación de demanda. Y desde allí, el a quo predicó el rechazo de la defensa de la actora en tanto ella era blandida desde la concepción de un pedido de declaración de nulidad relativa de actos jurídicos (conf. art. 2562 inc. a del CCyC). Luego, el magistrado descalificó las citas jurisprudenciales traídas por la accionante desde que ellas se refieren a supuestos de "...actos administrativos que permitan su anulación por la misma autoridad que los dictó..." (revocación) y no a casos como el presente en que los mismos son impugnados judicialmente.
2. La parte actora interpone recurso de apelación.
De un lado, respecto del rechazo de las excepciones planteadas, por los argumentos que esgrime, peticiona la revocación de la sentencia. Del otro, en cuanto a la defensa de prescripción, en base a los cuestionamientos que formula, requiere que esta Alzada deje sin efecto lo resuelto por el a quo y se ordene que tal temática se difiera en su resolución y se trate como excepción de fondo.
En pos de brindar apoyatura a sus cuestionamientos, expone:
[i] que el pronunciamiento de grado resulta errado por cuanto la acción de lesividad no está prevista en el ordenamiento local, ni en las modificaciones que posteriormente se introdujeron a la ley 12.008, lo que justifica y valida su planteo de inadmisibilidad de lo peticionado por el Municipio. Entiende que la demandada no pide la nulidad de los actos administrativos como “contestación de demanda”, sino que lo hace como acción -como demanda por reconvención-, y dicha posibilidad –en su visión- no existe.
[ii] que en cuanto al expreso argumento que esgrimiera en su responde sobre que la acción de lesividad exige que la Administración activa con competencia como para haber revocado el acto administrativo por ilegitimidad así lo haya declarado, previo dictamen jurídico, denuncia que el juez nada dijo al respecto en su fallo. Reitera que –en su visiónpara “demandar” por lesividad, se requiere la “previa” declaración de lesividad en el seno de la Administración, y por autoridad competente para ello. Y en ese andar, descalifica el fallo cuando solo se refiere a las facultades otorgadas por el poder al apoderado municipal, para sortear el valladar indicado.
[iii] que respecto de la defensa de prescripción incoada, censura el pronunciamiento sosteniendo que si el plazo de prescripción para la anulación de los actos administrativos en el seno de la Administración es de dos años, a falta de previsión legal, por analogía, también debe aplicarse el mismo plazo de prescripción en sede judicial. Caso contrario, -a su entender- la Administración siempre tendría la opción de decidirse por esta segunda opción, en contra de la seguridad jurídica. Remata señalando que en el derecho administrativo la validez o invalidez del acto no depende de qué elementos están viciados, sino de cuán importante es la transgresión efectuada al orden jurídico; en el caso de autos, -según expone- la supuesta transgresión al orden jurídico, tal como ha sido planteada, importa un supuesto de acto anulable (y no nulo), cuyo término de prescripción, también en este caso, es el de dos años. Y desde allí señala que determinar la gravedad de la hipotética falta, debería ser materia y objeto de prueba, lo que conlleva la necesidad de diferir la resolución de la excepción al momento de emitirse la sentencia definitiva. Critica que el juez de grado haya resuelto “dogmáticamente” que la nulidad planteada por la Comuna es “absoluta”, solamente porque esa Administración así lo dice.
Previo reserva el caso federal, peticiona a esta Alzada deje sin efecto el pronunciamiento apelado.
II. El recurso no prospera.
1. En primer lugar, cabe desechar el primer agravio tratado por el apelante.
Todo el cuestionamiento que porta este segmento del remedio articulado –que reproduce la lectura formulada al momento de la réplica de la contestación de la demanda- se apuntala en una peculiar visión de la parte actora al caracterizar el planteo de nulidad efectuado por el Municipio como una “acción de lesividad”.
Tal lectura resulta un desenfoque procesal notorio. El Municipio no ha “accionado por nulidad”, sino que, al contentar una pretensión anulatoria de la parte actora en el marco del esquema procesal reglado por el art. 39, inciso 1 del C.P.C.A. y dentro del plazo allí contemplado, ha argüido la ilegitimidad de los actos administrativos antecedentes en los que se apontoca la accionante para demandar, en un perfecto ejercicio de la prerrogativa acordada por el art. 383 del Código Civil y Comercial –antes art. 1058 bis del C.C.- de oponer la nulidad como excepción. Dicho accionar de la demandada encuentra respaldo en inveterada doctrina de la Suprema Corte de Justicia provincial, ya que el máximo Tribunal ha admitido la oposición de la nulidad del acto administrativo tanto por vía de acción como de excepción [cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 50.265, “Odisa”, sent. 17-05-1994 y sus citas; B. 58.595 “Marvag Constructora S.R.L.”, sent. de 19-02-2002; B. 59.073 “Marvag Constructora S.R.L.”, sent. del 27-12-2002].
Dicha construcción jurisprudencial no resulta caprichosa: ha sido la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que ha contorneado esta especie de “juicio de lesividad” indirecto o inverso, al recordar que en él, la Administración denunciante de la nulidad de su propio acto lesivo del principio de legalidad, tiene como contraparte al sujeto beneficiado por los efectos de dicho acto, quien invoca su validez en defensa de su propio interés de particular [cfr. Fallos 327:5571, considerando 7° in fine]. Y es a partir de esa denuncia que los jueces deben abordar la nulidad del acto antecedente, en el marco de un proceso contradictorio con amplio debate y prueba [cfr. C.S.J.N. Fallos 321:3276, considerando 13], si hubiese sido articulada por la Administración como defensa o como reconvención [cfr. C.S.J.N. Fallos 314:322, considerando 11]. Para más, en casos como el presente, mal podría postularse que frente a la irregularidad del acto antecedente la Administración demandada tuviera que indefectiblemente deducir la acción de lesividad por separado para obtener la anulación judicial del acto antecedente viciado, ya que ello aparece como un recaudo formal excesivo, que desvirtúa los postulados que dan sustento al Estado de Derecho [cfr. C.S.J.N. Fallos 319:2005, disidencia de los doctores López y Vázquez, considerando 10].
Por ello, sin que sea necesario entrar a la discusión respecto a la existencia o no de la acción de lesividad en el ámbito provincial luego de la sanción del Código Procesal en lo Contencioso Administrativo (o sobre cuál debería ser su objeto y alcance) –dado que no ese el supuesto procesal bajo estudio en esta causa-, lo cierto es que en el caso de autos han intervenido todas las partes que eventualmente deben participar del multifacético debate que nace a partir de la demanda y la reconvención [arg. doct. S.C.B.A. causa A. 71.889 “Toledo”, sent. de 09-03-2016], por lo que la excepción de inadmisibilidad con los fundamentos esgrimidos en la réplica de la actora es inatendible conforme la realidad procesal del pleito. Para más, aquellos recaudos procesales que la parte actora entiende como exigibles para el inicio de una “acción de lesividad”, por fuera de desentenderse –como se dijera supra- que en el presente caso se está en presencia de una nulidad planteada como excepción [vía reconvención] y no como acción, lucen huérfanos de anclaje normativo en el derecho provincial. Y si bien toda su postulación parece responder al esquema procesal contencioso administrativo español para la acción de lesividad –allí llamada “recurso”- [cfr. Garrido Falla, Fernando; Palomar Omeda, Alberto; Losada González, Herminio; Tratado de Derecho Administrativo, Volumen III – La Justicia Administrativa-, Segunda Sección; págs. 309/314, Editorial Tecnos, Madrid, España, 2006], no es menos cierto, sea dicho, que tales condicionamientos no han encontrado recepción legal aún en el rito procedimental y procesal bonaerense en la materia [cfr. Soria, Daniel Fernando, “Aspectos Básicos de las Pretensiones en Código Procesal Administrativo de la Provincia de Buenos Aires”, en El Nuevo Proceso Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, Cassagne, Juan Carlos; Gordillo Agustín A., Directores, Librería Editora Platense, págs. 180/181, La Plata, 2004].
2.1. Adentrándole ahora a la defensa de prescripción esgrimida por la actora, rechazada en el grado, acierta la recurrente al tildar de dogmática la caracterización que efectúa el sentenciante sobre el carácter absoluto de la nulidad con la que contraataca el Municipio.
Obsérvese que el magistrado no ha explicitado razones para llegar a tal conclusión, y lo que es peor, a partir de dicha lacónica como inmotivada afirmación, luego descartó el plazo de prescripción invocado por la actora como aplicable a la especie. Siendo ello así, el fallo cuestionado merece ser dejado sin efecto en el segmento analizado, dado que es garantía de las partes la obligación de los jueces de fundar sus pronunciamientos (arts. 168 y 171 Const. Pcial.), de modo que pueda percibirse claramente el derrotero lógico y jurídico del que deriva el sentido y alcance de lo decidido como para posibilitar la debida actuación del órgano revisor (cfr. doct. S.C.B.A. causas Ac. 46.626 “Masuonave”, sent. del 11-04-1993; Ac. 74.170 “Skou”, sent. del 25-10-2000; L. 85.651 “Reina”, sent. del 5-13-2007; cfr. esta Alzada causas C-7292-DO1 “Demosvida Asociacion Ambientalista de Investigacion y Desarrollo”, sent. 3-8-2017; C-9231-BB1 “Burgos”, sent. de 04-06-2020), omisión en la que incurriera el a quo y que descalifica esta parcela de su pronunciamiento.
Frente a tal errónea actividad jurisdiccional y, articulado un recurso de apelación formalmente admisible, el cual lleva ínsito el de nulidad por defectos de la sentencia (art. 55 inc. 4° del C.P.C.A.) ya que resulta de interposición subordinada y automática, siempre que se encuentren comprendidos dentro del primero los agravios que ocasione a la parte las nulidades predicables de la sentencia (doct. esta Cámara causa P-125-MP1 “Ballesta”, sent. del 1-7-2008), la alzada resulta habilitada para proceder a la anulación del fallo (doct. esta Cámara causas A-2726-NE0 "Diaz", sent. de 04-10-2011, C-8875-BB1 “Heiland”, sent. del 29-8-2019). En efecto, esta Cámara, por vía de devolución, adquiere también plena competencia para pronunciarse respecto de los vicios de construcción de la sentencia, cuando esta hubiera sido apelada oportunamente, más cuando el defecto se desprende claramente de lo aducido por la recurrente, como se verifica en la especie (cfr. doc. de esta Cámara causa A-9013-DO0 "Rolon", sent. de 02-07-2019).
En suma, por verificarse el vicio invalidante señalado, el considerando III del pronunciamiento apelado debe dejarse sin efecto. Decidido lo anterior, resulta pertinente recordar que es deber de los Tribunales ad quem -declarada que sea la nulidad del pronunciamiento de grado (en el caso, parcial)- pronunciarse sobre todas las cuestiones de fondo que quedaron sometidas a su conocimiento (cfr. doct. S.C.B.A. causas Ac. 49.681 “De Leo”, sent. del 2-11-1993; Ac. 79.404 “Romero”, sent. del 8-09-2004 –con especial referencia al voto del Dr. Soria-; esta Cámara causa P-2874-MP1 “Mut”, sent. del 29-11-2011), cuando ello le fuere posible por contar con los elementos relevantes para resolver la cuestión planteada y expresamente así se lo solicitara el recurrente en los términos del art. 273 del C.P.C.C., y siempre que no haya mediado prematuridad en el fallo de grado (cfr. doct. esta Cámara causa C-2453-DO1 “Arenera Zárate S.A.”, sent. de 15-11-2011), incompetencia en razón de la materia (cfr. doct. esta Cámara causa C-2756-NEO “La Tomasita”, res. de 06-10-2011), o los defectos nulificantes de la sentencia de la instancia no oscurezcan de tal grado el thema decidendum que puedan llevar a la Alzada a violentar los límites de su jurisdicción apelada, con menoscabo del principio de bilateralidad [cfr. esta Cámara A-9527-MP0 “Cerrudo”, sent. de 04-02-2020].
Tomando en cuenta tales lineamientos y contando esta Alzada con los elementos de juicio imprescindibles para decidir la suerte de la defensa de prescripción articulada, a tal temática he de abocarme en lo que sigue.
2.2. La parte actora, al replicar la reconvención municipal, esgrimió la prescripción bianual respecto de la nulidad esgrimida por la Comuna. Al contestar el traslado que le hiciera el a quo de tal defensa, la Municipalidad contrarrestó con la imprescriptibilidad de las nulidades absolutas.
Me inclino por descartar el criterio municipal. Teniendo en cuenta que la Suprema Corte de Justicia provincial ha recurrido a la aplicación supletoria de la legislación de fondo en materia de nulidades [art. 4030 del Código Civil –t.a.-] y ha considerado habilitada la prerrogativa de la Administración de practicar la revisión ex officio en su propia sede, frente a actos administrativos viciados por error, dolo, o falsa causa, siempre dentro de los dos años en que el error, dolo o falsa causa fuese conocido [cfr. doct. S.C.B.A. causas B. 65.125, "Arias", sent. del 09-03-2005; B. 61.676 “Gallo”, sent. del 27-04-2005, B. 65.294, “Andreu”, sent. de 28-05-2008; B. 66.251, “Trajtenberg”, sent. de 6-04-2011; A. 72.442 “Arteca”, sent. de 06-11-2013; B. 63.384 “Zara”, sent. de 05-03-2014, entre otras; esta Cámara causa C-8516-DO1 “Bilbao”, sent. de 29-11-2018], entonces, formo convicción que el Máximo Tribunal provincial indirectamente ha reconocido que cuando un acto administrativo está viciado en alguno de sus elementos esenciales lejos está de configurarse un supuesto de nulidad absoluta como el reglado en el artículo 1047 del Código Civil –t.a.- [actual art. 387 del C.C.C.]. Desde allí que no cabría predicar –a menos que en el futuro se formule el distingo normativamente o por criterio de doctrina legal al respecto- que la Administración está amparada por la imprescriptibilidad para hacer valer la nulidad, vía acción o excepción, en pos de obtener la restitución del imperio de la legalidad frente a un acto gravemente viciado. En suma, el plazo de prescripción del artículo 4030 del Código Civil –t.a.- o del actual art. 2562 inciso a) del Código Civil y Comercial corre tanto para el ejercicio de la potestad de anulación oficiosa del acto como también para “el pedido de nulidad” [repárese en la redacción del art. 2562 inciso a) citado que no habla de "acción"], sea que la mentada requisitoria se exteriorice en una acción judicial articulada por la entidad pública, sea que fuere blandido como defensa o excepción en reconvención [que sería el caso aquí tratado].
Lo precedentemente expuesto importa dar razón a la apelante en cuanto al plazo de prescripción invocado, empero resta dilucidar el dies a quo a partir del cual el mentado término comienza a computarse en la especie, a tenor de los elementos de juicio arrimados al proceso por las partes.
Observo que tanto actora como demandada han acompañado al expediente la carta documento remitida el 30-05-2018 por el Subsecretario Legal y Técnico municipal [cfr. fs. 43 y 149, respectivamente]. En dicha misiva puede leerse que “atento las irregularidades observadas en la tramitación del expte. de obra y rescisión-recepción contraria a las leyes vigentes [se] promoverán acciones judiciales contencioso administrativas y penales por el perjuicio ocasionado a la administración pública municipal”.
Resultando del texto transcripto que a la fecha de emisión y envío de la referida epístola [30-05-2018], el Municipio –a través de quien cuenta con poder especial para demandar, como lo resaltara el a quoexteriorizó su patente convicción de estar frente a las nulidades que no son otras que aquellas esgrimidas en la reconvención [cfr. párrafos primero a tercero de la citada Carta documento, denuncia penal en copia a fs. 151/156 y contestación de demanda con reconvención], entonces a la fecha en que esgrimió dichas nulidades en el presente proceso vía excepción por reconvención [16-10-2019], el plazo de prescripción bianual del art. 2562 inciso a) del C.C.C. no había transcurrido, correspondiendo en consecuencia, no receptar el planteo defensivo de la actora formulado en tal dirección.
III. Conforme al desarrollo argumental precedente, corresponde rechazar la impugnación de la parte actora respecto de la solución arribada por el a quo en el pronunciamiento apelado, aunque por los fundamentos que se plasman en el presente voto. Las costas del tránsito por la alzada deberían ser impuestas en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Ucín dijo:
Adhiero a los fundamentos -con excepción de lo señalado en el apartado II.2.2- y a la solución propiciada por el señor Juez doctor Riccitelli en su voto, en cuanto postula el rechazo la impugnación deducida por la actora respecto de la conclusión arribada por el a quo en su pronunciamiento.
En ese orden, y en lo que concierne a la parcela excluida de mi coincidencia con el colega preopinante, estimo que la crítica recursiva ensayada por el apelante (respecto de la cuestión allí involucrada) resulta insuficiente para controvertir la decisión del Juez de primera instancia. Y ello, en tanto tal embate importa una sintética reiteración de los argumentos ya invocados con anterioridad (vinculados al plazo de prescripción que estimó aplicable en la especie y a la naturaleza de la nulidad invocada) que, con prescindencia de lo finalmente decidido, fueron objeto de tratamiento, cierto que breve, por parte del referido magistrado.
Así, este último, descartó que el presente verse sobre un supuesto de nulidad relativa de los actos impugnados (con la consecuente inaplicación, al caso, del término de prescripción contemplado en el art. 2562 inc. a del CCC), a la vez que entendió que la jurisprudencia citada por el actor comprendía un supuesto diferente al verificado en la especie (revocación de actos administrativos en esa sede por la propia autoridad que los dictó). Y a partir de esas reflexiones concluyó en la improcedencia de las defensas ensayadas por el accionante.
Luego, frente a tales consideraciones, el apelante limitó su oposición a reiterar muy sintéticamente lo ya consignado en su primigenia presentación, sin demostrar, de modo cabal y con independencia de esa repetición, el error o desacierto en el que habría incurrido el magistrado de la instancia anterior.
Cabe recordar que la fundamentación de la apelación constituye la cuña que busca desbaratar la ratio decidendi que sostiene la solución consagrada en el fallo recurrido, resultando insuficiente la mera disconformidad con lo decidido por el juez de grado, sin hacerse cargo de los fundamentos del pronunciamiento en crisis. La postulación recursiva requiere, pues, una articulación seria, fundada, concreta y objetiva de los errores de la sentencia, punto por punto, junto con la demostración de los motivos para considerar que ella es errónea, injusta o contraria a derecho (cfr. art. 56 inc. 3° del CCA; doct. esta Cámara causas C-3255-AZ1 “Cybulski”, sent. de 28-12-2012; C-4096-MP2 “Castro”, sent. del 27-12-2013; C-4568-BB1 “Olivieri”, sent. de 6-03-2014; C-4460-AZ1 “Sotuyo”, sent. de 17-06-2014; C-5552-AZ1 “Riccio”, sent. de 3-03-2015; C-7165-MP1 “Muñoz”, sent. de 18-05-2017; C-88495-BB1 “Peña”, sent. de 26-05-2020; entre otras).
Así, en la labor impugnativa el recurrente debe criticar todas las partes del fallo que le sirven de sustento, y si en dicha tarea deja incólumes o incuestionadas parcelas que -por sí- tienen entidad para sostenerlo, el pronunciamiento debe mantenerse (cfr. argto. doct. S.C.B.A. causa Ac. 92.995 “J., D.”, sent. del 24-V-2006; C. 103.709 “Saracho”, sent. de 16-04-2014; esta Cámara causas C-3967-BB1 “Rapezza”, sent. de 4-07-2013; C-5403-AZ1 “Buscarini”, sent. de 27-03-2015; C-7336-MP2 “Inc S.A.”, sent. de 29-08-2017; C-7603-BB1 “Menichelli”, sent. del 7-11-2017; entre muchas).
De allí que mal se encamina la apelación intentada a conformar un embate serio capaz de conmover el pronunciamiento de grado en la parcela cuestionada, en tanto se omitió explicar a este Tribunal revisor por qué los argumentos brindados en dicha oportunidad deberían primar por sobre los criterios y razones expuestos por el juez de grado para fundar una resolución que, por cierto, se ha emitido teniéndolos en vista (cfr. doct. esta Cámara causas C-3603-BB0 “Empresa Mayo S.A.T.A.”, sent. del 4-4-2013; C-4145-MP2 “Mas”, sent. del 11-11-2014;
C-5480-BB1 “García”, sent. del 9-6-2015; C-6168-MP2 “Esnaola”, sent. del 17-3-2016; C-9951-AZ1 “Volkswagen S.A.”, sent. del 10-11-2020; entre muchos otros).
En ese contexto, advierto que el recurso presentado en fecha 24-02-2019 –en lo que al tópico refiere- no trae una crítica concreta y razonada, conforme los términos antedichos, encaminada a rebatir las razones en las cuales el a quo -más allá de su acierto o sinrazónrechazó el planteo formulado por la accionante.
Todo lo cual, en definitiva, sella la suerte adversa del embate intentado.
Con el alcance indicado voto, entonces, por la negativa.
El señor Juez doctor Mora, por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada por la negativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Rechazar la impugnación de la parte actora respecto de la solución arribada por el a quo en el pronunciamiento apelado, aunque por los fundamentos que se plasman en el voto que concitó adhesión. Las costas del tránsito por la alzada se imponen en el orden causado por ausencia de contradicción [art. 51 inciso 1, segunda parte del C.P.C.A., t.o. ley 14.437].
2. Difiérase la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad Regístrese y notifíquese por Secretaría electrónicamente conf. art. 11 del Anexo I del Acuerdo 3845/2017, modificado por Acuerdo 3991/2000 de la S.C.B.A. Fecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Fin de la sentencia