Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7338
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 234/244, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma Los Cipreses S.A. y por los Sres. Emiliano Agustín Garcia Bambill, Gonzalo Alberto Rezzonico, Lina María Renzo, Martín Skliar, Juan Martín Lopez, Juan Ignacio Vallasciani, Sebastián De Haro, Ariel Leandro Barsky, Fernando Belussi, María Romina Bevilacqua, Fabián Marcelo Allende, María Mercedes Belussi, Mónica Patricia Gelos, Jimena Ibarguren, Mauro Alberto Jorge, Guillermo Jorge Garrido, Javier Esteban Ocampos, Damián Laiuppa, Facundo Federico Montechecci, Ezequiel Facundo Mazza, Ariel Rodolfo Parafita, Carlos Sebastian Signori, Juan Pablo Signori, Hugo Manuel Vives, Luis Sebastián Vives, Gonzalo Perez, Luciano Néstor Toscano, Christian Carlos Petersen, Fabrizio Ariel Torno, Ana María Dillon, Daniel Alfredo Sosa, Carla Merlini, Celeste Merlini, Agustina Merlini, Juan Carlos Figueroa y Pablo Reynaldo Cappa, declarando respecto de los demandantes la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios [regulada en los arts. 258 y subsiguientes de la Ordenanza Fiscal del año 2014 y su similar del año 2015] por violentar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria [cfr. arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional y arts. 25 y 31 de la Constitución provincial]. …
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 26 días del mes de abril del año dos mil dieciocho, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-7338-BB1 “LOS CIPRESES DE BAHÍA S.A. Y OTROS c. MUNICIPALIDAD DE BAHÍA BLANCA s. PRETENSIÓN DECLARATIVA DE CERTEZA – OTROS JUICIOS”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Dpto. Judicial Bahía Blanca rechazó la demanda promovida por la parte actora contra la Municipalidad de Bahía Blanca. Asimismo, impuso las costas a la parte accionante (art. 51 del C.P.C.A. –cfr. ley 14.437-) y difirió la regulación de honorarios para su oportunidad.
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante a fs. 234/244 -replicado por la contraria a fs. 246/249- y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia [cfr. auto de fs. 251 pto.3] -providencia que se encuentra firme-, corresponde plantear la siguiente:
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. A fs. 226/231 el a quo rechazó, en el marco de la pretensión declarativa de certeza impetrada por la parte actora, el planteo de inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios regulada en los arts. 258 y sgtes. de la Ordenanza Fiscal correspondiente a los años 2014 y 2015 de la Municipalidad de Bahía Blanca.
Para así disponerlo comenzó su análisis transcribiendo de manera literal los arts. 258, 259 y 260 de la Ordenanza Fiscal del año 2014 y el art. 52 de la Ordenanza Impositiva del año 2014 –textos que se reiteran en las versiones de las Ordenanza Fiscal e Impositiva del año 2015-.
Asimismo, recordó que: (i) para reputar la validez de una tasa el cobro de dicho tributo debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio referido a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente; (ii) la declaración de inconstitucionalidad de una norma constituye un acto de suma gravedad institucional y debe ser considerado la última ratio del orden jurídico; (iii) la procedencia de los planteos de inconstitucionalidad requieren que el interesado demuestre cabalmente de qué manera la norma cuestionada contraría la Constitución causándole de ese modo un agravio, basándose en un sólido desarrollo argumental con fundamentos que se apoyen en las probanzas de la causa.
Dicho lo anterior, tuvo por acreditado que: (i) los actores son propietarios o poseedores de inmuebles en el barrio cerrado “La Reserva” ubicado en la ciudad de Bahía Blanca, al cual se accede por la calle Rodolfo Kusch y; (ii) los propietarios o poseedores de inmuebles situados en el mentado barrio cerrado no abonan la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública en tanto los servicios que la mentada gabela retribuye no se prestan en el interior de la urbanización privada.
En el citado contexto fáctico y jurídico el sentenciante abordó los diversos cuestionamientos efectuados por los accionantes. Así, el a quo descartó que el Municipio hubiera creado el “tributo genérico” [esto es, la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios] con la finalidad de sortear la imposibilidad de percibir la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública respecto de los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en las urbanizaciones cerradas.
Aunque reconoce que dentro del Barrio cerrado el Municipio no presta los servicios de alumbrado, barrido y limpieza [extremo que veda toda posibilidad de percibir tasa alguna por ese concepto], el a quo observó que la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios regulada en los arts. 258 y sgtes. de la OF/2014 [y su similar del año 2015] se implementa para satisfacer otros servicios que la Comuna presta en las afueras del complejo en el que se encuentran enclavados los inmuebles de los actores.
Resaltó que no debe confundirse los servicios internos prestados por la administración del Barrio Cerrado [los que se sustentan con el pago de las expensas] con aquellos otros que efectiviza la Administración Municipal y que aprovechan los propietarios de los inmuebles que se encuentran enclavados en el Barrio privado y que se vinculan –a modo de ejemplo- con el alumbrado, la reparación, la conservación y el mejorado del camino público de acceso al predio [calle Rodolfo Kusch].
Desde otra perspectiva, expuso que resultaba errada la postura de los actores en cuanto afirman que la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios creada por la Comuna importaba una doble imposición, violatoria de la Ley 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales. Ello es así –ahondó- pues, en la especie, el ejercicio de la prerrogativa tributaria municipal se encuentra expresamente habilitada por los arts. 192 y 193 de la Constitución provincial y los arts. 226 y 227 del decreto ley 6769/58, máxime cuando los actores resultan –en la especie- directamente beneficiados por los variados servicios que configuran el hecho imponible descripto en el art. 258 de la OF/2014 –cuyo texto se reitera en su similar del año 2015-.
No tuvo por verificado, tampoco, que la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios implementada por la Comuna resultara discriminatoria o lesiva de la garantía constitucional de igualdad pues, en definitiva, la pretensión tributaria del Municipio se dirige a todos los propietarios o poseedores de bienes inmuebles enclavados dentro de las urbanizaciones cerradas, sin efectuar distingos arbitrarios.
Finalmente, recordó que la fijación de la cuantía de la gabela debe tener en cuenta no solo el costo efectivo del servicio sino también la capacidad contributiva del contribuyente –representada por el valor de los bienes o de su renta- para de tal modo equilibrar el costo total de la prestación entre los que más y menos tienen.
Con todo entonces, concluyo que la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios regulada en los arts. 258 y sgtes. de la OF/2014 –y su similar del año 2015- no se presentaba como contraria o lesiva de garantía constitucional alguna. En consecuencia, dispuso el íntegro rechazo de la demanda.
2. Contra el citado pronunciamiento se alza los actores esgrimiendo variados argumentos, a saber: [i] el sentenciante se escuda en un criterio restrictivo y formalista para evitar abordar el cuestionamiento de constitucionalidad efectuado respecto de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios.
[ii] el juez de grado omitió pronunciarse respecto del defecto que porta la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios y que radica en estructurar un hecho imponible de carácter genérico o difuso.
Resaltan que la totalidad de los precedentes citados por el inferior dan cuenta que para reputar la validez de un tasa es necesaria la concreta y efectiva prestación de un servicio con relación al contribuyente y, en la especie –asevera- se está en presencia de una tasa que describe de manera genérica el hecho imponible y que, por tanto, incumple “…con el mandato constitucional requerido de una concreta, efectiva e individualizada prestación…”.
Destacan que la norma en cuestión refiere como servicios “prestaciones inconcretas, no individualizadas e inefectivas”, todo lo cual patentiza la configuración de una estructura de la gabela que violenta el principio constitucional de legalidad tributaria. Es que –aseveran- no existe prestación concreta y efectiva por parte del Municipio de alguno de los servicios genéricamente enumerados en el art. 258 de la OF/2014 que se materialice con relación a los obligados al pago [en la especie, los propietarios o poseedores de un inmueble ubicado en el barrio cerrado o club de campo].
Con todo, concluyen que la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios no se vincula a un servicio o actividad específica efectivamente prestada a los inmuebles de los sujetos obligados al pago sino que pretende vincularse a la integridad de la actividad estatal y que “…no se trata de una concreta, efectiva e individualizada actividad por parte del ente estadual sino que resulta una genérica descripción de actividades, hecho que resulta irreconciliable con el concepto de tasa…”. Tales razones –aseveran- autorizan a predicar la inconstitucionalidad del tributo.
Asimismo, explican que también es equivocado el razonar del sentenciante cuando postula que los titulares de los lotes del Barrio Cerrado son beneficiarios directos de algunos de los servicios que describe la tasa para justificar su existencia [a saber: el servicio de mantenimiento de caminos, conservación, mejorado y alumbrado público de la calle de acceso al Barrio] pues tales prestaciones son costeadas con lo recaudado por una tasa específica [Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación] respecto de las cuales no son obligados al pago.
Por lo demás, agregan que los restantes servicios que supuestamente justifican la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios que se pretende cobrar a los titulares de inmuebles del Barrio Cerrado –promoción del desarrollo humano, defensa civil, atención a la minoridad, mantenimiento de espacios verdes, etc.] resultan, a su vez, financiados por tasas específicas “…que cubren los genéricos hechos imponibles determinados en la tasa por servicios indirectos…”, o bien con fondos provenientes de otros recursos tales como la coparticipación de impuestos. Todo ello patentizan, además de la existencia de una doble tributación, que la Comuna ha creado una gabela que tiene por exclusiva finalidad obtener ingresos que financien la actividad general del Estado.
Finalmente, hacen notar que el carácter genérico o difuso del tributo y la ausencia de vinculación con servicio específico alguno queda develada a poco que se verifica la pericia contable practicada en autos. Exponen que la mentada experticia da cuenta que las sumas recaudadas en concepto de Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios pasan a formar parte de las rentas generales de la Comuna, careciendo de asignación específica.
[iii] el a quo soslaya el cuestionamiento de constitucionalidad efectuado en el escrito de demanda cuando se acusa que la tasa municipal violenta la Ley 23.548.
En sus pareceres, la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios guarda una sustancial analogía con el Impuesto sobre los Bienes Personales, lo que violenta el art. 9 inc. b) de la Ley de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales.
[iv] la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios violenta la garantía constitucional de igualdad.
Sobre el punto, destaca que la gabela fue creada con la exclusiva finalidad de lograr que los propietarios o poseedores de lotes en los Barrios Cerrados, so pretexto de los supuestos servicios genéricos que brinda el Municipio, abonen una tasa para solventar –entre otros- el servicio de Alumbrado, Limpieza y Conservación que, reitera, no es efectivamente prestado por la Comuna sino por la propia Administración de la urbanización privada. Sostienen que para justificar esta espuria finalidad, la Comuna arguye prestar otros servicios [tales como el mantenimiento de espacios públicos, defensa civil y atención de urgencias –entre otros-] que, para más, se encuentran solventados por otras tasas específicas.
Esta modalidad tributaria implementada por la Comuna –afirman- coloca en situación de desigualdad a los propietarios o poseedores de inmuebles en el Barrio Cerrado pues es solo con relación a ellos que la Comuna persigue el cobro de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios. Tal es así –ahondan- que el propio art. 258 de la OF/2014 dispone que no son obligados al pago de la mentada gabela aquellos sujetos que abonen la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.
3. A fs. 246/249 la parte demandada materializa su réplica y, avalando en lo sustancial lo resuelto en el grado, peticiona el íntegro rechazo de la demanda.
II. El recurso es de recibo.
1. De una atenta lectura del escrito de demanda, observo que se está en presencia de una pretensión declarativa de certeza que persigue hacer cesar un estado de incertidumbre sobre el alcance de la relación tributaria que vincula a los actores con el Municipio demandado en el marco de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios regulada en los arts. 258 a 261 de la Ordenanza Fiscal del año 2014 –y su similar del año 2015-.
1.1. Entre las circunstancias que suscitan la controversia la parte accionante en su líbelo inicial manifiesta que: (i) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios se estructura sobre la base de un presupuesto de hecho genérico que no se vincula a una actividad o servicio concreto o específico que la Administración preste con relación al sujeto obligado al pago [en la especie, los propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en un barrio cerrado o club de campo]; (ii) la indefinición del hecho imponible desnaturaliza el concepto de “tasa” como categoría específica de tributo violentando el principio constitucional de legalidad tributaria; (iii) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios fue creada con la exclusiva y espuria finalidad de que la Municipalidad pueda percibir, bajo el ropaje de una tasa por servicios genéricos, la supuesta contraprestación de un servicio [alumbrado, limpieza y conservación de la vía pública] que la Comuna no presta dentro del barrio privado; (iv) los restantes servicios que, por fuera del Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública –que la Comuna no presta dentro del barrio cerrado-, constituyen el hecho imponible que justifica la Tasa [promoción del desarrollo humano, atención de emergencias, defensa civil –entre otros-], no son prestados de manera directa ni efectiva respecto de los sujetos obligados al pago de la gabela [propietarios de inmuebles ubicados dentro del barrio cerrado]; (v) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios resulta discriminatoria y lesiva de la garantía constitucional de igualdad pues solo es exigida respecto de los propietarios o poseedores de inmuebles que se encuentran en barrios privados del Municipio de Bahía Blanca mas no respecto de quienes titularicen o posean bienes inmobiliarios fuera de los barrios privados de esa ciudad; (vi) el carácter genérico e inespecífico del hecho imponible tiene como consecuencia que lo recaudado por tal concepto tienda a solventar la integridad de las erogaciones del Municipio y no de manera puntual y concreta servicio alguno; de tal manera la Comuna genera un contexto en el que exige una doble tributación pues –por un lado-, los genéricos servicios descriptos en el hecho imponible tienen, a su vez, una Tasa específica para costearlos y -por el otro- se exige a los sujetos pasivos del tributo –quienes no reciben de manera directa servicio alguno- que costeen una prestación que hace al funcionamiento normal y general de la Administración y que se financia con otros recursos y; (vii) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios se contrapone con el Régimen de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales en tanto violenta la prohibición de analogía tributaria contenida en el art 9 inc. b) de la Ley 23.548.
1.2. Al contestar demanda el Municipio retruca la supuesta invalidez de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios alegando que el planteo de los actores no encuentra sustento alguno pues: (i) como contraprestación por el pago de la mentada gabela los propietarios o poseedores de inmuebles en el barrio cerrado reciben o se benefician –por un lado- de servicios directos o individualizables tales como el mantenimiento, bacheo, señalización y conservación de la calle Kusch al 1000 –arteria de acceso al barrio privado-; servicios de recolección y transporte de residuos; tareas de mantenimiento, desmalezamiento, despeje de carteles y limpieza de alcantarillas efectuadas por personal de la delegación municipal Norte –zona en la que se enclava el barrio privado-; servicio de defensa civil; servicio de atención al vecino, línea 0-800 Bahía; servicio de saneamiento ambiental y control de plagas; ruidos molestos [v. pto. VI, contestación de demanda, fs. 148/160] y –por el otro- de servicios indirectos, los que benefician a los actores cuando diariamente tienen que salir del barrio privado y se acercan al centro de la ciudad como es “…el control de tránsito, la señalización vial, semaforización, promoción cultural, conservación de calles, puentes, bacheos y reparación de calles, diseño y planificación de la ciudad, mantenimiento y conservación de las plaza[s], parques y paseos público, que son de uso comunitario, incluso su forestación y desforestación…” [v. pto. VII, contestación de demanda, fs. 148/160]; (ii) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios no violenta la garantía constitucional de igualdad pues se exige por igual a los propietarios o poseedores de inmuebles de los clubes de campo y/o de los barrios cerrados; (iii) los actores se encuentran exentos de abonar la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública por lo que, de no aplicarse con relación a los mentados sujetos la Tasa regulada en los arts. 258 a 261 de la OF/2014, se los estaría colocando en una situación de privilegio ya que se verían beneficiados por servicios que no retribuyen y; (iv) la estructura de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios dista de traducir una analogía prohibida en los términos del art. 9 inc. b) de la Ley 23.548.
1.3. El juez de la instancia, validando el ejercicio de la prerrogativa tributaria municipal, expuso que: (i) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios no violentaba el principio de legalidad pues, si bien era cierto que dentro del barrio privado la Comuna no prestaba el servicio de alumbrado, limpieza y conservación, no lo era menos que efectivizaba otros servicios de los cuales se aprovechaban los actores entre los que hizo especial hincapié en el alumbrado, la reparación, la conservación y el mejorado del camino público de acceso al predio [calle Rodolfo Kusch] y “…en los otros servicios [que la Comuna presta] fuera del complejo a los inmuebles que se encuentran dentro de éste…”; (ii) la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios no resultaba discriminatoria o lesiva de la garantía constitucional de igualdad pues era exigida en iguales condiciones a todos los propietarios o poseedores de inmuebles en los barrios cerrados o clubes de campo (iii) los actores incurrían en el error de confundir el presupuesto de hecho de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios [que, según explicita, se vincula con servicios prestados fuera del barrio privado] con los servicios recibidos dentro del complejo y que son ajenos a la prestación de la Comuna y; (iv) “…la violación a la Ley de Coparticipación alegada por los actores…” no surgía acreditada en autos.
2. Habiendo expuesto en forma clara e inteligible cuál resulta ser el nudo de la disputa, adelanto que habré de acompañar –por las razones que esgrimiré- la postura enarbolada por la recurrente. Veamos:
2.1. Valga ante todo decir que la tasa es una categoría tributaria derivada del poder de imperio del Estado, que si bien tiene una estructura jurídica análoga a la del impuesto, se diferencia de éste por el presupuesto de hecho adoptado por la ley que consiste en el desarrollo de una actividad estatal que atañe al obligado. Así, desde el momento en que el Estado organiza el servicio y lo pone a disposición del particular, éste no puede rehusar su pago aun cuando no haga uso de aquél, o no tenga interés en él, ya que el servicio tiene en mira el interés general (Fallos: 251:50 y 222; 312:1575; 323:3770; 326:4251; 332:1503; entre otros); empero, el cobro de una tasa debe corresponder siempre a la concreta, efectiva e individualizada prestación de un servicio relativo a algo no menos individualizado (bien o acto) del contribuyente (Fallos: 236:2; 251:222; 259:413; 312:1575; 329:792; Q. 20. XLVII “Quilpe S.A.”, sent. del 9-10-2012, entre muchos otros; doct. esta Alzada causas C-4299-BB1 “Capaccioni”, sent. del 13-05-2014 y C-2835-MP2 "Herrera Vegas", sent. de 04-02-2016). Desde esta conceptualización, bien puede afirmarse que la autoridad municipal necesariamente tiene que brindar, con relación al sujeto obligado al pago, el servicio por el cual grava la actividad que constituye el hecho imponible descripto en la norma, no resultando suficiente una actuación meramente declamativa de la Administración (tal como sería postular que el servicio se encuentra organizado, sin ninguna constancia que acredite la efectiva prestación respecto del contribuyente reclamante). Tampoco puede la Comuna pretender escudarse en la efectiva prestación del servicio aunque con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria examinada.
La doctrina de los autores también coincide con tal lectura. Así se ha dicho que la tasa es toda prestación obligatoria, en dinero o en especie, que el Estado en ejercicio de su poder de imperio, exige en virtud de ley por un servicio o actividad estatal que se particulariza o individualiza en el obligado al pago (cfr. García Vizcaino, Catalina, “Derecho Tributario”, Tomo I, Ed. Depalma, 2° ed., Buenos Aires 1999, pág. 99 y ss.). Tal servicio tiene carácter de divisible por estar determinado y concretado en relación con los individuos a quienes atañe, pues la prestación que da origen a la tasa debe estar particularizada en el sujeto pasivo (cfr. Jarach, Dino “Finanzas públicas y Derecho Tributario”, Ed.
Cangallo, Buenos Aires 1993, pág 234 y ss.; Pérez Royo, Fernando, “Derecho Financiero y Tributario”, Parte General, Ed. Civitas, Madrid 2000, pág. 113). La tasa es una contraprestación pecuniaria establecida de modo coactivo por un servicio brindado por la Administración y su presupuesto de hecho consiste en una situación que determina o se relaciona –necesariamente- con el desenvolvimiento de una actividad del ente estatal direccionada en forma individualizada al contribuyente (cfr. Spisso, Rodolfo, Naturaleza Jurídica de las Tasas Municipales, en AA.VV., Derecho Tributario municipal”, Ed. Ad-Hoc, Bs. As., 2005, pág. 193).
Complementando tal conceptualización cabe asimismo distinguir entre dos categorías de tasas, las que se cobran para solventar los servicios que se prestan uti universi y las que se persiguen para retribuir las actividades que se materializan uti singuli. En las primeras –que son aquellos que se brindan a toda la población-, resulta suficiente que el servicio se encuentre organizado y se preste –efectivamente- para que sea exigible el pago de la contraprestación (cfr. doct. S.C.B.A. causas I. 1270, “Blanco”, sent. del 18-04-1989; I. 1286, “Papelera Juan V. F. Serra S.A.C.I.F.”, sent. del 18-06-1991; B. 51.937, “Nobleza Piccardo”, sent. del 28-11-1995; B. 56.454 “Pecom Energía S.A.”, sent de 17-12-2003). A diferencia de ello, los servicios uti singuli serían aquellos que resultan prestados a los sujetos en razón de su requerimiento. Tal sería el caso de la Tasa de actuación administrativa que debe abonar todo aquel que voluntariamente inicie un trámite o gestión ante el ente público. En este caso la voluntad del sujeto en recibir la prestación es condición sine qua non para el cobro de la tasa.
2.2. Es a partir de los precedentes postulados que cabe brindar certeza a la relación tributaria que vincula a los actores [en su carácter de propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en una urbanización privada] con el Municipio de Bahía Blanca en el marco de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios. Para ello, estimo de interés, en primer término, identificar la estructura del tributo en cuestión tanto en lo que refiere al hecho imponible como a los sujetos obligados al pago.
En lo que al hecho imponible se refiere, el art. 258 de la OF/2014, establece que: “se abonarán las tasas que fije la Ordenanza Impositiva anual por los servicios prestados por la Municipalidad, de carácter indivisible o indirectos, en particular los destinados al ordenamiento y control del tránsito y señalización vial, promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, atención a la minoridad y problemática social, defensa civil, atención y resolución de situaciones de emergencia. Comprende también el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación, y su conservación y/o mantenimiento. Asimismo comprende el desarrollo y conservación de la red vial y/o vía pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública”.
En cuanto a los obligados al pago el art. 260 de la OF/2014 –en lo que aquí nos interesa- establece que: “…son contribuyentes y/o responsables de esta tasa las personas físicas o jurídicas con residencia permanente o transitoria en jurisdicción municipal, o que por cualquier circunstancia tengan el uso o goce, real o potencial, de alguno de los servicios directos e indirectos prestados y/o disponibles en el Municipio, o utilice y/o usufructúe infraestructura o bienes municipales o de dominio público situados en jurisdicción municipal que para su existencia, utilidad o mantenimiento demanden la intervención de la Municipalidad. En particular, supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal…”. [el subrayado es propio].
2.3. Identificado el marco normativo, también verifico como hechos indubitados en la causa que: (i) los actores, por su condición propietarios o poseedores de bienes inmuebles ubicados dentro del Barrio Cerrado sito en la ciudad de Bahía Blanca, son sujetos pasivos de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios; (ii) los actores no ostentan la condición de sujetos pasivos de la tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública regulada en los arts. 71 a 97 de la OF/2014 –en tanto tales servicios no son prestados por la Comuna dentro del barrio cerrado-; (iii) el acceso al Barrio Cerrado –en el que se encuentran enclavados los inmuebles de los actores- es efectuado utilizando los calles que integran la red vial municipal [calle Rodolfo Kusch].
2.4. Definidos entonces los aspectos jurídicos y fácticos que dan sustrato al asunto habré, en lo que sigue, de posar el análisis de la relación tributaria entablada entre la Comuna y los actores. Lo dirimente en esta controversia se circunscribe a precisar si la Municipalidad presta a los accionantes [en su carácter de propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal] esos servicios municipales que refiere el hecho imponible.
Examinando el hecho imponible descripto en el art. 258 de la OF/2014 verifico la existencia de una estructura tributaria en la que el Municipio justifica la Tasa a partir de “los servicios indivisibles e indirectos” que dice prestar, y que luego describe e identifica de manera particular, a saber: (i)servicios destinados al ordenamiento y control del tránsito y señalización vial; (ii) servicios de promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural atención a la minoridad y problemática social; (iii) servicios de defensa civil, atención y resolución de situaciones de emergencia; (iv) también el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación, y su conservación y/o mantenimiento; (v) asimismo comprende el desarrollo y conservación de la red vial y/o vía pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública.
En el citado contexto, juzgo que el Municipio no logra acreditar el aspecto nuclear que justificaría su pretensión de hacerle pagar a los actores [por su condición de propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal] la gabela. Es que, sin desconocer que la Comuna arguye que presta todos esos servicios que refiere el art. 258 de la OF/2014, no explica cómo esos servicios que allí se enumeran se vinculan con una prestación que beneficie directamente al propietario o poseedor del inmueble enclavado en la urbanización cerrada, vinculo jurídico a partir del cual se estructura la gabela [recuerdo que el art. 260 de la OF/2014 dispone que “supone vinculación con el hecho imponible la posesión de bienes registrables radicados en jurisdicción municipal”].
Como supra he explicitado, para justificar la percepción de una Tasa, la autoridad municipal debe necesariamente efectivizar con relación al sujeto obligado al pago [en la especie, el propietario o poseedor de un inmueble ubicado en el barrio cerrado o club de campo] el servicio que configura el hecho imponible. No es suficiente para validar la pretensión tributaria que la Comuna esgrima que el servicio se encuentra organizado sino que resulta necesario acreditar la efectiva prestación respecto del contribuyente y, menos aún, puede la autoridad municipal justificarse en la circunstancia de prestar ese servicio con relación a otros contribuyentes ajenos a la relación tributaria que se examina. Ahora bien, de las constancias arrimadas al pleito nada permite inferir que los contribuyentes actores sean sujetos receptores de los servicios que de manera genérica describe el art. 258 de la OF/2014. La técnica legislativa utilizada por la autoridad municipal, al abordar de manera indiscriminada múltiples servicios –todos ellos constitutivos del hecho imponible-, atenta contra la posibilidad de individualizar con la precisión exigible cuál o cuáles de todos ellos se concretan con relación a los actores.
Sin desconocer que la Comuna postula que los actores [propietarios o poseedores de inmuebles en el barrio cerrado] reciben o se benefician de servicios individualizables tales como el mantenimiento, bacheo, señalización y conservación de la calle Kusch al 1000 –arteria de acceso al barrio privado-; servicios de recolección y transporte de residuos; tareas de mantenimiento, desmalezamiento, despeje de carteles y limpieza de alcantarillas; servicios de defensa civil; servicio de atención al vecino, línea 0-800 Bahía; servicio de saneamiento ambiental y control de plagas; ruidos molestos [v. pto. VI, contestación de demanda, fs. 148/160] y de servicios indirectos que benefician a los actores en su vida diaria cuando salen del barrio privado y se acercan al centro de la ciudad como es “…el control de tránsito, la señalización vial, semaforización, promoción cultural, conservación de calles, puentes, bacheos y reparación de calles, diseño y planificación de la ciudad, mantenimiento y conservación de las plaza[s], parques y paseos público, que son de uso comunitario, incluso su forestación y desforestación…” [v. pto. VII, contestación de demanda, fs. 148/160], lo cierto es que tales prestaciones no aparecen vinculadas de manera directa e individualizada con relación a los inmuebles registrables en cabeza de los actores. Organizar un servicio de defensa civil; de atención al vecino; de saneamiento ambiental y control de plagas; de ruidos molestos; de mantenimiento, desmalezamiento, despeje de carteles y limpieza de alcantarillas; establecer un línea telefónica (0-800-Bahía) para atender urgencias y luego, a partir de esa prestación genéricamente dispuesta, pretender que sean, como en el caso, los propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal -solo por esa vinculación con los bienes raíces- quienes deban costear esa genérica actividad direccionada a toda la población sin distinciones y que no se enlaza de manera directa o concreta con los mentados sujetos pasivos de la gabela, da cuenta de la desnaturalización de la especie tributaria bajo examen.
Es justamente examinando ese vínculo o ligazón entre el sujeto pasivo -destinatario de la tasa- y el servicio que presta con relación a él la autoridad municipal, que se evidencia la falencia que la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios ostenta. Aunque ciertamente podría darse el caso que alguno de los inmuebles de los actores ubicados en el interior del barrio cerrado pudiera beneficiarse, por ejemplo, con alguna tarea de control de plagas (esto es, uno de los hechos imponibles que describe el art. 258 de la OF/2014) efectuada por la Comuna, no es menos cierto que el modo como se estructura la gabela traduce una elasticidad impropia -desde el mirador del principio de legalidad tributaria- pues no sería la indiscriminada condición de "propietario o poseedor de un bien inmueble" -tal lo que sucede en la especie- la que autorizaría a facturar la Tasa en estudio sino, en todo caso, las particularidades propias de cada inmueble, zona o región en la que, efectivamente, esa actuación pública se materialice.
En similar línea, cabe preguntarse si los "...servicios de promoción del desarrollo humano, económico, educativo y cultural, de atención a la minoridad y problemática social..." -siguiendo el amplio abanico servicios constitutivos del hecho imponible descripto por el art. 258 de la OF/2014- son efectivamente brindados con relación a los sujetos obligados al pago (en la especie, los propietarios o poseedores de los inmuebles ubicados en el barrio cerrado) o si, por el contrario, son dirigidos de manera indiscriminada a la totalidad de los habitantes del Municipio, sean propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal, dentro o fuera de urbanizaciones cerradas, simple tenedores –inquilinos- u ocasionales visitantes de la ciudad.
La respuesta es evidente: no existe nota o trazo alguno que diferencie a los actores [propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal enclavados en barrios cerrados] de los restantes sujetos supuestamente beneficiados por el servicio estatal; absolutamente todos, por fuera de ser propietarios o poseedores de un inmueble registrable radicado en jurisdicción municipal, son alcanzados por ese genérico servicio, sin distinciones que permitan identificar un concreto, individualizado y diferenciado beneficiario -en cuyo caso bien podría exigírsele su retribución-.
Lo expuesto no significa desfinanciar ni, menos aún, desconocer que tales genéricas prestaciones tienen un costo; empero, ello no justifica desnaturalizar la categoría tributaria de Tasa; en todo caso, otra deberá ser la fuente de la que provengan los recursos económicos necesarios para solventarlos (v.gr. la coparticipación federal y/o provincial de impuestos).
Siguiendo el esquema descripto por la Tasa como hecho imponible, advierto que también comprende -por un lado-, "…el mantenimiento y conservación de parques, plazas, paseos, y otros espacios públicos de uso comunitario e infraestructura urbana, forestación, reforestación y su conservación y mantenimiento…" y -por el otro- "…los servicios de defensa civil y resoluciones a las situaciones de emergencia…". En cuanto a los enumerados en primer término -mantenimiento y conservación de parque, plazas, etc.- la ausencia de vinculación entre el servicio -razón de ser de la Tasa- y los actores -propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal- resulta palpable aún para el más desprevenido.
Nada puede hacer en el interior de la urbanización privada la Comuna con relación a espacio público alguno, sencillamente porque ellos no existen en esta específica modalidad urbana, por lo que los inmuebles a los que se pretende vincular con el mentado servicio, ninguna mejora del entorno reciben como consecuencia de actividad pública local. Y si, a todo, evento, lo que pretende la Comuna es estructurar una obligación tributaria que pretenda retribuir el genérico servicio de conservación de espacio públicos, mal podría valerse de la categoría tributaria “Tasa” justamente porque no individualiza ni concreta con relación a los actores (propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal enclavado en un barrio cerrado) esa prestación, ello, independientemente que los accionantes decidan -como postula la demandadautilizar o usufructuar, en ocasión de "salir" de la urbanización privada un espacio del dominio público como sería una plaza o un parque enclavado ubicada en cualquier parte de la ciudad y cuyo uso no le está vedado a los meros tenedores de inmuebles o simples transeúntes que ocasionalmente visiten el Partido.
Mención aparte merecen "…los servicios de defensa civil y resoluciones a las situaciones de emergencia…" que integran el hecho imponible que justifica el tributo con relación a los actores. Repárese que la Comuna, procurando justificar su pretensión tributaria da cuenta de la implementación -entre otras cosas- de una línea telefónica gratuita para atender estas urgencias a la que podrían acceder los actores (propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal sitos en el barrio cerrado); empero, sin poder salir de la encrucijada en la que se ha colocado con su argumentación para defender la viabilidad de la gabela no explica -y menos aún acredita- cómo o de qué manera esa prestación beneficia o se materializa con relación a los accionantes por su carácter de titulares dominiales o poseedores de una parcela en un barrio privado.
Lo dicho, no importa desconocer que tal servicio [defensa civil, resolución de situaciones de emergencia, líneas telefónicas de asistencia] se encuentre organizado y puesto a disposición de la población en general; empero, nada permite visibilizar que con relación a los contribuyentes de autos [propietarios o poseedores de inmuebles ubicados en el barrio cerrado] se materializara o prestara. Y si bien es cierto que frente a cualquier contingencia que amerite el auxilio de la autoridad municipal (v. gr. contingencia meteorológica que trasunte inundación y/o vientos que amenacen riesgos) seguramente podrá echarse mano al servicio, no lo es menos que esta prestación se encuentra latente para la totalidad de las personas que residan [sean o no propietarios de inmuebles] o circunstancialmente se encuentren de paso en jurisdicción de la Municipalidad de Bahía Blanca. Finalmente, quedan dentro de esta madeja de servicios que se describen como integrantes del hecho imponible de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios los identificados con "…el ordenamiento y control del tránsito y señalización vial … el desarrollo y conservación de la red vial y/o pública en general e instalaciones complementarias, incluyendo diseño, planificación, aperturas, ornamento, bacheo y reparación de vías pavimentadas o no, y conservación de los servicios troncales, del alumbrado público y semáforos, excepto en lo comprendido por la Tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública…"
Como punto basal para analizar este segmento de servicios "prestados" por la Municipalidad con relación a los actores (propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal) es dable, inicialmente, hacer notar que es un hecho indubitado en autos que ni el control de tránsito, ni la señalización, ni el bacheo, ni el alumbrado, ni ninguno de los servicios enumerados en párrafo precedente son efectivizados de manera concreta e individualizada con relación a los inmuebles de ninguno de los actores en tanto, como ya supra lo remarcara, esas primarias tareas del Municipio no son ejecutadas puertas adentro del barrio cerrado en el que se enclavan los bienes registrables de los accionantes supuestamente beneficiados con esas actividades. Mal entonces cabría predicar la existencia de una vinculación específica entre los accionantes y la actividad pública que autorizaría a viabilizar la pretensión de cobro de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios respecto de los demandantes.
Lo expuesto no importa desconocer que los actores utilizan la red vial municipal para acceder al barrio privado. Así, aunque esta fuera de discusión que el ingreso a la urbanización privada lo es a través de la calle Rodolfo Kusch, ello de por sí -atendiendo al modo como se describe el hecho imponible de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios- no viabiliza la pretensión tributaria del Municipio. En todo caso, bien podría la Comuna ejercer su indubitable prerrogativa tributaria [cfr. arts. 5, 123 y cdtes. de la Constitución Nacional; arts. 190, 192 inc. 5° y 193 inc. 2° de la Constitución provincial; doct. esta Cámara causa C-6644-MP1 “Favacard S.A.”, sent. de 18-10-2016] y, de considerarlo oportuno, crear un tributo específico en el que (tal como sucede en la Tasa por Uso y Conservación de Caminos Rurales, en las que el hecho imponible radica en la apertura y el mantenimiento de un camino público que permita la vinculación con el inmueble del contribuyente [cfr. doct. esta Cámara causas C-2835-MP2 "Herrera Vegas", cit; C-7021-NE1 “Nueva Soledad S.A.”, sent. de 22-06-2017]), desplegando una adecuada técnica legislativa, se describa el hecho imponible de modo tal que permita justificar la pretensión de cobro de la gabela con relación a los propietarios o poseedores de inmuebles enclavados en los barrios cerrados por el acceso que obtiene, el emprendimiento en su conjunto, al entramado de arterias públicas diagramado, construido y conservado por la autoridad local.
Finalmente, siendo que a lo largo de este proceso se puso sobre el tapete que el motivo por el cual el Municipio perseguía el cobro de la Tasa por Servicios Directos e Indirectos Varios respecto de los accionante (propietarios o poseedores de inmuebles en el barrio cerrado) se afincaba en la imposibilidad jurídica de la Comuna de perseguir con relación a los accionantes el cobro de la Tasa por Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública, hago notar que tampoco existe valladar alguno para que la demandada defina un tributo específico que, teniendo como sujeto pasivo tributario al barrio privado o club de campo (quien luego distribuiría esas sumas en las expensas o gastos comunes que asumen los propietarios que componen la urbanización), prevea los costos del servicio de tratamiento y disposición final de los residuos generados por los integrantes de la urbanización privada y que se depositan puertas afuera del predio para su recolección municipal.
Empero, si tal es la intención del legislador local, deberá en todo caso, estructurar una gabela específica -en la que el costo de la recolección dentro del barrio privado ya no será una variable a ponderar, pues es llevada a cabo por la propia Administración del predio-, mas nunca enmascarar los costos que le genera al Municipio la prestación del servicio de transporte y disposición final de residuos que retira del acceso al emprendimiento urbanístico so pretexto de la implementación de otros servicios diversos que no presentan ningún punto de contacto con la condición definida en la norma para ser sujetos pasivos de la mentada tasa.
En suma, el hecho que los propietarios o poseedores de inmuebles registrables radicados en jurisdicción municipal enclavados en los barrios privados o clubes de campo no deban abonar la tasa de Alumbrado, Limpieza y Conservación de la Vía Pública no justifica que la Comuna pueda perseguir respecto de tales sujetos el cobro de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios, máxime cuando esta gabela estructura, a tenor de las razones supra expuestas, un hecho imponible que, además de genérico e impreciso, no permite -en el caso de marrasvisibilizar como se materializa o efectiviza de modo concreto e individualizado con relación a los inmuebles de los actores.
La solución a la que se arriba requiere, en el caso, de la declaración de inconstitucionalidad de las normas de la Ordenanza Fiscal que crean y regulan la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios. Es que, a tenor de lo expuesto, se advierte la afectación del principio constitucional de legalidad en materia tributaria [cfr. arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional y arts. 25 y 31 de la Constitución provincial].
3. Y teniendo en cuenta lo anterior, el tratamiento de los restantes argumentos impugnativos indicados al comienzo de este análisis devendría inoficioso [conf. doct. esta Cámara causas C-3209-DO1 “Kodak Argentina SAIC”, sent. de 30-10-2012;
A-7024-MP0 “Leparc”, sent. de 23-02-2017].
III. Si lo expuesto es compartido, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 234/244, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma Los Cipreses S.A. y por los Sres. Emiliano Agustín Garcia Bambill, Gonzalo Alberto Rezzonico, Lina María Renzo, Martín Skliar, Juan Martín Lopez, Juan Ignacio Vallasciani, Sebastián De Haro, Ariel Leandro Barsky, Fernando Belussi, María Romina Bevilacqua, Fabián Marcelo Allende, María Mercedes Belussi, Mónica Patricia Gelos, Jimena Ibarguren, Mauro Alberto Jorge, Guillermo Jorge Garrido, Javier Esteban Ocampos, Damián Laiuppa, Facundo Federico Montechecci, Ezequiel Facundo Mazza, Ariel Rodolfo Parafita, Carlos Sebastian Signori, Juan Pablo Signori, Hugo Manuel Vives, Luis Sebastián Vives, Gonzalo Perez, Luciano Néstor Toscano, Christian Carlos Petersen, Fabrizio Ariel Torno, Ana María Dillon, Daniel Alfredo Sosa, Carla Merlini, Celeste Merlini, Agustina Merlini, Juan Carlos Figueroa y Pablo Reynaldo Cappa, declarando respecto de los demandantes la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios [regulada en los arts. 258 y subsiguientes de la Ordenanza Fiscal del año 2014 y su similar del año 2015] por violentar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria [cfr. arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional y arts. 25 y 31 de la Constitución provincial].
Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de ambas instancias deberían imponerse a la Comuna demandada, en su condición objetiva de vencida [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437] y diferirse la regulación de honorarios para su oportunidad [arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77].
Voto a la cuestión planteada por la afirmativa. El señor Juez doctor Mora, con igual alcance y por idénticos fundamentos a los brindados por el señor Juez doctor Riccitelli, vota la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Excma. Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Acoger el recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 234/244, revocar el pronunciamiento de grado y, consecuentemente, admitir la demanda promovida por la firma Los Cipreses S.A. y por los Sres. Emiliano Agustín Garcia Bambill, Gonzalo Alberto Rezzonico, Lina María Renzo, Martín Skliar, Juan Martín Lopez, Juan Ignacio Vallasciani, Sebastián De Haro, Ariel Leandro Barsky, Fernando Belussi, María Romina Bevilacqua, Fabián Marcelo Allende, María Mercedes Belussi, Mónica Patricia Gelos, Jimena Ibarguren, Mauro Alberto Jorge, Guillermo Jorge Garrido, Javier Esteban Ocampos, Damián Laiuppa, Facundo Federico Montechecci, Ezequiel Facundo Mazza, Ariel Rodolfo Parafita, Carlos Sebastian Signori, Juan Pablo Signori, Hugo Manuel Vives, Luis Sebastián Vives, Gonzalo Perez, Luciano Néstor Toscano, Christian Carlos Petersen, Fabrizio Ariel Torno, Ana María Dillon, Daniel Alfredo Sosa, Carla Merlini, Celeste Merlini, Agustina Merlini, Juan Carlos Figueroa y Pablo Reynaldo Cappa, declarando respecto de los demandantes la inconstitucionalidad de la Tasa por Servicios Indirectos y Directos Varios [regulada en los arts. 258 y subsiguientes de la Ordenanza Fiscal del año 2014 y su similar del año 2015] por violentar el principio constitucional de legalidad en materia tributaria [cfr. arts. 17 y 19 de la Constitución Nacional y arts. 25 y 31 de la Constitución provincial].
2. Atento el nuevo resultado del pleito y de conformidad a lo previsto por el art. 274 del C.P.C.C. –aplicable al rito contencioso administrativo por conducto del art. 77 del C.P.C.A.- las costas de ambas instancias se imponen a la demandada, en su condición objetiva de vencida [art. 51 inc. 1º del C.P.C.A. –texto según ley 14.437].
3. Diferir la regulación de honorarios por trabajos de alzada para su oportunidad (arts. 31 y 51 del decreto ley 8904/77, aplicable al caso según doct. S.C.B.A. causa I. 73.016 "Morcillo", res. de 08-11-2017).
Regístrese, notifíquese y devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen por Secretaría.
ROBERTO DANIEL MORA JUEZ EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
En / / se líbró cédula electrónica/papel. CONSTE.
Fin de la sentencia