Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7427
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación articulado por la apremiada, revocar el fallo de grado y, consecuentemente, hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título por defectos en su forma extrínseca –fecha de emisión- en un todo de acuerdo con lo habilitado por el art. 9 inciso c) de la ley 13.406. Las costas de primera instancia deberían correr a cargo del Fisco vencido y las de alzada por su orden al no mediar contradicción [arts. 68 y 556 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.406]. En consonancia con ello y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., se regulan honorarios por trabajos ante la instancia de grado en favor del doctor Daniel Fabio Weiman -apoderado de la sociedad apremiada- en la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO [$ 15.125,00] con más aportes de ley e I.V.A. si correspondiere [arts. 1, 2, 10, 15, 16, 23, 28, 51, 54 y ccdtes. decreto ley 8904/77; art. 22 ley 13.406; arts. 12 y 16 ley 6716], dejándose constancia que no procede la regulación de estipendios al apoderado estatal por aplicación de lo reglado en el art. 18 del decreto ley 7543/69 y sus mod.
2Estese a la regulación de honorarios por trabajos de alzada que por auto separado se efectúa.
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 02 días de noviembre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa P-7427-BB1 “FISCO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES c. SUPERMERCADO LA BANDERITA BAHIA S.A. s. APREMIO PROVINCIAL”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Mora, Riccitelli y Rosales Cuello, y considerando los siguientes:
I. El 01-03-2017 el titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca dictó sentencia, rechazó las excepciones de inhabilidad de título y pago total documentado y el planteo de inconstitucionalidad del art. 58 del Código Fiscal (t.o. 2011) articulados por la parte demandada, mandó llevar adelante el presente apremio por la totalidad del monto reclamado -con más intereses de acuerdo a lo reglado por el art. 104 del ordenamiento fiscal bonaerense-, impuso las costas a la accionada vencida y difirió la regulación de honorarios profesionales para su oportunidad [cfr. fs. 167/169].
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto a fs. 171/177 por la parte demandada [cfr. proveído de fs. 193], y puestos los autos al Acuerdo para Sentencia –providencia que se encuentra firme-, corresponde votar la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I.1. Al fundar la sentencia en crisis, el magistrado de la instancia anterior comenzó por aclarar que correspondía desestimar la excepción de inhabilidad de título articulada por la apremiada, toda vez que tal defensa se sustentaría en la supuesta invalidez del trámite administrativo previo al libramiento de la cartular, extremo irrevisable en el marco del juicio de apremio. Seguidamente recordó que la excepcionante opuso la defensa de pago total documentado con pretendido basamento en el hecho de que correspondería compensar la acreencia exigida con saldos pecuniarios favorables al contribuyente. Indicó que mal podría acogerse el referenciado planteo defensivo cuando éste se fundaría en declaraciones juradas elaboradas con posterioridad a la emisión del título y al inicio de las presentes actuaciones judiciales.
Asimismo apuntó que el mero hecho de que las declaraciones juradas acompañadas a la causa por la contribuyente reflejaba la presencia de saldos a su favor no autorizaría –sin más- a afirmar la inexistencia manifiesta de la deuda requerida.
Finalmente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad vertido por la demandada en relación al art. 58 del Código Fiscal –t.o. 2011-, atento reputar que dicha tacha de ilegitimidad no resultaba posible de ser abordada en el acotado marco cognitivo del presente apremio.
2. Una detenida lectura del memorial de fs. 171/177 me permite vislumbrar que, luego de transcribir mecánicamente la mayor parte del escrito defensivo de fs. 105/114, la demandada precisa su crítica en torno a dos (2) agravios principales, a saber:
2.1. Por un lado, reafirma la inexistencia del tributo reclamado en autos.
Sobre el particular, sostiene que las probanzas acompañadas a la causa acreditan que su parte presentó tempestivamente la declaración jurada correspondiente al período fiscal reclamado en autos, razón por la cual mal podría determinarse aquel con sustento en el incumplimiento de tal deber formal.
En ese andar, afirma que el ente recaudador provincial lo intimó a presentar la declaración jurada correspondiente al período 03 de 2016 y a cancelar el saldo resultante en el plazo de quince (15) días, exhortación que habría sido cumplida por su parte en forma oportuna.
2.2. Por otro y en relación a la pretendida inconstitucionalidad del art. 58 del ordenamiento fiscal bonaerense (t.o. 2011), denuncia que el juez de grado habría omitido tratar la tacha de inconstitucionalidad acusada la que, en su visión, merecería ser invalidada, dado que “…el instituto del pago provisorio de impuestos, al resultar un procedimiento excepcional de determinación de la obligación tributaria sobre base presunta, debe ser interpretado en palabras de la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación, restrictivamente, por ser una excepción al principio general, cual es la determinación de oficio de los tributos…” [cfr. fs. 176 vta.].
Así, entiende que el Fisco incurrió en un proceder abusivo al determinar la existencia del crédito ejecutado por medio del procedimiento reglado en el art. 58 del Código Fiscal bonaerense, toda vez que su parte contaba en forma permanente con saldos a su favor en relación al Impuesto sobre los Ingresos Brutos desde el año 2012.
II. El recurso no prospera.
1. Una detenida lectura del título ejecutivo de fs. 1 y vta., así como del escrito inicial de fs. 2/3, me permite advertir que el Fisco persigue en autos el pago, por parte de Supermercado La Banderita Bahía S.A., del anticipo 03 de 2016 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos.
Observo, asimismo, que de la citada cartular surge que tal acreencia fue determinada por el ente recaudador a partir de la falta de presentación, por parte de la sociedad contribuyente, de la declaración jurada relativa al referenciado período, con sustento en las facultades que le confiere el art. 58 del Código Fiscal –t.o. 2011-.
2. Con el propósito de obtener la revocación del fallo en crisis en cuanto rechazó la defensa de inhabilidad de título por inexistencia de deuda, la recurrente afirma que las pruebas agregadas a la causa demostrarían que su parte presentó en tiempo propio la declaración jurada correspondiente al período fiscal reclamado en autos, razón por la cual mal podría determinarse deuda con sustento en el incumplimiento de tal deber formal.
2.1. Los escritos constitutivos del presente proceso y el material de convicción colectado, permiten tener por incuestionado y acreditado que:
2.1.1. La sociedad contribuyente prescindió de presentar la declaración jurada correspondiente al período 03 de 2016 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos dentro del mes calendario siguiente, esto es, con anterioridad al vencimiento del mentado anticipo [cfr. art. 210 del Código Fiscal y recuadro rotulado “Vto. Original” de la cartular de fs. 1 y vta.];
2.1.2. Con fecha 11-05-2016 A.R.B.A. intimó a Supermercado La Banderita Bahía S.A. a que en el plazo de quince (15) días ingrese la declaración jurada cuya oportuna presentación omitiera y a cancelar tanto el importe resultante de ésta como la multa que cabría aplicarle en razón de lo reglado por el art. 60 del ordenamiento fiscal provincial (t.o. 2011) [cfr. fs. 91];
2.1.3. El 30-05-2016 el Fisco inició las presentes actuaciones judiciales [cfr. fs. 2/4];
2.1.4. Con fecha 04-06-2016 la sociedad demandada formuló declaración jurada atinente al período 03 de 2016 del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, consignando en dicho instrumento que no adeudaría suma alguna por tal anticipo fiscal, atento la existencia de saldos a su favor [cfr. fs. 89];
2.1.5. El 06-06-2016 la accionada presentó ante el ente recaudador declaración jurada rectificativa correspondiente al referenciado período, instrumento por conducto del cual modificó la cuantía del saldo que, entendía, subsistente a su favor.
2.2. Recuerdo que, a fin de no privilegiar un exceso de rigor formal con grave menoscabo de garantías constitucionales, esta Cámara -en numerosas causas- ha habilitado la posibilidad de plantear en juicios de ejecución fiscal la defensa de inhabilidad de título sustentada en la inexistencia de la deuda fiscal peticionada. Empero, tal admisión es posible siempre que la mentada inexistencia –total o parcial- sea manifiesta y su constatación no requiera de mayores verificaciones ni presuponga el examen de cuestiones cuya acreditación exceda el ámbito limitado de este tipo de procesos [cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 312:178; 318:1151; esta Cámara causa P-1886-BB1 “Volpe”, sent. de 4-V-2010 y sus citas]. Tal criterio no importa desconocer lo establecido por el art. 9 inc. c) de la ley 13.406, en la medida en que la inexistencia de deuda tributaria o –en su caso- la ejecución por un monto parcialmente no debido –reitero, si tales circunstancias son constatables por el juez del apremio sin mayores dificultades intelectivas- contaminan las formas extrínsecas del documento ejecutado, ya que dentro de tales formalidades se encuentran “la existencia de la suma total del crédito” o la presencia de “sumas parciales” (art. 9 inc. “c”, segundo párrafo de la ley 13.406) [cfr. doc. esta Alzada causa P-2854-BB1 “Marzialetti”, sent. de 24-XI-2011].
2.3.1. Bajo los parámetros delineados en el apartado anterior, estimo que corresponde confirmar el fallo en crisis en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda blandida por la accionada. Repárese que no cabe tener por desvirtuada la determinación del tributo exigido practicada por el Fisco en los términos del art. 58 del Código Fiscal –t.o. 2011- a partir de la ausencia de presentación oportuna por la contribuyente de la declaración jurada atinente al período 03 de 2016, ya que el incumplimiento de tal deber formal no ha sido puesto en crisis a través de las pruebas recabadas. En ese andar, subrayo que los instrumentos invocados por la apremiada para sostener que habría cumplido oportunamente con la carga de declarar tempestivamente el impuesto correspondiente al período en estudio (v.gr. Declaraciones Juradas de fs. 89/90), fueron ingresados a A.R.B.A. luego de trascurrido el mes calendario siguiente a dicho anticipo y cuando ya había sido interpuesta la demanda ejecutiva ventilada en autos [cfr. título a fs. 1 y vta. y declaraciones juradas a fs. 89/90].
2.3.2. No paso por alto que con fecha 11-05-2016 el Fisco habría intimado a Supermercado La Banderita Bahía S.A. a rendir en el plazo de quince (15) días la declaración jurada del período 03 de 2016 y a cancelar tanto el importe resultante de ésta como la multa que sería pasible aplicarle en razón de lo reglado por el art. 60 del ordenamiento fiscal provincial (t.o. 2011) [cfr. fs. 91]. Aun así, no resulta posible postular válidamente la inexistencia del débito fiscal reclamado con fundamento en el supuesto acatamiento a dicha manda, toda vez que determinar si medió –o no- válido cumplimiento de ésta, constituye una tarea que excedería con mucho el acotado marco cognitivo del apremio, sin perjuicio de que, a todo evento, tampoco se aprecia en forma palmaria que las declaraciones juradas obrantes a fs. 89/90 trasunten la tempestiva obediencia de la contribuyente frente a la mentada intimación [cfr. arts. 9 y 25 de la ley 13.4086 y 384 del C.P.C.C.].
2.4. Aclaro, por si hiciera falta, que el escenario fáctico y probatorio que se configura en las presentes actuaciones judiciales difiere de aquel analizado por esta Alzada al dictar sentencia en la causa P-4594-MP2 “Cabrejas S.A.” (sent. de 28-X-2014), toda vez que en este último expediente se tuvo por desvirtuada una determinación tributaria practicada por la Administración en los términos del art. 50 del Código Fiscal –t.o. 2004- (art. 58 en t.o. 2011), en razón de haberse acreditado fehacientemente a través de constancias documentales emanadas del propio Fisco la oportuna presentación de las puntuales declaraciones juradas cuya supuesta omisión motivó la aplicación del aludido procedimiento de determinación impositiva, circunstancia que –reitero- no corresponde tener por acaecida en autos a tenor de los elementos de convicción reunidos.
2.5. Con todo, estimo que los argumentos bosquejados imponen confirmar el fallo en crisis en cuanto rechazó la excepción de inhabilidad de título por inexistencia de deuda opuesta por la apremiada y, por ende, rechazar el agravio en tratamiento.
3.1. Finalmente, he de desestimar por insuficientes aquellas manifestaciones a través de las cuales la apelante pregona la inconstitucionalidad del procedimiento de determinación tributaria oficiosa disciplinado en los párrafos segundo y tercero del art. 58 del Código Fiscal –t.o. 2011- [crítica diseñada en el punto “I.2.2.”], puesto que tal planteo, rechazado por el a quo por considerar que su tratamiento rebasaba el restringido ámbito de análisis del apremio, que no ha sido rebatido de manera fundada en el recurso bajo estudio [cfr. arts. 25 de la ley 13.406 y 260 del C.P.C.C.; cfr. doct. esta Cámara causas P-4104-BB1 “Frigorífico Sur S.C.”, sent. de 30-VII-2013 y P-4449-BB1 “Yoli”, sent. de 27-XII-2013].
3.2. Para más, remarco que el criterio propiciado por el juzgador de grado en torno del planteo de inconstitucionalidad formulado por la accionada luce coherente con la posición que respecto de tachas de ilegitimidad similares, asumiera este Tribunal en anteriores pronunciamientos.
Así, esta Cámara ha admitido la posibilidad de adentrarse en el tratamiento de las tachas de inconstitucionalidad vertidas en el marco del proceso de apremio, en aquellos supuestos en los que el tema constitucional es susceptible de resolverse con las constancias del expediente o sin necesidad de mayores despliegues probatorios [argto. doct. esta Alzada causas P-289-AZ1 “Perrota”, sent de 27-XI-2008; P-1990-MP1 “Speroni”, sent. de 17-IX-2010 y P-2513-MP2 “Sosa”, sent. de 23-VIII-2011, entre otras], y cuando la aplicación de la legislación reputada ilegítima sea pasible de ser revisada por el juez del apremio [cfr. doct. esta Alzada causas P-1000-AZ1 “MG Postal S.R.L.”, sent. de 23-IV-2009 y P-1396-AZ1 “Della Maggiora”, sent. de 27-08-2009]. No obstante, tal visión no puede llevar a desoír el reiterado criterio sentado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en cuanto recuerda que no corresponde atender en la ejecución fiscal a aquellas defensas fundadas en el cumplimiento de trámites administrativos previos a la expedición de los certificados de deuda ejecutados [cfr. doct. C.S.J.N. 331:846 y sus citas, esta Cámara en las causas P-297-BB1 “Lorenzo” sent. de 18-XI-2008; P-776-BB1 “Peralta” sent. de 24-II-2009; P-1077-MP1 “Soto”, sent. de 26-II-2009]. Es que el apremio no admite el debate relativo al procedimiento administrativo antecedente ni a cualquier otro extremo concerniente a la creación del título ejecutivo, puesto que todos esos aspectos remiten al origen del crédito reclamado [cfr. doct. S.C.B.A. causa Ac. 90.299 “Fisco de la Provincia de Buenos Aires c. Cabanas s. Apremio”, sent. de 24-V-2006] y, por ende, deben ser abordados en el ámbito del proceso de conocimiento contencioso administrativo [cfr. doct. esta Cámara causas P-1477-MP1 “Bertopaulos”, sent. de 12-IV-2011 y P-3702-MP2 “Merco Trans S.A.”, sent. de 21-V-2013].
Así, el juego armónico de las precedentes construcciones jurisprudenciales impide abordar en autos la aludida tacha de inconstitucionalidad toda vez que, al quedar fuera del marco cognitivo de este tipo de procesos aquellas cuestiones atinentes al trámite administrativo que culmina con la emisión de la cartular ejecutada, mal podría esta Alzada analizar la constitucionalidad de las normas que regulan el desarrollo de dicho procedimiento [doct. esta Cámara causa P-3031-MP2 “Sbagzdis”, sent. de 31-VII-2012].
III. Si lo expuesto es compartido, he de proponer al Acuerdo rechazar el recurso interpuesto a fs. 171/177 y, por ende, confirmar el pronunciamiento en crisis. Las costas de alzada se deberían imponer por su orden, atento la ausencia de controversia entre las partes [arts. 25 de la ley 13.406 y 68 y 556 del C.P.C.C.].
Voto a la cuestión planteada por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
Respetuosamente discrepo. A mi juicio, la excepción de inhabilidad de título por defectos formales de la cautelar, articulada a fs. 105/114 debe prosperar por las razones que habré de exponer seguidamente.
I.1. No se encuentran controvertidas en la especie las siguientes circunstancias: [i] que la apremiada no presentó en plazo la declaración jurada correspondiente al período 03/2016 por Impuesto a los Ingresos Brutos; [ii] que frente a ello, el 11-05-2016 A.R.B.A. emitió la intimación N° 000648282 por la cual requirió a la contribuyente que dentro de los quince [15] días de la fecha de la notificación, efectúe la presentación y pago de la declaración jurada omitida con más los intereses y multa por omisión [cfr. fs. 91]; [iii] que el Fisco emitió el título que da origen al presente apremio el 23-05-2016 en el marco de lo reglado en el art. 58 del Código Fiscal [t.o. 2011] [cfr. fs. 1 y vta.]; [iv] que el presente apremio fue iniciado el 30-05-2016 [cfr. fs. 4]; [v] que la contribuyente presentó la declaración jurada adeudada el 04-06-2016 [cfr. fs. 89] y una rectificativa posterior el 06-06-2016 [cfr. fs. 90]; [vi] que la multa por omisión fue cancelada por la contribuyente el 24-06-2016 [cfr. fs. 92/93] [vii] que, previamente a ser intimada de pago en el apremio, la contribuyente se presenta en autos el 01-08-2016 planteando la excepción de inhabilidad de título alegando dos [2] razones para su apuntalamiento [a saber, de un lado, que el título había sido emitido con apresuramiento por parte del Fisco provincial porque se encontraba vigente el plazo otorgado para el propio ente recaudador mediante la intimación que se le formulara a la contribuyente; del otro, la inexistencia de deuda en tanto el apremiado contaba en dicho período con saldos a favor en orden a la totalidad de las retenciones y percepciones informadas a ARBA y no cuestionadas por ésta.
2. Teniendo en cuenta la réplica del Fisco a la excepción de inhabilidad de título articulada por la apremiada [cfr. fs. 125/129] -primordialmente su esfuerzo por circunscribir el alcance de tal defensa a los elementos extrínsecos de la cartular [cfr. fs. 127 vta./128 vta.]- he de centrar mi análisis en el vicio de prematuridad [valga decir, emisión en fecha en que ello no era aún posible] que la contribuyente le achaca a la cartular, tanto al defenderse del apremio como en el recurso de apelación. El artículo 58 del Código Fiscal, t.o. ley 14.333, establece, en su parte pertinente: “… en los casos de contribuyentes o responsables que liquiden el impuesto sobre la base de declaraciones juradas y omitan la presentación de las mismas por uno o más anticipos fiscales, cuando la Autoridad de Aplicación conozca por declaraciones o determinaciones de oficio, la medida en que les ha correspondido tributar en anticipos anteriores, podrá requerirles por vía de apremio el pago a cuenta del gravamen que en definitiva les sea debido abonar, de una suma equivalente a tantas veces el gravamen ingresado en la última oportunidad declarada o determinada, cuantos sean los anticipos por los cuales dejaron de presentar declaraciones … Previo a proceder a la vía de apremio, la Autoridad de Aplicación intimará a los contribuyentes para que dentro de los cinco (5) días abonen o regularicen el gravamen correspondiente con sus intereses, y presenten, en los casos en que corresponda, las declaraciones juradas originales o rectificativas. Vencido el plazo previsto en el párrafo precedente, se librará la constancia de deuda correspondiente y se iniciarán las acciones de apremio … De no verificarse presentación alguna del contribuyente, se procederá a la emisión del pertinente título ejecutivo, por la totalidad del importe liquidado, instándose el inicio de las acciones judiciales correspondientes”.
El precepto bajo escrutinio regula un procedimiento dotado de máxima celeridad para la reclamación fiscal a contribuyentes que presentan declaraciones juradas impositivas, cuando tal deber formal –y el correspondiente ingreso del tributo si así resultare como consecuencia de la autodeterminación impositiva- no ha sido cumplido en tiempo y forma. Como contrapartida, para resguardar el derecho de defensa del contribuyente –y al mismo tiempo evitar litigiosidad innecesaria- el legislador previó una etapa de intimación administrativa previa mandatoria [repárese que el artículo usa el verbo en imperativo “intimará”] para que el ente recaudador, por un plazo determinado [el mínimo posible es de cinco días], requiera el cumplimiento de la obligación formal incumplida y, en su caso, el pago de lo adeudado con intereses. Solo frente al vencimiento del plazo y al silencio del contribuyente, el título ejecutivo puede ser emitido e iniciado el proceso de apremio.
Subsumiendo el caso de autos en el marco del precepto al que recurriera el Fisco para formular la cartular que da inicio a este proceso de ejecución, se advierte –como lo viene denunciando la contribuyente desde su primera actuación en el pleito- que el título ejecutivo posee una fecha de emisión [23-05-2016] que resulta anterior al vencimiento del plazo expresamente conferido por el Fisco a la sociedad para presentar en sede administrativa la declaración jurada omitida e ingresar –de así corresponderlas sumas debidas en concepto de Impuesto a los Ingresos Brutos. Y tal apreciación la efectúo en el peor escenario para la apremiada, desde que la considero notificada de la intimación el mismo día de emisión del requerimiento según consta en fs. 91, por mediar su expreso reconocimiento en tal sentido [cfr. fs. 108] a pesar de que en tal instrumento no consta su efectiva recepción en dicha fecha. No dejo de advertir, además, que en su réplica a la excepción articulada por la contribuyente, absoluto silencio guardó el Fisco en torno a la intimación por él practicada en sede administrativa y a sus efectos en cuanto a sus alcances para posponer –de forma mandatoria- la emisión del título ejecutivo y el correspondiente inicio del apremio.
En suma, el título ejecutivo de fs. 1 que hace constar como fecha de emisión el 23-05-2016 se encuentra viciado en sus formas externas, por cuanto las circunstancias no controvertidas en el sub examine patentizan que, a dicha fecha y por mandato legal, tal cartular nunca pudo ser emitida por el ente de recaudación y, por ende, jamás pudo constituir el punto de inicio de este proceso. Con todo, la excepción de inhabilidad de título por defectos de formas extrínsecas debe prosperar [art. 9, inciso c) ley 13.406] aún en los estrechos términos admitidos por el Fisco en su responde de fs. 145/148 [cuya consideración en este voto brinda efectivo resguardo al principio de apelación adhesiva].
3. En nada modifica la conclusión anterior que el Fisco haya otorgado en la intimación obrante a fs. 91 un plazo superior al piso mínimo fijado en el art. 58 del Código Fiscal [t.o. 2011]. Sus motivos habrá tenido para ello, los que a priori mal podrían ser erigidos en contra de la contribuyente, puesto que -de un lado- siempre debe ser objeto de reconocimiento aquellas acciones de la Administración dirigidas a garantizar una amplia tutela administrativa efectiva –tendientes al esclarecimiento de la verdad material- y –del otro- la aplicación de la doctrina de los actos propios actuaría como valladar para cualquier defensa del ente recaudador que importara desconocer el mayor plazo otorgado, desde que esta Alzada ha descalificado las argucias de ARBA cuando ellas importan ponerse en contradicción con los actos anteriores, deliberados, jurídicamente relevantes y plenamente eficaces [cfr. doct. esta Alzada causas P-2688-MP2 “Victor Alejandro Vega S.A.”, sent. de 06-09-2011 y sus citas; P-2564-MP2 “O.C. Servicios Integrales S.R.L.”, sent. de 03-09-2013; P-5316-BB1 “Martellini”, sent. de 09-10-2014].
II. Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación articulado por la apremiada, revocar el fallo de grado y, consecuentemente, hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título por defectos en su forma extrínseca –fecha de emisión- en un todo de acuerdo con lo habilitado por el art. 9 inciso c) de la ley 13.406. Las costas de primera instancia deberían correr a cargo del Fisco vencido y las de alzada por su orden, al no mediar contradicción [arts. 68 y 556 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.406]. En consonancia con ello y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., se regulan honorarios por trabajos ante la instancia de grado en favor del doctor Daniel Fabio Weiman -apoderado de la sociedad apremiada- en la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO [$ 15.125,00] con más aportes de ley e I.V.A. si correspondiere [arts. 1, 2, 10, 15, 16, 23, 28, 51, 54 y ccdtes. decreto ley 8904/77; art. 22 ley 13.406; arts. 12 y 16 ley 6716], dejándose constancia que no procede la regulación de estipendios al apoderado estatal por aplicación de lo reglado en el art. 18 del decreto ley 7543/69 y sus mod.
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Rosales Cuello dijo:
Adhiero a la solución que propone el votante en segundo término y a los fundamentos que éste ensaya para sostenerla. Siendo ellos razón suficiente del resultado que se propicia, sólo a mayor abundamiento me permito deslizar algunas consideraciones.
El motivo axiológico que allí se pondera para vedar la habilitación del ente recaudador a fin de generar el título ejecutivo en forma previa al cumplimiento del plazo otorgado al contribuyente, tiene su correlato ontológico. El carácter de suma exigible, líquida o fácilmente liquidable que debe revestir el crédito que se pretende ejecutar constituye la razón intrínseca que justifica la adopción de la vía procesal específica, rápida y simplificada en la que aquí estamos inmersos (Peretti, Oscar y Tessone, Alberto, "La ejecución fiscal en la ley 11683 ", Ed. Platense, La Plata, 2001, ps. 39 a 42; Quevedo Mendoza, Efraín, "Procesos de ejecución", Revista de Derecho Procesal I, Ed. Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2001, p. 26). No por nada las normas del juicio ejecutivo cuya aplicación supletoria es prevista en otros regímenes de ejecución fiscal, prevén que si la obligación estuviera subordinada a condición, la vía ejecutiva procederá si del título o de otro instrumento público que se presente resultare haberse cumplido con ella (arg. arts. 518 párr. 2° del CPCC y 92, ley 11683 –aplic. analóg.-).
Por lo demás, la ampliación del plazo otorgado para el cumplimiento de la intimación no conmueve el criterio sugerido. La existencia de un deber genérico de la Administración consistente en intimar al contribuyente a que en el plazo de cinco (5) días presente la declaración jurada respectiva e ingrese el importe resultante, no empece a que ésta deba respetar el término mayor de quince (15) días otorgado en el caso concreto. Es que el organismo público debe honrar la confianza que el contribuyente tiene en su comportamiento futuro inspirada en actuaciones inequívocas sean éstos actos declarativos o meras situaciones de tolerancia, incluso si se trata de actuaciones no plenamente conformes a derecho (Sánchez Morón, Miguel, Derecho Administrativo, Editorial Tecnos, Madrid, 2007, 3ra. Edición, p. 129).
Voto por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente
1. Por mayoría, hacer lugar al recurso de apelación articulado por la apremiada, revocar el fallo de grado y, consecuentemente, hacer lugar a la excepción de inhabilidad de título por defectos en su forma extrínseca –fecha de emisión- en un todo de acuerdo con lo habilitado por el art. 9 inciso c) de la ley 13.406. Las costas de primera instancia deberían correr a cargo del Fisco vencido y las de alzada por su orden al no mediar contradicción [arts. 68 y 556 del C.P.C.C., art. 25 ley 13.406]. En consonancia con ello y por aplicación del art. 274 del C.P.C.C., se regulan honorarios por trabajos ante la instancia de grado en favor del doctor Daniel Fabio Weiman -apoderado de la sociedad apremiada- en la suma de PESOS QUINCE MIL CIENTO VEINTICINCO [$ 15.125,00] con más aportes de ley e I.V.A. si correspondiere [arts. 1, 2, 10, 15, 16, 23, 28, 51, 54 y ccdtes. decreto ley 8904/77; art. 22 ley 13.406; arts. 12 y 16 ley 6716], dejándose constancia que no procede la regulación de estipendios al apoderado estatal por aplicación de lo reglado en el art. 18 del decreto ley 7543/69 y sus mod.
2. Estese a la regulación de honorarios por trabajos de alzada que por auto separado se efectúa.
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ DE CAMARA PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO RAMIRO ROSALES CUELLO JUEZ DE CAMARA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CIVIL Y COMERCIAL L ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ DE CAMARA VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia