Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa 7449
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, declarar la inconstitucionalidad de la Cláusula 1.2. del Anexo I de la Resolución N° 39.327/2015 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y, en consecuencia, modificar el fallo de grado con el alcance expresado en el apartado III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –ley 14.437-).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 y 51 del decreto ley 8904).
REGISTRADO BAJO EL N° (S) FN°
En la ciudad de Mar del Plata, a los 10 días del mes de octubre del año dos mil diecisiete, reunida la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en dicha ciudad, en Acuerdo Ordinario, para pronunciar sentencia en la causa C-7449-BB1 “HOSPITAL MUNICIPAL DE AGUDOS DR. LEONIDAS LUCERO c. LA PERSEVERANCIA SEGUROS S.A. s. MATERIA A CATEGORIZAR”, con arreglo al sorteo de ley cuyo orden de votación resulta: señores Jueces doctores Riccitelli y Mora, y considerando los siguientes:
I. El titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial Bahía Blanca acogió parcialmente la demanda incoada por el Hospital Municipal de Agudos Dr. Leónidas Lucero de la ciudad de Bahía Blanca y, en consecuencia, condenó a la accionada (La Perseverancia Seguros S.A.) a abonarle la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00), con más los intereses a calcularse según la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde el 25-2-2015 y hasta su efectivo pago. Impuso las costas del juicio a la demandada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. -ley 14.437-) y difirió la regulación de honorarios profesionales (fs. 110/114, sent. del 3-4-2017).
II. Declarada la admisibilidad formal del recurso de apelación interpuesto por la actora a fs. 121/132 (cfr. fs. 139, proveído de Presidencia de fecha 11-7-2017), y puestos los Autos al Acuerdo para Sentencia, corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Riccitelli dijo:
I.1. El juez de grado dictó sentencia con el alcance indicado precedentemente.
Para así decidir, desestimó –en primer término- el planteo de falta de legitimación activa esgrimido por la demandada. Expresó sobre el punto: (i) que, en el presente caso, el nosocomio municipal perseguía de la Compañía Aseguradora “La Perseverancia Seguros S.A.” el reintegro de todos los gastos en que incurrió para brindar atención del paciente Rodrigo Alexis Landero Rodríguez, quien fuera embestido el 25 de noviembre de 2014 por un automotor que se encontraba asegurado por la firma demandada; (ii) que el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 habilitaba a la actora a formular este tipo de reclamos, resultando materia ajena a este juicio la consideración de las defensas y eximentes de responsabilidad alegados por la aseguradora, “sin perjuicio de que pudieran ser analizados en la cuestión de fondo” (fs. 112); (iii) que para que el tercero que realizó el pago (en autos, el nosocomio) pudiera ejercer la acción subrogatoria no se requería de la cesión expresa por parte del paciente que fue atendido en el Hospital (conf. art. 768 inc. 3° del Código Civil –t.a.-). Entendió así que la actora gozaba de plena legitimación para ser parte en la presente contienda. Despejado el citado interrogante, entendió que el debate se limitaba a determinar si resultaba procedente el cobro a la demandada de la factura N° 20.338 (obrante a fs. 11), emitida por el nosocomio local el 11-2-2015 en conceptos de gastos de internación del Sr. Rodrigo Alexis Landero Rodríguez, por el monto de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho con setenta centavos ($ 54.668,70).
Entendió que el reclamo de marras se encontraba debidamente justificado, aunque solo podía ser receptado parcialmente, en razón de los topes de cobertura establecidos en la cláusula 1.2 de la Resolución N° 39.327/15 de la Superintendencia de Seguros de la Nación, que limitaban la responsabilidad de la aseguradora por gastos sanatoriales a la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00).
Subrayó que si bien la actora denunciaba la inconstitucionalidad de la limitación contenida en la antedicha norma, juzgó que tal planteo no podía ser atendido, pues el interesado no había demostrado cabalmente de qué modo la disposición en pugna había quebrantado el orden fundamental. Expresó, además, que el planteo de la accionante encontraba suficiente respuesta en la doctrina acuñada por la Corte de Justicia Federal en el precedente “Cuello” (sent. del 7-8-2007), en el que había sido convalidada una reglamentación de la Superintendencia de Seguros de similar índole a la que aquí era objeto de examen.
Atento lo expuesto, concluyó que la demandada debía responder por los gastos sanatoriales reclamados hasta el límite de cobertura fijado en la norma, con más los intereses por mora, a calcularse desde el 25-2-2015 (día hábil siguiente al del vencimiento del plazo para abonar la factura de fs. 11 –conf. cláusula 1.2 de la Res. cit.-) y hasta su efectivo pago.
2. En su memorial apelación (fs. 121/132), la actora se agravia de la limitación de responsabilidad establecida en la Cláusula 1.2. de la Resolución N° 39.327 de la S.S.N., la que a su juicio resulta inconstitucional.
Aduce que dicha norma se encuentra en colisión con premisas fundamentales de nuestra Carta Magna, como son la división de poderes, el ordenamiento jerárquico, el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad y el derecho a la salud.
Subraya que la Ley de Tránsito instituyó en su art. 68 una obligación autónoma para las compañías de seguro, de abonar todos los gastos sanatoriales que son producto de accidentes de tránsito en los que tuvieron intervención sus asegurados. Refiere que dicha obligación no se halla condicionada por límite alguno, ya que la norma legal no establece topes máximos a la cobertura de gastos. Entiende, por tanto, que la limitación de cobertura fijada en la norma de rango inferior (Resolución de la S.S.N.) resulta irrazonable y un exceso a la luz del principio de jerarquía normativa que consagra la Constitución. Agrega que la atribución de fijar límites a la cobertura no surge de ningún pasaje de la norma reguladora del Tránsito, cuya función social de proporcionar una cobertura básica y rápida a la víctima de un accidente ha sido completamente desvirtuada. Hace referencia a la importancia del seguro obligatorio contra terceros y a su carácter de orden público.
Si bien reconoce que la Ley de Tránsito delegó en la Superintendencia de Seguros la regulación de las condiciones de la contratación, aquella delegación se limita a la fijación de las condiciones formales del seguro, no alcanzando a los aspectos que -como el aquí debatido- hacen al fondo de la contratación. Cita en su apoyo precedentes de diversos tribunales judiciales. Por otra parte, resalta que la limitación violenta su derecho de propiedad, pues el Hospital Leónidas Lucero es un tercero totalmente ajeno al contrato de seguro y al accidente de tránsito, no debiendo ser quien cargue con los daños económicos derivados del siniestro en cuestión (habiendo otra persona obligada al pago), máxime cuando se trata de un nosocomio público que cuenta con un ajustado presupuesto y que por imperativo legal no puede negarse a brindar asistencia a la víctima de un accidente.
Indica que la compañía aseguradora debería haber abonado de manera automática los referidos importes, sin perjuicio de que luego pueda repetir lo pagado contra el responsable del siniestro.
Manifiesta que los valores consignados en la factura no fueron caprichosamente establecidos, sino que resultan razonables y se ajustan a lo que establecen los nomencladores nacionales vigentes.
Con todo, concluye que el tope fijado en la norma excede el marco reglamentario dispuesto por el art. 68- párrafo sexto de la Ley 24.449, pues esta norma de fondo no autoriza a la autoridad administrativa para fijar límite en la obligación impuesta al asegurador de pagar los gastos sanatoriales.
3. La aseguradora demandada contesta el recurso en traslado a fs. 134/136 y solicita su rechazo, por entender que el planteo de inconstitucionalidad de la contraria resulta improcedente.
II. El recurso prospera, con el alcance que seguidamente expresaré.
1. En la especie, el Hospital Municipal Dr. Leónidas Lucero de la ciudad de Bahía Blanca promovió demanda judicial contra la compañía aseguradora La Perseverancia Seguros S.A., con el objeto de obtener el pago de la factura N° 020388 (obrante a fs. 11) por la suma de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho con setenta centavos ($ 54.668,70), correspondiente a los gastos que irrogó la internación y atención médica del paciente Rodrigo A. Landero Rodríguez, quien fuera víctima de un accidente de tránsito -ocurrido el 25-11-2014- en el que habría participado activamente un vehículo asegurado por la entidad demandada (cfr. escrito de demanda de fs. 41/46 y reconocimiento de la demandada de fs. 64, ap. III del escrito de responde).
El reclamo fue entablado con fundamento en lo dispuesto en el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito (Ley 24.449), norma que habilita al acreedor que ha cargado con los gastos sanatoriales derivados del siniestro a subrogarse en los derechos que la víctima posee contra la entidad aseguradora.
Tal como se expuso en el relato que antecede, el magistrado hizo lugar al reclamo aunque de modo meramente parcial, en tanto condenó a la demandada a abonar por todo concepto la suma de pesos quince mil ($ 15.000,00), teniendo en consideración los topes que la Superintendencia de Seguros de la Nación había fijado reglamentariamente para este tipo de situaciones (por Resolución N° 39.327/2015). Es este aspecto del fallo el que suscita el agravio recursivo del nosocomio municipal, cuyo representante insiste en que la mentada limitación –a diferencia de lo sostenido por el juez de la instancia- resulta inconstitucional, por importar un exceso reglamentario, transgredir el espíritu de la norma superior y vulnerar –entre otros postulados- el derecho de propiedad del tercero que, resultando ajeno al contrato de seguro y al accidente de tránsito, no debería cargar con los daños económicos derivados del siniestro.
2.1. Introducido en el examen de la cuestión en pugna, creo conveniente recordar –ante todo- que el art. 68 de la Ley Nacional de Tránsito impone la obligación de contratar un seguro de responsabilidad civil hacia terceros, transportados o no, por los eventuales daños que pudiera ocasionar el dueño o guardián del vehículo; tal contratación debe ser realizada “de acuerdo a las condiciones que fije la autoridad en materia aseguradora” (cfr. primer párrafo). Finalmente, en su párrafo quinto, dicha norma prescribe que “los gastos de sanatorio o velatorio de terceros, serán abonados de inmediato por el asegurador, sin perjuicio de los derechos que se pueden hacer valer luego. El acreedor por tales servicios puede subrogarse en el crédito del tercero o sus derechohabientes”.
Esta última disposición consagra la denominada “obligación legal autónoma” a cargo del asegurador, imposición de orden positivo que debe hallarse en todo seguro de responsabilidad civil hacia terceros en pos de satisfacer un cometido netamente social: asegurar la atención, de manera inmediata, de las víctimas de accidentes de tránsito que sufren lesiones corporales, independientemente de a quien correspondiere en definitiva la responsabilidad por el hecho dañoso y de la posible incidencia de eximentes causales, cuestión que queda reservada para un momento ulterior.
Así pues, a fin de solventar sin dilaciones esa finalidad, la ley prevé la posibilidad de que frente a los denominados gastos sanatoriales (expresión que cabe concebir en sentido amplio, como comprensiva de gastos de atención hospitalaria, quirúrgica, farmacéutica y/o cualquier otra erogación necesaria para la atención del paciente) el damnificado –o en su caso el acreedor subrogante que haya efectuado el pago o asumido el gastopueda dirigir su reclamo de manera directa contra la aseguradora del tercero involucrado en el siniestro, sin necesidad de probar la responsabilidad del asegurado. En ese sentido, los Hospitales y/o Centros de Salud Públicos se encuentran habilitados para entablar reclamación contra la aseguradora del vehículo involucrado en el accidente, en pos de recuperar los gastos en los que hayan incurrido en la atención del accidentado (cfr. “Instrumento de Recupero de Gastos Para Centros de Salud Pública - Obligación Legal Autónoma”, emitido por la Superintendencia de Seguros de la Nación, recuperado en la fecha de: https://www.argentina.gob.ar/salud). Por caso, el cobro de dichas prestaciones se encuentra expresamente previsto en la carta fundacional del nosocomio accionante, como una de las fuentes de recursos de la que se nutre para el cumplimiento de su cometido asistencial (cfr. arts. 3, 4, 5 inc. 2°, 66 y ccds. de la Ordenanza 9653, obrante en copia a fs. 9/10 de autos). En síntesis, podemos decir que la imposición legal en examen cumple una función de previsión social, otorgando una cobertura esencial por la vía de la indemnización automática de los daños sufridos. De allí el carácter autónomo de la obligación que emerge del art. 68 de la Ley 24.449, en tanto puede ser reclamada directamente a la aseguradora y no tiene su fuente inmediata en el hecho dañoso, sino en el texto expreso de la norma legal. De tal suerte, la compañía aseguradora deberá satisfacer el pago de los gastos sanatoriales sin poder invocar -por regla- excusa o causa liberatoria, quedando a salvo las acciones que pudieren asistirle, para el caso de que la responsabilidad en el hecho no recayere finalmente en el asegurado.
2.2. Los pormenores de la obligación legal autónoma han sido especificados en la Resolución N° 39.327/15 (del 29-7-15), norma que fue dictada por la Superintendencia de Seguros de la Nación en ejercicio de las atribuciones reglamentarias que detenta en la materia, aspecto que –como tal- no se encuentra en discusión (cfr. arg. art. 68 y ccds. de la Ley N° 24.449; arts. 64, 65, 67 inc. “a”, “b” y ccds. de la Ley 20.091).
A través de la antedicha Resolución, el organismo de control en materia de seguros aprobó el modelo de “Póliza Básica del Seguro Obligatorio de Responsabilidad Civil del art. 68 de la Ley N°24.449 (Cubriendo los Riesgos de Muerte, Incapacidad, Lesiones y Obligación Legal Autónoma)” que obra en su Anexo I, conteniendo una regulación de presupuestos esenciales que –según observono se limita a la caracterización de la obligación legal autónoma, sino que abarca todos los aspectos básicos del mencionado seguro de responsabilidad civil, dentro del cual aquélla no es sino uno de sus contenidos centrales e inderogables.
La Cláusula 1.2. del Anexo I aprobado por la Resolución se refiere al tópico que aquí nos atañe. Allí se determina que los gastos sanatoriales deben ser abonados por la Aseguradora “al tercero damnificado, a sus derechohabientes o al acreedor subrogante dentro del plazo máximo de cinco (5) días contados a partir de la acreditación del derecho al reclamo respectivo, al que no podrá oponérsele ninguna defensa sustentada en la falta de responsabilidad del asegurado respecto del daño” (cfr. párrafo segundo). Así, guardando coherencia con lo supra expresado, aclara que los pagos que efectúe la aseguradora por estos conceptos “no importarán asunción de responsabilidad alguna frente al damnificado”, toda vez que “el asegurador tendrá derecho a ejercer la subrogación contra quien resulte responsable” (conf. párrafo tercero).
Con todo, el precepto establece que la cobertura comprende la totalidad de los reclamos que se efectúen ante la aseguradora hasta el límite de pesos quince mil ($ 15.000,00) por persona damnificada (conf. párrafo cuarto, el subrayado me pertenece). La limitación reglamentaria contenida en esta última disposición constituye el punto crítico que desató el presente conflicto; así, mientras la aseguradora defiende la juridicidad de la norma -tesitura respaldada por el juez de grado-, el Hospital Municipal esgrime un concreto agravio constitucional, en tanto la aplicación de la norma violentaría -en el caso- sus derechos fundamentales. Me abocaré en lo que sigue a arbitrar la disputa que aqueja a los contendientes.
3. La apelante no reniega de las competencias de la Superintendencia de Seguros de la Nación para regular lo concerniente al seguro obligatorio de responsabilidad civil hacia terceros (fs. 123 vta., 124), mas entiende que la fijación de topes indemnizatorios como el aquí involucrado constituye un exceso en el ejercicio de aquellas prerrogativas, que debe ser tachado de inconstitucional.
3.1. No comparto que la labor reglamentaria de trazar alguna limitación cuantitativa y razonable en lo que atañe a la extensión de la cobertura de gastos sanatoriales pueda merecer -ab initio- objeciones de corte constitucional; al menos tal incompatibilidad con el texto supremo no luce manifiesta, ni se avizora con la patencia que describe la actora en su memorial.
En estos casos, toda argumentación debe partir del reconocimiento de las amplias funciones que el legislador ha atribuido a la Superintendencia de Seguros de la Nación como autoridad de control del mercado asegurador, en salvaguarda de su estabilidad y de la fe pública. De allí la necesidad de reconocer –a priori- la legitimidad de las facultades de dicha entidad para delinear –con razonable amplitud- las bases técnicas, apreciar los factores influyentes y disponer de los medios para el cumplimiento de los fines que le son propios y garantizar el bien común específico que persigue la actividad que se halla bajo su contralor (cfr. doct. C.S.J.N. Fallos 316:188; 317:1541).
En lo que aquí interesa, la fijación por vía reglamentaria de límites económicos a la cobertura sanatorial a la que refiere la obligación legal autónoma constituye una medida que propende, a mi juicio, a equilibrar las dos realidades que subyacen en este tipo de asuntos: por un lado, la de quien necesita contar con una cobertura asistencial expedita e inmediata ante un accidente de tránsito y, por el otro, la de quien se halla conminado a acatar sin miramientos el requerimiento de pago, en un contexto en el que sus libertades defensivas -más allá de las acciones de recupero que ulteriormente pudiera ejercer- se encuentran visiblemente atenuadas.
Consecuentemente, corresponderá entender que la obligación legal autónoma que rige en materia de accidentes de tránsito no constituye un imperativo erga omnes ni absoluto, puesto que existe con relación a un asegurado determinado y rige –por regla- de conformidad con las condiciones, vigencia y cobertura pactados en la respectiva póliza de seguros y en las disposiciones reglamentarias que resulten de aplicación. Y en la medida que dicho ejercicio regulatorio respete los límites impuestos por el principio de razonabilidad y no encierre una repugnante arbitrariedad, el órgano judicial ha de mostrar una especial deferencia por el criterio de la autoridad administrativa que emitió la reglamentación, en razón de la especificidad técnica que posee (arg. doct. esta Cámara causa C-5586-MP2 “Fiat Auto S.A. de Ahorro Para Fines Determinados”, sent. del 14-04-2011 –y sus citas-, entre otras).
En síntesis, el genérico rechazo a este tipo de normas no parece ser una práctica prudente ni aconsejable; tal pensamiento abstracto y desentendido de la realidad podría desnaturalizar la dinámica del seguro obligatorio de responsabilidad civil y socavar las bases normativas sobre las que se asienta el sistema, al imponer al asegurador la obligación de hacer frente a una contingencia o riesgo indefinido que en su apreciación económica no contaría con limitaciones de ningún tipo, bajo el pretexto de salvaguardar aquella finalidad de orden superior. La limitación razonable del riesgo es consustancial al contrato de seguro, pues de lo contrario nadie dispondría de un capital para asegurar si no conoce cuál es la responsabilidad que asume.
Ello es así pues el contrato de seguro se sustenta en la observancia de ciertos aspectos técnicos de fundamental importancia para su debido funcionamiento como, por ejemplo, la determinación y mantenimiento del estado de riesgo tomado en cuenta al contratar, al evitar que el asegurado provoque el siniestro, o exagere sus consecuencias, entre otros (cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos 340:765).
3.2. Además, cabe tener presente que, de acuerdo con la naturaleza jurídica y efectos del contrato de seguro de responsabilidad civil, la obligación de la aseguradora se limita a mantener indemne el patrimonio del asegurado en la medida del seguro (arts. 109, 118 y ccds. de la Ley de Seguros N° 17.418), de lo que se colige que el contrato celebrado entre la compañía aseguradora y el asegurado (con sus limitaciones) es oponible al tercero damnificado y otros interesados, quienes si desean invocarlo deben ceñirse a sus cláusulas (art. 1022 del C.C.C.). Es que si bien es cierto que el ordenamiento debe tender al resarcimiento integral, tal objetivo no puede cumplirse en desmedro de otros principios jurídicos, convirtiendo al asegurador en el deudor de la totalidad de los perjuicios que el riesgo pueda eventualmente generar, pues los términos del contrato operan como un límite de la garantía y, por lo tanto, si se conminara a la aseguradora a satisfacer prestaciones económicas por fuera de lo pactado, se la estaría condenando a efectuar un pago sin causa. La función social que debe cumplir el seguro no implica, empero, que deban repararse todos los daños producidos al tercero víctima sin consideración a las pautas del contrato que se invoca y la normativa a la que se halla subordinado, desde que no resulta aceptable fraccionar lo convenido para acatar las disposiciones que favorecen al tercero damnificado y desechar otras que ponen límites a la obligación del asegurador (cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos 337:3329).
3.3. Tal es la línea directriz que fluye de los precedentes del Máximo Tribunal de Justicia citados por el a quo en su fallo (cfr. arg. doct. C.S.J.N. Fallos 330:3483 “Cuello”; 334:988 “Nieto”, entre otros), doctrina que no obstante debe ser apreciada en su justa dimensión y de acuerdo a la realidad propia de cada caso, pues –como también sugirió la Corte Suprema de Justicia nacional en fecha más cercana- las limitaciones establecidas normativamente y pactadas en la póliza resultan oponibles al damnificado en tanto y en cuanto dichos montos no aparejen la desnaturalización del seguro contratado ni contradigan disposiciones relativas al orden público que puedan privar de validez a la manda, a la luz de las reglas jurídicas aplicables (cfr. doct. C.S.J.N. in re P. 932. XLVIII. RHE “Pastor, Gustavo Manuel c. Coop. de Trabajo Transporte Automotor Cuyo y otro s. daños y perjuicios”, sent. del 26-4-2016, Fallos 339:561 –por remisión al Dictamen de la Procuración General de la Nación, según así se colige de una razonable intelección de sus considerandos III y IV-).
4. Admitida entonces la potestad de la autoridad de contralor para fijar límites a la cobertura en concepto de gastos sanatoriales –a fin que estos se incorporen a la letra del contrato de seguro-, ha llegado el momento de dilucidar –en concreto- si aquel tope de pesos quince mil ($ 15.000,00) establecido en la disposición reglamentaria cuestionada (Cláusula 1.2. del Anexo de la Resolución N° 39327/2015) resulta razonable a la luz de las circunstancias de la litis.
Adelanto, empero, que la aplicación al caso de la mencionada norma rebasa los límites impuesto por el art. 28 de la Constitución Nacional.
4.1. A mi juicio, la fijación de un tope pétreo y sumamente reducido para la cobertura de aquellas erogaciones no guarda relación ni coherencia con aquel cometido de orden público que la institución en análisis procura satisfacer (proporcionar debida asistencia a las víctimas del siniestro), pues es de público y notorio conocimiento que una suma como la estipulada difícilmente pueda alcanzar para cubrir los gastos de atención derivados de un accidente de tránsito, atento los altos costos de las prestaciones médicas, y sobre todo cuando estamos en presencia de un caso que presentaba una complejidad de media a elevada.
4.2. Por su lado, observo que el reclamo del nosocomio accionante (tercero ajeno al siniestro y al contrato de seguro que afrontó los gastos de atención de la víctima) resulta prudente y acorde a la entidad de los tratamientos cuya retribución requiere. Tales prestaciones se encuentran debidamente respaldadas por los documentos pertinentes que su parte adjuntó a estos autos (v.gr. factura N° 000-020388 de fs. 11; rendición individual de internaciones, prestaciones y demás prácticas N° 014065 –glosada a fs. 13/18-; carta documento cursada por el Hospital a la aseguradora –de fs. 19/20-; ficha de ingreso por guardia de la víctima del siniestro –fs. 22-; Historia Clínica N° 055345 correspondiente al paciente Rodrigo Landero Rodríguez –obrante a fs. 23/39-), los que armónicamente apreciados me permiten formar convicción sobre la veracidad del crédito reclamado (arg. arts. 375, 384 y ccds. del C.P.C.C.; art. 77 y ccds. del C.P.C.A.), pues, además, denotan el avenimiento de la accionante a las pautas consignadas en el referido Instrumento de Recupero de Gastos para Centros de Salud Pública, elaborado por la autoridad de aplicación.
Las máximas de la experiencia sugieren, además, que el importe consignado en la factura ($ 54.668,70.-) no resulta descomedido a la luz de los costos sanatoriales que –por todo concepto- insumió la asistencia de la víctima, quien ingresó de urgencia en la guardia del Hospital Municipal con un cuadro de fractura expuesta en miembro inferior y politraumatismos varios, y permaneció allí internado por espacio de veintitrés (23) días, desde el 25-11-2014 hasta el 18-12-2014, fecha en la que fue finalmente derivado a otro establecimiento ante el requerimiento de sus familiares (cfr. fs. 30 vta.).
4.3. Observo, asimismo, que el acogimiento íntegro de la pretensión económica que persigue la recurrente no desbordaría –en el sub lite- los límites indemnizatorios acordados en el contrato de seguro celebrado entre la aseguradora y el tomador, ni importaría para la demandada la imposición de un pago sin causa, desde que la suma cuyo reembolso se reclama (fs. 11) no representa ni el dos por ciento (2%) de la suma máxima de responsabilidad civil por acontecimiento (de $ 4.000.000,00) que La Perseverancia Seguros S.A. asumió en la respectiva póliza frente al asegurado (cfr. Póliza N° 5521433/5, que fuera adjuntada por la accionada a fs. 55/59) y en tanto la demandada no ha acreditado en autos haber agotado aquel monto de cobertura atendiendo otros daños debidamente imputados a su asegurado a causa del accidente de tránsito aquí valorado.
4.4. A tenor de las particulares circunstancias descriptas, entiendo que la disposición reglamentaria a la que se aferra la accionada resulta irrazonable para limitar su obligación de reintegro de gastos sanatoriales en desmedro del reclamo patrimonial de la actora, máxime cuando advierto que aquel tope económico prefijado en la Resolución N° 32.327/2015 no fue ni siquiera volcado en el cuerpo de la póliza de seguro que invoca la accionada, principal interesada en hacer valer las limitaciones emergentes del contrato (dicha previsión no surge de las constancias que la aseguradora arrimó a este proceso –fs. 55/59-).
Quiere decir, entonces, que de los términos de la convención no surge que se halla pactado expresamente un tope al riesgo cubierto específico en materia de gastos sanatoriales, por fuera de aquel límite de cobertura máximo o global, cuyo monto -como vimos- resulta ampliamente superior al importe que aquí se reclama. Y aunque tal omisión no bastaría para descartar per se la incidencia de la norma reglamentaria en casos como el que aquí se trata (pues para determinar las obligaciones de las partes en el marco de la actividad aseguradora resultan aplicables no solamente las pautas del contrato sino también aquellas normas imperativas que el legislador sancionó y que, en consecuencia, la autoridad administrativa ha dictado en ejercicio de su poder regulador –cfr. C.S.J.N. Fallos 340:765 citada, -del voto del Señor Ministro Doctor Carlos Fernando Rosenkrantz-), no es menos cierto que la antedicha circunstancia -cuanto menos- habilita al órgano judicial a ejercer de manera más intensa y estricta el control del razonabilidad, incrementando el margen de apreciación y maniobra con que cuenta en la materia, a la hora de determinar si la limitación cuantitativa planteada por la entidad accionada con base en la referida norma -que pretende integrar a la póliza- resulta razonable a la luz de la cobertura máxima pactada y la finalidad perseguida por el seguro obligatorio de responsabilidad civil, todo ello en el marco de una apreciación integral –y no meramente aislada- de los términos del contrato.
4.5. Por lo hasta aquí expuesto juzgo –en ejercicio de las facultades de control constitucional que me competen- que la disposición cuestionada inhibe, en la especie, la realización de la función social a la que propende la norma legal reglamentada, constituyendo –en tales términos- un exceso reglamentario que desoye el espíritu del art. 68 de la Ley 24.449, violentando de tal modo el principio constitucional de razonabilidad y de jerarquía normativa (conf. arg. arts. 28, 31, 99 inciso 2° y ccds. de la Constitución Nacional).
La solución que propongo no importa la modificación del contenido del contrato de seguro que fue celebrado en ejercicio de una industria lícita; antes bien apunta a garantizar la realización –en el caso- de la finalidad para la que dicho convenio fue concebido, para lo cual he arbitrado un mecanismo de composición del litigio que sin avasallar la posición económica del asegurador, concilia los intereses superiores en juego con los límites de la obligación que asumió contractualmente.
III. Por consiguiente, y en atención a la irrazonabilidad que trasunta en el caso la norma reglamentaria, he de sugerir al Acuerdo el acogimiento del recurso de apelación incoado por la actora, y declarar la inconstitucionalidad y correlativa inaplicabilidad al caso de la Cláusula 1.2. del Anexo I de la Res. N° 39.327/2015 de la Superintendencia de Seguros de la Nación. En consecuencia, correspondería modificar el fallo de grado en lo concerniente al monto consignado en su parte dispositiva, condenando a la aseguradora demandada a abonar a la actora el importe de la factura obrante a fs. 11, que asciende a la suma de pesos cincuenta y cuatro mil seiscientos sesenta y ocho con setenta centavos ($ 54.668,70), con más los intereses tal como fueran fijados en el fallo de la instancia. Las costas de alzada deberían imponerse a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –ley 14.437-). Con lo expuesto, doy por cumplimentados aquellos postulados que –ante este tipo de situaciones- tornan operativa la figura de la adhesión implícita a la apelación (arg. doct. S.C.B.A. causa C. 99.315 “Greco”, sent. de 25-II-2009; arg. doct. esta Cámara causa C-6531-BB1 “Rudy”, sent. del 18-10-2016, entre otras). Con el alcance indicado, doy mi voto a la cuestión planteada por la afirmativa.
A la misma cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
Adhiero al voto precedente, exclusión hecha de lo expresado en el punto II.4.5. segundo párrafo.
Voto a la cuestión planteada también por la afirmativa.
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora, declarar la inconstitucionalidad de la Cláusula 1.2. del Anexo I de la Resolución N° 39.327/2015 de la Superintendencia de Seguros de la Nación y, en consecuencia, modificar el fallo de grado con el alcance expresado en el apartado III del voto que concitó adhesión a la cuestión planteada. Imponer las costas de alzada a la accionada vencida (art. 51 inc. 1° del C.P.C.A. –ley 14.437-).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (art. 31 y 51 del decreto ley 8904).
Regístrese. Notifíquese y, cumplido, devuélvase las actuaciones al órgano de origen por Secretaría.
ELIO HORACIO RICCITELLI JUEZ VICEPRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ROBERTO DANIEL MORA JUEZ PRESIDENTE EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO MARIA GABRIELA RUFFA SECRETARIA EXCMA. CÁMARA DE APELACIÓN EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
Fin de la sentencia